Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de julio de 2023
Deniega la tutela
El accionante denunció como vulnerados sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación razonable y congruente, aplicación objetiva de la Ley y la garantía de legalidad; alegando que el Vocal hoy demandado al emitir el Auto de Vista de 7 de diciembre de 2021, en vez de resolver los agravios expuestos realizó una interpretación errónea, distorsionada y distinta de los arts. 233.3) parte in fine, art. 235 ter y 239.2 del CPP, determinando la continuación de su detención preventiva ante la existencia de acusación fiscal y riesgos procesales, cuando el análisis de su situación jurídica debió versar en verificar el cumplimiento del plazo de su detención preventiva, el cual se encontraba vencido y al no existir ampliación solicitada por el Ministerio Público, correspondía disponer su cese aplicándose medidas menos gravosas independientemente de la concurrencia de riesgos procesales; máxime, cuando la acusación en ese momento no había sido remitida ni radicada en el Tribunal correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 57 a 67 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0583/2023-S4 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 46724-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 04/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 57 a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Remberto Almanza Pardo y/o Carlos Justiniano Mariaca Riveros en representación sin mandato de Daniel Glenn Hidalgo Suárez contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 30 de marzo de 2022, cursante de fs. 1; y, 18 a 25 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Moira Andrade García por el presunto delito de asesinato, mediante Resolución de 7 de mayo de 2021, fue dispuesta su detención preventiva por el plazo de seis meses, señalándose audiencia para considerar su situación jurídica el 8 de noviembre del mismo año. Llevado a cabo dicho verificativo con la finalidad de ejercer el control de cumplimiento del vencimiento del plazo de duración de la detención y cesación a la detención preventiva, petición última que realizó en aplicación del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sólo era necesario acreditar el tiempo transcurrido y no desvirtuar los riesgos procesales, para que cese la detención preventiva y se disponga la aplicación de medidas menos gravosas independientemente de que existan riesgos procesales, más aún cuando no existía solicitud de ampliación previa de la representación Fiscal aceptada judicialmente cuando se programó la audiencia de consideración aludida; no obstante, el Juez de la causa denegó la misma, con fundamentos que no responden al objeto de lo pretendido, manifestando que no se enervaron los riesgos procesales, además que la autoridad Fiscal había pronunciado requerimiento conclusivo de acusación en contra del imputado. Por lo que, planteó Recurso de apelación, lo cual fue declarada improcedente por el Vocal ahora demandado mediante Auto de Vista de 7 de diciembre de 2021, donde en vez de resolver los agravios expuestos, otorgó una interpretación errónea, distorsionada y distinta a las contenidas en los arts. 233.3) parte in fine, art. 235 ter y 239.2 del CPP, llegando a confundir el objeto de control de vencimiento del plazo su duración con el pedido de continuidad de la detención por existencia de riesgos procesales y acusación formal. Generando como consecuencia de ese error la continuidad de su detención preventiva, pese haberse cumplido el plazo establecido; siendo que, en función del art. 235 ter del de la norma procesal penal, pueden suceder dos posibilidades, o se amplía el plazo de detención o en ausencia del pedido efectuado por el Ministerio Público cesa la misma disponiéndose medidas menos gravosas ante el vencimiento del plazo, independientemente que existan riesgo procesales, no concurriendo una posibilidad alterna como sucedió en el caso, al mantenerse su detención ante la existencia de riesgos procesales y acusación formal, la cual ni siquiera fue remitida ante el Juez o Tribunal de Sentencia, al no haberse ordenado su envío sino hasta después de establecerse la continuidad de su detención preventiva; por consiguiente, no existía radicatoria alguna que dé cuenta que ya se asumió competencia y por tanto la etapa preparatoria se hubiera cerrado formalmente dando paso a la etapa de juicio oral, para asumir que correspondía activar una ulterior cesación a la detención preventiva desvirtuando los riesgos procesales, lo cual no ocurrió porque al momento