Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 8 de abril de 2026
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa, a la igualdad y al trabajo; puesto que, la Jueza demandada incurrió en los siguientes defectos procesales: i) Luego de haber dispuesto la suspensión de la audiencia de medidas cautelares, contradictoriamente declaró su rebeldía y ordenó la emisión del mandamiento de aprehensión, el cual fue ejecutado cuando ya había sido dejado sin efecto por la referida autoridad; empero, en lugar de determinar su inmediata libertad, instaló la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención preventiva; y, ii) Fijó audiencia para la consideración de la excepción de incompetencia presentada de su parte, pese a que para entonces ya estaba determinada su rebeldía. La Jueza demandada, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe alguno pese a su citación. Por su parte el funcionario policial codemandado, en audiencia, refirió que únicamente ejecutó la orden de aprehensión emitida por la autoridad jurisdiccional demandada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 52 a 54 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente; y, 2° Llamar la atención a Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, exhortando a que dicha autoridad en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento remita junto a las resoluciones elevadas en revisión, los antecedentes que hubiesen servido para resolver la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0584/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 53691-2023-108-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 11/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 52 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Humberto Elías Moller Villca contra Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Poopó, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro; y, Carlos Montan Grageda, funcionario policial.
Por memorial presentado el 13 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 32 a 39 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se fijó audiencia de consideración de medidas cautelares para el 6 de febrero de 2023, respecto a lo cual y pese a que su notificación fue incorrectamente practicada, el 3 del citado mes y año, a tiempo de apersonarse al proceso solicitó la suspensión de dicho actuado procesal toda vez que fue designado como profesor en la localidad de Toledo provincia Saucari del departamento de Oruro en la Unidad Educativa “Nacional Toledo”, no pudiendo encontrar suplente para la señalada fecha a efectos de asistir a la audiencia. El día de la audiencia, Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Poopó, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro -ahora demandada- a tiempo de considerar su solicitud, refirió que de la valoración de la prueba adjunta advirtió una serie de incongruencias ya que el Memorándum de designación sería de 2 de marzo de 2022, y que en su actual carnet de identidad se establece como profesión u ocupación estudiante, no habiendo valorado el Certificado de 3 de febrero de 2023, emitido por el Director de la señalada Unidad Educativa presentada en audiencia a través del cual acreditó que su persona trabaja como maestro del área de Psicología, Filosofía, Lógica y Ética con número de ítem 664 además de detallarse sus horarios de clases, actuación a partir de la cual si bien en principio y en atención a la ausencia del representante del Ministerio Público, de manera pura y simple suspendió la audiencia reprogramándola para el 14 del citado mes y año, de forma posterior e incongruente con lo determinado, en lugar de aplicar el principio de favorabilidad y advertir la inviabilidad del desarrollo de la audiencia por la ausencia del representante del Ministerio Público, por Auto Interlocutorio 067/2023 de 6 de febrero, sin la debida fundamentación y motivación, declaró su rebeldía y dispuso la emisión del mandamiento de aprehensión, afectando dolosamente sus derechos a la libertad y al trabajo. Asimismo, y pese a que fue determinada su rebeldía, la autoridad judicial demandada de forma incongruente, dio lugar al trámite de excepción de incompetencia interpuesta de su parte el 7 de febrero de 2023, corriendo traslado a las partes y fijando audiencia para el 14 de ese mes y año. Una vez emitido el mandamiento de aprehensión el 7 de febrero de 2023, fue ejecutado el 8 de dicho mes y año, por Carlos Montan Grageda, funcionario policial -hoy codemandado-, cuando su persona se presentó ante el Ministerio Público a objeto de prestar su declaración informativa, donde la autoridad fiscal no quiso tomar su declaración pese a que existía un requerimiento a ese efecto, lesionando su derecho a la defensa. El 9 de febrero de 2023, si bien la autoridad judicial mediante providencia de ese día dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión, no dispuso su libertad inmediata, pese a tener conocimiento de que se encontraba aprehendido a consecuencia del mandamiento de aprehensión que había sido dejado sin efecto, sustanciando la audiencia de medidas cautelares, oportunidad en la que sin fundamento ni motivación rechazó su solicitud de corrección de defectos procesales que formuló, disponiendo posteriormente en el mismo actuado su detención preventiva. A raíz de ello considera a su vez la lesión de su derecho al trabajo porque no se reconoció su situación laboral y porque al disponerse su aprehensión no pudo asistir a su fuente de trabajo, privando a los estudiantes de su derecho a la educación.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa, a la igualdad y al trabajo, citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II y 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Su inmediata libertad; b) Anule obrados hasta el vicio más antiguo y señale nuevo día y hora de audiencia a efecto de la consideración de la aplicación de medidas cautelares; y, c) La condenación de costas y responsabilidad de la autoridad judicial demandada por la serie de defectos e irregularidades presentadas.
