B.IA.LEGAL

SCP 0585/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52958-2023-106-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, razonabilidad, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, el Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, mediante el cual dispuso la improcedencia del recurso de apelación contra el auto que denegó la cesación de la detención preventiva, incurrió en los siguientes actos lesivos: i) Con relación al riesgo de fuga previsto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 54 a 65, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso, en sus elementos de, fundamentación, motivación, razonabilidad y congruencia externa, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, pronunciado por Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. b) Que el Vocal demandado o quien ejerza dichas funciones, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela sobre la incongruencia interna y el pago de costas y costos, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  2. III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las
  3. III.3. Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0585/2025-S3 Sucre, 17 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52958-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 03/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 54 a 65, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Richard Miranda Gonzales en representación sin mandato de Eddy Nina Characayo contra Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de enero de 2023, cursante de fs. 27 a 34 vta., el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante, por la presunta comisión de los delitos de -manipulación informática-, delitos financieros previstos y sancionados en el art. 363 bis y quater del Código Penal (CP); el 18 de febrero de 2022, se celebró la audiencia de medidas cautelares en la que, el Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de Cochabamba, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Sebastián del mismo departamento, inicialmente por seis meses, posteriormente fue ampliada por tres meses adicionales mediante distintas resoluciones. El 21 de diciembre del mismo año, la Jueza de Sentencia Penal Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba rechazó de forma ilegal su solicitud de cesación a la detención preventiva; ante la cual, interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, siendo resuelta por el Vocal Gonzalo Flores Céspedes -ahora demandado-, mediante Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, declarando la improcedencia del recurso interpuesto y confirmando íntegramente el Auto apelado. En la emisión del referido Auto de Vista, el Vocal demandado, incurrió en las siguientes vulneraciones: a) Con relación al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), referido a su actividad de estudiante; a.1) Incurrió en una contradicción al afirmar que se habría demostrado con basta documentación la representación legal del Instituto Técnico del Sur a nombre de María Elizableth Arandia de Gómez, quien firma el certificado de estudio; empero, de forma contradictoria señaló que no era insuficiente la documentación para demostrar la representación legal y se ha pedido un poder o un acta de posesión, exigencia que va más allá de lo razonable, ya que en antecedentes cursaba el poder adjunto al informe de dicho instituto; a.2) El segundo argumento irrazonable consiste en que se exigió demostrar que desde agosto hasta el 14 de diciembre del 2022 estuvo estudiando, acompañando constancia para ello, porque su inscripción había fenecido, puesto que resulta imposible que estando privado de libertad hubiera cursado estudios, siendo además que al estar prohibido el uso de celular no podía pasar clases virtuales; además, este argumento resulta incongruente con el razonamiento contenido en el anterior Auto de Vista de 27 de septiembre del 2022, que ya advirtió de lo excesiva que era la exigencia de que se demuestre que había estudiado hasta la fecha referida, desconociendo los principios de congruencia, lógica, la experiencia, razonabilidad y los lineamientos legales que permite acreditar una actividad a fututo, puesto que la actividad de estudiante fue analizado a futuro, es decir una vez que recobre la libertad; y, a.3) Finalmente, incurrió en incongruencia al acreditar el legal funcionamiento del Instituto Técnico del Sur, puesto que este extremo ya fue acreditado con resoluciones ministeriales, el cual ya se lo tenía como asumido en la resolución de la cesación de 1 de septiembre 2022, por lo que se incurre en incongruencia externa con anteriores determinaciones, puesto que si bien es posible apartarse de las resoluciones emitidas anteriormente, ello puede ocurrir solo cuando el razonamiento sea más favorable, pero nunca en perjuicio del imputado; y. b) Con relación al riesgo de obstaculización: b.1) Resulta fuera del marco de la razonabilidad y equidad sustentar dicho riesgo en la presunción el hecho de tener conocimientos informáticos para cometer el delito, es decir en los mismos hechos investigados que en el momento de disponerse su detención también sirvieron para sustentar su probabilidad de autoría, lo que resulta inadmisible de cuerdo al art. 235 núm. 1 del CPP, que exige que el riesgo se fundamente en elementos objetivos; el riesgo se funda en subjetividades como que en la libertad de sus conocimientos informativos pueda realizar los mismos hechos”, lo cual resulta contrario a la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0795/2014 de 25 de abril; b.2) Existe incongruencia, ya que el vocal accionado no ha resuelto sobre el agravio denunciado en audiencia de 28 de diciembre del 2022, en la que se denunció que la resolución apelada incurrió en falta de valoración integral de los elementos de prueba o incongruencia omisiva, puesto que no fueron valoradas la acusación fiscal de 18 de noviembre del 2022, extractos bancarios del Banco Económico S.A. de 08 de junio del 2022; Banco para el Fomento de Iniciativas Económicas Sociedad Anónima (FIE). de 6 de abril del 2022, Banco Unión Sociedad Anónima de 13 de mayo del 2022, Banco de Crédito de Bolivia Sociedad Anónima (BCP) de 5 de mayo del 2022, Banco Ganadero Sociedad Anónima del 12 de marzo del 2022, Banco Fassil Sociedad Anónima del 04 de abril del 2022, Banco BISA Sociedad Anónima de 08 de marzo del 2022; Banco Ganadero Sociedad Anónima. de 22 de junio del 2022 y Banco Nacional de Bolivia Sociedad Anónima (BNB) del 14 de mayo del 2022, aclarando que dichas pruebas son posteriores a la acusación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, razonabilidad y congruencia, citando al efecto los arts. 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7 y 8.2. inc. h) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, pronunciado por el accionado; 2) Se ordene que emita nueva resolución con la debida fundamentación, motivación razonable-.racional, congruente, y resolviendo cada uno de los agravios denunciados; y, 3) Se condene en costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 5 de enero de 2023, según consta en acta cursante a fs. 53 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su representante en audiencia de garantías ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 5 de enero de 2023, cursante de fs. 47 a 52, manifestó que: i) Las SS.CC. 25/2010-R de 13 de abril, 662/2010-R de 19 de julio, y 165/2011-R de 21 de febrero, establecen que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para valorar pruebas, ya que esta función corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, solo puede intervenir si dicha valoración vulnera derechos fundamentales al apartarse de la legalidad, la razonabilidad o la equidad; el accionante de tutela se limita a exponer antecedentes y observaciones subjetivas sobre los riesgos procesales de los arts.

234.1 y 235.1 del CPP, sin cuestionar de forma objetiva los fundamentos del Auto de Vista apelado; ii) El Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, fue emitido con una adecuada valoración de antecedentes, motivación suficiente y conforme a los arts. 124 y 398 del CPP, por lo que no transgrede el derecho al debido proceso ni la exigencia de fundamentación razonable y congruente; iii) En relación al peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, refiere que la resolución de la Jueza a quo fue coherente y no contradictoria, aunque se presentó documentación a nombre de María Elizabeth Arandia de Gómez, quien firma el certificado de estudio del peticionante de tutela, no acreditó con prueba idónea en su calidad de Rectora del Instituto Técnico del Sur. Además, no se cuestionó que el imputado estuviera detenido preventivamente ni que hubiera estudiado desde agosto hasta el 14 de diciembre de 2022, sino que ha sido enfático en apoyar el criterio de la Jueza de primera instancia; en sentido que, la sola mención de que estudie en un instituto, y la presentación de la constancia de inscripción podría haber servido eventualmente en una audiencia anterior; empero ya no sería evidente que la sola inscripción permita establecer que se dedicaba a una actividad lícita, ya que, debió demostrar con anterioridad, que realizaba dicha actividad; iv) Se confirma la existencia del riesgo procesal señalado en el art. 235.1 del CPP, ya que el accionante, posee conocimientos informáticos y tecnológicos, lo que le permitiría modificar, ocultar o destruir pruebas digitales, pese a que, se secuestró celulares y computadoras, sin embargo, esto no elimina el riesgo procesal, pues las pruebas podrían estar en cualquier equipo, además, el imputado tiene siete cuentas bancarias, lo que refuerza la sospecha, siendo que, su defensa no logró desvirtuar los riesgos procesales que determinaron su detención; y, v) Al cuestionarse en apelación sobre el test de proporcionalidad, no se identificaron de forma concreta las vulneraciones alegadas; habiendo sido planteadas de forma genérica; ya que, según la jurisprudencia constitucional, en segunda instancia no se puede revalorizar la prueba ni presentar nueva; pues la detención preventiva impuesta por el juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital es revisable en cualquier etapa del proceso, al ser las medidas cautelares revisables, modificables, dejadas sin efecto y revocadas conforme a la jurisprudencia constitucional, esto significa que no son definitivas, y pueden ser solicitadas en cualquier momento para su modificación con la acreditación de nuevos elementos de convicción; por los motivos expuestos, el accionante no puede alegar vulneración a sus derechos, solicitando se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 03/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 54 a 65, denegó la tutela solicitada, en base a los siguientes fundamentos: a) Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público a instancia del Banco Bisa S.A. contra Eddy Nina Characayo, por la presunta comisión de los delitos de –manipulación informática-, delitos financieros, previstos y sancionados en el art. 363 bis y quater del CP, sustanciado ante la Jueza de Instrucción Penal Decimosegunda de la Capital del mismo departamento, mediante Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2022, se dispuso la concurrencia de los riesgos procesales previstos en el art. 234.1, porque no se acreditó la actividad lícita; el informe presentado firmado por la Rectora del Instituto Tecnológico del Sur no está respaldado por documentación válida que confirme que ejerce el cargo; la certificación de inscripción del accionante en agosto de 2022 no prueba que haya cursado el semestre, lo que genera dudas sobre la veracidad de su actividad académica; el Ministerio Público señala contradicciones e inconsistencias en las entrevistas informativas de los testigos, lo que refuerza la falta de credibilidad sobre la actividad lícita del imputado; y, respecto al art. 235.1 del CPP, el imputado, usando sus conocimientos tecnológicos y acceso a múltiples cuentas bancarias, pueda eliminar pruebas a través de sistemas informáticos, se consideraron los informes de las Entidades Financieras y del Tribunal Departamental de Justicia, concluyendo que la defensa no presentó pruebas suficientes para contrarrestar el riesgo procesal de obstaculización; determinación que fue objeto de apelación incidental, resuelta por el Vocal demandado, mediante Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, que declaró improcedente el recurso de apelación; b) Del Auto de Vista señalado, se evidencia que la resolución se encuentra fundamentada, en concordancia con lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional que conoce el caso, emitió la resolución conforme a los parámetros establecidos en el art. 398 del CPP, respaldada por documentación objetiva que demuestra la persistencia de los riesgos procesales; además, de referir que toda solicitud debe estar acompañada de los elementos probatorios que el solicitante pretenda hacer valer en audiencia, para que sean considerados por la autoridad jurisdiccional; en este caso, dichos elementos fueron valorados y dieron lugar a la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.1 y 235.1 del CPP; y, c) Dado que su autoridad actúa como tribunal de garantías y no como tribunal de casación, no se evidencia la vulneración al debido proceso en sus elementos de motivación o fundamentación, ni apartamiento de los principios de razonabilidad y equidad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 16 de febrero de 2022, tras una denuncia de David Crespo Guillén por una transferencia electrónica de Bs50 000 (bolivianos cincuenta mil) a la cuenta del Banco Ganadero S.A.registrado a nombre de Eddy Nina Characayo -ahora accionante-, fue