B.IA.LEGAL

SCP 0578/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 17 de junio de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
17 de junio de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
52800-2023-106-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva; ante lo cual, interpuso recurso de apelación incidental, el que fue resuelto en audiencia de 23 de diciembre de 2022, disponiendo “admisible e improcedente”; posteriormente, se presentó una primera acción de libertad el 30 de diciembre de 2022, audiencia que llevó a cabo el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital de Santa Cruz, el 31 del mismo mes y año, tutela que fue negada, porque no estaba transcrito el acta de apelación incidental, que debía haber sido elaborado por el Secretario demandado; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta segunda acción de libertad, el Secretario demandado no elaboró el acta de dicha audiencia; por lo que, considera una actuación dilatoria contraria al principio de celeridad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 4 de enero, cursante de fs. 44 vta. a 46, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER respecto al Vocal Wálter Pérez Lora y Secretario Ariel Condori Marcos, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la presente acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho. 2° Disponer lo siguiente: Con relación al Vocal que no vuelva a dilatar con programación o suspensiones de audiencia innecesarios y controle la labor de sus subalternos en el tema de plazos con la remisión o elaboración de actas, más cuando de por medio se encuentran personas privadas de libertad; y, con relación al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la remisión en el día del acta extrañada, si aún no lo hubiese hecho. 3° Exhortar

Al Vocal Walter Pérez Lora, a ejercer de forma idónea el control de las actuaciones de su personal subalterno y de los plazos procesales a efectos de evitar dilaciones innecesarias y a cumplir con las responsabilidades establecidas en el art. 56 del CPP y los plazos procesales establecidos en el mismo, en cumplimiento de los principios de celeridad y debida diligencia.

Al Juez Hebert Zeballos Dominguez, cumplir con su labor de Juez de garantías, ya que debió haber solicitado el acta para tener conocimiento y llevar adelante la audiencia de apelación tutelar interpuesta por el accionante.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la flexibilización de la legitimación pasiva
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho en casos de medidas cautelares
  3. III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0578/2025-S3 Sucre, 17 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 52800-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2023 de 4 de enero, cursante de fs. 44 vta. a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Nelly Sejas Saavedra y John Glenn Copaz Justiniano en representación sin mandato de Milko Alberto Moreno Antelo contra Ariel Condori Marcos, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 3 de enero de 2023, cursante de fs. 18 a 21, el accionante a través de sus representantes, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica le impusieron la medida cautelar de detención preventiva, dictada mediante Auto de Vista de 26 de noviembre de 2021; en consecuencia, presentó solicitud de cesación de la detención preventiva, en el Juzgado de Sentencia Penal y Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de la Capital del departamento de Santa Cruz, petición rechazada mediante Auto Interlocutorio 620/22 de 9 de noviembre de 2022, por el mencionado Juzgado, decisión que fue apelada, radicando la causa ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señalando audiencia para el 9 de diciembre de ese año, la misma suspendida para el 15 de diciembre de igual año a las 14:00, la cual nuevamente volvió a suspenderse, fijada señalando para el 23 de diciembre del mismo año a las 11:00, llevándose a cabo la audiencia de apelación incidental en la mencionada Sala Penal, la cual declaró admisible e improcedente la apelación presentada, siendo esa resolución carente de fundamentación y motivación; por lo que presentó acción de libertad contra dicha determinación judicial el 30 de diciembre de 2022, llevándose a cabo el 31 de mismo mes y año a las 12:30 mediante audiencia virtual; sin embargo, el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, como Juez de garantías, negó la tutela solicitada, porque no estaba transcrito el acta de audiencia de apelación incidental de 23 de diciembre de 2022, la cual era necesaria para llevarse a cabo la audiencia de la acción de libertad; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar, no tienen el acta transcrito, siendo así que el accionar del Secretario demandado, es considerado dilatorio, porque la Resolución de primera instancia fue apelada en la misma audiencia; cuyo recurso de apelación conjuntamente el acta, tendrían que haber sido remitidos a la Sala Penal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas; aspecto que no ocurrió en el caso de autos; por lo que, el demandado al haber prolongado la remisión de los actuados, incurrió en dilación injustificada, vulnerando su derecho al debido proceso, vinculado a la libertad y la celeridad procesal, ya que transcurrieron 11 días hasta la fecha y no se cuenta con el acta de dicha audiencia y en consecuencia la retardación indebida, que afecta directamente su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y principio de celeridad, citando al efecto los arts. 22, 115, 117.I, 125, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 2 y 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga ordenar al Secretario demandado transcriba y remita el acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares al superior en grado.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 4 de enero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 43 a 44 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus representantes sin mandato, ratificó de forma íntegra los argumentos contenidos en la acción tutelar y ampliándola, señaló que: a) Respecto a la determinación judicial que fue apelada en audiencia el 23 de diciembre de 2022, hasta el momento de la presentación de la acción tutelar, no se habría elaborado ni remitido al superior en grado, prolongándose indebidamente su detención preventiva; por lo que, continúa la dilación arbitraria; b) La SCP 0326/2014 de 21 de febrero, ingresa en un análisis de la problemática planteada respecto a los Secretarios, el Auxiliar y Oficial de Diligencia que son servidores y servidoras públicos de apoyo judicial por lo que no ejercen facultades jurisdiccionales como los jueces y en consecuencia carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, considerando que su función es acatar ordenes e instrucciones de sus superiores, exceptuando cuando no asume la determinación de la autoridad jurisdiccional siempre y cuando implique lesión a derechos fundamentales o garantías constitucionales; c) Invocó la SCP 0332/2010-R de 17 de junio y “12792/2011-R de 16 de septiembre” señaló que la falta o la no oportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento del plazo de la remisión de los antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, son responsabilidad del Secretario; y, d) La SCP 1187/2016-S2 de 22 de noviembre, en relación a la presunción de veracidad de lo denunciado, expuso el deber de responder a la acción de defensa; caso contrario, se tomara como presunción de veracidad de lo demandado por el accionante; toda vez que, el demandado no remitió, ni efectuó ningún informe.

I.2.2. Informe del demandado

Ariel Condori Marcos, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentó informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 24.

I.2.3. Resolución

El Juzgado de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 01/2023 de 4 de enero, cursante de fs. 44 vta. a 46, concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) El Secretario no realizó acta de audiencia de apelación a una medida cautelar celebrada en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz, el 23 de diciembre de 2022; 2) Cuando un servidor público fue notificado y en función a ello se presume que ya tuvo conocimiento del contenido de la demandada y no realizó ningún informe o remitió algún elemento de prueba que demuestre lo contrario del argumento expuesto en la acción de libertad, da por entendido que los hechos de la acción tutelar fueron verdad y consiguientemente deberá darse fe y credibilidad a la misma; 3) Cuando se está ante una medida cautelar de carácter personal, la regla señaló que la acción alcanza a quienes ejercen jurisdicción, porque ahí toman decisiones y definen la situación jurídica de las pretensiones de las partes; y, 4) Considera que el Secretario de Cámara, debió haber elaborado el acta y devolver el cuadernillo de apelación al Juzgado de origen o juez de la causa, y sin duda alguna que tiene alcance la presente acción de libertad contra él, porque era su obligación y deber, realizar el acta.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Decreto firmado por Walter Pérez Lora, Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de 11 de noviembre de 2022, que señala audiencia para el 9 de diciembre de igual año, con el objetivo de resolver el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 620/22 de 9 de noviembre de 2022, dicho decreto hace mención que en cumplimiento al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no podrá suspenderse y se realizará inclusive sin la presencia de los sujetos procesales en caso de ausencia -audiencia que fue fijada para veintiocho días después de dicha apelación incidental-(fs. 14). II.2. Se tiene Acta de Suspensión de Audiencia de Apelación Cautelar de 9 de diciembre de 2022, misma que fue suspendida para el 15 del mismo mes y año -dilatando nuevamente otros seis días la audiencia que resuelve la situación de libertad del accionante-, con el justificativo que el Ministerio de Minería y Metalurgia, como el Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, solicitaron la suspensión de dicha audiencia mediante memorial (fs. 15). II.3. Consta Acta de Suspensión de Audiencia de Apelación Cautelar de 15 de diciembre de 2022, misma que fue suspendida para el 23 de mismo mes y año- dilatando reiteradamente otros ocho días la audiencia que resuelve la situación de libertad del accionante-, con el justificativo que las partes no se encontraban legalmente notificadas (fs. 16). II.4. Mediante la Resolución 01/2023 de 4 de enero, el Juez de garantías hace conocer que el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz -demandado-, no elaboró el acta de audiencia de apelación incidental que se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2022, y pese a los constantes reclamos por la parte accionante, no fue realizada hasta la fecha presentación de la presente acción de libertad (fs. 44 vta. a 46). II.5. Cursa en el Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional el ingreso de causa identificada como expediente 52946-2023-106-AL, acción de libertad presentada por Jhon Glenn Copaz Justiniano en representación sin mandato de Milko Alberto Moreno Antelo contra Walter Pérez Lora, a través del cual solicita se le conceda la tutela dejando sin efecto el Auto de Vista de 23 de diciembre de 2022 y en consecuencia sea emitido un nuevo auto. Con cargo de recepción del Juzgado de Sentencia Penal Octavo del departamento de Santa Cruz, de 30 de diciembre de 2022, y Auto de igual fecha por el que se admite la acción de libertad. Acción de defensa que mereció la Resolución 07/2022 de la misma data, pronunciada por el entonces Juez de garantías; y, que fue sorteada en este Tribunal, el 2 de junio de 2025.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva; ante lo cual, interpuso recurso de apelación incidental, el que fue resuelto en audiencia de 23 de diciembre de 2022, disponiendo “admisible e improcedente”; posteriormente, se presentó una primera acción de libertad el 30 de diciembre de 2022, audiencia que llevó a cabo el Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital de Santa Cruz, el 31 del mismo mes y año, tutela que fue negada, porque no estaba transcrito el acta de apelación incidental, que debía haber sido elaborado por el Secretario demandado; sin embargo, hasta la fecha de interposición de esta segunda acción de libertad, el Secretario demandado no elaboró el acta de dicha audiencia; por lo que, considera una actuación dilatoria contraria al principio de celeridad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la flexibilización de la legitimación pasiva

Amerita también hacer referencia a una causal de flexibilización de la legitimación pasiva, que coadyuvará en la resolución de la presente causa, en ese sentido la SCP 2027/2013 de 13 de noviembre en su Fundamento Jurídico III.1 establece:

[E]n armonía con las consideraciones anteriores, debe hacerse hincapié que, a la luz del art. 3.5 del CPCo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio de informalismo; por lo tanto, la jurisdicción constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada, para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante, no obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiese sido demandado, considerando que, pese al incumplimiento de los formalismos de orden procesal, resulta ser de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos objeto de protección de la acción de libertad. El presente razonamiento, ya tiene su antecedente en el entonces Tribunal Constitucional; así, en la SC 0499/2007-R de 19 de junio, se dilucidó la problemática donde el agraviado demandó al representante del Ministerio Público, por considerar autor de la transgresión de su derecho a la libertad; sin embargo, luego de haberse realizado la correspondiente compulsa de los antecedentes del proceso, el máximo protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vio por conveniente conceder la tutela, no precisamente contra la autoridad demandada, sino contra el verdadero responsable, que en el caso de referencia recaía en la autoridad jurisdiccional; no obstante de lo anterior, en tales circunstancias, al autor de la transgresión, no será posible condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración, porque como consecuencia de que la acción no fue dirigida contra él, este no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa, haciendo prevalecer su versión ante la autoridad competente; por lo tanto, en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiese sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante (el resaltado es añadido).

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho en casos de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación (las negrillas son nuestras).

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte. Sistematización precedentemente glosada, se halla en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0223/2018-S2 de 22 de mayo y 0656/2018-S2 de 15 de octubre, entre otras.

III.3. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por el accionante

La jurisprudencia constitucional entendió inicialmente a través de las SSCC 1068/00-R de 15 de noviembre de 2000 y 1388/2002-R de 18 de noviembre, entre otras, que para la concesión del entonces recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, debería existir prueba que demostrara las afirmaciones del accionante. Posteriormente, a través de las SSCC 1164/2003-R de 19 de agosto y 0785/2010-R de 2 de agosto, se determinaron excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad, en los siguientes supuestos: i) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, ii) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras (las negrillas son nuestras).

En el mismo sentido, la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, refiere sobre la presunción de veracidad de los hechos demandados por el accionante; estableciendo que, atendiendo a los principios constitucionales de compromiso e interés social, de responsabilidad que rigen la función pública y a la naturaleza de los derechos tutelados por la acción de libertad, señala: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos”. Entendimiento que fue reiterado, entre otras, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0320/2016-S3 de 3 de marzo y 0037/2018-S2 de 6 de marzo. En consecuencia, la parte demandada tiene la obligación, por su propio interés, de presentar la prueba necesaria y suficiente que permita desestimar una acción presentada en su contra, pues su negligencia puede dar lugar a determinarle responsabilidad, más aún, cuando se trata de un servidor público, que tiene el deber de elevar un informe con la prueba suficiente ante el Juez o tribunal de garantías, y estar presente en la audiencia; pues de lo contrario, se presume la veracidad de los hechos o actos denunciados por la o el accionante (las negrillas son agregadas).

Entendimiento extraído de la SCP 0500/2018-S2 de 14 de septiembre.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela a través de la presente acción de defensa denuncia dos problemas jurídicos para analizar en la presente demanda derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.´ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.

Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ʽLa Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados´ (negrillas agregadas) y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.

Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.

En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ʽLos hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso´ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: `…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso´; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R.

Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ʽ…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley´”.

tutelar: i) Ante la imposición de la medida cautelar de detención preventiva, presentó solicitud de su cesación; sin embargo, la autoridad jurisdiccional la negó; por lo que, interpuso recurso de apelación incidental en la misma audiencia contra el Auto Interlocutorio 620/22, ordenándose la remisión del expediente a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; consiguientemente, el Vocal de dicha Sala mediante decreto de 11 de noviembre de 2022, dispuso audiencia de resolución para el 9 de diciembre del mismo año, siendo suspendida para el 15 del citado mes y año, procediendo nuevamente a su postergación para el 23 de igual mes y año; vale decir, que transcurrieron cuarenta y dos días, para que se desarrollara la audiencia de apelación de medidas cautelares; y, ii) Por otra parte, una vez llevada finalizada la audiencia de consideración de la apelación incidental el 23 de diciembre de 2022, el Secretario de dicha Sala Penal, no elaboró la respectiva Acta hasta la presentación de esta acción de libertad. Por lo que, tanto el Vocal como el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz incurrieron en dilación, lesionándose el debido proceso en su componente de celeridad, así como su derecho a la libertad.

Asimismo, antes de ingresar al análisis de fondo, cabe mencionar que de la revisión del Sistema Informático del Tribunal Constitucional Plurinacional, se evidencia la existencia de dos acciones de libertad, en las cuales figuran los mismos sujetos procesales evidenciándose igualdad de sujeto, de la misma manera, la causa que da origen es la misma, pero el objeto jurídico de ambos es diferente, siendo que el expediente 52946-2023-106-AL, tiene como solicitud, dejar sin efecto el auto de vista de 23 de diciembre de 2022 y en consecuencia sea emitido un nuevo auto; sin embargo, el presente expediente, objeto de análisis, tiene como objeto jurídico, la remisión del acta de audiencia de apelación incidental de medidas cautelares al superior en grado; por consiguiente, no existe igualdad de objeto, motivo por el cual, no opera la figura de la acumulación.

a) Con relación al primer problema jurídico;

Con carácter previo, cabe aclarar que si bien el accionante no demanda al Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz Walter Pérez Lora, tampoco en su petitorio solicita una llamada de atención por la dilación efectuada por esta autoridad con las constantes suspensiones de audiencia injustificada; sin embargo, realizó la denuncia correspondiente a través de esta demanda tutelar; razón por la cual, este Tribunal al advertir la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad por parte de esta autoridad, al haber dilatado de sobremanera sin cumplir los plazos procesales y lo establecido por la jurisprudencia constitucional, amerita conocer y resolver este problema jurídico.

Por otra parte, a efectos de superar todo problema procesal y poder ingresar al fondo de la problemática planteada, cabe señalar que conforme al Fundamento Jurídico III.1, cuando el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz programa para después de veintiocho días pasada la audiencia de apelación incidental a una resolución que resuelve la audiencia de medida cautelar y suspende audiencias injustificadas por ausencia de una de las partes -terceros interesados- o solicitudes de suspensión para dilatar y no resolver la situación del accionante que se encontraba con detención preventiva, teniendo como consecuencia cuarenta y dos días dilatorios por el accionar de la autoridad mencionada; por lo que, se amplía la legitimación pasiva contra el Vocal sin responsabilidad, respetando su derecho a la defensa. En ese sentido, conforme a las Conclusiones II.1, II,2 y II.3 el Vocal de dicha Sala emite el Decreto de 11 de noviembre de 2022, señalando audiencia para resolver dicho recurso de apelación para el 9 de diciembre del mismo año, realizando una dilación de veintiocho días, cuando el art. 251 del CPP, señala que no debe pasar de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones (Conclusión II.1). El 9 de noviembre de 2022 se reúne nuevamente la Sala Penal para resolver dicho recurso de apelación; sin embargo, con el justificativo que el Ministerio de Minería y Metalurgia, así como el Vice Ministerio de Transparencia, solicitaron suspensión de audiencia mediante memorial; en efecto, se vuelve a suspender la audiencia para el 15 de diciembre del mismo año, sumando otros seis días de dilación (Conclusión II.2); no obstante, en la fecha indicada se llevó a cabo la misma y nuevamente se suspende por tercera vez para el 23 del mismo mes y año, retardando otros ocho días, (Conclusión II.3), con una sumatoria total de dilación innecesaria de cuarenta y dos días, de suspensión no justificada, llevándose a cabo por fin en la fecha mencionada la audiencia para resolver el recurso de apelación.

b) Con relación al segundo problema jurídico

Conforme a la Conclusión II.4 se tiene que el Juez de garantías, comprobó de los actuados llevados a su conocimiento para resolver esta acción de libertad, que el Secretario demandado, no elaboró ni remitió el acta de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental que se llevó a cabo el 23 de diciembre de 2022; teniendo como consecuencia la presentación de la primera acción de libertad el 30 de diciembre de 2022, llevándose a cabo el 31 de mismo mes y año; es por ese motivo que, el Juez de garantías Hebert Zeballos Dominguez, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz rechazó; dicha acción tutelar, sumando más días de dilación innecesaria por la irresponsabilidad del indicado Secretario (Conclusión II.5).

Conforme al Fundamento Jurídico III.2 sobre la celeridad; dispone que todo funcionario judicial tiene la obligación de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; es así, que en los casos que un recurso de apelación incidental hubiera sido planteado oralmente en audiencia, deberá ser concedido en el acto y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y como plazo máximo tres días para ser resuelto, de lo contrario implicaría dilación indebida, más aún si no existe una justificación debidamente argumentada; lo cual aconteció en el caso de autos, toda vez que, tanto el Vocal como el Secretario demandado, corresponsables de todas las actuaciones jurisdiccionales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz; incurrieron en dilación indebida, porque suspendieron audiencias indebidamente ocasionando una dilación de cuarenta y dos días y no elaboraron el acta ni remitieron oportunamente el mismo; inobservando el plazo de veinticuatro horas para remitir y cuarenta y ocho horas para resolver el recurso de apelación incidental establecido en el art. 251 del CPP y la jurisprudencia citada precedentemente; por lo que, vulneraron los derechos al debido proceso y el principio de celeridad, sobre el cual debieron regir sus actuaciones, más aún, cuando en el presente caso el accionante se encuentra privado de libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada.

Ahora bien, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la presunción de veracidad solo opera cuando: i) La autoridad demandada no comparece ni presenta informe que desvirtúe las afirmaciones del accionante; y, ii) La denuncia del accionante contiene una relación clara y precisa de hechos, que permita constatar objetivamente la existencia del acto lesivo denunciado, bajo ese entendimiento se evidencia que en el caso en análisis, el Secretario demandado no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar pese a su notificación a fs. 24.

III.5. Otras consideraciones

Cabe aclarar que el primer Juez de garantías Hebert Zeballos Dominguez, Juez de Sentencia Contra la Violencia hacia la Mujer y Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, el 31 de diciembre de 2022, mediante audiencia virtual negó la tutela al accionante con el justificativo que no estaba transcrito el acta de audiencia de apelación incidental de 23 de mismo mes y año; sin embargo, el mismo debió haber solicitado en un plazo determinado dicha acta, para llevar adelante la audiencia; toda vez que, el accionante se encontraba privado de libertad, y no así rechazar simplemente la acción tutelar presentada; en consecuencia, se presentó una segunda acción de libertad el 3 de enero de 2023, ante el Juzgado de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital de Santa Cruz y este concede la tutela sin costas ordenando al demandado que en el término máximo de veinticuatro horas a partir de momento de su notificación con la Resolución 01/2023, remita el acta de audiencia. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2023 de 4 de enero, cursante de fs. 44 vta. a 46, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimonoveno de la Capital del departamento de Santa Cruz y, en consecuencia: 1° CONCEDER respecto al Vocal Wálter Pérez Lora y Secretario Ariel Condori Marcos, ambos de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la presente acción de libertad, en su modalidad traslativa o de pronto despacho. 2° Disponer lo siguiente: Con relación al Vocal que no vuelva a dilatar con programación o suspensiones de audiencia innecesarios y controle la labor de sus subalternos en el tema de plazos con la remisión o elaboración de actas, más cuando de por medio se encuentran personas privadas de libertad; y, con relación al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, la remisión en el día del acta extrañada, si aún no lo hubiese hecho. 3° Exhortar

Al Vocal Walter Pérez Lora, a ejercer de forma idónea el control de las actuaciones de su personal subalterno y de los plazos procesales a efectos de evitar dilaciones innecesarias y a cumplir con las responsabilidades establecidas en el art. 56 del CPP y los plazos procesales establecidos en el mismo, en cumplimiento de los principios de celeridad y debida diligencia.

Al Juez Hebert Zeballos Dominguez, cumplir con su labor de Juez de garantías, ya que debió haber solicitado el acta para tener conocimiento y llevar adelante la audiencia de apelación tutelar interpuesta por el accionante.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 2El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

3 El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

4 El FJ III.3, sostiene: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ʽ…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0578_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 1725e51e228ed51ad470cd179e2dd3e9f3bac1c0d3006989a735b057eaf44180

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