Celebrada la audiencia pública el 14 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 48 a 51 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante por intermedio de sus abogados, ratificó y reiteró los argumentos de su memorial de acción tutelar.
Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Poopó, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 44. Carlos Montan Grageda, funcionario policial, en audiencia, refirió que únicamente ejecutó la orden de aprehensión emitida por la autoridad jurisdiccional demandada, remitiendo al aprehendido a las oficinas del Fiscal de Materia.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 11/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 52 a 54 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: 1) De los antecedentes remitidos por la autoridad judicial se tiene que en la audiencia de medidas cautelares de 9 de febrero de 2023, la parte accionante pidió la corrección de la actividad procesal defectuosa que en la oportunidad fue rechazada, respecto a lo cual y ante los defectos absolutos cometidos por la Jueza demandada, el impetrante de tutela no opuso el recurso de reposición previsto en el art. 401 del Código de Procedimiento Penal (CPP), menos planteó la complementación y enmienda, establecida en el art. 125 del señalado Código, como tampoco formuló el recurso de apelación incidental determinado en el art. 403.3 de la misma norma, con lo que dio por bien hecho lo actuado por la autoridad judicial; 2) Al no haber utilizado los recursos que la ley le franquea, la parte accionante no puede fundar un reclamo con base a sus propios errores, no habiendo agotado el principio de subsidiariedad por la falta de interposición de los recursos que la ley establece; y, 3) No se puede corregir lo consentido, ni solicitar la subsanación ante otra autoridad, cuando no lo hizo ante la autoridad competente, dado que en el caso no existe ningún reclamo del imputado, y menos las apelaciones fueron opuestas. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el accionante a través de su abogado, refirió que la Jueza de garantías omitió considerar que efectivamente reclamó de manera oportuna las vulneraciones de derechos; puesto que, el 6 de febrero de 2023, presentó memorial solicitando la suspensión de la audiencia, de igual manera el 8 de igual mes y año, pidió que se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión y el 9 de ese mes y año solicitó que se corrija los errores cometidos y se revoque el citado mandamiento. Ante lo cual, la Jueza de garantías estableció que el impetrante de tutela no activó los mecanismos ordinarios de defensa, específicamente los recursos de reposición o de apelación incidental implicando ello “…errores consentidos y no reclamados…” (sic), concluyendo que la justicia constitucional no puede enmendar lo que la parte accionante consintió, manteniendo por lo tanto la decisión asumida.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 61 a 63); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa acta de registro de audiencia de medidas cautelares de 6 de febrero de 2023, en la que Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial e Instrucción Penal Primera de Poopó, en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Primero de la Capital, ambos del departamento de Oruro -ahora demandada-, dentro del proceso penal seguido contra Humberto Elías Moller Villca -hoy accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, y tras considerar lo referido por las partes en especial la solicitud de suspensión de audiencia presentada por el impetrante de tutela, así como la ausencia del representante del Ministerio Público, suspendió dicho actuado de forma simple y llana, reprogramando la audiencia para el 14 de ese mes y año; sin embargo, la parte víctima cuestionó la falta de aplicación de los arts. 89 y 90 del CPP (fs. 16 a 18). II.2. Consta Auto Interlocutorio 067/2023 de 6 de febrero, a través del cual la Jueza demandada declaró la rebeldía del accionante y entre otros aspectos dispuso la emisión del mandamiento de aprehensión (fs. 19 y vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 6 de febrero de 2023, el solicitante de tutela interpuso excepción de incompetencia, mismo que dio lugar al decreto de 8 de ese mes y año, a través del cual la autoridad judicial demandada dispuso su traslado a las partes y fijó audiencia para el 14 de igual mes y año (fs. 20 a 24). II.4. Cursa Mandamiento de Aprehensión de 7 de febrero de 2023, a partir del cual la Jueza demandada ordenó a cualquier autoridad hábil y no impedida a aprehender y conducir ante el Fiscal de Materia a cargo de la investigación al peticionante de tutela, conforme a lo establecido en el Auto Interlocutorio 067/2023. Dicho Mandamiento fue ejecutado por Carlos Montan Grageda, funcionario policial -ahora codemandado- el 8 del señalado mes y año a horas 16:30, en dependencias de la Fiscalía Departamental de Oruro, siendo conducido ante el Fiscal de Materia (fs. 25 y vta.). II.5. Por memorial presentado el 8 de febrero de 2023 a horas 16:23, ante la Jueza demandada, el accionante solicitó se deje sin efecto la declaratoria de rebeldía, dando lugar al decreto de 9 de ese mes y año, por el que la señalada autoridad, considerando la comparecencia voluntaria del imputado, dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión, empero considerando que no acreditó justificativo valido que merezca levantar la declaratoria de su rebeldía, le concedió el plazo de cinco días a objeto de hacer efectivo el pago de las costas emergentes de la misma (fs. 27 a 29).