del tratamiento de su situación aún se encontraban en etapa preparatoria, consecuentemente su libertad se encontraba sujeta a plazo, y no a la enervación de los riesgos procesales como falsamente asumió el Vocal demandado, lo que hace que la determinación aceptada sea ilegal, indebida y arbitraria, al generar un procedimiento irregular no previsto en el art. 233 del CPP. Lo que evidencia la falta de fundamentación y motivación del Auto de Vista confutado, ya que ni el Juez y tampoco el Tribunal de alzada podían utilizar como fundamento para rechazar su petición que no había desvirtuado los riesgos procesales, pues la misma fue basada en el transcurso del tiempo; por lo que, al mezclar, combinar y/o confundir cada una de las causales para solicitar la cesación a la detención preventiva, soslayaron que las condiciones establecidas en el art. 239 de la norma procesal penal son independientes y separadas, siendo otro elemento que acredita la falta de fundamentación del fallo ahora cuestionado, la afirmación realizada en el último considerando, abocándose a efectuar una exposición con relación a lo argumentado por la Jueza inferior, respecto a la ponderación de derechos entre la libertad del hoy accionante y el de la víctima menor y mujer que goza de protección reforzada, sin tener presente que debió observar el objeto de la audiencia que era la consideración de la cesación a la detención preventiva en aplicación a lo que dispone el art. 239.2 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, cuyo análisis se encontraba limitado al vencimiento del tiempo y no otro.
El accionante alegó como lesionado su derecho a la libertad física y de locomoción, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación razonable y congruente, aplicación objetiva de la ley; y, la garantía de legalidad, sin citar norma const5itucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista de 7 de diciembre de 2021, ordenándose al Vocal demandado, emita nuevo fallo fundamentado, respondiendo de manera motivada a todos los agravios expuestos sin apartarse de los marcos legales previstos en los arts. 233.3) parte in fine, 235 ter y 239.2 del CPP, y de la línea jurisprudencial que corresponda, observando y efectuando una correcta aplicación de la Ley, y los criterios o entendimientos desarrollados por el Tribunal de garantías; b) Se conmine a la autoridad demandada a “ejercer un correcto de medio de impugnación denominado apelación incidental de medida cautelar” (sic); y, c) Se disponga la remisión del Vocal demandado, al Ministerio Público por incumplimiento de deberes, negativa y retardo de justicia por vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales conforme al art. 110 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Celebrada la audiencia virtual el 31 de marzo de 2022, según consta en acta cursante a fs. 54 a 56, presente el solicitante de tutela y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela mediante su abogado, ratifico el memorial de acción de libertad, y ampliando la misma señaló que: 1) La acción de libertad no se encuentra sujeta a rigorismos y formalidades, los cuales caracterizan a la acción de amparo constitucional; 2) El Vocal demandado ratificó la resolución emitida por la Jueza de Instrucción Penal Sexta del departamento de Cochabamba, sin pronunciarse con relación a los arts. 233.2, 235 ter, 234 y 239.2 todos del CPP modificado por la ley 1173, pues no resolvió el objeto de la audiencia, cuyo propósito tenía el de realizar el control de la detención preventiva con base en las “SCP 341/2020” y “491/2021”, salvo que el Ministerio Público haya solicitado la ampliación lo que no ocurrió en el caso, determinando la continuación de la detención preventiva ante la existencia de acusación fiscal y riesgos procesales, infiriendo que por la existencia de acusación no podría aplicarse el art. 239.2 de la norma procesal penal, debiendo estarse ante los presupuestos que establece el artículo de referencia en su núm. 1; 3) Se incumplió los parámetros jurisprudenciales contenidos en la SCP 685/2021-S4 de 11 de octubre y 582/2020 de 16 del citado mes, conforme al cual al existir fecha y hora de audiencia debió pronunciarse respecto al tiempo de la detención preventiva al encontrarse vencido el plazo dispuesto y no existir ampliación requerida por el Ministerio Público, debiendo concederse la cesación y aplicarse otras medidas personales que establece el procedimiento; y, 4) Existe falta de fundamentación e insuficiente motivación, porque en la resolución emitida no se hizo mención en qué fecha habría sido presentada la acusación