Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de junio de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso; y, al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como de los principios de seguridad jurídica y de celeridad, señalando que, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en grado de apelación de medidas cautelares, por Auto de Vista 912/2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejó sin efecto la Resolución apelada, ordenando que el Juzgado de origen renueve la consideración de su situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, transcurridos diecinueve días, tanto la Secretaria Abogada del Juzgado de origen ni el de turno por la vacación judicial, recepcionaron su proceso, tampoco asumieron conocimiento del mismo, colocándolo en estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, únicamente en relación a los funcionarios de apoyo judicial codemandados; Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; Fabiola Turpo Mamani; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretarias del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto y Quinto, respectivamente del mismo departamento, por la dilación incurrida que incidió de manera directa en la afectación de los derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como de los principios de seguridad jurídica y celeridad del accionante; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la mencionada Sala Penal.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0582/2025-S3 Sucre, 17 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52873-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Wilder Alcón Torrez contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez y Yuri Jesús Gómez Pérez Vocal y Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia; Fabiola Turpo Mamani; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretarias del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta y Quinta, respectivamente, todos del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 14 de diciembre de 2022, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto Interlocutorio 191/2022 de 5 de julio, se dispuso su detención preventiva, en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz. Posteriormente, dentro del “control de la duración de la medida cautelar impuesta”(sic), se fijó audiencia -no indica fecha-, que fue suspendida y reprogramada para el 10 de noviembre de 2022, oportunidad en la que el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, emitió el Auto Interlocutorio 250/2022, mismo que fue apelado conforme a ley, remitiéndose los obrados originales a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, instancia que celebró audiencia de apelación incidental, dictando el Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, mediante el cual dejó sin efecto la Resolución apelada, disponiendo que la autoridad jurisdiccional de origen renueve el acto de consideración de su situación jurídica y señale nuevo día y hora en el plazo de veinticuatro horas. Sin embargo, transcurridos aproximadamente diecinueve días desde la emisión del Auto de Vista, el precitado despacho al igual que el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -de turno por la vacación judicial-, no recepcionaron su proceso, tampoco asumieron conocimiento del mismo. La actuación negligente y omisiva de los funcionarios de apoyo judicial demandados, ocasionaron su absoluto estado de indefensión al carecer de un control jurisdiccional efectivo sobre su situación jurídica, vulnerándose sus derechos constitucionales y principio de celeridad procesal, así como también los principios ético-morales del Estado Plurinacional previstos en el art. 8 de la Constitución Política del Estado (CPE), al incurrirse en retardación de justicia, por incumplimiento de plazos procesales, afectando su derecho a acceder a una justicia pronta y efectiva.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso; y, al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como de los principios de seguridad jurídica y de celeridad, citando al efecto los arts. 23.I y 115.I y II, 117; y, 180 de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia se disponga: a) La remisión en el día del cuaderno de control jurisdiccional; b) Se dé cumplimiento al Auto de Vista 912/2022; y, c) La remisión de antecedentes de los demandados al Consejo de la Magistratura.
Celebrada la audiencia virtual el 15 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 24 a 26 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Wilder Alcón Torrez, a través de su abogado, ratificó los términos de la acción tutelar presentada y ampliándolos, refirió que: 1) Su detención preventiva fue dispuesta en audiencia de medidas cautelares y posteriormente, el 10 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de su situación jurídica, emitiéndose el Auto Interlocutorio 250/2022, que fue impugnado conforme a lo dispuesto en el art. 251 del CPP; 2) El 25 de noviembre de 2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, celebró la audiencia de apelación incidental, tras lo cual dicha instancia intentó devolver el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen; sin embargo, durante el periodo de la vacación judicial, el referido despacho ni el de turno, aceptaron la recepción del expediente; 3) Realizó múltiples gestiones ante las Secretarías de ambos Juzgados y ante el de la Sala Penal Segunda -ahora demandados-, sin lograr que alguna autoridad jurisdiccional asumiera el control del proceso, situación que lo dejó sin juez competente que conociera su causa, e impidió la presentación y consideración de una solicitud de cesación a la detención preventiva, afectando de manera directa su derecho a la libertad personal; 4) Las omisiones incurridas por los nombrados, configuraron una vulneración de sus derechos al debido proceso, a ser oído por autoridad competente, a la tutela judicial efectiva y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, previstos en los arts. 115, 117 y 180 de la CPE, generando un estado de indefensión absoluta; asimismo, las autoridades demandadas incumplieron los principios ético-morales del Estado establecidos en el art. 8 de la Norma Suprema, al rehusarse a cumplir sus funciones; y, 5) Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo de manera inmediata la remisión del cuaderno de control jurisdiccional por parte del Secretario de la Sala Penal Segunda, y la radicatoria del proceso en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en su condición de Juzgado de turno, o en la instancia que corresponda conforme a los comunicados de Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento.
Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Presidenta de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de 15 de diciembre de 2022, cursante a fs. 23 y vta., señaló que: i) El proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, fue remitido oportunamente al Tribunal de alzada en virtud del recurso de apelación contra medidas cautelares, del que emergió el Auto de Vista 912/2022 de noviembre, cuya parte dispositiva dejó sin efecto el Auto Interlocutorio 250/2022, emitido por el Juzgado de origen, disponiendo se señale nueva audiencia para la consideración de la situación jurídica del imputado; y, ii) La Sala Penal a su cargo, dio cumplimiento a lo dispuesto en el Auto de Vista supra señalado, efectuando la remisión del expediente al Juzgado de origen, el 14 de diciembre de 2022 a horas 15:51, circunstancia que fue debidamente respaldada con los informes emitidos por Secretaría y, Auxiliatura de su despacho y la Auxiliar Dactilógrafa, concluyendo que la remisión se realizó conforme a procedimiento. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la citada Sala, por informe de 15 de diciembre de 2022, cursante a fs. 22 y vta., refirió que: a) Conforme al informe emitido 5 de diciembre de 2022, por el Auxiliar de su Sala, se procedió oportunamente a la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, al tratarse de un proceso con persona detenida; no obstante, el referido despacho -Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz- se negó a recepcionar el expediente, señalando que debía ser remitido al Juzgado de turno -su similar Quinto-, instancia que igualmente rechazó su recepción; b) El 8 de diciembre de igual año, se comunicó vía telefónica con la Secretaria del Juzgado de origen -codemandada-, explicándole el inconveniente suscitado, recibiendo por respuesta que no admitiría el proceso, alegando dificultades recurrentes en la recepción de cuadernos durante el turno; c) Según los informes adjuntos, personal de apoyo jurisdiccional de su Sala, se constituyó al Juzgado turno; instancia que, de acuerdo con la Circular 19/2022, emitida durante las vacaciones judiciales, era la llamada a conocer las causas radicadas en el Juzgado de origen que involucraran personas aprehendidas o detenidas; sin embargo, se negó a recepcionar el legajo de apelación, incumpliendo lo dispuesto en el referido instructivo; d) El 8 de diciembre de 2022, se apersonó al Juzgado de turno, exponiendo los antecedentes del caso y solicitando la recepción del expediente en el marco de las funciones asignadas por la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; empero, el Juez a cargo del control jurisdiccional, rechazó su petición, señalándole que cualquier remisión debía efectuarse mediante Secretaría del Juzgado de origen; no obstante, al día siguiente, reiteró la solicitud ante el Juzgado de turno, destacando que se trataba de un proceso con detenido y que esa instancia se encontraba de turno durante el periodo vacacional; sin embargo, nuevamente se negó la recepción del expediente; e) Ante la reiterada negativa, acudió a la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, apersonándose junto a una funcionaria de dicha entidad, al mencionado Juzgado; empero, se le reiteró que la remisión debía ser realizada por el Juzgado de origen; y, f) Existe constancia de la recepción del cuaderno procesal del accionante en el Juzgado correspondiente, no siendo evidente que su Sala, haya sido responsable de la dilación procesal denunciada, sino se debió a la omisión y negativa, tanto del Juzgado de origen como del Juzgado de turno que se negaron a recepcionar el expediente. Fabiola Turpo Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, manifestó que: 1) No eran evidentes las afirmaciones vertidas por la defensa del accionante, en el sentido de que se hubiera negado a recepcionar el cuaderno de control jurisdiccional en dos oportunidades; 2) Su actuación se circunscribió al estricto cumplimiento de las disposiciones administrativas emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia, en particular la Circular 19/2022, la cual dispuso que durante el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de diciembre de 2022, se suspendía la ejecución de mandamientos en el área civil, estableciendo además la obligación de los juzgados del área penal de entregar a los juzgados de turno, hasta el 5 de igual mes y año, los expedientes con personas detenidas preventivamente, con detención domiciliaria o declaradas rebeldes; 3) En cumplimiento de dicha Circular, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto -en calidad de Juzgado de turno- notificó a su despacho señalando que la recepción de procesos se realizaría únicamente hasta el 5 de diciembre de 2022, dentro del horario comprendido entre las 12:30 y 16:30; en ese marco, el Auxiliar de la Sala Penal Segunda, se apersonó a su Juzgado el 5 de diciembre de 2022, a horas 16:36; es decir, fuera del horario establecido, cuando los procesos ya habían sido remitidos al de turno conforme a la disposición administrativa vigente, razón por la cual negó que haya existido una denegación arbitraria a la recepción del expediente; 4) A partir del 6 del citado mes y año, fue replegada a cumplir funciones en una Sala Constitucional; por lo que, no se hallaba desempeñando funciones regulares en su Juzgado; no obstante, en fecha reciente, aproximadamente a horas 15:51, el Auxiliar y el Secretario de la Sala Penal Segunda, acompañados por una abogada dependiente de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, se apersonaron a su despacho conminándola de manera prepotente a recepcionar el cuaderno de control jurisdiccional, bajo amenazas de iniciar procesos disciplinarios e incluso penales en su contra; 5) Ante dicho escenario y pese a encontrarse cumpliendo otras funciones, se vio obligada a autorizar la recepción del expediente en contra de su voluntad y bajo presión institucional, extremo que incluso fue acompañado de la toma de fotografías sin su consentimiento; 6) Una vez recibido el cuaderno de control jurisdiccional, fue remitido inmediatamente al Juzgado de turno, instancia competente para conocer procesos con detenidos, extremo que se encontraba respaldado con los respectivos oficios y sellos de recepción, evidenciándose que el proceso ya se encontraba radicado, de manera provisional por efecto de las vacaciones judiciales, en el referido Juzgado; 7) Resultaba llamativa la actuación del Auxiliar de la Sala Penal Segunda, al considerar que existía un informe emitido por la Auxiliar de su Juzgado que daba cuenta de diligencias previas realizadas ante dicha Sala, en las que se habría indicado que el nombrado servidor público se encontraba con baja médica; razón por la cual, cuestionó la pretensión de remitir el proceso fuera del plazo y horario establecidos; y, 8) Su actuación se enmarcó en el cumplimiento de las disposiciones administrativas, no siendo evidente que hubiera incurrido en dilación indebida ni negativa arbitraria de la recepción del expediente. Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en la audiencia de garantías, informó: i) El proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, recién fue remitido a su despacho el 15 de diciembre de 2022 a horas 08:30, proveniente del Juzgado de origen, señalando que el mismo previamente estuvo en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; no obstante, el día anterior personal del Consejo de la Magistratura, conjuntamente con el Secretario de la referida Sala Penal y la Secretaria del Juzgado de origen, se apersonaron a su despacho con la finalidad de remitir el proceso, situación que se produjo bajo presión institucional ejercida por el Consejo de la Magistratura, con la exigencia de que su despacho recepcione el cuaderno procesal; ii) Pese a dicha presión, hizo conocer que el proceso se encontraba radicado en el Juzgado de origen y que, para este tipo de remisiones, existía un conducto regular que debía ser observado, razón por la cual, no correspondía un envío directo desde la Sala Penal Segunda al Juzgado de turno; iii) Su actuación se limitó al cumplimiento de las disposiciones administrativas vigentes; por ello, cuestionó la versión de la Sala Penal Segunda en cuanto a que se habrían apersonado oportunamente a ambos Juzgados el 5 de diciembre de 2022; lo cual, no era evidente, pues las gestiones se realizaron fuera del horario establecido para las remisiones; iv) El Auto de Vista 912/2022, fue notificado ese mismo día a horas 10:30, circunstancia que otorgaba a la citada Sala, los días 28, 29 y 30 de noviembre, así como el 1, 2 y 5 de diciembre del indicado año, para efectuar la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado correspondiente; es decir, al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital; v) La falta de remisión oportuna dentro de plazo implicó un incumplimiento de la Circular 19/2022, emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, advirtiendo que la Sala Penal Segunda pretendió, de manera extemporánea, remitir el proceso a ambos Juzgados, pese a que las disposiciones administrativas establecían que todos los procesos con detenidos debían ser remitidos hasta el 5 de diciembre de 2022; y, vi) No obstante esas irregularidades, su Juzgado procedió a recepcionar el cuaderno de control jurisdiccional al encontrarse de turno, permitiendo restablecer el control jurisdiccional del proceso; puesto que, la remisión tardía respondió a negligencia, omisión e irresponsabilidad atribuibles a la Auxiliatura de la Sala Penal Segunda encargada de dicha función. José Miguel Verástegui Nogales, Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de 5 de diciembre de 2022, cursante a fs. 21, señaló que: a) En la “fecha” remitió el cuaderno de apelación al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; sin embargo, el cuaderno procesal no fue recepcionado por el personal de apoyo jurisdiccional, bajo el argumento que se encontraban fuera de horario, extremo que no era evidente y podía ser corroborado mediante las cámaras de seguridad del Órgano Judicial; y, b) El proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, cuenta con el Auto de Vista correspondiente y se trataba de una causa con persona retenida o detenida; sin embargo de ello, conforme las impresiones fotográficas adjuntas, los nombrados se negaron admitir el expediente; situación por la cual, remitió la causa al Juzgado de turno.
