Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de junio de 2025
Concede la tutela
Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, a ser oídos y al debido proceso -en sus elementos impugnación y defensa-, vinculado a la seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue en contra de ambos, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, en audiencias virtuales de apelación, instaladas el 2 de diciembre de 2022, a horas 9:10 y 9:50; después de corroborar en cada actuado que sólo concurrió su abogado defensor, sin otorgar la palabra y la posibilidad de poder exponer sus respectivos agravios contra las resoluciones judiciales que rechazaron sus solicitudes de cesación a la detención preventiva; directamente dispuso, a su turno, que obrados pasen a despacho para emitir la correspondiente resolución, haciendo mención únicamente al art. 50 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal. Con lo que incurrió -según alegan-en actos dilatorios indebidos.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 48/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 72 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo en consecuencia: 1° Dejar sin efecto las resoluciones emitidas por el Vocal demandado en las audiencias virtuales de apelación instaladas el 2 de diciembre de 2022, a horas 9:10 y 9:50; debiendo en el plazo de veinticuatro horas, programar nuevas audiencias con el objeto de resolver las apelaciones incidentales de medidas cautelares, planteadas por los accionantes contra los Autos Interlocutorios 568/2022 de 25 de noviembre y 575/2022 de 29 de noviembre; conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente, salvo que la situación jurídica de ambos haya quedado ya definida; y, 2° Llamar severamente la atención; a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Wilge Hugo Mendoza Miranda, Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del citado departamento, por desconocer los alcances del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisprudencia de este Tribunal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0589 /2025-S3 Sucre, 18 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52879-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 48/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 72 a 73 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Michael Adolfo Riveros Revollo en representación sin mandato de Ever y Álvaro, ambos Poma Quispe contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 6 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 28 a 31 vta.; y, 59 a 62 vta.; los accionantes, a través de su representante, expresaron que:
Dentro del proceso penal que les sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de asesinato en grado de tentativa, robo agravado y organización criminal con Código Único de Denuncia (CUD): 201502022206531; a través de Auto Interlocutorio 284/2022 de 31 de julio, se les impuso la medida cautelar de detención preventiva por el plazo de seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Ante tal circunstancia, Ever Poma Quispe, solicitó cesación de la detención preventiva; sin embargo, su petición fue rechazada por Auto Interlocutorio 568/2022 de 25 de noviembre; a razón de ello, en audiencia planteó recurso de apelación incidental contra esa resolución judicial, que radicó ante el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-; quién en audiencia virtual de apelación instalada el 2 de diciembre de 2022 a horas 09:50, después de corroborar que sólo concurrió al actuado su abogado defensor; dispuso directamente, sin otorgar la palabra y la posibilidad de poder exponer los respectivos agravios, que obrados pasen a despacho para emitir la correspondiente resolución. Determinación judicial que adoptó, haciendo solo mención al art. 50 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, vigente por la Disposición Transitoria Décima Tercera de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-. Por su parte, Álvaro Poma Quispe, también solicitó cesación a la detención preventiva; sin embargo, su petición fue rechazada por Auto Interlocutorio 575/2022 de 29 de noviembre; a razón de ello, en audiencia, planteó apelación incidental contra esa resolución judicial; medio de impugnación que radicó igualmente ante el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; quien, en audiencia virtual de apelación, instalada el 2 de diciembre de 2022 a horas 09:10, después de corroborar que sólo concurrió al actuado su abogado defensor; dispuso directamente, sin otorgar la palabra y la posibilidad de poder exponer los respectivos agravios, que obrados pasen a despacho para emitir la correspondiente resolución. Determinación judicial que adoptó, haciendo solo mención a la misma disposición normativa sostenida en la audiencia virtual de apelación de Ever Poma Quispe. Es así que ambos consideran que, el Vocal demandado, lesionó sus derechos como personas privadas de libertad; incurriendo en actos dilatorios indebidos, al no resolver las apelaciones incidentales de medidas cautelares que plantearon; pese que a las audiencias virtuales de apelación concurrió su abogado defensor, el cual fue indebidamente expulsado de cada actuado.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, a ser oídos y al debido proceso -en sus elementos impugnación y defensa-, vinculado a la seguridad jurídica; citando al efecto, los arts. 22, 23.I y III, 24, 115, 116.I, 117.I, 119.I y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), 8.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), y 14. 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad de las resoluciones emitidas en las audiencias virtuales de apelación de 2 de diciembre de 2022; b) Que el Vocal demandado remita los antecedentes de las apelaciones incidentales de medidas cautelares planteadas contra los Autos Interlocutorios 568/2022 y 575/2022, a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para su correspondiente resolución; y, c) La remisión de antecedentes al Ministerio Público o al Consejo de la Magistratura; puesto que, contra la autoridad demandada ya se interpuso una acción de libertad, por hechos similares a los ahora denunciados, lo que se demuestra con la SCP 0938/2021-S3 de 18 de noviembre.
Celebrada la audiencia pública virtual el 7 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 68 a 71 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes, por intermedio de su abogado, reiteraron íntegramente los términos de su acción de defensa y ampliándolos expresaron que: 1) El Vocal demandado no presentó informe escrito ni concurrió a la audiencia de garantías, entonces, el presente proceso constitucional debe resolverse en observancia del principio de veracidad que rige a la acción de libertad; 2) El Secretario del demandando, tomó conocimiento en su momento de que en las audiencias virtuales de apelación, sólo intervendría el abogado defensor; aspecto que se le recalcó reiteradamente, ya que se conoce el actuar irregular de aquella autoridad jurisdiccional, lo que se demuestra con la SCP 0938/2021-S3; 3) La prueba presentada demuestra que el Vocal demandado incurrió en actos dilatorios indebidos, al tramitar las apelaciones incidentales de medidas cautelares planteadas contra los Autos Interlocutorios 568/2022 y 575/2022, con ausencia de los imputados privados de libertad; 4) Henry David Sánchez Camacho de forma recurrente y en los casos que conoció, hizo una aplicación distorsionada del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal, sin garantizar los derechos de dos personas privadas de libertad y que las audiencias virtuales de apelación se tramiten con la intervención necesaria de las partes procesales; y, 5) Siendo que se cumplen detenciones preventivas en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, la concurrencia a las audiencias que se vayan a programar dentro del proceso penal, sólo puede ser garantizada por la autoridad jurisdiccional competente, de quien depende se materialice esos aspectos; extremo que no tomó en cuenta la referida autoridad demanda.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni concurrió a la audiencia de garantías, pese a su notificación, cursante a fs. 65 y vta.
El Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de Resolución 48/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 72 a 73 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El Vocal demandado no presentó informe escrito ni concurrió a la audiencia de garantías, porque estaría gozando de vacación judicial; ii) A las audiencias virtuales de apelación, solo concurrió el abogado defensor de los impetrantes de tutela y la parte querellante del proceso penal, motivo por el que, en cada actuado, el Vocal demandado aplicó correctamente el art. 49.II del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal; por lo que no incurrió en ninguna irregularidad; iii) El abogado defensor de los accionantes, no justificó la inasistencia de ninguno a las audiencias virtuales de apelación y tampoco reclamó la aplicación del art. 25.II del referido Reglamento, cuya materialización requiere instancia de parte; para que así, el Vocal demandado pueda realizar una valoración de las situaciones suscitadas, en observancia de los principios de favorabilidad y pro homine; y, iv) Otros dos aspectos que deben tomarse en cuenta, que demuestran que el Vocal demandado no incurrió en ninguna irregularidad, es que las Salas Penales de los diferentes departamentos tiene carga procesal y saturación de audiencias; por lo que, están obligadas a resolver las causas que conocen, con celeridad; y, que el presunto incumplimiento de la SCP 0938/2021-S3, debe ser reclamado en la instancia conducente. En la vía de enmienda, complementación y aclaración; los impetrantes de tutela, por intermedio de su abogado, pidieron aclaración respecto a si en el presente proceso constitucional, la prueba presentada demuestra la saturación de audiencias virtuales de apelación y la constancia de vacaciones judiciales. Ante la solicitud, el Juez de garantías determinó: “…NO HA LUGAR A LA COMPLEMENTACIÓN Y ENMIENDA” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ever y Álvaro, ambos de apellidos Poma Quispe -ahora accionantes-, por la presunta comisión de los delitos de asesinato en grado de tentativa, robo agravado y organización criminal con CUD: 201502022206531; a través de Auto Interlocutorio 284/2022 de 31 de julio, se les impuso la medida cautelar de detención preventiva por el plazo de seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (fs. 10 a 13 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 568/2022 de 25 de noviembre, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Ever Poma Quispe -hoy impetrante de tutela-; por lo que, contra esa resolución judicial en audiencia, éste planteó apelación incidental de medidas cautelares (fs. 16 a 18 vta.). Medio de impugnación que radicó ante Henry David Sánchez Camacho Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-; quien, a efectos de su resolución, programó audiencia virtual de apelación a instalarse el 2 de diciembre de 2022 a horas 9:50 (fs. 19).
II.3. Disco Versátil Digital (DVD); que contiene un archivo digital de cincuenta segundos de duración, correspondiente a la grabación de la audiencia virtual de apelación (Cisco Webex), instalada el 2 de diciembre de 2022 a horas 9:50, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; del cual se extrae lo siguiente: El Secretario informó que al actuado solo concurrieron la parte víctima del proceso penal y su abogado, y Michael Adolfo Riveros Revollo abogado defensor; y no así, Ever Poma Quispe -hoy accionante- ni el Ministerio Público. Ante ello, el Vocal de la referida Sala Penal -demandado-, señaló inmediatamente que: “…las partes han sido debidamente notificadas para este acto procesal; sin embargo, no se encuentra la parte apelante, en consecuencia, en estos casos de aplica la Ley 1173, que bajo su Disposición Décimo Tercera ha creado el Reglamento 12/20219, y ante la inasistencia de la parte apelante se aplica el art. 50 de la citada norma legal; no habiendo nada mas que tratar, se suspende este acto procesal. Convoque a otra audiencia por Secretaria de Cámara…” (fs. 27 [el resaltado es añadido]). II.4. Por Auto Interlocutorio 575/2022 de 29 de noviembre, se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Álvaro Poma Quispe -ahora peticionante de tutela-, por lo que, en audiencia, éste a través de su abogado, planteó apelación incidental de medidas cautelares contra esa resolución judicial (fs. 48 a 50). Medio de impugnación que radicó ante el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandado-; quien, a efectos de su resolución, programó audiencia virtual de apelación a instalarse el 2 de diciembre de 2022 a horas 9:10 (fs. 51).
Los accionantes denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, a ser oídos y al debido proceso -en sus elementos impugnación y defensa-, vinculado a la seguridad jurídica; toda vez que, dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue en contra de ambos, el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, en audiencias virtuales de apelación, instaladas el 2 de diciembre de 2022, a horas 9:10 y 9:50; después de corroborar en cada actuado que sólo concurrió su abogado defensor, sin otorgar la palabra y la posibilidad de poder exponer sus respectivos agravios contra las resoluciones judiciales que rechazaron sus solicitudes de cesación a la detención preventiva; directamente dispuso, a su turno, que obrados pasen a despacho para emitir la correspondiente resolución, haciendo mención únicamente al art. 50 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal. Con lo que incurrió -según alegan-en actos dilatorios indebidos.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Sobre el particular, la SCP 0583/2020-S3 de 24 de septiembre, señaló lo siguiente: “A partir de la puesta en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 03 de mayo de 2019-, el Código de Procedimiento Penal y las disposiciones conexas al mismo han tenido cambios trascendentales que tienen como finalidad efectivizar la tramitación de las causas penales; en ese contexto, por su pertinencia se debe precisar que uno de los institutos procesales que mereció modificaciones sustanciales, en cuanto a su tramitación, es el referido al régimen de la apelación incidental contra resoluciones concernientes a las medidas cautelares de carácter personal, respecto al que la disposición legal referida en su Disposición Adicional Segunda, modificando el art. 58 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), estableció que: ‘II. Las apelaciones de las medidas cautelares de carácter personal (…), serán resueltas por el Vocal de Turno de la Sala a la cual sea sorteada la causa’. Asimismo, la mencionada Ley 1173 con el objeto dinamizar en desarrollo de las audiencias durante la tramitación de todo el proceso penal, en su disposición transitoria Décima Tercera determinó que: ‘Dentro del plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes a la publicación de la presente Ley, el Tribunal Supremo de Justicia deberá establecer en reglamento las conductas y las medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario, previsto en el Artículo 339 del Código de Procedimiento Penal’; en ese entendido, el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento a ese mandato legal emitió el ‘Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal’, en cuyo art. 25 en cuanto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que: ‘I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente’. De la disposición reglamentaria citada, se tiene que el legislador a través del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, instituyó parámetros para el desarrollo de la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, estableciendo que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a esa actuación procesal pero sí de su abogado defensor, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer los alegatos correspondientes; sin embargo de aquello, este Tribunal considera pertinente establecer que la disposición de referencia, corresponde ser aplicada en el marco de lo establecido por el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho a la defensa de