B.IA.LEGAL

SCP 0588/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de mayo de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52621-2023-106-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, a la defensa, a la “seguridad” y a la presunción de inocencia, así como al principio de celeridad; puesto que: a) La Jueza ahora coaccionada, por Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de 2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por el plazo de cuatro meses, sin realizar una adecuada valoración de la prueba, estableciendo la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, sin acreditar adecuadamente la probabilidad de autoría y los riesgos procesales invocados, al no valorar razonablemente la prueba presentada, señalando que: 1) Sobre el riesgo procesal del art. 234.7 del citado Código -atentar contra la víctima-, que no existían elementos objetivos que demostraran el riesgo de atentar contra la víctima, ello conforme se acredita por el certificado policial que demuestra que no tiene antecedentes policiales; además, que las relaciones con la víctima fueron consensuadas; y, 2) Con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP -respecto a influir en víctimas o testigos-, que se sustentó el riesgo procesal en el Informe unilateral del SLIM sin declaración ni ratificación por parte de la víctima, así también, refiere que en ese caso correspondía aplicar, en su caso, el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 177 a 185 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, con la finalidad que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Estación Integral Policial Norte de la Capital del mismo departamento, no vuelvan a incurrir en una conducta dilatoria, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, a la defensa, a la “seguridad” y a la presunción de inocencia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada con relación a las medidas cautelares de carácter personal
  4. III.4. El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso
  5. III.5. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional
  6. III.6. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico
  7. III.7. Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia sexual: La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la autoría o la participación
  8. III.8. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0588/2025-S1 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52621-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 177 a 185 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Neida Julia Flores Aguilar en representación sin mandato de Marcelo Omar Mendoza Terceros contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Estación Policial Integral (EPI) Norte de la Capital del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 88 a 96 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcelo Omar Mendoza Terceros -accionante-, por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP), se encuentra detenido preventivamente en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, desde el 22 de noviembre de 2022, por orden de la Jueza ahora coaccionada. Dicha medida cautelar, fue dispuesta sin una adecuada valoración de la existencia de dilación indebida en la que se hubiese incurrido, bajo el siguiente razonamiento:

El 20 de noviembre de 2022, a las 2:30 horas, “el denunciante” Omar Santos Aranibar ingresó ilícitamente a su domicilio, cometiendo presuntamente allanamiento, con presencia y omisión de acción de los funcionario policiales. A las 2:45 horas, funcionarios policiales aprovecharon que la puerta se encontraba abierta e irrumpieron violentamente en su domicilio, sin orden judicial ni fiscal, y procedieron a arrestarlo por una supuesta violación sin flagrancia, basándose únicamente en una denuncia verbal. A las 3:30 horas, fue obligado a firmar un acta de autorización de ingreso a su domicilio, encontrándose bajo los efectos del alcohol, lo que vicia de nulidad el documento; asimismo, se requisó su habitación sin requerimiento fiscal, lo cual transgrede el art. 182 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y los principios constitucionales sobre inviolabilidad del domicilio. No se consideró que según la ley, el arresto debió durar máximo ocho horas -hasta las 10:45-; empero, fue retenido hasta después del mediodía, excediendo el límite legal sin justificación. A las 11:20 horas de la misma fecha -20 de noviembre de 2022-, declaró ante Patricia Zenteno, Fiscal de Materia, negando los hechos imputados y relatando las irregularidades en su detención. El 21 de noviembre de 2022, una “Notaria” lo visitó en celdas y le presentó la declaración jurada de la presunta víctima, donde ella negó haber sido violada, afirmó que la relación fue consensuada y se comprometió a desistir formalmente de la denuncia. El 22 de noviembre de 2022, en audiencia de medidas cautelares, a pesar del desistimiento de la víctima ya presentado ante el Ministerio Público, la Jueza hoy coaccionada no lo tomó en cuenta y dispuso detención preventiva por cuatro meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba. De esa manera, no se aplicó el principio “in dubio pro reo”, y se desestimó arbitrariamente la prueba de descargo, lo que constituye una valoración defectuosa y parcial. Frente a esa determinación, su defensa formuló de manera oral en la misma audiencia de medidas cautelares, recurso de apelación incidental, conforme al art. 251 del CPP; empero, en respuesta a ello la Jueza ahora coaccionada remitió antecedentes ante el Tribunal de alzada, seis días después, incurriendo en dilación indebida. Ante ello, el recurso de apelación incidental radicó en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, donde se demoraron diez días para convocar a la respectiva audiencia de consideración de dicho recurso, fijándola para el 8 de diciembre de 2022, sin tomar en cuenta los plazos procesales, específicamente, el art. “251.III” del CPP. En cuanto al fondo de la decisión cautelar, la Jueza hoy coaccionada impuso su detención preventiva al considerar la probabilidad de autoría, conforme el art. 233.1 del CPP; puesto que, existe una declaración de un acto consentido de una persona que no es menor de edad, que desistió de la denuncia y tampoco se trata de un caso de violencia contra la mujer para que el Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) esté involucrado. Asimismo, se vulneró lo señalado por el art. 234.7 del CPP; puesto que, jamás se demostró objetivamente elementos que demuestren que constituye un riesgo para la víctima y mucho menos existen elementos que mantengan concurrente ese riesgo porque no tiene antecedentes penales, policiales o de violencia, es más es padre de tres mujeres a las cuales crio solo. De esa manera, consideró que la Jueza hoy coaccionada no puede basar su actuación en una simple nota o informe realizado de manera unilateral por la representante del SLIM. Con relación al riesgo procesal establecido por el art. 235.2 del CPP, se tiene que se realizó una incorrecta valoración de la prueba; puesto que, se dio por concurrente el mismo con base al Informe señalado de la representante del SLIM, en el que se indicaron aspectos que no fueron ratificados por la supuesta víctima; por lo que, no se tiene certeza de la veracidad de la misma. De esa manera, el riesgo procesal fue impuesto de manera errónea y contradictoria con la normativa en materia penal y la jurisprudencia aplicable, al no existir elemento objetivo que respalde ese extremo, recalcando que un “simple” informe no puede estar por encima de la Norma Suprema. En todo caso, si la Jueza hoy coaccionada consideró esa prueba -informe-, debió dar por concurrente el art. 234.5 del CPP y no así el numeral 2 del mismo artículo; por lo que, se vulneró la valoración razonable de la prueba. Por su parte, el Vocal hoy accionado, al declarar inadmisible el recurso de apelación incidental que formuló, con el argumento que la ley le faculta para resolver derechos y no así hechos, no cumplió con la debida fundamentación, motivación y congruencia, sin considerar lo señalado por la SCP 0030/2018-S3 de 9 de marzo; situación que le genera perjuicio; puesto que, se encuentra detenido preventivamente y su familia, especialmente sus hijas, su nieta y su madre están sufriendo.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, a la defensa, a la “seguridad” y a la presunción de inocencia, así como al principio de celeridad; citando al efecto, los arts. 22, 23, 25 y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista -de 8 de diciembre de 2022- emitido por el Vocal ahora accionado y se ordene su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 15 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 176 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante sin mandato, y abogada, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante memorial presentado el 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 106 a 111 vta., manifestó que: a) Durante el periodo de vacación judicial colectiva de 2022, esa Sala, integrada por el suscrito y su similar Cuarta, estuvo de turno, recibiendo numerosas causas de todo el departamento, no sólo en apelaciones de medidas cautelares sino también en otras materias y, aclaró que se programaron hasta seis audiencias por día, priorizando la celeridad procesal; por lo que, no consideró que ese contexto pudiese ser interpretado como dilación arbitraria; b) Durante la audiencia se concedió la palabra a las partes procesales para pronunciarse sobre el desistimiento y la defensa del accionante, no presentó mayor argumento; asimismo, indicó que el documento de desistimiento que señaló el nombrado contenía manifestaciones de la víctima que denotaban presión o amenaza, lo que justificó la valoración de riesgo procesal de obstaculización; puesto que, la víctima refirió temores por represalias familiares, lo cual respaldaba la decisión de mantener la detención preventiva; c) Recordó que su competencia al resolver apelaciones se limita a cuestiones de derecho y no de hecho, conforme a la SCP 0244/2018-S2 de 12 de julio y el art. 398 del CPP, también indicó que la participación del SLIM, de acuerdo con la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, estaba debidamente justificada en su rol de protección a las mujeres víctimas de violencia; por lo que, su actuación no resultó cuestionada ni ilegal; d) En el Auto de Vista de -8 de diciembre de 2022-, hoy cuestionado, se valoró la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, señalando que el peligro procesal debía ser real y efectivo; además, que el Estado debía garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia y destacó que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, estableció mecanismos para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y que cualquier acto que genere sufrimiento psicológico configura violencia, respaldando así la medida cautelar adoptada, también enfatizó que la audiencia del recurso de apelación incidental no era la instancia adecuada para desvirtuar los elementos de la medida cautelar, sino que correspondía a una audiencia de cesación; e) El Tribunal de alzada fundamentó su decisión en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que establece que en delitos de violencia contra la mujer, el riesgo procesal de fuga y peligro para la víctima debe valorarse con especial énfasis en la protección de las mujeres, evitando su revictimización; además, se debe tener presente que las medidas cautelares son instrumentos para garantizar la seguridad y el proceso penal y que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia hace mención a una protección preferente frente a cualquier otra norma, dada la gravedad de la violencia de género; f) Se revisó el recurso de apelación incidental sobre la concurrencia del riesgo procesal previsto por el art. 235.2 del CPP y concluyó que el Ministerio Público no fundamentó ni identificó adecuadamente quiénes podrían ser obstaculizados por el imputado -hoy accionante-, siendo que solo se señaló al denunciante, amigo de la víctima, sin otras personas involucradas; g) La Jueza ahora coaccionada desestimó la existencia de indicios objetivos de influencia sobre testigos; por lo que, no correspondía considerar aspectos fácticos ni nuevos medios de prueba en el recurso de apelación incidental, en virtud del art. 398 del CPP y la SCP 0909/2014 de 14 de junio, que restringen ese recurso a cuestiones de derecho y no de hecho; por ello, se confirmó la improcedencia del recurso de apelación incidental; y, h) Por lo mencionado solicitó se deniegue la tutela solicitada. Asimismo, el Vocal ahora accionado, en audiencia indicó que el proceso del cual deviene esa acción tutelar mereció el trámite que corresponde sin dilaciones y que únicamente se dio cumplimiento a la ley; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada. Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la EPI Norte de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe de 15 de diciembre de 2022, cursante a fs. 145 y vta., manifestó que: 1) La audiencia de medidas cautelares se llevó a cabo el 22 de noviembre de dicho año, fecha en la que se dispuso la detención preventiva del accionante y la defensa del mismo presentó recurso de apelación incidental correspondiente, y la Secretaria Abogada del Juzgado remitió dicho recurso a la Sala Penal Primera el 29 de igual mes y año; 2) El trámite del recurso de apelación incidental se realizó con diligencia a pesar de la falta de personal auxiliar, cuya renuncia fue aceptada conforme al decreto del 3 de dicho mes y año, lo que generó una sobrecarga de trabajo en el señalado Juzgado, haciendo constar que se priorizó el caso debido a la situación de detención preventiva, logrando remitir el recurso de apelación incidental en un plazo razonable de cuatro días; 3) Como autoridad judicial incluso colaboró personalmente en la preparación del legajo del recurso de apelación incidental, considerando las numerosas audiencias a cargo del despacho y la obligación de asistir a audiencias en los Centros Penitenciarios San Sebastián Varones y San Antonio -de Cochabamba- los días veinticuatro y veinticinco del referido mes y año, en el marco de un plan de descongestionamiento; 4) En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia y la incorrecta valoración de la prueba, se explicó que tales aspectos de fondo no eran competencia del Tribunal de garantías; puesto que, este no actúa como tribunal de casación; 5) El Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de 2022, se encontraba debidamente fundamentado, con argumentos respaldados en elementos de convicción que fueron valorados de manera integral y armónica, sin limitarse a un solo elemento; y, 6) Se citó la SC 2558/2010-R de 19 de noviembre, que estableció que la valoración de las pruebas debía ser integral, considerando todos los elementos previstos por los arts. 234 y 235 del CPP, y tomando la decisión menos gravosa para el imputado, siempre garantizando el proceso y la averiguación de la verdad.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no asistió a la audiencia de acción de libertad pese a sus notificaciones, cursantes de fs. 100 y 103.

