B.IA.LEGAL

SCP 0579/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
10 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46934-2022-94-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración del principio de celeridad, de sus derechos a acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad personal y a la petición; en razón a que, sus reiteradas solicitudes de cesación a la detención preventiva, interpuestas desde el 14 de octubre de 2021, no fueron atendidas, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; REVOCAR EN PARTE la Resolución 003/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 40 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada con relación a la Jueza demandada; y, 2º CONCEDER en la modalidad de acción de libertad innovativa respecto a Elizabeth Yascarita Temo Paz, exhortándoles a no incurrir en lo posterior, en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales; menos aún, en la atención de los trámites y solicitudes vinculados con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. El principio de celeridad en relación al señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la
  3. III.3. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional.
  4. III.4. La acción de libertad innovativa
  5. III.5. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0579/2023-S4 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46934-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 003/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 40 a 43 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Javier Néstor Chuquimia Siles en representación sin mandato de Goran Clement Mamani Blanco contra Claudia Ximena Carvallo Gumucio, Jueza de Sentencia Penal Tercera del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 7 de abril de 2022, cursante de fs. 3 a 8 vta., la parte accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual y violencia familiar o doméstica; el 14 de octubre de 2021, solicitó cesación a su detención preventiva, al cumplir con los requisitos exigidos por el art. 239.4 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– y la Ley de Modificación a la Ley 1173 –Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019–. No obstante, la atención a su solicitud sufrió una serie de dilaciones; pues cuando, se apersonó ante el Juzgado de Sentencia Penal Tercero a cargo de la tramitación de la causa, le informaron que su memorial fue corrido en traslado a las partes procesales; y posteriormente, que el cuaderno procesal se encontraba en Despacho. Ante lo cual, el 21 de enero de 2022, solicitó imprima celeridad en la sustanciación del incidente interpuesto; sin embargo, hasta el 5 de abril de igual año, la Jueza similar Cuarta, en suplencia legal, no dictó resolución alguna, y menos la Juez titular que ya asumió funciones en el precitado Juzgado. Actitud negligente que repercutió directamente en su libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato denunció la lesión del principio de celeridad, de sus derechos a acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad personal y a la petición; citando al efecto, los arts. 24, 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene que en el plazo de veinticuatro horas, la autoridad demandada emita resolución respecto a su solicitud de cesación de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 8 de abril de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 38 y 39, presente la parte accionante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela a través de su representante sin mandato en audiencia; refiere que, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba, desde hace cuatro años y siete meses; además, de no tener un señalamiento de audiencia de juicio oral; así como, tampoco la presentación de la notificación con la acusación, dejándolo en una incertidumbre judicial; asimismo, hasta la fecha se encuentra sin resolverse la solicitud de cesación a su detención preventiva planteada el 16 de octubre de 2021, habiendo transcurrido casi seis meses.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Claudia Ximena Carvallo Gumucio, Jueza de Sentencia Penal Tercera del Departamento de Cochabamba, a través de memorial de 8 de abril de 2022, cursante de fs. 17 a 18 vta. informó lo siguiente: a) Fue posesionada en el cargo referido, el 25 de enero de 2022, solicitando el 26 del mismo mes y año, al personal del Juzgado a cargo, informe respecto a incidentes o causas pendientes de resolver y rol de audiencias; b) En fecha 7 de abril del citado año, como emergencia de la interposición de la presente acción de libertad interpuesta por el accionante, la Secretaria del Juzgado a su cargo, recién le informó respecto al trámite pendiente de cesación a la detención preventiva; ante lo cual, su autoridad emitió la Resolución el 7 de abril de 2022; c) El impetrante de tutela, maliciosamente omitió informar que en audiencia de juicio oral celebrada el 30 de septiembre de 2021, fue declarado rebelde, y que hasta la fecha, no purgó su rebeldía; en consecuencia, no agotó la vía subsidiaria y tampoco la legitimación activa; y, d) Solicitó se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 003/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 40 a 43 vta., denegó la tutela impetrada, en base a los siguientes fundamentos: 1) Del informe de la Secretaria del Juzgado Penal Tercero del citado departamento, se evidenció que la misma no puso a conocimiento de la autoridad demandada, la existencia del incidente; 2) De la revisión de antecedentes, se evidenció que no existía una nota de ingreso a Despacho para que la ahora demandada pueda resolver dicha solicitud; y no fue hasta el 7 de abril del referido año, que la Jueza hoy demandada se enteró de esta; como consecuencia de la interposición de la presente acción de libertad, quien resolvió de manera inmediata la misma; y, 3) Al no haber tenido conocimiento sobre la existencia de lo que hoy se reclama, la autoridad demandada carece de legitimación pasiva en la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 14 de octubre de 2021, dirigido al Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba, el accionante solicitó cesación a su detención preventiva (fs. 28 a 29 vta.). II.2. Por memorial presentado el 21 de enero de 2022, dirigido al Juez de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba, el impetrante de tutela pidió resolución a su solicitud de cesación a la detención preventiva (fs. 33 vta.). II.3. Cursa Certificado de Permanencia y Conducta de 4 de marzo de 2022, emitido por Marcelo Licona Quintanilla, Director del Centro Penitenciario San Antonio de Cochabamba; por el que, certificó que: i) Goran Clemente Mamani Blanco –hoy accionante–, tiene permanencia en ese Recinto Penitenciario desde el 30 de agosto de 2017; es decir, por cuatro años, seis meses y cuatro días, hasta esa data; y, ii) Durante su permanencia, transgredió las normas disciplinarias de la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión (LEPS) –Ley 2298 de 20 diciembre de 2001–; existe en file Resolución Disciplinaria 022/2021 de haber infringido el Capítulo II, art. 129 inc. 3 de la Ley referida; Resolución Disciplinaria 042/2021 de haber infringido el Cap. II art. 129 incs. 3 y 7 de la Ley precitada (sic.) (fs. 2).

II.4. Consta Informe de 8 de abril de 2022, emitido por Elizabeth Yascarita Temo Paz, Secretaria del Juzgado Penal Tercero del departamento de Cochabamba, dirigido a la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del mismo departamento, refiriendo que: a) La causa seguida a instancias del Ministerio Público contra Goran Clemente Mamani Blanco, por la presunta comisión de los delitos de violencia familiar y abuso sexual, recién pasó a Despacho judicial; ya que, dicho Juzgado, desde abril de 2021 al 26 de enero del año en curso, se encontraba sin titular; b) Al encontrarse por casi un año en acefalia se tenía una recargada agenda con señalamiento de audiencias; y, c) Es responsabilidad suya, controlar los plazos procesales; sin embargo, por la recargada labor de ese Despacho judicial y por un error involuntario, no se procedió a ingresar la causa a Despacho para la respectiva resolución (fs. 19). II.5. Cursa Auto Interlocutorio de 8 de abril de 2022, emitido por la Jueza de Sentencia Penal Tercera –hoy demandada–; por el que, declaró improcedente la solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada el 14 de octubre de 2021 (fs. 36 a 37 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración del principio de celeridad, de sus derechos a acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad personal y a la petición; en razón a que, sus reiteradas solicitudes de cesación a la detención preventiva, interpuestas desde el 14 de octubre de 2021, no fueron atendidas, hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0885/2022-S4 de 22 de julio, señaló que: “‘El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertadʹ.

En ese entendido la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ʽ…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad ʹ. Consiguientemente, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante dilaciones indebidas que van en menoscabo de la persona privada de libertad, es por ello que la importancia de esta acción tutelar, radica en la búsqueda de la efectividad del principio de celeridad, el cual se encuentra previsto en los arts. 178.I y 180.I de la CPE, en concordancia con el 8.1 de la CADH; y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que establecen el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas; un actuar contrario a este principio, supone vulneración al derecho a la libertad, establecido en el art. 23.I de la Norma Suprema” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.2. El principio de celeridad en relación al señalamiento de audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva en el marco de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la

Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–

Al respecto la SCP 0383/2018-S4 de 2 de agosto, reiterando el razonamiento de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, señaló que: “‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. (…) De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud.

En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación; lo cual, implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual, toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición; sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa. Por otra parte, la SCP 0247/2012 de 29 de mayo, establece que: ‘Si bien esta Sentencia Constitucional desarrolló las sub reglas referentes a que debe considerarse un acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva; pero, razonando que no existe dilación indebida cuando se suspende la audiencia de medidas cautelares por falta de notificación, debiendo fijarse nueva fecha; sin embargo, este razonamiento debe precisarse, en el sentido de que la autoridad judicial en el trámite de la cesación de la detención preventiva, no debe prolongar de forma indefinida la suspensión de audiencias de medidas cautelares, con el simple justificativo de proceder de esa forma, por una falta de notificación a las partes procesales o por una carencia de medios técnicos que pueden ser suplidos por otros. Con mayor razón, cuando la normativa procesal penal, establece en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la obligatoriedad de la notificación de las resoluciones al día siguiente de ser dictadas…ʼ”(Las negrillas nos corresponden). En ese contexto jurisprudencial, se concluye que es deber de la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación a la detención preventiva de un privado de libertad, tramitar la misma con la mayor celeridad dentro de los plazos fijados por ley; en cuyo caso debe considerarse que el art. 11 de la Ley 1173, modificada a su vez por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, modifican el texto del art. 239 de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, del Código de Procedimiento Penal (CPP), cuyo texto modificado señala: “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, , narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”.

Del texto del referido artículo se advierte que inicialmente señala los casos en los que es posible la cesación de medidas cautelares de carácter personal, refiriendo luego el trámite a seguir, estableciendo los plazos previstos por la referida norma procesal al efecto, que prevé que el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, en los casos de los numerales 3 y 4 deberá resolver máximo en el plazo de cinco días, y en el resto de los casos deberá fijar audiencia y resolver dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; de lo que se concluye que un actuar contrario, constituiría dilación indebida.

III.3. Sobre la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional.

Jurisprudencia reiterada Con relación a la legitimación pasiva del personal de apoyo jurisdiccional, la SCP 0464/2018-S4 de 27 de agosto, citando a su vez a la SCP 1437/2015 de 23 de diciembre, estableció que: “`La jurisprudencia constitucional 6 estableció que los funcionarios de apoyo judicial carecían de legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa; toda vez, que no ejercían jurisdicción y que actuaban en cumplimiento de las instrucciones de la autoridad jurisdiccional quien tiene la potestad para determinar su responsabilidad y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes; sin embargo, la SCP 0427/2015 de 29 de abril, cambió de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa, al señalar: «…la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional‛.

Es así que a partir del entendimiento jurisprudencial citado, el personal de apoyo judicial tiene legitimación pasiva para ser demandado en las acciones de defensa cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas» ″´. Por otra parte en su art. 56 de la Ley 1173, los Secretarios juegan un papel importante en cuanto a la asistencia de la Jueza, el Juez o Tribunal respecto al cumplimiento de sus actos jurisdiccionales por una secretaria o secretario, a quien le corresponderá como funciones propias las siguientes: 1. Controlar, a través del sistema informático de gestión de causas, el cumplimiento de los plazos procesales, debiendo informar oportunamente a la jueza, juez o tribunal antes de su vencimiento; a tal efecto, deberá proyectar la conminatoria de control jurisdiccional al Ministerio Público, bajo responsabilidad. 2. Asistir a la jueza, juez o tribunal en audiencia para garantizar su desarrollo conforme establece la normativa vigente; 3. Emitir las providencias de mero trámite que no sean pronunciadas en audiencia; 4. Custodiar los elementos de prueba para la realización de la audiencia, garantizando el orden de la codificación y su inalterabilidad, quedando en resguardo de los objetos y documentos, bajo su exclusiva responsabilidad; 5. Elaborar y mantener un inventario actualizado de los procesos; 6. Coordinar funciones con la Oficina Gestora de Procesos conforme a reglamentos operativos, circulares y protocolos, de conformidad a sus respectivas competencias; 7. Informar a las partes con la debida diligencia y buen trato; 8. Dirigir al personal auxiliar; y, 9. Cumplir con todas las tareas que la jueza, el juez o tribunal ordene en procura de mejorar la gestión del despacho judicial. Conforme a la jurisprudencia constitucional precedente, los servidores de apoyo judicial, son susceptibles de responsabilidad cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en la vulneración de derechos fundamentales.

III.4. La acción de libertad innovativa

La SCP 1089/2019-S4 de 26 de diciembre, sustentada en la SCP 2075/2013 de 18 de noviembre, señaló que: “La doctrina constitucional ha desarrollado diferentes modalidades o tipos de habeas corpus -ahora acción de libertad, así, entre ellos se tiene el habeas corpus innovativo, lo que en el régimen constitucional vigente equivale a la acción de libertad innovativa. Su naturaleza principal radica en que, la jurisdicción constitucional, a través de esta garantía, tiene la facultad de tutelar la vida, libertad física y de locomoción, frente a las acciones y omisiones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión, aun cuando las mismas hubieran cesado o desaparecido. En ese contexto argumentativo, la acción de libertad –innovativa permite al agraviado o víctima de la vulneración acudir a la instancia constitucional pidiendo su intervención con el propósito fundamental de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren ese tipo de conductas por ser reñidas con el orden constitucional; pues, conforme lo ha entendido la jurisprudencia, en la SCP 0103/2012 de 23 de abril, ´la justicia constitucional a través de la acción de libertad se activa para proteger derechos subjetivos (disponibles) y además derechos en su dimensión objetiva, es decir, busca evitar la reiteración de conductas reñidas contra el orden público constitucional y los bienes constitucionales protegidos de tutela reforzada‛. Ahora bien, está claro que el propósito de la acción de libertad innovativa, radica, fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, tiene la misión fundamental de evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales, en razón a que, como ha entendido la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, más al contrario, este mecanismo de defensa constitucional tutela los derechos también en su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad y que fundamentan todo el orden constitucional…” (las negrillas son añadidas).

III.5. Análisis del caso concreto

La impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración del principio de celeridad, de sus derechos a acceder a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, a la libertad personal y a la petición; en razón a que, el 14 de octubre de 2021 solicitó cesación a su detención preventiva; luego, ante la falta de respuesta al mismo, el 21 de enero de 2022, mediante nuevo memorial pidió que se imprima celeridad a su solicitud, sin ser atendido. Precisada la problemática de la presente acción tutelar, corresponde a continuación analizar los antecedentes cursantes en el expediente; de donde se evidencia que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y violencia familiar o doméstica establecidos en los arts. 312 y 272 del Código Penal (CP); el 14 de octubre de 2021, presentó memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva al Juzgado de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba, donde radica su causa; y ante sus apersonamientos ante la Secretaria del Juzgado, se le informó, en una primera oportunidad, que su expediente se encontraba con decreto de traslado a las otras partes del proceso; y posteriormente, que el cuaderno procesal se encontraba en Despacho; por lo que, el 21 de enero de 2022 mediante nuevo memorial, pidió que se imprima celeridad a sus solicitudes, sin que hasta la presentación de esta acción de defensa hubiera sido notificado con providencias a ninguna de sus dos solicitudes.

III.5.1. En cuanto a la actuación de la Jueza demandada

La acción de libertad de pronto despacho tiene como objeto asegurar que cualquier solicitud vinculada con el derecho a la libertad, sea atendida sin dilaciones indebidas que vayan en menoscabo de la persona privada de libertad; puesto que, se busca la efectivización del principio de celeridad; en virtud a lo cual, es labor de las autoridades a cargo de la tramitación de los procesos no sólo observar los plazos procesales; sino, cumplir de manera responsable con la potestad de impartir justicia con la debida diligencia, tramitando las causas con la mayor rapidez posible y dentro de los plazos legales, considerando que se encuentra en juego el derecho a la libertad física de las personas; dado que, de no hacerlo, se provoca una restricción indebida del citado derecho. Ahora bien, conforme establece el art. 239.4 del CPP, correspondía que la solicitud presentada por el impetrante de tutela, hubiera sido corrida en traslado a las partes dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a su interposición y con contestación o sin ella, dictarse resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Así en el caso analizado, la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal Tercero, acreditó a través de su informe presentado ante la Jueza de garantías, que las solicitudes del solicitante de tutela no pasaron a conocimiento de la autoridad demandada, de manera oportuna; pese a que, la misma se hizo cargo de dicho Despacho Judicial, desde el 26 de enero de 2022. De otro lado, y siendo que la Jueza demandada se hizo cargo del Despacho Judicial, recién el 26 de enero de 2022, y no conoció de la solicitud realizada por el accionante; sino, hasta el 7 de abril del mismo año, cuando se interpuso la presente acción tutelar, constituye la misma, una situación especial y excepcional que, en el caso analizado salva su responsabilidad de la evidente dilación en la atención a lo pretendido; sin embargo, debe recordarse a dicha autoridad es el director funcional del proceso, y se encuentra a cargo del personal de apoyo jurisdiccional; y en virtud a ello, el incumplimiento de las funciones del mismo, es también responsabilidad suya; por lo que se le exhorta a tener mayor control en el desempeño de las funciones de dicho personal. Entonces, al ser evidente que la autoridad demandada asumió funciones recientemente en el Juzgado a cargo del proceso; y en efecto, la solicitud presentada por el impetrante de tutela no fue de su conocimiento de manera oportuna, ambas razones en su conjunto, que le impidieron resolver la petición dentro de los plazos legales, se deniega la tutela impetrada con relación a la misma.

III.5.2. En cuanto a la actuación de la Secretaria

En lo que respecta a la Secretaria del mencionado Juzgado, considerando lo señalado en sus informes; se evidencia que, fue ella, quien provocó una dilación injustificada en la atención a las solicitudes del solicitante de tutela con relación a los dos memoriales; pues como, se ha establecido en la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.3, las Secretarias juegan un papel importante al brindar asistencia de los jueces en la gestión de las causas y el cumplimiento de los plazos procesales. En virtud a lo manifestado; en el caso analizado, se concede la tutela impetrada con relación a la misma, sin responsabilidad, dado que, no fue demandada en la presente acción; empero, es innegable que la dilación denunciada en la presente acción de defensa, fue responsabilidad de la misma.

Cabe aclarar que la concesión de tutela solicitada contra Elizabeth Yascarita Temo Paz, Secretaria Abogada del Juzgado de Sentencia Penal Tercero del departamento de Cochabamba, surte efectos únicamente en la modalidad de acción de libertad innovativa, por la dilación verificada; sin embargo, no corresponde establecer ningún tipo de responsabilidad; como tampoco disposición alguna, al evidenciar que el reclamo efectuado por el hoy accionante, ya fue atendido. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; REVOCAR EN PARTE la Resolución 003/2022 de 8 de abril, cursante de fs. 40 a 43 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada con relación a la Jueza demandada; y, 2º CONCEDER en la modalidad de acción de libertad innovativa respecto a Elizabeth Yascarita Temo Paz, exhortándoles a no incurrir en lo posterior, en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales; menos aún, en la atención de los trámites y solicitudes vinculados con el derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0579_2023-S4.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): f4049b64ce6c5278e9556918b307af8ba798a4fee898494ab1712f3af3b22477

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →