B.IA.LEGAL

SCP 0590/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
7 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
45662-2022-92-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad, toda vez que la Fiscal de Materia demandada, emitió Resolución de Aprehensión de 3 de febrero de 2021 sin fundamentación, llegando a ser aprehendido y privado de su libertad no obstante a que se presentó a prestar su declaración informativa. Durante la audiencia el accionante desistió de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad; 2) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto a la actuación de los funcionarios policiales y el Ministerio Público; 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/22 AAD de 5 de febrero de 2022, cursante de fs. 91 a 96, pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin entrar al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad
  2. III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto a la actuación de los funcionarios policiales y el Ministerio Público
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0590/2023-S1 Sucre, 07 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45662-2022-92-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 02/22 AAD de 5 de febrero de 2022, cursante de fs. 91 a 96, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Samuel Alex Orihuela Sanabria y Milthon Soto Estrada en representación sin mandato de José Nelson Gallinate Torrico, Alcalde del Gobierno Autónomo del Municipio de Colcapirhua contra Faridy Arnez Arze, Fiscal de Materia de Colcapirhua.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 04 de febrero de 2022, cursante de fs. 26 a 27, el accionante por intermedio de sus representantes sin mandato, manifestó:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal iniciado el 23 de septiembre de 2021, seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y conducta antieconómica tipificados por los arts. 150 y 224 del Código Penal (CP), desde el inicio se apersonó al proceso; prestó su declaración informativa el 22 de octubre de 2022 y colaboró en la investigación. No obstante, el 3 de febrero de 2021, la Fiscalía sin fundamentar emitió una Resolución de Aprehensión contra su persona y otros, disponiendo su aprehensión sin cumplir los presupuestos legales, infringiendo así su derecho a la libertad. Dicha Resolución de aprehensión es ilegal, ya que para emitir una orden de aprensión debió cumplir los siguientes requisitos: 1) La pena mínima para el delito imputado debe ser superior a dos años; 2) Debe existir riesgo de fuga o de obstrucción a la justicia; 3) La posibilidad de que se obstaculice la averiguación de la verdad; y 4) Que no se trate de delitos contemplados en los artículos 132 bis, 185, 254, 271 y 331 (no refiere de que norma). En este caso, no se demostró ni el riesgo de fuga ni la obstrucción. La Fiscal refiere que los “imputados no acreditaron los elementos arraigadores de domicilio y familia”, con esa fundamentación ignorando que la carga de la prueba le corresponde a la parte acusadora y no a los imputados, con ello transgredió los arts. 6 y 234 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En resumen, la Fiscalía basó su decisión en suposiciones abstractas, contraviniendo el artículo 235 del mismo código.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

Alega como vulnerados su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga: a) La inmediata libertad de José Nelsón Gallinate Torrico; y b) Se deje sin efecto la Resolución que se cuestiona.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública de acción de libertad, el 05 de febrero de 2022, conforme consta en el Acta de audiencia cursante a fs. 90 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante José Nelsón Gallinate Torrico no se presentó en audiencia, sin embargo por medio de sus representantes sin mandato y abogados señaló que: 1) Presentaron un memorial solicitando el desistimiento de la acción de tutela; 2) El memorial cursante a fs., 89 y vta., con la suma “Anuncia Sustracción de Materia”, presentado por los abogados del accionante, indica que hasta el día anterior no existía una resolución de imputación formal ni un señalamiento para la audiencia que consideraría la situación jurídica del accionante, detenido actualmente en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); 3) Sin embargo, a la fecha ya se cuenta con la resolución y se ha fijado la audiencia para el día de hoy a las 14:30 ante la autoridad jurisdiccional penal competente. Por ende, se ha producido el fenómeno procesal de sustracción de materia, ya que el objeto de la presente acción ha dejado de existir y cualquier reclamación deberá presentarse ante la autoridad de jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, se ha solicitado proceder con el desistimiento de la acción de tutela.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Faridy Arnez Arze Fiscal de Materia de Colcapirhua, no se presentó a la audiencia, no obstante a su legal citación que corre a fs. 29, sin embargo, presentó informe escrito que cursa a fs. 77 y vta. en el cual señala que: i) Efectivamente viene conociendo la investigación en la vía penal por la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica contra José Nelsón Gallinate Torrico y otros, cuyo inicio fue informado el 1 de octubre de 2021, al Juez Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua, es decir, que actualmente dicho caso de investigación se halla bajo el control jurisdiccional; ii) Efectivamente emitió resolución fundamentada de aprehensión en el referido caso contra tres personas sometidas a investigación, conforme a las previsiones del art. 226 del CPP, que otorga esa facultad al Ministerio Público; iii) La aplicación del principio de subsidiariedad señala que previo a acudir a la vía constitucional y cuando el Fiscal dé aviso del inicio de las investigaciones al juez cautelar y ante la denuncia de una ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal física por parte de un Fiscal o de la policía el accionante debe denunciar previamente ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional y no acudir a la vía de la acción de libertad como ocurre en el caso de autos.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Cochabamba constituido, en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/22 AAD de 5 de febrero de 2022, cursante de fs. 91 a 96, denegó la tutela; bajo los siguientes fundamentos que en partes salientes señala: a) El momento para plantear el desistimiento resulta ser previo a la admisión y señalamiento de la audiencia correspondiente, debido a que según el tracto procesal constitucional, interpuesta la acción de libertad a horas 16:38 del 4 de febrero de 2022 este Tribunal admitió la acción tutelar, y señaló fecha día y hora de audiencia para la vista y resolución para el 5 de igual mes y año a horas 14:30; disponiendo las modificaciones respectivas en el día; b) De lo cual se colige que el desistimiento se realizó luego de practicadas las notificaciones con la audiencia de la acción de libertad, ameritando que dicho petitorio no puede ser considerado por éste órgano por lo que corresponde el pronunciamiento respectivo sobre la acción; c) En el presente caso opera la subsidiariedad excepcional, puesto a que se demuestra que existe un proceso investigativo abierto contra el accionante, desde el mes de septiembre de 2021, mediante memorial de 4 de febrero de 2022 la representante fiscal presentó ante el Juez cautelar que conoce la causa, con la suma “Remite aprehendido” “Imputa Formalmente” y “solicita aplicación de medidas cautelares”, debido a dicha petición el Juez cautelar de Colcapirhua por decreto de igual fecha 4 de febrero del presente año, señaló audiencia para la consideración y resolución de la solicitud de aplicación de medidas cautelares para el 5 de febrero de 2022 a horas 14:30, estando plenamente abierta la jurisdicción y competencia de la autoridad jurisdiccional indicada y al ser ésta la autoridad quien considerará la situación jurídica vinculada a la libertad, no es posible que esta vía se pronuncie en el fondo del tema planteado en razón a que no se agotó la vía ordinaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Mediante Resolución Fundamentada de Aprehensión de 3 de febrero de 2021 la Fiscal de Materia, Faridy Arnez Arze, ordenó al investigador asignado al caso, la aprehensión de José Nelson Gallinate Torrico, Iván Ronald Padilla Torrez e Irene Josefina Totula García (fs. 72 a 76 vta.). II.2. El 4 de febrero de 2022 la Fiscal demandada, remitió ante el Juez Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua la imputación formal contra José Nelson Gallinate Torrico, Iván Ronald Padilla Torrez e Irene Josefina Totula García y solicitó la aplicación de medidas cautelares personales de detención preventiva, en los penales de San Antonio, San Pablo de Quillacollo y San Sebastián Mujeres (fs. 80 a 88). II.3. Del memorial presentado por la defensa del accionante con la suma de “Anuncia Sustracción de Materia”, se tiene que la autoridad jurisdiccional correspondiente habría señalado audiencia de medidas cautelares para el 5 de febrero de 2022 a horas 14:30, refiere asimismo que el accionante se encuentra aprehendido en Celdas de la FELCC (fs. 89 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante por intermedio de su representante sin mandato, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad, toda vez que la Fiscal de Materia demandada, emitió Resolución de Aprehensión de 3 de febrero de 2021 sin fundamentación, llegando a ser aprehendido y privado de su libertad no obstante a que se presentó a prestar su declaración informativa. Durante la audiencia el accionante desistió de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad; 2) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto a la actuación de los funcionarios policiales y el Ministerio Público; 3) Análisis del caso concreto.

III.1. La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0656/2020-S1 de 23 de octubre asumió el siguiente entendimiento: La oportunidad procesal para el retiro o desistimiento de la acción de libertad, tuvo diferentes entendimientos jurisprudenciales; sin embargo, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2 se establece que los mismos, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento del día y hora de la audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas:

a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales-ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-.

b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada.

La citada SCP 0103/2012, entiende que pese a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento del día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que, el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos en el marco de las obligaciones del Estado.

III.2. La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad respecto a la actuación de los funcionarios policiales y el Ministerio Público

1Esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sistematizó toda la línea jurisprudencial, sobre la posibilidad y oportunidad de desistir o retirar la acción de libertad, que pueden resumirse así: i) No se admite el retiro ni el desistimiento de la acción de libertad -SSCC 0188/2004-R de 9 de febrero y 0929/2003-R de 3 de julio, entre otras-; ii) No es posible el retiro ni el desistimiento después de admitida la acción de libertad -por todas, la SC 0031/2005-R de 10 de enero-; y, iii) No es posible desistir ni retirar la acción de libertad, cuando hubo cesación del acto lesivo -por todas, las SSCC 1425/2011-R de 10 de octubre y 1229/2010-R de 13 de septiembre-. 2La SC 1738/2004-R de 29 de octubre, entre otras expresó: “…la naturaleza jurídica del recurso de hábeas corpus es la tutela de la libertad física y el derecho de locomoción, un sistema particularmente idóneo para resguardar la libertad personal frente a la eventual arbitrariedad, y ha sido instituido como un recurso extraordinario que tiene como objeto restituir o restablecer la misma de forma inmediata y oportuna, en los casos de que ésta haya sido ilegal o arbitrariamente amenazada, restringida o suprimida, que puede ser interpuesto por quienes se consideren indebidamente perseguidos, detenidos, procesados o presos, demandando se guarden las formalidades legales”.

Al respecto la SCP 0104/2018-S2 de 11 de abril asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. De manera específica, señaló que el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, donde el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior, invocados en el recurso. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción 3El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 4El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 5El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera- sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.

constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematiza tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, para los casos en los que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:

1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)

6El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 7El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (…) Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

3. Cuando el solicitante de tutela hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada.

5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas son nuestras). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubremoduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, ii) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal.

En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; b) Cuando existiendo dicha vinculación: a.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: a.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa. En similar sentido, las resoluciones de medidas cautelares pronunciadas por la autoridad judicial pueden ser impugnadas a través del recurso apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP.

III.3. Análisis del caso concreto

Previamente cabe referir que la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional señala que: no obstante a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad, después del señalamiento del día y hora de audiencia pública, se debe resolver la misma, no sólo en resguardo de los derechos subjetivos de las personas; sino para evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionan los bienes constitucionales protegidos por esta acción tutelar; por lo que corresponde ingresar al análisis del fallo venido en revisión. De la compulsa del expediente, se tiene que la Fiscal de Materia, Faridy Arnez Arze demandada, mediante Resolución de Aprehensión de 3 de febrero de 2021, ordenó al investigador asignado al caso, la aprehensión de José Nelson Gallinate Torrico y otros. Posteriormente, el 4 de febrero de 2022, remitió ante el Juez Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua la imputación formal contra José Nelson Gallinate Torrico y otros, solicitando la aplicación de medidas cautelares personales de detención preventiva. Así también, que la autoridad jurisdiccional referida señaló audiencia de medidas cautelares para el 5 de febrero de 2022 a horas 14:30, encontrándose el accionante aprehendido en celdas de la FELCC. En ese contexto, de acuerdo con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se establece que, en caso de que el fiscal hubiere dado aviso del inicio de la investigación al juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un fiscal, previo a acudir a la jurisdicción constitucional, debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional.

En el caso de análisis, la Fiscal demandada, dispuso la aprehensión y presentó imputación formal contra José Nelson Gallinate Torrico y otros, así también solicitó la aplicación de medidas cautelares personales de detención preventiva, para lo cual el Juez señaló audiencia para el 5 de febrero de 2022 a horas 14:30, en la cual resolverá su situación jurídica, por lo cual correspondía que el solicitante de tutela, presente su denuncia ante dicha autoridad jurisdiccional y no formular directamente la acción de libertad; por consiguiente corresponde denegar la tutela por subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, en cuanto a las supuestas vulneraciones de sus derechos inculpados a la Fiscal de Materia demandada. Debido a que el Juez Mixto Civil y Comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua encargado del control jurisdiccional, es la autoridad llamada por ley para ejercer el control de legalidad sobre los actos de aprehensión e imputación de la Fiscal de Materia demandada y resolver la situación jurídica de la accionante, lo que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada en la presente acción tutelar.

A tal efecto, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/22 AAD de 5 de febrero de 2022, cursante de fs. 91 a 96, pronunciada por el Tribunal Segundo de Sentencia de la Capital de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia; DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin entrar al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

8 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados, acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0590_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 310b708203e26a0aed9631bc80f8c9e5ea88fd6fade199092c33cb864c232497

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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