fiscal, tampoco se pronuncia si fue radicada ante un Tribunal de Sentencia, tampoco explica en ese caso porque se estaría llevando a cabo una audiencia ante la presentación de ese requerimiento conclusivo; no obstante, que la SC 384/2006, que determine la competencia del Juez de Instrucción hasta antes de la radicatoria, sin comprenderse porque se habría rechazado la posibilidad de disponer medidas cautelares siendo lo peor que estableció que no se hubiera desvirtuado con alguna documentación los riesgos procesales, desconociendo el art. 233, 235 ter y 239.2 del CPP, cuando la finalidad del acto era verificar la duración de la detención preventiva, pues si bien existía una acusación a ese momento no había sido radicada, lo cual desconocieron ambas autoridades, quienes actuaron con base en su presentación señalando que ya se encontraría en etapa de juicio, en pleno desconocimiento de la SCP 685/2021, excediéndose al determinar la continuación de su detención preventiva, teniendo en todo caso la obligación de pronunciarse precisamente sobre la remisión y radicatoria de la acusación fiscal, constando que recién se dispuso la remisión al Tribunal correspondiente, existiendo por tanto un exceso de la interpretación teleológica de la normativa referida, al no tener sentido presentar una cesación cuando ya estaría radicada la acusación; por cuanto, la determinación asumida es justamente la lesión cometida, ya que si bien no había posibilidad alguna de ampliación de investigación, pero sí pudo haberse determinado la revisión de su situación jurídica.
Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 31 de marzo de 2022, cursante a fs. 50 a 53 vta., manifestó que: i) La instancia constitucional no se constituye en una instancia casacional; ii) El accionante omitió exponer el nexo de causalidad entre los derechos denunciados y las presuntas conductas vulneradoras de derechos; iii) Declaró la improcedencia del recurso de apelación, en virtud a los fundamentos que fueron expuesto como agravio por la defensa del hoy impetrante de tutela, que entre otros reclamó que el Juez de instancia habría mantenido latentes los riesgos procesales con base en apreciaciones subjetivas, además de no haber observado la normativa internacional, jurisprudencia y lo establecido en el art. 233 de la norma procesal penal, en lo que respecta al plazo de duración de la detención preventiva; por lo cual, a partir de ese reclamo y de acuerdo a los antecedentes es que estableció que si bien era evidente la ausencia de solicitud de ampliación por parte del Ministerio Público; sin embargo, al existir un requerimiento conclusivo como la acusación fiscal, conlleva que el proceso se encuentre en etapa de juicio oral; por lo que, para considerar una ulterior solicitud de cesación a la detención preventiva debería observarse el cumplimiento de los previsto en el art. 233 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, que determinan que en etapa de juicio oral y recursos para que procesa la cesación de la detención preventiva se deberá desvirtuar los riesgos procesales, los cuales en el caso no fueron desvirtuados bajo ningún elemento de convicción, situación que determinó la decisión asumida, bajo el fundamento esgrimido en la SCP 0582/2020 de 16 de octubre; iv) No es evidente que se haya omitido analizar y fundamentar cada uno de los agravios expuestos por la defensa del hoy accionante; aspecto que, puede observarse del análisis integral realizado en el Auto de Vista aludido; y, v) Por lo expuesto, se podrá determinar que se emitió el fallo cuestionado, en estricto cumplimiento de las normas penales y jurisprudencia vinculada al caso, observando los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, sin que exista vulneración a los derechos invocados; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Gisela Cámara Rodríguez, en representación de la institución de referencia, señaló que la cesación a la detención preventiva no opera ipso facto, ya que si bien existía un señalamiento de audiencia, no podía solicitarse la ampliación de plazo de investigación por una situación compleja, pues ante la presentación de acusación formal el proceso se supedita a lo establecido en el art. 340.I, II y III de la norma procesal penal, lo que no deriva en la restricción de la libertad, ya que de acuerdo a los fallos constitucionales citados por el propio accionante una vez superada la etapa preparatoria y encontrándose vigente la etapa de juicio oral, debe aplicarse el art. 239. 1 del citado cuerpo legal, y no así el núm. 2; por lo que, peticionó se deniegue la tutela impetrada.
El Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 57 a 67 vta., denegó la tutela impetrada; con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad judicial ahora demandada estableció que ante la existencia de una acusación formal, concluye la etapa investigativa; por lo que, no tendría sentido solicitar la ampliación de investigación, considerando que el día de la audiencia donde debía realizarse el control del plazo, se presentó dicho requerimiento conclusivo, extremo que fue de conocimiento de la defensa; b) En cuanto al reclamo efectuado por la parte apelante hoy accionante respecto a que la acusación no se habría remitido ni se encontraba radicada, el Vocal demandado respondió que si se revisa la finalidad para el caso del art. 239.2 de la norma procesal penal, ya no sería aplicable cuando se tiene la presentación material de la acusación, el cual debe ser remitido en el plazo de veinticuatro (24) horas al Tribunal que corresponda, evidenciándose un similar sentido en la SCP 0582/2020-S4; c) No es evidente que no se hubiera precisado cuando fue presentada la acusación, cuando se extrae de antecedentes que fue el 8 de noviembre de 2021; y, d) No se advierte la existencia de falta de fundamentación y motivación, habiendo sido respondidos los cuestionamientos efectuados, habiéndose identificado en el último párrafo del Auto de Vista cuestionado, porque la finalidad del acto tenía que ver precisamente con la realización de los actos investigativos y que efectivamente para el tracto procesal cambia a los efectos de la modificación de la Ley de Modificación a la Ley 1173 –Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019–, lo cual evidencia que no existe un exceso de interpretación de la legalidad del ordenamiento jurídico vigente o que se haya generado alguna inobservancia a la legalidad respecto al acto realizado y que tenga relación directa con la libertad del hoy impetrante de tutela.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Resolución de 7 de mayo de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Sexta del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de Daniel Glenn Hidalgo Suárez hoy accionante, por el plazo de 6 meses, señalando audiencia para considerar la necesidad de permanencia de la detención preventiva del imputado para el 8 de noviembre de 2021 a las 09:00 (fs. 2 a 9 vta.) II.2. Cursa Acta de audiencia de consideración de la necesidad de permanencia de la detención preventiva, desarrollada el 8 de noviembre de 2021, donde fue emitido el Auto Interlocutorio de la misma fecha; mediante el cual, la Jueza de la causa, dispuso que el hoy solicitante de tutela continúe con la detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba donde se encuentra actualmente y por Secretaría se remita la resolución de acusación y los actuados pertinentes ante la autoridad competente, a la brevedad posible bajo responsabilidad (fs. 10 a 13). II.3. Por Auto de Vista de 7 de diciembre de 2021, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, compuesta por el Vocal demandado, declaró la improcedencia de la apelación incidental formulada por el ahora impetrante de tutela, en consecuencia confirmó el fallo apelado (fs. 14 vta. a 17).
