Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, a la defensa, a la motivación de las resoluciones, a la certeza y “a la seguridad jurídica”; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, solicitó cesación a la detención preventiva que fue rechazada por el Juez de la causa, razón por la cual presentó recurso de apelación que fue resuelto mediante Auto de Vista 311/2023 de 21 de abril, por el que la Vocal hoy accionada confirmó la decisión, sin considerar y fundamentar sobre el vencimiento del plazo de la detención que es de cumplimiento obligatorio y otros argumentos los cuales no fueron tomados en cuenta y que muestra que se apartó de lo dispuesto en la norma procesal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; ii) La solicitud de la cesación de la detención preventiva en fase del juicio oral; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 057/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0587/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55747-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 057/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Giovanni Arturo Morales Aliendre en representación sin mandato de Jorge Luis Gómez Rivera contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 2 a 7 vta., manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual previsto y sancionado en el art. 312 del Código Penal (CP), se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, disponiéndose la ampliación de dicha detención por dos meses mediante “Resolución 134/2023”, ante la falta de la realización de una valoración psicológica como acto de investigación, fijándose audiencia de situación procesal para el 30 de marzo de 2023; fecha en la cual, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz, solicitó la ampliación de su detención por treinta días más, de igual forma el Ministerio Público señaló que ya habría presentado requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria con la correspondiente acusación. En cuanto se refiere a la solicitud del representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de La Paz no correspondería una ampliación; puesto que, la valoración psicológica a la que hizo referencia ya fue realizada; y con relación a la solicitud del Ministerio Público, el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que el plazo de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del Fiscal de Materia y únicamente cuando responda a la complejidad del caso, fundamentos que jamás fueron expresados por la representante del Ministerio Público, sino simplemente se refirió al hecho de que ya existiría una acusación y en juicio oral, público y contradictorio tendrían que prestar sus declaraciones los testigos ofrecidos y que aún se mantendría latente el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del citado Código; fundamentos que no corresponden, para solicitar una ampliación del plazo de la detención preventiva; en consecuencia amparado en lo establecido en el art. 239.2 del mismo código, solicitó la cesación de la detención preventiva y en su lugar se apliquen las medidas cautelares personales señaladas en el art. 231 bis del adjetivo penal; dictándose en la misma fecha la “Resolución 209/2023” donde la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, rechazó su petición; sin tomar en cuenta que, el cese de las medidas al constatarse el vencimiento del plazo es de cumplimiento obligatorio. En grado de apelación, la Vocal hoy accionada al emitir el Auto de Vista 311/2023 de 21 de abril, donde confirmó la Resolución impugnada, estableció que no existía agravio alguno; puesto que, concurriría logicidad y racionalidad en la Resolución dictada por la Jueza de primera instancia, ya que habría tomado en cuenta el bloque de constitucionalidad que dispone la protección de las víctimas mujeres y niñas, esto sin realizar una ponderación de derechos se apartó de lo dispuesto en la norma procesal.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, a la defensa, a la motivación de las resoluciones, a la certeza y “a la seguridad jurídica”; citando al efecto los arts. 23.1 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 311/2023 de 21 de abril, dictado por la Vocal ahora accionada; y, b) Se dicte una nueva resolución que se enmarque dentro de los parámetros establecidos en la última parte del art. 233 del CPP.
Celebrada la audiencia virtual el 9 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 16, se produjeron los siguientes actuados
El accionante, a través de su representante sin mandato y abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) El Ministerio Público fue claro al establecer de que se presentó el requerimiento conclusivo de acusación; sin embargo, emitió un criterio estableciendo que al existir una acusación se puede interpretar que ya existe una certeza con respecto a la participación, vulnerando el principio de inocencia; 2) En ninguna parte de la norma se establece que por el hecho de que se hubiese presentado una acusación no proceda la cesación de la detención preventiva, conforme lo determina el art. 239.2 del CPP; 3) La Vocal ahora accionada, estaba llamada a preservar sus derechos conculcados a través del recurso de apelación; empero, no hizo ninguna valoración; y, 4) La -Ley 1443 de 4 de julio de 2022- marca el límite en el que se puede manejar la autoridad jurisdiccional, que señala en qué tipos de delitos no procede o en todo caso no es aplicable el art. 239.2 del CPP; dentro de los cuales, no se encuentra el delito por el cual se le está procesando.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 9 de mayo de 2023, cursante a fs. 12 y vta., manifestó que: i) La SCP 0545/2020-S4 de 6 de octubre, estableció que: "…los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base a criterios diferenciadores de género, con el propósito de prevenir y erradicar casos de violencia en contra de niñas o adolescentes..." (sic); y, ii) De acuerdo al "art. 32.1V de la ley 1173" en audiencia de consideración de situación jurídica del –accionante-, el Juez de la causa podrá determinar medidas cautelares menos gravosas, y en su caso de acuerdo a elementos de convicción que presenten en audiencia, se podrá mantener la medida extrema de la detención preventiva; por lo cual, consideró que el Juez de primera instancia al haber efectuado la preeminencia de los derechos de una víctima menor de edad, no habría vulnerado al principio el debido proceso en cuanto al elemento certeza y errónea aplicación de la norma procesal; en ese sentido, confirmó la Resolución venida en grado de apelación ya que los fundamentos expuestos por autoridad jurisdiccional contarían con suficiente logicidad jurídica; por la que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 057/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 17 a 18 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) Por Resolución 209/2023, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del referido departamento, determinó continuar con la detención preventiva; en razón a que el Ministerio Público habría formulado una acusación; asimismo, se encontrarían pendientes actos investigativos, con relación a la Cámara Gessell y otros; puesto que, esta declaración debe ser entendida en el alcance de lo que debe acontecer en el juicio oral, público y contradictorio, y que la decisión estaría respaldada desde la perspectiva de género a fines de resguardar los derechos de la víctima; b) La Vocal hoy accionada, en el Auto de Vista de 30 de marzo de 2023, sostuvo que la decisión adoptada tendría razonabilidad y logicidad, no obstante a que si bien como menciona el accionante no se habría establecido los alcances de la complejidad del caso; sin embargo, consideró los alcances establecidos en la diversa jurisprudencia que señala que las autoridades al momento de impartir justicia deben resguardar y precautelar los derechos de las víctimas, a efectos de brindarles protección; c) No se advierte que la decisión sea al margen o se encuentre contraria a disposiciones legales; por lo que, se debe tomar en cuenta que un vez formulada la acusación por parte del Ministerio Público el Juez de Instrucción Penal pierde competencia para continuar con la tramitación del caso, debido a que se ingresa a otra etapa procesal que es la del juicio oral, público y contradictorio; razón por la cual, no le corresponde considerar el tiempo de la detención preventiva vinculada a los riesgos procesales; y, d) Las modificaciones establecida en la Ley1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, la Ley de Modificación a la Ley 1173 –Ley 1126 de 23 de septiembre de 2019; y, la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-,establecieron que en etapa de juicio oral, púbico y contradictorio, solamente es considerable los alcances de tiempo, de los riesgos procesales y no así los de la autoría; por lo que, considera que el fundamento adoptado por la Vocal hoy accionada se encuentra acorde a las disposiciones normativas procesales; consecuentemente, no es viable otorgar la tutela solicitada. Por Auto Complementario de 9 de mayo de 2023, cursante a fs. 19 y vta., el Juez de garantías, señaló