todo imputado o acusado, derecho que no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también a la defensa material que es una garantía fundamental que se encuentra latente durante todo el cauce procesal, cuyo ejercicio no puede ser coartado al procesado bajo ningún concepto pues una actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración de la citada disposición constitucional y lo dispuesto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual estipula que toda persona inculpada tiene derecho de ‘…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor’…” (las negrillas corresponde al texto original). Por su parte y en la misma línea, la SCP 0525/2023-S4 de 22 de junio; ampliando los criterios jurisprudenciales desarrollados, señaló que: “Asimismo, en cuanto a la inconcurrencia del abogado de la defensa a la audiencia, este aspecto se halla regulado por el art. 24 del Reglamento señalado anteriormente; es así que, la Oficina Gestora asignará inmediatamente un abogado defensor estatal, en el caso de que el mencionado abogado antes de las cuarenta y ocho horas de tal audiencia haya hecho conocer su inconcurrencia a la misma; sin embargo, cuando no asista a ese acto procesal por caso fortuito o fuerza mayor sobreviniente, y haya dado a conocer tal impedimento a la citada Oficina Gestora, excepcionalmente se señalara otra audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas, garantizando de esta forma el derecho a la defensa técnica del imputado. Ahora bien, de la jurisprudencia y normativa desarrollada en forma precedente relativo a la incomparecencia o demora del imputado a la audiencia en materia de medidas cautelares y el derecho de asumir su defensa técnica y material, en primera instancia se tiene establecido que en esos casos no es exigible la notificación personal del imputado con el decreto de señalamiento de audiencia de apelación de medida cautelar; empero, el mismo si es legalmente notificado con ese decreto, y no comparece a la audiencia, ésta puede desarrollarse pese a su ausencia; sin embargo, ausente el imputado, es exigible la concurrencia del abogado, quien lo representa y ejerce el derecho a la defensa, en cambio respecto a la situación de los imputados con detención preventiva se llega a la conclusión de que los mismos merecen un análisis distinto, tomando en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia para el ejercicio del derecho a la defensa material, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia programada, sea o no el apelante. En relación a lo dispuesto por el art. 25.II del ‘Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal’ emitido el 10 de junio de 2019, por el Tribunal Supremo de Justicia; en la cual, se prevé que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a las audiencias de recurso de apelación incidental y restringida, pero sí de su defensa técnica, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado exponer los alegatos correspondientes; al respecto este Tribunal consideró que en el caso de personas con detención preventiva, su concurrencia a un acto procesal -tal como se tiene precisado supra- no depende únicamente de su voluntad, sino está condicionada a la actuación de la autoridad jurisdiccional y administrativa, este último encargado del Centro Penitenciario; por lo que, en una audiencia de apelación de medidas cautelares, si el Tribunal de alzada no ordena su conducción o, pese a existir dicha orden, el director del Centro Penitenciario no lo presenta ante la autoridad que lo solicita, dicha situación no puede surtir efectos procesales en desmedro del propio privado de libertad, pues su inasistencia no obedece a su voluntad sino a la desidia o problemas internos de organización del propio sistema penal. En ese contexto, en el caso de los privados de libertad, no es pertinente aplicar de manera imperativa y literal lo previsto en el art. 25.II del aludido Reglamento, sino que la autoridad jurisdiccional a fin de no lesionar el derecho a la defensa material del imputado, debe realizar un análisis particular; i) En el caso de los imputados que están en libertad debe verificarse que la ausencia o cierta demora a la audiencia programada, no se debió a una deficiencia y/o negligencia del sistema judicial o penal; y, ii) en caso de los privados de libertad, igualmente se verifique cual el impedimento que generó su inasistencia, si se debe a su negligencia, a motivos de falta de emisión de orden de salida y traslado, o en el caso de audiencias virtuales, si el privado de libertad contaba con el medió informático para acceder a la misma” (el resaltado es añadido).
La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras; que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante.
Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras. En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos” (el resaltado es añadido). Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo.
1 (FJ.III.3): “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.’ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ‘La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ‘Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.
