Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
El solicitante de tutela señaló como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación; y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de la detención preventiva; toda vez que, la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 204/2022, incurrió en: 1) Errónea interpretación y aplicación del primer párrafo del art. 235 con relación al 235.2 y 14 del CPP; 2) Inobservancia de los arts. 233.3) y 235.ter último párrafo del CPP; y, 3) Aplicación errónea de los arts. 221 del mencionado código y 86.13 de la Ley 348; al validar el Auto Interlocutorio recurrido en apelación incidental, que determinó la aplicación de su detención preventiva, por el plazo de cinco meses; alegando la necesidad de protección a la víctima; así como, la de garantizar su presencia en el proceso; no obstante que ya contaba con una sentencia condenatoria emitida dentro de procedimiento abreviado y que había concluido la etapa preparatoria, circunstancia que acreditaba que no existían actos de investigación pendientes. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 132 vta. a 142, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0587/2024-S4 Sucre, 10 de septiembre de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 49192-2022-99-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 004/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 132 vta. a 142, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Carlos Maita Céspedes, contra José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por memorial presentado el 3 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, 29 a 43; el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra, a instancias del Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; una vez presentada la imputación formal y realizada la audiencia de consideración de medidas cautelares, se sometió a procedimiento abreviado, dando lugar a la emisión de la Sentencia Condenatoria de 13 de mayo de 2022; a través de la cual, se le impuso la pena privativa de libertad de tres años; circunstancia que motivó la solicitud de la aplicación del beneficio de la suspensión condicional de la pena, previsto en el art. 366 del Código Procesal Penal (CPP), en razón que su condena no era mayor a los tres años y no contaba con Sentencia Condenatoria Ejecutoriada dentro de los último cinco años; sin embargo, la Jueza de Instrucción Penal Primera del departamento de Chuquisaca, que se encontraba en suplencia legal del titular de la causa, rechazó su solicitud alegando que el beneficio no garantizaría de manera efectiva una protección a la víctima y porque en un proceso anterior de violencia familiar, había conciliado con la misma; consecuentemente, mediante Auto Interlocutorio de igual día, mes y año, dispuso su detención preventiva, por el plazo de cinco meses, considerando necesaria dicha medida para la realización de actuados investigativos; circunstancia que motivó la presentación del recurso de apelación incidental. Los motivos de apelación incidental fueron los siguientes: a) Errónea aplicación del art. 235.2 del CPP, y vulneración al debido proceso en su vertiente fundamentación y razonabilidad de las resoluciones; b) Omisión valorativa de la prueba y errónea aplicación de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y necesidad, al aplicar la detención preventiva, vulnerando el debido proceso y los arts. 231.bis II y 173 del CPP; y, c) Inobservancia del último párrafo del art. 235.ter del citado código, transgrediendo el debido proceso en su vertiente de fundamentación y razonabilidad de las resoluciones, al determinar el plazo de la detención preventiva. La apelación incidental fue resuelta por José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –ahora demandado–, quien mediante Auto de Vista 204/2022 de 24 de mayo, declaró admisible e improcedente el recurso planteado, apartándose de las reglas contenidas en la norma procesal, convalidando y justificando como adecuada su detención preventiva; pese a que, ésta emergía de un procesamiento indebido; como consecuencia, incurrió a su vez en: 1) Violación al debido proceso en sus vertientes legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación, que afecta su derecho a la libertad, a causa de una errónea interpretación y aplicación del primer párrafo del art. 235 con relación al 235.2 y 14 del CPP; toda vez que, el Vocal demandado resolvió de manera dispersa sus motivos de apelación, sin asignar un subtítulo o acápite en el que se resuelva cada motivo por separado; es decir, que manifestó como argumentos centrales para declarar la improcedencia de su primer motivo, que la sentencia de procedimiento abreviado no estaba ejecutoriada, quedando pendiente el recurso de apelación restringida; que el art. 235.2 no había sido desvirtuado y que no era evidente que hubiese concluido la etapa preparatoria; pues, estaba pendiente el plazo para interponer la apelación restringida; pese a que no existiría alguna circunstancia que demuestre que el imputado entorpecería la averiguación de la verdad; pues, no existe la posibilidad procesal y fáctica de influir en testigos o la propia víctima, para que éstos informen falsamente o sean reticentes, considerando que no había la necesidad de que los mimos testifiquen, porque al haber una sentencia condenatoria, el proceso no se encontraba en etapa de averiguación de la verdad y esas fases procesales ya habían sido superadas. Tampoco explicó de manera suficiente y razonable, cómo es que su persona podría objetivamente influir de manera negativa en testigos o la víctima; limitándose a emitir argumentos esquivos, genéricos y absurdos, que no respondieron de manera específica lo neurálgico del motivo de su recurso; 2) Vulneración al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y principio de legalidad, necesidad y proporcionalidad de la detención preventiva; al determinar el plazo y necesidad de la detención, inobservando los arts. 233.3) y 235.ter último párrafo del CPP; toda vez que, resolvió la improcedencia del “TERCER MOTIVO DE APELACIÓN” (sic), con los siguientes argumentos: la sentencia no está firme y no es suficiente argumento para alterar la decisión respecto a la necesidad de la detención preventiva; que al estar el delito perseguido, conforme a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia –Ley 348 de 9 de marzo de 2013–, corresponde aplicar las modificaciones al procedimiento común, como el art. 86.13, que establece como principio procesal la protección de la víctima durante la investigación; la necesidad y proporcionalidad del plazo de la detención, debe garantizar la realización de determinados actos investigativos y los cinco meses, fueron en función a las medidas identificadas por el Ministerio Público; siendo razonables en consideración al plazo de la etapa preparatoria de seis meses y que estarían pendientes los recursos antes aludidos; no obstante que existía una sentencia condenatoria y que no había actuado investigativo alguno que pueda ser realizado en esa etapa procesal; y, 3) Aplicación errónea de los arts. 221 del CPP y 86.13 de la Ley 348; al resolver el segundo motivo de su apelación; a través del cual, reclamó la omisión valorativa de la prueba, señalando que la Jueza de instancia, basó la necesidad de la detención preventiva, exclusivamente en aspectos relacionados a la seguridad y protección de la víctima, sin considerar que en dicho momento procesal no existía investigación. Sin embargo, el Vocal demandado, señaló que el art. 86.13 de la Ley 348, establecía que las medidas cautelares, tenían un carácter “proyectivo” (sic) en la investigación; y que en esa etapa del proceso, la detención preventiva era para salvaguardar a la mujer y porque era necesario para las actuaciones que el Ministerio Público había identificado en su momento. Consecuentemente, la autoridad demandada, de manera contradictoria, indicó que sería necesario, razonable y proporcional, mantener su detención preventiva por cinco meses; en razón a que, por un lado se debía considerar los seis meses de la etapa preparatoria y por otro lado, los meses de resolución que llevaría resolver el recurso de apelación contra la Sentencia; omitiendo realizar el test de proporcionalidad de la detención preventiva en base a los antecedentes del caso concreto; y pretendiendo justificar la necesidad y proporcionalidad de su detención preventiva en base a un aspecto falso, que no existe; resultando excesivo aplicar dicha medida cautelar sólo en base a la necesidad de protección de la víctima sin que existan actos de investigación pendientes.
El impetrante de tutela señaló como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación; principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de la detención preventiva; citando al efecto los arts. 23.I y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia; i) Se deje sin efecto el Auto de Vista 204/2022 de 24 de mayo, emitido por la autoridad demandada; y, ii) Se ordene la emisión de nueva resolución que resuelva su recurso de apelación, considerando que “ … NO ES POSIBLE QUE … entorpezca la averiguación de la verdad u obstaculice la investigación, por que NO EXISTE INVESTIGACIÓN o JUICIO ORAL pendiente; que el plazo de detención es excesivo y NO ESTÁ VINCULADO a ningún actuado de investigación o al plazo de la etapa preparatoria, ya que dichas fases han sido superadas y en razón a que no resulta PROPORCIONAL o estrictamente NECESARIO disponer … DETENCIÓN, cuando YA NO EXISTE INVESTIGACIÓN o JUICIO ORAL que desarrollar dentro del presente proceso y solo se ha fundamentado la misma en la necesidad de proteger a la Víctima, existiendo OTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS que pueden garantizar la seguridad de la víctima y mi presencia en el proceso …” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 5 de agosto de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 132 y vta., presentes el solicitante de tutela, asistido de su abogado; así como, el representante del Ministerio Público; ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante en audiencia, a través de su abogado patrocinante, ratificó íntegramente los fundamentos expuestos en el memorial de acción de libertad; y, ampliándolos indicó que: a) No era evidente que se pretenda convertir la acción de libertad en otro recurso; b) Denunció la lesión del derecho a la fundamentación; toda vez que, ésta se encontraba alejada de la razonabilidad; y para ello cumplió con la carga argumentativa, debiendo ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada; c) De acuerdo a lo informado por la autoridad demandada, se debe considerar que existe una apelación y en caso de ser favorable al Ministerio Público, se deberá restituir obrados y reanudar la etapa preparatoria; circunstancia que no justifica el argumento de que haya medios de investigación pendientes de realización y que el proceso esté en etapa de apelación restringida; d) Lo que solicitó fue la elaboración de un juicio de proporcionalidad, y la fundamentación del por qué no se puede aplicar una medida cautelar menos gravosa; y, e) La apelación restringida, pendiente de resolución, fue presentada para la aplicación de beneficios procesales, y se apliquen sanciones alternativas; como prueba de lo señalado, se adjuntó el memorial de apelación y la acción de amparo constitucional planteada contra las resoluciones.
José Manuel Gutiérrez Velásquez, entonces Vocal Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 5 de agosto de 2022, cursante de fs. 110 a 122, señaló que: 1) El impetrante de tutela pretende convertir una acción de defensa constitucional en una nueva instancia ordinaria, circunstancia que no está permitida; toda vez que, la jurisprudencia constitucional estableció que el recurso de la acción tutelar no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos; 2) El solicitante reclamó respecto al Auto de Vista 204/2021 de 24 de mayo, alegando la vulneración del debido proceso, en sus vertientes legalidad, seguridad jurídica y fundamentación; sin embargo, respecto a la errónea interpretación de los arts. 235.2 y 14 del CPP, señaló que los motivos de su apelación fueron resueltos de manera dispersa, lo que no implica una vulneración al debido proceso; careciendo de relevancia o trascendencia constitucional la acción de defensa planteada; 3) En cuanto al primer motivo, alegando que al existir una Sentencia Condenatoria, concluyó la etapa preparatoria y ello implicaría ya no estar en una fase de averiguación de la verdad y por ello resultaría imposible entorpecer la misma; en la resolución cuestionada, se indicó que el argumento central se basaba en los efectos de las apelaciones, por lo que no estaba ejecutoriada la sentencia; tampoco es evidente que haya concluido la etapa preparatoria, estando aún pendientes en su conclusión, debido a los efectos que tiene el plazo pendiente para interponer la apelación contra el procedimiento abreviado; en consecuencia es razonable tener presente o por demostrado un peligro de obstaculización; asimismo, es preciso considerar que la sentencia de procedimiento abreviado no surgió del trámite de juicio oral, ni a la conclusión de la etapa preparatoria, sino en el primer momento de la investigación, y se requerían otras actividades investigativas, como la recepción formal de la declaración de la víctima, como testimonio especial, informe social y otros actuados; que en su oportunidad fueron considerados a momento de solicitar la detención preventiva; es decir, que la etapa preparatoria recién había dado inicio; 4) Paradójicamente, el imputado, presentó recurso de apelación restringida contra la sentencia, que ahora pretende se dé por vigente; y, cabe señalar que el Juez a quo refirió que de las entrevistas y el informe psicosocial, consideró que la víctima se encontraba en una situación de dependencia emocional, con relación al imputado, sumida en una situación de violencia que provocó una serie de mutaciones en su intervención; así en un primer momento de su intervención señaló que la fractura se había dado por un accidente en moto, demostrando que el imputado ejercía dominio sobre ella; 5) En base al principio de verdad material, se evidencia que no se tomó la declaración de la víctima, en Cámara Gesell; actuado de relevancia que permite disminuir la revictimización y preservar su testificación; y los casos de violencia familiar o doméstica, deben ser abordados con perspectiva de género, sopesando la necesidad de la aplicación de la medida cautelar, además de los ordinarios fines procesales, también desde el punto de vista de la seguridad de la víctima; así se consideró que al no estar ejecutoriada la sentencia condenatoria, podía ser apelada y podría variar el quantum de la pena, considerando la gravedad del delito;
considerando que se trata de un ciclo de violencia que sufrió la víctima; consecuentemente por los estándares internacionales y nacionales, se encontraban llamados a romper ese ciclo de violencia, con medidas idóneas, entre ellas una medida cautelar con perspectiva de género; 6) Debe tenerse presente que el efecto de la apelación restringida es suspensivo; y fue el mismo imputado quien presentó la apelación, en franca vulneración al principio nemo aduditur propiam turpitudinem allegans; por lo que es aplicable el principio de protección; 7) Si bien el art. 233.3 del CPP, alude a la identificación de actuados investigativos específicos; como ya se mencionó en la imputación formal se identificaron actuados tales como la pericia psicológica, entrevista a los testigos, el entorno familiar de la víctima; asimismo, se mencionó a testimonios especiales, informe social y otros que debían realizarse con perspectiva de género, a objeto de cumplir con los estándares internacionales; por ello el reclamo del plazo de 5 meses impuestos, carece de trascendencia constitucional, pues el Ministerio Público identificó y sustentó dichas medidas en la audiencia cautelar; 8) La hipótesis del apelante, parte de la existencia de la sentencia condenatoria, que estaba pendiente el plazo de apelación y que fue recurrida inclusive por el propio imputado; por ende no estaba ejecutoriada; en consecuencia, persistía la posibilidad de que se deniegue el procedimiento abreviado y se deba restituir obrados hasta la audiencia cautelar, para proseguir la etapa preparatoria; donde se deban realizar actuaciones investigativas pendientes y necesarias; por ello los argumentos utilizados por la autoridad demandada, no son contradictorios, sino subsecuentes y complementarios; 9) En los hechos el imputado pretende que se deje de aplicar las medidas cautelares con perspectiva de género, como dispone, entre otros instrumentos, el Protocolo para juzgar con perspectiva de género del Órgano Judicial; en ese sentido en el caso de violencia doméstica, debe considerarse que a partir de la Ley 348, en virtud al principio de legalidad, todos los delitos contemplados en dicha Ley, son de responsabilidad del Ministerio Público; además la referida Ley fue promulgada para garantizar a las mujeres una vida digna y libre de violencia, ante los niveles alarmantes de violencia contra la mujer; 10) La proporcionalidad de la medida debe ser analizada desde la pregunta ¿la afectación, restricción o limitación al derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida?; circunstancia que fue considerada, cumpliendo con la fundamentación requerida con perspectiva de género; y, 11) Cabe hacer notar la tendenciosa actuación de la defensa; pues, pese a reclamar esencialmente sobre la existencia de una sentencia condenatoria en su contra, apeló contra la misma de forma restringida, pese a haberse sometido voluntariamente a un procedimiento abreviado; por ende existe un exceso de previsión por parte del accionante, solicitando que se apliquen sanciones alternativas previstas en el art. 76 y siguientes de la Ley 348; asimismo, el impetrante de tutela, ya recurrió en apelación incidental ante la misma Sala, pidiendo la aplicación de sanciones alternativas, recurso que fue resuelto mediante el Auto de Vista 223/2022 de 9 de junio, que determinó su improcedencia; es decir, que ese mismo argumento ya fue planteado de manera repetida de diversas formas procesales, demostrando que pretende beneficiarse de una impropia estrategia jurídica, buscando asegurar su impunidad.
Carmen Rosa Encinas, Fiscal de Materia, mediante memorial presentado el 4 de agosto de 2022, cursante a fs. 51, señaló que: i) Lo expuesto en la acción de libertad carecía de verdad; pues, en el proceso penal existía una apelación restringida pendiente de resolución; toda vez que, el Ministerio Público se opuso férreamente a la concesión del procedimiento abreviado; y por ello interpuso recurso de apelación restringida; consecuentemente, el caso se encontraba en etapa preparatoria; ii) El daño causado a la víctima fue de un impedimento de treinta y cinco días, según el certificado médico forense; además, no fue el primer hecho de agresión contra la víctima; existiendo un caso anterior de agresión por el mismo sindicado; en el cual, creyendo en su supuesto arrepentimiento y promesa de no repetirse la historia, promovió una conciliación; iii) La víctima se encuentra en peligro en manos del imputado, situación que explica el porqué de la decisión del Tribunal de alzada, que solo aplicó los estándares internacionales a los cuales como país nos encontramos adscritos, debiendo mantenerse incólume el Auto cuestionado. Asimismo, en audiencia de la presente acción tutelar, manifestó que: iv) La sentencia condenatoria emitida no estaba firme; v) Desde un inicio, el Ministerio Público se opuso a la medida adoptada; ahora bien, la parte solicitante de tutela no acepta la razonabilidad, y resulta insuficiente la determinación asumida; sin considerar que la Ley 348, privilegia la seguridad de la víctima, y por esa vía se direccionó el Ministerio Público; y, vi) Al no estar ejecutoriada la sentencia emitida, la Fiscalía tiene muchas cosas por hacer en la investigación; sin que ello signifique tener interés en perjudicar a la defensa, sino proteger y garantizar la seguridad de la víctima; correspondiendo denegar la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca, constituido en Juez de garantías, por Resolución 004/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 132 vta. a 142, concedió la tutela solicitada, disponiendo se deje sin efecto el Auto de Vista 204/2022 de 24 de mayo, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; debiendo dictar una nueva, dentro de las cuarenta y ocho horas de ser notificado con la resolución y sin previo sorteo; bajo los siguientes fundamentos: a) El accionante denunció que la autoridad demandada incurrió en errónea aplicación del art. 235.2) con relación al 14 del CPP; vulneración al debido proceso en la vertiente del principio de legalidad, fundamentación y los principios de necesidad y proporcionalidad de la detención preventiva, al determinar el plazo y necesidad de la detención; inobservancia de los arts. 233.1) y 235.ter del CPP; así como, en errónea aplicación de los arts. 221 del CPP y 86.13 de la Ley 348; b) En cuanto al primer motivo, el fundamento del Auto de Vista cuestionado, ciertamente se constituye en arbitrario, por cuanto se aleja de toda logicidad y racionalidad; pues, no consideró a cabalidad el contexto procesal en el cual se solicitó la detención preventiva del impetrante de tutela, que incide de manera determinante en el análisis de la concurrencia del riesgo inmerso en el art. 235.2) del CPP; en efecto se tiene acreditada la existencia de una Sentencia Condenatoria, y al margen que ésta sea susceptible de apelación y aún no se encuentre ejecutoriada, ello no enerva que la causa penal haya finalizado aún sea de manera provisional; y que culminó con la etapa preparatoria; así como, las investigaciones; lógicamente no podría concurrir ningún riesgo de obstaculización; menos aún, en relación al art. 235.2) del citado código; pues, al momento procesal de la solicitud de la medida cautelar, la circunstancia obstaculizadora inmersa en el referido artículo, ya no tenía efecto procesal, su consideración era innecesaria y su concurrencia irrazonable; toda vez que, al existir una sentencia condenatoria dictada en procedimiento abreviado, notificada al Ministerio Público; es lógico que éste ya no requería la concurrencia y atestación de partícipes, de la víctima, testigos o peritos, para analizar una posible influencia negativa sobre estos; por ello, los argumentos del Vocal demandado, están basados en presunciones abstractas; pues no expresó, ni dio certeza sobre qué recursos hubieran sido presentados, además adelantó criterios de la posible forma de resolución de las apelaciones, mencionando el probable incremento del quantum de la pena impuesta; de las circunstancias en las que se dieron los hechos Juzgados y otros aspectos que podrían ser considerados en alzada y hacer variar la Sentencia; cuando en realidad lo que le correspondía era analizar si el riesgo llevado ante el a quo a momento de la solicitud de la detención preventiva, era razonable considerando la existencia de una sentencia condenatoria. Asimismo, llama la atención que el Auto de Vista cuestionado refiere que el art. 235.2 del CPP no ha sido desvirtuado, desconociendo que el nuevo régimen cautelar de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, de manera taxativa, determina que la carga de la prueba la tiene el acusador, quien debería acreditar la concurrencia del riesgo procesal; c) Respecto al segundo acto lesivo denunciado, que radica en el hecho de haberse determinado el plazo de duración de detención preventiva por el plazo de cinco meses, en razón a los seis meses de duración de la etapa preparatoria y los actuados investigativos identificados por el Ministerio Público; es preciso señalar que el plazo de duración se constituye en un requisito de validez de la medida extrema; empero, el tiempo a imponerse no es discrecional, sino en virtud a la necesidad y utilidad procesal; en consecuencia, al momento de determinarse la detención preventiva, es necesario fundamentar en función a la etapa procesal, cuál es la utilidad de la misma; y, en el caso de autos, se tiene que el Vocal demandado dio por bien hecho el plazo de cinco meses, sin percatarse que la Jueza a quo no fundamentó en absoluto la duración de dicha medida; vale decir, que no señaló cuáles las razones de utilidad procesal por las que impuso ese tiempo. Así, el argumento utilizado que la sentencia no estaba ejecutoriada y que aún estaba en curso la etapa preparatoria y debían efectuarse actos investigativos, resulta poco reflexivo; toda vez que, al haberse dictado una sentencia condenatoria, ello determina que la etapa preparatoria haya concluido y por ello es lógico que no se efectúen más actos investigativos, quedando procesalmente activa la etapa de recursos; y, d) En relación a la tercera denuncia planteada por el solicitante de tutela, referida a que el Vocal demandado no hubiera revisado correctamente si la Jueza de instancia efectuó el test o juicio de proporcionalidad al momento de imponer la detención preventiva; de la revisión del Auto de Vista cuestionado, se advierte que no existía ningún juicio o test de proporcionalidad que dé cuenta y explique suficientemente al justiciable del por qué únicamente corresponde la detención preventiva para garantizar la finalidad buscada, que en el caso concreto, era la protección a la víctima, su integridad toda vez que los hechos por los cuales fue sentenciado, se constituían en graves; no es menos cierto que la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP 0010/2018 de 28 de febrero, establece cuatro niveles de análisis, que obligan a todo juzgador a fundamentar por qué otras medidas menos gravosas a la detención preventiva no resultan suficientes. Y si bien en el caso analizado, existía la finalidad de garantizar los actos investigativos y la integridad de la víctima; sin embargo, el primer fin resulta irrazonable en esa etapa del proceso; y con relación al segundo fin, correspondía fundamentar por qué las prohibiciones de acercamiento previstas en los numerales 4 y 5 del 231 bis del CPP, no eran suficientes para garantizar la integridad de la víctima; consecuentemente, al no existir esa labor intelectiva, sino únicamente el argumento que dicha medida sería razonable desde una perspectiva de género, no es valedero para omitir la realización del test de proporcionalidad y la consideración de la idoneidad de otras medidas menos gravosas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 13 de mayo de 2022, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Carlos Maita Céspedes –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, la Jueza de Instrucción Penal Primera de Chuquisaca, en suplencia legal del Juzgado especializado en violencia contra la mujer, dispuso la procedencia de la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y la víctima, de detención preventiva del imputado, por un plazo de cinco meses (fs. 7 a 8) II.2. Conforme al acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar, de 24 de mayo de 2022, mediante el uso de la palabra, la defensa del impetrante de tutela, expuso los motivos de su apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 13 de mayo del mismo año (fs. 12 a 17 vta.). II.3. A través de Auto de Vista 204/2022 de 24 de mayo, José Manuel Gutiérrez Velásquez, entonces Vocal Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –hoy demandado–, declaró admisible el recurso de apelación incidental de medida cautelar formulado por el impetrante de tutela, e improcedentes los motivos planteados; en consecuencia, quedó incólume el Auto Interlocutorio impugnado (fs. 18 a 23 vta.).
El solicitante de tutela señaló como vulnerados sus derechos a la libertad y al debido proceso en su vertiente de fundamentación; y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de la detención preventiva; toda vez que, la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 204/2022, incurrió en: 1) Errónea interpretación y aplicación del primer párrafo del art. 235 con relación al 235.2 y 14 del CPP; 2) Inobservancia de los arts. 233.3) y 235.ter último párrafo del CPP; y, 3) Aplicación errónea de los arts. 221 del mencionado código y 86.13 de la Ley 348; al validar el Auto Interlocutorio recurrido en apelación incidental, que determinó la aplicación de su detención preventiva, por el plazo de cinco meses; alegando la necesidad de protección a la víctima; así como, la de garantizar su presencia en el proceso; no obstante que ya contaba con una sentencia condenatoria emitida dentro de procedimiento abreviado y que había concluido la etapa preparatoria, circunstancia que acreditaba que no existían actos de investigación pendientes. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, la SCP 0205/2014-S3 de 25 de noviembre, sobre el tema refiere que: “El debido proceso implica, entre otros aspectos, la exigencia de motivación o fundamentación de las resoluciones, sean éstas judiciales o administrativas; y concretamente, tratándose de resoluciones judiciales en el ámbito penal, el art. 124 del CPP, determina que: ‘Las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados. Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes’. La norma legal transcrita guarda relación con la norma contenida en el art. 236 inc. 3) del mismo Código, que hace referencia a la forma y contenido de la decisión, señalando que debe hacerse una ‘…fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables…’.
En ese orden, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, refirió que: «…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas».
La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a aquellas que resuelven apelaciones; así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó que: ’Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso…’” (el resaltado y subrayado son añadidos).
Respecto a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, significa la obligación del Tribunal de alzada de motivar y fundamentar las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen una medida cautelar, respondiendo además a los puntos denunciados por el justiciable, precisando de manera clara y objetiva, los elementos determinativos en los que se fundó al momento de tomar la decisión. Del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios ya sea en audiencia de forma oral o por escrito.
El enfoque interseccional se constituye en una herramienta útil para analizar la vulneración de los derechos, en especial de la igualdad, cuando se presentan múltiples factores de discriminación que se entrecruzan y que influyen en el ejercicio y goce de los derechos de las personas. A partir de ello, es posible tener una mirada plural de la discriminación y violencia hacia diversas categorías biológicas, sociales y culturales, como el sexo, el género, la clase, la discapacidad, la orientación sexual, la religión, la edad, la nacionalidad y otros ejes de identidad que se interaccionan en múltiples, y a menudo, en simultáneos niveles de discriminación y violencia, comprendiendo las desigualdades y necesidades de esta población en los casos concretos; las cuales, pueden estar atravesadas por diversas identidades u otros factores, que las coloquen en situaciones mayores de subordinación, violencia o discriminación. El enfoque interseccional, se está incorporando de manera gradual, permitiendo superar un análisis unidimensional, para introducir una interpretación múltiple de la discriminación y las interacciones entre los factores o categorías de discriminación, que se está materializando a través de informes de las instancias de seguimiento y aplicación de las recomendaciones de los instrumentos tanto en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), como en los Sistemas Regionales.
Este enfoque, permite analizar la discriminación y violencia hacia las mujeres, comprendiendo sus desigualdades y necesidades en casos concretos, como lo exige, además, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), en cuyo art. 9 establece como criterio interpretativo sobre las obligaciones internacionales de los Estados, que éstos tendrán especialmente en cuenta, la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiada o desplazada; así como, embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana o que se encuentre en situación socioeconómica desfavorable o afectada por situaciones de conflictos armados o de privación de su libertad. La legislación boliviana, establece en el art. 15 de la CPE:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. (…)
derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad.
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado (las negrillas son nuestras).
De este modo, se puede ver que el constituyente boliviano, sobre el problema de la violencia contra la mujer, fue preciso en reconocerle un derecho específico del que deriva la obligación para el Estado, en todos sus niveles, no solo de investigar y sancionar actos de violencia contra la mujer; sino, de actuar en las distintas etapas y manifestaciones de este fenómeno, así como de ofrecer reparación y socorro a las víctimas a fin de preservar su integridad; por tanto, cualquier inacción resultaría desde el punto de vista jurídico, reprochable.
Asimismo, el Estado al ratificar un convenio internacional de derechos humanos, adquiere la obligación de respetar y proteger los derechos reconocidos en dicho instrumento. Así, la Convención Belém Do Pará de 9 de junio de 1994, ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres, como una violación de derechos humanos; en cuyo art. 7, consigna los deberes que tienen los estados, de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; es decir, actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.
En tal sentido, las obligaciones consignadas en los instrumentos jurídicos implican la responsabilidad estatal de aplicar políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer con perspectiva de género. Así, el art. 9 de dicha Convención establece, que los Estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer, en razón, entre otras, por ser menor de edad o estar en situación socioeconómica desfavorable. Ahora bien, entre los estándares del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de género, cabe mencionar a la Recomendación 19 pronunciada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW), que es una de las más relevantes en temas de violencia; afirmándose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La Recomendación también señala que, la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
En el mismo documento, el Comité de la CEDAW señala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención antes referida.
El mencionado Comité de la CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; obstáculos que se producen en un contexto estructural de discriminación y desigualdad, debido a factores como los estereotipos de género, leyes discriminatorias, procedimientos interseccionales de discriminación, las prácticas y los requisitos en materia probatoria; limitaciones que constituyen violaciones persistentes a los derechos humanos de las mujeres.
En dicha Recomendación, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto –de derecho y hecho–; asegurando, que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
El Comité de la CEDAW, también recomienda a los Estados Partes establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos, atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos que deben incluir, según corresponda, la restitución -reintegración- la indemnización -en forma de dinero, bienes o servicios- y la rehabilitación -atención médica, psicológica y otros servicios sociales. Asimismo, establece recomendaciones específicas en la esfera del Derecho Penal, encomendando que los Estados ejerzan la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por todos los delitos cometidos contra mujeres; ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando, que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer; y, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
El mismo Comité, en la Recomendación General 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia, examina las obligaciones de los Estados Partes para asegurar que las mujeres tengan acceso a la justicia, siendo una de ellas, el asegurar que cuenten con mecanismos independientes, seguros, eficaces, accesibles, tomando en cuenta su situación e interés superior. ARTÍCULO 3. (PRIORIDAD NACIONAL).
I. El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando recursos económicos y humanos suficientes, con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones nacionales e internacionales, define como tareas específicas, coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, tanto en el nivel central del Estado como en las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
Los entendimientos contenidos y citados en los Fundamentos Jurídicos fueron desarrollados en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo.
La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que, en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores o poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad.
Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello nos demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender.
Estos aspectos fueron visibilizados en la Comunidad Internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…”. Asimismo, señala que esta clase de violencia:
…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.
Esta Declaración, entiende por violencia contra la mujer, a todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer; así como, las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
Así los Estados Partes; por un lado, deben identificar los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos; y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto, de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones, ubicándolos en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad.
Estos elementos fueron evidentes para el constituyente boliviano, incidiendo en el reconocimiento de derechos; de modo tal, que la Constitución Política del Estado, contiene en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en el art. 15, la disposición que señala:
I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…)
en la familia como en la sociedad;
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…) [el resaltado es adicionado].
El reconocimiento de los derechos a la integridad física, psicológica y sexual; y, a una vida digna, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas –medidas legislativas, administrativas, entre otras–, que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.
Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas sobre la base no solo del texto constitucional; sino también, de las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE y a la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de éstos, contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión.
En ese marco, a continuación se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y las obligaciones que genera para el Estado:
a) Debida diligencia: El Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la cual, se constituye en el instrumento jurídico internacional del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.
El CEDAW, emitió la Recomendación General 19 de 29 de enero de 1992 –sobre La Violencia Contra la Mujer–; la cual, afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación, que impide gravemente que ésta, goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre; y que dicha violencia, conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, y cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo CEDAW, en la Recomendación General 33 de 3 de agosto de 2015, sobre el Acceso de las Mujeres a la Justicia, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar.
Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), en su art. 7, establece, entre otras, las obligaciones de los Estados de:
b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (…) [las negrillas son añadidas].
Asimismo, el Estado boliviano al ratificar la Convención de Belém do Pará, mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia; en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al mismo, que está obligado a realizar acciones -legislativas, administrativas y judiciales-para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos, la violencia en la familia. Para ello y como punto de partida, se dejó atrás aquella postura pasiva, en la cual, se sostenía que por principio, todas las cuestiones relativas a la familia formaban parte de la esfera privada de sus integrantes, y por lo tanto, estaban exentas de toda intromisión estatal.
En Bolivia, esta problemática inicialmente fue abordada desde la perspectiva privada, a partir de la promulgación de la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica –Ley 1674 de 15 de diciembre de 1995–.
Posteriormente, a través de la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia –Ley 348 de 9 de marzo de 2013–, dada la gravedad e intensidad de la violencia contra la mujer, se visibiliza a la misma como sujeto afectado en los contenidos de las tipificaciones penales, buscando así la prevención de estos delitos, sumado a que el Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el marco de lo dispuesto en su art. 3.I, que tiene el siguiente texto: “El Estado Plurinacional de Bolivia asume como prioridad la erradicación de la violencia hacia las mujeres, por ser una de las formas más extremas de discriminación en razón de género”.
La declaratoria de prioridad nacional, implica que todas las instituciones públicas deben adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, asignando los recursos económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio. Asimismo, la Ley 348 que acoge el contenido de las disposiciones internacionales, define como tareas específicas coordinar y articular la realización de instrumentos, servicios, acciones y políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres, tanto en el nivel central como con las entidades territoriales autónomas (ETA). Rompiendo progresivamente las tradicionales prácticas, procedimientos y decisiones, que revelan sesgos de género, que relativizaban los hechos de agresión hacia la mujer, y por ende, su vida e integridad.
b) Protección a las víctimas: El CEDAW, en la referida Recomendación General 19, señala que los Estados Partes; entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de agresión contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protección y apoyo a las víctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden público y a otros funcionarios públicos, para que apliquen la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer .
Por otra parte, la Convención de Belém do Pará, en el art. 7.d. y f. establece que los Estados tienen el deber de: d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; (…)
f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; (…) [las negrillas son nuestras].
c) Sensibilidad de la justicia por temas de género -perspectiva de género-: El mencionado CEDAW, en la citada Recomendación General 33, examinó las obligaciones de los Estados Partes, para asegurar que éstas tengan acceso a dicho derecho, al advertir que existen obstáculos y restricciones que les impiden efectivizarlo en el marco de la igualdad; asimismo, hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia; y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia a las cuestiones de género, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto –de derecho y hecho–; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de género; y, revisando las normas sobre la carga de la prueba, para asegurar la igualdad entre las partes, en todos los campos, en aquellas relaciones de poder que priven a las mujeres a la oportunidad de un tratamiento equitativo de su caso.
En el mismo sentido, la Convención de Belém do Pará, en su art. 8, establece que los Estados Partes deben adoptar, entre otras, medidas específicas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas, que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer, que legitimizan o exacerban la violencia contra la misma; así, como para fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del personal, a cuyo cargo esté la concreción de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
En el marco de lo anotado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, en la Sentencia de 16 de noviembre de 2009, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, estableció que debían removerse todos los obstáculos de jure o de facto –de derecho y hecho– que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo de los respectivos procesos judiciales; además, que debía incluirse una perspectiva de género en la investigación.
Por ende, en los procesos penales, la perspectiva de género debe ser adoptada desde el inicio de la etapa preparatoria, tanto en el control jurisdiccional como en la fase de la investigación.
d) Reparación integral a la víctima: El CEDAW, también recomienda a los Estados Partes, establecer y hacer cumplir recursos adecuados, efectivos; atribuidos con prontitud, holísticos y proporcionales a la gravedad del daño sufrido por las mujeres; recursos, que deben incluir, según corresponda, la restitución – reintegración–, la indemnización –en forma de dinero, bienes o servicios– y la rehabilitación –atención médica, psicológica y otros servicios sociales–.
Por su parte, la Convención de Belém do Pará, prescribe en su art. 7.g, la obligación para los Estados de establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. Por tanto, la protección que otorgan los Estados, a través de este instrumento internacional, se extiende a los distintos momentos en los que se identifiquen indicios de violencia que afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres, pero va más allá, ya que la simple sanción al agresor no resulta suficiente; pues lo que se busca, es la reparación y compensación justa del daño causado, superando la naturaleza sancionadora del hecho de violencia, encaminándose hacia un enfoque integral para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. Todo lo cual, representa la obligación de los Estados de adecuar sus estructuras orgánicas, procesos y procedimientos; y, de armonizarlos con la Convención de Belém do Pará; lo cual, aconteció con la Ley 348 en el caso boliviano, conforme se analizará en el punto siguiente.
Los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia; pues, se generaron normas de desarrollo internas, contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera exclusiva en los procesos judiciales –en especial penales– y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV sobre Persecución y Sanción Penal, Capítulo I, hace referencia a la denuncia, estableciendo específicamente en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellas:
ARTÍCULO 45. (GARANTÍAS). Para asegurar el ejercicio de todos sus derechos y su efectiva protección, el Estado garantizará a toda mujer en situación de violencia: (…)
3. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades ordinarias o indígena originario campesinas y afro bolivianas. (...)
7. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho.
8. La averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. (…) [las negrillas son añadidas].
La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones –del mismo Título I–, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que, está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 del compilado legal antedicho; sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
De igual modo, el Capítulo III sobre Persecución Penal –del referido Título I, específicamente en el art. 61 de la Ley 348, se determina que además de las atribuciones comunes establecidas en la Ley Orgánica del Ministerio Público –Ley 260 de 11 de julio de 2012–, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas: 1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado).
Por otra parte, en el Título V sobre Legislación Penal, el Capítulo III, art. 86 de la Ley 348, se establecen los principios procesales que deben regir las causas por hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que:
ARTÍCULO 86. (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas.
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento.
3. Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales.
4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad.
5. Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima.
6. Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos.
7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
8. Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización.
9. Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables.
10. Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente.
11. Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple.
12. Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público.
13. Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas.
14. Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho.
15. Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro).
En el mismo Capítulo III -del referido Título V-, respecto a las directrices de procedimiento, en el art. 87.4 de la referida normativa, se dispone que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC), se aplicarán, entre otras, la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (el resaltado es nuestro).
Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley 348, que determina que todos los delitos contemplados en el referido cuerpo normativo, son de acción pública; de ahí, el deber no solo de perseguir de oficio; sino también, de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación, que se refuerza con lo previsto por el art. 94 de dicha Ley, que con el nombre de Responsabilidad del Ministerio Público, señala que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización.
En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo.
De lo anotado; se concluye que, en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima.
Además, cabe señalar, que en la adopción de medidas cautelares, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer durante la investigación; entendimiento que, ya fue plasmado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que al momento de establecer los criterios de peligro para la víctima, contenidos en el art. 234.10 del CPP, señaló en su Fundamento Jurídico III.2, que:
a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante.
La SCP 0577/2013 de 21 de mayo de 2013, respecto a los límites que se autoimpone el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el análisis de los casos puestos a su conocimiento señaló que: “La jurisprudencia constitucional, además de establecer los límites para la procedencia de la acción de amparo constitucional contra decisiones judiciales, adoptó para sí -en la justicia constitucional- la teoría del self-restraint, desarrollada en la doctrina, con el objeto de delimitar los ámbitos entre ésta y la jurisdicción ordinaria.
Esta teoría del selft-restraint, de autolimitación con un amplio respaldo en la República Federal de Alemania, dio sus primeros frutos en materia de justicia constitucional “Más allá de los límites que el Tribunal (Constitucional) tiene como cualquier órgano de poder, resulta muy importante que sepa autolimitarse, es decir, el self-restraint, que el activismo judicial no sea desbordado, que aplique con prudencia las técnicas de la interpretación constitucional, que jamás pretenda usurpar funciones que la Constitución atribuye a otros órganos, que siempre tenga presente que está interpretando la Constitución, no creando una filosofía o moral constitucionales”.
En ese marco, se puede precisar que una de esas autolimitaciones que se impuso en la justicia constitucional; es precisamente que, no puede considerarse a esta jurisdicción como una instancia o etapa adicional de los procesos ya sean judiciales o administrativos, sino más bien conforme determinan los arts. 128 y 129.I de la CPE, solo pueden considerarse temas referentes a la tutela de los derechos fundamentales; razón por la que, no existiendo atribución para la valoración de prueba sobre el fondo del asunto de donde emerge la acción tutelar; puesto que, ello es exclusivamente una atribución de los jueces y tribunales ordinarios o administrativos, a menos que en dicha valoración se lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales por apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad o cuando se hubiere omitido arbitrariamente valorar una prueba.
Asumiendo este entendimiento, la SC 1926/2010-R de 25 de octubre, señaló que: “…la valoración de la prueba resulta ser una atribución exclusiva de los jueces que ejercen jurisdicción y competencia en cada caso concreto, en ese sentido, debe señalarse que en relación a los roles propios de la función ejercida por los jueces y tribunales, el control de constitucionalidad, solamente puede operar en la medida en la cual se cumplan los siguientes presupuestos a saber: a) Conducta omisiva de los jueces o tribunales, que se traduzca en dos aspectos concretos: i) No recepción de los medios probatorios ofrecidos; ii) La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos; y, b) Apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad.
Entonces, siguiendo el razonamiento plasmado en las SSCC 0873/2004-R, 0106/2005-R, 0129/2004-R, 0797/2007-R y 0965/2006-R, entre otras, se tiene que solamente en el caso de cumplirse los presupuestos antes citados puede operar el control de constitucionalidad para restituir así los derechos fundamentales afectados; en ese contexto, debe determinarse que el análisis de una valoración probatoria por parte del órgano contralor de constitucionalidad sin cumplir las subreglas desarrolladas supra, generaría una disfunción tal que convertiría a este Tribunal en una instancia casacional o de revisión ordinaria, situación que no podría ser tolerada en un Estado Constitucional. En este contexto, a la luz de un debido proceso, en el marco de los roles del control de constitucionalidad y de acuerdo a la problemática concreta, se establece que solamente ante la celosa observancia de las subreglas anotadas precedentemente, se abriría la competencia del órgano contralor de constitucionalidad...” (las negrillas nos pertenecen).
De esto, se puede concluir que la jurisdicción constitucional, autolimitó sus competencias en relación a la valoración de prueba, producida y valorada en el proceso judicial o administrativo, respetando la competencia de las otras jurisdicciones, estableciendo imperativamente que, la acción no se activa para revisar la actividad probatoria y hermenéutica de los jueces o tribunales ordinarios y administrativos; ya que, se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones; sin embargo, conforme prevé la jurisprudencia constitucional citada, excepcionalmente esta jurisdicción ingresara en el análisis probatorio de fondo efectuado por las autoridades jurisdiccionales ordinarias o administrativas, cuando quienes accionen cumplan con los siguientes presupuestos a saber: i) Conducta omisiva de los jueces o tribunales, que se traduzca en dos aspectos concretos: a) No recepción de los medios probatorios ofrecidos; b) La falta de compulsa de medios probatorios ofrecidos; y, ii) Apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; para lo cual, es necesario desarrollar una precisa exposición y fundamentación que muestre a la jurisdicción constitucional, por qué la valoración efectuada por las autoridades se habría apartado de los marcos de razonabilidad y equidad, vulnerando derechos y garantías previstos por la Constitución Política del Estado, es decir, que no se debe circunscribir la fundamentación únicamente en un relato de los hechos, o al simple disentimiento de la valoración efectuada por la autoridad jurisdiccional ordinaria o administrativa, cuestionando y criticando la misma, como si la acción de amparo constitucional se tratara de un recurso de revisión, sino que se debe identificar de forma precisa los derechos vulnerados que se habría ocasionado a partir de una injustificada o ilegal negación de recepción de medios probatorios, o la omisión de valoración de prueba que tenga trascendencia en la resolución de fondo del proceso o esclarezca la verdad material de los hechos; o en definitiva expresar de manera adecuada precisando los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, de por qué la autoridad judicial o administrativa se habría apartado de los marcos de razonabilidad y equidad, lo que no implica el despliegue de criterios de disentimiento con la valoración probatoria efectuada intra proceso.
El accionante señaló como vulnerados sus derechos a la libertad y debido proceso en su vertiente de fundamentación; y los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad de la detención preventiva; toda vez que, la autoridad demandada, al emitir el Auto de Vista 204/2022, incurrió en: 1) Errónea interpretación y aplicación del primer párrafo del art. 235 con relación al 235.2 y 14 del CPP; 2) Inobservancia de los arts. 233.3) y 235.ter último párrafo del CPP; y, 3) Aplicación errónea de los arts. 221 del CPP y 86.13 de la Ley 348; al validar el Auto Interlocutorio recurrido en apelación incidental, que determinó la aplicación de su detención preventiva, por el plazo de cinco meses; alegando la necesidad de protección a la víctima; así como, la de garantizar su presencia en el proceso; no obstante que ya contaba con una sentencia condenatoria emitida dentro de procedimiento abreviado y que ya había concluido la etapa preparatoria, circunstancia que acreditaba que no existían actos de investigación pendientes.
Identificada la problemática planteada, corresponde a continuación analizar los antecedentes que cursan en obrados, de donde se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra el ahora impetrante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; en audiencia de medida cautelar de 13 de mayo de 2022, la Fiscalía y la víctima solicitaron ante el Juzgado de Violencia Familiar y Anticorrupción Primero del departamento de Chuquisaca, la aplicación de la detención preventiva del imputado, por el plazo de cuatro meses, alegando que era un peligro para la víctima, quien fue sometida a una agresión, y no podía salir del círculo de violencia; tiempo durante el cual debía realizarse una pericia psicológica, obtener las grabaciones del seguro médico universitario, declaración de la víctima en la Cámara Gesell, y, porque estando en libertad podía volver a pedir perdón a la víctima, quien era dependiente emocionalmente de su agresor; además debía considerarse que el sindicado ya había agredido anteriormente a la víctima; solicitud que fue atendida por la Jueza de Instrucción Penal Primera de Chuquisaca, quien en suplencia legal del juzgado especializado en violencia contra la mujer, mediante Auto Interlocutorio de 13 de mayo de 2022, dispuso la detención preventiva del imputado, por el plazo de cinco meses (Conclusión II.1).
Como consecuencia de tal decisión, el solicitante de tutela apeló contra el referido Auto Interlocutorio, y en audiencia de apelación incidental de medida cautelar de 24 de mayo de 2022, expuso los siguientes agravios: i) Errónea aplicación del art. 235.2 del CPP; alegando que, dentro del proceso penal seguido en su contra, se sometió a un procedimiento abreviado, que dio lugar a la emisión de la Sentencia condenatoria, que le impuso la pena privativa de libertad de tres años y aplicó la detención preventiva como medida cautelar; y que por ello la fundamentación del Auto Interlocutorio era arbitrario al señalar que concurría el peligro de obstaculización, sin considerar que al haber una sentencia, la fase de la averiguación de la verdad o fase investigativa había concluido y no habrá juicio oral; consecuentemente la víctima y los testigos no tendrían que declarar, y ante esa situación tampoco existiría la posibilidad de influir en ellos; ii) Omisión valorativa de la prueba y errónea aplicación de los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y necesidad al aplicar la detención preventiva, vulnerando los arts. 231.bis.II y 173 del CPP; indicando que en el caso en análisis, la finalidad de la detención preventiva dispuesta, estaría destinada a la ejecución o cumplimiento de la sentencia; porque respecto a la averiguación de la verdad, del desarrollo del proceso, prácticamente ya no existía las causales, salvo que estaría pendiente la etapa recursiva simplemente; y el Auto impugnado, dio argumentos referidos a la existencia del certificado médico forense, la gravedad del hecho, una violencia en escalada y un alto riesgo; así como, la dependencia emocional de la víctima, que no permitirían la suficiencia de otras medidas; fundamentos estrechamente vinculados al peligro para la víctima y ninguna necesidad procesal de la detención preventiva; omitiendo valorar la sentencia emitida en procedimiento abreviado y el certificado de Registro de Antecedentes Penales (REJAP), que demostraban que tenía una sentencia condenatoria reciente en la que se le impuso la pena de tres años y que no tenía antecedentes anteriores, por lo que le correspondía la suspensión condicional de la pena. Asimismo, la Jueza de instancia debió considerar que la etapa técnica de recursos era larga, porque las apelaciones restringidas no se resolvían en veinte días; y se sometió a un proceso abreviado de forma voluntaria, y si bien en este tipo de delitos existía la necesidad de aplicar perspectivas de género, ésta no hace desaparecer principios trascendentales de la medida cautelar, como son la proporcionalidad y necesidad; y, iii) La inobservancia del último párrafo del art. 235.ter del CPP, al determinar el plazo de la detención preventiva, sin basarse en criterios objetivos razonables; vale decir que, no justificó ni motivó su determinación (Conclusión II.2).
En ese orden, considerando el contexto de la problemática, luego de conocer los puntos de agravio que fueron deducidos en instancia de apelación incidental por el ahora accionante; resulta necesario identificar los fundamentos en los que fue basado el Auto de Vista cuestionado, ello con la finalidad de verificar si lo denunciado por el impetrante de tutela resulta ser o no evidente.
Así, José Manuel Gutiérrez Velásquez, entonces Vocal Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca –hoy demandado–, mediante Auto de Vista 204/2022, declaró improcedentes los motivos planteados en la apelación incidental de medida cautelar formulada por el impetrante de tutela y confirmó el Auto Interlocutorio 13 de mayo de 2022, emitido por el a quo, con el siguiente tenor: a) Es evidente que la suspensión condicional de la pena, conforme a la jurisprudencia constitucional, no es procedente en los delitos de la Ley 348; es decir, en todos los delitos de violencia de género; interpretación sistemática acorde a los compromisos internacionales que están vinculados a las Convenciones sobre la materia en el ámbito interamericano, la Convención Belem do Para y en el Sistema Universal, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; b) El imputado, señala que en un primer momento se le hubiese negado la suspensión condicional de la pena y aún estaría abierta la posibilidad de aplicación de sanciones alternativas, que harían excarcelable el delito en sí; sin embargo, del análisis del art. 235.2 del CPP, la hipótesis de la defensa sería evidente sólo si la sentencia emitida en el procedimiento abreviado estuviera ejecutoriada; circunstancia que no ocurre en el caso concreto; pues, tanto el Ministerio Público, como la víctima se han opuesto al procedimiento abreviado y al ser aceptada por la Jueza de la causa, puede ser objeto de apelación restringida por las partes; c) El argumento de que la sentencia de tres años de privación de libertad no está firme, no es suficiente para alterar la decisión asumida, respecto al art. 231.bis del CPP, sobre la necesidad de la detención preventiva, vinculada a la condición de la víctima, no está alejada de los fines procesales; porque es evidente lo señalado por el Ministerio Público, que este delito se encuentra bajo el paraguas de la Ley 348, y debe aplicarse las modificaciones al procedimiento común, previstas en la norma especial, entre ellas el art. 86.13, que establece como un principio procesal la aplicación de las medidas cautelares, con un criterio protectivo durante la investigación y luego en juicio y recursos; privilegiando la protección y seguridad de la víctima; d) La necesidad de la aplicación de medida cautelar, además de los fines procesales, y desde el punto de vista de la seguridad de la víctima, corresponde analizar si está ejecutoriada la sentencia; y al no estarla, las partes que están legitimadas a apelar anunciaron que objetarían la misma; consecuentemente, es posible que en ese escenario la sentencia pueda ser alterada, considerando que el quantum de la pena del delito perseguido está previsto entre dos a cuatro años y sería posible llegar al máximo; tomando en cuenta, la gravedad del delito, no en el sentido de la agresión actual, sino el círculo de violencia que ha sufrido la víctima, acreditado por los medios probatorios presentados por el Ministerio Público; asimismo, al estar llamados por los estándares internacionales y nacionales, a romper dicho ciclo de violencia, con medidas idóneas, entre ellas, sin duda una medida cautelar con perspectiva de género, no es acogible el argumento de la defensa, pues la sentencia aún es discutible en la vía procesal y debe tenerse presente el efecto de la apelación restringida; e) Se entiende que en este momento procesal sí existe la necesidad de la detención preventiva, como aludió la autoridad jurisdiccional; para salvaguardar a la mujer y la necesidad de la persecución de las actuaciones que el Ministerio Público, en su momento ha identificado; además es preciso tener presente que el art. 235.2 del CPP, no fue desvirtuado, aunque en la tesis de la defensa, la etapa preparatoria, como el juicio oral, hubiesen sido superadas, sin que la sentencia haya sido ejecutoriada; f) Tampoco es evidente que la etapa preparatoria hubiere concluido, estando aún pendientes en su conclusión, debido a los efectos que tiene el plazo para interponer la apelación restringida de una sentencia en procedimiento abreviado; consecuentemente, es razonable tener por vigente el peligro de obstaculización; y, g) En cuanto al plazo de la detención preventiva, en el contexto que se encuentra el proceso, debe garantizar la realización de determinados actos investigativos y se señaló cinco meses, fundamentalmente en función a las medidas que fueron identificadas por el Ministerio Público; por lo que, ese cúmulo de pruebas, denota una denuncia conciliada homologada y extinguida en el mismo año, lo que da razón que sea insuficiente una media menos gravosa que la detención preventiva (Conclusión II.3).
Ahora bien, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial expresado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Tribunales de alzada al momento de conocer y resolver un recurso de apelación incidental están obligados a responder a los agravios denunciados, emitiendo una resolución debidamente motivada y fundamentada, en observancia de lo dispuesto por el art. 124 del citado Código; en tal razón, conforme lo desarrollado precedentemente, se advierte que el Vocal demandado identificó los agravios planteados en el recurso de apelación incidental por la parte imputada, ahora accionante, emitiendo el respectivo pronunciamiento sobre éstos, después del análisis de los argumentos del Auto Interlocutorio de 13 de mayo de 2022, que dispuso aplicar la medida cautelar de detención preventiva, por el lapso de cinco meses, pese a la existencia de una sentencia condenatoria emitida dentro del procedimiento abreviado; toda vez que, justificó que existía oposición a dicha salida alternativa del proceso por la parte acusadora (Ministerio Público y víctima); quienes además habían anunciado la formulación de su recurso de apelación restringida contra la referida sentencia, que aún no fue ejecutoriada. Por otro lado, señaló que la necesidad de la medida cautelar estaba basada en la protección efectiva de la víctima, quien desde tiempo atrás venía sufriendo un ciclo de violencia, y se encuentra en un grado de vulnerabilidad. Asimismo, el plazo de los cinco meses, resultaba razonable, proporcional y estaba debidamente justificado con la concurrencia de los riesgos procesales fundada ante la autoridad de instancia y la necesaria realización de los actos investigativos pendientes identificados por el Ministerio Público.
En ese marco, y analizados los agravios del recurso de apelación incidental formulada por el impetrante de tutela y las respuestas otorgadas a los mismos, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional considera que los fundamentos expuestos por el Vocal ahora demandado denotan la debida importancia que se le asigna a los derechos de la mujer, reconocidos a través del art. 15 de la CPE, que señala:
“I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…);
familia como en la sociedad;
III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…) tanto en el ámbito público como privado (…)” [las negrillas son nuestras].
Y por su parte, el Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 de 20 de diciembre de 1993, estableció que: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos…” entendiendo que la violencia contra la mujer, es todo acto de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino, que tenga o pueda tener un resultado dañoso o de sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer; así también, las amenazas de esos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si fuesen producidas en la vida pública o privada.
Asimismo, con relación a esa temática, la SCP 0957/2021-S3 de 24 de noviembre, señaló que: “la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convención Belém Do Pará), ratificada por Bolivia mediante Ley 1599 de 18 de agosto de igual año, en su artículo 4, establece que: 'Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. (…) Derechos que encuentran su materialización dentro de las políticas a asumir por parte de los Estados, en la norma prevista por el art. 7 que establece los deberes que tienen estos de adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre ellos, el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer, y velar, porque las autoridades y funcionarios se comporten de acuerdo a esa obligación; actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer, de cualquier forma, que atente contra su integridad o propiedad; establecer procedimientos legales, justos y eficaces para aquella que fue sometida a violencia, que incluyan medidas de protección, juicio oportuno y acceso efectivo a esos procedimientos.
En el marco de lo expuesto, Bolivia acorde con esta Convención, promulgó la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que establece, medidas de salvaguarda y protección a las mujeres en situación de violencia’” (las negrillas son añadidas).
Por lo expuesto, la Resolución impugnada contiene una estructura formal, al describir los antecedentes del caso, análisis de los agravios y respuesta a los puntos expuestos en el recurso planteado contra el Auto Interlocutorio emitido por la Jueza de instancia; debiendo considerarse que, para que una resolución esté debidamente fundamentada, motivada y sea congruente, no es necesario que la misma sea extensa o ampulosa; más por el contrario, debe ser precisa, puntal y concisa; lo cual, denota el caso de autos; pues, los argumentos expuestos en el Auto de Vista cuestionado, se encuentran enmarcados al enfoque interseccional ampliamente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; acorde a los cánones establecidos para la protección a la mujer víctima de violencia, a las que está obligado el Estado boliviano; además, manifiestan la existencia de una respuesta acorde a lo denunciado y la determinación fue asumida en torno a las facultades inherentes al Tribunal de alzada, satisfaciendo el debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación, al ser comprensible y razonable; pues, si bien a prima facie el hecho de la existencia de una sentencia de primera instancia podría generar duda sobre la aplicación de una medida cautelar en cuanto a la posibilidad de influenciar negativamente en la investigación, debe tenerse presente que la finalidad de una medida cautelar no se limita únicamente a esta situación sino también ya en etapa de juicio o recursos busca asegurar el cumplimiento de Ley, como el caso de autos ante una posible sanción penal producto de una sentencia de procedimiento abreviado asegurando siempre la protección y resguardo de una víctima de violencia, lo que motiva que deba denegarse la tutela solicitada.
Por otra parte, en el presente caso respecto al reclamo de vulneración del debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, corresponde recordar que conforme al entendimiento jurisprudencial referido en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la valoración de la prueba es atribución exclusiva de los Jueces y Tribunales de instancia y si bien, de manera excepcional es posible a la jurisdicción constitucional ingresar a revisar la misma, dicha posibilidad se encuentra condicionada al previo establecimiento por el solicitante de tutela de la conducta omisiva de los Jueces o Tribunales, en relación a la omisión de recepción de los medios probatorios ofrecidos; la ausencia de compulsa de los mismos, o el apartamiento flagrante en la valoración del marco de equidad, razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, a cuyo efecto los impetrantes deben desarrollar una precisa exposición y fundamentación que establezca cómo la valoración efectuada se hubiera apartado de los marcos de razonabilidad; así como, el establecimiento de la relevancia constitucional.
En el caso en análisis, respecto al señalado reclamo, el accionante se limitó a señalar que la autoridad demandada hubiera omitido valorar la prueba de descargo, consistente en la Sentencia condenatoria en su contra; misma que, no se encuentra ejecutoriada y la certificación del REJAP, presentados al momento de solicitar la aplicación de la suspensión condicional de la pena, que le fue denegada; de dicha argumentación se tiene que, la parte impetrante de tutela, omitió indicar la relevancia constitucional de su agravio; reiterando los reclamos expuestos en alzada, como si la acción tutelar interpuesta se constituyese en un recurso de revisión, sin establecer la existencia de omisión que tenga trascendencia en la resolución de fondo a objeto del esclarecimiento de la verdad material. Por lo que existe imposibilidad a ingresar a dilucidar el fondo de lo reclamado en el presente acápite.
Correspondiendo también respecto al reclamo expuesto en este acápite denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 004/2022 de 5 de agosto, cursante de fs. 132 vta. a 142, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto del departamento de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0587_2024-S4.pdf · páginas 1 a 36.
Huella digital del PDF (SHA-256): 428aa3039e00c58a9056e4bbd3c5dc6d8169de6ae55eb5960b62bd60f19b5330
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