B.IA.LEGAL

SCP 0582/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
20 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52101-2022-105-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia; y, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, toda vez que, el Juez ahora demandado, en lugar de promover el trámite procesal correspondiente a la demanda de resolución inmediata de demanda de disminución de asistencia familiar, conforme prevé el art. 415.VI del CFPF, emitió Proveído de 29 de julio de 2022, disponiendo de forma errónea que el SEDEGES El Alto y Provincias, elabore previamente estudio biopsicosocial inherente al núcleo familiar del menor beneficiario, siendo que únicamente correspondía verificar si la misma cumplía o no con lo previsto en el art. 259 de la citada norma; pues, el trámite de tal proceso no debe estar sujeto a ningún estudio previo, decisión impugnada mediante recurso de reposición, el cual fue resuelto por Auto Interlocutorio de 4 de agosto de igual año, declarando no ha lugar a su pretensión y confirmando plenamente lo dispuesto en el referido Proveído. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes y el resguardo del interés superior del niño; 2) Sobre el procedimiento para el incremento de asistencia familiar y los medios de impugnación existentes; y, 3) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 185/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 261 a 264, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los sustentos de la presente Resolución.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes y el resguardo del interés superior del niño
  2. III.2. Sobre el procedimiento para el incremento de asistencia familiar y los medios de impugnación existentes
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0582/2024-S1 Sucre, 20 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 52101-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 185/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 261 a 264, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Limbert Manuel Orozco Carvajal contra Erwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez Público Civil y Comercial, de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 27 de septiembre de 2022, cursante de fs. 230 a 235, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro el proceso de asistencia familiar seguido en su contra por Carla Nena Mamani Gutiérrez, se emitió la Resolución 117/2022 de 15 de marzo, mediante la cual el Juez Público Civil y Comercial, de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz -ahora demandado-, dispuso que su persona debe otorgar a favor de su hijo menor una asistencia familiar equivalente al 10% de su ingreso mensual (total ganado); sin embargo, al haber disminuido su capacidad económica interpuso el 7 de julio de igual año, demanda de disminución de asistencia familiar, que fue observada mediante providencia de igual fecha. Posteriormente, el 12 del mismo mes y año, procedió a subsanar las observaciones; empero, por proveído de similar fecha, nuevamente fue objeto de observación. En ese entendido, por memorial de 13 de julio de 2022 subsanó dichas observaciones y pidió la admisión de su demanda; sin embargo, mediante Auto Definitivo 313/2022 de 14 de igual mes y año, la autoridad jurisdiccional -ahora demandada-, dispuso declarar por no presentada su demanda; por consiguiente, al no haber nacido a la vida jurídica su primera demanda de reducción de asistencia familiar, una vez más el 29 del precitado mes y año, solicitó en la “VIA DE RESOLUCIÓN INMEDIATA DEMANDA DE DISMINUCIÓN DE ASISTENCIA FAMILIAR” (sic); sin embargo, la autoridad demandada más allá de imprimir el trámite procesal correspondiente y dirimir a través de una sentencia si es o no procedente dicha reducción de asistencia familiar, respondió a través de un proveído de igual data, ordenando al Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES” El Alto y Provincias, para que el equipo técnico multidisciplinario proceda a la elaboración de un ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL; ante esta determinación, el 4 de agosto del señalado año, interpuso recurso de reposición, que mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, dispuso no ha lugar a reposición alguna. Por lo referido, resulta hasta contradictorio que la autoridad ahora demandada, disponga un estudio psicosocial, cuando lo que corresponde es verificar si cumple o no con lo previsto en el art. 259 del Código de las Familias y el Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, es así que ante la negativa de conocer y resolver su demanda, se estaría impidiendo su derecho de interponer la misma, siendo que de acuerdo al art. 415.VI del citado Código, está determinado claramente que: “La petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, se sustanciará conforme a procedimiento de resolución inmediata…”; por ende, de acuerdo a dicha disposición normativa no se encuentra establecido que el trámite de reducción de asistencia familiar deba estar sujeto a un estudio biopsicosocial previo.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia; y, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, citando al efecto el art. 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se anule y deje sin efecto el proveído de 29 de julio de 2022, emitida por el Juez ahora demandado; b) Se anule y deje sin efecto el proveído de 4 de agosto de igual año, dispuesto por la autoridad jurisdiccional demandada; y, c) Se ordene al Juez Público Civil y Comercial, de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz hoy demandado-, tramite y resuelva la demanda de disminución de asistencia familiar interpuesta.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de octubre de 2022, según consta en acta de fs. 258 a 260 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela a través de su abogada, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que el rechazo del recurso de reposición efectuado por la autoridad jurisdiccional demandada a través de la providencia de 4 de agosto de 2022, se constituye en un acto vulneratorio de los derechos de acceso a la justicia y el debido proceso; motivo por el cual, en la vía de reparación solicita se conceda la tutela.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Erwin Rodolfo Ponce Serrano, Juez Público Civil y Comercial, de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 256 y vta., señaló: 1) La Resolución 117/2022 de 15 de marzo emitida por su autoridad, se determinó que Limbert Manuel Orozco Carvajal -ahora accionante-, pase la asistencia familiar mensual del 10% de su ingresos percibidos, que luego de transcurridos escasos cuatro meses el precitado obligado interpone su demanda nueva de “Disminución de Asistencia Familiar” (sic), sometiéndose voluntariamente, en la vía de Resolución inmediata con la interposición de esa su demanda nueva de reducción de asistencia familiar, donde precisamente aún de encontrarse prevista la asistencia familiar porcentualmente para que se evite pérdidas de tiempo y recursos, se pretendía la modificación al monto mínimo de Bs450.- (cuatrocientos cincuenta bolivianos); empero exponiendo dudas y contradicciones como variantes con todos los datos integralmente conocidos del proceso, inobservándose al efecto por las incoherencias colegidas, extremos como el domicilio o residencia habitual real del ahora demandante, relacionando con su implícita situación socio-económica; 2) Ante las diferentes contradicciones y variantes con los datos del proceso referidos en todo su contenido desde la etapa inicial para la fijación de la asistencia familiar, para mejor proveer ordenó al SEDEGES de El Alto y Provincias, para que por el Equipo Técnico Multidisciplinario de su dependencia, se proceda a la elaboración de un estudio biopsicosocial actualizado e inherente al núcleo familiar del niño beneficiario; ante lo cual el ahora demandante de tutela interpuso recurso de reposición sin alternativa de apelación, que inmediatamente fue resuelto por Auto de 4 de agosto de 2022, de lo que se infiere que no existe ningún rechazo a su demanda ni menos se le estaría negando su acceso a la justicia, porque la mera providencia de 29 de julio del citado año, muestra que su demanda sujeta a proceso de resolución inmediata está en curso; 3) Sobre los supuestos actos vulnerarios que se hacen referencia en la presente acción de defensa, como ser el acceso a la justicia y el debido proceso, bajo ninguna circunstancia estarían siendo lesionados o restringidos; toda vez que, al haberse ordenado la elaboración del estudio bio-psicosocial, más por el contrario se estaría optimizando tiempos y medios para la resolución del caso; y, 4) Respecto al principio de subsidiaridad, siendo que el accionante entiende que el decreto de 29 de julio de 2022, implicaría para él una “resolución definitiva”, que le niega el acceso a la justicia y a un debido proceso, después de haber impugnado con su recurso de reposición, por qué no planteó su recurso de apelación, para establecer si el Tribunal Departamental de Justicia de dicho departamento admitía la procedencia de la misma. Por lo referido, solicita que la acción tutelar sea denegada.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Carla Nena Mamani Gutiérrez, presentó memorial escrito el 19 de octubre de 2022, cursante de fs. 250 a 252, y en audiencia señaló que: i) Limbert Manuel Orozco Carvajal -ahora accionante-, en ningún momento ha oblado ni cancelado ningún monto de dinero ni en especie en favor de su hijo menor, incumpliendo así con la obligación que tienen los padres de cubrir con las necesidades elementales de sus hijos; ii) En el presente caso, la asistencia familiar se fijó de manera porcentual, que se reajusta automáticamente de acuerdo a las variaciones del monto de los sueldos, salarios o rentas de las personas obligadas; y, iii) El precitado impetrante de tutela, planteó demanda de disminución de asistencia familiar, manifestando que el Juez de la causa no se pronunció conforme a procedimiento y que el mismo habría dispuesto la elaboración de un estudio biopsicosocial, por lo que solo se limitó a presentar recurso de reposición, sin plantear otros recursos como ser una apelación o compulsa, ni mucho menos solicitar que la autoridad jurisdiccional justifique, explique, fundamente o motive la referida disposición; de donde se infiere que el peticionante de tutela no agotó la vía ordinaria; es decir, no cumplió con los mandatos procesales sobre la subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; por lo que solicita se deniegue la tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 185/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 261 a 264, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional se traduce en una acción de defensa jurisdiccional, sumarísima, de carácter extraordinario, que tiene lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley; asimismo, se constituye en una de las acciones de defensa más amplias en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos rigiendo para su interposición los principios de inmediatez y subsidiariedad; b) La Sala Constitucional debe remitirse a los antecedentes que han sido adjuntos por las partes, es así que en la parte relevante el demandante de tutela expone que se debe considerar que de acuerdo a los lineamientos del Código de las Familias y el Proceso Familiar, la manutención de sus hijas corresponden a ambos progenitores, por ende, no es previsible que se exija solo a su persona asuma todas las obligaciones, ya que la demandante es de profesión abogada y también cuenta con capacidad económica para cubrir de forma equitativa las necesidades del beneficiario; c) Conforme se tiene de antecedentes, el accionante interpuso recurso de reposición contra el proveído de 29 de julio de 2022, habiendo sido resuelto por Auto de 4 de agosto de igual año, mediante el cual la autoridad hoy demandada ha rechazado dicho recurso; en tal sentido, el impetrante de tutela entiende que estos dos actos restringen sus derechos, pues la autoridad demandada no se pronunció respecto a la admisión o no de su demanda de disminución de asistencia familiar, efectuando un quiebre o un desconocimiento de la norma procesal familiar que ha establecido que el procedimiento que debe otorgarse a estas demandas es de tramitación inmediata; al respecto, el referido proveído ordena al SEDEGES El Alto y Provincias, para que por el equipo multidisciplinario se proceda a la elaboración de un estudio biopsicosocial actualizado del núcleo familiar del beneficiario; y con relación al precitado Auto que dispuso no ha lugar ninguna reposición; toda vez que, el progenitor biológico -ahora impetrante de tutela-, por su decisión voluntaria de renunciar a su trabajo teniendo obligaciones naturales con su descendiente, pretenda en ulterior instancia hacer entender que se encontraría negativamente afectado con los diagnósticos, resultados y sugerencias del indicado estudio técnico; d) Si bien es evidente que el procedimiento de resolución inmediata vinculada a las cuestiones relacionadas a la asistencia familiar tienen un trámite de carácter sumarísimo, se advierte que la determinación adoptada por la autoridad judicial -hoy demandada- de realizar un estudio biopsicosocial, tiene su base precisamente en el art. 65 de la CPE, referido al hecho de proteger y resguardar el interés superior de la niña, niño o adolescente. De igual forma, se hizo mención a lo previsto por el art. 123 II del CFPF, que establece que la asistencia familiar definida de manera porcentual se reajusta automáticamente de acuerdo a las variaciones de sueldos, salarios o rentas de las personas obligadas, al respecto el accionante cita dicha normativa como un antecedente pero su demanda de reducción de asistencia familiar no se basa en dicho dispositivo; e) Independientemente de que la autoridad hoy demandada, no haya asumido aun una cuestión de admisibilidad de la demanda de reducción de asistencia familiar; la Sala entiende que tras el cumplimiento del precitado informe, dicha autoridad se encuentra en la obligación de promover el correspondiente decreto de admisión, así como también dar respuesta a sus alegatos; de donde se concluye que el decisorio adoptado por la autoridad jurisdiccional demandada en modo alguno importa lesión de derechos; y; f) Respecto a los argumentos expuestos por la autoridad demandada y la tercera interesada, la presente Sala Constitucional ha decidido no otorgar mérito. En vía de aclaración y complementación, la parte accionante solicitó a las autoridades de la mencionada Sala Constitucional, refieran cuál ha sido el fundamento del Código de Familias y el Proceso Familiar, para que a la autoridad jurisdiccional se le permita apartarse de la norma y no imprimir el trámite procesal establecido para una demanda de disminución de asistencia familiar. En respuesta, la prenombrada Sala Constitucional resolvió sin lugar a considerar el pedido de aclaración y/o complementación; toda vez que, no han expresado cita alguna de la normativa que le faculte a la autoridad jurisdiccional demandada apartarse del procedimiento establecido en el precitado Código, pues dicha precisión no ha sido expuesta por esta Sala como argumentación de la Resolución que se acaba de pronunciar, lo que si se menciona es lo sintetizado por el abogado del accionante al referir que la decisión de la autoridad demandada se encuentra justificada en el marco del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 117/2022 de 15 de marzo, por el cual el Juez Público Civil y Comercial, de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz, determinó que el monto de la asistencia familiar que debe otorgar el obligado Limbert Manuel Orozco Carvajal -ahora accionante- a favor de su hijo menor AA -beneficiario-, será del 10% de su ingreso mensual; es decir, del total ganado (fs. 100 a 101 vta.). II.2. Consta memorial de 7 de julio de 2022, mediante el cual el impetrante de tutela en la vía de resolución inmediata interpuso demanda de disminución de asistencia familiar, la misma que fue observada por providencia de igual mes y año (fs. 207 a 208 vta.). II.3. Por escrito de 12 de julio de 2022, el solicitante de tutela subsanó las observaciones efectuadas por la autoridad jurisdiccional de primera instancia a la demanda; que por proveído de igual fecha, fue nuevamente observada (fs. 210 a 212). II.4. Mediante memorial de 13 de julio de 2022, el peticionante de tutela subsanó nuevamente las observaciones y solicitó admisión de su demanda; sin embargo, por decreto de la referida fecha se dispuso sin subsanar integralmente la demanda (fs. 214 y vta.). II.5. Cursa Auto Definitivo 313/2022 de 14 de julio, emitido por el Juez demandado, que declaró por no presentada la demanda incoada por el hoy solicitante de tutela (fs. 216). II.6. Mediante memorial presentado el 29 de julio de 2022 ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia Segundo de Viacha, el ahora accionante interpuso en la vía de resolución inmediata demanda de disminución de asistencia familiar; petición que fue respondida mediante Proveído de la misma fecha y mes, disponiendo para que el SEDEGES El Alto y Provincias, para que mediante el Equipo Técnico Multidisciplinario de su dependencia, se elabore el ESTUDIO BIOPSICOSOCIAL inherente al núcleo familiar actualizado del beneficiario menor de edad AA (fs. 218 a 220 vta.).

