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SCP 0589/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 11 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
11 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
52264-2022-105-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la estabilidad laboral, al pago de salarios devengados, beneficios sociales, aportes a la seguridad social y a la inamovilidad laboral; toda vez que, fue desvinculada del GAM de La Paz, alegando rescisión de su contrato de trabajo, razón por la cual acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, denunciando dicho extremo, emitiéndose la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48 D.S. 0495/ 201/2021, que determinó su inmediata reincorporación laboral, decisión que fue confirmada por la RA 071-22 y la RM 763/22; empero, no fue reincorporada a su fuente laboral.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 269/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 153 a 155, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Extemporaneidad en la presentación de la acción de amparo constitucional para solicitar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0589/2024-S2 Sucre, 11 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 52264-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 269/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 153 a 155 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hilda Ana Merlo Vásquez contra Hernán Iván Arias Duran, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 de octubre de 2022, cursantes de fs. 54 a 61, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde el 23 de agosto de 2010, trabajó en el Hospital Municipal La Merced del GAM de La Paz, bajo contratos que fueron renovados cada año; el 11 de febrero de 2014, dio a conocer que se encuentra con la custodia de su hijo menor de edad AA con discapacidad, solicitando se le otorgue la inamovilidad, por ello, desde entonces buscaron la forma de despedirla. Refiere que, el 14 de octubre de 2021, las abogadas de la Unidad de Transparencia y la entonces Directora del Hospital La Merced, ambas del GAM de La Paz, la aprehendieron por un supuesto cobro de dinero realizado a una persona, siendo conducida a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por acción directa y fue imputada por Resolución GRBT-LPZ 0023/2021 -no refiere fecha- por la presunta comisión del delito de beneficios en razón del cargo, que posteriormente mediante Auto Interlocutorio 348/2021 de 15 de octubre, el Juez de la causa -“JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LO PENAL CAUTELAR” (sic)- determinó su libertad pura y simple por no existir probabilidad de autoría. No obstante, de recuperar su libertad el 15 de octubre de 2021, al día siguiente cuando se presentó a su fuente laboral, Recursos Humanos (RR.HH.) no le permitió registrar su marcación biométrica, por órdenes de la entonces Directora de Transparencia Institucional, porque se habría rescindido su contrato de trabajo por la denuncia de la presunta comisión del delito precitado. Posteriormente, luego de acudir ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a denunciar lo sucedido, esta emitió la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021 de 24 de noviembre, para su reincorporación por estabilidad laboral, en el cargo de apoyo administrativo de admisiones del Hospital La Merced del GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales correspondientes, notificada el 31 de diciembre de 2021 y 3 de enero de 2022. Sin embargo, el 17 de enero de 2022, el GAM de La Paz interpuso recurso de revocatoria contra de la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021, la cual fue resuelta por el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz mediante Resolución Administrativa (RA) 071-22 de 14 de febrero de 2022, confirmó la señalada Conminatoria, notificada a las partes el 16 del mismo mes y año, posteriormente fue confirmada totalmente a través de la Resolución Ministerial (RM) 763/22 de 11 de julio de 2022; sin embargo, no fue reincorporada a su fuente laboral, vulnerando así su derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, pago de salarios devengados, beneficios sociales, inamovilidad laboral, a la seguridad social, al debido proceso y a la defensa, al haber sido despedida de su fuente laboral sin haberse realizado un proceso justo y sin pruebas.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la estabilidad laboral, al pago de salarios devengados, beneficios sociales, aportes a la seguridad social y a la inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 46.I.2 y II, 48, 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 incs. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). En audiencia, invocó el art. 115 de la Norma Suprema.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se dé cumplimiento “en el día” a la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021, disponiendo su reincorporación en el mismo cargo de apoyo administrativo de admisiones del Hospital Municipal La Merced del GAM de La Paz, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que corresponden a la fecha de la respectiva reincorporación.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 150 a 152, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La impetrante de tutela a través de su abogado ratificó íntegramente los argumentos expuestos en su memorial de interposición de esta acción de defensa, y en audiencia manifestó que el GAM de La Paz - Hospital Municipal La Merced no inició un proceso administrativo en su contra donde puedan demostrar lo que se le acusa, y por otra, no se le dio la oportunidad de defenderse y presentar pruebas de descargo.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Hernán Ivan Arias Duran, Alcalde del GAM de La Paz a través de su representante legal, mediante Informe escrito cursante de fs. 144 a 149 vta. y en audiencia manifestó que: a) En la determinación asumida en la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021, se evidencia la falta de fundamentación y motivación; toda vez que, en la misma se limitó a señalar el Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, cuando esta fue derogado por el Decreto Supremo (DS) 0110 de 1 de mayo de 2009; asimismo, aplicaron los arts. 21 y 22 de la Ley General del Trabajo (LGT), realizando una mala interpretación de la Ley que Incorpora a Trabajadores Asalariados de los Gobiernos Autónomos Municipales a la Ley General del Trabajo -Ley 321 de 18 de diciembre de 2012-, donde se reincorpora al ámbito de competencia de la Ley General del Trabajo al personal permanente de planta y no así al personal eventual; b) Los derechos al trabajo y estabilidad laboral de la accionante fueron respetados durante la vigencia de sus contratos hasta que fue aprehendida por un hecho de corrupción; motivo por el cual, cuenta con Resolución de Imputación Formal -no menciona fecha-dentro el caso 201102012107476 que se encuentra en fase investigativa; c) Dentro las evaluaciones realizadas a la impetrante de tutela, su calificación fue baja con recomendaciones de desvinculación del área laboral; d) La presunción de relación laboral indefinida y su reincorporación a la Ley General del Trabajo, es atribución que le compete a un Juez Laboral a través de un proceso laboral en la justicia ordinaria y no así a la jurisdicción constitucional; e) La citada Conminatoria es ambigua, porque se limitó a señalar los alcances del art. 21 de la LGT, bajo una incorrecta interpretación de la Ley 321; empero, no se pronunció sobre las contrataciones de servidores públicos municipales, por ende, carece de fundamentación y motivación, porque no señalaron la cantidad de contratos que fueron suscritos ni la naturaleza de la contratación, tampoco respecto a la planilla 121, hechos que al no haber sido fundamentados no pueden cumplirse, por cuanto, se constituyen en “hechos controvertidos”, porque un supuesto derecho de pago de salarios devengados pueden ocasionar un daño económico al Estado, correspondiendo que estos “derechos controvertidos” sean resueltos por un juez natural; f) Los contratos suscritos desde la gestión 2016 siguen sujetos a la Ley de Municipalidades y posteriormente a los arts. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- y 60 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (NBSAP) aprobado mediante DS 26115 de 16 de marzo de 2001, así como de la normativa interna en el Decreto Municipal 007 de 2013, que aprueba el Reglamento para la Contratación de Personal Eventual en el GAM de La Paz; y, g) La Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, establece que cuando las conminatorias no son debidamente fundamentadas ni motivadas es el Tribunal de garantías quien tiene que decidir sobre su procedencia o no en su cumplimiento, conforme lo dispuesto por la SCP 0965/2017-S3 de 20 de septiembre; por cuanto, solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante la Resolución 269/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 153 a 155, denegó la tutela solicitada, por no cumplirse con los presupuestos procesales. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) La acción de amparo constitucional por reincorporación laboral está sujeta a plazos de caducidad, por ello, se tiene el plazo de seis meses a partir de la notificación con la conminatoria para interponer este medio de defensa, considerando que la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021 fue emitida el 24 de noviembre, aparentemente notificada el 31 de diciembre del mismo año y la presente acción tutelar fue interpuesta el 4 de octubre de 2022, luego de diez meses de haberse emitido la citada conminatoria; y, 2) En la presente causa no se puede alegar que el recurso jerárquico habilita el plazo para la interposición de la acción de amparo constitucional; toda vez que, independientemente de que los recursos de alzada se encuentren pendientes, debe considerarse que la citada conminatoria fue de conocimiento de la accionante el 31 de diciembre de 2021, por ende, denota la existencia de la imposibilidad de ingresar al fondo por caducidad y por inobservancia del principio de inmediatez.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes, que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. Cursa carnet de discapacidad del menor de edad AA -hijo de Hilda Ana Merlo Vásquez -ahora accionante- con discapacidad física - motora del 49%, con fecha de vencimiento 21 de marzo de 2023 (fs. 4).

