Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de mayo de 2025
Concede la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado que se encontraba de turno, no remitió el legajo del recurso de apelación incidental presentado de manera oral contra el Auto de 12 de diciembre de 2022 ante el Tribunal de alzada en el plazo establecido por el art. 251 del CPP, cuando se tenían las condiciones para su remisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-010/2022 de 17 de diciembre, cursante de fs. 22 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a los derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba o la autoridad judicial que se encuentra a cargo del control jurisdiccional, efectúe la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental presentado por José Israel Alanes Villarroel ante el Tribunal de alzada, salvo que estos actuados por el transcurso del tiempo ya se hubiesen realizado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0581/2025-S1 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 52564-2023-106-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AL-010/2022 de 17 de diciembre, cursante de fs. 22 a 27 vta. pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Almanza Pardo en representación sin mandato de José Israel Alanes Villarroel contra José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 9 a 13, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Claudia Patricia Villarroel Sevilla contra su persona -José Israel Alanes Villarroel- por la presunta comisión del delito de abuso sexual con agravante, previsto y sancionado por los arts. 310 inc. o) y 312 del Código Penal (CP). Mediante Auto de 12 de diciembre de 2022, se amplió el plazo de la detención preventiva por treinta días; por lo que, en ese acto procesal de manera oral formuló recurso de apelación incidental, solicitando que todos los antecedentes sean remitidos al Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, ordenándose la citada remisión para su correspondiente consideración; empero, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no se cumplió con la remisión del legajo del referido recurso de apelación, incumpliendo el plazo previsto por el art. 251.II del Código de Procedimiento Penal (CPP) y consiguientemente dicho recurso no fue resuelto en el plazo de tres días; no siendo justificativo de la dilación la recargada labor procesal del Juez hoy accionado o actuaciones de su Juzgado, cuando se tenían las condiciones para la referida remisión.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad; citando al efecto los arts. 115, 180.I y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que el Juez ahora accionado remita en el día el legajo del recurso de apelación incidental de la medida cautelar al Tribunal de alzada para su consideración.
Celebrada la audiencia pública el 17 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 21 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, mediante informe de 16 de diciembre de 2022, cursante a fs. 20 y vta., manifestó que: a) Se encuentra de turno por vacación judicial; por lo que, se le remitieron todas las causas de los demás juzgados de los diferentes asientos judiciales, debiendo resolver los incidentes o cesaciones y medidas cautelares que se le presenten, así como las causas con aprehendidos que le sean remitidos; b) Del 12 al 16 de ese mes y año tiene audiencias programadas de manera continua y de forma seguida “…adjunto copia a fs. 2…” (sic); c) Su autoridad ordenó que se efectivice el trámite establecido por el art. 251 del CPP, siendo responsabilidad del Secretario de su Juzgado la transcripción de actas; empero, se debe entender el flujo intenso del desarrollo de audiencias, las impugnaciones contra las determinaciones que no son de agrado de las partes, no pudiendo la referida funcionaria de apoyo jurisdiccional atender en el plazo de veinticuatro horas la transcripción de todas las actas de audiencia, más aun cuando no se cuenta con personal oficial en su Juzgado, debiéndose entender lo que significa la carga procesal y la falta de recurso humano; y, d) Al cursar el acta reclamada por el accionante, solicitó que en el marco de razonabilidad se deniegue la tutela, y solo quedaría la efectivización por el accionante ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
La Fiscal de Materia, señaló que al ser evidente lo manifestado por el accionante, se conceda la tutela.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AL-010/2022 de 17 de diciembre, cursante de fs. 22 a 27 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez ahora accionado en el día remita el legajo del recurso de apelación incidental presentado contra el Auto de 12 de ese mes de 2022; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) No se remitieron los antecedentes del caso que originó la problemática en análisis; por lo que, se debe asumir una tácita admisión del Juez hoy accionado en los hechos denunciados, quedando claro el incumplimiento de su deber en superar el plazo establecido por ley, incluso lo previsto como razonable por la jurisprudencia constitucional el que debe ser acreditado con alguna fundamentación, en función de considerar la justificación del Juez ahora accionado debió cumplir con su obligación en el plazo de tres días; es decir, hasta el 15 de diciembre de 2022, al no ocurrir aquello, conlleva a determinar una demora injustificada en la remisión del legajo del recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, en consecuencia, una vulneración del derecho a la libertad del accionante; y, 2) Si bien es evidente la vulneración del derecho a la libertad, la -legitimación pasiva- debería tener la o el Secretario del Juzgado Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba, al no ser interpuesta esta acción tutelar contra la Secretaria del referido Juzgado, debe asumirse que el Juez hoy accionado por defecto y como responsable indirecto de su despacho judicial, debiendo ser responsabilizado por la vulneración ocasionada; ya que, no se advirtió que tomó alguna acción efectiva, con la finalidad de cumplir su deber de supervisar la labor del personal subalterno a su cargo; y así, evitar que ocurra la dilación indebida observada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Acta de audiencia pública de emisión de nueva resolución para considerar los riesgos procesales de los arts. 233.3, 234.7 y 235.2 del CPP de 19 de septiembre de 2022, en la que se emitió el Auto de igual fecha por María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que dispuso la detención preventiva de José Israel Alanes Villarroel -ahora accionante- por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del citado departamento, fijando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 12 de diciembre de ese año (fs. 2 a 4). II.2. Mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2024, ante José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba -ahora accionado-; por el cual el Fiscal de Materia solicitó la ampliación del plazo de la detención preventiva por dos meses (fs. 7 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado que se encontraba de turno, no remitió el legajo del recurso de apelación incidental presentado de manera oral contra el Auto de 12 de diciembre de 2022 ante el Tribunal de alzada en el plazo establecido por el art. 251 del CPP, cuando se tenían las condiciones para su remisión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 1515/2022-S1 de 6 de diciembre, señala que: “…El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-‘...por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’.
A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de habeas corpus, haciendo referencia al habeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último ‘...lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’.
Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: ‘d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley’.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad Judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del citado código. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. (…)
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
Entendimiento que fue asumido por la Sentencia Constitucional Plurinacional 0105/2018-S2 de 11 de abril.
Por otro lado, la Ley 1173, que modificó el Título II del Libro Quinto de la primera parte del Código de Procedimiento Penal -Ley 1970 de 25 de marzo de 1999-, entre uno de ellos el art. 251 (APELACION). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.
Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.
El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior" (las negrillas son agregadas).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad; puesto que, el Juez ahora accionado que se encontraba de turno, no remitió el legajo del recurso de apelación incidental presentado de manera oral contra el Auto de 12 de diciembre de 2022 ante el Tribunal de alzada en el plazo establecido por el art. 251 del CPP, cuando se tenían las condiciones para su remisión. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene el Acta de Audiencia Pública de Emisión de Nueva Resolución Para Considerar los Riesgos Procesales de los arts. 233.3, 234.7 y 235.2 del CPP de 19 de septiembre de 2022, en la que se emitió el Auto de igual fecha por María Teresa Apaza Paz, Jueza de Instrucción Penal Tercera de Quillacolllo del departamento de Cochabamba, que dispuso la detención preventiva del accionante por el lapso de cuatro meses en el Centro Penitenciario San Pablo de Quillacollo del citado departamento, fijando audiencia de consideración de su situación jurídica para el 12 de diciembre de ese año (Conclusión II.1.). Así también, consta el memorial presentado el 9 de diciembre de igual año, ante José Hernán Gutiérrez Moscoso, Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba -ahora accionado-; por el cual el Fiscal de Materia solicitó la ampliación del plazo de la detención preventiva por dos meses (Conclusión II.2.). En cuanto a la presente denuncia, de la revisión de antecedentes, se evidencia que el accionante no arrimó documental que haga entrever la existencia del Auto de 12 de diciembre de 2022 -que amplió el plazo de su detención preventiva-, como del recurso de apelación incidental presentado contra dicha determinación, aspectos que se encuentran directamente vinculados con su derecho a la libertad; sin embargo, estas actuaciones procesales no fueron rebatidas con argumento contra el Juez ahora accionado, quien en su informe presentado a esta acción de libertad, no negó las mismas, es más estuvo de acuerdo con lo señalado por el accionante, indicando que al estar de turno por vacación judicial del 12 al 16 de ese mes y año, tuvo audiencias programadas de forma continua; sin embargo, ordenó se efectivice el trámite establecido por el art. 251 del CPP, atribuyendo responsabilidad a su Secretario; empero, ante un flujo intenso de audiencias no fue posible atender racionalmente en el plazo de veinticuatro horas la transcripción de todas las actas, además de no contar con personal oficial en su Juzgado; aspectos, que no fueron demostrados con prueba idónea por el referido Juez; por lo que no existe constancia de lo mencionado en el cuaderno de control jurisdiccional. En ese entendido, al señalar que se encontraba con audiencias del 12 al 16 de diciembre de 2022, el Juez hoy accionando reconoció que hasta el 16 de ese mes y año, no se remitió el recurso de apelación incidental del accionante; asimismo, no es menos cierto que el referido Juez como director funcional del proceso y responsable de la dirección de su Juzgado, si bien instruyó la remisión de antecedentes del referido recurso de apelación al Tribunal de alzada conforme al art. 251 del CPP, no realizó su seguimiento correspondiente desde el 12 al 16 de igual mes y año, siendo evidente el incumplimiento del plazo de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del citado Código, así como el plazo de tres días al que pudo ampliarse por encontrarse de turno por vacación judicial, como se tuvo establecido en la Circular 12/2022 de 19 de octubre, emitida por la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; es así que, se tiene incumplido el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, que determinó que toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o en su caso, dentro de los plazos razonables, de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; y en el presente caso, como se hizo mención precedentemente, el Juez ahora accionado actuó sin la debida celeridad al no remitir el mencionado recurso de apelación, aspecto que no fue desvirtuado por el referido Juez en audiencia; en virtud de lo cual se concluye que la mencionada autoridad judicial incurrió en una dilación en la tramitación del recurso de apelación incidental contra el Auto de 12 de igual mes y año, generando una demora que vulneró los derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad del accionante. Asimismo, es pertinente considerar la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta; en ese sentido, se recomienda al Juez ahora accionado que en el desarrollo del proceso penal debe cumplir su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial en el caso con un enfoque interseccional, herramienta que conforme lo desarrollado en la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…”, considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-SU de 24 de septiembre, entre otras). Por lo que esta demora también perjudica a la víctima generándole una afectación indirecta, ya que el caso está vinculado a un delito de abuso sexual con agravante, contexto en el cual el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia. Finalmente, se precisa que la concesión de la tutela se limita a ordenar que el Juez hoy accionado celebre la audiencia de recurso de apelación incidental, con la finalidad de su resolución; sin pronunciarse sobre el fondo de la situación jurídica del accionante. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución AL-010/2022 de 17 de diciembre, cursante de fs. 22 a 27 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada con relación a los derechos a la libertad, al debido proceso, así como al principio de celeridad conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
a) Disponer que el Juez Público de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcapirhua del departamento de Cochabamba o la autoridad judicial que se encuentra a cargo del control jurisdiccional, efectúe la remisión de antecedentes del recurso de apelación incidental presentado por José Israel Alanes Villarroel ante el Tribunal de alzada, salvo que estos actuados por el transcurso del tiempo ya se hubiesen realizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0581_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): f2cd232581c6958ad41f4ef3002e502e3249c223e6c71eacb2a6376839a67c67
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