Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 15 de junio de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que el Director y el Jefe de Seguridad Interna, ambos del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de La Paz -ahora accionados-, vulneraron sus derechos al debido proceso y a la libertad; así como a la vida, a la salud y a la dignidad; debido a que, en cumplimiento de la detención preventiva que cumple, se lo trasladó de manera arbitraria e ilegal a una “celda de castigo” o al “bote”, agravándose así las condiciones de restricción a su libertad de manera desproporcional y al margen de los parámetros establecidos en la Ley; pues no cometió ninguna falta, ni se le inició o notificó con ningún proceso previo ni permitió impugnar esta determinación, sino que se dio por la influencia de terceras personas y un abuso de autoridad; además que, no puede acceder a medicamentos y comparte celda con personas peligrosas, y también recibió amenazas de muerte -no se especifica de quienes-.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela únicamente con relación al derecho a la dignidad y a la salud, con base en lo expuesto en el Fundamentos Jurídico III.3 de este fallo constitucional y en los mismos términos de la Jueza de garantías; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos al debido proceso, a la libertad y a la vida, en atención a los fundamentos jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0589/2023-S3 Sucre, 15 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 46451-2022-93-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gunnar Mauricio Rendón Mejía en representación sin mandato de Ángel Esteban Castellanos Costas contra Cristian Mario García Peñaranda, Director; y, Julio Miranda Ocampo, Jefe de Seguridad Interna, ambos del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 17 de marzo de 2022, cursante de fs. 26 a 30, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Se encuentra cumpliendo la medida cautelar de detención preventiva desde el 15 de marzo de 2022, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, en el que de manera arbitraria e ilegal y sin ningún escrúpulo, se lo trasladó al “bote” -celda de castigo-, pese a que no cometió ninguna falta, ni se le inició un proceso previo administrativo o penal. Por lo que, supone que el motivo se debería a que las autoridades policiales a cargo del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, en abuso de autoridad, cumplen una “consigna” emitida mediante el Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana, por influencia de la “FAMILIA AÑEZ”; por lo que, se atenta contra su vida, salud y dignidad, ahora en su condición de interno, debido a que ni siquiera puede acceder a medicamentos y comparte celda con personas peligrosas y también recibió amenazas de muerte -no se especifica de quienes-.
En tal sentido, la “sanción” que cumple debió imponerse en el marco de lo establecido en la Ley, en esa línea, la jurisprudencia constitucional -Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2095/2013 de 18 de noviembre y 0076/2017-S2 de 20 de febrero- admite que los detenidos preventivos están sujetos a un régimen disciplinario; sin embargo, el traslado a un recinto más riguroso, tiene por finalidad garantizar la seguridad, el orden y la convivencia pacífica de los privados de libertad, así como estimular el sentido de responsabilidad y la capacidad de autocontrol; por lo que, debe imponerse bajo los parámetros y condiciones previstas en los arts. 2, 5, 30, 117 y 120 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001- y 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE); ya que lo contrario significaría un agravamiento de la detención preventiva. Además, en la SCP 1422/2014 de 7 de julio, el Tribunal Constitucional Plurinacional estableció que el director del establecimiento penitenciario es responsable de imponer, suspender o dar por cumplida una sanción, debiendo la resolución ser emitida de manera fundamentada y previa audiencia y que las sanciones por faltas graves o muy graves pueden ser apelables ante el Juez de Ejecución Penal. Por lo que, el Director del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, debió dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Ley, pues no podía darse anticipadamente la “sanción”. Por otro lado, las medidas que se impongan en el régimen penitenciario deben regirse por el principio de proporcionalidad, que requieren una ponderación y valoración razonable, que resguarde la dignidad humana y evite el agravamiento de las condiciones de su restricción de libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; así como a la vida, salud y dignidad; citando al efecto los arts. 22, 23 y 115 de la CPE; 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se lo reubique en el “…PC4 REGIMEN ABIERTO…” (sic) y cese la sanción anticipada; b) Se reparen los agravios sufridos con el ilegal traslado; c) La remisión de antecedentes al Ministerio Público por ser previsible la concurrencia de tipos penales establecidos en los arts. “…153 y 154 del CPP…” (sic), además a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (DIDIPI); d) La imposición de costas, daños y perjuicios a la autoridad accionada; y, e) Se le otorguen garantías correspondientes a fin de evitar futuras represalias en su contra. Asimismo, en audiencia de consideración de esta acción de libertad solicitó que se realice una investigación a la ejecución del plan de contingencia.
Celebrada la audiencia pública virtual el 18 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 49, presentes la parte accionante; así como el abogado de las autoridades accionadas, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante mediante su representante sin mandato, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia, manifestó que: 1) El plan de contingencia de catorce días de observación al que hacen referencia los accionados atenta contra su derechos “…es un simple papel…” (sic), al que ni siquiera están dando cumplimiento, ya que entre otras medidas, establece que toda persona que entre al Centro Penitenciario, deberá mantener por lo menos un metro de distancia, además que se deben tomar todas las medidas de bioseguridad e higiene que no se está adoptando, ni siquiera respiratorias; al contrario se agravó la vulnerabilidad de su representado, ya que está encerrado con ochenta internos aglomerados en una celda, en una condición inhumana, duerme en el piso, no tiene condiciones de higiene ni de salud, no tienen barbijos, alcohol, “…el señor ni siquiera puede echarse porque lo hacen parar…” (sic); 2) Su vida se encuentra en peligro, así como su salud, ya que están aumentando otra vez los contagios por el Coronavirus (COVID-19), por ello no puede aguardarse a que llegue una nueva ola del COVID-19 para entrar en colapso; 3) Una celda de castigo, no es una celda de contingencia ni medida de bioseguridad, como manifiesta la parte accionada, ya que esta situación se encuentra regulada por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión; por lo que, tiene derecho a que se lo reubique en un régimen abierto “PC-4”; 4) Los accionados no presentaron ni siquiera un informe del por qué estuviera cumpliendo una sanción o si hubiera infringido la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, más al contrario presentaron un “plan de contingencia” que no tiene acceso a un médico como debería darse “y demás situaciones”; 5) Con relación al principio de subsidiariedad, la SCP 2150/2013 de 21 de noviembre, señala que existe excepciones al mismo, porque su vida se encuentra en peligro, máxime en situación del Coronavirus COVID-19 “…porque el mismo no está recibiendo ningún plan de contingencia por el Gobernador y el sub Alcalde más al contrario existen a la fecha y me atrevo a decir señor juez que los obligan a todos los internos a establecer así a las celdas con el fin de querer reubicarlos y demás y eso genera hechos de corrupción con la finalidad de que los reubiquen a un lugar para que se pague y demás cosas…” (sic); asimismo, la SCP 1207/2017-S1 de 15 de noviembre, estableció que la administración de justicia debe ser inclusiva y se debe limitar la aplicación de formalidades y “rituales”, previstos en la norma jurídica; y, 6) Su abogado se apersonó con sus padres al Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz y se percataron que este se encontraba aglomerado con ochenta personas sin barbijos, sin medidas de bioseguridad; entonces es así que se ejecuta el plan de contingencia; por lo que, el informe de los accionados no condice con la verdad material, ya que conversaron con el Director de este Centro Penitenciario -hoy accionado-, quien les mencionó de manera textual que está recibiendo una instrucción del Comando Departamental de Santa Cruz de la Policía Boliviana para ser castigado. El impetrante de tutela a través de su intervención directa, manifestó que es una realidad que se encuentra en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, con unos noventa a cien privados de libertad, que duermen “codo a codo”, con una calor que supera los cuarenta grados centígrados, con alergias y ronchas por la humedad en el ambiente, condiciones inhumanas, varias personas enfermas que se encuentran tosiendo, agripados; asimismo, todos los días ingresa más gente al citado Centro Penitenciario y no puede ni salir ni siquiera a tomar el sol “…y demás otras cosas del ambiente” (sic).
Cristian Mario García Peñaranda, Director; y, Julio Miranda Ocampo, Jefe de Seguridad Interna, ambos del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito, cursante de fs. 46 a 47 vta., solicitaron que se deniegue la tutela impetrada, con base a los siguientes fundamentos: i) No se le vulneró su derecho a la libre locomoción ni está detenido arbitrariamente, ya que fue conducido al referido Centro Penitenciario el 15 de marzo de 2022, por orden de autoridad competente a la que se está dando cumplimiento; ii) No es evidente la aseveración de que se le condujo al “bote”, ya que en ningún momento ingresó a otro recinto que no sea el PC3, PC4, PC5, PC6 y PC7, sino que el lugar donde se encuentra es un ambiente al que llegan todos los privados de libertad en primera instancia, a fin de dar cumplimiento al Plan de Contención en Centros Penitenciarios en Bolivia frente al Coronavirus COVID-19, el cual menciona que los privados de libertad con ingreso reciente, deben ser examinados por el personal médico, según lo establecido en el art. 23 de la LEPS, tomando las medidas de bioseguridad correspondiente, posteriormente deben ser puestos en observación por el lapso de catorce días como mínimo, en lugares de contención u otros previstos por la administración de cada Centro Penitenciario, lo cual es de conocimiento público; iii) En el presente caso dieron cumplimiento a lo establecido en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión y su Reglamento, además que en su condición de Director y Jefe de Seguridad Interna, ambos del citado Centro Penitenciario cumplieron a cabalidad los procedimientos y los protocolos de seguridad que corresponden para resguardar el contagio de los privados de libertad; asimismo, tener al accionante en el ambiente mencionado no es un atentado contra su vida ni se lesionó ningún derecho reconocido en la Constitución Política del Estado; y, iv) El impetrante de tutela antes de acudir a la jurisdicción constitucional debió agotar instancia ante su “juez natural” a fin de hacer conocer la supuesta vulneración a sus derechos o acudir a su autoridad, conforme lo previsto en el art. 40 de la LEPS.
La Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías por Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., concedió la tutela solicitada; y, en consecuencia, precautelando la salud del accionante, ordenó que sea trasladado al “régimen abierto” o a un espacio que no sea el “bote” exclusivo para cumplir los catorce días de aislamiento, a fin de cumplir con el Plan de Contención en Centros Penitenciarios de Bolivia frente al Coronavirus COVID-19 “…pero estos deberán ser distintos a las personas que están con alguna resolución, con una sanción disciplinaria, divididos de las personas que están ingresando y que están también en una cuarentena observando a efectos que no se expanda la enfermedad…” (sic). Determinación asumida, con base en los siguientes argumentos: a) La acción de libertad, se rige por el principio de presunción de veracidad y el informalismo; además que por la naturaleza de esta acción de defensa, ésta se orienta a la protección inmediata de derechos, sea de restricción de libertad, salud o libre locomoción; b) Existe la excepción al principio de subsidiariedad, cuando emerge o previene de un “…derecho superior que necesita ser protegido, precautelado de manera inmediata…” (sic); por lo que, no debe ser tan riguroso, el solicitar que se restituyan sus derechos; c) Los accionados informan que el traslado al denominado “bote” es totalmente falso, ya que se encuentra en un ambiente donde llegan todos los privados de libertad en una primera instancia para dar cumplimiento al Plan de Contención en Centros Penitenciarios en Bolivia frente al Coronavirus COVID-19; en tal sentido, la parte accionada debió demostrar cuál es ese ambiente que mencionan y en el que el impetrante de tutela se encuentra; es decir, no se demostró, presentó ni estableció cuál es ese lugar en el que los detenidos preventivos realizan su observación o “…cuarentena de 14 días…” (sic) con carácter previo a su traslado al régimen abierto; por lo que, en este caso aplica el principio de presunción de veracidad; y, d) Se debe velar por la protección del derecho a la salud; por lo cual, debe existir un ambiente en el que los catorce días los privados de libertad tengan tratos muy específicos y muy por encima resguardar este derecho, conforme a los más altos estándares de protección de los derechos de personas privadas de libertad, de quienes con excepción de su derecho de libertad de locomoción, todos los demás derechos se encuentran intactos y es deber de las autoridades proteger los mismos; ya que no es posible que se tenga en un mismo ambiente a tantas personas sin las condiciones necesarias para que tenga el trato digno que merecen.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Plan de Contención en Centros Penitenciarios de Bolivia frente al Coronavirus (COVID-19), correspondiente a la Dirección General de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, que en el punto IV, instituyen medidas específicas; entre ellas: “1. Del ingreso al Recinto Penitenciario: Toda persona que ingrese a un Recinto Penitenciario debe llevar puesto implementos de bioseguridad (barbijo mínimamente). Se debe tomar una distancia de 1 metro de separación entre persona y persona. Deben abstenerse a ingresar a un Centro Penitenciario personas que tengan algún síntoma de resfrío (tos, fiebre, catarro). Al ingreso de la puerta de cada Recinto se debe colocar alfombras, pisos o recipientes con hipoclorito de sodio para la desinfección de los calzados, asimismo debe realizarse el lavado de las manos con agua y jabón o desinfectarse para manos. Los privados de libertad que sean de ingreso nuevo en cada Centro Penitenciario deben ser examinados por el personal médico, según lo establecido en el Art. 23 (Revisión Médica]) de la Ley N° 2298, tomando las medidas de bioseguridad correspondiente, posteriormente deben ser puestos en observación por el lapso de 14 días como mínimo en lugares de contención u otros previstos por la administración penitenciaria de cada recinto” (sic [fs. 44 a 45]).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que el Director y el Jefe de Seguridad Interna, ambos del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de La Paz -ahora accionados-, vulneraron sus derechos al debido proceso y a la libertad; así como a la vida, a la salud y a la dignidad; debido a que, en cumplimiento de la detención preventiva que cumple, se lo trasladó de manera arbitraria e ilegal a una “celda de castigo” o al “bote”, agravándose así las condiciones de restricción a su libertad de manera desproporcional y al margen de los parámetros establecidos en la Ley; pues no cometió ninguna falta, ni se le inició o notificó con ningún proceso previo ni permitió impugnar esta determinación, sino que se dio por la influencia de terceras personas y un abuso de autoridad; además que, no puede acceder a medicamentos y comparte celda con personas peligrosas, y también recibió amenazas de muerte -no se especifica de quienes-.
En consecuencia, corresponde en revisión determinar, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Esta acción tutelar, se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, que a su letra faculta: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Norma constitucional concordante con el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro; en cuyo marco, la SCP 1156/2013 de 26 de julio, concluyó que: “Con la finalidad de cumplir en su real magnitud el mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y para consagrar en el Estado Plurinacional de Bolivia una garantía jurisdiccional efectiva, es imperante sistematizar la tipificación de este mecanismo constitucional de defensa, tarea que será desarrollada a partir del desarrollo jurisprudencial efectuado por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, en un análisis sistémico con las SSCC 0008/2010-R; 0080/2010-R y la SCP 0185/2012. En el marco de lo señalado, debe precisarse que en el Estado Plurinacional de Bolivia, al configurarse la acción de libertad como una garantía constitucional de naturaleza adjetiva, inequívocamente en el marco de los postulados del Estado Constitucional de Derecho, ésta tiene una naturaleza jurídica progresiva, por cuanto, debe ser interpretada a la luz de una pauta hermenéutica evolutiva, en mérito de la cual, su contenido esencial no puede mantenerse estático en el tiempo con un reconocimiento limitado únicamente al tenor literal del art. 125 de la CPE, sino por el contrario, su activación, en una interpretación extensiva, debe comprender también supuestos que en una interpretación sistémica, tutelen de manera eficaz tanto el derecho a la vida como a la libertad en una comprensión amplia de supuestos que pudieran afectarlos, por esta razón, en una interpretación progresiva del art. 125 de la Constitución, es imperante detallar y sistematizar la clasificación de la acción de libertad en los cinco tipos específicos, los cuales no se consideran una construcción dogmática concluida en mérito a la naturaleza evolutiva de la acción de libertad; en ese orden la tipología de la acción de libertad en el Estado Plurinacional de Bolivia se resume en los siguientes términos:
1) Acción de libertad reparadora
Esta tipología ya fue contemplada por la SC 0044/2010-R de 20 de abril y está vinculada con uno de los supuestos expresamente disciplinados por el art. 125 de la CPE: la libertad personal, ya sea física o de locomoción; en ese contexto, a través de la activación del control tutelar de constitucionalidad en relación a este mecanismo, se busca la restitución al derecho fundamental antes citado.
En este marco, en una interpretación sistémica de la tipología antes señalada a la luz de las sentencias 0008/2010-R; 0080/2010-R y 0185/2012, se tiene que la acción de libertad reparadora, se configura como una acción tutelar frente a privaciones o limitaciones arbitrarias, indebidas o ilegales de la libertad física o de locomoción y su activación estará condicionada al agotamiento previo de los mecanismos intra-procesales idóneos de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico, salvo el caso en el cual, no se esté ejerciendo un control jurisdiccional, situación en la cual, la persona afectada, podrá activar directamente la acción de libertad, sin necesidad de agotar previamente ninguna instancia. 2) Acción de libertad preventiva La acción de libertad preventiva, tiene la finalidad de evitar la consumación de lesiones a la libertad física o de locomoción, en ese contexto, esta tipología, se encuentra vinculada a un presupuesto específico regulado por el art. 125 de la CPE, La persecución ilegal; en ese orden, y siguiendo el razonamiento plasmado en la SC 0044/2010-R, debe precisarse que la acción de libertad preventiva, tiene en el orden constitucional vigente, dos modalidades específicas: i) La acción de libertad preventiva propiamente tal
A través de esta tipología, se tutela toda persecución considerada ilegal por haberse expedido al margen o en inobservancia de las formas y presupuestos procesales vigentes, órdenes o mandamientos de aprehensión, captura, condena u otras, que supriman, limiten o imposibiliten el ejercicio pleno de la libertad física o de locomoción.
Ahora bien, en una interpretación sistémica de la jurisprudencia vigente, se establece que para la activación de la acción de libertad para los supuestos antes descritos, debe previamente activarse los mecanismos intra-procesales idóneos de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico, salvo el caso en el cual, no se esté ejerciendo un control jurisdiccional, situación en la cual, la persona afectada, podrá activar directamente la acción de libertad, sin necesidad de agotar previamente ninguna instancia. ii) La acción de libertad preventiva de naturaleza restringida
Esta tipología, se configura también como un medio de tutela frente a persecuciones ilegales, provocadas por todo acto que implique hostigamiento, búsqueda o persecución sin causa jurídica alguna. En ese orden, para estos supuestos, siendo que en relación a ellos no existe control jurisdiccional activado, la acción de libertad podrá ser interpuesta de manera directa.
3) Acción de libertad correctiva
Esta tipología se establece a partir de una interpretación progresiva del art. 125 de la CPE, en el presupuesto referente a la libertad personal; en ese orden, siguiendo el criterio de la SC 0044/2010-R, este mecanismo tutelar evita que se agraven arbitraria e ilegalmente las condiciones de las personas privadas de libertad. En el supuesto antes señalado, la persona o personas afectadas por una situación que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad correctiva, antes de activar este mecanismo, deberán acudir ante la autoridad encargada del control jurisdiccional ya sea en etapa de desarrollo del proceso penal o en etapa de ejecución de sentencia, según sea el caso, salvo que exista una vinculación directa del acto lesivo con el derecho a la vida, situación en la cual, se podrá activar la acción de libertad de manera directa.
4) Acción de libertad instructiva
Esta tipología, está vinculada con la tutela a la vida, tal como lo señaló la SC 0044/2010-R, en este contexto, en armonía con la concepción del Estado Constitucional de Derecho, en el Estado Plurinacional de Bolivia, debe interpretarse que la tutela a la vida a través de la acción de libertad, no solamente debe estar restringida a supuestos en los cuales la vida esté vinculada a la libertad, sino en virtud a una interpretación extensiva de derechos, debe establecerse que la acción de libertad en su modalidad instructiva, contempla cualquier amenaza o limitación al derecho a la vida o la integridad física. Para este supuesto, asumiendo el entendimiento de la SC 0008/2010-R, la persona o personas afectadas, no necesitan agotar ningún mecanismo intra-procesal de defensa, ya que la acción de libertad tipificada como instructiva, activa el control tutelar de constitucionalidad de manera directa.