II.2. Consta Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021 de 24 de noviembre, de reincorporación por estabilidad laboral de la impetrante de tutela en el mismo cargo que ejercía antes de su desvinculación, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y laborales que correspondan a la fecha de su reincorporación, dirigida al Alcalde del GAM de La Paz, habiendo sido notificada a la prenombrada el 31 de diciembre del mismo año (fs. 5 a 10). II.3. Mediante Informe J.D.T.L.P.-RJEC-VR-025/2022 de 3 de febrero, el Inspector de Trabajo de la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, señaló que de la verificación realizada se evidencia que el GAM de La Paz no dio cumplimiento a la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021 (fs. 13 y vta.). II.4. A través de la RA 071-22 de 14 de febrero de 2022, la Jefa Departamental de Trabajo de La Paz, confirmó la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021, rechazando el recurso de revocatoria interpuesta por el GAM de La Paz que hubiera presentado el 17 de enero de 2022. Decisión notificada a la accionante el 16 de febrero del mismo año (fs. 15 a 18). II.5. Mediante RM 763/22 de 11 de julio de 2022, la Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social confirmó totalmente la RA 071-22 y la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021. Notificada a la impetrante de tutela el 14 de julio de 2022 (fs. 19 a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, al trabajo, a la estabilidad laboral, al pago de salarios devengados, beneficios sociales, aportes a la seguridad social y a la inamovilidad laboral; toda vez que, fue desvinculada del GAM de La Paz, alegando rescisión de su contrato de trabajo, razón por la cual acudió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz, denunciando dicho extremo, emitiéndose la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48 D.S. 0495/ 201/2021, que determinó su inmediata reincorporación laboral, decisión que fue confirmada por la RA 071-22 y la RM 763/22; empero, no fue reincorporada a su fuente laboral.

