B.IA.LEGAL

SCP 0582/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
52570-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, ante la solicitud de cesación de la detención preventiva: a) El Secretario ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de libertad el 21 de octubre de 2022, no transcribió el Acta de audiencia de 20 de igual mes y año; b) El Auxiliar hoy coaccionado no remitió las notificaciones a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, motivo por la cual no se notificaron a las partes procesales y se suspendió la audiencia de 13 del citado mes y año; y, c) La Coordinadora de la Oficina Gestora ahora coaccionada, no efectuó las notificaciones ordenadas; asimismo, sin base en una instructiva o circular indicó que las diligencias debían ser remitidas con anticipación de cuarenta y ocho horas; por consiguiente, se ocasionó una dilación indebida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad; 2) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; 3) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, 4) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2022 de 21 de octubre, cursante a fs. 25, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad
  2. III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad
  3. III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0582/2025-S1 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52570-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 27/2022 de 21 de octubre, cursante a fs. 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Paz Paz contra Luis Adolfo Castro Chura, Secretario y Víctor Villca Gavincha, Auxiliar ambos del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz; y, Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 21 de octubre de 2022, cursante de fs. 3 a 4 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de robo agravado, previsto y sancionado por el art. 332 del Código Penal (CP), se programó audiencia para el 13 de octubre de 2022, a efectos de considerar la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la misma fue diferida para el 20 de igual mes y año; ya que, no se cumplió con el principio de comunicación procesal; en ese sentido, se dispuso la notificación a las víctimas mediante edictos judiciales y en su domicilio real. Hasta el momento de la interposición de esta acción de libertad el acta de la audiencia de cesación de su detención preventiva no fue transcrita, siendo responsabilidad del Secretario ahora accionado, motivo por el que tampoco se generaron las notificaciones dispuestas; por lo que, se causo un perjuicio en la celebración de la audiencia programada para el 20 de octubre de 2022, -siendo nuevamente suspendida para el 1 de noviembre de igual año-; asimismo, se hizo el seguimiento correspondiente al proceso penal de referencia y el personal dependiente de la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, le indicó que no se recepcionaba ninguna notificación, a menos que sea con anticipación de cuarenta y ocho horas, afirmación que no se basó en una circular o instructivo; por lo que, se ignoró los alcances de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres y las funciones que le fueron conferidas.

I.1.2. Derechos, garantía y principios supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 8, 22, 23, 24, 115.II y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia: a) Se proceda a la notificación de las víctimas dispuesta mediante Acta de 13 de octubre de 2022, sea en el domicilio real y por edictos, -con la finalidad de que se celebre la audiencia- programada para el 1 de noviembre de igual año; y, b) Se remitan antecedentes ante el Consejo de la Magistratura, a efectos de establecer sanciones disciplinarias.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 21 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 24, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, manifestó que decidió retirar la acción de libertad.

I.2.2. Informe del personal de apoyo jurisdiccional accionados

Víctor Villca Gavincha, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 21 de octubre de 2022, cursante a fs. 9, manifestó que: 1) Conforme el decreto de 5 de igual mes y año, se programó audiencia de cesación de la detención preventiva para el 13 del mismo mes y año, en ese sentido, su persona cumplió con la generación de notificaciones a las partes procesales para su remisión a la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento; sin embargo, recibió una representación de Ana Graciela Ortiz Ayala, funcionaria de la señalada Oficina Gestora de Procesos, en la que indicó que el teléfono celular de las víctimas estaría apagado; 2) Dicha audiencia fue suspendida para el 20 del citado mes y año, y se dispuso la notificación a las víctimas en su domicilio real y por edictos; y, 3) Debido a la excesiva carga procesal, el Secretario ahora accionado no labró el acta de la audiencia celebrada el 20 del mismo mes y año; en consecuencia, su persona no pudo generar las notificaciones y remitirlas a la mencionada Oficina Gestora de Procesos, con anticipación de setenta y dos horas; por lo que, el accionante entró en contradicción al no explicar qué omisión o qué “responsabilidades” habría cometido para no efectivizar el cumplimiento de las diligencias; razón por la que pidió “rechazar” la presente acción de libertad. Ana Graciela Ortiz Ayala, Gestora de la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, -a pesar de no ser citada, presentó el correspondiente informe- el 21 de octubre de 2022, cursante a fs. 10 y vta., manifestó que: i) En el proceso penal de referencia, el personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del citado departamento, el 12 de igual mes y año, remitió a la mencionada Oficina Gestora de Procesos, seis notificaciones signadas con los códigos 201102012102881-233, 201102012102881-234, 201102012102881-235, 201102012102881-236, 201102012102881-237 y 201102012102881-238, para notificar con el memorial de 4, decretos de 5 y 7 de igual mes y año; ii) No es cierto que la indicada Oficina Gestora de Procesos no recepcionó ninguna notificación con un anticipo de cuarenta y ocho horas; iii) Las notificaciones remitidas por el personal de apoyo jurisdiccional del referido Juzgado de Sentencia Penal fueron ejecutados; en ese sentido, la suspensión de las audiencias no fueron atribuibles a la citada Oficina Gestora de Procesos; iv) El formulario de notificación signado con el código 201102012102881-234 correspondiente a Abad Beymar Mérida Cuba, señaló como medio de notificación el número de teléfono celular 75813356 el cual se encontraba apagado y no contaba con la aplicación de WhatsApp; asimismo, no señaló un domicilio real o la notificación por edictos; v) El formulario de notificación signado con el código 201102012102881-236, perteneciente a Sdenka Rossio Ortuño Flores, señaló como número de teléfono celular el 72301717 para notificar; sin embargo, quien contestó la llamada fue otra persona que indicó que desconocía a la nombrada; tampoco se fijó un domicilio real o la notificación por edictos; y, vi) Los formularios de notificación signados con los códigos 201102012102881-233, 20110201220288-237 y 201102012102881-238 fueron diligenciados vía WhatsApp. Luis Adolfo Castro Chura, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 8.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 27/2022 de 21 de octubre, cursante a fs. 25, denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que ante el retiro de la acción de libertad planteada no se produjo un pronunciamiento de fondo sobre la misma.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2022, ante el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, José Luis Paz Paz -ahora accionante-, solicitó se señale día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 11 y vta.), mereciendo en respuesta el decreto de 5 de igual mes y año; por el que, se fijó audiencia para el 13 de dicho mes y año, ordenándose que se notifique a las partes procesales conforme a procedimiento (fs. 12). II.2. A través del decreto de 7 de octubre de 2022, emitido por el Juez de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, conminó por última vez al Fiscal de Materia a efectos de que proporcione con exactitud el domicilio real de la parte denunciante y/o víctima Sdenka Rossio Ortuño Flores, adjuntando el croquis de ubicación y datos de referencia, sea en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación, bajo alternativa de oficiarse al Fiscal Departamental de La Paz (fs. 12 vta.). II.3. Cursa constancia de notificaciones generadas de 12 de octubre de 2022, por el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, signados con los códigos 201102012102881-233, 201102012102881-234, 201102012102881-235, 201102012102881-236, 201102012102881-237 y 201102012102881-238, que fue recepcionado en la misma fecha por la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento (fs. 13). II.4. Constan diligencias de notificaciones de 12 de octubre de 2022, efectuadas vía WhatsApp, con el memorial de 4, decretos de 5 y 7 de igual mes y año, a las siguientes personas: Edgar Luis Rojas Laura, Fiscal de Materia, al accionante y a su abogado (fs. 14 y 18 a 19); asimismo, respecto a las notificaciones de Marianela Reyes Bonifaz, Sdenka Rossio Ortuño Flores, Abad Beymar Mérida Cuba -victimas- y Ana Graciela Ortiz Ayala, Gestora de la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, realizó las respectivas representaciones en la misma fecha, señalando que los nombrados, tenían el teléfono celular apagado, que no contaban con la aplicación de WhatsApp y que el número de celular correspondía a una persona diferente; por lo que, no se lograron realizar las respectivas diligencias. Dichas representaciones fueron recibidas el 13 de octubre de 2022, por Víctor Villca Gavincha, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del referido departamento -ahora coaccionado- (fs. 15 a 17 vta.).

II.5. Por Instructivo 02/2021 P-TDJLP de 14 de enero, el entonces Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instruyó al personal de apoyo jurisdiccional de los tribunales de sentencia penal, juzgados de sentencia penal del citado Tribunal Departamental, entre otros, a que: “2. En el caso de remisiones de notificación para audiencias (físicas o virtuales) estas deberán ser presentadas a la Oficina Gestora con un plazo mínimo de dos días de anticipación y hasta las 12:00, salvo las que por su naturaleza (acciones de libertad, aprehendidos, cesaciones, modificación o revocatoria de medidas con persona detenida, salidas alternativas con persona detenida, etc.) merezcan un tratamiento especial o prioritario (excepto en juzgados de provincia) las cuales deberán ser remitidas con un plazo prudencial y en horarios laborales” (sic [fs. 20 a 21]). II.6. Mediante Instructivo TDJ-OGP 04/2022 de 9 de junio, emitido por el Encargado Departamental a.i. de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dirigido a los Coordinadores y Gestores de la indicada Oficina Gestora de Procesos, respecto a las notificaciones en el domicilio real con el señalamiento de audiencias, en el punto 1.4. estableció que: “El horario de remisión de notificaciones del día entre OGP’S, será hasta las 15:30 de cada día, mismas que por lealtad entre coordinadores, deberán ser con un mínimo de 2 días de anticipación en el caso de notificaciones a domicilio real con audiencias” (sic [fs. 22 a 23]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, ante la solicitud de cesación de la detención preventiva: a) El Secretario ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de libertad el 21 de octubre de 2022, no transcribió el Acta de audiencia de 20 de igual mes y año; b) El Auxiliar hoy coaccionado no remitió las notificaciones a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, motivo por la cual no se notificaron a las partes procesales y se suspendió la audiencia de 13 del citado mes y año; y, c) La Coordinadora de la Oficina Gestora ahora coaccionada, no efectuó las notificaciones ordenadas; asimismo, sin base en una instructiva o circular indicó que las diligencias debían ser remitidas con anticipación de cuarenta y ocho horas; por consiguiente, se ocasionó una dilación indebida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad; 2) De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad; 3) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1. La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad

La SCP 0025/2019-S2 de 25 de marzo, establece que: “La oportunidad procesal para el retiro y/o desistimiento de la acción de libertad, tuvo diferentes entendimientos jurisprudenciales; sin embargo, a partir de la SCP 0103/2012 de 23 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2 se establece que los mismos, únicamente pueden ser presentados hasta antes del señalamiento de día y hora de la audiencia pública, por las siguientes razones jurídicas: a) De orden procesal. Existe mandato constitucional expreso respecto al procedimiento al que debe sujetarse el juez o tribunal de garantías. Tiene el deber de señalar de inmediato día y hora de la audiencia pública, la que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas de interpuesta la acción (art. 126.I de la CPE), y -después de cumplidas las formalidades procesales- ésta (la audiencia pública) no puede suspenderse en ningún caso (art. 126.II de la CPE), por lo mismo, tiene la obligación de dictar sentencia en el fondo, incluso bajo responsabilidad (art. 126.III de la CPE), último aspecto que el legislador constituyente ha decidido incidir -a diferencia de la Constitución abrogada-. b) De orden sustantivo. La Norma fundamental, establece y regula el procedimiento antes mencionado con mandatos expresos al juez o tribunal de garantías incluso bajo responsabilidad no como un fin en sí mismo, sino en razón a que la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada. La citada SCP 0103/2012, entiende que pese a que una persona desista o retire su demanda de acción de libertad después del señalamiento de día y hora de audiencia pública, de todas formas debe resolverse la misma, en razón a que el acceso a la justicia constitucional a través de esta acción de defensa, busca además de resguardar los derechos subjetivos de las personas, evitar la reiteración de omisiones o conductas que lesionen los bienes constitucionales protegidos dentro del ámbito de su protección, como son la vida, la integridad física, la libertad personal o de locomoción, o situaciones que constituyan persecución o procesamiento ilegales o indebidos; es decir, el resguardo a la dimensión objetiva de los derechos en el marco de las obligaciones del Estado” (las negrillas son nuestras).

III.2. De la legitimación pasiva de los funcionarios de apoyo jurisdiccional en acciones de libertad

La SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, señala que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La SCP 0633/2019-S2 de 1 de agosto, establece que: “…la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad; más aún cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el juez o tribunal de garantías y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante”.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, ante la solicitud de cesación de la detención preventiva: a) El Secretario ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de libertad el 21 de octubre de 2022, no transcribió el Acta de audiencia de 20 de igual mes y año; b) El Auxiliar hoy coaccionado no remitió las notificaciones a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, motivo por la cual no se notificaron a las partes procesales y se suspendió la audiencia de 13 del citado mes y año; y, c) La Coordinadora de la Oficina Gestora ahora coaccionada, no efectuó las notificaciones ordenadas; asimismo, sin base en una instructiva o circular indicó que las diligencias debían ser remitidas con anticipación de cuarenta y ocho horas; por consiguiente, se ocasionó una dilación indebida. Con carácter previo a ingresar al análisis de la problemática planteada, es necesario aclarar que de conformidad con el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la oportunidad para presentar el retiro o desistimiento de la acción de libertad es hasta antes del señalamiento de día y hora de audiencia, en ese sentido de antecedentes se tiene que el accionante a través de su abogado en el desarrollo de la audiencia de consideración de esta acción de libertad retiró la acción de libertad que planteó, sin dar mayor explicación o motivos; por consiguiente, no resulta viable tal pretensión; ya que, su solicitud fue formulada de manera inoportuna, por tal razón es que esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra en la facultad de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada y consiguiente verificación de lo denunciado por el accionante. Efectuada dicha aclaración, de antecedentes que cursan en obrados se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de robo agravado, mediante memorial presentado el 4 de octubre de 2022, ante el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz, el accionante solicitó se señale día y hora de audiencia de cesación de su detención preventiva; mereciendo en respuesta el decreto de 5 de igual mes y año; por el que, se señaló audiencia para el 13 de dicho mes y año, ordenándose que se notifique a las partes procesales conforme a procedimiento (Conclusión II.1.). Asimismo, a través del decreto de 7 de octubre de 2022, emitido por el Juez del mencionado Juzgado de Sentencia Penal, conminó por última vez al Fiscal de Materia a efectos de que proporcione con exactitud el domicilio real de la parte denunciante y/o víctima Sdenka Rossio Ortuño Flores, adjuntando el croquis de ubicación y datos de referencia, sea en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación, bajo alternativa de oficiarse al Fiscal Departamental del referido departamento (Conclusión II.2.). Ahora bien, bajo el marco de esos antecedentes se tiene que el accionante identificó a los funcionarios de apoyo jurisdiccional como responsables de la vulneración de sus derechos; en ese sentido, es necesario aclarar que de conformidad con la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, los citados funcionarios adquieren legitimación pasiva en las acciones de libertad cuando la vulneración de derechos emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones que les fueron encomendadas; Por lo que, a continuación, se analizará el actuar del Secretario y Auxiliar ahora accionados, al igual que la Coordinadora de la Oficina Gestora hoy coaccionada, a efecto de determinar si se activó o no su legitimación pasiva. Con relación a Luis Adolfo Castro Chura, Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz De lo manifestado por el accionante en el memorial de esta acción de libertad se tiene que denunció que el Secretario ahora accionado, hasta la interposición de esta acción de defensa el 21 de octubre de 2022, no transcribió el acta de audiencia de 20 de igual mes y año, extremo que fue reiterado por el Auxiliar hoy coaccionado en el informe presentado el 21 de dicho mes y año; sin embargo, todo lo señalado no fue refutado por el referido Secretario, al no presentar informe alguno ni asistido a la audiencia de consideración de la acción de libertad, no obstante a ser su obligación como servidor público; corresponde aplicar el entendimiento citado en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo constitucional respecto a la presunción de veracidad de los hechos denunciados por el accionante. Ahora bien, de conformidad con lo previsto por el art. 94.4 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), una de las obligaciones de los secretarios de los juzgados o tribunales es labrar las actas de audiencias; sin embargo, no se especifica el plazo para tal efecto; por lo que, al evidenciarse que desde la audiencia de 20 de octubre de 2022, hasta la interposición de esta acción de libertad de 21 de igual mes y año, no transcurrieron más de veinticuatro horas; por lo que, se entiende que el Secretario ahora accionado no incurrió en ninguna dilación que podría conllevar a una vulneración de derechos; asimismo, no incumplió o inobservó sus obligaciones, razón por la cual no se activó su legitimación pasiva, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada respecto al referido Secretario. En cuanto a Víctor Villca Gavincha, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de la Capital del departamento de La Paz El accionante, mediante esta acción de libertad denunció que el Auxiliar hoy coaccionado no remitió las notificaciones a la Oficina Gestora de Procesos, motivo por el que no se notificaron a las partes procesales y se suspendió la audiencia de 13 de octubre de 2022; en ese sentido, de antecedentes se tiene que el indicado funcionario de apoyo jurisdiccional generó las notificaciones el 12 de igual mes y año, signados con los códigos 201102012102881-233, 201102012102881-234, 201102012102881-235, 201102012102881-236, 201102012102881-237 y 201102012102881-238; asimismo, esas notificaciones fueron recepcionadas en la misma fecha en la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (Conclusión II.2.), de donde se concluye que el Auxiliar hoy coaccionado cumplió con su obligación de generar las diligencias de notificación y remitirlas a la citada Oficina Gestora de Procesos; por consiguiente, igualmente no se activó su legitimación pasiva, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada en cuanto al referido Auxiliar. Respecto a la Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En el presente caso el accionante denunció que la Coordinadora de la Oficina Gestora hoy coaccionada, no efectuó las notificaciones ordenadas; asimismo, indicó que las diligencias debían ser remitidas con una anticipación de cuarenta y ocho horas; en consecuencia, se ocasionó una dilación indebida. En ese sentido, de antecedentes se tiene que constan diligencias de notificación de 12 de octubre de 2022, efectuadas vía WhatsApp, con el memorial de 4, decretos de 5 y 7 de igual mes y año, a las siguientes personas: Edgar Luis Rojas Laura, Fiscal de Materia, al accionante y a su abogado; asimismo, respecto a las notificaciones de Marianela Reyes Bonifaz, Sdenka Rossio Ortuño Flores y Abad Beymar Mérida Cuba, la Gestora realizó las respectivas representaciones en la misma fecha, señalando que los nombrados, tenían el teléfono celular apagado, que no contaban con la aplicación de WhatsApp y que el número de celular correspondía a una persona diferente; por lo que, no se lograron realizar las respectivas diligencias. Dichas representaciones fueron recibidas el 13 de igual mes y año, por el Auxiliar hoy coaccionado (Conclusión II.4.). Ahora bien, respecto a que la Gestora ahora coaccionada, sin base en una instructiva o circular indicó que las diligencias debían ser remitidas con una anticipación de cuarenta y ocho horas, de antecedentes se tiene que por Instructivo 02/2021 P-TDJLP, el entonces Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, instruyó al personal de apoyo jurisdiccional que tribunales de sentencia penal, juzgados de sentencia penal del referido Tribunal Departamental, entre otros, a que: “2. En el caso de remisiones de notificación para audiencias (físicas o virtuales) estas deberán ser presentadas a la Oficina Gestora con un plazo mínimo de dos días de anticipación y hasta las 12:00, salvo las que por su naturaleza (acciones de libertad, aprehendidos, cesaciones, modificación o revocatoria de medidas con persona detenida, salidas alternativas con persona detenida, etc.) merezcan un tratamiento especial o prioritario (excepto en juzgados de provincia) las cuales deberán ser remitidas con un plazo prudencial y en horarios laborales” (sic [Conclusión II.5.]). Asimismo, mediante Instructivo TDJ-OGP 04/2022, emitido por el Encargado Departamental a.i. de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dirigido a los Coordinadores y Gestores de la indicada Oficina Gestora de Procesos, respecto a las notificaciones en el domicilio real con el señalamiento de audiencias, en el punto 1.4. establece que: “El horario de remisión de notificaciones del día entre OGP’S, será hasta las 15:30 de cada día, mismas que por lealtad entre coordinadores, deberán ser con un mínimo de 2 días de anticipación en el caso de notificaciones a domicilio real con audiencias” (sic [Conclusión II.6.]). En consecuencia, se concluye que la Coordinadora de la Oficina Gestora ahora coaccionada cumplió con su obligación de ejecutar las diligencias remitidas por el Auxiliar hoy coaccionado; asimismo, actuó en observancia a lo ordenado mediante los Instructivos 02/2021 P-TDJLP y TDJ-OGP 04/2022; por lo que, tampoco se activa la legitimación pasiva respecto a ella, correspondiendo en consecuencia igualmente denegar la tutela solicitada. Finalmente, se aclara que la suspensión de la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva del accionante, se atribuye a factores externos a los funcionarios de apoyo jurisdiccional ahora accionados; razón por la cual los nombrados no incurrieron en la vulneración de derechos hoy denunciados en la presente acción de libertad; asimismo, se advierte que la notificación en el domicilio real de las víctimas dependerá del Fiscal de Materia; ya que, se conminó a que proporcione con exactitud el dato en cuanto al domicilio real de las mismas, adjuntando el croquis de ubicación; en ese sentido, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2022 de 21 de octubre, cursante a fs. 25, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0582_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): d9c7cbc43badb2e40e55961a37b2e8dfda3c07251f7d6bdedc8ca4165877851f

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