I.2.4. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución de 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 177 a 185 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión de antecedentes, se concluye que tanto el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022, como el Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de dicho año, emitidos por las autoridades ahora accionadas, a su turno, cumplieron con las exigencias de fundamentación y motivación establecidas por el art. 124 del CPP, expresando de manera clara y concreta los motivos de hecho y de derecho que justificaron la detención preventiva -arts. 233.1 y 2; 234.7; y, 235.2 del citado Código-, ajustándose a la sana crítica, lógica y experiencia, sin vulnerar la seguridad jurídica ni el debido proceso; ii) Conforme a la SCP 0255/2014, la interpretación de las normas procesales, corresponde exclusivamente a los jueces y tribunales ordinarios, y que la acción de libertad no puede ser utilizada como una vía para impugnar medidas cautelares ni como una instancia de casación adicional, en tanto que las medidas cautelares son revisables y modificables en cualquier momento, conforme al art. 250 del referido Código; y, iii) No existió vulneración de derechos fundamentales en la resolución emitida por el Vocal hoy accionado ni por la Jueza ahora coaccionada, confirmando que se respetaron los principios de razonabilidad, motivación y fundamentación.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de imputación formal y solicitud de medidas cautelares -detención preventiva- de 21 de noviembre de 2022, dirigido al “SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE TURNO”, por la Fiscal de Materia, en el proceso penal seguido contra Marcelo Omar Mendoza Terceros -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación (fs. 27 a 32). II.2. A través de Acta de audiencia de aplicación de medidas -cautelares- de 22 de noviembre de 2022, en la cual, Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la EPI Norte de la Capital -hoy coaccionada- por Auto Interlocutorio de esa fecha, ordenó la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba por el plazo de cuatro meses; y, en ese mismo acto procesal, la defensa del nombrado formuló recurso de apelación incidental, motivo por el cual se dispuso la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada (fs. 113 a 118). II.3. Consta Mandamiento de detención preventiva de 22 de noviembre de 2022, expedido por la Jueza ahora coaccionada contra el accionante (fs. 119). II.4. Mediante Oficio presentado el 29 de noviembre de 2022, ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la Jueza hoy coaccionada, remitió el recurso de apelación incidental formulado por el accionante (fs. 120 y vta.). II.5. A través del decreto de 30 de noviembre de 2022, el Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señaló audiencia de consideración del recurso de apelación incidental planteado por el accionante, para el 8 de diciembre de dicho año (fs. 121). II.6. Cursa Acta de audiencia de recurso de apelación incidental de 8 de diciembre de 2022, en la cual, Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionado-, mediante Auto de Vista de esa fecha, declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental formulado por el accionante, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de igual año, cuestionado (fs. 136 a 143 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, a la defensa, a la “seguridad” y a la presunción de inocencia, así como al principio de celeridad; puesto que: a) La Jueza ahora coaccionada, por Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de 2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por el plazo de cuatro meses, sin realizar una adecuada valoración de la prueba, estableciendo la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, sin acreditar adecuadamente la probabilidad de autoría y los riesgos procesales invocados, al no valorar razonablemente la prueba presentada, señalando que: 1) Sobre el riesgo procesal del art. 234.7 del citado Código -atentar contra la víctima-, que no existían elementos objetivos que demostraran el riesgo de atentar contra la víctima, ello conforme se acredita por el certificado policial que demuestra que no tiene antecedentes policiales; además, que las relaciones con la víctima fueron consensuadas; y, 2) Con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP -respecto a influir en víctimas o testigos-, que se sustentó el riesgo procesal en el Informe unilateral del SLIM sin declaración ni ratificación por parte de la víctima, así también, refiere que en ese caso correspondía aplicar, en su caso, el art. 235.4 del citado Código -influir en otros participes- y no el numeral 2 del referido artículo; b) Ante ello, en el mismo acto procesal, formuló recurso de apelación incidental contra dicho Auto Interlocutorio; empero, la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada se realizó después de “seis” días -29 de noviembre de 2022-, sin considerar el plazo de veinticuatro horas fijado por el art. 251 del CPP; c) Posteriormente, la audiencia de consideración de ese recurso no fue fijada dentro del plazo establecido de tres días señalado en el citado artículo, sino que en realidad, el Vocal hoy accionado celebró la audiencia diez días después, sin la debida celeridad; y además, emitió el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022, declarando la improcedencia del señalado recurso, manteniendo la concurrencia de los riesgos procesales fijados en primera instancia, sin tomar en cuenta un documento de desistimiento de la presunta víctima, quien no es menor de edad y basándose únicamente en el referido Informe de la representante del SLIM; por lo que, su privación de libertad implicaría en una sentencia condenatoria previa, sin que se hubiese demostrado su culpabilidad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho; ii) La acción de libertad innovativa; iii) El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada con relación a las medidas cautelares de carácter personal; iv) El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso; v) La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional; vi) La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico; vii) Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia sexual: La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la autoría o la participación en un hecho punible; y, viii) Análisis del caso concreto.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

La SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, establece que: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’” (las negrillas son nuestras).

III.2. La acción de libertad innovativa

La SCP 1016/2019-S2 de 22 de noviembre, recogiendo el razonamiento realizado en la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, señala que: “…la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. (…) Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: ‘Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan’” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. El deber de observancia del parámetro de la debida fundamentación y motivación a los fines de la vigencia del derecho al debido proceso y su exigencia de cumplimiento por el Tribunal de alzada con relación a las medidas cautelares de carácter personal

La SCP 0875/2019-S1 de 12 de septiembre, al respecto, dentro de un marco general, establece que: «...la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto finalmente concluyó que: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”.

En concordancia de los razonamientos jurisprudenciales precedentemente desarrollados, en temática de medidas cautelares de carácter personal, de igual manera se estableció la exigencia del Tribunal de apelación de fundamentar la resolución que disponga, modifique o mantenga la misma, así, la SCP 0025/2020-S3 de 12 de marzo, citando a la SCP 0339/2012 de 18 de junio, señala que: “De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP”» (las negrillas nos corresponden).

III.4. El principio de congruencia como elemento constitutivo del debido proceso

La SCP 0619/2018-S1 de 11 de octubre, reiterando los entendimientos asumidos de la SCP 1302/2015-S2 de 13 de noviembre, establece que: «“…Como se dijo anteriormente, la congruencia de las resoluciones judiciales y administrativas, constituye otro elemento integrador del debido proceso, al respecto la SC 0358/2010-R de 22 de junio, señaló lo siguiente: ‘la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 1083/2014 de 10 de junio, sostuvo que el principio de congruencia: ‘…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva…’”» (las negrillas son nuestras).

III.5. La solicitud de valoración de la prueba en la jurisdicción constitucional

La SCP 0771/2018-S1 de 26 de noviembre, con relación a la valoración de la prueba en acciones de libertad, señala que: “Respecto a la valoración de la prueba, la acción de libertad, así como las demás acciones protectoras de derechos humanos, delimita las atribuciones y la labor realizada entre jurisdicciones, pues la constitucional no puede ingresar a valorar prueba o revalorizarla, alcanzando su competencia y facultades únicamente a determinar la existencia de lesión de derechos en dicha labor, centrada básicamente en verificar apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad y/u omisión valorativa, en ese sentido, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, refiere: ‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas nos corresponden).

III.6. La protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico

La SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, establece que: “La comisión de un hecho delictivo y su correspondiente denuncia o descubrimiento, constituye el germen del proceso penal, y la víctima es la persona a quien el Estado debió proteger, para impedir que en su contra se consumara el atentado al bien jurídico tutelado; de ahí, que si bien la protección de los derechos del acusado es fundamental dentro del proceso penal; empero, también es necesario precautelar los derechos de la víctima; por ello, no puede dejar de abordarse el problema jurídico material que dio inicio al proceso penal, equilibrando los derechos del imputado y de la víctima, en particular, en delitos de violencia contra la mujer; en los cuales, el Estado, a través de las instancias de investigación, de acusación y de juzgamiento, tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, en el marco de las normas constitucionales y los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos. En ese marco, es importante desarrollar los derechos de las víctimas en un Estado Constitucional, y de manera concreta, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y el consiguiente deber del Estado y la sociedad, de eliminar toda forma de violencia en razón de género”.

III.6.1. El equilibrio entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa

La SCP 0017/2019-S2, asimismo, señala que: “Con referencia a los derechos de las víctimas de un delito, la SC 0815/2010-R de 2 de agosto, señala que la Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión de protección a las mismas; pues, si bien el Estado asume el ius puniendi -poder punitivo-, cobran importancia trascendental los derechos de la víctima; pues, conforme al art. 121 de la CPE, tiene derecho a ser oída antes de cada decisión judicial. Asimismo, la indica SC 0815/2010-R, hizo referencia a la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. Dicha Declaración, establece los derechos de las víctimas, entre ellos, el acceso a la justicia y trato justo; según el cual:

Acceso a la justicia y trato justo

4. Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional.

En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que:

6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas:

a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información;

b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó en la Asamblea General de 29 de noviembre de 1985, en la Resolución 40/34, la primera declaración sobre la protección a la víctima: `Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder´, estableciendo los siguientes derechos de las víctimas:

1. Acceso a la justicia y trato justo: Las víctimas deben ser tratadas con compasión y respeto a su dignidad, superando los paradigmas del proceso penal para facilitar el acceso y permitir el pago por los daños y perjuicios ocasionados por la existencia de un hecho delictivo, para ello, los procesos judiciales y administrativos deberán adecuarse a las necesidades de la víctima, lo que comprende: (…)

d) Proteger su dignidad, minimizar molestias, garantizar su seguridad, el de la familia y testigos a su favor contra intimidaciones y represalias; (…)

`Dentro de la concepción de Estado Social de Derecho, que reconoce como principios esenciales la búsqueda de la justicia y el acceso a la misma, el derecho procesal penal no sólo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino que debe procurar también por los derechos de la víctima. Debe entonces -el proceso penal- hacer compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…’”.

estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente;

c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial;

d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia;

e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…). A partir de dichas normas, la SC 0815/2010-R antes citada, concluyó que el derecho procesal penal, no solo debe operar como manifestación del poder sancionador del Estado, a favor del incriminado, sino, que debe procurar también por los derechos de la víctima, haciendo: “…compatibles los intereses de ambos sujetos procesales, pues, el perjudicado con el delito no puede convertirse en una pieza suelta e ignorada por la política criminal del Estado ya que, como se ha explicado, los derechos de los sujetos procesales constituyen valores y principios reconocidos por la Constitución Política…”. En la misma línea, la SC 1388/2011-R de 30 de septiembre, señala que todo hecho punible, genera una colisión entre las garantías fundamentales de la víctima, del imputado, y en último término, de la sociedad; por ello:

…se requiere lograr un justo equilibrio entre los derechos constitucionales de la víctima y las garantías procesales del imputado, que naturalmente nadie niega y todos deben respetar; así encontramos entre los valores en el que se sustenta el Estado Plurinacional, el ‘equilibrio’ y ‘el bienestar común’ reconocidos por el art. 8.II de la CPE; valores éstos que forman parte del concepto ‘buen vivir’ y del modelo Boliviano de ‘Estado de Derecho del vivir bien’, asumiendo el Estado una responsabilidad fundamental.