II.7. Por memorial de 3 de agosto de 2022, Limbert Manuel Orozco Carvajal, presentó recurso de reposición contra el Proveído de 29 de julio de similar año, recurso que fue resuelto por Auto Interlocutorio de 4 de agosto de idéntico año, a través del cual confirmó plenamente lo dispuesto en el Decreto de 29 de julio establecido y declaró no ha lugar a ninguna reposición (fs. 227 a 228).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia; y, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, toda vez que, el Juez ahora demandado, en lugar de promover el trámite procesal correspondiente a la demanda de resolución inmediata de demanda de disminución de asistencia familiar, conforme prevé el art. 415.VI del CFPF, emitió Proveído de 29 de julio de 2022, disponiendo de forma errónea que el SEDEGES El Alto y Provincias, elabore previamente estudio biopsicosocial inherente al núcleo familiar del menor beneficiario, siendo que únicamente correspondía verificar si la misma cumplía o no con lo previsto en el art. 259 de la citada norma; pues, el trámite de tal proceso no debe estar sujeto a ningún estudio previo, decisión impugnada mediante recurso de reposición, el cual fue resuelto por Auto Interlocutorio de 4 de agosto de igual año, declarando no ha lugar a su pretensión y confirmando plenamente lo dispuesto en el referido Proveído. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes y el resguardo del interés superior del niño; 2) Sobre el procedimiento para el incremento de asistencia familiar y los medios de impugnación existentes; y, 3) Análisis del caso concreto.