aprehendido formulándose en su contra imputación formal por la presunta comisión de los delitos de manipulación informática y delitos financieros, previstos y sancionados por el art. 363 bis y quater del CP. El 18 de ese mismo mes y año, en audiencia de consideración de medidas cautelares, se ordenó su detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario de San Sebastián de Cochabamba, porque no se acreditó que tenía una actividad lícita asentada en el país, se determinó que la comercialización de criptomonedas es una actividad no autorizada por el Estado, y tiene las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, además de haberse demostrado que el imputado tiene conocimientos tecnológicos y fácilmente puede hacer desaparecer los elementos de prueba; por lo que, concurrieron los riesgos procesales de fuga y de obstaculización, previstos en los arts. 234.1 y 2, y 235.1 del CPP; señalándose audiencia para considerar su situación jurídica el 18 de agosto del citado año (fs. 3 a 6 vta.). Dicha medida fue ampliada por tres meses adicionales mediante distintas resoluciones. Posteriormente, en audiencia de apelación incidental de 27 de septiembre de 2022, se procedió a desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.2 del CPP (fs. 11 a 15 vta.). II.2. En audiencia de cesación a la detención preventiva, celebrado por la Jueza de Sentencia Decimosegundo de la Capital del departamento de Cochabamba, dictándose el Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2022, se rechazó la solicitud debido a la insuficiencia de pruebas que desvirtúen los riesgos procesales, conforme al art. 239.1 del CPP, el imputado debía demostrar con nuevos elementos que los motivos de su detención ya no subsisten, lo que implica una inversión de la carga probatoria. Respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, por falta de actividad lícita, la defensa presentó un informe sobre la rectora del Instituto Técnico del Sur, pero sin documentos oficiales que acrediten dicha función; certificado de inscripción académica que era de agosto y el semestre ya había concluido en diciembre, por lo que no se probó actividad lícita actual, más aún cuando existe contradicciones entre testigos y falta de pruebas idóneas refuerzan este riesgo; respecto al peligro de obstaculización, previsto en el art. 235.1 del CPP, los certificados presentados ya habían sido valorados previamente y no se aportó nueva documentación objetiva, aunque se alegó que el proceso está en etapa de acusación, no se desvirtuó el riesgo de obstaculización; persistiendo los prenombrados riesgos procesales, por lo que se decidió mantener la detención preventiva (fs. 20 a 26); en el mismo actuado procesal el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental contra dicho Auto Interlocutorio (fs. 25 vta.). II.3. Por acta de audiencia virtual de 28 de diciembre de 2022, de consideración del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 21 del mismo mes y año, el -accionante- a través de su abogado, cuestionó con referencia al peligro de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP al señalar que se habría pretendido acreditar la calidad de estudiante a futuro, para que pueda estudiar la carrera de fisioterapia, en el Instituto Tecnológico del Sur, la documentación presentada el 21 de diciembre de 2022 consistente en las cédulas de identidad de sus testigos para que sus declaraciones sean recepcionadas, la Jueza aclara que no es posible volver a valorar la misma prueba ni mucho menos las mismas atestaciones por haber sido valoradas anteriormente; no fue valorada correctamente incurriendo en arbitrariedad al exigir que debían presentar documentación que pruebe su calidad de Rectora del instituto; asimismo, incurrió en incongruencia omisiva en la valoración de la prueba; con referencia al peligro de obstaculización establecido en el 235.1 del CPP, fundamentando que la prueba ofrecida ya ha sido valorada; refiere que no ha valorado el informe técnico, los “…extractos bancarios de fecha 8 de agosto del 2022 del Banco Económico indicaría que “ de la verificación del acta de aplicación de medidas cautelares se advierte que la misma ya habría sido considerada por la autoridad jurisdiccional, así mismo los extractos del Banco Bisa de 06 de abril del 2022, del 13 de mayo del Banco Unión, de 21 de enero del 2022, de Banco Ganadero de 22 de junio del 2022”; asimismo que no valoró la acusación fiscal presentada como elemento de prueba para desvirtuar el numeral 1 del art. 235 del CPP; incurriendo en incongruencia omisiva en la valoración integral de todos los elementos de prueba, por lo que, solicita se declare procedente su apelación (fs. 41 a 43 vta.) II.4. Mediante Auto de Vista de 28 de diciembre del referido año, Gonzalo Flores Céspedes Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba declaró improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante. Esta disposición fue realizada sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Como primer supuesto de agravio, respecto al art. 234.1 del CPP será analizado remitiéndose al razonamiento de la autoridad demandada; la cual es correcta porque, aunque se presentó la inscripción de estudios del accionante en el Instituto Tecnológico del Sur, para cursar la carrera de fisioterapia y la certificación de la existencia del Instituto, no se demostró que el imputado haya asistido efectivamente a clases entre agosto y diciembre de 2022, por tanto, no se acredita de manera suficiente que se dedicaba a una actividad lícita antes de la audiencia del 21 del mismo mes y año; la sola inscripción no prueba arraigo laboral o educativo, y podría interpretarse como una simulación para justificar la cesación de la detención preventiva; 2) Como segundo supuesto punto de agravio, respecto al art. 235.1 del CPP el imputado tiene conocimientos tecnológicos y acceso a información digital, por lo que está demostrado que puede destruir, modificar elementos de prueba contenidas en dispositivos incautados -computadoras y celulares-, así como en otros equipos; la defensa no ha logrado refutar estos argumentos, por lo que se concluye que no existen elementos nuevos respecto a lo ya considerado en anteriores audiencias de cesación a la detención preventiva, las cuales derivaron en la emisión de un Auto de Vista; 3) Como tercer agravio, respecto a que no se hubiera considerado la acusación emitida por el Ministerio Público, presentada como nuevo elemento que desvirtúa el peligro de obstaculización, se afirma que fue considerada, pero no se aportaron pruebas suficientes para desvirtuar el riesgo establecido en el art. 235.1 del CPP, la defensa señala que al encontrarse con acusación ya se habría realizado todos los elementos de la investigación, la defensa planteó hipótesis sobre posibles manipulaciones informáticas, pero estas no fueron respaldadas objetivamente, dado que, la investigación se centra en delitos de manipulación informática y delitos financieros, no se presentó evidencia convincente; por los argumentos expuestos y lo sostenido por la Jueza a quo en cuanto a los reclamos efectuados por la parte apelante no se encuentra mérito para posibilitar que se pudiera dar curso a la solicitud de revocatoria del rechazo de la solicitud de cesación a la detención preventiva; y, 4) Por lo analizado corresponde declarar improcedente el recurso de apelación formulado por el ahora accionante (fs. 43 vta. a 46 vta.). II.5. De conformidad al art. 125 del CPP, el accionante solicitó explicación del Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022 con relación al elemento “actividad”, el accionante se cuestiona la afirmación de que no hay constancia de que el apelante haya cursado estudios entre agosto y el 14 de diciembre del 2022, ya que contradice el razonamiento del Auto de Vista del 27 de septiembre de mismo año, como el imputado se encuentra en detención preventiva, es imposible demostrar que esté cursando estudios en ese periodo (fs. 45 vta. a 46). En respuesta, la autoridad judicial demanda refirió que no existe contradicción, sino una complementación entre los argumentos, el imputado debe presentar nuevos elementos para solicitar la cesación a la detención preventiva, aclara que sí es posible acreditar estudios mediante constancias que demuestren que el imputado efectivamente está cursando clases, esto no es contradictorio, sino que exige pruebas concretas, en cuanto al estudio de la carrera de fisioterapia, se cuestionó que carrera estaría cursando el imputado, lo cual fue parte de la apelación (fs. 45 vta. a 46 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, razonabilidad, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que, el Vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, mediante el cual dispuso la improcedencia del recurso de apelación contra el auto que denegó la cesación de la detención preventiva, incurrió en los siguientes actos lesivos: i) Con relación al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP, referido a su actividad de estudiante: i.a) Incurre en una contradicción sobre la representación legal del Instituto Técnico del Sur; i.b) De forma irrazonable se exige que debían demostrar que desde agosto hasta el 14 de diciembre de 2022 estuvo estudiando, acompañando constancia para ello, porque su inscripción había fenecido, acreditación que resulta imposible dado que se halla privado de libertad, condición que inclusive le impide pasar clases virtuales; además, este argumento resulta incongruente con el razonamiento contenido en el anterior Auto de Vista de 27 de septiembre que ya advirtió de lo excesiva que era esa exigencia; de que demuestre que habría estudiado hasta la fecha, que desconoce los principios de congruencia, lógica, la experiencia, razonabilidad y los lineamientos legales que permite acreditar una actividad a fututo, puesto que la actividad de estudiante fue analizado a futuro, es decir una vez que recobre la libertad; y, i.c) Finalmente, incurrió en incongruencia sobre la acreditación del legal funcionamiento del Instituto Técnico del Sur, siendo que este extremo ya fue acreditado con resoluciones ministeriales, el cual ya se lo tenía como asumido en la resolución de la cesación de 1 de septiembre 2022, del mismo que no puede apartarse en perjuicio del imputado; y. ii) Con relación al riesgo de obstaculización: ii.a) Resulta fuera del marco de razonabilidad y equidad sustentar dicho riesgo en la mera presunción de que tener conocimientos informáticos resulta contrario a la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0795/2014 de 25 de abril; y, ii.b) Omite resolver sobre el agravio de que la resolución apelada incurrió en falta de valoración integral de los elementos de prueba, como son la acusación fiscal de 18 de noviembre del 2022; y, los extractos bancarios del Banco Económico de 08 de junio del 2022, del Banco FIE de 6 de abril del 2022, del Banco Unión de 13 de mayo del 2022, del BCP de 5 de mayo del 2022, del Banco Ganadero del 12 de marzo del 2022, del Banco Fassil del 04 de abril del 2022, del Banco BISA de 08 de marzo del 2022; del Banco Ganadero de 22 de junio del 2022 y del Banco Nacional de Bolivia del 14 de mayo del 2022, los cuales son posteriores a la acusación; por lo que solicita: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, pronunciado por el accionado; b) Se ordene que emita nueva resolución con la debida fundamentación, motivación razonable, racional, congruente y resolviendo cada uno de los agravios denunciados; y, c) Se condene en costas y costos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de 3El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 4El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 5El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.

rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Esta sistematización fue extraída de la SCP 0030/2018-S2 de 6 de marzo. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de la detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida cautelar, a efectos que: i) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación de la detención preventiva, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, ii) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas -jurisprudencia de la Corte IDH incorporada al bloque de constitucionalidad, a partir de la SC 0110/2010 de 10 de mayo-, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho. Estos razonamientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.

III.2. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las

resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del CPP

La SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, recogió la jurisprudencia constitucional sobre fundamentación y motivación de las resoluciones que resuelven medidas cautelares, en lo relativo a los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP, así al respecto señala que:

«Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. […] Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. […]

Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también atañe a los tribunales de apelación; sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia.

Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.

Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP, establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que éstos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.

En todo caso, el Tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que expone el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.

El Tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora» [el resaltado es añadido]

III.3. Prohibición de fundar la detención preventiva en meras suposiciones

Como se indicó, la detención preventiva debe ser el resultado de una debida fundamentación y motivación de las resoluciones que la disponen, lo cual impide que la autoridad jurisdiccional funde su determinación en meras presunciones, las cuales implican reconocer como cierto un probable acontecimiento, acción o conducta, sin necesidad de probarla. Así, la resolución judicial destinada a aplicar medidas cautelares de carácter personal, tiene que ser el resultado de la valoración integral y razonable de los diferentes riesgos procesales y elementos probatorios; valoración que, además, debe ser objetiva y generar convicción en la autoridad judicial, para sostener que el imputado es con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad o que existe peligro de reincidencia.