En el marco de la jurisprudencia anotada precedentemente, es evidente que en las diferentes acciones de defensa, que llegan a conocimiento de la jurisdicción constitucional, emergentes de procesos penales, no se debe pasar por alto el equilibrio que se busca entre los derechos del imputado y de la víctima; especialmente, cuando éstos se encuentran en conflicto. En ese sentido, ya sea que la acción de defensa sea presentada por la víctima o por el imputado, este Tribunal debe considerar los derechos de la otra parte dentro del proceso penal; y por ende, sus resoluciones no pueden limitarse a analizar el problema jurídico planteado en la acción de defensa de manera unilateral, sino también, examinando el contexto y los derechos en conflicto, cuando corresponda; más aún, tratándose de los casos de violencia hacia las mujeres, en los cuales, se deben aplicar los estándares internacionales e internos para la tutela de sus derechos, conforme se analizará en el siguiente fundamento”.

III.6.2. El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género

La SCP 0017/2019-S2, así también, establece que: “La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello, nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: ‘…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…’. Asimismo, señala que esta clase de violencia: …constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto de hombre. Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Así los Estados Partes; por una lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o

psicológica, tanto en la familia como en la sociedad;

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…).

El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas -medidas legislativas, administrativas, entre otras-, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos. Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional, sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado: i) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.

El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 -sobre La Violencia Contra la Mujer-; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas. El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de: b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…). Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales-para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.

En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica -Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995-.

Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: ‘El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género’. La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad. ii) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer. Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de: d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)

f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…). iii) Sensibilidad de la justicia por temas de género

-perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto -de derecho y hecho-; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.

En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.

En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (‘Campo Algodonero’) vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto -de derecho y hecho- que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.

Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación. iv) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración-, la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales-.

Por su parte, la Convención de Belém do Pará, señala en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente”.

III.6.3. Las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos por hechos de violencia en razón de género

La SCP 0017/2019-S2, en ese sentido, señala que: “Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, en el Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en su art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas: ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)

3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afrobolivianas. (...)

7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.

8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…).

La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. De igual modo, en el Capítulo III sobre Persecución Penal -del referido Título I-, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 260 de 11 de julio de 2012-, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.

2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.

3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción. Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, en el Capítulo III, específicamente en el art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que: ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:

1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.

2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.

4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.

6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.

7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.

8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.

9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.

10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.

15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia. En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida Ley 348, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: ‘Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres’. Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio, sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley 348, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que: Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.

En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención.

La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo. De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que: a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante;”.

III.6.4. El enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa

La SCP 0017/2019-S2, establece que: “Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano. Entendimiento, que es coherente con el principio de verdad material contemplado en el art. 180.I de la CPE, a partir del cual, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, la o el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos, encontrando la verdad de los hechos, por encima de mecanismos formales o procesales; con la finalidad que las partes, accedan a una justicia material, eficaz y eficiente. Así, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, entendió en el Fundamento Jurídico III.3, que el contenido del principio de verdad material: …implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja, parcialice o distorsione la percepción de los hechos a la persona encarga de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta e irrazonable que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos de aplicar, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. El principio de verdad material no solo es predicable respecto a las o los jueces, sino, que como todo principio, se irradia hacia la actividad de las y los diferentes operadores jurídicos, cuyas actuaciones se enmarcan en la debida diligencia, en el marco de los estándares de la Corte IDH y lo previsto expresamente por el art. 86.11 de la Ley 348; según el cual, las decisiones administrativas o judiciales, que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, deben considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. En mérito a lo anotado, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional, considera que en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”.

III.7. Los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia sexual: La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la autoría o la participación

en un hecho punible

La SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, al respecto, señala que: “Toda privación de libertad, debe cumplir con los requisitos formales y materiales; respecto a los primeros, la restricción del derecho a la libertad solo será válida si se respetan las formas establecidas por ley, es decir, si el mandamiento emana de autoridad competente y es emitido por escrito, salvo el caso de flagrancia. Con relación al requisito material, la privación de libertad solo será válida por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley. En ese sentido, para la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva, el juez debe partir de la consideración que las medidas cautelares de carácter personal no equivalen a una sentencia condenatoria ni pueden ser confundidas con penas, sino, son simples cautelas que pueden dictarse con carácter excepcional, preventivo pero no sancionatorio, cuando se reúnan de manera estricta los requisitos fácticos o jurídicos señalados por la ley para el efecto y resulten indispensables para alcanzar la finalidad que con ella se persigue, como es, la comparecencia del imputado al proceso.

Ahora bien, para la aplicación de la restricción excepcional del derecho a la libertad personal del imputado en calidad de detenido preventivo, en nuestro ordenamiento jurídico se establece, que deben concurrir de manera simultánea los dos requisitos previstos en los numerales 1 y 2 del art. 233 del CPP, referidos a la probabilidad de la participación del imputado y los peligros de fuga u obstaculización. En ese sentido, la medida cautelar de detención preventiva que importa la afectación del derecho a la libertad del imputado, debe ser dispuesta por la autoridad judicial competente, previa verificación de requisitos establecidos por ley, con la indispensable justificación de su necesidad y finalidad. Al efecto, estas condiciones están establecidas en nuestra norma procesal penal, específicamente en el art. 233 del CPP, que recoge estas exigencias, al señalar que realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos:

1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible.

2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad.

La consideración del primer requisito debe responder a la existencia de evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad que permita al juez, inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, lo cual impide que la autoridad judicial funde su determinación en presunciones. Sin embargo, con relación a la concurrencia de este primer elemento, referido a la probabilidad de autoría o participación en un hecho punible, en delitos contra la libertad sexual, debe tomarse en cuenta, que el proceso argumentativo adquiere otra connotación; puesto que, debe ajustarse a los estándares de protección normativa y jurisprudencial internacional y nacional generada con relación al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, específicamente de la violencia sexual, que exige en delitos como los de abuso sexual, aplicar una perspectiva de género, en sujeción a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución Política del Estado, como la observancia al principio de igualdad y consecuente prohibición de prácticas discriminatorias negativas contra las mujeres; debiendo tomarse en consideración, que la argumentación fáctica en estos supuestos, sea en la determinación de los hechos como en la valoración de la prueba, resulta más compleja, pues, es donde se manifiesta en mayor medida el sesgo de género; consecuentemente, el juez está obligado a tener una perspectiva de género, considerando la discriminación y violencia estructural hacia las mujeres, pero también, efectuando un análiis de la situación concreta de la víctima. Asimismo, la valoración de los elementos indiciarios debe ser efectuada en el marco del principio de igualdad, verificando que no exista un análisis o tratamiento discriminatorio, pero además, considerando en todo momento los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Así, es importante mencionar que la Corte IDH, en el Caso Fernández Ortega y otros vs. México, en la Sentencia de 30 de agosto de 2010, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 7 La perspectiva de género tiene su fundamento en los derechos humanos; por cuanto, permite materializar el derecho a la igualdad consagrado en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

Cabe señalar que la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, contiene normas específicas para el desarrollo del proceso de violencia, desde la denuncia, pasando por la investigación, la persecución penal y el juicio propiamente dicho; siendo pertinente, hacer referencia a su art. 45, que establece una serie de garantías a las mujeres en situación de violencia, para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, entre ellas, la adopción de decisiones judiciales sin sesgos de género o criterios subjetivos que afecten o entorpezcan la valoración de pruebas y la consiguiente sanción al agresor.

Asimismo, cabe señalar que el Estado boliviano, conforme a las obligaciones asumidas de aplicar aquellos instrumentos jurídicos regionales relativos a la violencia contra la mujer integrados al ordenamiento jurídico interno, a partir de su ratificación; en el caso, lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de Belém do Pará- y las recomendaciones y observaciones de su respectivo Comité. En mérito a que este instrumento internacional, se constituye en el primer tratado en la dimensión internacional que reconoce la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, tendiente a erradicar la reproducción de distintos tipos de patrones de discriminación en su contra. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable.

De igual modo, la Decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el Caso LC vs. Perú -octubre 2011-, resulta un importante precedente en el ámbito de protección de los derechos de las mujeres y niñas; por cuanto, el CEDAW además de abordar el derecho del aborto en casos de violencia sexual, reconoció la obligación de protección reforzada que recae sobre las niñas, adolescentes y mujeres mayores víctimas de violencia sexual.

8 El reconocimiento formal de la igualdad de la mujer fue extenso, así desde la perspectiva interna, el nuevo diseño constitucional, establece como uno de sus pilares fundamentales el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Este principio está previsto además, como valor del Estado en el art. 9.II de la CPE, lo que significa que -como principio y valor es transversal a todo el conjunto de disposiciones e instituciones constitucionales y del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Por otra parte, el art. 14.I y II de la CPE, consagra los principios de igualdad y no discriminación, en los siguientes términos:

“I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción alguna”; reconocimiento que correlaciona con la prohibición y sanción de las prácticas discriminatorias en los términos siguientes:

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras [categorías sospechosas] que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona” (las negrillas y lo señalado entre corchetes son añadidos). 9 Párrafo 89. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf señaló que la violación sexual es un tipo particular de agresión, que en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas, más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar que dentro de un proceso penal de este tipo, se presenten pruebas gráficas o documentales, y por ello, la declaración de la víctima se constituye en una prueba fundamental sobre los hechos; en se sentido, corresponde también mencionar al Caso Espinoza Gonzales vs. Perú, en la Sentencia de 20 de noviembre de 2014, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la cual señaló que la declaración de la víctima, se constituye en una prueba fundamental, tratándose de violaciones sexuales, y que la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. Dicho entendimiento jurisprudencial de la Corte IDH, es coherente con lo dispuesto en el art. 193.c. del CNNA, que sobre la base del principio de presunción de verdad, señala que: ‘Para asegurar el descubrimiento de la vedad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de una niña, niño o adolescente como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo’. En ese sentido, la Corte IDH en el referido Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú, estableció que en las violaciones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye ni anula la declaración de la víctima. Concretamente, en su párrafo 153, señaló:

153. En el mismo sentido, en casos donde se alegue agresiones sexuales, la falta de evidencia médica no disminuye la veracidad de la declaración de la presunta víctima. En tales casos, no necesariamente se verá reflejada la ocurrencia de violencia o violación sexual en un examen médico, ya que no todos los casos de violencia y/o violación sexual ocasionan lesiones físicas o enfermedades verificables a través de dichos exámenes. Asimismo, la Corte IDH, estableció que las posibles inconsistencias internas en la declaración de la víctima de violencia sexual -más aún, si es una niña, niño o adolescente- producidas por la expresión, uso del lenguaje, traducción, intervención de terceros, no resultan sustanciales, por cuanto, no es infrecuente que respecto de hechos de esta naturaleza puedan existir algunas imprecisiones. Así, los desacuerdos intrasujeto; es decir, las contradicciones de la persona víctima de violencia sexual, no pueden reducirse a la conclusión que la víctima hubiere mentido, sino, que deben ser valoradas conforme a la naturaleza del hecho.