II.6. Mediante memorial presentado el 9 de febrero de 2023 a horas 9:23, el Fiscal de Materia, comunicó a la Jueza demandada que se procedió a la ejecución del mandamiento de aprehensión, remitiendo al imputado a su autoridad a objeto de señalar día y hora de audiencia, a lo que se dio lugar por decreto de esa misma fecha, por medio del cual, considerando que el imputado se encontraba en calidad de aprehendido en la carceleta del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se señaló el desarrollo de la audiencia de medidas cautelares para ese mismo día a horas 11:00 (fs. 30 y 31).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa, a la igualdad y al trabajo; puesto que, la Jueza demandada incurrió en los siguientes defectos procesales: i) Luego de haber dispuesto la suspensión de la audiencia de medidas cautelares, contradictoriamente declaró su rebeldía y ordenó la emisión del mandamiento de aprehensión, el cual fue ejecutado cuando ya había sido dejado sin efecto por la referida autoridad; empero, en lugar de determinar su inmediata libertad, instaló la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención preventiva; y, ii) Fijó audiencia para la consideración de la excepción de incompetencia presentada de su parte, pese a que para entonces ya estaba determinada su rebeldía. La Jueza demandada, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe alguno pese a su citación. Por su parte el funcionario policial codemandado, en audiencia, refirió que únicamente ejecutó la orden de aprehensión emitida por la autoridad jurisdiccional demandada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: “El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos corresponden).
En el proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, se tiene que el 6 de febrero de 2023 a horas 10:02, se instaló la audiencia de medidas cautelares en la que se consideró la solicitud del imputado de suspender dicho actuado a la que tampoco asistió el representante del Ministerio Público, aspecto por el cual la Jueza demandada decidió suspender de manera simple y llana la audiencia y reprogramarla para el 14 de ese mes y año; sin embargo, en cuanto a la solicitud del impetrante de tutela refirió que existían muchas irregularidades en los documentos presentados y que no existía justificativo valedero para considerar su pretensión; a raíz de lo cual la parte víctima, en principio vía complementación y enmienda solicitó se declare su rebeldía y ante su insistencia, la autoridad judicial consideró como un recurso de reposición y emitió el Auto Interlocutorio 067/2023 de 6 de febrero, determinando la rebeldía del nombrado y ordenó la emisión del mandamiento de aprehensión (Conclusiones II.1 y II.2). Ese mismo día, en horas de la tarde el peticionante de tutela interpuso excepción de incompetencia (Conclusión II.3). Al día siguiente, el 7 de febrero de 2023 se procedió a la emisión del mandamiento de aprehensión en el cual la Jueza demandada ordenó a cualquier autoridad hábil y no impedida a aprehender y conducir al imputado ahora accionante ante el Fiscal de Materia a cargo de la investigación (Conclusión II.4). Por decreto de 8 de febrero de 2023, la autoridad judicial demandada dispuso el traslado a las partes con la interposición de la excepción de incompetencia y fijo día de audiencia para el 14 de igual mes y año (Conclusión II.3). Ese mismo día -8 de febrero de 2023- a horas 16:23, el impetrante de tutela solicitó ante la Jueza demandada deje sin efecto la declaratoria de rebeldía (Conclusión II.5). Minutos después a horas 16:30, se ejecutó el mandamiento de aprehensión contra el hoy accionante en dependencias de la Fiscalía Departamental de Oruro, siendo conducido por el funcionario policial codemandado ante el Fiscal de Materia (Conclusión II.4). Por decreto de 9 de febrero de 2023, la autoridad judicial demandada en respuesta a la solicitud de dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía, considerando la comparecencia voluntaria del imputado, dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión; empero, al no acreditar justificativo válido le concedió el plazo de cinco días a objeto de hacer efectivo el pago de las costas emergentes de la misma (Conclusión II.5). Ese mismo día a horas 9:23, el Fiscal de Materia, comunicó a la Jueza demandada que se procedió a la ejecución del mandamiento de aprehensión, remitiendo al imputado ante dicha autoridad a objeto de señalar día y hora de audiencia, señalándose audiencia de medidas cautelares para ese día a horas 11:00 (Conclusión II.6). Ahora bien y conforme fue verificado por la Jueza de garantías que tuvo a su alcance los antecedentes procesales remitidos por la autoridad demandada, se tiene que en la sustanciación de la audiencia programada para el 9 de febrero de 2023, la parte accionante solicitó la corrección de la actividad procesal defectuosa, misma que en ese actuado fue rechazada y respecto a lo cual no se interpuso impugnación alguna, sustanciándose luego la audiencia de medidas cautelares en la que se determinó la detención preventiva del nombrado. Entonces, en relación a la determinación de la rebeldía y la consiguiente ejecución del mandamiento de aprehensión, de acuerdo a la verificación realizada por la Jueza de garantías a lo desarrollado en la audiencia de 9 de febrero de 2023, al haber interpuesto el accionante la solicitud de corrección de defectos procesales precisamente denunciando lo ahora reclamado, el impetrante de tutela debió agotar dicho mecanismo en todas sus instancias, formulando en consecuencia el respectivo recurso de apelación, correspondiendo en ese marco considerar la línea jurisprudencial establecida respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Conforme se tiene expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, si bien la acción de libertad es el medio idóneo para conocer y restituir cualquier tipo de lesión que atente el derecho a la libertad, en caso de existir mecanismos procesales específicos, idóneos, eficientes y oportunos para la restitución del derecho a la libertad, estos deben ser utilizados previamente por el afectado. En el presente caso, y toda vez que el accionante interpuso el incidente de actividad procesal defectuosa, siendo rechazado, el nombrado debió formular el recurso de apelación respectivo, con lo que se advierte que al no haberlo hecho no cumplió con la carga de agotar la vía activada por el mismo, inobservando el principio de subsidiariedad excepcional para las acciones de libertad, con lo que en el presente caso únicamente resta denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haber ingresado al conocimiento de fondo de la problemática planteada. En cuanto a la fijación de audiencia para la consideración de la excepción de incompetencia, pese a haberse determinado su rebeldía, al margen de que dicho aspecto, bien pudo ser reclamado en la solicitud de corrección de defectos procesales formulado, no obstante debe aclararse que tal aspecto no advierte la necesaria relación de vinculación con la lesión del derecho a la libertad del accionante, pues su posible incongruente tratamiento no se ve reflejado como una causa directa de la restricción de su libertad, evidenciándose a partir de lo expuesto el incumplimiento de los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la protección del procesamiento indebido vía acción de libertad, ya que dicha problemática no se constituye en causa directa de la restricción a la libertad del accionante, y tampoco se advierte un estado absoluto de indefensión, respecto a lo cual de igual manera corresponde denegar la tutela solicitada.
Resuelta como se encuentra la causa, y en el marco de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, corresponde referirnos a la actuación de la Jueza de garantías, quien a efectos de la resolución del caso consideró actuados que no fueron remitidos ante este Tribunal para su revisión, incumpliendo de esta forma lo previsto en el art. 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece: “La resolución y antecedentes de la Acción de Defensa se elevará de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas…”. En ese marco y a partir de la SCP 0087/2012 de 19 de abril, este Tribunal de forma específica determinó que: “…todo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática” (las negrillas fueron añadidas). En el presente caso, la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías recibió los antecedentes procesales correspondientes a la causa en cuestión conforme se aprecia del Oficio de remisión OF. 74/23 de 14 de febrero de 2023 (fs. 47), siendo los mismos devueltos mediante nota de 16 de ese mes y año (fs. 55), sin que las principales piezas procesales hayan sido remitidas ante esta instancia en su fase de revisión, pese a que el acta de audiencia de medidas cautelares de 9 de febrero de 2023, fue considerada y revisada por la señalada autoridad judicial y que sirvió como base fundamental para la determinación de la denegatoria entonces asumida. En ese sentido, y siendo que dicho actuado sustentó de forma central el decisorio de la Jueza de garantías, correspondía que la misma remita dichos actuados ante este Tribunal para su directa consideración. En ese sentido y habiendo la Jueza de garantías omitido su deber de acompañar los antecedentes que sirvieron para resolver la problemática planteada, corresponde llamar la atención a dicha autoridad, exhortando a que en futuras acciones de defensa que sean elevadas en revisión, adjunte los antecedentes que hubiesen servido para asumir su decisión. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 11/2023 de 14 de febrero, cursante de fs. 52 a 54 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos desarrollados precedentemente; y, 2° Llamar la atención a Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, exhortando a que dicha autoridad en futuras acciones tutelares que sean de su conocimiento remita junto a las resoluciones elevadas en revisión, los antecedentes que hubiesen servido para resolver la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0584_2026-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): d7c54950aa3398f4b1ed6ee262bced1a47da67dd3698f4bb6375203866a65a9e
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