En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante. Entendimiento extraído de la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: Dentro del proceso penal que el Ministerio Público sigue contra los accionantes (Ever y Álvaro, ambos Poma Quispe); a través de Auto Interlocutorio 284/2022 de 31 de julio, se les impuso detención preventiva por el plazo de seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz (Conclusión II.1). Ante tal circunstancia, Ever Poma Quispe -hoy impetrante de tutela-, solicitó cesación de la detención preventiva; sin embargo, su petición fue rechazada por Auto Interlocutorio 568/2022 de 25 de noviembre, a razón de ello, planteó apelación incidental de medidas cautelares contra esa resolución judicial. Medio de impugnación que radicó ante el Vocal demandado; quien, en audiencia virtual de apelación, instalada el 2 de diciembre de 2022 a horas 9:50, después de escuchar el informe de su Secretario y corroborar que sólo concurrieron la parte víctima del proceso penal acompañada de su abogado, y Michael Adolfo Riveros Revollo, abogado defensor, dispuso la suspensión del actuado, sosteniendo que la parte apelante no se encontraba presente y que por tal motivo era aplicable el art. 50 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal (Conclusiones II.2 y II.3). Por su parte, Álvaro Poma Quispe -ahora peticionante de tutela-, también solicitó cesación de la detención preventiva; sin embargo, su petición fue rechazada por Auto Interlocutorio 575/2022 de 29 de noviembre; a razón de ello, planteó apelación incidental de medidas cautelares contra esa resolución judicial. Medio de impugnación que igualmente radicó ante el Vocal demandado; quien, en audiencia virtual de apelación, instalada el 2 de diciembre de 2022 a horas 09:10, después de escuchar el informe de su Secretario y corroborar que solo concurrieron la parte víctima del proceso penal y su abogado, y Michael Adolfo Riveros Revollo abogado defensor, procedió en el mismo sentido de la audiencia virtual de apelación de Ever Poma Quispe -accionante- (Conclusión II.4). Siendo ese el contexto, inicialmente corresponde pronunciarse respecto al actuar del Juez de garantías en el presente proceso constitucional; quien, a través del Auto Constitucional de 6 de diciembre de 2022, cursante a fs. 63, dispuso correctamente la acumulación de las acciones de libertad, signadas con Números de Registro Judicial (NUREJ): 204057346 (fs. 1) y 204057347 (fs. 33), siguiendo un orden de prelación. Ello al constatar que: a) Los impetrantes de tutela, en fecha similar, es decir, el 6 de diciembre de 2022, de forma independiente acudieron a la jurisdicción constitucional denunciando los mismos hechos de los que sería responsable el Vocal demandado, ejecutados dentro del único proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de ambos con CUD: 201502022206531; y, b) En ninguno de los casos existe resolución constitucional definitiva, que haya resuelto la controversia que ahora debe ser dilucidada. En ese sentido, siendo que no existe óbice procesal para analizar el fondo la problemática identificada, ya que el Juez de garantías actuó conforme a la jurisprudencia constitucional , en vigor; se efectuará el correspondiente control de constitucionalidad, atendiendo conjuntamente los hechos denunciados por los accionantes, por su singular similitud:
Así las cosas, de la prueba presentada a este proceso constitucional, se evidencia que el Vocal demandando tramitó las apelaciones incidentales de medidas cautelares, planteadas por los impetrantes de tutela contra la resoluciones judiciales que rechazaron sus solicitudes de cesación de la detención preventiva (Autos Interlocutorios 568/2022 y 575/2022); programando dos audiencias virtuales de apelación que se instalaron el 2 de diciembre de 2022, a horas 9:10 y 9:50. Donde, después de escuchar en ambas, el informe de su Secretario y, corroborar sólo la concurrencia de la parte víctima del proceso penal y su abogado, y Michael Adolfo Riveros Revollo como abogado defensor; dispuso directamente la suspensión de cada actuado, sosteniendo únicamente que, la parte apelante no se encontraba presente y que por tal motivo era aplicable el art. 50 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal. De lo que concluye este Tribunal, que el Vocal demandado, con su proceder, incurrió en irregularidades que desembocaron en la lesión de los derechos de los accionantes; puesto que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, al corroborar que ninguno concurrió a sus audiencias virtuales de apelación, en lugar de disponer la suspensión directa de ambas, haciendo mención a una disposición normativa que solo describe la forma temporal de emisión de un Auto de Vista en el proceso penal (art. 50 del referido Reglamento); previamente debió adoptar, a su turno, todas las previsiones judiciales necesarias e indispensables a fin de garantizar su intervención en cada actuado; para que así, puedan ejercer su derecho a la defensa en sentido amplio (material y