En ese sentido, en la valoración de la prueba de los hechos, en asuntos de violencia sexual, las declaraciones de la víctima, se constituyen en una prueba fundamental; y en el caso de las medidas cautelares, en una prueba indiciaria esencial para la acreditación del art. 233.1 del CPP; por cuanto, prueban la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible o en palabras de la Corte IDH, la existencia de: ‘…indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso haya participado en el ilícito que se investiga’

La consideración del requisito contenido en el art. 233.1 del CPP, es la primera actividad que debe desarrollar el juez en la audiencia de consideración de medidas cautelares para la aplicación de la detención preventiva, escuchando al efecto, el argumento del fiscal y someterlo al contradictorio para determinar, si en el caso concreto, concurre este primer requisito, pues solo cuando esto sucede, se puede pasar al análisis del segundo.

De igual modo, la previsión del numeral 1 del art. 233 del CPP, debe ser interpretada y comprendida conforme a la Constitución Política del Estado, en concreto, de acuerdo a la garantía de la presunción de inocencia; habida cuenta que, la imputación formal no constituye base para determinar la culpabilidad o la inocencia del sujeto; por lo tanto, a más que la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, surja de la acreditación de una presunta participación o autoría, dicho concepto -probable autoría o participación-, debe emerger de una valoración armónica e integral de los elementos de juicio que sean objetivos y concretos; siendo uno de ellos, la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual, en el marco de los estándares establecidos por la Corte IDH” (las negrillas nos corresponden).

III.8. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, a la defensa, a la “seguridad” y a la presunción de inocencia, así como al principio de celeridad; puesto que: a) La Jueza ahora coaccionada, por Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de 2022, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba, por el plazo de cuatro meses, sin realizar una adecuada valoración de la prueba, estableciendo la concurrencia de los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, sin acreditar adecuadamente la probabilidad de autoría y los riesgos procesales invocados, al no valorar razonablemente la prueba presentada, señalando que: 1) Sobre el riesgo procesal del art. 234.7 del citado Código -atentar contra la víctima-, que no existían elementos objetivos que demostraran el riesgo de atentar contra la víctima, ello conforme se acredita por el certificado policial que demuestra que no tiene antecedentes policiales; además, que las relaciones con la víctima fueron consensuadas; y, 2) Con relación al riesgo procesal del art. 235.2 del CPP -respecto a influir en víctimas o testigos-, que se sustentó el riesgo procesal en el Informe unilateral del SLIM sin declaración ni ratificación por parte de la víctima, así también, refiere que en ese caso correspondía aplicar, en su caso, el art. 235.4 del citado Código -influir en otros participes- y no el numeral 2 del referido artículo; b) Ante ello, en el mismo acto procesal, formuló recurso de apelación incidental contra dicho Auto Interlocutorio; empero, la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada se realizó después de “seis” días -29 de noviembre de 2022-, sin considerar el plazo de veinticuatro horas fijado por el art. 251 del CPP; c) Posteriormente, la audiencia de consideración de ese recurso no fue fijada dentro del plazo establecido de tres días señalado en el citado artículo, sino que en realidad, el Vocal hoy accionado celebró la audiencia diez días después, sin la debida celeridad; y además, emitió el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022, declarando la improcedencia del señalado recurso, manteniendo la concurrencia de los riesgos procesales fijados en primera instancia, sin tomar en cuenta un documento de desistimiento de la presunta víctima, quien no es menor de edad y basándose únicamente en el referido Informe de la representante del SLIM; por lo que, su privación de libertad implicaría en una sentencia condenatoria previa, sin que se hubiese demostrado su culpabilidad. Ahora bien, delimitada la problemática planteada por el accionante, de la revisión de antecedentes remitidos en el cuaderno constitucional, cursa memorial de imputación formal y solicitud de medidas cautelares -detención preventiva- de 21 de noviembre de 2022, dirigido al “SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE TURNO” por la Fiscal de Materia en el proceso penal seguido contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violación (Conclusión II.1.). Asimismo, se tiene el Acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 22 de noviembre de 2022, en la cual, la Jueza hoy coaccionada por Auto Interlocutorio de esa fecha ordenó la detención preventiva del accionante en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones de Cochabamba por el plazo de cuatro meses; y, en ese mismo acto procesal, la defensa del nombrado formuló recurso de apelación incidental, ante lo cual se dispuso la remisión de obrados ante el Tribunal de alzada (Conclusión II.2.). En mérito a ello, se expidió el mandamiento de detención preventiva de dicha fecha, contra el accionante (Conclusión II.3.). Posteriormente, por Oficio presentado el 29 de noviembre de 2022, la Jueza ahora coaccionada remitió ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el recurso de apelación incidental formulado por el accionante (Conclusión II.4.). Y a través del decreto de 30 de de igual mes y año, el Secretario de dicha Sala, señaló audiencia de consideración del referido recurso, para el 8 de diciembre del mencionado año (Conclusión II.5.). Finalmente, cursa Acta de audiencia del recurso de apelación incidental de medidas cautelares de 8 de diciembre de 2022, en la cual, el Vocal hoy accionado, mediante Auto de Vista de esa fecha declaró la improcedencia del recurso de apelación incidental formulado por el accionante, manteniendo incólume el Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de igual año, cuestionado (Conclusión II.6.). Ahora bien, precisado el objeto procesal de la presente acción tutelar y conocidos los principales hechos fáctico-procesales, corresponde realizar las siguientes consideraciones: Con relación a la dilación en la remisión del recurso de apelación incidental y el señalamiento de audiencia de recurso de apelación incidental De manera inicial, cabe señalar que en el presente caso se advierte que si bien el accionante hace referencia a hechos relacionados con la Jueza ahora coaccionada, específicamente respecto a una presunta demora en la remisión del recurso de apelación incidental al Tribunal de alzada y que posteriormente el Vocal hoy accionado no fijó audiencia de consideración de dicho recurso dentro del plazo establecido por el art. 251 del CPP; sin embargo, el mismo no consignó petitorio alguno al respecto. No obstante lo anterior, considerando el carácter informal que reviste a esta acción tutelar y la situación de privación de libertad del accionante, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional analizará la dilación denunciada. Así, verificados los antecedentes que cursan en obrados, se encuentra que evidentemente, el recurso de apelación incidental no fue remitido en el plazo señalado por el art. 251 del CPP; puesto que, fue interpuesto de manera oral en audiencia de 22 de noviembre de 2022; y, recién fue remitido el 29 de ese mes y año, conforme se tiene del oficio citado en la Conclusión II.4., precedente.

Sumado a ello, en antecedentes, cursa el Informe de 15 de diciembre de 2022, cursante a fs. 144, firmado por Danna Selene Murillo Soria, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, en el que, indicó lo siguiente: i) Aunque la audiencia para la aplicación de medidas cautelares se realizó el 22 de noviembre de igual año, y la defensa interpuso recurso de apelación incidental en esa fecha, la remisión formal del legajo del referido recurso a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de dicho departamento, se efectuó el 29 de noviembre de 2022, debido a la falta de personal de apoyo en ese Juzgado, luego de la renuncia de una auxiliar el 3 de igual mes y año, lo que generó una sobrecarga procesal; en ese contexto, el Juzgado priorizó la remisión rápida de los procesos con detenidos preventivos, buscando agilizar su trámite; y, ii) Solicitó que se considere la ampliación de plazos establecida en la SCP 0078/2010-R de 3 de mayo, que admite flexibilidad en los plazos procesales ante circunstancias extraordinarias Respecto a lo anterior, corresponde aclarar que la jurisprudencia constitucional fue clara al indicar que se establece la excepción en la remisión del recurso de apelación incidental dentro del plazo previsto por ley, cuando exista: ‘‘…justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado” (SCP 1907/2012 de 21 de octubre); situación que no ocurrió en el caso concreto, al tratarse de un plazo de dilación mayor y que no fue debidamente acreditado por la Jueza hoy coaccionada; por lo que, no corresponde considerar esa excepción. Por otra parte, en cuanto a la actuación del Vocal ahora accionado, quien no fijó audiencia del recurso de apelación incidental dentro del plazo de tres días como lo señala el art. 251 del CPP, dicha Vocal se limitó a mencionar en su Informe de esta acción tutelar, que estuvo de turno, recibiendo numerosas causas de todo el departamento, no sólo en apelaciones de medidas cautelares sino también en otras materias y, aclaró que se programaron hasta seis audiencias por día priorizando la celeridad procesal; por lo que, no consideró que ese contexto pudiera ser interpretado como dilación arbitraria; empero, a pesar de esa explicación, en los hechos, se tiene una dilación de ocho días desde el 29 de noviembre de 2022 hasta el 8 de diciembre de 2022 (Conclusiones II.4. a II.6.). En ese contexto, se debe considerar el entendimiento citado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, es considerada como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos existan dilaciones innecesarias o indebidas de personas privadas de libertad. Así, por lo mencionado, la Jueza y el Vocal hoy accionados, al actuar de la manera concluida precedentemente, ocasionaron una dilación indebida e innecesaria en la tramitación del recurso de apelación incidental planteado, provocando la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado al derecho a la libertad del accionante; a pesar que, si bien se procedió a la remisión del indicado recurso al Tribunal de alzada y, al señalamiento de la audiencia del recurso de apelación incidental, ambos actuados, de manera anterior a la interposición de la actual acción de defensa; sin embargo, dicha remisión y señalamiento de audiencia, no desvirtúan que se incumplieron los plazos procesales previstos por el art. 251 del CPP; correspondiendo conceder la tutela solicitada en aplicación a la acción de libertad innovativa de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, con la finalidad de que esa conducta dilatoria en el futuro no vuelva a repetirse. Con relación a la fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba En este punto, considerando que parte del reclamo constitucional del accionante radica en la supuesta falta fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba del Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 -ahora impugnado-, inicialmente, corresponde precisar, que si bien se dirigió la presente acción tutelar contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal ahora accionado y Lithzi Carolina Sahonero Alvarado, Jueza hoy coaccionada, en razón a que a su turno, dichas autoridades emitieron dos Resoluciones -el citado Auto de Vista y Auto Interlocutorio de 22 de noviembre de dicho año- que el accionante considera vulneratorios a sus derechos; sin embargo, se aclara, que en virtud al principio de subsidiariedad, el análisis a efectuarse se realizará con base a la actuación desplegada por el Vocal ahora accionado, quien emitió el último fallo dictado en instancia de apelación y que en aplicación de dicho principio, era la autoridad competente para en su caso subsanar o corregir los cuestionamientos ahora planteados respecto a la Jueza hoy coaccionada; por lo que, respecto a esta última autoridad se debe denegar la tutela solicitada por subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Efectuada esa precisión, corresponde delimitar los puntos de agravio señalados por el nombrado y que fueron consignados en el acta de audiencia del recurso de apelación incidental, convergiendo los mismos en:

“El primer agravio con relación al debido proceso en su vertiente legítima defensa, no hubiesen presentado prueba idónea para sustentar tal decisión, la garantía al debido proceso en su elementodel derecho a la valoración razonable de la prueba, no existe absolutamente ninguna prueba que sea objetiva, viable, que respalde aquella extrema medida porque consideran que hubo una valoración incorrecta, no existe una debida motivación, fundamentación y congruencia, elementos que consideran ha sido vulnerados al determinar la detención preventiva de su cliente.