El Juez de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 16/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 27 a 29 vta., concedió la tutela con relación a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, disponiendo, la remisión de antecedentes por incumplimiento de funciones con relación a dicho funcionario y contra la Auxiliar de la mencionada Sala Penal, asimismo, se eleve una copia de la Resolución emitida con la finalidad que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del referido departamento -de turno durante la vacación judicial-, de cumplimiento al Auto de Vista 912/2022, pronunciado por la referida Sala Penal; y, denegó la tutela solicitada con relación a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la citada Sala Penal; Fabiola Turpo Mamani; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretarias del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto y Quinto, respectivamente, todos del departamento de La Paz. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) A partir del análisis de los fundamentos expuestos por la defensa, los informes presentados por las autoridades y funcionarios judiciales demandados, así como de los elementos probatorios cursantes en obrados, concluyó que el Auto de Vista 912/2022, emitido por la Sala Penal Segunda, dejó sin efecto la Resolución 250/2022, disponiendo que la autoridad jurisdiccional de origen señale nueva audiencia y emita una nueva resolución sobre la situación jurídica del imputado. No obstante, determinó que dicha orden no fue cumplida oportunamente, pues entre la emisión del Auto de Vista y el plazo máximo para la remisión de procesos a los juzgados de turno, esto es, hasta el 5 de diciembre de 2022, transcurrieron seis días sin que el Secretario y el Auxiliar de la Sala Penal Segunda, hubieran efectuado la devolución del legajo de apelación, evidenciando una actuación omisiva; 2) Concluyó que, conforme a los informes y pruebas presentadas por las Secretarias codemandadas de los Juzgados de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto y Quinto de la citada Capital y departamento, recién en fecha posterior -y bajo presión del Consejo de la Magistratura- se logró la recepción del legajo de apelación, configurándose una dilación indebida en la devolución del expediente, atribuible al personal de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal Segunda; 3) La SCP 0013/2018-S2, relativa a la remisión de recursos de apelación incidental en casos de personas privadas de libertad, razonó que el art. 251 del CPP, establece un plazo de veinticuatro horas para la remisión de antecedentes, susceptible de flexibilización excepcional hasta un máximo razonable de tres días, criterio que -según sostuvo- también es exigible al personal de apoyo jurisdiccional de los tribunales de alzada; y, 4) Desde la emisión del Auto de Vista hasta el 5 de diciembre de 2022, transcurrieron seis días, y a la fecha de la devolución efectiva del expediente, pasaron trece días, dejando dicha situación al accionante en un estado de indefensión al impedirle contar con control jurisdiccional efectivo sobre su situación jurídica. Por memorial de solicitud de complementación y enmienda presentado el 22 de diciembre de 2022, cursante a fs. 50 y vta., por Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al Juez de garantías, impetró: i) Se explique por qué en la Resolución principal se tomó en cuenta los informes y pruebas remitidas por las Secretarias codemandadas, empero, que se haya llegado a establecer que recién el día de “ayer” su persona y el Auxilar de su Sala, en compañía de un funcionario del Consejo de la Magistratura, ordenaron y presionaron para la recepción del legajo de apelación, incurriendo en dilación en la devolución del mismo, empero, no se hubiera valorado ni respondido de manera expresa a los informes presentados por su persona, los cuales tienen la misma fuerza de ley; ii) Aclare el motivo de no considerar su informe, respecto a que por un trámite administrativo de remisión de la causa no se podría negar tener un juzgado de control jurisdiccional; iii) Requirió se complemente el fallo emitido, respecto a la imposición de medidas coercitivas al personal de apoyo jurisdiccional de su Sala, pese a haberse determinado que la causa fue remitida tanto al Juzgado de origen como al de turno, extremo que habría sido verificado mediante intervención del Consejo de la Magistratura, adjuntando acta de inspección; y, iv) Del mismo modo, solicitó enmienda respecto a la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, citando la SCP 0047/2021 de 26 de noviembre, como precedente análogo, y pidió pronunciamiento sobre presuntas irregularidades cometidas por las funcionarias de apoyo judicial de los Juzgados de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto y Quinto en la recepción del cuaderno de control jurisdiccional. En sustanciación y resolución, por Auto de 23 de diciembre de 2022, cursante a fs. 51 y vta., el Juez de garantías, declaró haber lugar en parte a la solicitud de complementación y enmienda de la Resolución emitida, disponiendo expresamente la no remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, bajo el fundamento de que, conforme al acta de inspección ocular de 14 de diciembre de 2022, la Unidad de Transparencia Institucional del Consejo de la Magistratura, ya tenía conocimiento de los hechos denunciados, correspondiendo a dicha instancia adoptar las medidas que estime pertinentes; asimismo, determinó no haber lugar, respecto a los demás extremos planteados, al considerar que éstos resultaban claros y precisos en la Resolución original, manteniéndose en consecuencia firme y subsistente la misma en todos sus demás alcances.