que: 1) Al encontrarse el cuaderno procesal con “la autoridad jurisdiccional” y más aún si la solicitud fue anterior a la formulación de la acusación, la autoridad judicial está obligada a resolver dichas solicitudes anteriores o pendientes que se encuentran para su Resolución; 2) A partir de una fundamentación de una acusación formulada por el Ministerio Público, se da lugar al ingreso de la etapa de juicio oral, público y contradictorio, donde -la autoridad jurisdiccional- no podría pronunciarse con relación a la autoría o probabilidad de autoría participativa; complementado el razonamiento, se sostiene que la decisión adoptada por la indicada autoridad judicial no está condicionada, inclusive hasta la audiencia de juicio oral, público y contradictorio; 3) El vencimiento del plazo da lugar a la cesación a la detención preventiva; sin embargo, la misma está condicionada, no es solamente el vencimiento del plazo; puesto que, incluso en la audiencia de consideración de la situación jurídica, el Ministerio Público solicitó que se continúe con la detención preventiva y básicamente pidió su ampliación; por ello, la Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de El Alto del departamento de La Paz, fundamentó la decisión de adoptar la continuidad de la detención preventiva; y, 4) Se debe tomar en cuenta que la citada autoridad acudió a la jurisprudencia haciendo un razonamiento de su aplicabilidad; por lo que, al momento de acudir a dicha fuente y al existir un acto donde el propio Ministerio Público solicitó la continuidad de la detención preventiva, la decisión está acorde a los razonamientos establecidos en la norma.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de Admisión a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. No se adjuntó ningún documento de respaldo por parte de Jorge Luis Gómez Rivera y tampoco por parte de la Vocal ahora accionada.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, a la defensa, a la motivación de las resoluciones, a la certeza y “a la seguridad jurídica”; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, solicitó cesación a la detención preventiva que fue rechazada por el Juez de la causa, razón por la cual presentó recurso de apelación que fue resuelto mediante Auto de Vista 311/2023 de 21 de abril, por el que la Vocal hoy accionada confirmó la decisión, sin considerar y fundamentar sobre el vencimiento del plazo de la detención que es de cumplimiento obligatorio y otros argumentos los cuales no fueron tomados en cuenta y que muestra que se apartó de lo dispuesto en la norma procesal. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) Competencia para conocer solicitudes en relación a la aplicación o modificación de las medidas cautelares ante la interposición de la acusación fiscal; ii) La solicitud de la cesación de la detención preventiva en fase del juicio oral; y, iii) Análisis del caso concreto.
Al respecto la SCP 0554/2020-S1 de 5 de octubre, refirió que: "La SC 0143/2003-R de 2 de febrero de 2004 precisó que la autoridad medidas competente para sustanciar cualquier solicitud relacionada con las cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción Penal, que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Más tarde la SC 0487/2005-R de 6 de mayo estableció que al margen que la causa se haya sorteado ante el Tribunal de sentencia penal; el Juez de Instrucción Penal debe proceder a su consideración conforme a derecho, ya que la misma todavía no radicó en el citado Tribunal; entendimiento ratificado por la SC 0745/2007-R de 24 de septiembre y la SCP 2053/2012 de 15 de octubre, entre otras. Complementando a esta línea jurisprudencial, la SC 1584/2005- R de 7 de diciembre señaló que siendo el derecho a la libertad de importancia no solo primaria sino fundamental, es posible que el Juez de Instrucción Penal pueda resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva, aunque se hubiera presentado la acusación; siempre y cuando no haya radicado la causa en un determinado Tribunal de sentencia penal; entendimiento, reiterado por la SCP 0971/2016-S3 de 16 de septiembre, entre otras. Conforme a dicha línea jurisprudencial, las solicitudes de cautelares podrían ser conocidas por el Juez de Instrucción Penal hasta que la causa sea radicada ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal; accionado con el cual, recién perdía competencia el primero. Sin embargo, dicha línea jurisprudencial fue cambiada por el entendimiento asumido en la SCP 0367/2017-S1 de 25 de abril: la cual, señaló que con la remisión de la causa ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal, se marca el inicio de la etapa de juicio oral del proceso penal; momento a partir del cual, adquieren competencia para conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares.
En el mismo sentido, la SCP 0817/2017-S2 de 14 de agosto entiende que la remisión del expediente ante el Tribunal de Sentencia Penal, por la interposición de la acusación fiscal, tiene como consecuencia que el Juez de Instrucción Penal, pierde competencia para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva. Ahora bien, cabe señalar que la jurisprudencia constitucional no es estática, sino dinámica, evolutiva, que va mutando, complementando, modulando, cambiando o reconduciendo la línea, en busca de precautelar el respeto y la vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. En este entendido, habiéndose realizado el examen de la línea jurisprudencial respecto a la competencia de los jueces y tribunales para resolver las solicitudes de cesación a la detención preventiva, cuando se presentó la acusación fiscal, a la luz de la Constitución Política del Estado y de conformidad con los arts. 325 y 344 del CPP, modificados por el art. 8 de la Ley 586 -Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal-; corresponde de manera expresa efectuar una reconducción de la línea jurisprudencial, haciendo efectivos los principios de celeridad, seguridad jurídica y los derechos a la defensa, al debido proceso ya una justicia efectiva y sin dilataciones; por lo que, con relación a la competencia del juez de instrucción penal para conocer la cesación de la detención preventiva ante la interposición de una acusación fiscal; corresponde reconducir la línea establecida por la SC 0487/2005 a lo señalado en la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre , que indica:…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal , así se colige del recurso aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentar la acusación (…). Precedente del cual se establece que mientras no se radique la causa en el juzgado o tribunal de sentencia penal al que se derivó la misma, el juzgado remitente sigue teniendo competencia para resolver solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares.
(…)
En este marco, se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentación la acusación, se formulan solicitudes de cesación de la detención preventiva : a) Los Jueces de Instrucción Penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el Juez o Tribunal de Sentencia Penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el Juez de Instrucción Penal, remitirá los antecedentes ante el Juez o Tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás accionados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el Juez o Tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente.
La SCP 0534/2024-S2 de 23 de agosto, reiterando el entendimiento asumido por diversa jurisprudencia constitucional referida este aspecto expreso que: “… la Disposición Transitoria Décima Segunda en su párrafo segundo de la Ley 1173, indica: ʽ En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, víctima, querrellante o coadyuvanteʼ; debiendo armonizar la disposición con el art se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo; significando que, únicamente en etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al art. 239.2 del CPP , en cuanto al plazo de la detención preventiva, vencida esta etapa el término mencionado será considerado para la cesación de la medida cautelar en el marco de los numerales 3 y 4 del aludido artículo Código Adjetivo Penal; en efecto, en fase de juicio oral al no existir actos investigativos que desplegar; en razón a que, ya existe requerimiento de acusación fiscal, corresponde necesariamente enervar los riesgos procesales que sostienen la medida cautelar extrema para obtener la cesación a la medida impuesta” (las negrillas son nuestras).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado a su libertad, a la defensa, a la motivación de las resoluciones, a la certeza y “a la seguridad jurídica”; puesto que, en el proceso penal seguido contra su persona, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, solicitó cesación a la detención preventiva que fue rechazada por el Juez de la causa, razón por la cual presentó recurso de apelación que fue resuelto mediante Auto de Vista 311/2023 de 21 de abril, por el que la Vocal hoy accionada confirmó la decisión, sin considerar y fundamentar sobre el vencimiento del plazo de la detención que es de cumplimiento obligatorio y otros argumentos los cuales no fueron tomados en cuenta y que muestra que se apartó de lo dispuesto en la norma procesal. A los fines de la consideración de la problemática, corresponde previamente aclarar que de la revisión del expediente de la presente acción de libertad, no se tiene documentación que evidencia lo referido por las partes procesales; por lo que, bajo el principio de presunción de veracidad se presume la veracidad de los hechos correspondiendo en consecuencia efectuar el siguiente análisis. Conforme a lo expresado por el accionante se tiene que: a) Se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, proceso en el cual se dispuso la ampliación de su detención preventiva por dos meses más, mediante “Resolución 134/2023” debido a la falta de realización de una valoración psicológica como acto de investigación; b) Se fijó audiencia de verificación de su situación procesal para el 30 de marzo de ese mismo año, fecha en que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia a nombre de la víctima, solicitó la ampliación de la detención preventiva por el lapso de treinta días, ya que faltaba la documentación psicológica; por su parte, el Ministerio Público señaló que había presentado el requerimiento conclusivo de la etapa preparatoria a través de la correspondiente acusación, en consecuencia se dictó la “Resolución 209/2023”, en la cual la Jueza de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, rechazó su solicitud cesación, de la detención preventiva, sin tomar en cuenta que dichas medidas cesan al constatarse el vencimiento del plazo, disposición que según la norma procesal es de cumplimiento obligatorio; y, c) La Vocal hoy accionada, al confirmar la Resolución dictada por la Jueza de primera instancia con el argumento de que no existe agravio alguno y que concurre logicidad y racionalidad por la aplicación del bloque de constitucionalidad que dispuso la protección de las víctimas mujeres y niñas, se apartó de lo dispuesto en la norma procesal vulnerando el debido proceso así como la seguridad jurídica. Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, como autoridad hoy accionada refirió que en atención a la jurisprudencia contenida en la SCP 0554/2020-S4 “…los administradores de justicia están obligados a resolver los casos con base a los que criterios diferenciadores de género con el propósito de prevenir y erradicar casos de violencia en contra de niños y niñas y adolescentes…” (sic); asimismo, en la audiencia de consideración de situación jurídica del imputado-accionante-, la autoridad judicial podrá determinar medidas cautelares menos gravosas y en su caso de acuerdo a elementos de convicción que presenten en audiencia se podrá mantener la medida extrema de la detención preventiva; por lo cual, considera que el Juez de primera instancia al haber efectuado la preeminencia de los derechos de la víctima menor de edad, no vulneró el derecho al debido proceso en cuanto al elemento certeza y errónea aplicación de la norma procesal, en ese sentido confirmó la Resolución en grado de apelación. En ese marco y de acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, sobre la competencia que debe asumir el Juez de Instrucción Penal dentro de la tramitación de las solicitudes cesación de la detención preventiva, cuando existe acusación presentada por el Ministerio Público, estableció que es posible que el Juez a cargo del control jurisdiccional, pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiese presentado la acusación, pero siempre que no hubiera sido radicada la causa en un determinado Tribunal; en este caso la Jueza de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, rechazó las solicitudes cesación de la detención preventiva presentada por el accionante mediante “Resolución 209/2023”, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual establece que: “…únicamente en etapa preparatoria procede la aplicación de la cesación de acuerdo al artículo 239.2 del CPP en cuanto al plazo de la detención preventiva (…) en fase de juicio oral al no existir actos investigativos que desplegar; en razón aquí ya existe requerimiento de acusación fiscal corresponde necesariamente enervar los riesgos procesales que sostienen la medida cautelar extrema para obtener la citación a la medida impuesta”; por lo que, la determinación ahora impugnada pronunciada por la Vocal hoy accionada mediante Resolución 311/2023, que confirmó la Resolución en grado de apelación en el entendido de que con relación a la aplicación el art. 239.2 del CPP señala intrínsecamente, que dicho numeral sólo corresponde ser aplicado en la etapa preparatoria y no así en el desarrollo del juicio oral, público y contradictorio; ya que, superó el tiempo para realizar actos investigativos, debiendo la parte contraria desvirtuar los riesgos procesales que se encuentran latentes denotándose que el Auto Interlocutorio 209/2023 aplicó de forma clara, concreta y concisa los lineamientos descritos en el presente fallo constitucional, no siendo evidente la vulneración de derechos alegados por el accionante. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 057/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0587_2026-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): c4905d89f026f72da23112b841fb86df8038014eaf01e744588df98302a23fa2
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