En ese contexto, se reitera que ningún peligro procesal debe estar sostenido en presunciones, lo cual implica que, si la autoridad judicial funda su decisión en supuestos como “el imputado en libertad podría asumir una determinada conducta” -propia del peligro de fuga y obstaculización-, tal argumento no satisface la exigencia de una debida motivación; por cuanto, el juzgador debe asumir absoluta convicción para establecer la concurrencia o no de un determinado riesgo procesal; es decir, le corresponde a la autoridad judicial definir si existe o no algún peligro procesal; por consiguiente, lo que no está permitido es que al momento de asumir la decisión respecto a la situación jurídica del imputado, el juez se base en probabilidades, sin sustento en suficientes elementos de convicción valorados objetiva, razonable e integralmente -podría o no podría-; pues, de sustentarse en ellas, se vulnera el debido proceso del imputado, conforme lo entendió la SC 1635/2004-R de 11 de octubre, reiterada por las SSCC 1747/2004-R, 0001/2005-R, 0129/2007-R, 0514/2007-R, 0670/2007-R, 0040/2010-R, 1048/2010-R, 1154/2011-R y 1813/2011-R; y, la SCP 0795/2014 de 25 de abril, entre otras. Entendimiento asumido en la SCP 0276/2018-S2 de 25 de junio

III.4. Análisis del caso concreto

Del estudio de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que el accionante se encuentra sometido dentro de un proceso penal por la presunta comisión de los delitos de manipulación informática y delitos financieros; siendo que mediante Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2022, se dispuso su detención preventiva por concurrir los riesgos procesales de los arts. 234.1 y 2 -respecto al trabajo-, y 235.1 del CPP, (Conclusión II.1); posteriormente, mediante Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2022 se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, debido a la insuficiencia de pruebas que desvirtúen los riesgos procesales subsistentes, respecto al peligro de fuga (Conclusión II.2); dicha determinación fue apelada por el acusado Eddy Nina Characayo, hoy accionante, la misma que fue resuelta mediante el Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, declarando la improcedencia de la apelación incidental (Conclusión II.4); la mencionada resolución de alzada es impugnada a través de esta acción de tutela, en la cual se denuncia que el accionante habría incurrido en actos lesivos, que se examina a continuación: Con relación al riesgo de fuga previsto en el art. 234.1 del CPP El accionante denuncia que el Vocal demandado incurre en una contradicción al afirmar que se habría demostrado con basta documentación la representación legal del instituto técnico del Sur a nombre de María Elizableth Arandia de Gómez, quien firma el certificado de estudio; empero, de forma contradictoria señala que “no era insuficiente” la documentación para demostrar la representación legal y se ha pedido un poder o un acta de posesión, exigencia que va más allá de lo razonable, ya que en antecedentes cursaba el poder adjunto al informe de dicho instituto. Revisado el Auto de Vista de 28 de diciembre del 2022 (Conclusión II.4), no se advierte la contradicción que se denuncia, puesto que en dicho fallo no se hace consideraciones sobre la insuficiencia de la acreditación de la representante del instituto Técnico del Sur, por el contrario se asevera que “…se acredita la autoridad máxima de ese instituto conforme a la certificación presentada…”, razón por la cual corresponde denegar la tutela solicitada sobre esta denuncia. Por otra parte, el peticionante de tutela denuncia que el Vocal demandado, de forma irrazonable exige que debían demostrar que desde agosto hasta el 14 de diciembre del 2022 estuvo estudiando, acompañando constancia para ello, porque su inscripción había fenecido, acreditación que resulta imposible dado que se halla privado de libertad, condición que inclusive le impide pasar clases virtuales; además, este argumento resulta incongruente con el razonamiento contenido en el anterior Auto de Vista de 27 de septiembre -se entiende de 2022- que advierte lo excesivo de esa exigencia, desconociendo los principios de congruencia, lógica, la experiencia, razonabilidad y los lineamientos legales que permite acreditar una actividad a fututo, puesto que la actividad de estudiante fue analizado a futuro, es decir una vez que recobre la libertad. Ahora bien, toda vez que el peticionante de tutela impugna la valoración probatoria efectuada por el Vocal demandado, cabe precisar que conforme se cita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la jurisprudencia constitucional, en el marco de las auto restricciones establecidas por la doctrina constitucional, ha establecido que la revisión, en sede constitucional, sobre valoración de la prueba efectuada por los tribunales de las otras jurisdicciones, se limita a verificar si las autoridades judiciales o administrativas, se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; si omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o total; y, si basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

