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SCP 0578/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 5 de junio de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
5 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55515-2023-112-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, así como de los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, a través de la RM 700/22, se determinó la reincorporación laboral del ahora tercero interesado, bajo una errónea aplicación de la normativa al aplicar la Ley General del Trabajo en una relación laboral regida por el Estatuto del Funcionario Público, dado que el trabajador es funcionario público. Ante ello, la parte demandada manifestó que la acción de defensa fue presentada fuera del plazo de seis meses establecido por la Constitución Política del Estado. Sin perjuicio de lo referido, señaló que el trabajador adecuó su relación laboral al Estatuto del Funcionario Público, buscando incorporarse a la carrera administrativa, donde el CIAT estableció contratos eventuales sin justificación y sin completar el proceso de adecuación institucional requerido por dicha ley; de modo que, el referido trabajador pertenece al régimen de la Ley General del Trabajo hasta que se efectúe su incorporación formal a la carrera administrativa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 488 vta. a 493 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre el principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su ininterrupción en el periodo de vacaciones judiciales
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0578/2025-S2 Sucre, 5 de junio de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 55515-2023-112-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 35/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 488 vta. a 493 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edgar Fernando Talavera Añez, Director Ejecutivo del Centro de Investigación Agrícola Tropical (CIAT) contra Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 y 18 de enero de 2023, cursantes de fs. 106 a 121; y, 125 a 126 vta., la parte accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Ante la resolución de contrato por evaluación negativa del trabajador del CIAT Guillermo Franklin Beltman Subirana -ahora tercero interesado-, éste presentó denuncia ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz alegando despido injustificado, quienes, después del tracto administrativo, emitieron la Resolución de 1 de noviembre de 2021, resolviendo declinar competencia ante la “…autoridad llamada por ley…” (sic). El 24 de diciembre de 2021, el referido tercero interesado interpuso recurso de revocatoria contra dicha determinación, ante lo cual, la citada Jefatura de Trabajo emitió la Resolución Administrativa (RA) JDTSC/JCCHS/R.R. 018/2022 de 21 de enero, confirmando totalmente el acto impugnado; no obstante, al estar en desacuerdo con dicha resolución, interpuso recurso jerárquico, el cual fue resuelto por Verónica Patricia Navia Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social -ahora demandada-, quien a través de la Resolución Ministerial (RM) 700/22 de 24 de junio de 2022, dispuso revocar totalmente la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 018/2022, conminando al CIAT proceda a la reincorporación del trabajador a su fuente laboral, al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales que le correspondan hasta el momento de su reincorporación. Al respecto, -refiere- que dicha Resolución Ministerial contraviene una consolidada línea jurisprudencial en la medida en que, ante la existencia de aspectos controvertidos, la judicatura laboral es la única instancia competente para resolverlos, careciendo de motivación, fundamentación y congruencia, además de los principios de legalidad y seguridad jurídica; asimismo, se incurrió en una errónea interpretación de la normativa aplicable, al haberse considerado la relación contractual dentro el régimen de la Ley General del Trabajo -utilizada como fundamento de la resolución-, a pesar de que el trabajador adaptó su relación laboral al Estatuto del Funcionario Público (EFP) -Ley 2027 de 27 de octubre de 1999- conforme a las causales de retiro establecidos en el art. 32 del Decreto Supremo (DS) 26115 de 16 de marzo de 2001 -Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal-, desde el 15 de diciembre de 2002, en calidad de funcionario provisorio, situación que fue expresamente consentida por este, razón por la cual, se efectuó su desvinculación.