Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 20 de junio de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y legalidad, cuestionando la determinación del Auto de Vista de 10 de febrero de 2022, dictado por la Vocal demandada; el cual, mantuvo latente, tanto el requisito de autoría como el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; y a consecuencia de ello, dispuso la medida de detención domiciliaria, la presentación ante el Ministerio Público, la prohibición de concurrir a ciertos lugares y comunicarse con determinadas personas -víctimas y coimputados-, arraigo nacional y una fianza económica de imposible cumplimiento por la suma de Bs20 000.-, sin efectuar un análisis valorativo de razonabilidad sobre la necesidad, de forma que se justifique su imposición bajo un test de proporcionalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, de conformidad a los fundamentos jurídicos esgrimidos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0590/2023-S2 Sucre, 20 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46901-2022-94-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 04/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rudy Edwin Zaconeta Flores y Víctor Jhonny Caritas Balcazar en representación sin mandato de Jhonny Quispe Condori contra Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 31 de marzo de 2022, cursante de fs. 1 a 9 vta., el accionante a través de sus representantes, manifestó que:
Dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de estafa, con agravante por víctimas múltiples, a través de imputación formal presentado por el Ministerio Público el 18 de junio de 2021, fue ampliada la investigación en su contra, ante la concurrencia de la probabilidad de autoría y participación en el referido ilícito, previstos en los arts. 233 y 235.2 -influir en las víctimas y coimputados- del Código de Procedimiento Penal (CPP), mediante Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2022, la Jueza Pública Civil y Comercial Primera -en suplencia legal del Juzgado de Introducción Penal Primero- de Llallagua del departamento de Potosí, dispuso su detención preventiva. Contra dicha disposición, interpuso recurso de apelación incidental, siendo resuelto por la Vocal demandada, quien a través del Auto de Vista de 10 de febrero de 2022, sin fundamentación ni motivación alguna revocó la extrema medida; empero, mantuvo latente el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del citado Código; y a consecuencia de ello, estableció medidas sustitutivas a la misma, sin considerar que: a) Para la imposición de una medida cautelar de carácter personal, deben concurrir tanto la probabilidad de autoría o participación en el hecho; así como, la existencia de elementos suficientes de no someterse al proceso u obstaculizar la averiguación de la verdad, como exige el art. 221 del Código Adjetivo Penal; y, b) A pesar que no había un riesgo inminente y debidamente acreditado, ordenó medidas alejadas del test de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, contrariamente a lo prescrito en el párrafo primero del art. 231 bis. del CPP, tal cual concluyó la SCP 0103/2019-S2 de 5 de abril; puesto que, para la imposición de la detención domiciliaria -según su naturaleza jurídica-, debe concurrir como requisito sine qua non la existencia de los riesgos de fuga y obstaculización; y respecto de la presentación ante el Ministerio Público, la prohibición de concurrir a ciertos lugares, de comunicarse con determinadas personas -como víctimas y coimputados-, y arraigo nacional, no resultan enmarcadas a los principios de instrumentalidad de medidas cautelares y legalidad de la norma procesal; para finalmente fijar una fianza económica de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), que se constituyó de imposible cumplimiento, al no observar su situación patrimonial como lo prescrito por el art. 241 del CPP, que en su condición de estudiante, era imposible erogar dicho monto al no tener un ingreso mensual.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y legalidad, citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.I de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando “…anular EN PARTE el AUTO DE VISTA DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2022 en lo que respecta a la imposición de las medidas cautel[ar]es de carácter personal, disponiendo que la autoridad accionada, convoque a una nueva audiencia y pronuncien nueva resolución, en el marco del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173 ejercitando un análisis adecuado respecto a la aplicación de medidas cautelares de carácter personal…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 1 de abril de 2022, según consta en acta cursante de fs. 29 a 32, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus representantes, ratificó el contenido de la acción de libertad, y ampliándolo expresó que: 1) El art. 231 bis. del CPP, exige que para la aplicabilidad de las medidas cautelares de carácter personal, deben concurrir suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible, y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, extremos que en su caso no se advirtieron; y, 2) Respecto de las medidas sustitutivas impuestas, aquellas carecen de un test de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad en el marco de la SCP 0103/2019-S2 de 5 de abril, sin ser ninguna de ellas justificada por la demandada; así como, con relación a la fianza fijada de imposible cumplimiento; consecuentemente, no fue observado el principio de legalidad del art. 231 bis. del aludido Código, resultando una afectación directa sobre su patrimonio, al margen de la parte in fine del art. 241 del mismo cuerpo legal.
Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, en audiencia de garantías expresó que: i) No se contaba con el Auto de Vista observado a efectos de contrastar su contenido con la pretensión del accionante respecto de la concurrencia o no de los riesgos procesales; y, ii) Existe un requisito sustancial en el caso de autos que sustentó las medidas dispuestas, fundamentado con elementos probatorios, apegados al art. 221 del CPP, debiendo garantizarse a las víctimas con base en la verdad material.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 33 a 36, concedió en parte la tutela solicitada “…debiendo la autoridad accionada emitir una nueva resolución conforme a los argumentos expuestos, en el plazo de 48 horas a partir de su legal notificación” (sic). Determinación asumida con base en el siguiente fundamento: La demandada en el Auto de Vista de 10 de febrero de 2021, si bien no señaló que el riesgo procesal inserto en el art. 235.2 del CPP se hubiera desvirtuado, de la parte dispositiva del mismo, al referir que “…primero que se determina los elementos de autoría en esta resolución está plenamente acreditado, segundo en referente al riesgo procesal el Art. 235 numeral 2 del CPP, se establece que se halla en agravio en lo que refiere a la falta de notificación con esa modificación al móvil…” (sic), se advirtió la falta de fundamentación y motivación en dicho fallo respecto de la concurrencia de ese riesgo procesal, al no haber especificado si aún subsistía el mismo a efectos de la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, ameritando que sean resueltos cumpliendo los requisitos de su procedencia.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Jhonny Quispe Condori -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de estafa, fue dispuesta su detención preventiva por sesenta días mediante Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2022, dictado por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera -en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero- de Llallagua del departamento de Potosí, por concurrir los requisitos previstos en el art. 233 numerales 1, 2 y 3; y, el riesgo procesal establecido en el art. 235.2 ambos del CPP (fs. 364 a 368). II.2. Cursa acta de audiencia pública de consideración de resolución de apelación incidental de medida cautelar de 10 de febrero de 2022 -emergente de la impugnación formulada por el accionante contra el fallo indicado en la Conclusión que antecede-, emitiéndose en dicho acto procesal el Auto de Vista de igual fecha, por Yacira Yarusca Cardozo Calizaya, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -demandada-, en cuya parte dispositiva declaró: “…procedente en parte el recurso de apelación bajo los siguientes parámetros:
Primero que se determina los elementos de autoría en esta resolución está plenamente acreditado. Segundo en referente a riesgo procesal el art. 235 núm. 2 del CPP, se establece que se halla en agravio en lo que se refiere a la falta de notificación con esa modificación al móvil, sin embargo a fines del art 221 y la necesidad de la presencia del imputado se aplicar[á] medidas menos gravosas las insertas en [e]l art. 231 bis del C.P.P. determinando en razón al principio de proporcionalidad ya reforzado en la SSCC 221/2020-S4 de 23 de julio que determina aspectos de proporcionalidad en sentido de la restricción o limitación de derechos fundamentales tomando en cuenta que el único recurrente es el imputado. Por lo que corresponde señalar medidas menos gravosas a la detención preventiva en relación al principio de proporcionalidad pero sobre todo a la indefensión que se habría causado al no notificar con esta modificación de móvil y circunstancia del núm. 2 del 235 del CPP, por ello se determina las medidas conforme al art. 231 bis del CPP, que deban ser cumplidas por el Sr. Jhonny Quispe Condori: 1. Detención domiciliaria a ser cumplida en su domicilio real de urbanización 9 de junio, manzano 16, Lote 16. Zona Sud de la ciudad de Oruro, toda vez que este se ha dado por acreditado y no ha sido objeto de observación, sea con control diario por parte de funcionarios policiales del Comando Departamental de Oruro, a efectos que estos remitan informes al ministerio p[ú]blico quincenalmente. 2. Una fianza económica de Bs.20.000 (veinte mil 00/100 bolivianos).
3. Obligación de presentarse ante el Ministerio P[ú]blico de la ciudad de Oruro tres veces por semana los días Lunes, Miércoles y Viernes a efectos de su control toda vez que su domicilio se tiene fijado en esa ciudad. 4. Prohibición de concurrir a determinados lugares en este caso a la Localidad de Llalagua, en efecto solo cuando sean estrictamente para su proceso. 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas como las víctimas y coimputados. 6. Un arraigo nacional que debe ser tramitado en el margen de cinco días una vez que sea entregado el acta, no siendo un óbice para que se emita el mandamiento que corresponda” (sic [fs. 22 a 28]).
El accionante a través de sus representantes, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la libre locomoción y al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y legalidad, cuestionando la determinación del Auto de Vista de 10 de febrero de 2022, dictado por la Vocal demandada; el cual, mantuvo latente, tanto el requisito de autoría como el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; y a consecuencia de ello, dispuso la medida de detención domiciliaria, la presentación ante el Ministerio Público, la prohibición de concurrir a ciertos lugares y comunicarse con determinadas personas -víctimas y coimputados-, arraigo nacional y una fianza económica de imposible cumplimiento por la suma de Bs20 000.-, sin efectuar un análisis valorativo de razonabilidad sobre la necesidad, de forma que se justifique su imposición bajo un test de proporcionalidad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “El Tribunal Constitucional, ha desarrollado amplia jurisprudencia sobre cuáles son las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga una medida cautelar de carácter personal de detención preventiva de un imputado y/o imputada, a través de la SC 1141/2003 de 12 de agosto, citada a su vez por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, sosteniendo que: ‘...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes’. En cuanto al Tribunal de apelación, la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’.
De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras).
Tal como se tienen precisados los antecedentes del proceso penal seguido al accionante por la presunta comisión del delito de estafa con agravante por víctimas múltiples, se advierte el Auto Interlocutorio de 2 de febrero de 2022, dictado por la Jueza Pública Civil y Comercial Primera -en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero- de Llallagua del departamento de Potosí, determinando la detención preventiva del aludido por la concurrencia de la probabilidad de autoría y su participación en el ilícito, insertos en los arts. 233 y 235.2 -influir en las víctimas y coimputados- del CPP (Conclusión II.1); que al haber formulado el recurso de apelación incidental, la Vocal demandada mediante Auto de Vista de 10 de igual mes y año, ratificó la acreditación de la autoría y del citado riesgo procesal de obstaculización, “…en lo que se refiere a la falta de notificación con esa modificación al móvil, sin embargo a fines del art 221 y la necesidad de la presencia del imputado se aplicará medidas menos gravosas…” (sic), ordenando la detención domiciliaria del solicitante de tutela, fianza económica de Bs20 000.-, obligación de presentarse ante el Ministerio Público tres veces por semana, prohibición de concurrir a determinados lugares -localidad de Llallagua- y de comunicarse con las víctimas y coimputados, así como, el arraigo nacional (Conclusión II.2). A consecuencia del precitado y último actuado procesal, el impetrante de tutela a través de sus representantes, denuncia la lesión de los derechos invocados en la presente acción de libertad, atribuyendo a la Vocal demandada asumir una determinación sin explicar las razones para ratificar la concurrencia del requisito de autoría como el riesgo procesal de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, al justificar la imposición de las medidas sustitutivas a la detención preventiva -detención domiciliaria, la presentación ante el Ministerio Público, no concurrir a ciertos lugares ni comunicarse con las víctimas y coimputados, arraigo nacional y una fianza económica de imposible cumplimiento-, careciendo de una valoración razonable sustentada bajo un test proporcionalidad y necesidad para su imposición. Así, identificado el problema jurídico objeto de la presente acción de tutela, cuyo acto lesivo resulta en el Auto de Vista de 10 de febrero de 2022 -dictado en alzada por la autoridad demandada-, corresponde examinar si aquella se pronunció en resguardo de los componentes del debido proceso invocados, o si en su caso, se omitieron los mismos, a cuyo mérito corresponde esgrimir los puntos de agravio identificados por parte del accionante, teniéndose los siguientes: a) La autoría se fundó en meras suposiciones, y únicamente con base en las entrevistas de las denunciantes del proceso penal, sin acreditarse por parte del Ministerio Público los elementos indiciarios y objetivos necesarios, no pudiendo usarse su silencio en su perjuicio; y, b) Sobre el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, la Jueza a quo sostuvo que no subsistía en razón a las víctimas, sino estaría latente en relación a los coimputados que se encuentran rebeldes; lo cual, le causaría indefensión al no advertirse el test de proporcionalidad, vulnerándose el principio de incomunicabilidad; ya que, no fue demostrada una relación estrecha entre él y los coimputados; puesto que, uno de ellos vive en Oruro y otros en Llallagua, sin que dicho riesgo procesal sea canalizado, debiendo quedar enervado el mismo. Consiguientemente, la Vocal demandada mediante Auto de Vista de 10 de febrero de 2022, razonó: 1) La “…autoría del imputado que se ha observado ha sido aclarado y demostrado por varias declaraciones de las mismas víctimas, en contrario no tienen algún elemento objetivo que nos permita entender que la declaración de las víctimas no son verdaderas o tiene cierto grado de credibilidad, que elemento indiciario se tiene en contrario que no se haya señalado además el recurrente para establecer que hay una duda razonable en la participación de señor Jhonny, nos ha referido que el señor Jhonny vive en el departamento y ciudad de Oruro los otros señores viven en Llallagua, para establecer que hay una duda razonable, para establecer que no existe autoría, no tenemos algún elemento que nos diga que el señor Jhonny nunca ha ido a Llallagua, para establecer que hay un duda razonable en el tema de autoría” (sic); y, 2) En lo que respecta al peligro de obstaculización, sostuvo que: “…de la imputación fiscal y de antecedentes se tiene que existe la concurrencia del riesgo de obstaculización establecido en el art. 235 del CPP, la juez aquo señala que estando el imputado en pleno estado de libertad, va influenciar negativamente en los testigos, sin embargo, tomado en cuenta que en el presente caso existen otros dos imputados que al presente se tiene que ambos se encuentran declarados rebeldes y en virtud de lo referido considera que el imputado estando en estado de liberta[d], va influenciar en ellos ya que hasta el momento no se ha llevado a cabo la audiencia de medida cautelar, no se define la situación procesal de los imputados tampoco se debe tomar en cuenta que la autoridad fiscal no ha venido a demostrar en que momento podría influencia[r] el imputado a los coimputados, ya que estos al presente reitero están rebeldes, por lo que da acreditado numeral 2 del 235 del CPP.
Si bien la autoridad fiscal a referido que va a influenciar negativamente en otras personas la suscrita ha comprendido que el ministerio público se habría referido a los coimputados…” (sic). Conforme fueron ilustrados los agravios del solicitante de tutela y lo fundamentado por la Vocal demandada, se evidencia que efectivamente el recurso de apelación incidental formulado por el prenombrado fue declarado procedente en parte, frente a la acreditación de la autoría y la concurrencia del riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, decisión que es ahora cuestionada por supuestamente carecer de fundamentación y motivación. Sobre dichos componentes del debido proceso, la jurisprudencia desplegada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, entendió que los mismos deben ineludiblemente ser parte de toda decisión judicial; de modo que, se cumpla con las exigencias de determinar en su contenido los razonamientos que la sustenten, estableciendo los criterios jurídicos del fallo a pronunciarse; de manera que, su exposición permita conocer de forma clara los motivos que la sostienen, satisfaciendo todos los puntos demandados, lo cual no requiere precisamente de una ampulosa evocación de consideraciones y citas normativas ni de sujetarse a una mera relación de las piezas procesales o mención de los requerimientos de las partes, sino, estar dotada de una estructura de forma y de fondo, en la que se expresen las razones determinativas que funden la determinación arribada. Con base en dicho razonamiento jurisprudencial, en el caso que nos ocupa, el impetrante de tutela cuestionó en su recurso de apelación incidental inicialmente que la autoría se fundó en meras suposiciones, y solamente con base en entrevistas de las denunciantes en el proceso penal, y no así en elementos indiciarios y objetivos que la acrediten, no pudiendo usarse su silencio en su propio perjuicio; al respecto, la Vocal demandada en el fallo que dictaminó, consideró que se hubiera corroborado la misma con varias declaraciones de las víctimas, y que por la falta de prueba objetiva que permita cuestionar dichas declaraciones respecto de su veracidad y credibilidad, dedujo por ratificar su concurrencia; asimismo, complementó que no se advirtió elemento indiciario para establecer una duda razonable sobre su participación en el ilícito; de cuyo examen, se