En el marco de dicho entendimiento, cabe precisar que de la revisión del Auto de Vista de 28 de diciembre del 2022, hoy impugnado, se evidencia que el Vocal demandado alega que esa certificación de inscripción pudo haber servido eventualmente en una audiencia anterior y que demostraría que se dedica a una actividad lícita; empero, al 21 de diciembre -se entiende del 2022-, la sola inscripción permite establecer que se dedicó a una actividad lícita, sino por el contrario debió haberse demostrado que se dedicado con anterioridad a dicha actividad lícita, que no había constancia de que el apelante haya cursado las clases de agosto al 14 de diciembre (Conclusión II.4); posteriormente, en el Auto complementario, señala que respecto a la imposibilidad -se entiende de acreditar que está estudiando-; por cuanto, el imputado se encuentra en calidad de detenido, no es un razonamiento de la autoridad jurisdiccional de segunda instancia sino una cita de lo señalado por el apelante; y lo que está señalado es que si se inscribe tiene que existir constancia de su asistencia clases, lo cual no es contradictorio (Conclusión II.5). Ciertamente no resulta irrazonable la observación que a la fecha de consideración del recurso de apelación, que motiva esta acción de tutela, la certificación que el imputado se hallaba inscrito para cursar estudios entre agosto y el 14 de diciembre del 2022, no acreditaba la activad lícita, dado que lógicamente el referido certificado ya no podía acreditar que el imputado se iba a dedicar al estudio en el futuro, cuando el periodo de estudios para el que se había inscrito ya había pasado y que en ese lapso está admitido por el propio imputado que no cursó estudios precisamente por las restricción de su privación de libertad por lo que pobre este aspecto no se advierte motivación arbitraria. Sin embargo, la argumentación de que debió demostrarse que cursó los estudios entre agosto y diciembre del 2022, tiempo en el que el accionante permaneció con detención preventiva, resulta irrazonable, puesto que, lógicamente teniendo tal restricción no era posible demostrar que estudió en ese lapso, tanto más si en el Auto de Vista de 27 de septiembre re del 2022, ya se determinó que “…la tercera observación resulta ser excesiva al pretender la autoridad de instancia que el imputado deba acreditar que efectivamente está estudiando; por cuanto resulta evidente lo expuesto por la parte recurrente, que aquello resulta ser imposible por cuanto el imputado se encuentra actualmente en calidad de detenido preventivo, por consiguiente deberá extraerse este fundamento intelectivo de la autoridad de instancia dicho razonamiento”. Consiguientemente, resulta evidente que, se ha incurrido en motivación arbitraria, al incluir una exigencia que ya había sido suprimida en una anterior resolución, puesto que ello implica una afectación a la prohibición de la reforma en perjuicio que prevé el art. 400 del CPP, con lo cual efectivamente se ha vulnerado el derecho al debido proceso.

Finalmente, en cuanto a la denuncia de que existiría incongruencia sobre la acreditación del legal funcionamiento del Instituto Técnico del Sur, siendo que este extremo ya fue acreditado con resoluciones ministeriales, el cual ya se lo tenía como asumido en la resolución de la cesación de 1 de septiembre 2022, de la revisión del Auto de Vista de 28 de diciembre del 2022, hoy impugnado (Conclusión II.4), se advierte que sobre la existencia del Instituto Técnico del Sur, en el que el accionante se inscribió para cursar estudios, las únicas referencias que hace el Vocal demandado a tiempo de pronunciarse sobre los agravios, aluden a su existencia y a que si se acreditó la legalidad del instituto tecnológico; por lo que no es evidente la incongruencia interna denunciada, razón por la cual corresponde denegar tutela sobre esta denuncia. Con relación al riesgo de obstaculización Por una parte, el peticionante de tutela denuncia que resulta fuera del marco de la razonabilidad y equidad sustentar dicho riesgo en la mera presunción de tener conocimientos informáticos lo cual resulta contrario a la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0795/2014 de 25 de abril y que, no se encuentra permitido fundar los riesgos procesales en los mismos hechos investigados. De la revisión del Auto de Vista de 28 de diciembre del 2022, hoy impugnado, se advierte que el Vocal demandado, alega que la defensa no habría desvirtuado los argumentos por los que se le acusa, que el que el ahora accionante habría utilizado cuentas o información tecnológica desde su acceso, al tener conocimientos sobre el mismo y que ello acredita el riesgo procesal, pudiendo destruir y modificar elementos de prueba los cuales se encuentran en los medios tecnológicos como computadoras y celulares que fueron secuestrados; información que no solo están en esos equipos sino que pueden estar en cualquier equipo; acotando que la propia investigación gira en torno a la comisión del delito de manipulación informática y delitos financieros (Conclusión II.4). Ahora bien, conforme se señala en el Fundamento Jurídico III. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a las resoluciones sobre medidas cautelares de carácter personal; toda vez que las mismas son revisables de oficio y que tal atribución es tanto del juez de primera instancia como del tribunal de apelación, el Vocal accionado se encontraba en el deber de verificar, si en este caso, concurren los requisitos de validez formal y material de la detención preventiva; por lo cual, resulta insuficiente la argumentación que no se hubieran presentado nuevos elementos de convicción para desvirtuar la concurrencia del riesgo de obstaculización. En ese marco, el Vocal accionado, en lugar de verificar si la concurrencia del riesgo de fuga previsto en el art. 235.1 del CPP surgía de la información precisa y circunstanciada aportada por el fiscal o querellante; y, si estos daban razonabilidad suficiente que el imputado obstaculizara la averiguación de la verdad, ha reiterado las suposiciones esgrimidas en la resolución cautelar y las decisiones anteriores sobre el pedido de cesación a la detención preventiva, en sentido que el peticionante de tutela podría, destruir y modificar elementos de prueba que podrían estar en cualquier equipo, y no solo en los que ya se había secuestrado, lo que resulta aún más arbitrario tomando en cuenta que la causa se encuentra en fase de juicio; es decir, que la investigación ya ha concluido y por consiguiente ya se conoce las pruebas que las partes han aportado al juicio; lo que cuando menos exige que se individualice cuál es el elemento de prueba que el acusado está en condiciones de destruir o modificar. Consiguientemente, resulta evidente la motivación arbitraria en la que incurre el Vocal demandado, así como la indebida fundamentación, lo cual vulnera el derecho al debido proceso. Conforme establece la SCP 0975/2016-S3, la concurrencia de riesgos procesales “…no puede conllevar aspectos relacionados al mismo hecho investigado, pues en ese caso, se tendría por concurrente dicho riesgo en cualquier delito investigado, así, las circunstancias del hecho en etapa preparatoria, al ser elementos provisionales, no pueden a su vez fundar el análisis de riesgos procesales, pues ello supondría restarles su calidad de provisional”, sin embargo, el Vocal demandado, alega que el acusado habría utilizado cuentas o información tecnológica desde su acceso y que tiene conocimientos sobre el mismo y que ello demostraría que puede destruir y modificar elementos de prueba; aspectos referidos a los hechos juzgados, lo que igualmente constituye una motivación arbitraria. En cuanto a la incongruencia externa omisiva El accionante denuncia que el vocal demandado, en la emisión del Auto de Vista de 28 de diciembre del 2022, habría omitido resolver sobre el agravio de que la resolución apelada incurrió en falta de valoración integral de los elementos de prueba, como son la acusación fiscal de 18 de noviembre del 2022; y, los extractos bancarios del Banco Económico de 08 de junio del 2022, del Banco FIE de 6 de abril del 2022, del Banco Unión de 13 de mayo del 2022, del BCP de 5 de mayo del 2022, del Banco Ganadero del 12 de marzo del 2022, del Banco Fassil del 04 de abril del 2022, del Banco BISA de 08 de marzo del 2022; del Banco Ganadero de 22 de junio del 2022 y del Banco Nacional de Bolivia del 14 de mayo del 2022, las cuales son posteriores a la acusación. Efectuada la contrastación entre los agravios formulados por el apelante, se evidencia que denuncia la incongruencia omisiva de la autoridad de instancia, toda vez que adjuntó abundante prueba como ser informe técnico, “…extractos bancarios de fecha 8 de agosto del 2022 del Banco Económico indicaría que “ de la verificación del acta de aplicación de medidas cautelares se advierte que la misma ya habría sido considerada por la autoridad jurisdiccional, así mismo los extractos del Banco Bisa de 06 de abril del 2022, del 13 de mayo del Banco Unión, de 21 de enero del 2022, de Banco Ganadero de 22 de junio del 2022”; asimismo, que no valoró la acusación fiscal presentada como elemento de prueba para desvirtuar el numeral 1 del art. 235 del CPP (Conclusión II.3.) En los fundamentos del Auto de Vista de 28 de diciembre del 2022, hoy impugnado, el Vocal accionado, luego de hacer consideraciones a la complementación y enmienda sobre ese aspecto, de forma lacónica señala que se ha considerado; empero, respecto a los extractos bancarios a los que se hace referencia, es evidente que el Vocal accionado no efectúa ningún pronunciamiento explícito (Conclusión II.4); es decir, si era o no evidente que el juez de primera instancia omitió o no su consideración; por lo cual resulta evidente que con dicha omisión ha infringido el principio de congruencia en su dimensión externa, al no haberse pronunciado sobre el referido agravio, vulnerando de esa manera el derecho al debido proceso. Finalmente, toda vez que, con relación a las resoluciones sobre medidas cautelares de carácter personal, no corresponde examinar la relevancia constitucional de los defectos advertidos, tal como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras, amerita conceder la tutela solicitada. Por último, en el marco de la atribución potestativa prevista en el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo), no corresponde disponer la condena en costas y costos. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar totalmente la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 03/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 54 a 65, pronunciada por la Jueza de Pérdida de Dominio Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías; y en consecuencia, 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto al derecho al debido proceso, en sus elementos de, fundamentación, motivación, razonabilidad y congruencia externa, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Disponer lo siguiente:

a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 28 de diciembre de 2022, pronunciado por Gonzalo Flores Céspedes, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. b) Que el Vocal demandado o quien ejerza dichas funciones, emita nuevo Auto de Vista, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. 3° DENEGAR la tutela sobre la incongruencia interna y el pago de costas y costos, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 2El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”.

6 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 7El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0585_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4457ba2ddd92fa15bef5454b7db74ad3970723e9455188603e565552577ddd6a

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