técnica). Más aun considerando que, se encontraba frente a pretensiones de detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Previsiones consistentes en verificar que: 1) Todos los sujetos procesales fueron notificados para intervenir en cada actuado; 2) Los impetrantes de tutela contaban en ese momento con los medios tecnológicos de comunicación necesarios y estaban siendo debidamente asesorados; 3) Su inconcurrencia a las audiencias virtuales de apelación se debía a causales atribuibles solo a ellos; 4) Se mantuvo contacto con los responsables del Centro Penitenciario a objeto de recabar información sobre la situación interna de los accionantes; 5) Como parte apelante contaban con un abogado defensor de su confianza o uno Estatal que, en última cuenta pueda intervenir en su nombre para exponer los respectivos agravios; y, 6) Otras conducentes a aquel propósito, incluso de ser necesario, tenía la atribución de hasta disponer el diferimiento de la audiencia virtual de apelación, por el plazo de cuarenta y ocho horas. Sin embargo, al evidenciarse lo contrario, configuró a las resoluciones que emitió en las audiencias virtuales de apelación -instaladas el 2 de diciembre de 2022, a horas 9:10 y 9:50- en actos arbitrarios, que en el fondo determinaron la resolución de las apelaciones incidentales de medidas cautelares, que plantearon los impetrantes de tutela contra las determinaciones judiciales que rechazaron sus solicitudes de cesación de la detención preventiva, sin su intervención y la de su abogado defensor, pese a que este, en cada actuado, sí concurrió, a quien ni siquiera se le concedió la palabra para poder desarrollar la posición de la parte apelante. Queda demostrado entonces, que el Vocal demandado, por un lado, omitió conducirse conforme al procedimiento regulado para la resolución del recurso de apelación incidental de medidas cautelares y, por ende, no cumplió con sus obligaciones como director del proceso penal en segunda instancia; extremos que el Código de Procedimiento Penal y sus modificaciones, sus protocolos y la jurisprudencia en vigor, ya reglamentaron, tal como se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; y, por otro lado, no realizó ninguna consideración sobre la situación jurídica de los accionantes, quienes, al instalarse las audiencias virtuales de apelación de 2 de diciembre de 2022, se encontraban privados de libertad; condición por la cual, sus derechos merecían una protección reforzada, ante las desventajas que supone estar recluido en un Centro Penitenciario, como el hecho que, para intervenir en los diferentes actuados, depende del actuar diligente de funcionarios judiciales y penitenciarios; puesto que, por la detención preventiva que les impusieron, no se conducen solos. En ese sentido, corresponde que las irregularidades incurridas por el Vocal demandado sean corregidas por este Tribunal, al ser manifiestamente conculcadoras de derechos; más aún, cuando se hace aplicable el principio de veracidad conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; ante el hecho que, dicha autoridad jurisdiccional no presentó ningún descargo que desvirtué los hechos denunciados por los impetrantes de tutela. Por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber denegado la tutela impetrada obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 48/2022 de 7 de diciembre, cursante de fs. 72 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, CONCEDER la tutela solicitada; disponiendo en consecuencia: 1° Dejar sin efecto las resoluciones emitidas por el Vocal demandado en las audiencias virtuales de apelación instaladas el 2 de diciembre de 2022, a horas 9:10 y 9:50; debiendo en el plazo de veinticuatro horas, programar nuevas audiencias con el objeto de resolver las apelaciones incidentales de medidas cautelares, planteadas por los accionantes contra los Autos Interlocutorios 568/2022 de 25 de noviembre y 575/2022 de 29 de noviembre; conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente, salvo que la situación jurídica de ambos haya quedado ya definida; y, 2° Llamar severamente la atención; a Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Wilge Hugo Mendoza Miranda, Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción Primero de la Capital del citado departamento, por desconocer los alcances del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal del Tribunal Supremo de Justicia y la jurisprudencia de este Tribunal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo.Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo.Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
2 SCP 1095/2022-S2 de 31 de agosto (FJ. III.1. “Sobre la facultad de acumulación procesal de las acciones constitucionales por los Jueces y Tribunales de garantías, así como las Salas Constitucionales”).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0589_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): f374641eeb4579efe6e4cc8d12ed7e3231c41f9b69ff1e92eeec5c84dfe4a8d1
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