B.IA.LEGAL

SCP 0588/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 18 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
18 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
52845-2022-106-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, habiendo solicitado la cesación de su detención preventiva, la Jueza demandada a cargo del proceso mediante decreto de 2 de diciembre de 2022, con base en el art. 291.I incs. c) y d) del CNNA, denegó dicho pedido con el fundamento que se presentó acusación formal en su contra por parte del Ministerio Público. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución RAL-SCIII 19/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Silvia Karina Melgarejo De Lafuente, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas después de notificado este fallo constitucional se señale y lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y cuando el mencionado acto procesal no se hubiese ya realizado o modificado la situación jurídica del accionante, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación a Helen Sánchez Quiñonez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, por no corresponder ser parte demandada en esta acción tutelar.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. De la jurisprudencia actual sobre la forma y el plazo de resolución de cesación de la detención preventiva de menores de edad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2025-S3 Sucre, 18 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 52845-2022-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAL-SCIII 19/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Caleb Jesús Velásquez Amanzabel contra Silvia Karina Melgarejo De Lafuente, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda y Helen Sánchez Quiñonez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera, ambas de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 30 de diciembre de 2022, cursante de fs. 2 a 3 vta., el accionante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 25 de julio de 2022, cuando aún era menor de edad fue imputado por la supuesta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), ante el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Tercero de la Capital del departamento de Cochabamba, donde se efectuó audiencia de aplicación de medidas cautelares disponiéndose su detención preventiva en el Centro de Infractores "COMETA" del mismo departamento. Habiendo presentado solicitud de cesación de la detención preventiva, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del citado departamento lo rechazó, por haber precluido la etapa preparatoria, ocasionando una dilación en el proceso, sin darle la opción de reiterar una nueva solicitud para resolver su situación jurídica.

Así también, la Fiscal de Materia a cargo presentó acusación formal en su contra por determinar que existen suficientes elementos de convicción para ingresar al juicio oral, vulnerando su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los Arts. 22, 23.II y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se restituya su libertad en el plazo legal, debiendo la autoridad judicial ejercer el control jurisdiccional reclamado, bajo los principios de celeridad y probidad y que el “Fiscal” codemandado atienda su solicitud, aclarando que no está demandado en la presente acción.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 30 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante a fs. 16 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, sin estar asistido por su abogado y desconociendo su inasistencia, expresó estar de acuerdo con la acción tutelar interpuesta, dándose lectura por Secretaría en la misma en audiencia.

I.2.2. Informe de las demandadas

Silvia Karina Melgarejo De Lafuente, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 30 de diciembre de 2022, cursante a fs. 15 y vta., manifestó que: a) El 25 de julio del mismo año, cuando Caleb Jesús Velásquez Amanzabel era menor de edad “ahora (mayor de edad)…” (sic), se llevó a cabo la audiencia cautelar en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, disponiéndose su detención preventiva en la misma audiencia; b) El 23 de agosto de la misma gestión, se efectúo la audiencia de cesación de la detención preventiva, emitiéndose Auto Interlocutorio de igual data favorable para el impetrante de tutela por cesar la medida extrema; empero, dicha determinación fue impugnada por el Ministerio Público, siendo revocada por Auto de Vista emitida por el Tribunal superior en grado; c) Remitido el legajo de apelación al Juzgado de origen se dispuso la emisión del Mandamiento de Detención Preventiva contra el accionante a cumplir en el Centro de Infractores "COMETA"; d) El 4 de octubre de 2022, la Fiscalía presentó acusación contra el peticionante de tutela, señalando audiencia de juicio oral para el 22 de diciembre del mismo año, la cual se suspendió por un acuerdo del acusado con el Ministerio Público, señalándose una nueva audiencia para el 3 de enero de 2023; y, e) El accionante planteó cesación de la detención preventiva, que fue rechazada de conformidad al art. 291.I inc. c) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), por haberse presentado acusación. Helen Sánchez Quiñonez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, a través de informe escrito de 30 de diciembre de 2022, cursante a fs. 14, manifestó que de la revisión del Libro de Ingresos de Causas Nuevas y del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), no existe ningún proceso penal por el presunto delito de violación de infante, niña, niño o adolescente contra el impetrante de tutela en el Juzgado a su cargo; y, que habría un trámite radicado con su homólogo Primero; por lo que, solicitó se deniegue la acción tutelar interpuesta en su contra.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAL-SCIII 19/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, denegó la tutela impetrada, basándose en los siguientes fundamentos: a) El art. 125 de la CPE establece que “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; b) La SC 0667/2010-R de 19 de julio, expresó que: “De dicho precepto constitucional se infiere que esta acción ha sido instituida con un triple carácter tutelar: preventivo, correctivo y reparador, reforzando ahora su carácter de acción de defensa oportuna y eficaz, teniendo por finalidad el resguardo y protección de los derechos a la vida y la libertad tanto física como de locomoción en favor de toda persona que creyere estar ilegalmente perseguida o que es indebidamente procesada o privada de libertad; en ese marco su carácter preventivo responde a impedir una lesión ante la amenaza de una eventual detención indebida o ilegal, impidiendo de esa forma se materialice la privación o restricción de libertad; el carácter correctivo tiene por objeto evitar se agraven las condiciones de una persona detenida, ya sea en virtud de una medida cautelar o en cumplimiento de una pena impuesta en su contra, finalmente el carácter reparador de esta acción tutelar pretende reparar una lesión ya consumada, es decir, opera ante la verificación de una detención ilegal o indebida, debido a que no se observaron las formalidades legales” (sic); y, c) La presente acción de libertad no se adecúa a ninguno de sus presupuestos de activación, no contiene una debida argumentación, ni un petitorio coherente, así como tampoco se evidencia una relación de hechos que haga posible entender lo peticionado, “…por falta de argumentos, de petitorio, y d[e] las autoridades accionadas…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2022, Caleb Jesús Velásquez Amanzabel -ahora accionante- solicitó a la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada- señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva con base al art. 239.1 del CPP (fs. 11). II.2. Por decreto de 2 de diciembre de 2022, la señalada Jueza demandada negó la solicitud de cesación de la detención preventiva “…toda vez que la ley 1970 del Código de Procedimiento Penal que es la cual la parte denunciada ampara su solicitud de señalamiento de audiencia a la detención preventiva, no es aplicable en la materia del mismo modo de la revisión de obrados se tiene que el presente proceso ya cuenta con acusación formal presentada por la representante del Ministerio P[ú]blico, en consecuencia tal cual prevé el art. 291 inc. c) y d) de la Ley 548 (…) al contar ya con acusación formal en el presente proceso, no puede considerarse la solicitud de cesación a la detención preventiva…” (sic [fs. 12]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela alegó la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, habiendo solicitado la cesación de su detención preventiva, la Jueza demandada a cargo del proceso mediante decreto de 2 de diciembre de 2022, con base en el art. 291.I incs. c) y d) del CNNA, denegó dicho pedido con el fundamento que se presentó acusación formal en su contra por parte del Ministerio Público. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

A través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, el Tribunal Constitucional estableció que la finalidad del hábeas corpus -ahora acción de libertad-traslativo o de pronto despacho, es “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). En ese mismo sentido, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, sostuvo que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. De la jurisprudencia actual sobre la forma y el plazo de resolución de cesación de la detención preventiva de menores de edad

Al respecto, la SCP 1500/2022-S3 de 21 de noviembre, estableció que: «…la SCP 0366/2022-S3 de 28 de abril, se establece que: “El art. 291 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), establece que: ‘I. La detención preventiva cesará en los siguientes casos: a) Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida; b) Cuando su duración exceda el mínimo legal del tiempo que podría corresponderle en régimen abierto, de acuerdo a la proporcionalidad por la pena establecida para el delito que se juzga; c) Cuando su duración exceda de cuarenta y cinco (45) días sin acusación Fiscal, o de noventa (90) días, en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente; y d) Cuando su duración exceda de tres (3) meses sin sentencia en primera instancia, o de seis (6) meses en caso de pluralidad de personas adolescentes imputadas, contados a partir de la notificación con la imputación a la persona adolescente. II. Vencidos los plazos previstos en los incisos b) y c) del presente Artículo, la Jueza o el Juez aplicará otras medidas previstas en este Código’ Si bien la norma citada precedentemente establece de manera clara las causales por las que cesará la detención preventiva cuando se encuentren involucrados menores de edad, se observa que dicha norma no contiene un plazo específico respecto al procedimiento aplicable para que el Juez o Tribunal señale día y hora de audiencia; por lo tanto, con la finalidad de evitar dilaciones en el proceso penal, corresponde la aplicación del art. 239 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley1173-; y posteriormente por la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019- que marca la diferencia en el trámite de la solicitud de cesación de la detención preventiva de acuerdo a la causal alegada, determinando un trámite sin audiencia en los casos previstos en los numerales 3 y 4 del citado artículo. Así, el art. 239 del CPP, actualmente modificado por la Ley 1226, dispone lo siguiente: ‘Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas. En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código′ En ese marco, se concluye que conforme a las normas citadas y tomando en cuenta los principios de celeridad y el interés superior del menor, ante una solicitud de cesación de la detención preventiva en la que se encuentren involucrados uno o varios menores de edad infractores, enmarcada en el art. 291 del CNNA, se debe señalar día y hora para su consideración de audiencia en el término de veinticuatro horas, según el procedimiento establecido en el art. 239 del CPP; es decir, que realizando una diferenciación desglosada del art. 291 del CNNA, en dichos casos se aplicará de la siguiente manera: a) Ante una solicitud de cesación de la detención preventiva en la que se encuentren involucrado uno o varios menores de edad, en el caso del inciso a) del parágrafo I del art. 291 del CNNA, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas; y, b) Ante una solicitud de cesación a la detención preventiva en la que se encuentren involucrados uno a varios menores de edad en los casos de los incisos b), c) y d), del parágrafo I del art. 291 del CNNA la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”» (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante alegó la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, habiendo solicitado la cesación de su detención preventiva, la Jueza demandada a cargo del proceso mediante decreto de 2 de diciembre de 2022, con base en el art. 291.I incs. c) y d) del CNNA, denegó dicho pedido con el fundamento que se presentó acusación formal en su contra por parte del Ministerio Público. Al efecto, de la revisión del legajo procesal se observa que el 30 de noviembre de 2022, el impetrante de tutela con base en el art. 239.1 del CPP solicitó la cesación de su detención preventiva (Conclusión II.1) mereciendo el decreto de 2 de diciembre de 2022, por el cual la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba -demandada-, denegó la misma con el fundamento “…que la ley 1970 del Código de Procedimiento Penal que es la cual la parte denunciada ampara su solicitud de señalamiento de audiencia a la detención preventiva, no es aplicable en la materia del mismo modo de la revisión de obrados se tiene que el presente proceso ya cuenta con acusación formal presentada por la representante del Ministerio Publico, en consecuencia tal cual prevé el art. 291 inc. c) y d) de la Ley 548 (…) al contar ya con acusación formal en el presente proceso, no puede considerarse la solicitud de cesación a la detención preventiva…” [sic (Conclusión II.2)]. Ahora bien, a fin de resolver la problemática planteada, es pertinente considerar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, referente a que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por objeto acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese entendido, si bien el peticionante de tutela el 30 de noviembre de 2022 realizó una nueva solicitud de cesación de su detención preventiva con base en el art. 239.1 del CPP, equivocando el supuesto en el cual debía fundamentar su solicitud, por cuanto, correspondía hacerlo en observancia de una de la causales previstas en el art. 291.I del CNNA;

no obstante, en virtud a los principios pro actione y de verdad material, debió señalar audiencia para su consideración, en cuyo actuado se hubiera podido subsanar dicho extremo y resolver la situación jurídica del imputado; ya que, de la interposición del memorial de señalamiento de audiencia para la cesación de su medida extrema de 30 de noviembre de 2022, claramente se evidencia la intención de modificar las medidas cautelares impuestas en su contra. Máxime, cuando de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece la posibilidad de aplicar a las solicitudes de detención preventiva relacionadas a infractores menores de acuerdo al Código Niño, Niña y Adolescente el procedimiento previsto en el art. 239 del CPP. Por consiguiente, correspondía que la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba demandada, señale audiencia para la consideración de la cesación de la detención preventiva interpuesta por el impetrante de tutela, puesto que pese haberse presentado acusación en su contra por parte del Ministerio Público, conforme determina el art. 309 del CNNA: “La Jueza o el Juez en el plazo de un (1) día de recibida la acusación, radicará la causa…” (negrillas añadidas); la citada autoridad judicial es la competente para conocer y resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva incoada, no existiendo ningún impedimento para que sustancie la misma al continuar con el conocimiento y tramitación de la causa principal, más aún cuando la causa continua radicada en dicho Despacho Judicial. En ese entendido, la señalada Jueza al pronunciar el decreto de 2 de diciembre de 2022, incurrió en una dilación indebida e injustificada en el trámite de cesación de la detención preventiva, formulado por el accionante, en franco desconocimiento de los principios de celeridad y al debido proceso, inobservando que en toda solicitud que se encuentre involucrada una persona privada de libertad, emerge la obligación inexcusable de atender tal petición con mayor prontitud, por lo que dicha autoridad judicial, lesionó los derechos invocados por el impetrante de tutela; toda vez que, no escuchó los fundamentos del prenombrado, ni pudo evaluar si existían nuevos elementos que demuestren si ya no concurren los elementos que fundaron la detención del mismo, correspondiendo conceder la tutela. Por otra parte, respecto a Helen Sánchez Quiñonez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera de la Capital de Cochabamba, se advierte la falta de legitimación pasiva; debido a que, el acto lesivo identificado en esta acción de defensa, fue el rechazo de la solicitud de cesación de la detención preventiva interpuesta el 30 de noviembre de 2022, dispuesta por decreto de 2 de diciembre de igual año emitido por su homóloga Segunda, a partir del cual se examinó el presente caso, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela respecto a dicha autoridad.

Finalmente, se debe precisar al accionante, que su pretensión de restitución de libertad a su favor, no es viable; toda vez que, cuando existen medidas cautelares en vigencia, este Tribunal no puede determinar la libertad inmediata, pues debe solicitarse la cesación a la detención preventiva, como ocurrió en el presente caso, fijándose audiencia para su consideración, en la cual será la autoridad jurisdiccional quien valorará dicha situación en función a los argumentos y pruebas que presente el solicitante. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución RAL-SCIII 19/2022 de 30 de diciembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Silvia Karina Melgarejo De Lafuente, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Cochabamba; disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas después de notificado este fallo constitucional se señale y lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva, siempre y cuando el mencionado acto procesal no se hubiese ya realizado o modificado la situación jurídica del accionante, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela solicitada en relación a Helen Sánchez Quiñonez, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, por no corresponder ser parte demandada en esta acción tutelar. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0588_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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