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela alega la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, así como los principios de legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 115.II, 116.II, 117.I, 178.I, 180.I y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE); 11.II de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 8 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga la “nulidad” de la RM 700/22, ordenando que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social emita una nueva resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 475 a 488 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de la acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en audiencia de garantías, a través su abogada apoderada, solicitó se deniegue la tutela impetrada, argumentando que: a) La RM 700/22, objeto de la presente acción tutelar, fue notificada al CIAT el 4 de julio de 2022, y la acción de amparo constitucional fue interpuesta el “5 de febrero de 2023” (sic); es decir, resulta posterior al plazo máximo de seis meses que establece el art. 129.II de la CPE; b) La relación laboral entre el CIAT y el ahora tercero interesado inició el 25 de marzo de 1991; por lo que, el mencionado trabajador adecuó su relación jurídica al Estatuto del Funcionario Público con la finalidad de ser incorporado a la carrera administrativa; c) El CIAT decidió suscribir contratos administrativos de carácter eventual, en el marco de la aplicación de la “Ley 181”, sin incorporar a su personal a la carrera administrativa; y, d) El CIAT no cumplió con el proceso de adecuación institucional al Estatuto del Funcionario Público, ni mucho menos el proceso de transferencia y migración de sus trabajadores de la Ley General del Trabajo a la función pública; por lo tanto, sus trabajadores siempre estuvieron amparados en la Ley General del Trabajo, aspecto que se mantendrá vigente hasta que sean incorporados a la carrera administrativa, conforme establece el art. 20 de la RA “002/2018”.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Guillermo Franklin Beltman Subirana, mediante escrito cursante de fs. 212 a 216 vta., y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, argumentando lo siguiente: 1) Ante la existencia de una acción de amparo constitucional contra el CIAT, promovida a raíz del incumplimiento de la RM 700/22, la Sentencia 133/22 de 21 de noviembre de 2022, dispuso: “CONCEDER LA TUTELA PROVISIONAL Y TRANSITORIA impetrada por GUILLERMO FRANKLIN BELTMAN SUBIRANA en contra del CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA TROPICAL (CIAT) (…) DEBIENDO EL ACCIONADO DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 700/22 DE FECHA 24/06/2022” (sic), encontrándose actualmente en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, por cuanto la parte ahora accionante pretende activar la jurisdicción constitucional a objeto de que se genere una duplicidad de fallos sobre la misma problemática; 2) La presente acción tutelar no cumple con el principio de subsidiariedad, siendo que la parte actora no activó la vía ordinaria laboral para impugnar la RM 700/22; y, 3) El CIAT lo desvinculó injustificadamente, sin un proceso administrativo interno. Betty Carolina Ortuste Tellería, Directora del Servicio Jurídico Departamental, Vanessa Eguez Añez, Directora de Asuntos Contenciosos y Carol Evelyn Burela Rosales, Asesora legal de la Dirección de Asuntos Contenciosos, todas en representación del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, mediante informe cursante de fs. 424 a 441 vta., solicitaron se conceda la tutela impetrada, expresando que: i) En nuestro ordenamiento jurídico, los funcionarios públicos no están amparados bajo la Ley General del Trabajo, tal es el caso del trabajador que solicitó su reincorporación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, ii) El trabajador conocía la naturaleza de su cargo como funcionario público de carácter eventual, por lo que una reincorporación laboral conllevaría un daño económico al Estado.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante la Resolución 35/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 488 vta. a 493 vta., denegó la tutela solicitada por inmediatez, argumentando que, la parte accionante fue notificada con la RM 700/22 el 4 de julio de 2022, y a partir de ello, según el Certificado del Sistema Integrado de Registro Judicial, la presente acción de amparo constitucional fue interpuesta el 5 de enero de 2023, encontrándose fuera del plazo señalado por el art. 129.II de la CPE, en relación con el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En la vía de aclaración, complementación y enmienda, Carolina Ortuste Tellería, la tercera interesada, solicitó se aclare el cómputo del plazo, en virtud de que el período de receso por vacaciones judiciales implica la suspensión de plazos. Ante ello, Diego Ramírez Cruz, Vocal de la Sala Constitucional respondió no ha lugar a lo solicitado, argumentando que la suspensión por vacaciones judiciales no interrumpen la interposición de acciones tutelares, ya que las circulares emitidas para su implementación establecen que deben permanecer en suplencia las salas constitucionales, a efectos de conocer todas las acciones que se interpongan durante dicho período vacacional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa la RM 700/22 de 24 de junio de 2022, emitida por Verónica Patricia Navía Tejada, Ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por la que se dispone la revocatoria de la RA JDTSC/JCCHS/R.R. 018/22 de 21 de enero de igual año, y el Auto de 1 de noviembre de 2021 (fs. 9 a 16). II.2. Consta diligencia de notificación el cual señala que, a horas 15:40, en la ciudad de Santa Cruz, el 4 de julio de 2022, fue notificado el CIAT con la RM 700/22, suscrito por Daril Herrera Cuellar, Asistente de Ventanilla Única de la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 17).

II.3. Del Certificado del Sistema Integrado de Registro Judicial, se verifica la recepción de acción de amparo constitucional de 5 de enero de 2023, promovida por Edgar Fernando Talavera Añez en representación del CIAT -ahora accionante- contra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (fs. 121).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación y congruencia, así como de los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, a través de la RM 700/22, se determinó la reincorporación laboral del ahora tercero interesado, bajo una errónea aplicación de la normativa al aplicar la Ley General del Trabajo en una relación laboral regida por el Estatuto del Funcionario Público, dado que el trabajador es funcionario público. Ante ello, la parte demandada manifestó que la acción de defensa fue presentada fuera del plazo de seis meses establecido por la Constitución Política del Estado. Sin perjuicio de lo referido, señaló que el trabajador adecuó su relación laboral al Estatuto del Funcionario Público, buscando incorporarse a la carrera administrativa, donde el CIAT estableció contratos eventuales sin justificación y sin completar el proceso de adecuación institucional requerido por dicha ley; de modo que, el referido trabajador pertenece al régimen de la Ley General del Trabajo hasta que se efectúe su incorporación formal a la carrera administrativa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre el principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional y su ininterrupción en el periodo de vacaciones judiciales

Dentro de las acciones de defensa, el art. 128 de la CPE establece que la acción de amparo constitucional es un mecanismo que tiene lugar “…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”. De ello se infiere que la acción de amparo constitucional es un mecanismo jurisdiccional de defensa orientado a la protección de los derechos fundamentales y garantías no resguardado por otros mecanismos de protección especializada previstos en el mismo orden constitucional. Entre los principios procesales que configuran la acción de amparo constitucional, se encuentra el de inmediatez, el cual, según el art. 129.II de la Norma Suprema, establece que: “…podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”.

De manera que, el principio de inmediatez, tiene como objetivo garantizar que dichas actuaciones o decisiones sean revisadas inmediatamente por la jurisdicción constitucional, asegurando la proximidad y prontitud en la tutela de derechos fundamentales, para protegerlos de manera eficaz y oportuna. Es en razón de ello, que la presente acción tutelar debe ser interpuesta dentro del plazo máximo de seis meses a partir de la comisión de la vulneración alegada o de la notificación de la última decisión judicial o administrativa que se considere lesiva de los derechos y garantías invocados. En ese sentido, cuando se establece el periodo de vacación judicial, la SC 0572/2004-R de 15 de abril, estableció que: “…el plazo de seis meses para la interposición del recurso de amparo, no se suspende por la vacación judicial anual, teniendo en cuenta que por disposición del art. 8.II de la LTC, este Tribunal funciona de manera ininterrumpida durante todo el año, de modo que para hacer operativa la norma, durante la vacación judicial colectiva se queda de turno una Sala en las distintas Cortes de Distrito a efectos de sustanciar y resolver recursos de amparo en las Capitales de Departamento, en ejercicio de la competencia prevista por el art. 19.II de la CPE y art. 95.1 de la LTC” (las negrillas son añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

De obrados se observa que, la parte accionante fue notificada con la RM 700/22, el 4 de julio de 2022 (Conclusiones II.1 y II.2). Entonces, de conformidad con el art. 129.II de la CPE y el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la parte impetrante de tutela tenía hasta el 4 de enero de 2023 para interponer su acción de amparo constitucional; empero, conforme se evidencia del Certificado del Sistema Integrado de Registro Judicial, la presente acción fue interpuesta recién el 5 del mismo mes y gestión (Conclusión II.3); es decir, fuera del plazo de los seis meses previsto por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, al haber vencido el plazo para la presentación de este mecanismo de defensa, resulta inviable ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. Por otra parte, tampoco resulta atendible lo alegado por el tercero interesado en relación con la suspensión del plazo por la vacación judicial, máxime cuando la parte peticionante de tutela fue notificada con la resolución cuestionada el 4 de julio de 2022; más aún, considerando que, durante dicha vacación, las actividades jurisdiccionales continuaban con la atención de acciones tutelares, donde su pretensión pudo ser interpuesta en tiempo hábil.

En ese sentido, corresponde denegar la tutela al operar la falta de inmediatez para interponer la acción de amparo constitucional, enfatizando que, aun en el supuesto de que el plazo hubiese vencido durante la vacación judicial, ello no constituía un impedimento para interponer el recurso, ya que las Salas Constitucionales de turno del país están habilitadas para conocer y resolver las acciones tutelares que se presenten durante ese período, para asegurar la prontitud en su tratamiento. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 35/2023 de 16 de marzo, cursante de fs. 488 vta. a 493 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0578_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 19847233bf398056d3f6bb99f45b1a5e8a44bf09a78364b2b47281ec6ea31f8e

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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