Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia, al trabajo, al debido proceso, a un solo proceso por “el mismo delito”; toda vez que, el Director Técnico demandado, por Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022, rechazó su recurso jerárquico y continuó con la vulneración de sus derechos invocados con la RA 22/2021; por la cual, se da su destitución laboral, emitida por el Sumariante I, a su vez, ratificada por la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 11/2021; ello, debido a que: i) Se lo procesó disciplinariamente por los mismos hechos investigados en la vía penal vinculados al delito de violación, destituyéndosele, sin prueba alguna; y, ii) Se le acusó de asistir a su trabajo en estado de ebriedad y de haber faltado varios días, sin la prueba respectiva. Ante ello, la parte demandada señala que: a) El ex Director Técnico y el Sumariante I “codemandados”, no tienen legitimación pasiva para ser demandados; b) Existe un tercero interesado que no fue notificado; c) La acción de amparo constitucional adolece de carga argumentativa; d) La Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022, no vulnera los derechos y garantías invocados; y, e) En el proceso administrativo interno, no se usurpó funciones del Ministerio Público ni de los jueces en materia penal; además, se emitieron las resoluciones administrativas dentro de los plazos legales y se impuso la sanción de destitución respetando los derechos del impetrante de tutela. El entonces Director demandado, no presentó informe alguno ni asistió a audiencia de consideración de la presente ac…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 057/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 239 a 243, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 55914-2023-112-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 057/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 239 a 243, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Roberto Carlos Mamani Guibarra contra Fredy Osvaldo Medrano Cabrera, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Cochabamba.
Por memoriales presentados el 27 de abril y 8 de mayo de 2023, cursantes a fs. 1, 165 a 190 y 205 a 207, el accionante manifestó lo siguiente:
Se inició de oficio un proceso disciplinario interno por el SEDES Cochabamba en su contra -siendo Jonathan Edgardo Arce, Sumariante I-, por hechos que no corresponden ser conocidos en la vía administrativa, sino en la penal, emitiéndose la Resolución Administrativa de destitución del cargo de médico con ítem del Hospital San Francisco de Asís de Villa Tunari, bajo el cargo de violación de una interna, cuyas circunstancias se encontraban siendo investigadas y tramitadas ante el Ministerio Público y el juzgado -no identifica cuál-; en consecuencia, fue procesado por el mismo hecho y sin esperar la sentencia respectiva en la vía penal, basándose en hechos graves denunciados calumniosamente en su contra sin existir prueba alguna. Durante el proceso disciplinario, se lo acusó de haber asistido a su fuente de trabajo en estado de ebriedad y de habría faltado varios días.
Planteado el recurso de revocatoria, fue resuelto por Resolución Administrativa (RA) 11/2021 de 30 de diciembre, confirmando su destitución del cargo; por lo que, el 12 de octubre de 2022, planteó recurso jerárquico con la debida prueba de vulneración de derechos constitucionales; sin embargo, el 18 del mismo mes y año, Fredy Osvaldo Medrano Cabrera, Director Técnico del SEDES Cochabamba -ahora demandado-, emitió la Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022 -de 18 de octubre-, habiendo sido notificado con la misma el 28 de igual mes y año, “…al ser rechazado en la última instancia administrativa mi recurso jerárquico y continuando con la vulneración al derecho constitucional a la presunción de inocencia, derecho al trabajo derecho al debido proceso, derecho a un solo proceso por el mismo delito…” (sic).
Denunció la lesión de sus derechos a la presunción de inocencia, al trabajo, al debido proceso, a un solo proceso por “el mismo delito”, citando al efecto los arts. “11.1”, 115.II y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se deje sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022; siendo que, el Director demandado actuó “…en usurpación de funciones propias del ministerio público en contra de mi persona además de la aplicación de normativa no especial al precitado proceso administrativo…” (sic), sea con costas y costos.
Celebrada la audiencia virtual el 18 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 235 a 238, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción amparo constitucional; y, ampliando en audiencia, señaló que teniendo en cuenta la falta de prueba respecto a las faltas que se atribuyeron a su persona, al emitirse la Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022; por la cual, se vulneró su derecho al debido proceso; asimismo, se lesionó su presunción de inocencia; ya que, “…en la actualidad el proceso de violación ha sido declarado sin fundamentos y sin pruebas y fue cambiado a un proceso de corrupción de mayores, por conciliación ya que en la realidad ni siquiera existió corrupción de mayores porque el accionante nunca toco a la funcionaria…” (sic).
Jenny Cintia Rojas Marmol, Directora Técnica; y, Jonathan Edgardo Arce, Sumariante I, ambos del SEDES Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 214 a 219; y, en audiencia de garantías, manifestaron que: a) El Sumariante I “codemandado”, no cuenta con legitimación pasiva, debido a que la Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022 fue emitida por el Director Técnico del SEDES Cochabamba, tampoco la tiene legitimación pasiva, pues existe una nueva directora técnica; b) El accionante omitió referir que existe un tercero interesado en la presente acción de defensa, quien fue Cóndor Quispe Segundino “…Pediatra del Hospital de Villa Tunari…” (sic); por cuanto, éste está ocupando el ítem que se le asignó anteriormente; c) En la acción de amparo constitucional, no se establece cuáles serían los actos u omisiones indebidas con los cuáles el Director demandado, hubiese vulnerado los derechos que invoca el impetrante de tutela; por tanto, adolece de una debida carga argumentativa; d) La Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022, dio respuesta a la impugnación interpuesta exponiendo las razones y motivos por los que se impuso la sanción de destitución; además, se efectuó la valoración de todas las pruebas de cargo y descargo en el marco de la sana crítica y la razonabilidad; por lo que, se encontraba debidamente fundamentada y motivada; e) En el proceso administrativo interno, no se usurpó funciones del Ministerio Público ni de los jueces en materia penal; ya que, el proceso fue seguido por contravención a la normativa administrativa y por hechos cometidos durante su jornada laboral; además, debe considerarse que la vía ordinaria penal; así como, la administrativa, tienen efectos diferentes; f) Todas las resoluciones fueron emitidas dentro de los plazos procesales establecidos en el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública -DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992-; g) El peticionante de tutela era un servidor público provisorio no institucionalizado, que fue destituido con un proceso previo ante las denuncias existentes; y, h) Las resoluciones emitidas dentro del proceso administrativo interno, determinaron la imposición de la sanción de acuerdo a la gravedad del caso, cumpliéndose con las reglas del debido proceso; consecuentemente, no se lesionaron los derechos a la presunción de inocencia ni a la defensa; ya que, el solicitante de tutela, tuvo la oportunidad de asumir defensa incluso con asesoramiento técnico. Fredy Osvaldo Medrano Cabrera, ex Director Técnico del SEDES Cochabamba, no presentó informe alguno, ni concurrió a la audiencia pese a su citación cursante a fs. 212.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 057/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 239 a 243, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) En lo concerniente a la legitimación pasiva, fue considerado que el pronunciamiento efectuado por parte de la nueva Directora Técnica del SEDES Cochabamba, está amparado por la jurisprudencia constitucional; ya que, sería la única autoridad que tendría que “subsanar” -los hechos lesivos- y de encontrarse responsabilidad, es el ex Director Técnico demandado de dicha institución que asumirá la misma; 2) En cuanto a la notificación de los terceros interesados, no se ve pertinente dicha notificación; ya que, no se advirtió un interés legítimo por parte de José Quispe Segundino; y, 3) De la revisión del contenido de la Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022 y conforme a los propios argumentos expresados por el accionante, se puede advertir que, se apertura un proceso administrativo interno por abandono de su fuente laboral y asistir en estado de ebriedad al mismo, el citado proceso se enmarcó dentro del debido proceso; ya que, contra las determinaciones adoptadas por el Sumariante “codemandado”, el impetrante de tutela, asumiendo su defensa, tuvo la oportunidad de impugnar mediante los recursos de revocatoria y jerárquico, confirmándose su destitución; consiguientemente, no se vulneró ningún derecho, más aún cuando la indicada Resolución de Recurso Jerárquico, contenía la debida fundamentación y motivación al responder de manera clara y precisa todos los agravios planteados en el recurso jerárquico.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 248 a 250); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por RA 22/2021 de 9 de noviembre, Jonathan Eduardo Arce, Sumariante I del SEDES Cochabamba, determinó la existencia de responsabilidad administrativa contra Roberto Carlos Mamani Guibarra, Médico Ginecólogo del Hospital San Francisco de Asís de Villa Tunari -ahora accionante-, por contravención de los arts. 9 inc. b) del Reglamento de Personal del Ministerio de Salud y Deportes; y, 9 y 10 del Código de Ética del SEDES; por lo que, estableció la constancia y registro de lo determinado, imponiéndole la sanción de destitución del sistema público de salud (fs. 96 a 100 vta.), la misma fue recurrida de revocatoria por el impetrante de tutela, mediante memorial presentado el 20 de diciembre del mismo año (fs. 106 a 117 vta.).