5) Acción de libertad expeditiva o de pronto despacho
En una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE, la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, tiene la finalidad de tutelar una garantía sustantiva esencial: La celeridad procesal vinculada a la libertad física o de locomoción.
En este contexto es preciso establecer que la activación de la acción de libertad expeditiva o de pronto despacho, no necesita el agotamiento previo de mecanismos intra-procesales y puede ser interpuesta de manera directa” (las negrillas son nuestras).
La SC 0650/2004-R de 4 de mayo, cuyo entendimiento fue confirmado por las SSCC 0245/2007-R de 10 de abril, 0478/2011-R de 18 de abril, y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0872/2016-S1 de 20 de septiembre, y 0989/2017-S2 de 25 de septiembre, entre otras, determinó: “…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus -hoy acción de libertad- y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso” (las negrillas nos pertenecen).
Asimismo, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, que fue citada en la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, y la SCP 1054/2017-S1 de 11 de septiembre, entre otras señalaron que: “…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley” (las negrillas nos corresponden).
En consecuencia, la autoridad accionada en una acción de libertad, tiene la carga de la prueba y se halla constreñido a desvirtuar la lesión o amenaza de vulneración del derecho, que se les atribuye, siempre que la denuncia haya sido puesta a su conocimiento y de acuerdo a las formalidades previstas por la Ley, en su defecto se tendrían por probados los hechos consignados en la denuncia.
En la problemática jurídica planteada, el accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que el Director y el Jefe de Seguridad Interna, ambos del Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz -hoy accionados- vulneraron sus derechos al debido proceso y a la libertad; así como a la vida, a la salud y a la dignidad; debido a que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, se le impuso la medida de detención preventiva en el referido Centro Penitenciario, desde el 15 de marzo de 2022, momento en el cual fue trasladado de manera arbitraria e ilegal a una “celda de castigo” o al “bote”, agravándose así las condiciones de restricción a su libertad de manera desproporcional y al margen de los parámetros establecidos en la Ley; pues no cometió ninguna falta, ni se le inició o notificó con ningún proceso previo ni permitió impugnar esta determinación; además que, no puede acceder a medicamentos ni mucho menos se tomó las medidas de bioseguridad e higiene, por el contrario existió un hacinamiento al existir más de ochenta internos aglomerados en un misma celda -de quienes también recibió amenazas de muerte-;
aspectos que agravaron su situación de privado de libertad, dejándole en un estado de vulnerabilidad. En ese contexto, y conforme se tiene glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se agrava de manera arbitraria e ilegal las condiciones de las personas privadas de libertad, estos hechos deben ser puestos previamente a conocimiento de la autoridad encargada del control jurisdiccional, ya sea en etapa de desarrollo del proceso penal o en etapa de ejecución de sentencia, salvo que exista una vinculación directa del acto lesivo con el derecho a la vida, situación en la cual, se podrá activar la acción de libertad de manera directa; por lo que, en razón a la importancia de tal derecho constitucional, corresponde ingresar al análisis de fondo del caso concreto -prescindiendo del principio de subsidiariedad excepcional-; es decir, respecto a si las aseveraciones del accionante en el sentido de que su traslado a una celda de contención, atenta o no contra el debido proceso y su vida. Ingresando a la verificación constitucional de lo denunciado por el accionante y ampliado en audiencia de acción de libertad con relación a la vulneración de su derecho al debido proceso y a la vida, se tiene que, la denuncia de que los accionados dispusieron su traslado de forma arbitraria e ilegal a una celda de castigo, sin que haya cometido ninguna falta, ni mucho menos se le inició o notificó con un proceso previo, traslado que también pone en riesgo su vida; ya que, dicha celda se encuentra hacinada con varios internos -de quienes recibe amenazas- sin respetarse las medidas de higiene y bioseguridad -entre ellos la distancia de un metro- como tampoco tuvo acceso a medicamentos, aspecto que le deja en un estado de vulnerabilidad. En tal sentido, a efectos de corroborar si los argumentos del accionante en relación a que los accionados no hubieran actuado en estricto apego a la norma, concierne analizar previamente el Plan de Contención en Centros Penitenciarios de Bolivia frente al Coronavirus COVID-19 (Conclusión II.1), normativa que regula el procedimiento para ordenar el traslado de un detenido preventivo a lugares de contención previstos por la administración penitenciaria de cada centro penitenciario. Así, se tiene que dicho procedimiento se encuentra establecido en el punto IV en donde se instituyen medidas específicas; entre ellas: “1. Del ingreso al Recinto Penitenciario: Toda persona que ingrese a un Recinto Penitenciario debe llevar puesto implementos de bioseguridad (barbijo mínimamente). Se debe tomar una distancia de 1 metro de separación entre persona y persona. Deben abstenerse a ingresar a un Centro Penitenciario personas que tengan algún síntoma de resfrío (tos, fiebre, catarro). Al ingreso de la puerta de cada Recinto se debe colocar alfombras, pisos o recipientes con hipoclorito de sodio para la desinfección de los calzados, asimismo debe realizarse el lavado de las manos con agua y jabón o desinfectarse para manos. Los privados de libertad que sean de ingreso nuevo en cada Centro Penitenciario deben ser examinados por el personal médico, según lo establecido en el Art. 23 (Revisión Médica]) de la Ley N° 2298, tomando las medidas de bioseguridad correspondiente, posteriormente deben ser puestos en observación por el lapso de 14 días como mínimo en lugares de contención u otros previstos por la administración penitenciaria de cada recinto” (sic [las negrillas son nuestras]). En consideración a ese marco legal, este Tribunal pudo advertir, que el traslado efectuado al impetrante de tutela a una celda de contención fue en estricta observancia y cumplimiento del Plan de Contención en Centros Penitenciarios de Bolivia frente al Coronavirus COVID-19, emitido por la Dirección General del Régimen Penitenciario -dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia-; ya que, el mismo otorga a la administración penitenciaria la facultad de disponer que los privados de libertad que hayan ingresado por primera vez al Centro Penitenciario deben ser examinados por un personal médico y posteriormente ser puestos en observación por el lapso de catorce días como mínimo en lugares de contención, en tal sentido, al disponerse en contra del accionante por primera vez su detención preventiva se designó una celda como lugar de contención, al cual fue traslado. Por lo expuesto, la denuncia expuesta por el peticionante de tutela en la presente acción tutelar respecto a que lesionaron su derecho al debido proceso vinculado sobre esta denuncia a su derecho a la vida, al disponer su traslado ilegal y arbitrario, no resulta evidente; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a este punto, dentro de los alcances y finalidad de la acción de libertad correctiva, que de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, implica el restablecimiento de las formalidades legales precautelando de esta forma el debido proceso. Con relación a la vulneración de su derecho a la dignidad y a la salud Al respecto, corresponde remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que desarrolla la acción de libertad correctiva, la misma que tiene como finalidad proteger al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima su detención -ya sea que esas sanciones privativas de libertad sean emergentes de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta-; es decir que, el único derecho que se encuentra legalmente suprimido es la libertad personal, encontrándose subsistentes todos los demás derechos inherentes a la persona; de tal forma que el privado de libertad no pierde su calidad de ser humano, menos le están suprimidos los deberes de cuidado y respeto a la dignidad humana, que deben asegurar los custodios de los recintos y centros de privación de libertad. Bajo esa premisa e ingresando al análisis de la denuncia del accionante respecto a sus derechos a la dignidad y a la salud se puede establecer que, en el memorial de acción de libertad y lo expresado en la mencionada audiencia de consideración a la misma, el prenombrado denunció que, si bien era evidente lo referido por los accionados con relación a que existe un Plan de Contención en Centros Penitenciarios de Bolivia frente al Coronavirus COVID-19, aplicable a los privados de libertad; empero, no se dio estricto cumplimiento al mismo; toda vez que, no se respetó la distancia de un metro entre privados de libertad, tampoco tuvieron acceso a medicamentos ni mucho menos se tomó las medidas de bioseguridad e higiene -entre ellos el metro de distancia-, por el contrario existió un hacinamiento al existir más de ochenta internos aglomerados en un misma celda -de quienes también recibió amenazas de muerte-; ahora bien, ante dichas denuncias, los accionados en su informe escrito, cursante de fs. 46 a 47 vta., sólo se remitieron a describir lo siguiente: 1) Que la detención preventiva del accionante fue ordenada por una autoridad competente; 2) Que en cumplimiento al citado Plan de Contención y la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispusieron su traslado a una celda de contención; y, 3) El peticionante de tutela no agotó las instancias intraprocesales antes de acudir a la jurisdicción constitucional. En tal contexto, se puede advertir con relación a la vulneración de su derecho a la dignidad y a la salud que en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, opera entre otros supuestos, la presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante, cuando las autoridades accionadas no negaron los hechos alegados por el impetrante de tutela, tal como ocurre en el presente caso, donde los accionados pese a que no comparecieron a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, emitieron su informe sin refutar o cuestionar los hechos denunciados por el peticionante de tutela, tampoco desvirtuaron a través de algún elemento probatorio dichas denuncias, por el contrario guardaron silencio sobre este aspecto; además, debe considerarse que los accionados en su condición de servidores públicos y en dominio de los hechos y las circunstancias que ocurren en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz que está bajo su dirección -a diferencia del accionante-, tenían la posibilidad de acreditar o desvirtuar las denuncias del impetrante de tutela relacionadas al hacinamiento, al distanciamiento de los privados de libertad, al acceso a medicamentos y a las medidas de bioseguridad e higiene; a pesar de ello, no lo hicieron; por lo que, se asume por este Tribunal como verdad lo referido por el peticionante de tutela, en virtud de la doctrina de presunción de veracidad.
En consecuencia, se puede advertir que el accionante fue sometido a un ilegítimo agravamiento de las condiciones de privación de su libertad, al no tener las condiciones mínimas por un lado de atención médica y por otro lado salubridad, para permanecer en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz -cumpliendo su detención preventiva-; toda vez que: i) Al existir hacinamiento -ya que se encontraban alrededor de ochenta internos aglomerados en una misma celda- impedía el cumplimiento de un distanciamiento mínimo entre privados de libertad -más aún en momentos de pandemia por el COVID-19-, aspecto que también influyó en su descanso al no tener suficiente espacio para echarse, además que se acostaban en el suelo, sin tener acceso a una cama y colchón; ii) Los privados de libertad hacinados no contaban con medidas de bioseguridad e higiene al no proporcionarles alcohol -para el lavado de manos- ni barbijos, tal como también lo evidencio el representante sin mandato del accionante y los padres de este último, cuando se apersonaron al mencionado Centro Penitenciario; y, iii) No tuvo acceso a medicamentos tal como señalaba el Plan de Contención en Centros Penitenciarios de Bolivia frente al Coronavirus COVID-19. Condiciones que resultan lesivas a la dignidad e integridad del accionante y que ameritan en el presente punto la tutela de la acción de libertad correctiva; por cuanto, los accionados incumplieron con el deber de garantizar el trato humano de quien se encuentra cumpliendo una medida privativa de libertad. Finalmente, con relación a la vulneración del derecho a la vida del accionante debido a amenazas de muerte recibidas por parte de los privados de libertad hacinados, cabe indicar que, no existen elementos de juicio que permitan a este Tribunal generar convicción de una amenaza cierta y evidente al derecho a la vida o que esté siendo maltratado, torturado o sometido a tratos crueles, por parte de los privados de libertad; por lo que, al no advertirse actos lesivos a la vida, integridad personal, no corresponde conceder la tutela respecto a este punto. Por lo que, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y 44.1 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 02/2022 de 18 de marzo, cursante de fs. 49 vta. a 50 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1º CONCEDER en parte la tutela únicamente con relación al derecho a la dignidad y a la salud, con base en lo expuesto en el Fundamentos Jurídico III.3 de este fallo constitucional y en los mismos términos de la Jueza de garantías; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos al debido proceso, a la libertad y a la vida, en atención a los fundamentos jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0589_2023-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): a2b9630f79d9b1250a52d6bc30207a988085187f797ba13b6667b053b4f9c74b
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