Refiere además que se hubiese vulnerado el derecho a la libertad y libre locomoción establecida en el Art. 22 y 23 de la CPE, el cual se encuentra vinculado con el debido proceso, ahora bien con relación a estos agravios yéndonos al acta de fecha 22 de noviembre de 2022, la Juez A quo determina la detención preventiva de su cliente quebrantando los principios y abusando la autonomía de la CPE, esta ley suprema para vulnerar los derechos fundamentales haciendo el siguiente análisis, es preciso puntualizar que la ley les exigiría a las autoridades contar con prueba objetiva con respecto a la participación y peor aun con algo tan grave como es el delito de violación, la Juez a vulnerado el derecho al debido proceso en merito a que en el presente caso la supuesta víctima horas antes del supuesto hecho delictivo, seducía reiteradas ocasiones a su cliente a vista y paciencia del denunciante Omar quien resulta ser pareja ocasional de esta, pero no lo dicen ellos en sus declaraciones, ha armado una serie de mentiras que no solo está afectando la libertad de su cliente, sino también la moral, estos Sres. estaban consumiendo bebidas alcohólicas y en merito a su estado de ebriedad en el que se encontraban se sindica de manera tan ligera a su cliente tremendo delito cuando el mismo nunca ha existido, lo que si hubo y su cliente no lo ha negado en ningún momento lo ha sostenido de manera clara y categórica desde un primer momento en su declaración informativa que esta ante la representante fiscal, que mantuvo relaciones sexuales con ella, sin embargo fue de forma voluntaria, consentida un intercambio de sexo por dinero, lamentablemente vivimos en otra época, prueba de ello se tiene la misma declaración ampliatoria de la víctima Victoría presentada ante la autoridad fiscal, en donde admite que trabaja en la casa de citas la Mansión, entonces de dónde saca que existe un delito, hoy por hoy vemos a tantos hombres inocentes en la cárcel por simples sindicaciones falsas sin ningún motivo sin ningún tipo de prueba objetiva de por medio, el móvil real del presente proceso se ha dado únicamente porque estos amigos con derecho, estaban llenos de celos en el momento porque cuando ellos mantenían relaciones sexuales ingreso la pareja de Victoria a la habitación donde ellos se encontraban y en merito a eso ella fingió una supuesta violación, es así que se da la presente denuncia y todos estos extremos han sido expuestos ante la autoridad jurisdiccional, sin embargo esta autoridad solamente ha valorado lo mencionado por el Ministerio Publico y el SLIM vulnerando de este modo también el derecho a la igualdad procesal de las partes máxime sí la Juez utiliza en resolución el mismo argumento para dar concurrencia a ambos riesgos procesales, cuales son el Art. 234 y 235 del CPP. Que la SC 056/2014 ha precisado que el peligro efectivo para la victima debe emerger de los antecedentes personales del imputado, vale decir de una sentencia condenatoria ejecutoriada del mismo modo establece que no deben confundirse ambos peligros procesales y mucho menos señalar que se configuran bajo las misma circunstancias que sirvieron para la construcción de otro riesgo procesal, lo contrario a esto seria y estaría lesionando los derechos constitucionales de una persona con relación al núm. 7) del Art. 234, modificado por la Ley 1173, si bien es cierto la SC que cita la Sra. Juez el 394/2018 establece que deben considerarse las circunstancias del hecho y que por su condición de ser mujer la victima pertenece a un grupo vulnerable por lo cual el estado y la constitución, tratados internacionales deben darle una protección reforzada no es menos cierto que cuando menciona el Informe Psicológico Preliminar realizado por el SLIM en el cual manifiesta, se siente triste, siente asco, se siente sucia pero en memento alguno la supuesta víctima manifiesta que tuviera miedo, angustia o temor cuando se refiere al imputado, ahora bien la particularidad de este peligro que afirma el núm.7) del Art. 234, este debe ser coherente y coincidente con la actuación que hubiera desarrollado su cliente, en el presente caso no está claramente establecido que su cliente resulte ser un peligro para la victima pues eso debe estar debidamente valorado, estas imprecisiones deben ser valoradas y consideradas bajo el principio de favorabilidad, entrando a la cuestión en termino peligro significa riesgo, contingencia eminente de que suceda algún mal y cuando se hace referencia a lo efectivo se entiende como riesgo eminente verdadero, lo cual no aplica en el presente caso no existen indicios o alguna circunstancia que haga presumir que su cliente actuara en contra la integridad de la víctima o allegado, máxime si se ha utilizado el mismo argumento en ambos artículos, reitero no han acompañado el Rejap que demuestre que su cliente tiene antecedentes penales o tenga actividad delictiva reiterada, antecedentes policiales, informes que corroboren este extremo, no han demostrado cual sería el peligro existente y real verdadero por el cual con estos hechos no justifican la supuesta peligrosidad de su cliente a razón de ello consideramos que no estaría debidamente acreditado este riesgo procesal.

Ahora bien en cuento al núm. 2) del Art. 235, que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente de acuerdo a la información brindada, la Juez A quo en primera instancia fundamenta de manera correcta, el Ministerio Publico no acredita dicho riesgo procesal sin embargo contrario a ello ve por concurrente este riesgo procesal basando su decisión en una simple nota informe realizada en ese preciso momento de manera totalmente unilateral, el cual no se encuentra respaldado por una declaración de la víctima en el cual indica que supuestamente la victima habría manifestado que fue amenazada por terceras personas, quienes a decir de ellas serían las hijas de su cliente de la cual esta parte se cuestiona no se tiene certeza podemos tener de que este informe resulte ser afirmativo, legal no existe objetividad, ni congruencia, ahora en el hipotético caso de que esto fuera cierto lo aseverado por la trabajadora social respecto a la víctima, en dicho informe cual fue el argumentos para sustentar este riesgo en el momento de la detención preventiva debo ser clara con la conducta de su cliente, no es una actitud propia de su cliente lo que correspondía era dar pues por concurrente el Art.235 en su núm. 4) y no así el núm. 2) del Art. 235 por lo cual tampoco concurre este riesgo procesal, tomando en cuenta que la conducta procesal de su cliente es la que debe ser valorada para decidir sobre el riesgo de peligro y obstaculización así lo ha establecido la SC 1147/2016-R de 16 de noviembre en el presente caso, nada de esto ha sido probado, su cliente no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policiales violencia contra la mujer se encuentra en el sistema operativo la fiscal ha podido evidenciar de que el no cuenta con ninguno de estos antecedentes, es incapaz de cometer un delito mucho menos obstaculizar averiguación de la verdad, para lo cual cita la SCP 723/2018del 31 de octubre la cual establece corresponde al acusador de la víctima demostrar la concurrencia de cada uno de los riesgos a los que hace mención y fundamentar de manera objetiva, en este contexto ningún peligro procesal debe estar sostenido en meras presunciones lo que significa que la Juez A quo con su resolución no satisface la exigencia de una debida motivación, fundamentación y congruencia las medidas cautelares se caracterizan por su instrumentalizad en audiencia de medidas cautelares.

Que se habría acompañado documentación que da cuenta cierta de que su cliente cuenta con los arraigos pertinentes cuales son domicilio, trabajo y familia, mientras que no ha sido observado por el Ministerio Publico con relación al peligro de obstaculización en momento alguno se ha mostrado reticente, siempre ha estado dispuesto a colaborar desde un primer momento sostenemos el delito no ha existido, sin embargo estamos conscientes y completamente de acuerdo que se continúen con las investigaciones hasta llegar a la verdad histórica de los hechos, está segura que su cliente seria inocente, ahora bien contemplando que las medidas cautelares deben ser consideradas acordes al 221 para garantizar la averiguación de la verdad, asimismo estas medidas cautelares deben ser acordes a los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, esperada que la víctima este presente o por lo menos su abogado defensor, la representante del SLIM debo decirlo de manera totalmente arbitraria y diligente a realizado un informe vacío y bajo, sin embargo como mujer y madre de un hijo menor yo estoy seguro de que ella se ha dado cuenta que ha cometido un error y que se le ha privado de su libertad a un inocente, un inocente que se encuentra 16 días privado de su libertad siendo que él es padre y madre para sus tres hijas, casualmente mujeres él es quien ayuda a su madre cual es de la tercera edad por un tema de humanidad, justicia, conciencial inclusivo, pide se aplique lo más favorable al imputado puesto que en este caso existe una duda razonable con relación a la existente de algún delito, su Sra. Madre quien se encuentra desesperada al verlo a su hijo en esta situación, por ello pide se determine lo más benevolente para una persona que no ha cometido delito alguno, estamos seguros que su digna autoridad no solo va revocar la resolución cuestionada, sino va hacer justicia en merito a que se ha podido establecer con meridiana claridad cuáles serían los móviles reales de un delito que jamás existió, los agravios sometidos por la Juez A quo, por ultimo ordene la libertad inmediata de su cliente en merito a que en este momento se encuentra terriblemente enfermo y lastimosamente en el penal ni siquiera les permite ingresar medicación dirigida a la afectación que él tiene en este momento, se determine las medidas que su autoridad vea por conveniente establecidas en el Art. 231 Bis en sus núm. 1 al 9, pidiendo de que si en caso fuera la detención domiciliaria sea con derecho al trabajo tomando en cuenta lo anteriormente mencionado por esta parte” (sic). Dicho recurso, fue resuelto por el Vocal ahora accionado, mediante el Auto de Vista hoy impugnado, con los siguientes fundamentos:

“Los antecedentes o el aspecto que da el origen del hecho, en este caso la apelación no ha mencionado que debo decir con bastante claridad, si bien no se ha dicho que existe un hecho consensuado, que además tiene como antecedente la seducción que habría ejercido la ahora victima al imputado, en razón de generar celos lo o de que la propia víctima hubiera consensuado porque trabaja en una casa de citas, etc.; esos aspecto no son de competencia de esta apelación, porque no se va a juzgar hechos, sino si la aplicación de normas, es correcta o no en la resolución que sea apelada y es ese marco la resolución sostiene que como elemento fundamental también hay un Informe Psicológico Preliminar, en cuanto a la conducta del imputado y este hecho genera una simetría en cuanto a la víctima y al imputado, en cuanto a la situación de inconsciencia de la víctima para ser objeto de agresión sexual y no existiría consentimiento porque como lo ha relatado también, se encontraba en una situación de haber ingerido bebidas alcohólicas; por tanto el razonamiento lógico de estos hechos resulta una agresión sexual en estado de inconsciencia; si eso es así se está señalando de esa forma que tampoco ha sido desvirtuada esa circunstancia, que la actitud que ha tomado el imputado resulta no como previene la SC N°056/2014, quien suma a este respecto debe considerarse también lo razonado por la SC N° 185/2019 del 30 de abril, que es posterior a la SC 056/2014, en el que se plantea el problema que invoca respecto al peligro efectivo para la víctima, ya se tomó en cuenta lo que razono la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fermín Ramirez vs Guatemala el 20 de julio de 2005 y dentro el marco del Art. 8 de la Convención América de Derechos Humanos señala, que en efecto constituye claramente una expresión que del ejercicio del Ius Puniendi Estatalen base a las características personales del agente, y no del hecho cometido, es decir se sustituye el derecho penal de acto por el de hecho, propio del sistema penal de una sociedad democrática por el Derecho Penal de auto que abre la puerta al autoritarismo, precisamente en una materia en la que se haga en fuego los bienes jurídicos de mayor jerarquía, y porque hago alusión a esta sentencia, porque se ha establecido que la SC N°056/2014,al declarar la constitucionalidad, establece las circunstancias por las cuales se configuraría el peligro efectivo para la sociedad, la víctima y el denunciante, ahora en base a una presunción de culpabilidad del imputado y por solo hecho de ser posible participe del hecho, eso es precisamente lo que la parte apelante refiere en esta audiencia que para que se constituya en un peligro efectivo para la víctima debe tenerse esos antecedentes lo cual conforme a la SC N° 185/2019, no resultaría evidente.

En cuanto a la segunda reclamación, respecto a lo que establece el Art.235.2 del CPP el peligro de obstaculización, nos ha señalado y evidentemente en el acta tiene dos partes: la primera en sentido de que el Ministerio Publico no ha establecido, ni fundamento y tampoco identificado quienes podrían ser obstaculizados porque el 235 dice con claridad que ha sido el más reformado por el Ley 1173 del 03 de mayo de 2019, dice en cuanto al núm. 2 ‘que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, victimas testigos o peritos a objeto de que informe falsamente o se comporten de manera reticente’; ahora bien, en esta primera parte de manera clara la Juez señala: ‘no existe un solo indicio o circunstancia objetiva respecto al imputado para que haga presumir, para que pueda presumir que influirá sobre las personas señaladas’; y quienes son las personas señaladas, el denunciante es decir el amigo de la víctima y ninguna otra persona, en ese marco dice: ‘bajo estas circunstancias hacen entender que existirán esa influencia negativa para que esa persona a la cual se está aludiendo haga actos amenazadores influyentes tendientes a obstaculizar la investigación de la verdad’, entonces contrariamente a ello, señala no basta señalar sobre quienes puede influir sino que debe establecerse cuando y en qué contexto; sin embargo también esta parte del Informe conforme lo ha referido la apelante, ante solo la presentación dice la apelación escuchada en ésta audiencia, una Nota Informe de fecha 22 de noviembre, es decir el mismo día de la audiencia que hubiera sido elaborado por la trabajadora social, en el que se señaló que para la audiencia programada se habría presentado un documento de desistimiento el cual lo elaboro el Abogadode las hijas del denunciado Marcelo Omar Mendoza y que acompañado hasta dependencias del SLIM donde tiene que tomar nota el Abogado y esta nota se transcribe en esta acta de audiencia que sirve además de resolución, de manera textual: ‘yo ya quiero que todo esto termine, ya he presentado este documento de desistimiento esta mañana a las 6 de la mañana de Marcelo ,pero que si no presentaba ese documento mi familia se enteraría de lo que pasó, yo no quiero que se entere mi mamá no sabe nada, me ha votado de mi casa por otras razones, por eso más estoy cansada de esta situación, no sé qué hacer’, es decir este documento, establecería los argumentos que exige el 235 núm. 2)del CPP, como actos amenazantes o amenazadores que la víctima presenta en el marco de la solicitud de desistimiento y para que ella misma desista de la investigación, se considera dice la Sra. Juez bajo amenazas de poner en conocimiento de los padres; es decir que este documento refrendaría si la víctima no suscribe el mismose condicionaría a poner en conocimiento de los familiares de la misma; este aspecto dice la autoridad jurisdiccional, hace que concurra el riesgo procesal de obstaculización, ya que se demuestra que el imputado a través de sus hijas está influenciando por los lazos de sangre y afectividad contra la víctima realizando actos de obstaculización a la investigación y se esté comportando de manera reticente llegando al extremo de desistir de la acción.

En este contexto lo que nos dice para sustentar la apelación la Dra. Flores, es que no existiría el delito porque se hubiera hecho de manera consensuada al calor de las bebidas alcohólicas, y que además ella trabaja en una casa de citas, y por esa razón hubiera permitido, estos aspectos no corresponden considerarlos en esta audiencia de medidas cautelares, los señalados por la apelante porque son hechos y lo que acá estamos analizando es precisamente que conforme a lo que establece la SC N°244/2018-S2 de 12 de junio, estableció que: "interpuesto y admitido un recurso se abre la competencia del Tribunal de Alzada únicamente para la revisión de las cuestiones de derecho y no de hecho que hubieran sido resueltos por la autoridad judicial A quo", en ese marcolo manifestado en el transcurso de la audiencia de apelación en su intervención y además de considerarlo presentado a esta de la solicitud considerarse este documento que se ha presentado a esta audiencia en función a lo que se señala y lo que establece el Art. 398 de la CPP, no es posible ingresar a ella, entonces nos dice que estos actuados son contrarios y por ello no se hubiera hecho una valoración correcta vulnerando el debido proceso, en cuanto a que no se motiva y no se fundamenta adecuadamente.

Vayamos ahora a ese análisis de la apelación que nos ha fundamentado, en base a lo establecido en el Art. 234 núm. 7) del CPP, la Sentencia Constitucional a la cual ha hecho referencia la Juez y también se ha referido la parte apelante que es la SC N° 394/2018 del 3 de agosto, en referencia al riesgo procesal de fuga de peligro efectivo para la víctima o el denunciante en los delitos de violencia y contra la mujer se ha establecido como coloraría en esta sentencia, estas medidas van orientadas a desvirtuar los peligros de fuga, como lo contenido en el Art. 234 peligro efectivo para la víctima o el denunciante, de ninguna manera deben significar una revictimización, en ese sentido las autoridades Fiscales como Judiciales deben considerar que de solicitud de garantías personaleso multas o mutuas, que en muchos casos son pedidos por los imputados;la protección que el Estado debe brindar a las mujeres víctimas de violencia en todo caso, son ellas las que en el marco del Art. 35 de la Ley 348, tienen el derecho de solicitar las medidas de protección pertinente, las cuales de acuerdo con el Art. 32-1 de la citada ley, tiene la finalidad de interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres o garantizar en caso del que éste se haya consumado, que se realice la investigación procesamiento y sanción correspondiente; en función de que se llega a esta conclusión, en función de que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia la Ley N° 348 de 9 de marzo de 2013, estableció mecanismos de medidas además de políticas integrales de prevención, atención, protección, reparación a las mujeres en situación de violencia y además la aplicación preferente respecto a cualquier otra norma de aplicación inmediata en la salvaguarda de la vida, la integridad física, psicológica y sexual, de la mujer en situación de violencia, entonces también el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia, garantiza a las mujeres una vida libre, digna en el ejercicio de sus derechos y que modificó los artículos referentes en delitos que atentan la libertad sexual contenidos en el Código Penal,el Art. 6 de la citada Ley, se conceptualiza en el caso de la violencia como cualquier acción u omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño Físico, Sexual o Psicológico a una mujer u otra persona y genere perjuicio de su patrimonio o fuente laboral o en otro ámbito, cualquiera por el solo hecho de ser mujer.