El accionante denunció como vulnerados sus derechos a la libertad física y de locomoción, al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación razonable y congruente, aplicación objetiva de la Ley y la garantía de legalidad; alegando que el Vocal hoy demandado al emitir el Auto de Vista de 7 de diciembre de 2021, en vez de resolver los agravios expuestos realizó una interpretación errónea, distorsionada y distinta de los arts. 233.3) parte in fine, art. 235 ter y 239.2 del CPP, determinando la continuación de su detención preventiva ante la existencia de acusación fiscal y riesgos procesales, cuando el análisis de su situación jurídica debió versar en verificar el cumplimiento del plazo de su detención preventiva, el cual se encontraba vencido y al no existir ampliación solicitada por el Ministerio Público, correspondía disponer su cese aplicándose medidas menos gravosas independientemente de la concurrencia de riesgos procesales; máxime, cuando la acusación en ese momento no había sido remitida ni radicada en el Tribunal correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, al respecto precisó: “Una de las medidas cautelares establecidas en el ordenamiento jurídico y destinadas a asegurar la averiguación de la verdad de los hechos es la detención preventiva, la cual, conforme ha reiterado la jurisprudencia constitucional, involucra la privación temporal del derecho a la libertad, es decir que no tiene por finalidad la condena anticipada del imputado; en tal sentido, su aplicación se encuentra sometida a reglas específicas que determinan los requisitos para su imposición y, del mismo modo, las formas en que esta medida puede ser suspendida o modificada. Al respecto, el art. 22 de la CPE, concordante con los arts. 23.I y 180.I de la Ley Fundamental, dispone que: ‘La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado’; en ese mismo sentido, el art. 8.II de la Norma Suprema, determina a la dignidad y la libertad como valores supremos del Estado Plurinacional. Así, se puede establecer que cualquier restricción, lesión o límite al ejercicio del derecho a la libertad en materia penal, a través de la detención preventiva, debe ser aplicada con carácter provisional o cautelar; toda vez que la misma tiene una naturaleza instrumental destinada a asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, de manera que también es plenamente modificable a través de los mecanismos intraprocesales, entre ellos, mediante la solicitud de cesación de la detención preventiva, conforme a lo descrito en el art. 239 del CPP, que enumera los casos en los cuales procede. Conforme a lo indicado, el art. 239 de la norma procesal penal, establece causales específicas de cesación de las medidas cautelares personales, siendo una de ellas, «el vencimiento del plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva», siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención. Cabe señalar que, por disposición del art. 235 ter. del CPP, cuando el Juez de Instrucción Penal resuelve la aplicación de la detención preventiva debe fijar con precisión su duración indicando la fecha exacta de su cumplimiento, estableciendo además día y hora de audiencia pública para resolver la situación jurídica de la persona cautelada, en el entendido que este no puede permanecer indefinidamente como detenido preventivo; empero, debe tomarse en cuenta que el plazo fijado para la detención preventiva durante la fase investigativa, está relacionado con el tiempo que se considera que el Ministerio Público requiere razonablemente para realizar las labores investigativas del caso concreto o la necesidad de realizar una actuación o diligencia concreta (art. 233 último párrafo del adjetivo penal). En ese sentido, cuando el plazo de la detención preventiva dispuesta por el Juez cautelar hubiera vencido y no se hubiere solicitado su ampliación en la etapa preparatoria, la autoridad a cargo del control jurisdiccional no debe más que dar aplicación a lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP, disponiendo la libertad del cautelado y aplicando en su caso medidas sustitutivas a la detención preventiva; a ello obedece precisamente la obligación del juez de instrucción penal, que al establecer el tiempo de duración de la detención preventiva, tenga que fijar día y hora de audiencia para resolver la situación jurídica del cautelado. En cambio, sí a la culminación del plazo otorgado para la detención preventiva el querellante o el Ministerio Público hubieran presentado acusación formal por la comisión de uno o más delitos que hacen viable la detención preventiva y la causa hubiera sido radicada, el juez o el tribunal de sentencia no tienen facultad para resolver de oficio la situación jurídica del detenido preventivo, aun el plazo de la detención preventiva fijado por el juez hubiera vencido; toda vez que, por disposición del art. 233 en su penúltimo párrafo, para que proceda la detención preventiva en etapa de juicio y recursos se deben acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 de dicho artículo; es decir, ‘a existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’; y tomando en cuenta que para disponer la detención preventiva la autoridad jurisdiccional ya estableció la concurrencia de determinados riesgos procesales, corresponde a la parte acusada y con detención preventiva, desvirtuar la concurrencia de los riesgos que motivaron tal decisión, acompañando para ello los elementos que demuestren aquello o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida de menor rigor, conforme a la causal prevista en el art. 239.1 del CPP. Lo señalado anteriormente guarda absoluta relación con lo dispuesto en el art. 239 de la norma procesal penal (Cesación de las Medidas Cautelares Personales), cuando, luego de enumerar las causales que hacen procedente la cesación de la detención preventiva, refiere que: «Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas»; disposición que bajo una interpretación literal, exige la presentación de una solicitud para resolver la cesación a la detención preventiva”.
El accionante denuncia como vulnerados sus derechos invocados en la presente acción tutelar, alegando que el Vocal hoy demandado al emitir el Auto de Vista de 7 de diciembre de 2021, en vez de resolver los agravios expuestos realizó una interpretación errónea, distorsionada y distinta de los arts. 233.3) parte in fine, art. 235 ter y 239.2 del CPP, determinando la continuación de su detención preventiva ante la existencia de acusación fiscal y riesgos procesales, cuando el análisis de su situación jurídica debió versar en verificar el cumplimiento del plazo de su detención preventiva, el cual se encontraba vencido y al no existir ampliación requerida por el Ministerio Público, correspondía disponer el cese de su detención preventiva aplicándose medidas menos gravosas independientemente de que existan riesgos procesales; máxime, cuando si bien existía una acusación en ese momento la misma no había sido remitida ni radicada. De los antecedentes procesales cursantes en obrados, consta que mediante Resolución de 7 de mayo de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Sexta del departamento de Cochabamba, dispuso la detención preventiva de Daniel Glenn Hidalgo Suárez hoy solicitante de tutela, por el plazo de seis (6) meses, señalando audiencia para considerar la necesidad de la permanencia de su detención preventiva para el 8 de noviembre de 2021 a las 09:00 (Conclusión II.1); desarrollado dicho verificativo fue emitido el Auto Interlocutorio de misma fecha; a través del cual, la aludida autoridad judicial, dispuso que el hoy impetrante de tutela continúe con la detención preventiva en el Centro Penitenciario El Abra de Cochabamba donde se encuentra recluido y por Secretaría se remita la resolución de acusación y los actuados pertinentes ante la autoridad competente, a la brevedad posible bajo responsabilidad (Conclusión II.2). Apelado como fue dicho fallo por el ahora accionante, fue pronunciado el Auto de Vista de 7 de diciembre de 2021; por el cual, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, compuesta por el Vocal hoy demandado, declaró la improcedencia de la apelación incidental, confirmando en consecuencia el fallo apelado (Conclusión II.3). Ahora bien, teniendo presente el contexto de la problemática jurídica, corresponde ingresar a conocer los fundamentos en los que fue basado el Auto de Vista confutado, para declarar la improcedencia de la apelación interpuesta por el solicitante de tutela, teniéndose que el Vocal ahora demandado: 1) En el CONSIDERANDO I, identificó los agravios expuestos por la parte apelante hoy impetrante de tutela, los cuales versaron: i) Falta de fundamentación y motivación al haberse aplicado erróneamente las disposiciones legales, ya que la Jueza a quo no habría tomado en cuenta la Ley 1173 en lo que respecta al plazo de duración de la detención preventiva e inobservancia a la SC 807/2005, pues en cuanto a los peligros procesales de fuga y obstaculización contenidos en los núm. 2, 4 y 7 del art. 234 y núm. 1 y 2 del art. 235 del CPP, no realizó una adecuada fundamentación ni análisis de los antecedentes del proceso, habiendo los mismos sido fundamentados en simples apreciaciones subjetivas, además que tampoco tomó en cuenta la recomendación relativa al impacto que conlleva la pandemia de COVID-19, con relación a las consideraciones de las medidas cautelares; y, ii) Observó que, si bien existía presentación de una acusación formal; sin embargo, la Jueza de primera instancia no habría establecido el plazo de duración de la detención preventiva del ahora accionante; por lo que, solicitó se revoque el fallo apelado y se disponga su detención domiciliaria u otra medida cautelar; y, 2) En el CONSIDERANDO II, plasmó normativa relativa a su competencia contenida en el art. 398 de la norma procesal penal, haciendo mención a las SSCC 0547/2010 de 12 de julio y 1174/2022-R de 29 de agosto, referentes a las solicitudes de cesación a la detención preventiva, normativa contenida en los arts. 233 y 239.2 ambos del CPP modificado por la Ley 1173 y doctrina concerniente al Auto Supremo 504/2017 de 30 de junio; para posteriormente: a) En torno al primer cuestionamiento remitiéndose a la resolución apelada, advirtió que la Jueza a quo a tiempo de realizar un análisis de los antecedentes del proceso y riesgos procesales, hizo cita al art. 239.2 de la norma procesal penal, para posteriormente ingresar a analizar los riesgos procesales contenidos en el art. 234.7 y 235.1 y 2 del adjetivo penal, para finalmente señalar: “… que las medidas cautelares personales como dispone el Art. 239 núm. 2 del CPP modificado por la Ley 1173, no opera a la conclusión del plazo señalado, motivos que la fundaron para torne conveniente sea sustituida con otra medida, en el caso la defensa únicamente señala que ya no concurren los peligros de fuga y obstaculización sin acompañar la documentación pertinente para demostrar este aspecto a este se suma que la autoridad Fiscal ha pronunciado resolución conclusiva de acusación en contra del imputado (…) considera que el imputado Daniel Glenn Hidalgo Sanchez continúe con la detención preventiva…” (sic), razonamientos que resultaban insuficientes, ya que no se pronunció respecto al requerimiento conclusivo emitido por el Ministerio Público, admitido por la propia defensa, advirtiéndose inicialmente que existe requerimiento conclusivo de acusación contra el imputado, lo que conllevaba a concluir que al presente dicha instancia fiscal se encontraba impedida de solicitar la ampliación del plazo de duración de la detención preventiva a los fines investigativos conforme el art. 233 de la norma procesal penal; no obstante, no era menos cierto que ante la existencia de una acusación formal, conforme se tenía de antecedentes así como lo expuesto por las partes, eventualmente conllevaba necesariamente a observar para una ulterior cesación a la detención preventiva, el art. 233 del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, que prescribe que en la etapa de juicio y recursos para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el núm. 2 del citado artículo, ya que en el presente caso se tenía la existencia de un requerimiento conclusivo; por lo que, para una posterior petición correspondería al procesado desvirtuar los riesgos procesales concurrentes; es decir, los contenidos en los núm. 2, 4 y 7 del art. 234 y núm. 2 del art. 235 ambos del CPP modificado por la Ley 1173, tomando en cuenta que la defensa no habría acompañado ningún elemento de convicción para su enervación, no teniendo mérito por tanto la apelación formulada; b) En cuanto a la observancia de la recomendación de la Convención Americana de Derechos Humanos, si bien resulta cierto que la “Resolución 01/2020 de 10 de abril, referente a la pandemia y DDHH en las Américas” (sic), establece un tratamiento especial para los casos de detenidos preventivos; no obstante, la misma en su parte in fine, determinó que en el caso de personas procesadas por graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) y delitos de lesa humanidad, atendiendo el bien jurídico afectado y gravedad de los hechos, obligaba a los Estados sancionar a los responsables, debiendo en las evaluaciones realizadas considerar el principio de proporcionalidad y los estándares interamericanos aplicables; por lo cual, en el caso dada la naturaleza de los hechos ilícitos, se encontraban ante un hecho reprochable como es el presunto hecho de asesinato, previsto en el art. 252 del Código Penal (CP), situación ante la cual debía aplicarse dicha recomendación; no obstante al no existir ningún elemento aportado que vaya en su caso a “disminuir” los riesgos procesales que dieron lugar a la aplicación de la detención preventiva, “de manera alguna corresponde aplicar dicha recomendación en el presente caso” (sic); y, c) Finalmente, en lo que constriñe al reclamo que presuntamente no se habría establecido un plazo para la detención preventiva; señaló que conforme el art. 233 del CPP, el plazo de la duración de la detención preventiva está limitado y vinculado únicamente a la etapa preparatoria, siendo en ésta donde se realizan los actos investigativos, no así en la etapa de juicio oral, por consiguiente para considerar la cesación a la detención preventiva en la etapa de juicio, deben analizarse la concurrencia de los riesgos procesales, por ende no tiene mérito la apelación efectuada; argumentos con base en los cuales el Vocal hoy demandado declaró improcedente la apelación incidental interpuesta por el ahora solicitante de tutela, consecuentemente confirmó el fallo apelado. De la contrastación de los fundamentos expuestos con la denuncia efectuada por el impetrante de tutela, no se tiene como cierta la reclamación deducida; puesto que, conforme puede advertirse de la ilustración realizada precedentemente, el Vocal demandado no sólo emitió pronunciamiento puntual en torno a cada agravio que constituyó materia de apelación, sino que en lo principal al comprobar que la Jueza a quo, omitió pronunciarse de manera fundamentada con relación al requerimiento conclusivo de acusación, de manera suficiente y clara, explicó que su presentación impedía al Ministerio Público solicitar la ampliación de la detención preventiva del hoy accionante, al haber mutado de etapa procesal; por lo que, declaró la improcedencia de su recurso ante la inexistencia de prueba tendiente a desvirtuar los riesgos procesales, en cuyo contexto además aclaró que cualquier posterior solicitud de cesación que realice la parte procesada, debía ser enfocada en desvirtuar los aludidos riesgos de acuerdo al art. 239.1 de la norma procesal penal, en concordancia con lo preceptuado por el art. 233 modificado por las Leyes 1173 y 1226, que determina que para que proceda la cesación a la detención preventiva en etapa de juicio y recursos deben ser desvirtuados los riesgos procesales. Razonamiento del cual no se observa una errónea interpretación o aplicación de la norma, como sostiene el impetrante de tutela, pues no debe confundirse la competencia de una autoridad judicial para resolver la cesación a la detención preventiva con los efectos que conlleva el cambio de etapa procesal; es decir, que si bien la vasta jurisprudencia constitucional estableció que una vez presentada la solicitud de cesación a la detención preventiva ante el Juez de primera instancia, ésta debía ser resuelta por dicha autoridad aún haya sido presentado el requerimiento conclusivo de acusación y se hubiere remitido antecedentes al Juez o Tribunal de Sentencia, ello se encuentra condicionado a que la causa aún no hubiera sido radicada; situación que aconteció en el caso concreto; motivo por el cual, fue ejercido en control jurisdiccional por la Jueza a quo. En cuanto a los efectos que genera la existencia de acusación formal, el momento procesal que delimita el cambio de mutación de etapa, no cuenta desde la efectiva remisión del requerimiento conclusivo o la materialización de su radicatoria en el Juzgado o Tribunal de Sentencia, sino a partir del momento de su presentación, lo que representa la extinción de la etapa preparatoria y conclusión de los actos investigativos; razón por la cual, si bien la audiencia de 8 de noviembre de 2021, fue fijada con el objeto de considerar el plazo del vencimiento de la detención preventiva; sin embargo, la existencia del pliego acusatorio presentado por el Ministerio Público antes del desarrollo del verificativo de referencia, recondujo el análisis sobre el cual debía versar su situación jurídica, impidiendo pueda ingresarse al análisis del transcurso del tiempo ni a la segunda parte del art. 239 del CPP, la cual únicamente se encontraba sujeta a la destrucción de los peligros procesales. De lo que se tiene que, los razonamientos efectuados por el Vocal demandado, que sustentan su decisión de declarar improcedente el recurso de apelación formulado por el hoy accionante y mantener su detención preventiva al no haberse desvirtuado los riesgos procesales, se encuentran enmarcados dentro de los lineamientos jurisprudenciales contenidos en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que, por disposición del art. 233 penúltimo párrafo del CPP modificado por las Leyes 1173 y 1226, para que proceda la detención preventiva en etapa de juicio y recursos se deben acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 de dicho artículo; es decir, “la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad” (sic); y tomando en cuenta que, para disponer la detención preventiva la autoridad jurisdiccional ya estableció la concurrencia de determinados riesgos procesales, corresponde a la parte acusada y con detención preventiva, desvirtuar los riesgos que motivaron tal decisión, acompañando para ello los elementos que demuestren aquello o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida de menor rigor, conforme a la previsión contenida en el art. 239.1 del adjetivo penal.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2022 de 31 de marzo, cursante de fs. 57 a 67 vta., pronunciado por el Juez de Sentencia Penal Primero del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0583_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): bf9b914e43f62310cf6835e99747309e5adbf7c66afa11085124bea3d669ded6
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