III.1. Los estándares normativos de protección y jurisprudencia generada sobre los derechos de las niñas y adolescentes y el resguardo del interés superior del niño

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0350/2022-S1 de 2 de junio, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, asumió el siguiente entendimiento: En cuanto a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, existe un amplio catálogo de reconocimiento, partiendo por lo establecido en el art. 60 de la CPE:

Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.

Así, el constituyente boliviano estableció que las niñas, niños y adolescentes gozan de especial protección y atención de sus derechos, mediante la corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad, debiendo ser atendidos con preferencia en todas las instancias del Estado, incluidos centros judiciales. En el ámbito interamericano, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, encuentra su sustento jurídico en las disposiciones contenidas en el art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)1, que les reconoce su derecho a medidas de protección a cargo de aquel entorno en el que éste se desarrolla, precisamente por su condición de menor; el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador-, que por un lado reconoce el derecho a medidas de protección, y por otro, incorpora explícitamente una obligación para el Estado respecto a adoptar medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral .

Ahora bien, un elemento importante en este acervo jurídico internacional de protección de los niños y adolescentes, representa la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño que, a través de su ratificación, consolida la vigencia de sus preceptos dentro del derecho doméstico o interno de los Estados, cuyo ámbito personal de protección se circunscribe a las personas menores de dieciocho años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la misma forma que los otros instrumentos de derechos humanos, orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que 1Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 19: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica, 1969. Entra en vigor el 18 de julio de 1978. A la cual Bolivia se adhiere mediante Decreto Supremo (DS) 16575 el 13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993. 2Protocolo de San Salvador, art. 16: “Todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más elevados del sistema educativo.” También, art. 15 con el título “Protección de la familia”; en el cual, es muy relevante la obligación de los Estados de brindar adecuada protección al grupo familiar, así dentro del numeral 2, literal c., indica: “adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral”. Suscrito en San Salvador de El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el décimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entró en vigor el 16 de noviembre de 1999. Ratificado por Bolivia mediante Ley 3293 de12 de diciembre de 2005. 3 Convención sobre los Derechos del Niño, art. 1: “Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Entró en vigor el 20 de noviembre de 1989. Ratificada por Bolivia mediante Ley 1152 de 14 de mayo de 1990.

suponen la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas, para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la referida Convención, entre ellas, la dispuesta en su art. 39, que señala:

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso (…). Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

En esta misma línea, la citada Convención incorpora entre los principios básicos de la protección integral, a los principios de protección especial y de efectividad. El principio de protección especial consignado a lo largo de todo el articulado de la Convención, reafirma en primer lugar, la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que establecen medidas de protección a la niñez, que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección.

A su vez, a través del principio de efectividad que se halla inserto en la disposición del art. 4 del citado instrumento jurídico, se prescribe de manera imperativa la tarea de adoptar mecanismos de cualquier índole, tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas. Por su parte, existe un reconocimiento del interés superior de la niña, niño y adolescente, así el art. 59.I de la CPE, determina que: “Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral”. Asimismo, el art. 60 de la citada Norma Suprema, prescribe que: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos (…)”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostiene que el interés superior del niño, es un principio regulador de la normativa de los derechos del niño, fundándose en la dignidad del ser humano. Así en el Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, a través de la Sentencia de 16 de noviembre de 2009 sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, indica:

408 …La prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de la infancia y la adolescencia, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de edad. Asimismo, el Estado debe prestar especial atención a las necesidades y los derechos de las presuntas víctimas en consideración a su condición de niñas, como mujeres que pertenecen a un grupo en una situación vulnerable. Por ello, el principio puede ser concebido como una pauta de interpretación, pero que, como garantía, demanda del Estado un conjunto de acciones y medidas dirigidas a alcanzar su desarrollo integral y el máximo bienestar en el ejercicio de sus derechos.

III.2. Sobre el procedimiento para el incremento de asistencia familiar y los medios de impugnación existentes

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0052/2019-S2 de 1 de abril, realizando una sistematización de la jurisprudencia constitucional, asumió el siguiente entendimiento: El art. 420 de CFPF, señala: “I. El sistema de procesos en materia familiar está constituido por el proceso ordinario, el proceso extraordinario y el proceso de resolución inmediata”. Asimismo el art 434 del CFPF, indica:

ARTÍCULO 434. (ALCANCE). Se tramitarán en proceso extraordinario las siguientes acciones: (…) j) Asistencia familiar. Dicho proceso extraordinario de la asistencia familiar se inicia con la presentación de la demanda, luego su admisión, contestación, y si corresponde, planteamiento de excepciones; para posteriormente fijar audiencia, cuando existen puntos controvertidos y, finalmente, pronunciarse la respectiva sentencia; y como refiere el art. 443.I del indicado Código que: “Contra la sentencia procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo, que deberá presentarse en el plazo de cinco (5) días computables al día siguiente hábil de su notificación”. Por otra parte, de acuerdo al art. 415 del CFPF, que hace referencia a la ejecución de la asistencia familiar, señala en el parágrafo VI que “La petición de cese, aumento o disminución de la asistencia familiar, se sustanciará conforme al procedimiento de resolución inmediata, sin que se interrumpa la percepción de la asistencia ya fijada…” (las negrillas son nuestras). Ahora bien, el procedimiento de resolución inmediata, está previsto en el Código de las Familias y del Proceso Familiar a partir del art. 445; y respecto a su tramitación, el art. 446, señala:

ARTÍCULO 446. (TRÁMITE).

