B.IA.LEGAL

SCP 0586/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46787-2022-94-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y a la petición;

alegando que, dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue Felicidad Zárate Brito -su excónyuge-, la Jueza demandada a través del Auto Interlocutorio 571 de 17 de agosto de 2021, aprobó la planilla de liquidación, incluyendo de manera indebida a la sumatoria total los gastos extraordinarios, derivando en la emisión y ejecución de un mandamiento de apremio en su contra, inobservando lo establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0446/2017-S3 y 0974/2017-S3, que prohíben el apremio corporal del obligado por pago del mencionado concepto, resultando en su persecución y procesamiento indebido, y pese a que dicha orden fue dejada sin efecto debido a su cancelación, continua latente la amenaza de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 45 vta. a 48, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera -en suplencia legal de su similar Decimosegunda-de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la regulación del apremio corporal por asistencia familiar devengada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0586/2023-S2 Sucre, 19 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46787-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 02/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 45 vta. a 48, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rodrigo Alonso Canedo Herrera contra Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de febrero de 2022, cursante de fs. 23 a 25 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue Felicidad Zárate Brito -su excónyuge-, a favor de su hija menor de edad, la Jueza demandada mediante Auto Definitivo 222 de 20 de noviembre del 2017 -de reducción de dicho beneficio-, “fijó” -siendo lo correcto disminuyó- la asistencia familiar a la suma de Bs800.- (ochocientos bolivianos), y mantuvo el pago del 50% por gastos médicos y de guardería, equivalente a Bs700.- (setecientos bolivianos), más cuatro mudas de ropa completas al año. Posteriormente, por Auto Interlocutorio 571 de 17 de agosto de 2021, la nombrada autoridad aprobó la liquidación de asistencia familiar presentada por la beneficiaria, englobando en la sumatoria total los gastos extraordinarios, conminándole a su cancelación al tercero día de su notificación, bajo prevención de librar mandamiento de apremio en su contra. “Al presente” la citada orden fue emitida, ejecutándose su cancelación por ambos conceptos, inobservando la línea jurisprudencial desarrollada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0446/2017-S3 de 26 de mayo y 0974/2017-S3 de 25 de septiembre, las cuales establecieron que: “…NO HAY APREMIO CORPORAL PARA EL PAGO DE GASTOS EXTRAORDINARIOS POR PARTE DEL OBLIGADO” (sic), ocasionando de esa manera su persecución y procesamiento indebido; puesto que, ordenó su privación de libertad como medida de ejecución para la cancelación de la aludida asistencia -incluyendo los gastos extraordinarios-, sin que aquello estuviese reconocido por ley, amenazando su derecho a la libertad. Pese a haber adjuntado al memorial que observó la planilla de liquidación copia de la SCP 0446/2017-S3, la aludida autoridad no efectúo análisis alguno al respecto, ordenando ilegalmente su apremio, sin considerar que cubrió mensualmente el pago de la misma, la cual fue fijada en Bs800.-.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y a la petición, citando al efecto los arts. 23.I, 24, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que: a) La Jueza demandada deje sin efecto el mandamiento de apremio, manteniendo su libertad irrestricta hasta que se efectúe una nueva liquidación, conforme a las normas vigentes y a lo establecido por la SCP 0446/2017-S3; y, b) Se emita planilla de forma separada, una para la asistencia familiar y otra para gastos extraordinarios, a objeto que se proceda de manera individual a su ejecución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de febrero de 2022, conforme consta en acta cursante de fs. 44 a 45, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó el contenido del memorial de su demanda tutelar y ampliándolo manifestó que: 1) La Jueza demandada vulneró lo previsto por el art. 109 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), el cual establece que la asistencia familiar es un derecho y una obligación; puesto que, la prenombrada a través del Auto Definitivo 222, fijó el monto del señalado beneficio en Bs800.-, manteniendo el 50% del gasto extraordinario por atención médica y 50% de guardería, equivalente a Bs700.-, analizando otros ítems que no estaban comprendidos dentro de aquel beneficio como los gastos de colegio, que son de igual naturaleza, efectuando su cobro por ambos conceptos; 2) Se conculcó el debido proceso, sobre todo el art. 118 del indicado Código; dado que, en el caso no hubo un acuerdo entre partes, tampoco una determinación judicial con relación a los gastos extraordinarios, debiendo haberse realizado una conciliación con la finalidad de establecer si podía proporcionarlos; empero, dicho actuado procesal fue omitido por la aludida autoridad, quien emitió mandamiento de apremio en su contra, conculcando su derecho a la defensa; 3) Interpuso la presente acción de defensa porque se encontraba detenido; sin embargo, la transgresión de sus derechos se mantuvo; ya que, la mencionada autoridad, pese a que el 7 de febrero de 2022, presentó memorial adjuntando recibos de pago -depósitos- por secretaría de ese despacho, no se pronunció respecto a los mismos, conculcando de esa manera su derecho a la petición, ejecutando la orden de manera inmediata; 4) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0446/2017-S3 y 0974/2017-S3, establecieron que únicamente tiene apremio el cobro de asistencia familiar, y no así, los gastos extraordinarios; por ello, el mandamiento de apremio no podía ordenarse ni ejecutarse por dicho concepto, infringiendo así su derecho a la libertad, el cual se mantiene latente; y, 5) No obstante que la Jueza demandada dejó sin efecto la mencionada orden y fue superado el acto lesivo, solicitó se realice una nueva liquidación en el marco de las normas vigentes y de acuerdo a la señalada línea jurisprudencial.

I.2.2. Informe de la demandada

Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito presentado el 11 de febrero de 2022, cursante de fs. 39 a 43 vta., señaló que: i) El 20 de noviembre de 2017, emitió el Auto Definitivo 222, de reducción de asistencia familiar, estableciéndola en el monto de Bs800.- y manteniendo el pago del 50% de gastos médicos, más 50% de erogaciones correspondientes a guardería, equivalente a Bs700.-, además de cuatro mudas de ropa completas al año, a favor de la hija menor de edad del impetrante de tutela, determinación que “a la fecha” se encuentra debidamente ejecutoriada; ii) El 13 de agosto de 2020, la excónyuge del accionante, presentó liquidación de pensiones devengadas, que corrida en traslado fue refutada por el prenombrado y resuelta por Auto Interlocutorio 571, rechazando la objeción y aprobando en parte la liquidación devengada; determinación notificada al aludido la indicada data, y ante el incumplimiento del pago, mediante providencia de 27 de noviembre del citado año, ordenó la emisión del correspondiente mandamiento de apremio; a lo cual, el “8” -lo correcto es 7- de febrero de 2022, el peticionante de tutela presentó memorial solicitando mandamiento de libertad, adjuntando comprobantes de pago; por lo que, mediante proveído de esa fecha dispuso se libre dicha orden, siendo esta diligenciada a horas 15:10 del mismo día; iii) Respecto a la vulneración de los derechos a la libertad, a la “seguridad jurídica”, a la defensa y al debido proceso, el solicitante de tutela no señaló de qué manera estos hubieran sido conculcados, limitándose a referir normativa inherente a aquellos, tampoco explicó la forma en que no fueron protegidos o garantizados; empero, dilucidó el total de sus requerimientos de manera pronta y oportuna; asimismo, no infringió el derecho a la petición estatuido en el art. 24 de la CPE; ya que, según antecedentes procesales, resolvió toda solicitud en el marco de la Norma Suprema y el Código de Familias y del Proceso Familiar; y si bien, no tuvo el resultado pretendido por el aludido, aquello no significó que lo hubiera transgredido; iv) Con relación a los gastos extraordinarios, esos eran desembolsos necesarios “…no conocidos, imprevisibles y ocasionales…” (sic); en este caso, se encuentra ante gastos ordinarios, fijados a través de una asistencia familiar; no obstante, era imposible realizar una lista de cada uno de estos conceptos, por lo que, debió considerarse sus características, si eran conocidos, habituales y periódicos, estando entre estos últimos: La alimentación, vestido, ocio, educación; y entre los extraordinarios, los gastos odontológicos, ópticos, psicólogo, fisioterapeuta o medicamentos no incluidos en el seguro médico y otros; es decir, son imprevisibles, ya que se desconoce cuándo se producirán; por ende, no son periódicos; v) Acorde al Auto Supremo 579/2014 de 15 de octubre, los gastos ineludibles para educación constituyen ser de naturaleza ordinaria; asimismo, la Norma Suprema y el Código de las Familias y del Proceso Familiar, establecen que debe garantizarse el interés superior de la niña, niño y adolescente, siendo la asistencia familiar un derecho y una obligación de las familias, y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta; por lo cual, su cumplimiento no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad (arts. 109.I y 415.VII del CFPF), concordante con lo establecido por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1011/2013 de 27 de junio y 2260/2013 de 16 de diciembre; y, vi) Conforme lo precisado, no privó ilegalmente de su derecho a la libertad al impetrante de tutela, quien no se encuentra perseguido ni procesado indebidamente; puesto que, el mandamiento de apremio emitido en su contra fue emergente del proceso de asistencia familiar, en el que el prenombrado era el obligado, despachando dicha orden, cumpliendo con lo establecido por el art. 415 del CFPF, debido al incumplimiento del pago de pensiones de asistencia familiar, que era en beneficio de su hija menor de edad; el cual, al haber sido cancelado en su totalidad, de manera inmediata ordenó la emisión del mandamiento de libertad; por lo que, al no encontrarse el peticionante de tutela privado de su libertad, solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera -en suplencia legal de su similar Decimosegunda- de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 45 vta. a 48, denegó la tutela solicitada, bajo el principio de subsidiariedad y pérdida de objeto de la materia; con base en los siguientes fundamentos: a) Este mecanismo constitucional opera únicamente cuando los derechos fundamentales afectados no fueron restituidos, a pesar de haberse agotado las vías específicas, que en el caso concreto está reglado por el Código de las Familias y del Proceso Familiar, el cual contempla el recurso de reposición y apelación a todas las resoluciones que dicte la autoridad judicial; es decir, la Jueza demandada; b) El solicitante de tutela no agotó las instancias que le franquea la ley; en otras palabras, los medios intraprocesales para hacer valer sus derechos respecto a la objetividad o a la impugnación enmarcada en el principio de subsidiariedad; y, c) Bajo los parámetros de la SCP 0810/2015-S3 de 3 de agosto, que en su ratio decidendi estableció la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, evidenció que: 1) Operó la pérdida del objeto procesal, al haber advertido dentro del cuaderno procesal la existencia de un mandamiento de libertad; y, 2) Inobservancia del principio de subsidiariedad; puesto que, los recursos intraprocesales debieron ser impugnados por el accionante; o en su defecto, al existir cualquier vulneración, una vez agotados los mismos, plantear la acción de amparo constitucional, por ser la que resguarda el debido proceso, conforme lo señalado por la SCP 0030/2017-S3 de 8 de febrero.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Felicidad Zárate Brito contra Rodrigo Alonso Canedo Herrera -accionante-, a través de Auto Definitivo 222 de 20 de noviembre de 2017, emitido por Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, se aprobó en parte la solicitud de reducción de asistencia familiar presentada por el prenombrado, disminuyendo el monto determinado a Bs800.-, y manteniendo el pago del 50% de gastos médicos y guardería equivalente a Bs700.-, más cuatro mudas de ropa completas al año (fs. 3 a 4 vta.). II.2. Por Auto Interlocutorio 571 de 17 de agosto de 2021, la mencionada autoridad judicial rechazó la objeción a la liquidación de la asistencia familiar suscitada por el impetrante de tutela, al no haber cancelado la totalidad de la liquidación devengada; en consecuencia, aprobó en parte la liquidación de 29 de igual mes y año, conminando al aludido a pagar la suma de Bs22 143,81.- (veintidós mil ciento cuarenta y tres 81/100 bolivianos) al tercero día de su notificación, bajo prevención de librarse mandamiento de apremio en su contra; mismo que en atención a la providencia de 27 de noviembre de ese año, fue expedido el 31 de diciembre del indicado año, ordenando a cualquier autoridad policial no impedida del Estado, proceda al apremio del peticionante de tutela, con facultad de allanamiento (fs. 6 a 9). II.3. Mediante memorial presentado el 7 de febrero de 2022, el impetrante de tutela solicitó se deje sin efecto la citada orden, adjuntando recibos de pago de depósitos en la suma de Bs20 600.- (veinte mil seiscientos bolivianos) y certificación de contar con seguro médico de salud para su hija menor de edad, en el monto de Bs9 726.- (nueve mil setecientos veintiséis bolivianos [fs. 35 a 38]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción, al debido proceso, a la igualdad, a la defensa y a la petición;

alegando que, dentro del proceso de asistencia familiar que le sigue Felicidad Zárate Brito -su excónyuge-, la Jueza demandada a través del Auto Interlocutorio 571 de 17 de agosto de 2021, aprobó la planilla de liquidación, incluyendo de manera indebida a la sumatoria total los gastos extraordinarios, derivando en la emisión y ejecución de un mandamiento de apremio en su contra, inobservando lo establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0446/2017-S3 y 0974/2017-S3, que prohíben el apremio corporal del obligado por pago del mencionado concepto, resultando en su persecución y procesamiento indebido, y pese a que dicha orden fue dejada sin efecto debido a su cancelación, continua latente la amenaza de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la regulación del apremio corporal por asistencia familiar devengada

En relación al tema, la SCP 0449/2022-S2 de 1 de junio, mencionando a la SCP 0828/2018-S2 de 10 de diciembre, precisó que: «…“Del art. 23 de la CPE, se desprenden los requisitos materiales y formales para la restricción del derecho a la libertad; pues ésta, únicamente puede ser limitada: a) En los casos previstos por ley; y, b) Según las formas establecidas por ley; conforme lo entendió la SC 0010/2010-R de 6 de abril, que realizando una interpretación de los arts. 23.I y III de la CPE; 9.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)…”. Con relación a la regulación del apremio corporal por asistencia familiar devengada la SCP 1288/2016-S1 de 2 de diciembre, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0800/2017-S1 de 27 de julio y 0758/2018-S3 de 12 de septiembre, indicó que: “La Ley 603 de 19 de noviembre de 2014, en su Título II, Capítulo I, contiene el marco regulatorio sobre la asistencia familiar, desarrollando en el art. 127 normativa relativa al apremio corporal como un mecanismo de coerción al obligado para que haga efectivo el cumplimiento de esa obligación, bajo el siguiente texto: ‘I. La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial. II. Cuando la o el obligado haya incumplido el pago de la asistencia familiar, a petición de parte, la autoridad judicial ordenará el apremio corporal hasta seis (6) meses, y en su caso podrá ordenar el allanamiento del domicilio en el que se encuentre la o el obligado. Para el cumplimiento del apremio corporal se podrá solicitar el arraigo de la o el obligado. III. El apremio corporal podrá suspenderse si la o el deudor ofrece el pago en el plazo que se acuerde entre las partes, no pudiendo ser mayor a tres (3)

meses. La o el deudor será otra vez apremiado si no satisface su obligación en el nuevo plazo. IV. Si transcurridos tres (3) meses persistiera el incumplimiento de la oferta de pago, la autoridad judicial dispondrá la hipoteca legal sobre los bienes de la o del deudor, que se mandará inscribir de oficio’. Por otra parte, el mencionado cuerpo normativo en el art. 415, regula la ejecución de la asistencia familiar bajo el siguiente tenor: ‘I. La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de tres (3) días. II. Vencido el plazo, de oficio o a instancia de parte, la autoridad judicial aprobará la liquidación de la asistencia familiar, intimando al pago dentro del tercer día. III. La autoridad judicial, a instancia de parte o de oficio y sin otra substanciación, dispondrá el embargo y la venta de los bienes de la o el obligado en la medida necesaria para cubrir el importe de las pensiones devengadas, todo sin perjuicio de emitir el mandamiento de apremio respectivo con facultades de allanamiento y de ser necesario con rotura de candados o chapas de puertas. La vigencia del mandamiento es indefinida y podrá ejecutarse por cualquier autoridad. (…) VII. El cumplimiento de la asistencia familiar no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno bajo responsabilidad de la autoridad judicial’. De lo mencionado se advierte que la autoridad judicial en materia de familia, tiene la potestad de emitir mandamiento de apremio en el supuesto de incumplimiento del pago de asistencia familiar por parte del obligado, mandamiento cuya emisión requiere del cumplimiento previo de los siguientes actuados: i) Presentación de la planilla de liquidación por el o los beneficiarios; ii) La notificación legal al obligado con el contenido de la referida planilla; iii) La aprobación y conminatoria de cumplimiento dentro de tercero día; iv) La comunicación legal al obligado con la conminatoria de pago; y, v) El incumplimiento de la obligación dentro del plazo legal; ahora bien, se entiende que el cumplimiento de esas formalidades procesales otorgan validez legal al mandamiento de apremio, cuya finalidad es que se cumpla la obligación de asistencia familiar para su suministro oportuno”» (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de los derechos invocados en la presente acción tutelar; alegando que, dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Felicidad Zárate Brito -su excónyuge-, Jenny Magaly Iquise, Jueza Pública de Familia Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada- a través del Auto Interlocutorio 571 de 17 de agosto de 2021, aprobó la planilla de liquidación, incluyendo de manera indebida a la sumatoria total los gastos extraordinarios, derivando en la emisión de un mandamiento de apremio dirigido a su persona, inobservando lo establecido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0446/2017-S3 y 0974/2017-S3, que prohíben el apremio corporal por pago del citado concepto, resultando en su persecución y procesamiento indebido; y, pese a que dicha orden, luego de su ejecución, fue dejada sin efecto; debido a que, se honró aquella deuda, continúa latente la amenaza de su libertad. Establecida la problemática planteada en la presente acción de defensa y conforme se evidencia de los antecedentes del aludido proceso de asistencia familiar, se tiene que emergente de un incidente de reducción al monto fijado a la misma suscitado por el impetrante de tutela contra la Sentencia de 17 de febrero de 2016, por Auto Definitivo 222 de 20 de noviembre de 2017, la Jueza demandada aprobó en parte dicha solicitud, disminuyéndola a Bs800.-, y manteniendo el pago del 50% de gastos médicos y guardería equivalente a Bs700.-, más cuatro mudas de ropa completas al año (Conclusión II.1); posteriormente, ante un nuevo memorial de aprobación de planilla de liquidación y escrito de objeción a la misma, a través de Auto Interlocutorio 571, la nombrada autoridad rechazó la objeción presentada por el peticionante de tutela, al no haber demostrado la cancelación total de la liquidación devengada, aprobando en parte la presentada el 29 de agosto de 2021, por su excónyuge; en consecuencia, conminó al aludido a cubrir el monto de Bs22 143,81.- por pensiones adeudadas, en el término de tres días, bajo prevención de librar mandamiento de apremio de acuerdo a lo establecido por los arts. 127 y 415 del CFPF; el cual, en atención a la providencia de 27 de noviembre del citado año, fue expedido el 31 de diciembre del indicado año, ante el incumplimiento del pago de la liquidación aprobada (Conclusión II.2). Del mismo modo, cursa memorial presentado el 7 de febrero de 2022, mediante el cual, el solicitante de tutela requirió a la autoridad demandada, deje sin efecto la mencionada orden, adjuntando al efecto recibos de pago de depósitos en la suma de Bs20 600.- y certificación de contar con seguro médico de salud para la beneficiaria -su hija menor de edad-, a través del pago del seguro de salud en La Vitalicia Sociedad Anónima (S.A.), en el monto de Bs9 726.- (Conclusión II.3); a lo cual, conforme lo manifestado por la autoridad demandada en su informe presentado el 11 de igual mes y año, expidió mandamiento de libertad, mismo que fue diligenciado y recepcionado por el accionante a horas 15:10 del 8 del citado mes y año. En ese contexto, acorde a la jurisprudencia constitucional expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que: “…la autoridad judicial en materia de familia, tiene la potestad de emitir mandamiento de apremio en el supuesto de incumplimiento del pago de asistencia familiar por parte del obligado, mandamiento cuya emisión requiere del cumplimiento previo de los siguientes actuados: i) Presentación de la planilla de liquidación por el o los beneficiarios; ii) La notificación legal al obligado con el contenido de la referida planilla; iii) La aprobación y conminatoria de cumplimiento dentro de tercero día; iv) La comunicación legal al obligado con la conminatoria de pago; y, v) El incumplimiento de la obligación dentro del plazo legal…” (SCP 1288/2016-S1 de 2 de diciembre [énfasis añadido]). En ese entendido, en el caso concreto, se puede advertir que el peticionante de tutela cuestiona el Auto Interlocutorio 571, por el que se aprobó la planilla de liquidación presentada por la excónyuge del prenombrado en el proceso en cuestión, a su juicio por incluir gastos extraordinarios; sin embargo, del examen de la mencionada determinación se evidencia que la Jueza demandada, previo traslado y observación de la misma por el aludido, elaboró en detalle la referida documental por los meses devengados del monto adeudado, así como, los pagos realizados por el antes nombrado, a objeto de determinar con exactitud la planilla de pensiones presentada por aquella autoridad, a fin de no dejar en indefensión al accionante, considerando en la liquidación señalada, los montos y conceptos previa y expresamente aprobados según Auto Definitivo 222, de reducción de asistencia familiar a favor el solicitante de tutela, “…disminuyendo el monto a la suma de OCHOCIENTOS BOLIVIANOS 00/100 (Bs. 800) y se mantiene el pago de 50% de gastos médicos, m[á]s 50% de gastos de guardería equivalente a Bs. 700.- m[á]s 4 mudadas de ropa completa al año…” (sic); extremos que en el examen realizado, se advierte fueron considerados en la sumatoria total adeudada por el impetrante de tutela a la madre de su hija; contemplando asimismo, gastos de educación erogados en beneficio de la menor de edad, estableciéndolos en un 50% a cuenta y responsabilidad de ambos progenitores, en el marco de lo previsto por los arts. 6 inc. i), 32 inc. c) y 220 inc. k) del CFPF; por lo cual, determinó aprobar en parte la planilla de liquidación de 29 de agosto de 2021, conminando al peticionante de tutela a la cancelación de Bs22 143,81.-, por concepto de asistencia familiar, dentro del plazo de tres días de su notificación, bajo alternativa de emitirse mandamiento de apremio en su contra. Consiguientemente, en el caso en estudio, no se advierte que la autoridad demandada, en el citado fallo, hubiese considerado los gastos extraordinarios en el cómputo de la liquidación de pensiones devengadas, que hubiere derivado en la emisión ilegal del mandamiento de apremio del accionante y por consiguiente, en la lesión de su derecho a la libertad de locomoción; más aún, si de la revisión del mencionado trámite se denota que la Jueza demandada, al emitir el Auto Interlocutorio 571, enmarcó su actuación en el procedimiento inherente a la ejecución de la asistencia familiar, glosado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, resguardando el cumplimiento de la normativa de la materia, así como, los derechos y garantías de las partes del proceso familiar, posibilitando el ejercicio pleno de los mismos; lo que, conlleva a determinar que la expedición de la indicada orden estuvo enmarcada en la señalada jurisprudencia; por ende, no es evidente lo denunciado por el prenombrado, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En cuanto al derecho a la petición invocado, el solicitante de tutela en el memorial de interposición de la presente acción de amparo constitucional, solo lo nombró sin hacer mayor énfasis y fundamentación en su vulneración; por lo que, no amerita realizar pronunciamiento al respecto. Finalmente, en relación a la vulneración a la igualdad jurídica y a la defensa, de acuerdo a lo precedentemente desarrollado, los actuados procesales de la aprobación de la asistencia familiar fueron producidos enmarcados en la norma y la jurisprudencia constitucional, deviniendo en la emisión y posterior ejecución del mandamiento de apremio; por lo que, incumbe también la denegatoria de tutela en relación a los mismos. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 11 de febrero, cursante de fs. 45 vta. a 48, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera -en suplencia legal de su similar Decimosegunda-de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0586_2023-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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