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, mediante Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dispuso dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 250/2022 de 10 de noviembre, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del mismo departamento, disponiendo señale audiencia, dándose cumplimiento a la remisión del legajo de apelación al Juzgado de origen el 14 de diciembre de igual año a horas 15:51 (fs. 23). II.2. Consta comunicado del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de la Capital del departamento de La Paz -con cargo de recepción de 30 de noviembre de 2022 de su homólogo Cuarto-; por el que, refiere, entre otros puntos que la recepción de procesos -se entiende en su condición de Juzgado de turno durante la vacación judicial- únicamente sería el 5 de diciembre del citado año de 12:30 a 16:30 (fs. 15 a 16). II.3. Mediante Informe de 9 de diciembre de 2022, el Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, puso en conocimiento del Secretario de dicha Sala, la negativa de los Juzgados de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto y Quinto de la Capital del referido departamento, a recepcionar el 5 y 6 de ese mes y año, la documental referida al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Wilder Alcón Tórrez (fs. 19). II.4. Cursa Nota de diciembre de 2022, a través del cual el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandado-, remitió al Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de turno, legajo de apelación a “fs. 129”, referido al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Wilder Alcón Tórrez, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, ello en cumplimiento de la Circular SP-TDJ-LP 19/2022 de 29 de noviembre (fs. 13). II.5. Consta cargo de recepción de la Nota descrita ut supra, de 14 de diciembre de 2022, por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, así también providencia de la Secretaria Abogada de dicho Juzgado, providenciando se remita el legajo de apelación al Juzgado de turno, en cumplimiento a la Circular 19/2022, además señaló en dicho decreto que el mismo fue recibido debido a la presión del Secretario de la Sala Penal, así como de la funcionaria del Consejo de la Magistratura (fs. 13 y vta.). II.6. Mediante Nota Cite 383/2022 de 14 de diciembre, la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, remitió obrados a su similar Quinto -Juzgado de turno durante la vacación judicial colectiva-, referentes al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Wilder Alcón Torrez; documental que fue recepcionada en dicha instancia el 15 de diciembre de 2022, a horas 08:30 (fs. 14 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso; y, al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como de los principios de seguridad jurídica y de celeridad, señalando que, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en grado de apelación de medidas cautelares, por Auto de Vista 912/2022, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dejó sin efecto la Resolución apelada, ordenando que el Juzgado de origen renueve la consideración de su situación jurídica en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, transcurridos diecinueve días, tanto la Secretaria Abogada del Juzgado de origen ni el de turno por la vacación judicial, recepcionaron su proceso, tampoco asumieron conocimiento del mismo, colocándolo en estado de indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Constitución Política del Estado, reconoce la inviolabilidad del derecho a la libertad dentro del catálogo de los derechos civiles y políticos; lo que trae como corolario, la obligación para el Estado de protegerlo por su vital importancia en el desarrollo de la personalidad; y al ser un valor inspirador del orden social y jurídico sirve de sustento a la construcción y vigencia del modelo de Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional.
Una de las dimensiones en las que se manifiesta este derecho, es la libertad física, reconocido en el art. 23 de CPE, que establece:
I. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales (…) III. Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley (…) De estas disposiciones se puede extraer, que el sistema jurídico y político boliviano, instituyó la reserva legal como garantía de este derecho; es decir, que de acuerdo a la voluntad del constituyente, es el legislador quien se halla facultado para limitar el ejercicio del mismo; de igual modo, otorgó a la persona garantías jurisdiccionales para el resguardo de dicho derecho, entre las que se halla la acción de libertad, configurada como un mecanismo de defensa para lograr su protección, en caso de ser restringido u amenazado de restricción; así lo establece el art. 125 de la CPE:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Ahora bien, a partir de la clasificación del entonces hábeas corpus -ahora acción de libertad-, desarrollada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre y la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se hizo alusión al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden). Bajo ese razonamiento, toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración que realice el juez del acervo normativo que se produzca, conforme a la normativa legal; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
La sistematización precedentemente glosada fue desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0032/2019-S2 de 25 de marzo, entre otras.
En cuanto al principio de celeridad, el art. 178.I de la CPE, dispone que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respecto a los derechos”; asimismo, el art. 180.I de la CPE, expresa que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”, ambos artículos se encuentran relacionados a lo establecido en el art. 115.II de la misma Norma Suprema al señalar que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas nos corresponden). Complementando lo señalado, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, razonó que la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos, ratificado dicho entendimiento en la SC 0023/2013 de 4 de enero. Posteriormente, la SC 0953/2015-S3 de 6 de octubre, respecto a la aplicación del principio de celeridad en trámites judiciales, alegó que la celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia obliga a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma, en ese sentido el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial, determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Asimismo, el citado principio como elemento del debido proceso se encuentra además interrelacionado con otros principios, derecho y garantías. Entendimiento reiterado en la SCP 1156/2016-S3 de 25 de octubre. El precedente constitucional ha sido desarrollado en la SCP 0613/2018-S2 de 8 de octubre.
Respecto al plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen, luego de resolver la apelación, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3. establece que:
…art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). Entendimiento reiterado en la SCP 0589/2019-S2 de 22 de julio.
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea jurisprudencial, en el marco del estándar jurisprudencial más alto, se ha pronunciado sobre los supuestos para la legitimación pasiva, así como de los presupuestos de legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad, con el siguiente desarrollo jurisprudencial: «Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto.
Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril10, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece:
8El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
9El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
10El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…». [las negrillas son añadidas]
En el caso en revisión, el accionante sostiene que, en el marco del proceso penal iniciado en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se dispuso su detención preventiva a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, y posteriormente, ante la interposición de un recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio que definía su situación jurídica, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, en audiencia del 25 de noviembre de 2022, emitió el Auto de Vista 912/2022, dejando sin efecto la resolución apelada y ordenando al Juzgado de origen que renovara la consideración de su situación jurídica en un plazo de veinticuatro horas; no obstante, transcurridos diecinueve días, ni el Juzgado de origen, tampoco el de turno asumieron conocimiento del proceso, motivando que interpusiera la presente acción tutelar, al encontrarse en completo estado de indefensión y vulnerarse su derecho a la libertad personal. Ahora bien, de las Conclusiones expuestas en el presente fallo constitucional que se sustenta en la documental adjunta al expediente en cuestión, se establece que, mediante Auto de Vista 912/2022 de 25 de noviembre, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en grado de apelación incidental de medidas cautelares, resolvió dejar sin efecto el Auto Interlocutorio 250/2022 de 10 de noviembre, relativo al proceso penal seguido contra Wilder Alcón Tórrez -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, ordenando que el Juzgado de Instrucción Anticorrupción de origen renueve la consideración de la situación jurídica del imputado, notificándose dicha Resolución el mismo día al Secretario de la referida Sala Penal -ahora demandado-. Del mismo modo, consta el Informe de 9 de diciembre de 2022; por el cual, el Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, puso en conocimiento del Secretario de la misma, que el 5 del citado mes y año, el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del referido departamento, se negó a recepcionarle el mencionado legajo de apelación, al igual que su similar Quinto -de turno durante la vacación judicial-, señalando que la remisión del expediente correspondía al Juzgado de origen, negativa que se repitió el 6 de diciembre y en días posteriores, provocando una dilación y afectando la tramitación del proceso. El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital, registró la recepción del legajo y, mediante providencia de la Secretaria Abogada, dispuso su remisión al Juzgado de Instrucción Penal de turno, señalando que dicha recepción se efectuó debido a la presión ejercida por la Secretaria de la Sala Penal y por funcionaria del Consejo de la Magistratura. En la misma fecha, mediante Nota Cite 383/2022, la Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital, remitió los obrados al Juzgado de turno -su similar Quinto-, los cuales fueron efectivamente recepcionados el 15 de diciembre de 2022, a horas 08:30.
Ahora bien, resulta necesario señalar que de acuerdo a lo informado, la recepción de procesos en los Juzgados involucrados se encontraba limitada a horarios específicos y, pese a las gestiones efectuadas por el Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tanto telefónicas como presenciales, las Secretarias y Auxiliares de los Juzgados de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto y Quinto de la Capital, se negaron reiteradamente a recepcionar el legajo, generando dilación en el cumplimiento del Auto de Vista; y consecuentemente afectando directamente en el efectivo control jurisdiccional de la situación jurídica del imputado. En ese contexto, de manera previa cabe indicar que la legitimación pasiva del personal subalterno del Órgano Judicial, según la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuentan con legitimación pasiva respecto de solicitudes vinculadas con la libertad, cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, se entiende en el marco de las atribuciones conferidas por la normativa en vigencia, especialmente mediante omisiones de carácter administrativo como la falta o tardía remisión de antecedentes, la no elaboración oportuna de cuadernillos de apelación o la negativa injustificada a recepcionar actuados procesales. En el caso concreto, la denuncia constitucional no se circunscribe únicamente al incumplimiento del mandato contenido en el Auto de Vista 912/2022, que dispuso la emisión de un nuevo fallo en el plazo de veinticuatro horas; lo cual, compromete el principio de celeridad procesal y el control jurisdiccional efectivo de la situación jurídica del accionante, sino que se proyecta también a una segunda problemática relevante, consistente en la negativa reiterada del personal de apoyo jurisdiccional -tanto del Juzgado de origen como el de turno- a recepcionar el legajo de apelación incidental y los antecedentes remitidos por la Sala Penal Segunda, pese a las gestiones formales realizadas y a la existencia de una orden jurisdiccional expresa. En tal contexto, si bien la responsabilidad última por la dirección del Juzgado recae en la autoridad jurisdiccional, ello no excluye la responsabilidad individual del personal subalterno por incumplimiento a sus deberes funcionales, extremo que será analizado en la presente problemática constitucional. Es así que, establecida la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, corresponde ingresar analizar lo denunciado.
Con relación a los funcionarios de apoyo judicial de la Sala Penal Ahora bien, conforme al precedente constitucional glosado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el principio de celeridad procesal, como elemento esencial del debido proceso, consiste en el deber de toda autoridad judicial de tramitar y resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, dentro de los plazos legalmente establecidos y sin dilaciones indebidas. En el caso concreto, de los antecedentes se evidencia que el Auto de Vista 912/2022, dispuso expresamente la remisión de actuados al Juzgado de origen a fin de que se emita un nuevo fallo respecto a la situación jurídica del accionante; sin embargo, conforme al informe del Oficial de Diligencias, dicho legajo fue llevado recién el 5 de diciembre de 2022; es decir, diez días después de la emisión de la Resolución de alzada, lapso de tiempo que resulta incompatible con el principio de celeridad y con el carácter urgente que reviste la definición de la situación jurídica de una persona privada de libertad. Si bien el art. 251 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, no establece de manera expresa el plazo para la devolución de los actuados del recurso de apelación incidental al Juzgado de origen; sin embargo, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante dicho vacío legal, que incluso se mantuvo en la modificación señalada, a objeto de no dejar en incertidumbre al imputado, ha establecido que, una vez que el Tribunal de apelación resuelva la apelación incidental dentro del plazo previsto, deberán remitir el expediente, el acta y el Auto de Vista correspondiente al juzgado o tribunal de origen dentro del plazo de veinticuatro horas, razonamiento sustentado en los principios de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso. En ese entendido, al haberse superado ampliamente el plazo máximo de veinticuatro horas fijado por la jurisprudencia constitucional para la remisión de actuados, se configura en un incumplimiento al principio de celeridad, al encontrarse de por medio una persona sometida a detención preventiva, cuya situación jurídica debía ser revisada con carácter inmediato; circunstancia que activa plenamente la procedencia de la acción de libertad en su vertiente traslativa, al evidenciarse una dilación injustificada atribuible a la demora en la devolución y tramitación de los actuados, con incidencia directa en la restricción continuada de la libertad personal del accionante.
En relación al personal de apoyo jurisdiccional de los Juzgados de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto y Quinto de la Capital Conforme dispone el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, para la procedencia de esta acción tutelar, es imprescindible que sea dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida y, en el caso de servidores de apoyo jurisdiccional, éstos tienen legitimación pasiva cuando sus acciones y omisiones emerjan del incumplimiento o la inobservancia de las órdenes impartidas por el superior en grado, así como las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial. En ese marco, de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, así como de los distintos informes y pruebas documentales adjuntas, se evidencia de manera objetiva que el legajo correspondiente a la apelación incidental de medidas cautelares fue recién recepcionado formalmente por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto, el 14 de diciembre de 2022, siendo posteriormente remitido al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto -de turno el 15 del mismo mes y año-; situación que denota una demora considerable en la tramitación de actuados indispensables para la ejecución de lo dispuesto por la autoridad de alzada. No obstante lo anterior, de los informes emitidos por el personal de la Sala Penal Segunda, particularmente del Oficial de Diligencias y del Secretario de la Sala Penal Segunda -hoy también demandado- se desprende que desde el 5 de diciembre de 2022, se realizaron reiteradas gestiones, tanto formales como informales, a efectos que los Juzgados de Instrucción Penal competentes recepcionen el mencionado legajo de apelación, gestiones que fueron sistemáticamente rechazadas por el personal de apoyo judicial de los juzgados involucrados, bajo argumentos tales como la supuesta extemporaneidad en la presentación del expediente, que la remisión debía ser efectuada exclusivamente por el juzgado de origen, o que el ingreso no se encontraba comprendido dentro de los horarios establecidos; razones que, si bien de carácter administrativo burocrático, resultan manifiestamente insuficientes para justificar la paralización de un actuado procesal cuya inmediata tramitación había sido ordenada por la instancia superior. Tales argumentos administrativos, lejos de constituir causas razonables o legítimas de rechazo, evidencian una interpretación formalista de las funciones del personal de apoyo jurisdiccional, que desconoce por completo la finalidad constitucional de las actuaciones procesales y, especialmente, el derecho fundamental del hoy accionante a que se ejerza un control jurisdiccional efectivo y oportuno sobre su situación jurídica, máxime cuando se trata de una persona que se encontraba privada de libertad bajo detención preventiva. En ese entendido, la tardanza aproximada de diez días entre las primeras gestiones realizadas por el personal de la Sala Penal Segunda para la recepción del legajo de apelación -5 de diciembre de 2022- y su efectiva recepción por el Juzgado de turno -15 de diciembre de 2022-, constituye un hecho objetivamente atentatorio contra el derecho del accionante, en tanto lo mantuvo sin control jurisdiccional durante un lapso irrazonable, no por la complejidad del trámite ni por causas atribuibles al propio procesado, sino por razones meramente burocráticas e irrelevantes frente a la gravedad del derecho comprometido. Resulta evidente que el personal de apoyo judicial involucrado omitió priorizar el cumplimiento inmediato de lo ordenado por la Sala Penal Segunda, que había dispuesto un plazo perentorio de veinticuatro horas para la emisión de un nuevo fallo sobre la situación jurídica del accionante, desatendiendo además la circunstancia determinante de que se encontraba restringido en su derecho a la libertad; omisión que configura una clara inobservancia al principio de celeridad procesal y al deber de diligencia que rige la actuación de los servidores judiciales cuando se encuentran comprometidos derechos fundamentales. Finalmente, se constata que hasta la fecha de celebración de la presente acción de libertad no se había emitido el nuevo fallo ordenado por la Sala Penal Segunda, prolongándose de manera injustificada la situación de incertidumbre jurídica del accionante y la restricción de su libertad personal, lo que ratifica que las omisiones y negativas injustificadas del personal judicial no solo generaron una dilación indebida, sino que produjeron una afectación directa al derecho a la libertad, al debido proceso; y, al acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como de los principios de seguridad jurídica y de celeridad del impetrante de tutela, haciendo viable la tutela constitucional solicitada. Respecto a la Vocal demandada En relación a Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -demandada-, de los antecedentes cursantes no se advierte que la mencionada autoridad hubiera incurrido en actos u omisiones generadores de la dilación denunciada, toda vez que, la Sala Penal Segunda, en ejercicio de su atribución jurisdiccional, emitió oportunamente el Auto de Vista 912/2022, disponiendo de manera expresa la remisión de actuados al Juzgado de origen y la emisión de un nuevo fallo en el plazo de veinticuatro horas, acorde a su competencia funcional en el trámite del recurso de apelación incidental. En ese marco, conforme la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, un presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de libertad, es la coincidencia que debe existir entre la autoridad que presuntamente causó la vulneración de derechos y aquella contra quien se dirige la acción; situación, que en el caso de la Vocal demandada, no se cumple, al no evidenciarse que su actuación haya sido la causa directa o indirecta de la dilación que dio lugar a la presente acción de defensa. Consiguientemente, al no haberse acreditado acto ilegal u omisión indebida atribuible a autoridad judicial demandada, y al haber actuado esta autoridad dentro del ámbito de sus competencias jurisdiccionales, permite concluir que la misma carece de legitimación pasiva para ser demandada en este mecanismo constitucional, concerniendo en tal sentido, denegar la tutela impetrada respecto a la misma. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada con relación a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y denegado la tutela con relación a Rosmery Lourdes Pabón, Vocal de la citada Sala Penal; Fabiola Turpo Mamani; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretarias del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto y Quinto, respectivamente del mismo departamento, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2022 de 15 de diciembre, cursante de fs. 27 a 29 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías y conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, únicamente en relación a los funcionarios de apoyo judicial codemandados; Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento; Fabiola Turpo Mamani; y, Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretarias del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto y Quinto, respectivamente del mismo departamento, por la dilación incurrida que incidió de manera directa en la afectación de los derechos a la libertad, al debido proceso, al acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como de los principios de seguridad jurídica y celeridad del accionante; y, 2° DENEGAR la tutela, respecto Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal de la mencionada Sala Penal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El art. 8.II de la CPE, dispone: “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad…”.
2 El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”.
4 “…la eficacia supone el cumplimiento de las disposiciones legales y que los procedimientos logren su finalidad; y la eficiencia, persigue acortar el tiempo de duración de los procesos y obtener una mayor certeza en las resoluciones, de manera que las personas obtengan un oportuno reconocimiento de sus derechos…”
5 “La celeridad se constituye en un elemento integrante del debido proceso, su observancia compele a quienes administran justicia, al deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimiento de los plazos establecidos en la norma y de no existir este dentro de un término razonable con el objetivo de que los trámites judiciales cumplan su finalidad de forma oportuna, en ese sentido, el art. 3.7 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad “comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. En ese entendido, el principio de celeridad como elemento del debido proceso, se encuentra además interrelacionado con otros principios, derechos y garantías; es decir, que ante su inobservancia no solo se afecta el mismo sino también a la garantía del debido proceso, así por ejemplo la demora en dar una respuesta oportuna a los trámites judiciales vulnera los derechos de petición independientemente de que sea resuelta de forma positiva o negativa, de acceso a la justicia como la potestad de la persona para acudir ante la autoridad judicial competente demandando el restablecimiento de sus derechos de forma oportuna y el principio de seguridad jurídica que merecen las partes intervinientes en el proceso, motivos que hacen que sea objeto de protección constitucional”.
6 El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 7El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011- R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0582_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
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