I. Admitida la solicitud con el cumplimiento de los requisitos formales y adjuntando los títulos o documentos en que se funde la pretensión, la autoridad judicial valorará la pretensión y dispondrá la citación, cuando corresponda.

II. De no presentarse oposición a la pretensión, la autoridad judicial emitirá resolución. III. En caso de oponerse la o el demandado a la demanda y si la autoridad judicial considera la necesidad de una audiencia, dispondrá su realización en un plazo no mayor a tres (3) días; realizada la audiencia o sin ésta, emitirá Auto Definitivo dentro de los siguientes cinco (5) días (las negrillas son incorporadas). Conforme a dicha norma, una vez cumplido el trámite, la autoridad judicial debe emitir un auto definitivo, con el entendido que está resolviendo el fondo de la solicitud de aumento de la asistencia familiar, y no así, una cuestión de procedimiento; supuesto, en el que tendría que pronunciarse un auto interlocutorio, conforme a lo dispuesto por el art. 358 del CFPF, que establece “Los autos interlocutorios resolverán cuestiones que requieren trámite para el desarrollo del procedimiento…”. Entonces, en el marco de lo anotado, queda claro que el auto que resuelve el cese, aumento o disminución de la asistencia familiar es un auto definitivo; y en ese sentido, en el marco del principio de especialidad, en cuanto al plazo para formular el recurso de apelación, se utilizan las normas específicas, para la apelación de las resoluciones vinculadas a la asistencia familiar; vale decir, se aplica el art. 443 del CFPF, que establece el plazo de cinco días para impugnar, computables a partir del día siguiente hábil de su notificación. Dicho entendimiento, además es acorde con el principio de favorabilidad; según el cual, se debe optar por aquella norma o interpretación que sea más amplia, progresiva y extensiva para el derecho en cuestión; así como, el principio pro actione; por el cual, se tiende a garantizar a toda persona el acceso a los recursos y medios impugnativos, desechando todo rigorismo o formalismo excesivo, que impida obtener un pronunciamiento judicial sobre las pretensiones o agravios invocados, conforme lo entendió la SC 1044/2003-R de 22 de julio, en su Fundamento Jurídico III.1.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso, a la defensa, al acceso a la justicia; y, a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, toda vez que, el Juez ahora demandado, en lugar de promover el trámite procesal correspondiente a la demanda de resolución inmediata de demanda de disminución de asistencia familiar, conforme prevé el art. 415.VI del CFPF, emitió Proveído de 29 de julio de 2022, disponiendo de forma errónea que el SEDEGES El Alto y Provincias, elabore previamente estudio biopsicosocial inherente al núcleo familiar del menor beneficiario, siendo que únicamente correspondía verificar si la misma cumplía o no con lo previsto en el art. 259 de la citada norma; pues, el trámite de tal proceso no debe estar sujeto a ningún estudio previo, decisión impugnada mediante recurso de reposición, el cual fue resuelto por Auto Interlocutorio de 4 de agosto de igual año, declarando no ha lugar a su pretensión y confirmando plenamente lo dispuesto en el referido Proveído.

Con carácter previo, es importante aclarar si el ahora accionante tenía la obligación de agotar las instancias ordinarias previas antes de acudir ante la presente acción de amparo constitucional; al respecto, conforme se tiene del art. 443 de la Ley 603, en el caso de la fijación de asistencia familiar, la sentencia será apelada en el plazo de cinco días computables al día siguiente hábil de su notificación.

Como se observa la norma establece que la apelación sea en el efecto suspensivo o devolutivo, procede contra un Auto Definitivo que fijó una asistencia familiar y no así contra proveídos y autos interlocutorios simples de trámite del procedimiento, como ocurrió en el presente caso, en el que se emitió el Auto Interlocutorio de 4 de agosto de 2022, por medio del cual declaró no ha lugar a la reposición planteada contra el Proveído de 29 de julio de 2022; es decir, que no se trataba de una Sentencia o Auto Definitivo de disminución de asistencia familiar, sino de un mero proveído de trámite que resolvió un recurso de reposición, por lo que a la emisión de dicho Auto de 4 de agosto de 2022, no existe recurso ulterior; en tal sentido, Limbert Manuel Orozco Carvajal, tenía la vía expedita para activar la presente acción de amparo constitucional en contra del mismo; toda vez que, al no existir recurso posterior, no es exigible ni viable ningún recurso de apelación como instancia previa a acudir a la presente acción de amparo constitucional. Hecha la aclaración anterior, es importante ahora ingresar a analizar el fondo de la presente problemática. Conforme se tiene identificado del objeto procesal el ahora solicitante de tutela considera que el Auto Interlocutorio de 4 de agosto de 2022, que confirmó el Proveído de 29 de julio de igual año, resulta ser atentatorio a sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que en lugar de promover el trámite procesal correspondiente a la resolución inmediata de demanda de disminución de asistencia familiar conforme prevé el art. 415.VI del CFPF, verificando únicamente si la misma cumplía o no con lo previsto en el art. 259 de la misma norma; dispuso erróneamente el estudio biopsicosocial del menor beneficiario, cuando no debe estar sujeto a ningún estudio previo; pues, se trata precisamente de un trámite de resolución inmediata.

Identificado el objeto procesal en la presente acción de amparo constitucional, se debe iniciar el análisis de fondo, señalando que conforme a la revisión de antecedentes, se tiene que luego de un primer trámite de disminución de asistencia familiar que fue declarada por no presentada por el Juez ahora demandado mediante Auto Definitivo 313/2022 de 14 de julio (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5.), el ahora solicitante de tutela a través del memorial presentado el 29 de julio de 2022 (Conclusión II.6) ante el mismo Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz, nuevamente solicitó la disminución de la asistencia familiar asignada en favor de su hijo menor de edad.

A tal efecto, el Juez ahora demandado mediante Proveído de 29 de julio de 2022, (Conclusión II.6), dispuso con carácter previo a fin de que el SEDEGES El Alto y Provincias, para que mediante el Equipo Técnico Multidisciplinario de su dependencia, se elabore un estudio biopsicosocial inherente al núcleo familiar actualizado del beneficiario menor de edad AA; determinación que no le pareció al ahora solicitante de tutela, quien mediante memorial presentado el 3 de agosto de 2022, ante el Juez ahora demandado, planteó recurso de reposición contra el referido Proveído, impugnación que fue resuelta por la misma Autoridad Judicial mediante Auto de 4 de agosto de 2022 (Conclusión II.7), a través del cual confirmó plenamente lo dispuesto en el citado Proveído de 29 de julio de 2022, declarando no ha lugar a ninguna reposición. Al presente, acude a esta instancia jurisdiccional constitucional, reclamando que el Auto Interlocutorio de 4 de agosto de 2022, que confirma el Decreto de 29 de julio de 2022, resulta ser atentatorio a sus derechos y garantías constitucionales; toda vez que en lugar de promover el trámite procesal correspondiente de resolución inmediata de demanda de disminución de asistencia familiar conforme prevé el art. 415.VI del CFPF, ya que únicamente correspondía verificar si la demanda de disminución cumple o no con lo previsto en el art. 259 del mismo Código.

