Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 7 de junio de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que en el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, se emitió mandamiento de apremio; sin embargo, no se cumplió con el procedimiento que rige los procesos familiares, ya que no fue notificado con la liquidación de pagos adeudados para que en el plazo de tres días pueda observar la misma, tampoco fue notificado con la conminatoria de pago; por tal motivo solicita que se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene que la autoridad demandada deje sin efecto el mandamiento de apremio librado en su contra. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; 2) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR la Resolución de 13 de enero de 2022, cursante a fs. 68 a 76, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del Departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0582/2023-S1 Sucre, 7 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 45582-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 13 de enero de 2022, cursante de fs. 68 a 76, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yoisi Isita Congo, en representación sin mandato de Inocencio Villca Catari contra Bella Rosa Baldelomar de Valverde, Jueza Pública de Familia Décimo Segunda de la Capital del departamento Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de enero de 2022, cursante a fs. 55 y vta., el accionante a través de su representante sin mandato manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Cuando se encontraba en la localidad de Yapacani, fue interceptado por personal policial, quienes le exhibieron un mandamiento de apremio emitido por la Jueza Pública Décimo Segunda de Familia de la Capital del departamento Santa Cruz, quien ordenó su apremio hasta que cancele la suma de Bs201 000 (doscientos un mil bolivianos) por concepto de la asistencia familiar fijada en su contra. Encontrándose por tal motivo privado de su libertad; sin embargo, para que el apremio prospere, conforme a normativa que rige los procesos familiares, previamente debía ser notificado con la liquidación, que establece el monto de asistencia familiar, teniendo el plazo de tres días para observar dicha liquidación, en caso de no realizar ninguna observación, el Juez de la causa debe ordenar el pago bajo apercibimiento de librarse mandamiento de apremio; no obstante, dentro del presente caso jamás fue notificado con ninguna liquidación ni apercibimiento, encontrándose en consecuencia de manera indebida privado de su libertad.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso y a la libertad; citando al efecto, el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene que la autoridad demandada deje sin efecto el mandamiento de apremio librado en su contra.
La audiencia pública de consideración de la presente acción de libertad se celebró el 13 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 64 a 67, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo, manifestó que: a) A fs. “34” consta una fotografía que muestra que se pretendió realizar la notificación con la liquidación de la asistencia familiar; sin embargo, la misma no es nada clara no señala el número ni la oficina en la cual fue pegada la notificación, siendo evidente que no fue legalmente notificado; b) Solicita que se emita y notifique en el día su mandamiento de libertad; c) El año 2021 enfermó de COVID-19 y dejó de trabajar bastante tiempo, de manera voluntaria fijó una asistencia familiar de Bs9 000.-(nueve mil bolivianos) para sus tres hijos que están en la Universidad, porque es un buen padre; refiere además que tiene otra familia con dos hijas que también dependen de él; y, d) En el Centro de Rehabilitación de Palmasola existe riesgo de contagio de COVID-19.
Bella Rosa Baldelomar de Valverde, Jueza Pública de Familia Décimo Segunda de la Capital del departamento Santa Cruz, pese a su citación cursante a fs. 59, no presentó informe ni asistió a la audiencia.
Griselda, Michel y Samir Villca, a través de su abogada en audiencia, manifestaron qué: 1) Presentaron demanda de asistencia familiar en contra del ahora accionante quien señaló como domicilio procesal la oficina de su abogado ubicada en el Edificio Casanova piso 5 oficina 9; 2) En Sentencia se estableció la asistencia familiar de Bs9 000.-, destinados al pago de los estudios universitarios de los beneficiarios, asistencia que fue incumplida, si bien se efectuó un pago directo a la Universidad de Bs70 000.- (setenta mil bolivianos); sin embargo, por el tiempo transcurrido, se hizo una suma de Bs201 000.-; y, 3) Presentada la liquidación, la misma se notificó en el domicilio procesal señalado conforme se advierte de las fotografías presentadas por el oficial de diligencias, contando además a fs. “37” con el Acta de notificación de 6 de septiembre de 2021 que establece que el domicilio procesal se encontraba cerrado, por lo que, dejó las notificaciones prendidas en la oficina, se dio continuidad al procedimiento hasta llegar al apremio.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del Departamento de Santa Cruz, mediante Resolución de 13 de enero de 2022, cursante de fs. 68 a 76, concedió la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia: i) La nulidad de las actuaciones procesales hasta la Providencia de 20 de septiembre de 2021, debiendo la Jueza accionada dictar las correspondientes providencias para dar cumplimiento a la notificación al obligado, conforme al art. 442 del CPFP y no así el art. 447 de ese Código, que corresponde al proceso de resolución inmediata, normativa que generó afectación al hoy accionante en sus derechos al debido proceso y libertad por ejecutarse el mandamiento sin previa notificación legal; ii) La nulidad del Mandamiento de apremio de 5 de febrero de 2022; y, iii) Se libre mandamiento de libertad a favor del accionante; tal determinación se dio con base a los siguientes fundamentos: a) El art. 219 del Código de Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014- establece que las normas del proceso familiar son de orden público y de cumplimiento obligatorio y constituyen el medio que garantiza la tutela jurisdiccional de los derechos de las familias; b) El art. 442 del CFPF, referente a los procesos extraordinarios, establece que la notificación con la liquidación de pagos devengado de asistencia familiar se practicara en el domicilio procesal y en caso de no haber sido fijado se lo practicara en Secretaría de Juzgado; más adelante, el art. 447 del CFPF sobre la asistencia familiar cuando exista acuerdo, señala que presentada la solicitud de aprobación de asistencia familiar, se emitirá resolución en los cinco días siguientes y la notificación con la liquidación de pago se practicará en Secretaría de Juzgado; c) Analizada la prueba cursante a fs. “2” que corresponde a un Mandamiento de apremio de 5 de enero de 2022 emitido en contra del accionante, más adelante consta el formulario de citación al ahora accionante con la demanda de asistencia familiar, realizada mediante cédula en su domicilio real en la Avenida Banzer; d) A fs. “33 y 34” consta un memorial presentado por el ahora accionante en la demanda de asistencia familiar, en cuyo otrosí 5 indica que fija como domicilio procesal la oficina 9 ubicada en el piso 5 del edificio Casanova, al respecto la Jueza de la causa providenció que se tiene por señalado el domicilio procesal y que las notificaciones se realizarían por Secretaría del Juzgado conforme al art. 314.I del CFPF; e) A fs. “39” se advierte un Auto Interlocutorio dictado por la Jueza accionada, por el cual homologa un acuerdo conciliatorio, disponiendo que el ahora accionante pase como asistencia familiar la suma de Bs9000.- que será destinado para el pago de las mensualidades de la Universidad Privada “UPSA” y será pagado por el progenitor obligado directamente a la Universidad; f) A fs. “40” cursa Memorial con la suma presenta liquidación, que es providenciado por la autoridad ahora demandada, corriendo traslado a los efectos del art. 415.I del CFPF, más adelante se presentó actualización de la liquidación que para el mismo efecto fue corrido en traslado al demandado. A fs. “44” y “45” cursan las notificaciones al ahora accionante efectuadas en domicilio procesal el 6 de septiembre de 2021, señalando la notificadora que la oficina estaba cerrada habiéndose dejado cedulón en presencia de testigo; g) A fs. “46” consta memorial de solicitud de aprobación de liquidación e intimación de pago, al respecto mediante providencia se aprobó la liquidación y se conminó al accionante a cancelar el monto de Bs201 000.-, al tercer día de su legal notificación bajo apercibimiento de librar mandamiento de apremio en caso de incumplimiento, indicando que se notifique al demandado en tablero del juzgado; a fs. “49” consta la notificación efectuada el 8 de octubre de 2021 en tablero judicial; h) Por memorial que cursa a fs. “50” se solicitó se libre mandamiento de aprensión, en respuesta mediante providencia de fs. “50” de conformidad al art. 127.II del CFPF se dispuso librarse mandamiento de apremio en contra del ahora accionante; i) Del análisis de los documentos adjuntos a la acción tutelar, se advierte que el proceso de asistencia familiar fue tramitado como proceso extraordinario tal como establece el art. 434 del CFPF, siendo notificado el accionante con la liquidación en su domicilio procesal señalado en su memorial de responde a la demanda de asistencia familiar, siendo una notificación válida realizada en el marco del art. 442 del CFPF, de igual manera, se evidencia que con la providencia que aprueba la liquidación la Jueza de la causa dispuso que el hoy accionante fuera notificado en tablero de juzgado conforme establece el art. 447 del CFPF, artículo que establece las notificaciones dentro de un proceso que no es el proceso extraordinario de asistencia familiar sino dentro el proceso de resolución inmediata, por la aplicación de la referida norma, se advierten vicios procesales que atentan contra el derecho al debido proceso y en consecuencia el derecho a la libertad; j) Conforme a lo expuesto, la oficial de diligencias en cumplimiento a lo dispuesto por la Jueza de la causa notificó en tablero al accionante con la conminatoria de pago de la asistencia familiar devengada en el plazo de tres días librándose posteriormente el mandamiento de apremio por haberse cumplido con el pago en el término de ley; k) Atendiendo al principio de legalidad, la Jueza demandada debió dar estricto cumplimiento a la normativa procesal que rige el proceso extraordinario de asistencia familiar ordenando que las notificaciones se realicen en el domicilio procesal señalado por el hoy accionante, al no cumplirse con las normas procesales previstas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar evidentemente se afectó el derecho a la libertad y locomoción del accionante afectando también su derecho a la defensa y al debido proceso; l) La Jueza demandada, antes de emitir el mandamiento de apremio, debió verificar que las notificaciones fueron efectuadas de forma legal como establece el sistema procesal de familia, aplicando el art. 442 del CFPF; y, m) También se consideró la ponderación de derechos entre la asistencia familiar y el derecho a la libertad y previo análisis se concluyó que la Jueza de la causa debe verificar que el proceso de asistencia familiar se desarrolló sin vicios de nulidad y en cumplimiento de las normas procesales que son de carácter obligatorio, pudiendo los ahora terceros interesados acudir ante la autoridad jurisdiccional y cumplir con el art. 442 del CFPF a efecto de no vulnerar los derechos fundamentales del demandado, conforme a los arts. 21, 22 y 23 de la CPE, que establecen que la libertad únicamente se puede restringir en cumplimiento a las normas procesales y a través de una resolución fundamentada. En vía de complementación, el Tribunal de garantías complementó la resolución emitida, señalando que la Jueza accionada no presentó informe escrito ni digital ni se apersonó a audiencia, pese a su debida notificación debiendo conforme a la jurisprudencia constitucional considerar como una presunción de verdad los fundamentos denunciados como vulneración de derechos fundamentales atribuibles a la Jueza accionada, situación que fue considerada a momento de emitir la resolución constitucional que ante la falta de informe y remisión de antecedentes por parte de la Jueza accionada, se emitió en base a las pruebas presentadas por el accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial de 15 de noviembre de 2018 presentado el 23 de ese mes y años, por el cual Sammir Halath Villca Guillen, Mishell Dyana Villca Guillen, y Griselda Villca Guillen -hoy terceros interesados- interponen demanda de asistencia familiar en contra de Inocencio Villca Catari -ahora accionante- (fs. 27 y vta.). Demanda que fue respondida mediante memorial presentado por el hoy accionante el 16 de enero de 2019 (fs. 35 a 36 vta.). II.2. Consta Acta de audiencia de 8 de marzo de 2019 en la cual el ahora accionante se comprometió a cancelar en favor de sus tres hijos -hoy terceros interesados- la suma mensual de Bs3 000.- (tres mil bolivianos), por cada uno, haciendo un total de Bs9 000.-, que serían destinados al pago de las mensualidades de la Universidad Privada de Santa Cruz -UPSA-(fs. 40 y vta.). Mediante Auto definitivo 48/19 de la misma fecha, la Jueza Pública de Familia Décimo Segunda de la Capital del departamento Santa Cruz -ahora demandada- estableció que por concepto de asistencia familiar el ahora accionante cancele en favor de sus hijos la suma de Bs9 000.-, mensuales para el pago de los gastos de su universidad (fs. 41 y vta.). II.3. Cursa Memorial de 10 de enero de 2021 por el cual los ahora terceros interesados presentan liquidación por la suma de Bs147 000.- (ciento cuarenta y siete mil bolivianos), por concepto de asistencia familiar no cancelada, y solicitan su aprobación y la intimación de pago al demandado (fs. 42 y vta.). Por Decreto de 14 de enero de 2021 la Jueza ahora accionada corre traslado al hoy accionante con la liquidación presentada (fs. 43). Consta memorial de 12 de julio de 2021 de actualización de la referida liquidación solicitando el pago de Bs201 000.- pidiendo su aprobación e intimación de pago (fs. 44); mediante decreto de 13 de julio de 2021 la Jueza de la causa dispuso el traslado al demandado con la actualización de la liquidación (fs. 45). Cursan fotografías y diligencia de notificación de 6 de septiembre de 2021, realizada al ahora accionado con los memoriales de liquidación y decretos de traslado, realizada en domicilio procesal oficina 9 piso 5 del Edificio Casanova (fs. 46 y 47). II.4. Mediante Memorial de 13 de septiembre de 2021 los ahora terceros interesados solicitaron a la Jueza de la causa se apruebe la liquidación y se intime al hoy accionante al pago de la asistencia familiar devengada (fs. 48). Por Providencia de 20 de ese mes y año, la Jueza ahora demandada aprobó la liquidación y conminó a Inocencio Villca Catari a cancelar el monto adeudado de Bs201 000.- dentro el tercer día de su notificación bajo apercibimiento de librarse mandamiento de apremio en caso de incumplimiento (fs. 49), la referida Providencia fue notificada al ahora accionante el 8 de octubre de 2021 en tablero judicial (fs. 51). II.5. Mediante escrito presentado el 17 de noviembre de 2021 Sammir Halath Villca Guillen, Mishell Dyana Villca Guillen y Griselda Villca Guillen solicitaron se libre mandamiento de apremio en contra de Inocencio Villca Catari (fs. 52), solicitud que fue concedida por la Jueza de la causa mediante Decreto de 18 de ese mes y año (fs. 53). II.6. Cursa Mandamiento de apremio de 5 de enero de 2022 emitido en contra de Inocencio Villca Catari (fs. 54 y vta.). II.7. Consta Mandamiento de libertad de 13 de enero de 2022 emitido por el Tribunal de garantías en favor del hoy accionante (fs. 82).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que en el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, se emitió mandamiento de apremio; sin embargo, no se cumplió con el procedimiento que rige los procesos familiares, ya que no fue notificado con la liquidación de pagos adeudados para que en el plazo de tres días pueda observar la misma, tampoco fue notificado con la conminatoria de pago; por tal motivo solicita que se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene que la autoridad demandada deje sin efecto el mandamiento de apremio librado en su contra. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; 2) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Análisis del caso concreto.
Al respecto, la SCP 0097/2021-S1 de 27 de mayo, reiterando el entendimiento asumido en anteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales, señaló que: El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos” Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:
I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.
En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:
La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado.
El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: “Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada”; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:
Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones: a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I “Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código”; art.366 del mismo cuerpo legal indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa”; y, art. 368 del Código referido menciona: “…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”.
En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; puesto que en el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, se emitió mandamiento de apremio; sin embargo, no se cumplió con el procedimiento que rige los procesos familiares, ya que no fue notificado con la liquidación de pagos adeudados para que en el plazo de tres días pueda observar la misma, tampoco fue notificado con la conminatoria de pago; por tal motivo solicita que se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene que la autoridad demandada deje sin efecto el mandamiento de apremio librado en su contra.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que Sammir Halath Villca Guillen, Mishell Dyana Villca Guillen, y Griselda Villca Guillen -ahora terceros interesados-, por memorial de 15 de noviembre de 2018 presentaron demanda de asistencia familiar en contra de Inocencio Villca Catari, hoy accionante (Conclusión II.1), contestada la demanda el16 de enero de 2019, se celebró audiencia de conciliación de 8 de marzo de 2019, en la misma, el ahora accionante acordó cancelar en favor de los ahora terceros interesados la suma mensual de Bs9 000.-, que serían destinados al pago de las mensualidades de la Universidad Privada de Santa Cruz -UPSA-, monto que en definitiva fue fijado como asistencia familiar por Auto definitivo 48/19 emitido por la Jueza Pública de Familia Décimo Segunda de la Capital del departamento Santa Cruz, hoy demandada (Conclusión II.2).
Posteriormente, ante el supuesto incumplimiento de pago de la asistencia familiar, Sammir Halath Villca Guillen, Mishell Dyana Villca Guillen, y Griselda Villca Guillen, presentaron memorial de 10 de enero de 2021 en el que consta la liquidación por la suma de Bs147 000.-(ciento cuarenta y siete mil bolivianos), por concepto de asistencia familiar no cancelada, memorial que en atención al Decreto de 14 de enero de 2021 fue corrido en traslado al accionante, suma de dinero que por memorial de 12 de julio de ese año fue actualizada al monto de Bs201 000.- actualización que de igual manera fue corrida en traslado al ahora accionante por disposición contenida en el decreto de 13 de julio de 2021; en atención a las referidas providencias emitidas por la autoridad judicial hoy accionada, el 6 de septiembre del citado año se notificó al hoy accionante con las referidas liquidaciones, en su domicilio procesal situado en el Edificio Casanova, piso 5, oficina 9 (Conclusión II.3).
A consecuencia de la falta de observación a las liquidaciones presentadas, los ahora terceros interesados, mediante memorial de 13 de septiembre de 2021, solicitaron a la Jueza de la causa se apruebe la liquidación y se intime al hoy accionante al pago de la asistencia familiar devengada; en mérito a ello, por Providencia de 20 de ese mes y año, la Jueza ahora demandada aprobó la liquidación y conminó a Inocencio Villca Catari a cancelar el monto adeudado de Bs201 000.-, dentro el tercer día de su notificación bajo apercibimiento de librarse mandamiento de apremio en caso de incumplimiento, Providencia fue notificada al ahora accionante el 8 de octubre de 2021 en tablero judicial (Conclusión II.4).
Finalmente, en atención a la solicitud de 17 de noviembre de 2021, por Decreto de 18 de ese mes y año, la Jueza ahora accionada, dispuso se libre mandamiento de apremio en contra de Inocencio Villca Catari (Conclusiones II.5. y II.6.).
En ese contexto, ante las denuncias del accionante planteadas en la presente acción tutelar, referidas a que no habría sido notificado con la liquidación que establece el monto de asistencia familiar ni con el apercibimiento de pago; se tiene que, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en mérito a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en casos de apremio por asistencia familiar, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad ante un procesamiento indebido, los mismos deben ser utilizados previamente a acudir a la jurisdicción constitucional, siendo posible la interposición de la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
En ese sentido, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se advierte que la norma procesal ordinaria en materia familiar, establece un mecanismo idóneo a plantearse, ante cualquier supuesta irregularidad en el proceso previsto por el Código de las Familias y del Proceso Familiar; contando el obligado -ahora accionante- con la vía incidental -art. 255 y ss del CFPF- para reclamar posibles denuncias relativas a la notificación indebida o supuesta falta de notificación con la liquidación de asistencia familiar y la posterior conminatoria de pago, debiendo el interesado agotar la vía ordinaria, es decir en caso de emitirse una resolución desfavorable, interponer recurso de reposición con alternativa de apelación -art. 368 del CFPF-, agotada la instancia ordinaria recién queda expedita la acción tutelar.
Por consiguiente, en el caso concreto, evidenciándose que el accionante no agotó las vías pertinentes dentro de la jurisdicción ordinaria como medio idóneo, eficaz y oportuno para la reparación -en caso de corresponder- del debido proceso por una supuesta indebida o falta de notificación y vinculado a ello el derecho a la libertad, cuya lesión se reclama en esta acción tutelar, situación que hace inviable el ingresar al análisis del fondo de la problemática planteada; por lo que, corresponde en consecuencia denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelven: REVOCAR la Resolución de 13 de enero de 2022, cursante a fs. 68 a 76, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del Departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0582_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): a7a452b3c106a7451882cdb8305fada2af9154a1aff2b337e8b68a87c758a9fc
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