Entonces en el caso de dicha conducta causa sufrimiento psicológico para la mujer u otra persona, constituye un acto de violencia, en ese contexto conforme nos ha referido la parte apelante, en contraposición también ha que son todas aquellas mujeres en ese sentido de que tienen hijos y que en esta medida, con esta apelación de la medida cautelar impuesta se tratase de desvirtuar por otros razonamientos no establecidos en la resolución no es conducente a su aplicabilidad en esta audiencia, sino seráen una audiencia que desvirtué los motivos de la apelación, de las razones que tuviera la Juez A quo para establecer la aplicación de la medida cautelar conforme las exigencias de los Arts. 221 y 222 del CPP. En ese contexto entonces conforme hemos hecho referencias algunas Sentencias Constitucionales, lo que pretendido en esta audiencia respecto a que se considere otros medios probatorios, no es conducente a la naturaleza de una apelación de medida cautelar, que conforme hemos dicho se analizan los aspectos de derecho y no aspectos de hecho, en ese marco no es procedente la apelación planteada” (sic). A partir de esa necesaria y extensa contextualización de los puntos expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental y los fundamentos de respuesta a los mismos por el Vocal hoy accionado, al emitir el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 hoy cuestionado, es pertinente considerar lo señalado en el Fundamento Jurídico III.3. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que refiere que entre los elementos del debido proceso se encuentran, la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma; es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes procesales, como a los abogados, acusadores, defensores, posibles víctimas e incluso terceros con interés legítimo; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución, sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados y/o cuestionados. En ese contexto y delimitada la problemática planteada, en el presente caso, se puede advertir que el Vocal ahora accionado, al pronunciar el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 cuestionado, cumplió con lo señalado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.3. precedente; debido a que, desplegó la fundamentación y motivación requeridas en el caso; puesto que, expuso las razones de hecho y de derecho de su determinación, basándose en los hechos fácticos expuestos, la prueba presentada y, amparándose en la base normativa legal aplicable y correspondiente, habiendo explicado lo siguiente: a) En el marco de una apelación de medidas cautelares, lo que se analiza no son los hechos en sí ni la culpabilidad o inocencia del imputado, sino la corrección jurídica de la resolución que impuso la medida, lo cual implica revisar si la autoridad judicial aplicó correctamente las normas procesales penales y fundamentó adecuadamente los riesgos procesales establecidos por los arts. 234 y 235 del CPP, b) La revisión es de aspectos de derecho, no de hecho, conforme a la SCP 0244/2018-S2, que establece que el Tribunal de alzada solo puede revisar cuestiones jurídicas decididas por la Jueza de primera instancia; c) Si bien el accionante, alegó que la relación con la supuesta víctima hubiese sido consensuada, en un contexto de consumo de alcohol, que hubiese tenido actitudes de seducción con el accionante y que la aludida trabajaría en una casa de citas, insinuando que eso implica consentimiento, tales aspectos tienen irrelevancia en esa instancia; puesto que, esos elementos son meras alegaciones de hecho, que no corresponden ser valoradas en la apelación de medidas cautelares, por estar fuera del objeto del recurso y porque argumentar que el contexto laboral o la actitud de la víctima justificarían una presunta relación sexual consentida reproduce estereotipos de género y revictimiza a la denunciante, contraviniendo los principios establecidos en la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y la jurisprudencia nacional e interamericana; d) Según el Art. 6 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, cualquier acción que cause sufrimiento físico, psicológico o sexual por el solo hecho de ser mujer se considera violencia de género; por lo que, el contexto debe ser interpretado con perspectiva de género; e) La Jueza hoy coaccionada consideró como elemento clave un informe psicológico que la víctima se encontraba en estado de inconsciencia o vulnerabilidad por ingesta de alcohol y en consecuencia, no hubiese existido consentimiento válido; evaluación que respalda la existencia de un hecho punible grave -agresión sexual en estado de inconsciencia-; diagnóstico que no fue desvirtuado por la defensa y en base a ese elemento, la resolución que impuso la detención se ajusta a una lógica jurídica válida y respeta el principio de legalidad procesal; f) En el caso concreto se aplicación las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “056/2014” que establece los criterios constitucionales para valorar el "peligro efectivo para la sociedad o la víctima" como base para la detención preventiva; y, “0185/2019” que corrige un uso indebido del derecho penal del autor, exigiendo que no se restrinjan derechos solo por características personales del imputado, sino por hechos concretos que evidencien riesgo; g) De esa manera, en el caso concreto, el riesgo procesal no se funda en características personales del imputado, sino en un hecho documentado -la víctima en estado de inconsciencia-; por lo tanto, no se vulnera el principio de presunción de inocencia ni se incurre en una valoración subjetiva inconstitucional; y, h) Respecto a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se citó el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, donde la Corte IDH, estableció que el ius puniendi del Estado debe ejercerse con base en el hecho cometido, no en la personalidad del imputado y que el derecho penal del autor -castigar por quién eres y no por lo que hiciste- es incompatible con una sociedad democrática, concluyendo que la Jueza de la causa no impuso la detención por quién es el imputado, sino por hechos que configuran riesgo procesal y una posible comisión de un delito grave. Además, de manera específica con relación a los riesgos procesales establecidos, concretamente, respecto al riesgo procesal del art. 234.7 del CPP -peligro para la víctima-, el accionante indicó que no existen antecedentes personales que demuestren dicho riesgo, ni condenas previas ni elementos objetivos; por lo que, no se configuraría un peligro efectivo según la jurisprudencia citada en la SCP “056/2014” y cuestionó el informe psicológico preliminar del SLIM que describe sentimientos de la víctima; empero, no miedo ni temor hacia él; y, sobre el art. 235.2 del CPP -riesgo de influir en testigos o víctimas-, sostuvo que la Jueza ahora coaccionada basó su decisión en un informe unilateral del SLIM que mencionó supuestas amenazas de terceras personas -hijas del imputado- sin respaldo en declaraciones formales ni en la conducta procesal del imputado, y sin valorar adecuadamente si correspondía en todo caso aplicar el numeral 4 del mismo artículo -riesgo de influir en otros partícipes-. Y al respecto, se tiene que esos extremos fueron considerados por el Vocal hoy accionado, quien al respecto señaló en resumen lo siguiente: Sobre el riesgo procesal de peligro para la víctima -art. 234.7 del CPP-, el Tribunal de apelación se apoyó en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “394/2018 y 185/2019” para sostener que la finalidad de las medidas cautelares en delitos de violencia sexual es garantizar la protección de la víctima y la sociedad, evitando la revictimización, destacado la protección preferente a la mujer conforme a la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que refuerza el deber estatal de proteger a la víctima de violencia, sin que ello implique prejuzgamiento. En este caso, la Jueza ahora coaccionada valoró un informe psicológico preliminar que acreditó la vulnerabilidad de la víctima y su situación de inconsciencia derivada del consumo de alcohol, estableciendo la existencia de un riesgo real y efectivo para la víctima. Además, se remitió a estándares internacionales como el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala (Corte IDH), que refuerzan la protección a la víctima. Sobre el riesgo procesal de obstaculización -art. 235.2 del CPP-, se tiene que inicialmente, la Jueza hoy coaccionada señaló que no existían elementos suficientes que demostraran que el imputado podría influir en testigos o víctimas; sin embargo, durante la audiencia de apelación incidental se presentó un informe social del SLIM del mismo día, en el que la víctima manifestó haber presentado un desistimiento bajo presión y miedo de que su familia se enterara del hecho, temiendo represalias. La citada Jueza interpretó que ese desistimiento -con referencia explícita a las hijas del imputado como intermediarias-evidenciaba actos de obstaculización; puesto que, el imputado, a través de sus hijas, hubiese influido emocionalmente sobre la víctima para desistir de la denuncia, afectando así la investigación de la verdad. De esa manera, el Vocal hoy accionado concluyó que el documento presentado y la manifestación de la víctima demuestran un riesgo procesal de obstaculización conforme al art. 235.2 CPP. En ese contexto, en cuanto al art. 234.7 del CPP, en el que se argumentó por el accionante que el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 cuestionado, adolece de falta de fundamentación y motivación respecto a la concurrencia del este riesgo procesal, concretamente en relación al supuesto riesgo para la víctima, argumentando que no representa un peligro para la víctima -ello al haber sido consensuada la relación sexual- y que no cuenta con antecedentes policiales, se tiene que, esa alegación no encuentra sustento jurídico suficiente cuando se observa con atención la estructura argumentativa y el contenido del Auto de Vista emitido, que, lejos de ser arbitrario o infundado, se enmarca en un razonamiento jurídico debidamente motivado, sustentado en normas internas, instrumentos internacionales y precedentes constitucionales que exigen la aplicación de la perspectiva de género y la protección reforzada de las víctimas de violencia sexual, en especial cuando se trata de mujeres en situación de vulnerabilidad. En ese entendido, es preciso recordar que, conforme los Fundamentos Jurídicos III.6. y III.7. de este fallo constitucional, la Corte Constitucional estableció con claridad que los administradores de justicia están obligados a resolver los casos que involucren violencia sexual con base en criterios diferenciadores de género, precisamente para evitar prácticas institucionales que perpetúen la revictimización de las denunciantes, especialmente cuando se trata de niñas, adolescentes o mujeres que se encontraban en situación de especial indefensión o inconsciencia al momento del hecho. Esta obligación se enmarca, además, en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano mediante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, que establece que los jueces deben incorporar en su análisis la situación real de las víctimas y las consecuencias psicosociales del hecho. En esa línea, el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 cuestionado, no incurrió en ninguna deficiencia que justifique un reproche constitucional; puesto que, el Tribunal de alzada realizó una interpretación razonable y motivada del riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP, vinculado no solo a la probabilidad de influir en testigos o peritos, sino también a la protección de la víctima, cuando esta se encuentra en una situación concreta de riesgo y vulnerabilidad. Así, el Vocal ahora accionado sustentó su decisión no solo en precedentes constitucionales relevantes como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0394/2018-S2 y “0185/2019”, que orientan a considerar el carácter preventivo y protector de las medidas cautelares en delitos de violencia sexual, sino también en normas como la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que impone al Estado el deber ineludible de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, reforzando la obligación de adoptar medidas que garanticen su seguridad e integridad. Además, el Vocal ahora accionado analizó las particularidades del caso concreto, lo cual constituye un elemento esencial de toda motivación válida, valorando el informe del SLIM preliminar que acredita la vulnerabilidad de la víctima y, especialmente, se consideró el estado de inconsciencia en el que se encontraba al momento del hecho, derivado del consumo de bebidas alcohólicas, situación que fue corroborada por las declaraciones testificales y elementos que cursan en el cuaderno de investigaciones. Esas circunstancias concretas permiten que el Vocal hoy accionado sostenga, con un estándar de razonabilidad, que la víctima se encuentra en una situación de riesgo materialmente verificable, lo que habilita la adopción de medidas restrictivas para preservar no solo su integridad física y psicológica, sino también para evitar nuevas formas de victimización institucional a lo largo del proceso penal. Ese razonamiento guarda coherencia con lo dispuesto en el art. 15.I de la CPE, que consagra el derecho de toda persona a vivir libre de violencia, en especial las mujeres, así como con los principios de debida diligencia reforzada y garantía institucional activa frente a los delitos que afectan de manera desproporcionada a mujeres y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. En consecuencia, la determinación asumida por el Vocal ahora accionado se encuentra debidamente motivada, tanto en su dimensión formal, al expresar con claridad las razones jurídicas y fácticas de la decisión, así como en su dimensión material, al adecuarse a los estándares de protección de los derechos humanos de las víctimas de violencia sexual, cumpliendo con la exigencia de fundamentación contenida por el art. 115.II de la CPE, así como con el principio de legalidad y el derecho al debido proceso.

De esa manera, la valoración de los riesgos procesales no fue una simple afirmación genérica, sino que responde a una evaluación objetiva de los elementos del caso, desde una perspectiva de género interseccional, en consonancia con el deber ético y jurídico del sistema de justicia de no reproducir prácticas discriminatorias o indiferentes ante los patrones de violencia estructural. Por lo tanto, al no evidenciarse la existencia de una afectación ilegítima a los derechos del accionante, y estando acreditado que la decisión judicial impugnada cumple con los parámetros constitucionales y legales, corresponde concluir que la medida cautelar dispuesta fue resultado de un juicio ponderado y respetuoso de los derechos tanto del imputado como, especialmente, de la víctima, cuya protección merece prioridad reforzada en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. Por otra parte, en cuanto al argumento del accionante relativo a que no correspondería la aplicación del art. 235.2 del CPP sino del numeral 4 de dicho artículo, debe señalarse que este tipo de observaciones de forma debieron ser planteadas ante la misma autoridad que emitió el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 hoy cuestionado, mediante los mecanismos ordinarios previstos por el art. 125 del citado Código, como la solicitud de explicación, complementación y enmienda; por lo que, no corresponde activar la jurisdicción constitucional para corregir supuestas inadecuaciones en la subsunción normativa más aún cuando no se evidencia una vulneración de derechos fundamentales sino simplemente una diferencia interpretativa que debió canalizarse por la jurisdicción ordinaria. En consecuencia no se advierte vulneración alguna a los derechos del accionante sino más bien una decisión judicial coherente con el deber estatal de garantizar la protección efectiva de las víctimas de violencia sexual evitar su revictimización y asegurar una investigación diligente que permita el descubrimiento de la verdad en condiciones de equidad y respeto a los derechos humanos A partir de lo expuesto, se advierte que el Vocal ahora accionado, al emitir el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 ahora confutado, aplicó el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; puesto que, de forma suficiente, explicó al apelante, ahora accionante, las razones por las cuales la Jueza hoy coaccionada actuó dentro del marco normativo vigente, fundamentando adecuadamente su determinación, en virtud de la persistencia de riesgos procesales -arts. 234.7, y, 235.2 del CPP- y la vulnerabilidad de la víctima -posible víctima de violación-.

Además, en el caso concreto, sin el afán de incurrir en redundancia, es importante resaltar que la labor efectuada por el Vocal ahora accionado es concordante con el cumplimiento de su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial en el caso, un enfoque interseccional; herramienta que conforme a lo desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre), considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras); la protección de los derechos de la víctima en casos de violencia en razón de género, en el marco de un enfoque integral del problema jurídico -Fundamento Jurídico III.6.-; y, los requisitos para la aplicación de la detención preventiva desde una perspectiva de género en delitos de violencia sexual: La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener la probabilidad de la autoría o la participación en un hecho punible -Fundamento Jurídico III.7.-. Por ello, al haberse evidenciado que el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 hoy cuestionado, fue emitido sin perder de vista dicho enfoque, lo señalado en los Fundamentos Jurídicos III.6. y III.7. precedentes y que cuenta con la debida fundamentación y motivación, corresponde denegar la tutela. En cuanto a la falta de congruencia alegada por el accionante, corresponde puntualizar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4. del presente fallo constitucional, se tiene que toda resolución debe contener una correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes -se entiende los motivos de agravio expresados en la apelación, la respuesta otorgada por las otras partes y la resolución del inferior que se revisa- y los motivos y fundamentos con los cuales se resuelve la problemática, que deben conformar un todo bajo un análisis y valoración integral de la prueba vinculado al contexto fáctico que deriva en que el dictamen judicial resulte entendible en su totalidad, donde los razonamientos expresados por cualquier autoridad permitan comprender a cabalidad las razones por las que se asumió una determinada decisión, comprensión que puede ser vislumbrada desde el inicio hasta el final del fallo, guardando una lógica y razonada secuencia entre la parte considerativa, la identificación de los agravios, la valoración, la interpretación cabal de las normas y la decisión asumida. En ese marco, y considerando el reclamo formulado por el accionante, respecto a que el Vocal hoy accionado, al emitir el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 cuestionado, emitió un fallo incongruente, del amplio contraste realizado precedentemente al analizar la fundamentación y motivación de la Resolución hoy impugnada, se tiene que la autoridad judicial ahora accionada, respondió a los puntos de agravio formulados por el imputado, sin que se pueda apreciar que el mismo haya podido delimitar un agravio que no haya recibido pronunciamiento alguno. Con relación a la valoración de la prueba, corresponde precisar que conforme al Fundamento Jurídico III.5. de este fallo constitucional, se tiene que por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó vulneración de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; puesto que, se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

En ese entendido, se advierte que en el caso concreto, el accionante denuncia en su memorial de interposición de esta acción tutelar, que el Vocal ahora accionado no valoró adecuadamente las pruebas presentadas, como ser el Informe del SLIM, los certificados que demuestran que no tiene antecedentes policiales o penales sobre anteriores sanciones por delitos de violencia, el desistimiento presentado por la supuesta víctima y otros “informes”; y al respecto, se tiene que dicha autoridad judicial otorgó un valor a cada uno de los elementos probatorios aportados, indicado que:

i) Del contenido del Informe SLIM con Cite EPI Norte 641/22 de 22 de noviembre, cursante a fs. 58, en la orientación brindada a la víctima se observó que se encontraba muy angustiada y preocupada refiriendo textualmente “…ya quiero que todo esto termine, ya he presentado ese documento de desistimiento esta mañana, las hijas de Marcelo me dijeron que si no presentábamos ese documento mi familia se enteraría de lo que paso y yo no quiero que se enteren, mi mamá no sabe nada, ayer me ha botado de mi casa por otras razones, con eso más estoy cansada de esta situación no se qué hacer” (sic), concluyendo que de esa declaración se extraen elementos fundamentales como ser que la víctima estaba siendo presionada por los familiares del procesado particularmente sus hijas para que desista de la denuncia que el desistimiento fue presentado el mismo día que realizó la referida declaración lo que evidencia una relación directa entre ambos hechos y que además se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad al haber sido expulsada de su casa sin redes de apoyo familiares y presentando incluso lesiones físicas en brazos y piernas de las que no recordaba cómo se produjeron. ii) Del Informe Psicológico Preliminar del SLIM de 20 de noviembre de 2022, que acredita la vulnerabilidad de la víctima, cursante de fs. 15 a 16, se consideró el estado de inconsciencia en el que se encontraba al momento del hecho, derivado del consumo de bebidas alcohólicas, esa situación que fue corroborada por las declaraciones testificales y elementos que cursan en el cuaderno de investigaciones, fueron las circunstancias concretas que permiten sostener, con un estándar de razonabilidad, que la víctima se encuentra en una situación de riesgo materialmente verificable, lo que habilita la adopción de medidas restrictivas para preservar no solo su integridad física y psicológica, sino también para evitar nuevas formas de victimización institucional a lo largo del proceso penal.

Aclarando además, que ese documento fue considerado por la Jueza hoy coaccionada, quien indicó que el mismo acreditó la vulnerabilidad de la víctima y su situación de inconsciencia derivada del consumo de alcohol, estableciendo la existencia de un riesgo real y efectivo para la víctima, remitiéndose a estándares internacionales como el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala (Corte IDH), que refuerzan la protección a la víctima. iii) Respecto a los invocados “certificados” que demuestran que no tiene antecedentes policiales, se aclaró conforme a lo consignado precedentemente en el análisis de fundamentación y motivación del fallo impugnado, que esa alegación no encuentra sustento jurídico suficiente cuando se observa con atención la estructura argumentativa y el contenido del Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 cuestionado, que, lejos de ser arbitrario o infundado, se enmarca en un razonamiento jurídico debidamente motivado, sustentado en normas internas, instrumentos internacionales y precedentes constitucionales que exigen la aplicación de la perspectiva de género y la protección reforzada de las víctimas de violencia sexual, en especial cuando se trata de mujeres en situación de vulnerabilidad. iv) Sobre el desistimiento presentado por la víctima, interpretó que tal como indicó la Jueza ahora coaccionada, el mismo evidenciaba actos de obstaculización; puesto que, el imputado, a través de sus hijas, hubiese influido emocionalmente sobre la víctima para desistir de la denuncia, afectando así la investigación de la verdad. En ese sentido, el Vocal ahora accionado, actuó conforme a los deberes reforzados que impone la perspectiva de género en casos de violencia sexual considerando no solo la prueba directa sino también el contexto psicosocial y estructural que afecta a la víctima y que muchas veces impide su participación activa o libre en el proceso; por lo que, la no ratificación del Informe del SLIM no tiene relevancia sustancial cuando de su contenido se desprende con claridad que la víctima estaba siendo coaccionada por el entorno del imputado afectando con ello el descubrimiento de la verdad y la prosecución del proceso penal. Así, la valoración realizada por el Tribunal de alzada se enmarca en lo establecido por la jurisprudencia constitucional que enfatiza que los administradores de justicia tienen el deber de considerar la vulnerabilidad de las víctimas de violencia sexual y aplicar reglas especiales que eviten su revictimización lo cual implica valorar la prueba en función de la situación concreta de la víctima y no desde una óptica formalista que desconozca el contexto de violencia estructural. Asimismo, esa actuación es coherente con los estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como Campo Algodonero y Velásquez Paiz, donde se establece que en contextos de violencia basada en género el Estado tiene el deber de actuar con debida diligencia y evitar exigir a la víctima cargas probatorias desproporcionadas especialmente cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o sufren presiones externas. Por lo tanto, la decisión del Vocal hoy accionado de considerar los Informes del SLIM como indicativos de riesgo procesal constituye una interpretación legítima y razonada que busca priorizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia y al bloque de constitucionalidad aplicable. A partir de lo anterior, se tiene que el Vocal ahora accionado no se apartó de los puntos cuestionados en el recurso de apelación incidental formulado por el accionante; por lo que, se reitera que el Auto de Vista de 8 de diciembre de 2022 hoy cuestionado, absuelve todos los aspectos puestos a su consideración de manera coherente y ordenada, encontrándose la correcta relación de los argumentos expuestos, y los fundamentos del Vocal hoy accionado con base normativa, análisis fáctico, valoración probatoria; y, la parte resolutiva concordante con lo anterior; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada. Por otra parte, a modo de aclaración en cuanto al cuestionamiento del accionante respecto a que la aplicación de una medida cautelar implicaría una sentencia condenatoria previa, corresponde señalar que la imposición de una medida cautelar personal como es la detención preventiva no puede ni debe ser concebida como una sanción ni mucho menos como una pena anticipada; puesto que, conforme al art. 6 del CPP y al art. 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), esta medida tiene una finalidad estrictamente procesal y preventiva, orientada a garantizar la presencia del imputado en el proceso, impedir la obstaculización de la investigación o proteger a la víctima, los testigos o la sociedad en general. En ese marco, el art. 221 del CPP, establece que las medidas cautelares personales tienen como finalidad asegurar la realización del proceso penal, asegurar la comparecencia del imputado al proceso y evitar la fuga, así como prevenir la obstaculización de la averiguación de la verdad o la comisión de nuevos delitos, por lo cual su imposición está sujeta a estrictas condiciones que deben ser valoradas por el Juez a partir de los riesgos procesales que contempla el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en jurisprudencia reiterada como en el caso “Bayarri vs. Argentina” estableció que la prisión preventiva no debe convertirse en una pena anticipada, siendo contraria a la presunción de inocencia consagrada en el art. 8.2 de la CADH, si se la utiliza como un castigo encubierto, por ello, la detención preventiva debe estar siempre justificada por razones objetivas, necesarias y proporcionales al fin legítimo que se persigue. En este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional desarrolló en múltiples sentencias como la SCP 0669/2019-S2 de 12 de agosto y la SCP 0112/2020-S2 de 17 de marzo, que la detención preventiva no constituye una pena anticipada sino una medida excepcional destinada a garantizar el normal desarrollo del proceso penal y que su legalidad y constitucionalidad dependen del cumplimiento de tres presupuestos: la existencia de suficientes elementos de convicción sobre la participación del imputado en el hecho investigado, la existencia de al menos uno de los riesgos procesales y que la detención sea idónea, necesaria y proporcional en relación al caso concreto. Por lo tanto, mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada dictada en juicio oral, público y contradictorio, y con pleno respeto al derecho al debido proceso, no puede hablarse de la existencia de una sanción penal, siendo que la imposición de una medida cautelar como la detención preventiva responde únicamente a la necesidad de asegurar la eficacia del proceso penal, proteger a la víctima y evitar la obstaculización de la investigación, sin que ello implique prejuzgamiento o vulneración al principio de presunción de inocencia. Así, la medida cautelar de detención preventiva debe ser entendida en su naturaleza instrumental y no sancionatoria, siendo una herramienta legítima del Estado para garantizar el cumplimiento de los fines del proceso penal, en tanto que la responsabilidad penal del imputado solo podrá ser establecida mediante una sentencia condenatoria emitida en juicio oral, público y contradictorio, conforme con los principios que rigen el sistema acusatorio penal boliviano y el bloque de constitucionalidad que vincula a todos los operadores de justicia. Finalmente, en cuanto a la denuncia del accionante de vulneración de sus derechos a la defensa, a la “seguridad” y a la presunción de inocencia, a más de su sola mención, el nombrado no explicó de qué manera fueron vulnerados; por lo que, no corresponde emitir mayor pronunciamiento. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 15 de diciembre de 2022, cursante de fs. 177 a 185 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación a la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, con la finalidad que el Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Estación Integral Policial Norte de la Capital del mismo departamento, no vuelvan a incurrir en una conducta dilatoria, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, congruencia y valoración razonable de la prueba, a la defensa, a la “seguridad” y a la presunción de inocencia, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.5, señala: “La Constitución Política del Estado vigente, asume una nueva visión del principio de eficacia y la protección a la víctima -arts. 180.I y 113.I CPE-, a partir de estos postulados fundamentales deben desarrollarse la normatividad, la doctrina y la jurisprudencia, orientando el sistema constitucional hacia un Estado más garantista y respetuoso de los Derechos Humanos. Desde esta nueva perspectiva garantista aplicada al caso concreto; en la ponderación de bienes superiores, nítidamente se contraponen dos criterios de protección: 1. Los derechos de la víctima, al acceso efectivo a la justicia y la reparación del daño; y,2 El derecho del procesado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. (…) En este esquema, si bien es el Estado el que asume el ius puniendi, actualmente cobran importancia trascendental los derechos de la víctima, que antes pasaron a un segundo plano, en la medida en que los mismos fueron ‘confiscados’ por el Estado como único titular de la facultad sancionadora. (…)

2 Entendimiento asumido de la Sentencia C-277/98, emitida por la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia.

3 Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>

4 Ibídem.

5 Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979.

6 El principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, conforme lo entendió la SCP 1662/2012 de 1 de octubre, al sostener en el FJ III.3, que: “…el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez”.

10 Párrafo 153. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf

11 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Párrafos 105 y 106.

12 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007, sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 101.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0588_2025-S1.pdf · páginas 1 a 59.

Huella digital del PDF (SHA-256): e23321f878471a9b8f0e9b14dd80373d2fd6c31c8ba48e702c21e08d1a400b1e

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