Al respecto, el merituado art. 415.VI del CFPF, establece que la petición de disminución de la asistencia familiar, se sustanciará conforme al procedimiento de resolución inmediata, sin interrumpir la percepción de la asistencia familiar ya fijada. Asimismo, el art. 446 del mismo Cuerpo Adjetivo Familiar, al referirse al trámite de proceso de resolución inmediata, describe que una vez admitida la solicitud con el cumplimiento de los requisitos formales y adjuntando los títulos o documentos en que se funde la pretensión, la autoridad judicial valorará la pretensión, disponiendo la citación cuando corresponda, para seguidamente emitir la resolución mediante Auto Definitivo. En el presente caso, planteada nuevamente la demanda de disminución de asistencia familiar solicitada por el ahora peticionante de tutela mediante memorial presentado el 29 de julio de 2022, ante el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia Segundo de Viacha (ahora demandado), quien verificando los requisitos formales, valorando los documentos en que se basó la demanda de disminución de asistencia familiar, dispuso mediante Proveído de 29 de julio de 2022, a fin de que el SEDEGES El Alto y Provincias, a través de sus equipos técnicos multidisciplinarios, le remitan estudio biopsicosocial actualizado en relación al núcleo familiar del beneficiario menor de edad AA; sin que por tal determinación, este Tribunal Constitucional Plurinacional, encuentre una afrenta o peor aún un menoscabo a los derechos y garantías constitucionales del ahora impetrante de tutela. Es necesario recordar al ahora accionante, que si su asistencia familiar estuvo enfocada a cubrir mínimamente las necesidades más premiosas del hijo menor de edad, con la pretensión de disminución del emolumento de asistencia familiar, va implicar una mengua o disminución del emolumento que asegura en cierta manera el bienestar material del menor, por lo que antes de disponer el Juez de la causa esa disminución pretendida, resulta por demás justificable, que previamente el Operador de Justicia ahora demandado, se cerciore si es justificable o no una disminución de la asistencia familiar, sin que por tal medida previa adoptada por el juzgador, pueda entenderse como una vulneración de sus derechos y garantías constitucionales del ahora accionante. Es también importante recodar conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional en sentido que los derechos de niños, niñas y adolescentes se encuentra previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la cual reconoce la obligación de asumir medidas de protección a cargo del entorno en el que el menor se desarrolla; asimismo, el art. 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como Protocolo de San Salvador, por un lado reconoce el derecho a medidas de protección, empero por otro lado, incorpora de manera clara la obligación para el Estado el de adoptar también medidas especiales de protección con el fin de garantizar a este sector vulnerable de la población la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral.

Por su parte la Convención sobre los Derechos del Niño, de igual forma orienta y limita los actos del Estado, sus instituciones y particulares, así como le impone deberes que implica la creación de las condiciones jurídicas, institucionales, culturales y económicas a fin de garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes, adoptando todas las medidas apropiadas necesarias a fin de evitar cualquier forma de abandono, explotación o abuso etc. La mencionada Convención sobre los Derechos del Niño incorpora entre los principios básicos de protección integral, a los principios de protección especial y de efectividad, el principio de protección especial que reafirma en primer lugar la aplicación de aquellos derechos ya reconocidos a los seres humanos en general; y en segundo lugar, establece normas que establecen medidas de protección a la niñez que representa una protección adicional, basadas en una atención positiva y preferencial de los niños que se encuentran en situaciones de desprotección, para restituir esta condición a parámetros normales de protección. Entre estas medidas de protección se encuentra la de asumir mecanismos de cualquier índole tendientes a lograr la efectividad de los derechos de los niños y desarrollo de garantías, incluidas institucionales y administrativas, toda vez que conforme establece el art. 60 de la CPE, es deber del Estado, la sociedad y la familia, garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos.

Como en el presente caso, en el que actuando el Juez demandado, de manera preferente hacia el interés superior del menor beneficiario de asistencia familiar actualmente, de manera oportuna y atinente, asumió un mecanismo necesario como fue el emitir el Proveído de 29 de julio de 2022, ratificado por Auto Interlocutorio de 4 de agosto de la misma gestión, a fin de verificar si el menor se encontraba asistido en sus necesidades más premiosas en cuanto a la ayuda material de insumos básicos para su subsistencia.

Esta medida previa de verificar el estado biopsicosocial del menor, de ninguna manera puede ser entendida como una ofensa a los derechos y garantías constitucionales de Limbert Manuel Orozco Carvajal, toda vez que el Juez asumiendo medidas especiales de protección a fin de garantizarles la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral del menor potencialmente beneficiario, vio por conveniente pedir el informe referido; por lo que se observa, que el Juez Público Civil y Comercial, de Familia Segundo de Viacha del departamento de La Paz ahora demandado, actuó conforme al Bloque Constitucional que promueve la protección y defensa de un sector vulnerable de la sociedad como son los niños, niñas y adolescentes, que demanda asumir medidas evidentes de protección hacia este grupo de población vulnerable, por lo que no se evidencia vulneración a sus derechos y garantías constitucionales del ahora accionante, correspondiendo desestimar la acción tutelar impetrada.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela, actuó de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 185/2022 de 19 de octubre, cursante de fs. 261 a 264, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los sustentos de la presente Resolución.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, párrafo 54: “Tal como se señalara en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos –menores y adultos– y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. 5Convención sobre los Derechos del Niño, art. 4: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención…”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0582_2024-S1.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): e9c5d7d73ee5c0bb11cbf79926df8c6967831965c10ea0e4f74abb4e38d39bd9

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →