B.IA.LEGAL

SCP 0583/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 10 de septiembre de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
10 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
52234-2022-105-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertientes fundamentación, motivación, congruencia; debida interpretación de la norma y al principio de tipicidad; y, al trabajo, toda vez que los miembros de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, revocaron la determinación de declarar fundada la excepción de prescripción de la acción formulada de su parte dentro del proceso sumarial seguido en su contra, estableciendo la comisión de las infracciones contenidas en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 315/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 439 a 445 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en relación a los derechos al debido proceso en sus elementos interpretación de la norma, fundamentación, motivación y congruencia; y, al trabajo, de conformidad a los entendimientos y alcances expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022 de 12 de julio, correspondiendo que la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, emita una nueva resolución de conformidad a los razonamientos desarrollados ut supra; siempre y cuando ello no hubiese ocurrido en cumplimiento de la decisión de la Sala Constitucional; 2° DENEGAR la tutela en relación al debido proceso en su elemento al principio de tipicidad, fundamentación, motivación y congruencia, respecto al criterio de fondo sobre la subsunción de la conducta de la accionante a la infracción contenida en el art. 42.6 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía; y, a la solicitud de costas, de acuerdo a lo expresado precedentemente; y, 3° Llamar la atención a Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por su actuación dentro del trámite desplegado en la presente acción tutelar, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 y III.4 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Jurisprudencia reiterada: La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso y su relevancia constitucional
  2. III.2. Delitos instantáneos y permanentes
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0583/2024-S2 Sucre, 10 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 52234-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 315/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 439 a 445 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Lurdes Bernardina Molina Gil contra Fernando Arispe Crespo, Presidente; y, Herika Fabiola Osinaga Arias y Danny Javier López Soliz, Vocales, todos de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 23 y 30 de septiembre ambos de 2022, cursantes de fs. 283 a 304 y 306 a 309, la accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El “18 de septiembre de 2020”, Raúl Aguilera Montecinos en representación legal de su hija Rocío Ángela Aguilera Peñaloza, formuló denuncia en su contra por infracciones leves, graves y gravísimas ante el Presidente del Colegio de Abogados de La Paz, bajo el supuesto que como abogada patrocinante de María Pacesa Peñaloza Urquieta, su persona se habría aprovechado de la condición de analfabeta de su madre y de la necesidad de la misma, para figurar un documento privado de compraventa de una fracción del bien inmueble y consecuentemente habría inscrito su nombre -se entiende de la accionante- en calidad de copropietaria en la Matrícula 2.01.0.99.0009645 sin pagar ningún monto por la compra de la citada fracción, alegando las infracciones tipificadas en los arts. 40.12, 41.3 y 42.6 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía -Ley 387 de 9 de julio de 2013-.

En función a lo cual, el 24 de noviembre de 2021, la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía de La Paz, emitió el Auto de Apertura Sumarial, por el que se le instauró el proceso sumario únicamente por la supuesta comisión de la infracción contenida en el art. 42.6 de la Ley 387, determinación que no fue impugnada por la parte denunciante que lo convalidó implícitamente. Es así que, el 6 de diciembre de 2021, interpuso excepción de prescripción de la denuncia, dando lugar posteriormente a la Resolución Sumarial de Primera Instancia 003/2022 de 11 de febrero, que declaró fundada la excepción de prescripción; determinación que, siendo apelada por la parte denunciante, fue resuelta mediante la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022 de 12 de julio, a partir de la cual los miembros de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional -ahora accionados- revocaron la citada Resolución Sumarial de Primera Instancia, sancionándola con un año y seis meses de suspensión, además del pago de seis salarios nacionales, por supuestamente haber incurrido en las sanciones establecidas en el art. 42.4 y 6 de la Ley 387. En ese marco, la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, lesionó sus derechos al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación, congruencia y debida interpretación en su vertiente de tipicidad de la norma sancionatoria; y, al trabajo, ya que se le impuso la sanción de suspensión del ejercicio profesional. En cuanto a la fundamentación, motivación y congruencia, refiere que la mencionada Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia la sanciona por haber incurrido en el art. 42.4 de la Ley 387, referida a “‘Anteponer su propio interés al de su patrocinado ó solicitar o aceptar beneficios económicos de la parte contraria’” (sic), pero desde que se emitió el Auto de Apertura Sumarial por la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía de La Paz, no se consignaba esta infracción como parte de la investigación y del proceso sumario en sí mismo. Además, de que en la misma Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, en su parte considerativa ni siquiera se la hace mención, lo que demuestra que no se cumple con la congruencia como regla del debido proceso. Asimismo, advierte que la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, en ningún momento fundamentó la infracción prevista en el art. 42.4 de la Ley 387 al que se hace referencia, careciendo de toda fundamentación jurídica sobre este punto, ya que ni siquiera la describió ni estableció cómo su actuación, se subsume a lo dispuesto en la norma. De la misma forma, no realizó la debida motivación para imponer la sanción por el art. 42.4 de la Ley 387, ya que no mencionó en virtud a que hechos o criterios se pudo haber demostrado tal infracción.

En cuanto a la sanción impuesta por supuestamente haber vulnerado el art. 42.6 de la Ley 387, carece de la debida fundamentación, motivación y congruencia, ya que las autoridades accionadas no realizaron un examen de causalidad entre lo enunciado (pruebas, normativa y jurisprudencia) y la supuesta infracción que se habría realizado. Por último, la Resolución ahora cuestionada no se pronunció ni consideró los alegatos y argumentos que desde un principio refirió respecto a que su persona nunca fue abogada de los denunciantes y que el bien inmueble del que supuestamente se habría apropiado y registrado sea de ellos, ya que su persona solo compró acciones y derechos de Gregoria Urquieta Vda. de Peñaloza, manifestando las autoridades accionadas que su persona nunca se había pronunciado al respecto; sin embargo, lo hizo mediante los memoriales de 27 de diciembre de 2021 (presentación de pruebas de descargo), 7 de enero de 2022 (presentación de alegatos), y desde estos en todos los memoriales y recursos consecutivos. En cuanto a la interpretación de la norma, debe considerarse que la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, revocó la Resolución Sumarial de Primera Instancia 003/2022, que declaró fundada la excepción de prescripción por haber transcurrido más de dos años ante la supuesta infracción establecida en el art. 42.6 de la Ley 387, que indica: “‘Registrar para sí, o de un tercero, bienes del litigio de la persona que hubiera patrocinado’” (sic), realizando al efecto una interpretación totalmente errónea y descontextualizada en sentido de que la infracción descrita en dicho numeral no es un acto instantáneo, sino que es un acto permanente y que se continúa consumando con actos de posesión que su persona seguiría realizando; y que por ende, hasta que no cese la consumación no puede computar el tiempo de prescripción. Al respecto, el señalado artículo debe entenderse e interpretarse como un acto instantáneo con efectos permanentes en conformidad a la jurisprudencia vigente y mediante la utilización de todos los métodos de interpretación (sistemático, gramatical, teleológico e histórico). Así, desde el punto de vista de la interpretación gramatical se advierte que el contenido normativo del art. 42.6 de la Ley 387, se refiere a la acción de registrar, misma que solo implica la inscripción de un acto jurídico o resolución en un registro público, por lo que en ningún sentido podría contemplar los posteriores actos de posesión; en ese mérito, el acto de registrar concluye con la inscripción, en este caso del bien respecto a su nuevo titular, lo que se suscitó el 24 de octubre de 2013, fecha a partir de la cual debe computarse el plazo de la prescripción, la cual se cumplió al haber transcurrido más de ocho años de la inscripción. En cuanto a la interpretación sistemática, se debe tener presente que la Ley 387 únicamente regula a los abogados en el ejercicio profesional, deducción que se realiza de la lectura integral de sus arts. 2, 6, 32 y 38; por lo que, la interpretación efectuada por las autoridades accionadas, ampliando los alcances del término “registrar”, sobrepasó el ámbito profesional, sosteniendo incluso que la posesión del bien implicaría una infracción a la ética, cuando esta -la posesión- se encuentra en el ejercicio de su derecho de propiedad y por ende en la esfera particular como persona natural y no como abogada en el ejercicio de su profesión. Igual deducción se realiza a los arts. 1538 del Código Civil (CC) y 25 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales -Ley de 15 de noviembre de 1887-, demostrándose que a partir de los mismos, la acción de registrar implica la mera inscripción en el Registro de Derechos Reales (DD.RR.). De la misma manera existe jurisprudencia como la SCP 1424/2013 de 14 de agosto, que considera al acto de registrar como un acto instantáneo; así, se estableció que inscribir en un registro público una transferencia mediante un documento falsificado, ya se cumplía con la acción por ser instantánea, y por ende se debe computar el tiempo para la prescripción desde esa inscripción y no así pensar que al seguir registrado se seguiría consumando el delito, aclaración que la realiza el Tribunal Constitucional Plurinacional para determinar que, pese a que sea un acto instantáneo, pero con efectos permanentes, el plazo de la prescripción debe computarse desde la comisión del acto sin importar si sus efectos siguen latentes, y en ese entendimiento, incluso compara el delito de homicidio manifestando que en un determinado momento el mismo tiene efectos que perduran en el tiempo, pero no por eso podría pretenderse que se interprete como si todo el tiempo se siguiera matando a la víctima. Respecto a la interpretación teleológica, como fue manifestado la Ley 387, tiene la finalidad de aplicarse a los abogados en el ejercicio de su profesión; por lo que, regular otros aspectos de su vida privada corresponde a otra jurisdicción; en ese sentido, no le correspondía a la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía pretender regular la posesión de un bien inmueble, que es invadir competencias que no le atribuye la referida Ley. En cuanto a la regla de interpretación histórica del art. 23 del Código de Ética Profesional para el Ejercicio de la Abogacía, aprobado por Decreto Supremo (DS) 26052 de 19 de enero de 2001, se aprecia que el legislador buscaba que el abogado en el ejercicio de su profesión no se aproveche de sus clientes apropiándose de los bienes en litigo; en ese sentido, se advierte que la sanción es atribuible y genera responsabilidad cuando se lo hace en el ejercicio de la profesión; asimismo, se debe considerar que la prohibición de disponer o adquirir, solo se los podría materializar en un acto concreto y por ende de naturaleza instantánea, ya que los mismos solo se hace oponibles cuando son inscritos en el registro público correspondiente.

Respecto a la falta de tipicidad de la norma sancionatoria, cabe tener en cuenta que la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, estableció su sanción, alegando que su persona realizó actos de posesión sobre un bien inmueble en la calidad de copropietaria, considerando que desde el registro de su derecho propietario en las Oficinas de DD.RR. de la gestión 2013, estaría consumando permanentemente el hecho de registro de bienes, aclarando que adquirió el 15% de las acciones y derechos sobre un bien inmueble perteneciente a Gregoria Urquieta Vda. de Peñaloza; empero, no existe ninguna norma que establezca de forma expresa que los actos de posesión sobre bienes inmuebles que se adquieren de personas particulares sean sancionables o mínimamente sean consideradas una infracción a la ética por parte de abogados, imponiéndole una sanción gravosa con base en una acción que no se encuentra tipificada en la Ley 387. En ese sentido, considera que las autoridades de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía cometieron un serio atentado contra su derecho al debido proceso en la vertiente de tipicidad, siendo este principio fundamental que desarrolla "nullum crimen, nulla poena sine lege", y que debe ser aplicado obligatoriamente por los jueces y tribunales en observancia de la ley sustantiva, debiendo enmarcar la conducta del denunciado exactamente en el marco descriptivo de la ley sancionatoria, a efectos de no incurrir en calificación errónea que afecte al debido proceso y devenga en defecto absoluto insubsanable. Debido a que la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, le impuso una sanción que suspende el ejercicio de su profesión por un tiempo de un año y seis meses, además establecer una multa de seis salarios nacionales, su derecho al trabajo se encuentra afectado, atentando a su patrimonio y recursos económicos, sin considerar que su profesión de abogada es un trabajo independiente y la cual es su única fuente de ingresos para solventar sus necesidades vitales y la de sus hijos.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia, debida interpretación de la norma y al principio de tipicidad; y, al trabajo, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, y se conmine a la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, emita una nueva resolución, confirmando la Resolución Sumarial de Primera Instancia 003/2022, que declaró fundada la excepción de prescripción, sea con las formalidades de ley y con costas a las autoridades accionadas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 31 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 418 a 422, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante por intermedio de su abogado, reiteró los términos de la acción de amparo constitucional interpuesta.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Fernando Arispe Crespo, Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, por informe cursante de fs. 413 a 415 vta., ratificado en audiencia, manifestó lo siguiente: a) Si bien la Resolución emitida por la mencionada Sala, configuró al numeral 4 del art. 42 de la Ley 387; no obstante, la misma fue indebidamente consignada debido a un error humano; por lo que, la sanción impuesta solo se debe a la consideración del art. 42.6 de la mencionada Ley; motivo por el cual, lo relacionado al numeral 4 no ameritó ninguna consideración ni fue objeto de motivación jurídica; además que al respecto, una vez que la impetrante de tutela comprendiendo que existió un error sobre la inclusión de dicho numeral, debió interponer solicitud de aclaración y enmienda; b) Respecto a lo alegado por la accionante en relación a la interpretación sistemática, gramatical, teleológica e histórica, cabe referir que la presente causa no se trató de la ilicitud de ningún documento falsificado, además que las tipificaciones no son delitos, sino faltas o contravenciones; asimismo, no existe identidad fáctica a fin de que la línea jurisprudencial sea considerada; por lo que, no corresponde ingresar a abundamientos doctrinales que son inaplicables e incongruentes con el tema en cuestión; por lo que, no existe sustento jurídico respecto a lo invocado como medio o fundamento de impugnación de la acción de amparo constitucional; c) En el presente caso se debe considerar la existencia de dos terceros interesados: Raúl Aguilera Montecinos, propietario del bien inmueble del cual la ahora accionante se ha apoderado, quien tiene la posibilidad de contribuir con elementos probatorios a fin de demostrar que la prescripción, inclusive hasta el presente, aún no ha operado; ello, en virtud a que el mismo, en diferentes actuados del proceso sumarial denunció que la ahora impetrante de tutela realiza acciones de todo orden e incluso de facto para ingresar en posesión del bien inmueble; y, María Pacesa Peñaloza Urquieta, quien confiando que su abogada le brindaría una efectiva defensa técnica, al no contar con efectivo o liquidez para honrar sus honorarios profesionales optó por arribar a un acuerdo concediéndole el departamento de su propiedad, tercera interesada que habría influido en su madre para hacerle firmar unos papeles, en función a los cuales la accionante procedió a realizar el trámite respectivo a fin de registrar el inmueble a su nombre el 24 de octubre de 2013, sin que hasta el presente haya ingresado en posesión del bien; d) Respecto a la prescripción, debe considerarse que el art. 44.II de la Ley 387, establece que los plazos para la prescripción deben ser computados a partir del día de la comisión de la infracción o desde el día en que cesó su consumación; e) Bajo el principio de inmediación, su persona viajó desde la ciudad de Oruro a fin de entrevistarse con María Pacesa Peñaloza Urquieta, quien le manifestó que en efecto la entrega del bien inmueble lo realizó en pago por los honorarios profesionales y que luego la ahora accionante abandonó la causa, causándole un enorme perjuicio; y, f) La impetrante de tutela refiere que jamás fue abogada de María Pacesa Peñaloza Urquieta, cuando la misma suscribió memoriales presentados en las causas judiciales donde se advierte que sí patrocinó a la nombrada, lo que demuestra que existe mala fe y que se pretende burlar de la buena fe del “Tribunal de garantías”. En función a tales argumentos solicitó se declare improcedente o sin lugar la tutela solicitada. Herika Fabiola Osinaga Arias y Danny Javier López Soliz, Vocales, ambos de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, no se hicieron presentes a la audiencia ni remitieron informe alguno, cursando citación de fs. 315 a 317; lo cual, será objeto de análisis infra.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ante la disidencia presentada en el caso, mediante Resolución 315/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 439 a 445 vta., concedió la tutela solicitada, y dispuso dejar sin efecto la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, debiendo emitirse una nueva resolución conforme al razonamiento esgrimido sin costas ni costos procesales ni multa alguna; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) La Resolución ahora cuestionada sustentó su decisión en el art. 44.II de la Ley 387, que establece que los plazos de la prescripción corren desde el día de su consumación; y en aplicación al presente caso, refiere que la denunciada no desvirtuó las aseveraciones y acciones que constituyen el cese de la consumación, en virtud a las gestiones de posesión que realizó durante todo este tiempo para perfeccionar el ejercicio de su derecho propietario, también sostuvo que la misma no demostró haber recibido dinero por concepto de honorarios profesionales; asimismo, hace referencia a que en la Minuta de 16 de agosto -de 2012-, se labró el tenor de la transferencia en cuya parte inferior suscribe Gregoria Urquieta Vda. de Peñaloza y María Pacesa Peñaloza Urquieta, quien no fue nombrada en las cláusulas, de lo que se advertiría una serie de irregularidades en el nacimiento de este documento, y que la falta acusada tendría la característica de comisión permanente; 2) Los argumentos expuestos no satisfacen de manera cabal e íntegra los agravios denunciados por la parte apelante, llegando a una conclusión más allá de lo solicitado, ya que no solamente se impone una sanción, sino que determina la comisión de dos faltas, lo que transgrede los componentes de la fundamentación y motivación; 3) En ningún momento de la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, se fundamentó o motivó sobre las faltas contenidas en el art. 42 de la Ley 387, no existiendo valoración probatoria y menos razonamientos y explicación sobre su determinación, no logrando explicar de manera clara por qué se llegó a establecer la comisión de dos faltas, si el proceso nunca fue admitido por las mismas, solamente en relación al art. 42.6 de la citada Ley; 4) No existe ninguna justificación respecto a la determinación de la parte dispositiva del fallo que termina imponiendo una sanción cuyo objeto jamás fue debatido; 5) Del contenido del fallo examinado se tiene que el razonamiento desarrollado no guarda ninguna coherencia con el desarrollo del proceso mismo, por cuanto no solo se aleja del razonamiento del Tribunal inferior, sino que incorpora elementos que nunca fueron debatidos; máxime, si el procedimiento sancionatorio de manera expresa se apertura y se clausura un término probatorio con base en el Auto de Apertura Sumarial por la comisión del art. 42.6 de la Ley 387, lo que da cuenta que la acusación y la defensa se circunscribieron en torno a este marco normativo, no existiendo justificativo alguno para sancionar por un tipo de infracción diferente, lo que recae en una incongruencia tanto interna como externa; interna, porque los elementos que se desarrollan en la Resolución en cuestión tienen que ver principalmente con la excepción de prescripción; y, externa, porque la citada Resolución emerge de una apelación, instancia en la que sin explicación alguna se determina una sanción con base en infracciones diferentes; 6) La Resolución ahora cuestionada más allá de responder a la prescripción, funda su decisión en criterios de falta de carga probatoria de la denunciada; es decir, le cuestiona la falta de diligencia en su carga probatoria, desconociendo que en materia administrativa al regirse por los principios del derecho penal, la carga de la prueba le corresponde al acusador, y si bien no es limitativa la libertad probatoria del acusado, su ausencia no puede ser fundante para tomar una decisión en su contra como se establece en todo un párrafo de la citada Resolución, realizando inclusive observaciones a un instrumento contractual como es la Minuta de 16 de agosto de 2012, infiriendo una presunción de irregularidad en el nacimiento del documento; 7) En este caso, la falta de motivación es clara, por cuanto carece de valoración probatoria, dado que la decisión no se funda en la prueba de cargo, sino en la inexistencia de la prueba de descargo, basando su decisión en la negligencia de la denunciada por no demostrar ciertos hechos, sin otorgar certeza, afirmación o conclusión; sino que, bajo una simple presunción de irregularidad decida imponer una sanción; y, 8) Cuando se apela una decisión de primera instancia que en el fondo solo resolvió la excepción de prescripción, el Tribunal de alzada debe circunscribir su competencia a los agravios de la impugnación y ordenar a la autoridad a quo resuelva el fondo de la denuncia valorando la prueba y concluyendo en una decisión, y si la autoridad de alzada tenía la pretensión de fallar en el fondo de la denuncia, la misma debe justificar su decisión legalmente, correspondiéndole en el peor de los casos valorar la prueba aportada en el caso y otorgar los fundamentos fácticos y legales, y no solamente en razones de hecho para asumir una decisión más allá del objeto del proceso sumarial.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 14 de septiembre de 2021; por el cual, Raúl Aguilera Montecinos, en representación legal de su hija Rocío Ángela Aguilera Peñaloza “ratifica” ante el Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía de La Paz, denuncia por infracciones leves, graves y gravísimas a la ética contra Lurdes Bernardina Molina Gil -ahora accionante- (fs. 164 a 166 vta.). II.2. Mediante Auto de Apertura Sumarial de 24 de noviembre de 2021, la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía de La Paz resolvió aperturar proceso sumario contra la peticionante de tutela, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 42.6 de la Ley 387 (fs. 171 a 172). II.3. Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, la impetrante de tutela respondió negativamente a la referida denuncia e interpuso excepción de prescripción de acción contra el supra señalado Auto de Apertura Sumarial (fs. 192 a 194). II.4. Consta Resolución Sumarial de Primera Instancia 003/2022 de 11 de febrero; mediante la cual, la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía de La Paz, declaró fundada la excepción de prescripción formulada por la peticionante de tutela (fs. 235 a 236). II.5. El 23 de febrero de 2022, Raul Aguilera Montecinos interpuso recurso de apelación contra la Resolución indicada ut supra (fs. 240 a 241 vta.); mismo que luego de ser contestado por la accionante (fs. 244 y vta.), dio lugar a la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022 de 12 de julio; mediante la cual, Fernando Arispe Crespo, Presidente; y, Herika Fabiola Osinaga Arias y Danny Javier López Soliz, Vocales, todos de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional -ahora accionados-revocaron la supracitada Resolución Sumarial de Primera Instancia 003/2022, y declararon probada la denuncia, por haber incurrido en las “sanciones” establecidas en el art. 42.“4 y 6” de la Ley 387, disponiendo la suspensión de un año y seis meses y multa de seis salarios nacionales (fs. 263 a 267).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su vertientes fundamentación, motivación, congruencia; debida interpretación de la norma y al principio de tipicidad; y, al trabajo, toda vez que los miembros de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, revocaron la determinación de declarar fundada la excepción de prescripción de la acción formulada de su parte dentro del proceso sumarial seguido en su contra, estableciendo la comisión de las infracciones contenidas en el art. 42.“4 y 6” de la Ley 387: i) Respecto a la infracción contenida en el numeral 4, denuncia la falta de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dicha infracción ni siquiera se encontraba inmersa en el Auto de Apertura Sumarial, no habiendo explicado cómo su actuación se subsume a dicha infracción; y, ii) En relación al numeral 6 del mencionado artículo, reclama la errónea interpretación de la citada infracción, relacionada al plazo de prescripción establecido en la referida Ley, incurriendo a su vez en la inobservancia del principio de tipicidad respecto a la subsunción de su conducta en la señalada infracción, lo que derivó a que tampoco exista la debida fundamentación, motivación y congruencia, por cuanto no hubo un examen de causalidad entre lo denunciado, las pruebas, la normativa y la jurisprudencia, ni se consideró sus alegatos respecto a que su persona nunca fue abogada de los denunciantes y que el bien inmueble del que supuestamente se habría apropiado y registrado sea de ellos, ya que su persona solo compró acciones y derechos de Gregoria Urquieta Vda. de Peñaloza; defectos que, en lo posterior dieron lugar a que se le impusiera una sanción en desmedro de su derecho al trabajo. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Jurisprudencia reiterada: La fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso y su relevancia constitucional

Respecto a la temática aludida, la SCP 0028/2024-S2 de 9 de febrero, englobando los criterios jurídicos expuestos en la reiterada jurisprudencia constitucional sobre los mencionados elementos del debido proceso y su relevancia dentro de la problemática, señaló lo siguiente: «…la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto, concluyó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”. Así también, respecto a la congruencia como parte del debido proceso, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió dicho principio en sus vertientes interna y externa como el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. Por su parte, la SCP 0005/2019-S2 de 19 de febrero, a tiempo de añadir a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia respecto a estos elementos del debido proceso, complementó el razonamiento refiriéndose a la consideración de la relevancia constitucional, al respecto estableció: “Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva Resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional. Con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna”» (las negrillas son añadidas).

III.2. Delitos instantáneos y permanentes

Al respecto, la SCP 1406/2014 de 7 de julio, estableció el siguiente entendimiento: «La SC 1332/2010-R de 20 de septiembre, expresó que: “…El Tribunal Constitucional, con relación a los delitos instantáneos y permanentes en la SC 1190/2001-R de 12 de noviembre, señaló que: '...corresponde precisar que los delitos por la duración de la ofensa al bien jurídico atacado, se clasifican en tipos instantáneos y tipos permanentes. En los delitos instantáneos, la ofensa al bien jurídico cesa inmediatamente después de consumada la conducta típica (Ej. El delito de homicidio); en cambio, en los delitos permanentes, la actividad consumativa no cesa al perfeccionarse la acción típica sino que perdura en el tiempo, de modo que todos los momentos de su duración, se imputan como consumación de la acción delictiva'. Sobre el tema, la SC 1709/2004-R de 22 de octubre, enfatizó la diferencia entre delitos instantáneos y permanentes, al determinar que: '... en función a la duración de la ofensa al bien jurídico vulnerado, los hechos ilícitos se dividen en delitos instantáneos, que -como se tiene referido en la Sentencia constitucional citada precedentemente- son aquellos que con la sola realización de la conducta, acción u omisión, por el sujeto activo quedan realizados o tipificados, sin que se requiera acción posterior para su continuidad o vigencia. Los delitos permanentes, son los que se caracterizan porque el hecho que los constituye o realiza da lugar a una situación dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. Para la existencia de estos delitos, es necesario que el estado dañoso o de peligro, provenga de la conducta del sujeto activo de manera continua, es decir, que no se agote en un solo instante, sino que prosiga durante determinado tiempo; y que la prórroga de la situación antijurídica se deba a la exclusiva conducta voluntaria del sujeto, que prosigue con ella ininterrumpidamente después de la realización del hecho que constituye el delito. Sin embargo, la doctrina también considera dentro de esta clasificación a los delitos instantáneos con efectos permanentes, que son aquellos cuya conducta destruye o disminuye el bien jurídico tutelado, en forma instantánea, en un solo momento, pero permanecen las consecuencias nocivas del mismo'”. Por su parte, la SCP 0283/2013, citada precedentemente, determinó “Una temática que precisa ser considerada, es la relativa a la clasificación de los delitos por el momento de su consumación y la duración de la ofensa al bien jurídico protegido. Al respecto, la SC 0190/2007-R de 26 de marzo, haciendo referencia a las SSCC 1190/2001-R y 1709/2004-R, concluyó lo siguiente: '…en los delitos instantáneos, la acción coincide con el momento de consumación del delito, en tanto que en los delitos permanentes, la consumación del delito se prolonga en el tiempo. Ambos tipos de delitos están previstos, de manera indirecta en el art. 30 del CPP, cuando la norma que establece el momento desde el cual empieza a computarse el término de la prescripción. Así, para los delitos instantáneos, el cómputo se inicia desde la media noche en que se cometió el delito, y para los permanentes, desde que cesó su consumación’”» (el énfasis es añadido). Por su parte la SCP 1424/2013 de 14 de agosto, a tiempo de modular el entendimiento respecto a la consideración del delito de uso de instrumento falsificado como delito permanente, y definiendo que el mismo se constituye en un delito instantáneo, respecto a la diferencia existente entre esta clasificación estableció que: “…de acuerdo al art. 30 del CPP, el término de la prescripción empieza a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación, razón por la que previamente debe efectuarse un análisis del tipo penal que el caso concreto amerita. Por ello, debe precisarse que existen varias clasificaciones de los tipos penales elaboradas por la dogmática penal, con un carácter pedagógico, pues la clasificación parte de las modalidades que adoptan sus elementos. En ese orden de ideas, por regla genérica, todo tipo penal gira en torno a un elemento central, que es la conducta típica o verbo rector del tipo, que justamente es la acción humana exterior evitable que se considera lesiva a un determinado bien jurídico protegido (Ej. En el homicidio es matar, en el hurto apoderarse ilegítimamente, en la falsedad material forjar en todo o en parte un documento público), motivo por el que la primera clasificación relevante gira en torno a las modalidades de la acción típica, distinguiéndose los delitos de pura actividad y los de resultado, pues la acción puede ir o no seguida de un resultado separable espacio-temporalmente de la conducta. En los delitos de mera actividad, no existe dicha separación, pues al no existir la causación de un resultado, el verbo rector del tipo se agota con la sola realización de la conducta, razón por la que la determinación del tiempo y lugar del delito no presenta mayores problemas en esta clase de delitos (Ej. Allanamiento del domicilio o sus dependencias, amenazas). En contrapartida se tienen los delitos de resultado, en los cuales existe la causación de un resultado que es separable espacio-temporalmente de la conducta, pues se consumen el momento en que el autor ha alcanzado el resultado típico (v.gr. En el homicidio la acción puede ser disparar, acuchillar, estrangular, y el resultado típico es la muerte). Ahora bien, tanto los delitos de pura actividad como los de resultado pueden dividirse en instantáneos y permanentes según que la actividad o resultado determinen la aparición de una situación lesiva al bien jurídico de cierta duración o no; los primeros, se consumen al instante, sin crearse una situación lesiva duradera en el tiempo, mientras que los segundos suponen el mantenimiento de una situación lesiva por voluntad del autor, por lo que el delito se sigue consumando hasta que abandona la situación (v.gr. Secuestro, desaparición forzada de personas, reducción a la esclavitud o estado análogo). Cabe resaltar que la situación lesiva permanente está delimitada por las características del tipo penal en concreto, y no así por la existencia de un concurso ideal homogéneo o los efectos indirectos del tipo penal” (las negrillas son nuestras).

III.3. Análisis del caso concreto

La problemática venida en revisión, centra su examen en la decisión del la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que revocó mediante la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, la determinación del Tribunal inferior de declarar fundada la excepción de prescripción de la acción formulada por parte de la accionante dentro del proceso sumarial seguido en su contra, habiendo establecido la comisión de las infracciones contenidas en el art. 42.“4 y 6” de la Ley 387, reclamando concretamente la accionante: a) Respecto a la infracción contenida en el numeral 4, la falta de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dicha infracción ni siquiera se encontraba inmersa en el Auto de Apertura Sumarial de 24 de noviembre de 2021, no habiendo explicado cómo su actuación se subsumiría a dicha infracción; y, b) En relación al numeral 6 del mencionado artículo, la errónea interpretación de la citada infracción relacionada al plazo de prescripción establecido en la referida Ley, incurriendo a su vez en la inobservancia del principio de tipicidad respecto a la subsunción de su conducta en la señalada infracción, lo que derivó a que tampoco exista la debida fundamentación, motivación y congruencia por cuanto no existió un examen de causalidad entre lo denunciado, las pruebas, la normativa y la jurisprudencia ni se consideró sus alegatos respecto a que su persona nunca fue abogada de los denunciantes y que el bien inmueble del que supuestamente se habría apropiado y registrado sea de ellos, ya que su persona solo compró acciones y derechos de Gregoria Urquieta Vda. de Peñaloza; defectos que, en lo posterior dieron lugar a que se le impusiera una sanción en desmedro de su derecho al trabajo. Establecido como se encuentra el objeto procesal, a fin de contextualizar lo suscitado en el caso, cabe referir que la Resolución identificada como el acto presuntamente lesivo de los derechos fundamentales de la accionante, emerge del proceso sumarial desarrollado en su contra en su calidad de abogada por parte de Raúl Aguilera Montecinos, en representación legal de su hija Rocío Ángela Aguilera Peñaloza, quien denunció la comisión de infracciones leves, graves y gravísimas de la ética; proceso al que se dio inicio a partir del Auto de Apertura Sumarial de 24 de noviembre de 2021, emitido por parte de la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía de La Paz; empero, solamente con relación a la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 42.6 de la Ley 387 (Conclusiones II.1 y II.2). En ese marco, la hoy accionante el 6 de diciembre de 2021, respondió negativamente a la denuncia e interpuso excepción de prescripción, lo que dio como resultado la emisión de la Resolución Sumarial de Primera Instancia 003/2022 de 11 de febrero; mediante la cual, la Sala antes referida declaró fundada la misma (Conclusiones II.3 y II.4). Determinación que dio lugar a que la parte denunciante formulara contra la misma recurso de apelación, que siendo respondido por la impetrante de tutela, fue resuelto mediante la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022; mediante la cual, Fernando Arispe Crespo, Presidente; y, Herika Fabiola Osinaga Arias y Danny Javier López Soliz, Vocales, todos de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional -ahora accionados- revocaron la Resolución impugnada, y en el fondo declararon probada la denuncia, disponiendo por haber incurrido en las “sanciones” establecidas en el art. 42.“4 y 6” de la Ley 387, la suspensión de un año y seis meses y multa de seis salarios nacionales (Conclusión II.5). Con esos antecedentes, y ya establecido el objeto procesal, toda vez que el reclamo constitucional efectuado debe ser verificado a partir del contenido de la Resolución cuestionada, corresponde puntualizar bajo qué parámetros la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, finalmente decidió revocar la determinación del Tribunal inferior y en el fondo declarar probada la denuncia. Así, a partir de la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, las autoridades accionadas esgrimieron los criterios que serán expuestos a continuación en relación a la excepción de prescripción formulada por la ahora impetrante de tutela. 1) Las infracciones permanentes son las que se caracterizan porque el hecho que los constituye o realiza, da lugar a una situación dañosa o de peligro, que se prolongan en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. 2) “…no hay que dejar de lado que con el solo registro en derecho reales se han iniciado los hechos hasta su conclusión que constituye el hecho de la posesión o ingreso al Bien inmueble, ésta constituye una consumación continua e ininterrumpidamente la vulneración jurídica perfeccionada en aquellos hechos de ingreso al bien inmueble, ej. un desapoderamiento o un ingreso por medios similares o de persuasión que la denunciada materializará para ejercer su derecho propietario, ya que ésta es una categoría de hechos que se caracteriza por el inicio de una sola acción tipificada que se prolonga sin interrupción en el tiempo, como sucede en el presente caso hasta el ingreso al bien inmueble por diferentes medios de coacción o coerción en su caso y así sea que se le haya permitido el ingreso por un temor reverencial ya que la misma es abogada y tiene los mecanismos y armas necesarios para persuadir en su propósito” (sic [las negrillas son nuestras]).

3) “En la resolución inferior no se ha explicitado de manera coherente cual es la ratio decidendi para hacer comprender que el hecho es de comisión instantánea y no permanente, cual la razón para alejarse de los hechos de posesión que a futuro deberá efectivizarse y se han estado empleando mecanismos de acceso al bien inmueble, no hay que dejar de lado que en el hecho de comisión permanente son una serie de acciones o una pluralidad de acciones en el tiempo que aun constituyendo delitos perfectos de forma independiente, tienden a un único resultado que va concluir en la posesión del bien inmueble y que éste hecho es vinculante al registro primigenio realizado en derechos reales” (sic [el énfasis es incorporado]).

4) “…corresponde hacer las siguientes consideraciones en el ámbito del principio de verdad material:

1.- En su contestación rechaza la denuncia, la abogada denunciada no señala bajo qué condiciones ha adquirido el bien inmueble, pues era menester señalar si algo tenía que ver el pago de honorarios profesionales o es que ésta transacción fue aparte de dicho Patrocinio y que se pagó sumas de dinero que comprenden el precio de la venta del bien inmueble. 2.- No ha adjuntado ninguna constancia de pago sobre la compra y menos ha generado prueba de la Sra. María Pacesa Peñaloza Urquieta acreditando no haber recibido el departamento en pago de honorarios profesionales, sino una venta onerosa, pues la carga de la prueba también le correspondía a la denunciada por la apertura del término de prueba para ambas partes, en la confirmación de su inocencia consagrado por la Constitución Política del Estado. 3.- Finalmente, la denunciada no hace objeción a la prueba generada por la parte denunciante, primordialmente a la literal cursante a fs. 31 que consiste en la publicación de un aviso de restricción de ingreso al edificio colocado por la denunciada, lo que evidencia que sus acciones han proseguido y éstas han interrumpido el curso del plazo de la prescripción” (sic [las negrillas fueron añadidas]). 5) “El parágrafo II del art. 44 de la ley del rito señala: Los plazos de la prescripción serán computables a partir del día de la comisión de la infracción o DESDE EL DIA QUE CESÓ SU CONSUMACIÓN.

En los de la materia, la denunciada no ha desvirtuado ésta aseveración respecto al colocado de los letreros y demás acciones que denotan que constituyen las acciones coordinadas del cese de su consumación en virtud además que ha estado realizando gestiones de posesión, durante todo este tiempo, para perfeccionar el ejercicio de su derecho propietario” (sic [el resaltado nos corresponde]). 6) “…si bien, la denunciada sustenta su defensa en haber cometido el hecho; empero, por el tiempo transcurrido habría prescrito, es que no solamente es cuestión de admitir el hecho y ampararse en el plazo transcurrido para lograr su impunidad, pues, la misma, en el curso del proceso no solamente debió plantear la excepción y contentarse con este hecho sino que también le era inherente demostrar que la compra lo ha realizado por los medios lícitos, que ha pagado un justiprecio y que la transferencia obedece a una transacción onerosa y legítima sin la posibilidad de generar susceptibilidades de una mala maniobra abogadil, aprovechando la ignorancia y la flaqueza de éstas personas que se encontraban en desgracia para cubrir el pago de los honorarios profesionales, es más, la denunciada no ha demostrado en el curso del proceso el haber recibido dineros por concepto de honorarios profesionales, no ha adjuntado recibos y menos proformas valoradas que demuestren que ella ha sido satisfecha, independientemente de la compra, en sus pretensiones económicas, reitero muy aparte del acuerdo o contrato de venta del bien inmueble, tampoco ha acreditado las razones por las que ha dejado el caso, tampoco ha adjuntado un certificado o informe de la Sra. María Pacesa Peñaloza donde certifique que ha sido por voluntad propia sustituir la labor de la profesional por otro profesional abogado, pues todos estos hechos nos conducen a establecer que los hechos si han existido y que se ha vulnerado las norma de la Ley 387 del ejercicio de la abogacia, invocados como sustento de la causa sumarial” (sic [las negrillas son nuestras]). 7) “A mayor abundamiento, en la Minuta de fecha 16 de agosto de 2012 se labra el tenor de la transferencia y en la parte inferior suscribe la Sra. Gregoria Urquieta Vda. de Peñaloza; empero, en la parte inferior, o sea más abajo, de la mencionada minuta, suscribe también la Sra. María Pacesa Peñaloza y la misma no ha sido consignada en sus cláusulas y menos se explicita las razones de la intervención o aparición de su firma impreso en manuscrito, sin que la impresora -en el formato de la minuta- la haya tomado en cuenta?, esto hace presumir una serie de irregularidades en el nacimiento de éste documento a la vida jurídica no se sabe a qué título interviene la Sra. María Pacesa Peñaloza Urquieta? ya su participación en el documento no ha sido sustentado ni por la denunciada, lo que hace entrever que evidentemente habría suscrito dicho documento a cambio de la atención del proceso judicial” (sic [el énfasis fue incorporado]).

8) “Con relación a los hechos de carácter instantáneo y de efecto permanente debemos señalar que, si bien en el ámbito de las infracciones también existen hechos de comisión instantánea, pues también es cierto que existen hechos que constituyen o tienen su característica de comisión permanente a este efecto el art. 44 de la ley del rito señala: Los plazos de la prescripción serán computables a partir del día de la comisión de la infracción o desde el día en que cesó su consumación.

Por consiguiente, ésta Sala Superior no comparte los criterios y argumentos esgrimidos por el inferior dado que ésta previsión legal señala diáfanamente que la comisión de éstos hechos se enmarcan en la característica de hechos o infracciones de comisión permanente así lo establece la norma legal citada, pues no otra cosa se infiere de los siguientes hechos: El inferior en grado señala que el hecho habría concluido con la inscripción del derecho propietario en las oficinas del Registro de Derechos Reales; empero, no analiza ni razona respecto a los hechos relacionados a aquellas acciones en los que involucra situaciones de POSESIÓN, tales como el ingreso al bien inmueble para ocupar y ejercer ese su derecho propietario, pues ese ingreso y posesión no lo ha realizado el mismo día de la inscripción en derechos reales?, no habido una investigación al grado de llegar a la verdad material, en obrados se cuenta con fotografías de los cuales se infiere que en los recientes años, la denunciada, ha pegado letreros en la pared del bien inmueble, hay denuncias de robo de bienes y valores, documentos que no han sido enervados, todo aquello que es inherente y que desde nuestra perspectiva constituyen hechos de consumación como los actos de posesión e ingreso al bien, son hechos que se enmarcan dentro la previsión legal del art. 44 párrafo II de la Ley 387 y estos hechos demuestran que dicha consumación ha sido de larga data y por ende la excepción de prescripción queda inhabilitada en virtud a lo mencionado” (sic [las negrillas fueron añadidas]). 9) “POR TANTO.- La Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Estado Plurinacional de Bolivia, con las atribuciones conferidas por el art. 51 de la ley 387 (Ley del Ejercicio de la Abogacía y en cumplimiento a la determinación del art. 21-VI del reglamento de funciones del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía).

RESUELVE PRIMERO: la presente RESOLUCIÓN ES REVOCATORIA, sin recurso ulterior, disponiendo por lo siguiente: 1. Se REVOCA la RESOLUCION fecha 11 de febrero de 2022 cursante a fs. 226 y 227 RESOLUCIÓN SUMARIAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 003/2022, en su emergencia se declara PROBADA la denuncia formulada por los Sres: Raúl Aguilera Montecinos y Rocío Angela Aguilera Peñaloza en contra de la abogada: Lurdes Bernardina Molina Gil por lo que se asumen las siguientes sanciones:

a) Por haber incurrido en las sanciones establecidas en el numeral 4 y 6 del Art. 42 de la Ley N° 387 POR LO QUE SE DISPONE LA SUSPENSION DE UN AÑO Y SEIS MESES y multa de seis salarios nacionales debiendo estar, su cumplimiento a cargo de las instancias legales correspondientes. b) En cumplimiento a lo establecido en el art. 46 de la ley N° 387 se dispone la remisión de antecedentes al Ministerio Público para su investigación, calificación y consiguiente persecución penal” (sic). Transcritos como se encuentran los fundamentos de la Resolución cuestionada respecto a la consideración de la excepción de prescripción, corresponde referirnos a los planteamientos formulados en la presente acción tutelar. Sobre el numeral 4 del art. 42 de la Ley 387 En cuanto a esta infracción la accionante denuncia la falta de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, dicha infracción ni siquiera se encontraba inmersa en el Auto de Apertura Sumarial, no habiendo explicado cómo su actuación se subsume a dicha infracción. Al respecto cabe manifestar que, en efecto a lo largo del desarrollo de la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022, no existe referencia alguna a dicha infracción, habiendo sido incluida simplemente en la parte dispositiva del indicado pronunciamiento, aspecto que incluso fue reconocido por el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional -accionado- en el informe presentado dentro de esta acción tutelar, refiriendo que su incorporación dentro de la parte dispositiva se debió a un error humano, y que por ello no existió ninguna fundamentación y motivación en el contenido de ese fallo. Bajo ese entendido, si bien se tiene claro que la inclusión de esta infracción solo se debió a un error como lo refiere la autoridad accionada, no es menos cierto que, su permanencia en la parte resolutiva del fallo, advierte la existencia de incongruencia interna generando inseguridad jurídica y falta de certeza respecto a su consignación, aspecto que si bien pudo ser subsanado a través de una solicitud de enmienda, también las autoridades accionadas advertidas del error pudieron de oficio, aclarar dicho aspecto de forma expresa; sin embargo, no lo hicieron, manteniendo la resolución con este defecto en su contenido. En ese sentido, considerando que el elemento congruencia del debido proceso no solo se refiere a la correspondencia que debe existir entre lo pedido y lo resuelto, sino que implica también la coherencia que toda resolución debe guardar en su contenido, en sentido de mantener una concordancia entre su parte considerativa y dispositiva (Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional), se advierte que en el presente caso -como ya se adelantó- las autoridades accionadas incurrieron en este defecto del debido proceso que corresponde sea reparado, enmendando la observación efectuada, excluyendo de la parte dispositiva del fallo la referencia a la infracción contenida en el numeral 4 del art. 42 de la Ley 387, con lo que respecto a este punto de reclamo constitucional, corresponde conceder la tutela. Sobre el numeral 6 del art. 42 de la Ley 387 En cuanto a la citada infracción, la impetrante de tutela denuncia la errónea interpretación de dicho artículo relacionada al plazo de prescripción establecido en la Ley 387, incurriendo a su vez en la inobservancia del principio de tipicidad respecto a la subsunción de su conducta en la señalada infracción, lo que derivó a que tampoco exista la debida fundamentación, motivación y congruencia, por cuanto no existió un examen de causalidad entre lo denunciado, las pruebas, la normativa y la jurisprudencia ni se consideró sus alegatos respecto a que su persona nunca fue abogada de los denunciantes y que el bien inmueble del que supuestamente se habría apropiado y registrado sea de ellos, ya que su persona solo compró acciones y derechos de Gregoria Urquieta Vda. de Peñaloza; defectos que, en lo posterior dieron lugar a que se le impusiera una sanción en desmedro de su derecho al trabajo. Como se puede ver, la denuncia que efectúa la accionante incluye varios aspectos que se vinculan entre sí, y que parte de un hecho generador consistente en la supuesta incorrecta interpretación normativa que efectuó el Tribunal de apelación, en relación al contenido de la infracción prevista en el art. 42.6 de la Ley 387, mismo que establece lo siguiente: “Artículo 42. (INFRACCIONES GRAVÍSIMAS). Constituyen infracciones gravísimas, las siguientes: (…) 6. Registrar para sí, o de un tercero, bienes del litigio de la persona que hubiera patrocinado”. Respecto a cuyo contenido, de la consideración integral de la Resolución ahora cuestionada, se aprecia que para las autoridades accionadas la citada infracción tiene carácter permanente y no instantáneo como lo estableció el Tribunal inferior que dio curso a la excepción de prescripción formulada, ello bajo el criterio de que si bien la infracción se inicia con el hecho del registro del bien, la situación dañosa se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto. En ese marco, dentro del caso refiere que, si bien la infracción se inició con el registro del bien inmueble en DD.RR. a nombre de la hoy accionante, su consumación se constituiría en el hecho de la posesión sobre el bien inmueble o el ingreso al mismo, constituyéndose por ello en una consumación continua e ininterrumpida; aspecto que, se habría verificado en el caso cuando la denunciada por medio de coacción, pegado de letreros y otros actos que constituyen hechos de consumación, pretendió y pretende la posesión del mismo, situación que conlleva una comisión permanente y que interrumpe el curso de la prescripción. Razonamiento que se funda en la consideración y aplicación del art. 44.II de la Ley 387, que establece que: “Los plazos de la prescripción serán computables a partir del día de la comisión de la infracción o desde el día que cesó su consumación” (negrillas añadidas). Bajo ese parámetro el Tribunal de apelación entiende que los actos realizados por la denunciada durante todo este tiempo se constituyen en hechos consumdos, enmarcándose dentro de lo establecido en el artículo mencionado, demostrándose así que la consumación de la infracción habría sido de larga data; toda vez que, la denunciada permanece realizando actos para lograr la posesión del bien, y por lo tanto, no se hacía factible determinar la prescripción. Respecto a tal razonamiento, corresponde en principio determinar si en efecto la infracción en cuestión se constituye o no en una de carácter instantáneo o permanente, ello en consideración al contenido normativo previsto en el art. 44.II de la Ley 387, que de forma indirecta establece este tipo de clasificación de las infracciones, al determinar los plazos de la prescripción; en ese sentido, para las infracciones instantáneas el cómputo del plazo se inicia desde el día de su comisión, y para los permanentes, desde que cesó su consumación. En ese entendido, y a efectos de realizar tal labor de interpretación sobre la infracción a la ética establecida, cabe señalar que conforme lo remarca la jurisprudencia constitucional la doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste último no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general; y bajo ese entendimiento, es posible aplicar por analogía los entendimientos, alcances y directrices que en materia penal fueron previstas al ámbito del derecho administrativo sancionador, considerando que el proceso penal a fin de garantizar un equilibrio entre la efectividad del ius puniendi y la dignidad del ser humano, consolidó un proceso irradiado por garantías judiciales que acompañan al procesado en todo momento, y que busca asegurar que éste tenga un juicio justo en igualdad de condiciones, criterio que de igual manera corresponde aplicar al derecho administrativo sancionador; pues, ontológicamente este último impone sanciones aunque en diferente alcance y esfera al derecho penal (SCP 0346/2013 de 18 de marzo). En ese marco, toda vez que dentro del proceso sumarial instaurado contra la accionante, que finalmente desembocó en la imposición de una sanción, se consideró -en principio- que en su caso no se hacía factible determinar la procedencia del régimen de la prescripción, dada la interpretación generada sobre la infracción en cuestión, y teniendo en cuenta que a fin de verificar la procedencia o no de este instituto, se hace necesario también tener en cuenta la clasificación del tipo de infracción por su implicancia y relevancia a tiempo de determinar el inicio del cómputo de la prescripción, se debe puntualizar la distinción entre la clasificación de los tipos, en este caso de la infracción, concerniente a su naturaleza o carácter instantáneo o permanente. Así, en materia penal conforme se tiene establecido en la jurisprudencia a la que se hace referencia en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, los delitos instantáneos son aquellos que con la sola realización de la conducta, acción u omisión, por el sujeto activo quedan realizados o tipificados, sin que se requiera acción posterior para su continuidad o vigencia; es decir que, en los delitos instantáneos, la acción coincide con el momento de consumación del delito; en cambio, los delitos permanentes, son los que se caracterizan porque el hecho que los constituye o realiza da lugar a una situación dañosa o de peligro, que se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento del sujeto o sea que en los delitos permanentes, la consumación del delito se prolonga en el tiempo, debiendo resaltar que la situación lesiva permanente está delimitada por las características del tipo penal en concreto, y no así por la existencia de un concurso ideal homogéneo o los efectos indirectos del tipo penal. Aplicados estos criterios a la infracción prevista en el art. 42.6 de la Ley 387, que establece como infracción gravísima el: “Registrar para sí, o de un tercero, bienes del litigio de la persona que hubiera patrocinado”, se advierte que el verbo rector de la infracción -siendo este la acción humana exterior que se considera lesiva-, es el verbo “registrar”, mismo que significa de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, en aplicación al caso: “Inscribir en una oficina determinados documentos públicos, instancias” (dle.rae.es). “Inscribir [algo o a alguien] en un registro” (Diccionario del Español Actual, Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos. Fundación BBVA fbbva.es). Inscribir en el registro una marca comercial o una propiedad” (WordReference.com). En ese marco, la inscripción es la “Acción y efecto de inscribir o inscribirse, tomar razón, en algún registro, de los documentos o las declaraciones que han de asentarse en él según las leyes. Con relación a algunos actos, la inscripción es obligatoria ya que sin ella carecen de efecto, por lo menos frente a terceros. Los actos necesitados de inscripción en registro público son muchos, pues, aparte los determinados en los códigos, hay otros de índole administrativa que requieren esa misma formalidad. Entre ellos cabe señalar los que afectan al Registro Civil de las Personas (nacimientos, matrimonios y defunciones), así como también, en el Registro de la Propiedad, los contratos sobre transmisión de bienes inmuebles, constitución de I Derechos reales o su cancelación, y con relación al Registro de Comercio, la constitución, I modificación y disolución de sociedades, y los I poderes de sus representantes entre otros” (Diccionario Jurídico Elemental. Guillermo Cabanelas de Torres. Edición 2006 [unidaddegenerosgg.edomex.gob.mx]). Como se aprecia el verbo rector de la infracción -registrar- hace referencia a una acción instantánea que se logra o finaliza cuando se procede a inscribir en determinado registro algún tipo de actos o documento, entre ellos, el registro de propiedad de bienes.

En ese mérito, cuando la infracción hace referencia a este término, indubitablemente nos remite a una clase de infracción de índole instantánea, ya que se consume al instante, sin que se requiera acción posterior para su continuidad o vigencia; toda vez que, la acción coincide con el momento de consumación de la infracción; siendo necesario aclarar que si bien, dicha acción instantánea, puede tener efectos permanentes, ello no incide en el carácter instantáneo de la infracción; pues, la situación lesiva permanente está delimitada por las características de la infracción en concreto, y no así por los efectos indirectos que esta pueda generar. En ese sentido, habiéndose establecido que la infracción inserta en el art. 42.6 de la Ley 387, es de carácter instantáneo, al habérsele asignado una naturaleza de consumación permanente, sosteniendo que la situación dañosa se prolonga en el tiempo a causa de la continuidad del comportamiento de la denunciada que en el caso ejerció actos que constituyen hechos de consumación, pretendiendo la posesión del bien, lo que a su criterio conlleva una comisión permanente y que por lo tanto interrumpe el curso de la prescripción, ciertamente el Tribunal de segunda instancia incurrió en una errónea interpretación de la norma, que en definitiva derivó, que en el caso de la accionante no se considere viable la aplicación del instituto de la prescripción previsto en el art. 44 de la Ley 387, en cuyo parágrafo I.3 establece como plazo de la prescripción de infracciones gravísimas el término de dos años. En ese marco de entendimiento, es posible también establecer que al haberse incurrido en esta indebida y errónea interpretación respecto al carácter de la infracción, que los elementos del debido proceso referidos a la fundamentación y motivación en relación a la revocatoria de la decisión de primera instancia que declaró fundada la excepción de prescripción como cuestión previa a verificar antes del análisis de fondo de la denuncia, fueron evidentemente afectados considerando precisamente que la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a arribar a determinada conclusión (Fundamento Jurídico III.1); vertientes que en el caso se advierten lesionadas considerando que la base normativa utilizada al efecto fue erróneamente interpretada, así como los parámetros fácticos considerados en ese marco también fueron inadecuados y no acordes al contenido de la infracción a fin de arribar a la decisión de revocar la procedencia de prescripción asumida por el Tribunal inferior. En mérito a lo expuesto, y verificándose la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de interpretación de la norma, fundamentación y motivación relacionados con la labor administrativa disciplinaria desarrollada en instancia de apelación ante la excepción de prescripción formulada por la accionante, corresponde conceder la tutela impetrada, disponiendo que el Tribunal de apelación emita una nueva resolución en la que con base en los criterios expuestos, teniendo en cuenta que la infracción contenida en el art. 42.6 de la Ley 387 se constituye en una de carácter instantáneo, proceda a realizar el cómputo establecido de la prescripción desde el momento en que la impetrante de tutela procedió a registrar a su nombre el bien inmueble en cuestión. Ahora bien, teniendo en cuenta los detalles descritos precedentemente y toda vez que las autoridades accionadas, asumieron la decisión de sancionar a la accionante con la suspensión del ejercicio de su profesión por el lapso de un año y seis meses; y, multa de seis salarios nacionales, con base en una errónea interpretación y consideración de la infracción que derivó en el impedimento para acceder al régimen de la prescripción previsto en la Ley 387, ciertamente lesionó su derecho al trabajo, correspondiendo respecto al mismo igualmente conceder la tutela solicitada.

En cuanto a la denuncia de vulneración al elemento de tipicidad, respecto a la indebida subsunción de su conducta en la antes señalada infracción, lo que derivó a que tampoco exista la debida fundamentación, motivación y congruencia reclamados a partir de que no existió un examen de causalidad entre lo denunciado, las pruebas, la normativa, la jurisprudencia ni se consideró sus alegatos respecto a que su persona nunca fue abogada de los denunciantes y que el bien inmueble del que supuestamente se habría apropiado y registrado sea de ellos, ya que su persona solo compró acciones y derechos de Gregoria Urquieta Vda. de Peñaloza; no corresponde emitir criterio alguno; por cuanto, lo referido tiene que ver con un análisis de fondo respecto a la comisión en sí de la infracción, lo que en consideración al parámetro expuesto ya no advierte relevancia; toda vez que, conforme se estableció las autoridades accionadas únicamente deben proceder a realizar el cómputo de la prescripción desde el momento en que la accionante inscribió el bien inmueble a su nombre; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada sobre este punto de presunta lesividad. Finalmente, ante la solicitud de costas efectuada por la impetrante de tutela, esta no es acogida en virtud a la forma de resolución asumida y a la facultad potestativa prevista en el art. 39.I del Código Procesal Constitucional (CPCo). Consideraciones finales

Teniendo en cuenta la determinación asumida, se hace pertinente aclarar un aspecto de índole procesal constitucional que no fue advertido por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y se refiere a la citación de las autoridades accionadas.

Si bien, consta en antecedentes que las diligencias se practicaron a las tres autoridades en su totalidad el 13 de octubre de 2022, en el domicilio procesal mediante cédula, sin la consignación de la dirección exacta, pero advirtiéndose de las fotografías que se constituye en la Secretaría del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (fs. 315 a 317); no obstante, por memorial presentado el 14 de ese mes y año, el Director General de Registro, Control y Supervisión del Ejercicio de la Abogacía y la Encargada del Tribunal de Ética de la Abogacía, dependientes del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales del referido Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, devolvieron las comunicaciones procesales practicadas aduciendo que los miembros del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía y del Tribunal Departamental de Ética de la Abogacía de La Paz, no tienen relación de dependencia funcional o jerárquica en el ejercicio de dicha función con la señalada Cartera de Estado, siendo su cargo honorifico sin percepción de dietas o remuneración, proporcionando al efecto las direcciones de los domicilios de los miembros accionados; escrito respecto al cual, consta el decreto de 17 de dicho mes y año, con la indicación de que lo referido se considerará en audiencia (fs. 410 y 411); sin embargo, tal aspecto fue omitido, ingresando al análisis de fondo de la problemática tutelar. En ese sentido, si bien la notificación supuestamente practicada de forma errónea, lo cual tampoco resulta del todo claro pues conforme al Reglamento de Funcionamiento de los Tribunales de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Dirección General del Registro, Control y Supervisión del Ejercicio de la Abogacía se constituye en la Secretaría Técnica de cuyas funciones se advierte la coordinación existente con los miembros de los Tribunales de Ética de la Abogacía, no obstante no se tiene certeza de que -al margen del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía respeto a quien la diligencia practicada cumplió su finalidad habiendo el mismo presentado el correspondiente informe- los demás miembros de la señalada Sala hayan tenido conocimiento de la acción tutelar instaurada en su contra, lo cual bien pudo ser subsanado por la indicada Sala Constitucional, que contaba con las direcciones domiciliarias de todos los accionados; respecto a lo cual, y a la falta de pronunciamiento al respecto, corresponde llamar la atención a los miembros de dicha Sala. En ese sentido, si bien en el caso no se advierte lesión del derecho a la defensa de la parte accionada, dada la presentación de informe por parte del Presidente del ente colegiado, por lo que no se vio la necesidad de determinar la anulación de obrados; sin embargo, corresponde establecer que con relación a estas autoridades respecto a la cuales -se reitera- no se tiene constancia de su citación con la presente acción tutelar, la concesión de tutela dispuesta es sin responsabilidad.

III.4. Otras consideraciones

Al margen de lo manifestado precedentemente; respecto a lo cual, cabe llamar la atención a la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que no observó la diligencia de citación practicada a la parte accionada ni se refirió al memorial presentado por la Dirección General del Registro, Control y Supervisión del Ejercicio de la Abogacía, se debe añadir el incorrecto trámite desplegado en la presente acción tutelar. Así, de actuados se advierte que siendo admitida la acción por Auto de 4 de octubre de 2022 (fs. 310 y vta.), la audiencia fue fijada para el 17 de ese mes y año, cuando el art. 56 del CPCo, establece que la audiencia debe tener lugar dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción, advirtiéndose una primera dilación indebida. Posteriormente, y sin una razón aparente que figure dentro del expediente constitucional, dicha audiencia no fue desarrollada sino hasta 31 de octubre de 2022 (fs. 418 a 422), lo que sin duda no condice con la naturaleza de resolución inmediata y tramite sumario que ostenta la acción de amparo constitucional, por los bienes jurídicos que protege. Pero al margen de ello, llama por demás la atención el trámite que fue otorgado ante la disidencia de criterios presentada a efectos de la definición del caso. Así, se advierte que en la audiencia de 31 de octubre de 2022, al no llegar los miembros de la referida Sala Constitucional Cuarta a un acuerdo en la forma de la resolución de la presente acción tutelar, se dispuso que se procederá a convocar al Vocal que corresponda y que se hará conocer la resolución de escritorio. En función a lo cual se advierte que el Vocal Rubén Ramírez Conde emitió y presentó su voto fundamentado el 1 de noviembre de 2022 (fs. 423 a 427 vta.); así también, la Vocal Carmiña Ninoska Vera Márquez que presentó su voto fundamentado el 8 del indicado mes y año (fs. 428 a 434 vta.), pero no fue hasta el 5 de diciembre de igual año, que el Vocal convocado mediante Auto de la misma fecha, expresó su voto en favor del criterio expuesto por la Vocal Carmiña Ninoska Vera Márquez, desconociéndose cuándo dicha autoridad dirimitoria conoció el asunto puesto para su consideración, siendo lo cierto y evidente que la causa tutelar contó con un pronunciamiento final el 5 de diciembre del citado año, es decir, luego de más de dos meses de presentada.

Al respecto, es importante señalar que ya este Tribunal se refirió sobre el trámite a ser otorgado por las salas constitucionales cuando justamente se presentan este tipo de circunstancias. Así en un caso similar, en la SCP 1569/2022-S3 de 2 de diciembre, estableció el siguiente entendimiento: «…cabe manifestar que, como se entendió en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0335/2020-S3 de 23 de julio y 0575/2020-S3 de 23 de septiembre, la convocatoria para una Vocal o un Vocal para la definición del caso, en la culminación de la audiencia, debe considerar lo preceptuado en el art. 36.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo); es decir, no incurrir en recesos prolongados en la tramitación de dicho acto procesal, y menos aún suspenderse, pues la decisión a asumirse debe ser dictada en dicho actuado pudiendo incluso habilitarse horas extraordinarias. En ese marco legal, respecto precisamente a la convocatoria de Vocales dirimidores en acciones tutelares, la SCP 0322/2018-S1 de 16 de julio, dentro de un caso similar manifestó: “…los Vocales miembros de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, al no hallar consenso en su determinación decidieron convocar a un Vocal dirimidor a efectos de definir con su voto la problemática planteada, disponiendo para ello la suspensión de la audiencia y fijando la realización de otra (…) contraviniendo con ello lo establecido en el art. 36.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que establece que ‘En el desarrollo de la audiencia no podrán decretarse recesos hasta dictarse la correspondiente resolución. Para concluir la audiencia podrán habilitarse, si es necesario, horas extraordinarias’ , aspecto que en el presente caso fue inobservado, por cuanto al suscitarse esta paridad de criterios en cuanto a la resolución del caso, lo que correspondía era que en efecto se convoque a un Vocal dirimidor, pero no suspendiendo la audiencia, no siendo un justificativo válido el aducir que dicha autoridad debía conocer el acta de audiencia, cuando perfectamente pudo participar de la misma una vez convocado, y dirimir en dicho actuado la problemática suscitada, habilitando para ello de ser necesario horas extraordinarias a fin de que en la misma audiencia se cuenta con una decisión final, ello en consideración no solo de la norma precedentemente citada, sino también teniendo en cuenta la naturaleza de la acción de amparo constitucional…”. A partir de dicha jurisprudencia se evidencia y confirma el criterio en sentido que, una vez sustanciada la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, la misma culmina con la emisión de la respectiva resolución, y en caso de no presentarse paridad de criterio, corresponderá convocar en el acto a la Vocal o el Vocal dirimidor de la siguiente Sala Constitucional, quien debe acudir de inmediato al señalado actuado. Ello, en observancia a la naturaleza jurídica de las acciones tutelares destinadas a la efectiva e inmediata protección de los derechos fundamentales así como en consideración de los principios de celeridad y concentración establecidos por el art. 3 del CPCo. Ahora bien, cabe aclarar al respecto, que pueden suscitarse también situaciones excepcionales en las que exista imposibilidad real y objetiva de continuar con el desarrollo de la audiencia en el mismo día, supuesto en el que podrá realizarse la audiencia al día siguiente, previa justificación motivada y sustentada de las razones que impelen a ello» (las negrillas fueron incorporadas). Entendimiento a partir del cual puede advertirse que, por regla general las audiencias instaladas dentro de las acciones tutelares deben culminar con la emisión de la correspondiente resolución constitucional, y de presentarse vicisitudes como la existencia de votos y/o criterios disidentes, la sala constitucional debe convocar en el acto al Vocal dirimidor a fin de emitir en el mismo actuado la correspondiente resolución con la instauración incluso de horas extraordinarias, no requiriéndose para ello que la autoridad convocada conozca en su integridad el acta de la audiencia, pudiendo en la misma conocer los puntos de diferencia de las autoridades disidentes; empero, de presentarse pormenores que no pudieran superarse a partir de lo antes aludido existiendo una imposibilidad real y objetiva de continuar con el desarrollo de la audiencia hasta la emisión de la resolución, esta podría desarrollarse al día siguiente previa justificación motivada y sustentada de las razones que impelen a ello. Aspecto que en el presente caso no aconteció; pues, los Vocales constitucionales se limitaron a expresar la existencia de disidencia sin siquiera convocar en el acto al Vocal dirimidor, ni brindar un justificativo que sustente motivadamente la imposibilidad material y objetiva de continuar con el acto hasta la emisión de la resolución, aspectos estos y sobre todo la dilación indebida en la que incurrieron los Vocales constitucionales hasta la emisión de la resolución, sumado al hecho de que los miembros de dicha Sala no se refirieron sobre las citaciones devueltas de las autoridades accionadas que fue abordado anteriormente, hace que sea necesario llamar la atención por el trámite otorgado a la presente acción tutelar.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, asumió en parte la decisión correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 315/2022 de 5 de diciembre, cursante de fs. 439 a 445 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, en relación a los derechos al debido proceso en sus elementos interpretación de la norma, fundamentación, motivación y congruencia; y, al trabajo, de conformidad a los entendimientos y alcances expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo dejar sin efecto la Resolución Sumarial Final de Segunda Instancia 005/2022 de 12 de julio, correspondiendo que la Sala Tercera del Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, emita una nueva resolución de conformidad a los razonamientos desarrollados ut supra; siempre y cuando ello no hubiese ocurrido en cumplimiento de la decisión de la Sala Constitucional; 2° DENEGAR la tutela en relación al debido proceso en su elemento al principio de tipicidad, fundamentación, motivación y congruencia, respecto al criterio de fondo sobre la subsunción de la conducta de la accionante a la infracción contenida en el art. 42.6 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía; y, a la solicitud de costas, de acuerdo a lo expresado precedentemente; y, 3° Llamar la atención a Carmiña Ninoska Vera Márquez y Rubén Ramírez Conde, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por su actuación dentro del trámite desplegado en la presente acción tutelar, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 y III.4 de este fallo constitucional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0583_2024-S2.pdf · páginas 1 a 31.

Huella digital del PDF (SHA-256): 6787d5226d525c17683ba8e05887c776d5b15e3c962a1b52972ecb67b89729c6

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