evidencia una explicación y valoración pertinente en lo concerniente a la autoría, sustentándose principalmente en la versión declarativa de las víctimas múltiples en cuanto al hecho, para concluir que en su apelación no se arrimó prueba sustancial y pertinente que desvirtúe su participación, denotándose un análisis razonable y suficiente por parte de la autoridad demandada que la condujo a tener convicción para sostener que el accionante, es con probabilidad autor y partícipe del hecho punible que se le indilga. Asimismo, respecto de la concurrencia del riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, el peticionante de tutela arguye que la Jueza a quo razonó que no subsistía en relación a las víctimas, sino, con referencia a los coimputados que se encuentran rebeldes, y que, al no advertirse el test de proporcionalidad y el principio de incomunicabilidad, le causaría indefensión, no siendo demostrada una relación estrecha con los prenombrados; en sentido que, uno vive en la ciudad de Oruro y otros en la localidad de Llallagua; sobre este punto, la Vocal demandada explicó que, de la imputación formal y los antecedentes del proceso penal, estando el procesado en libertad, podría influenciar negativamente en los testigos y en los otros dos coimputados, quienes estaban declarados rebeldes, considerando que su situación procesal aún no se definió, por estar pendiente su audiencia de medidas cautelares; dicha contrastación, absuelve de forma concreta a lo cuestionado como agravio por el recurrente, explicándole en su contenido que ese riesgo de obstaculización concurre por la cercanía que este tenía con los coimputados, quienes se encontraban en rebeldía, y cuya situación jurídica no fue aun tratada; así como, en relación a las víctimas en quienes podría influir en el caso de una libertad irrestricta; de cuyo examen, se advierte por explicado de manera suficiente la ratificación de su concurrencia. Por otro lado, con relación a las medidas de detención domiciliaria, fianza económica, obligación de presentarse ante el Ministerio Público, arraigo nacional, prohibición de concurrir a determinados lugares en la localidad de Llalagua y de comunicarse con las víctimas y coimputados asumidas por la autoridad demandada, cuya razonabilidad, necesidad y proporcionalidad fue cuestionada por el prenombrado, dicha imposición resulta del examen valorativo desplegado por ella, quien a objeto de garantizar la presencia del accionante en el proceso que se le incriminaba frente a la acreditación de la autoría del ilícito perpetrado, y la concurrencia del riesgo procesal de obstaculización inserto en el art. 235.2 del CPP analizado ut supra, actuó en el marco potestativo reconocido previsto en las disposiciones del régimen cautelar del Código de Procedimiento Penal; además, las medidas cautelares de naturaleza personal pueden ser objeto de modificación o revocatoria ante una eventual solicitud por parte del impetrante de tutela, no advirtiéndose en consecuencia irrazonabilidad alguna en aquella imposición. Consiguientemente, del análisis desplegado por la Vocal demandada se advierte un análisis explicativo que satisface los agravios invocados, concluyéndose que el Auto de Vista cuestionado -objeto de estudio-, contiene la suficiente dilucidación de razones y exposición de motivos que sustentan la determinación de ratificar el fallo de la Jueza a quo, explicándose razonablemente, y en el fondo, el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, con fundamentación y motivación pertinente, enmarcándose a la jurisprudencia y el orden constitucional, conteniendo no solo los antecedentes del caso, sino también la normativa aplicable al mismo, respondiendo de forma precisa el riesgo procesal de obstaculización del art. 235.2 del CPP, resultando suficiente lo fundamentado para decidir su concurrencia, cuyo examen llevó a la referida autoridad a imponer las medidas sustitutivas previstas en el art. 231 bis. del citado Código, sin que se evidencie lesión alguna de los derechos alegados como vulnerados, derivando en la denegatoria de la tutela solicitada en la presente acción de defensa. Finalmente, con relación al principio de legalidad también denunciado como transgredido, considerando que el acto lesivo -Auto de Vista de 10 de febrero de 2022- se encuentra suficientemente fundamentado y motivado, tal cual fue desplegado en el análisis ut supra, y en virtud a que, este se constituye en orientador del derecho, no se tiene consecuentemente su afectación. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 04/2022 de 1 de abril, cursante de fs. 33 a 36, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, de conformidad a los fundamentos jurídicos esgrimidos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0590_2023-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): bde5a13c4477c6a670c7544e3111651fbdce1ae88a3757a7f8ce325fcd85aec6
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