II.2. A través de la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 11/2021 de 30 de diciembre, el Sumariante I ratificó la RA 22/2021, en todas sus partes y efectos jurídicos, determinando la existencia de responsabilidad administrativa contra el peticionante de tutela (fs. 120 a 122), decisión impugnada, por recurso jerárquico interpuesto por el prenombrado, mediante escrito presentado el 7 de febrero de 2022 (fs. 126 a 133 vta.). II.3. Dentro del proceso administrativo interno seguido contra el accionante, se tiene Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022 de 18 de octubre, a través del cual, Fredy Osvaldo Medrano Cabrera, Director Técnico del SEDES Cochabamba -ahora demandado- resolvió confirmar la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 11/2021; por ende, ratificar la RA 22/2021; por la cual, se determinó la destitución del impetrante de tutela (fs. 154 a 157 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia, al trabajo, al debido proceso, a un solo proceso por “el mismo delito”; toda vez que, el Director Técnico demandado, por Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022, rechazó su recurso jerárquico y continuó con la vulneración de sus derechos invocados con la RA 22/2021; por la cual, se da su destitución laboral, emitida por el Sumariante I, a su vez, ratificada por la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 11/2021; ello, debido a que: i) Se lo procesó disciplinariamente por los mismos hechos investigados en la vía penal vinculados al delito de violación, destituyéndosele, sin prueba alguna; y, ii) Se le acusó de asistir a su trabajo en estado de ebriedad y de haber faltado varios días, sin la prueba respectiva. Ante ello, la parte demandada señala que: a) El ex Director Técnico y el Sumariante I “codemandados”, no tienen legitimación pasiva para ser demandados; b) Existe un tercero interesado que no fue notificado; c) La acción de amparo constitucional adolece de carga argumentativa; d) La Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022, no vulnera los derechos y garantías invocados; y, e) En el proceso administrativo interno, no se usurpó funciones del Ministerio Público ni de los jueces en materia penal; además, se emitieron las resoluciones administrativas dentro de los plazos legales y se impuso la sanción de destitución respetando los derechos del impetrante de tutela. El entonces Director demandado, no presentó informe alguno ni asistió a audiencia de consideración de la presente acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0169/2015-S2 de 25 de febrero, respecto a los derechos a la fundamentación y motivación, estableció que: [«“…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, entre los cuales, se encuentra la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo siguiente: ‘(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión’”»].
Respecto a la temática citada al exordio, la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, estableció lo siguiente: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”.