En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional

Al respecto, la SCP 0366/2018-S1 de 31 de julio, citando a su vez a la SC 481/2002-R de 24 de abril, estableció que: ‘“…la inmediatez es una de las características esenciales del Recurso de Amparo como garantía constitucional, lo cual importa que la persona que se cree agraviada en sus derechos fundamentales debe acudir a esta vía en forma rápida a fin de que se le preste la protección oportunamente, siempre que demuestra el acto ilegal o la omisión indebida que acusa’. Del mismo modo, la SC 1773/2004-R de 11 de noviembre, concluyó señalando que: ‘…es preciso aclarar que el principio de inmediatez del amparo constitucional tiene un doble efecto, el primero, positivo referido a que a través de esta vía la jurisdicción constitucional deberá brindar una protección inmediata y oportuna al derecho fundamental restringido o suprimido de manera ilegal o indebida, y, el segundo, negativo está referido a que el titular del derecho fundamental vulnerado deberá presentar el recurso de manera inmediata, máximo dentro de los seis meses de conocido el supuesto acto ilegal o la última actuación, siempre que la parte recurrente hubiese utilizado todos los medios y recursos idóneos…’. La actual Constitución Política del Estado, en su art. 129.II dispone, que: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’; disposición reiterada por el Código Procesal Constitucional en su art. 55.I, que establece: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho’. Así, la SCP 0169/2015-S3 de 6 de marzo, sostuvo que: “De acuerdo a la citada normativa constitucional, se concluye que la norma procesal constitucional ha establecido que el cómputo del plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, es desde la comisión de los actos denunciados o el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, esta última condición normativa debe ser analizada en cada caso en concreto tomando en cuenta las particularidades que puedan presentarse”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. Extemporaneidad en la presentación de la acción de amparo constitucional para solicitar el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral

Sobre el tópico, la SCP 1237/2022-S3 de 26 de septiembre, citando a su vez a la SCP 0076/2017-S3 de 24 de febrero, sostuvo que: [«El art. 10 del Decreto Supremo (DS) 28699, modificado por el Artículo Único II del DS 0495, establece que: “IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y (…) podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’-se aclara que la palabra ‘únicamente’ del parágrafo IV, fue declarada inconstitucional por SCP 0591/2012 de 20 de julio-; ello, es concordante con lo determinado en el art. 2 de la Resolución Ministerial 868/10 de 26 de octubre de 2010, que estipula lo siguiente: ‘IX. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y no admite recurso ulterior alguno, pudiendo únicamente ser impugnada en la vía judicial cuya interposición no implica la suspensión de la reincorporación’, esa misma norma en su art. 3, prevé que: ‘Ante el incumplimiento de la Reincorporación instruida, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’. Bajo ese contexto, cabe reiterar lo establecido en la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, la cual concluyó que: En la SCP 0809/2012 de 20 de agosto, se estableció que el plazo comienza a computarse desde la notificación con la conminatoria de reincorporación, señalando: ‘EPSA BUSTILLO Mancomunitaria Social, fue notificada con la Resolución Administrativa de conminatoria de reincorporación el 13 de octubre de 2011, conforme se evidencia por el sello de recepción que cursa en la parte superior de fs. 4, y la acción de amparo constitucional fue presentada el 2 de mayo de 2012, conforme el cargo de recepción de fs. 16 vta., advirtiéndose que la presentación estuvo fuera del plazo de seis meses para cumplir el principio de inmediatez, establecido en la Norma Suprema y la jurisprudencia constitucional (…) por lo que la accionante no puede pretender que se active la jurisdicción constitucional para la protección de sus derechos, luego de haber precluido su derecho para accionar en esta vía, lo contrario implicaría, desconocer la naturaleza y los principios rectores de esta acción”’»] (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

Identificado el objeto procesal y previo al examen de fondo de este, es importante delimitar el reclamo que motivó la interposición de esta acción tutelar y la pretensión de la accionante, sobre el cumplimiento de la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021 de 24 de noviembre, por estabilidad laboral emitida en su favor, para ello es necesario verificar previamente que la prenombrada haya efectivizado el cumplimiento del principio de inmediatez, requisito indispensable y característico de la acción de amparo constitucional, considerado un presupuesto procesal-constitucional a partir del cual opera el control tutelar de constitucionalidad ejercido por este Tribunal, entendimiento jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; toda vez que, la persona que considere agraviado sus derechos fundamentales, debe acudir a esta instancia de forma inmediata con la finalidad de recibir protección suficiente.

Bajo ese contexto, es necesario precisar la situación fáctica planteada a partir de la revisión de antecedentes adjuntos de los cuales se advierte que a través de la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021, el Jefe Departamental de Trabajo de La Paz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conminó a la entidad ahora accionada, reincorpore a la impetrante de tutela por estabilidad laboral, a su fuente de trabajo, al mismo cargo que ocupaba, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales y labores que correspondan a la fecha de su respectiva reincorporación (Conclusión II.2), determinación que fue objeto de verificación mediante Informe J.D.T.L.P.-RJEC-VR-025/2022 de 3 de febrero (Conclusión II.3), en el cual consta que no fue reincorporada; sin embargo, fue impugnada por la entidad accionada a través de memorial de 17 de enero de 2022, la cual fue resuelta por RA 071-22 de 14 de febrero de 2022 y posteriormente confirmada totalmente por RM 763/22 de 11 de julio de 2022 (Conclusiones II.4 y II.5).

Respecto a la notificación de la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021 la entidad accionada en calidad de empleadora, si bien en antecedentes no se adjunta la notificación expresa realizada a dicha entidad; sin embargo, de la revisión al contenido de la RA 071-22, se advierte que el Recurso de Revocatoria hubiera sido formulado ante la Jefatura Departamental de Trabajo de La Paz el 17 de enero de 2022 (fs. 16 vta.); por lo que, en mérito al principio de verdad material, se concluye que dicho recurso fue formulado una vez que la notificación con la citada conminatoria fue efectivizada con fecha anterior a la interposición del señalado recurso.

A partir de lo precisado, corresponde considerar los entendimientos jurisprudenciales desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en las cuales respecto al cómputo del plazo de inmediatez establece que la reincorporación laboral a efecto de una conminatoria emitida en la vía administrativa, empieza a correr a partir del momento en que el empleador se rehúse a cumplir la conminatoria, luego de su legal notificación, conforme lo dispuesto por el art. 10.IV y V del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, modificado por el artículo único del DS 0495 de 1 de mayo de 2010, que refiere que la impugnación a dicho acto administrativo no conlleva la suspensión de su ejecución, por ende, la trabajadora o trabajador puede interponer las acciones constitucionales correspondientes.

De lo expuesto, en el caso motivo de análisis se evidencia que la impetrante de tutela, no dio cumplimiento con el principio de inmediatez en el entendido de que conforme a las aseveraciones realizadas por la prenombrada en el sustento argumentativo de la presente demanda de acción tutelar, señaló que, no obstante, de la emisión de la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021 a su favor, esta no fue cumplida por la entidad accionada en calidad de empleadora, pese que tomó conocimiento a través de su notificación, corroborado por el Informe J.D.T.L.P.-RJEC-VR-025/2022 de 3 de febrero, del cual se constata el incumplimiento de la conminatoria; por lo que, considerando el 17 de enero de 2022, como fecha máxima de su notificación, y por otra, tomando en cuenta que la presente acción de defensa fue interpuesta de manera extemporánea el 4 de octubre del mismo año, se concluye que esta fue presentada después de más de ocho meses desde que la entidad empleadora fue notificada con la determinación administrativa que dispuso su reincorporación laboral por estabilidad laboral que posteriormente omitió su cumplimiento. A esta altura del análisis, en relación a la condición de progenitora o tutora de su hijo menor de edad AA con discapacidad que invoca la accionante a efecto de sustentar su derecho a la inamovilidad laboral, adjuntando para ello el carnet de discapacidad del nombrado (Conclusión II.1), amerita aclarar que ante la denuncia de lesión de derechos y garantías de personas en situación de vulnerabilidad, este Tribunal ingresa de manera directa al análisis del caso concreto a efecto de la tutela de sus derechos y garantías; es decir, sin que sea exigible que la parte accionante demuestre la existencia de una conminatoria de reincorporación laboral o en su caso, el agotamiento previo de mecanismos administrativos o jurisdiccionales aplicables a la materia; sin embargo, en el presente caso, se ve impedido de efectuar el control constitucional tutelar pertinente, por cuanto de todos modos la accionante no cumplió con el plazo de inmediatez que, en dichas circunstancias, debería computarse desde la fecha de su desvinculación laboral que, se asume, ocurrió en octubre de 2021 -de acuerdo al detalle de hechos contenidos en la Conminatoria J.D.T.-L.P./C.P.E. ART. 48/D.S. 0495/ 201/2021-. Bajo ese entendimiento, considerado que la presente acción tutelar fue interpuesta fuera del plazo de seis meses, conforme lo establecido por el art. 129.II de la CPE concordante con el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde denegar la tutela impetrada, por la citada causal reglada de improcedencia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 269/2022 de 9 de noviembre, cursante de fs. 153 a 155, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0589_2024-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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