Conforme se advierte de los hechos que motivan la acción, así como el contenido del petitorio; se advierte que, el accionante cuestiona que la autoridad demandada, a tiempo de resolver el recurso jerárquico, continuó con los actos lesivos de la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 11/2021 de 30 de diciembre, el cual ratificó la RA 22/2021 de 9 de noviembre, que en primera instancia, determinó su destitución, de acuerdo a lo identificado en la primera problemática, con base a su procesamiento disciplinario por los mismos hechos investigados en la vía penal vinculados al delito de violación, sin prueba alguna. Al respecto, de la revisión de la RA 22/2021 que determinó la existencia de responsabilidad administrativa; ordenando su constancia y registro e imponiéndole la sanción de destitución del sistema público de salud al accionante, decisión que fue ratificada en todas sus partes y efectos jurídicos mediante la Resolución Administrativa de Recurso de Revocatoria 11/2021, ambas emitidas por el Sumariante I (Conclusiones II.1 y II.2); se advierte que, si bien primero se inició el proceso disciplinario por hechos vinculados a la presunta comisión del delito de violencia sexual (se hizo referencia a violación y abuso sexual) -conjuntamente hechos referidos al abandono de funciones- a una interna de medicina bajo la dependencia del impetrante de tutela quien fungía como médico ginecólogo del Hospital San Francisco de Asís de Villa Tunari; sin embargo, desde la referida primera resolución administrativa, los hechos descritos fueron desestimados con los fundamentos glosados en dichos pronunciamientos; por lo que, la sanción de destitución que pesa contra el peticionante de tutela, no deviene de los hechos de violencia sexual inicialmente denunciados. Esta verificación de antecedentes se refleja en la Resolución de Recurso Jerárquico 02/2022 de 18 de octubre (Conclusión II.3), pues la autoridad demandada explicó inicialmente que, el accionante, en su calidad de sumariado, se encontraba procesado por indicios de contravención al ordenamiento jurídico administrativo descrito en el Auto de apertura del proceso; por lo que, el Sumariante I cabalmente dio cumplimiento a la norma, sin que pueda confundirse el proceso administrativo con un proceso penal, por cuanto este último es ventilado dentro del campo de acción del Ministerio Público, ajeno a las competencias del sumariante, pudiendo iniciarse paralelamente los cuatro tipos de responsabilidad contra los servidores públicos; es decir, la civil, la penal, la administrativa y la ejecutiva. Seguidamente, expuso que lo manifestado por el impetrante de tutela, en el recurso jerárquico, carece de veracidad, más al contrario falta a la verdad, observándose de las resoluciones cuestionadas que el sumariante claramente estableció que, no podía sancionar ni investigar el tema de violación denunciado por la interna de medicina; toda vez que, dicho aspecto no habría ocurrido en ambientes del establecimiento de salud, pero sí se señaló que al peticionante de tutela, se le atribuye el estado de embriaguez recurrente, en el cual ingresó a prestar sus funciones laborales en el establecimiento de salud; así como, el abandono de las mismas, situaciones que fueron investigadas y demostradas conforme señala el Sumariante I en la RA 22/2021, confirmada por las Resoluciones de revocatoria y jerárquica respectivamente, concluyendo que dichas contravenciones fueron probadas dentro de la investigación efectuada. En este marco, no resulta veraz la lesión del derecho al debido proceso, pues se asume, en sus elementos motivación y fundamentación que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, implica la obligación de toda autoridad judicial o administrativa de sujetar sus decisiones a la suficiente y debida exposición de los motivos que sustentan su decisión; para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos y presupuestos básicos que observó la autoridad demandada al verificar de manera certera, sujeta a los antecedentes del proceso disciplinario de origen que, no se sancionó al accionante con la destitución de su función con base a las denuncias de violencia sexual interpuestas en su contra; en consecuencia, no es cierta la denuncia de usurpación de funciones inherentes al Ministerio Público; por ende, tampoco la lesión de los elementos del debido proceso señalados, vinculados con el derecho al trabajo y con los principios presunción de inocencia, y a un solo proceso por “el mismo delito” -se asume, se refiere al principio non bis in ídem- invocados también por el impetrante de tutela respecto a esta problemática. En cuanto a la segunda problemática, referida a que se hubiera acusado al peticionante de tutela de asistir a su trabajo en estado de ebriedad y de haber faltado varios días; ello, sin prueba alguna; se advierte que, el accionante, de manera genérica y carente de los fundamentos mínimos, se limita a hacer tal afirmación sin señalar de modo alguno qué pruebas no habrían sido valoradas o, en su caso, hubieran sido valoradas alejadas de los marcos de razonabilidad y equidad; y, si se omitió valorar las pruebas de descargo que presentó o, finalmente, si la decisión cuestionada está basada en prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento por la autoridad administrativa jerárquica; sumado a que, no explicó la lógica consecuencia de su incumplimiento respecto a los derechos que invoca; ello, en el marco de las exigencias mínimas expuestas y exigidas en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, cuando pretende de este Tribunal la revisión excepcional de la valoración probatoria efectuada en la vía administrativa; por lo que, en esta parte amerita denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de la cuestión planteada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 057/2023 de 18 de mayo, cursante de fs. 239 a 243, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0588_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0e12221c05d193620c3b228b5c8d8fa9a6112b73e48e4245e9f35e9f873155e9
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