Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y consorcio; el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, confirmando el Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada conforme al art. 239.5 del CPP; toda vez que, dicha resolución de alzada, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, valoró incorrectamente los certificados médicos que acreditan el desprendimiento de retina que padece y su consideración como una enfermedad grave; omitiendo además que dicha condición requiere cirugía urgente para evitar su ceguera irreversible. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán las siguientes temáticas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; c) El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 181/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 213 a 219, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente resolución constitucional respecto de la revocatoria de la Resolución 181/2022 de 13 de octubre, manteniendo firmes y subsistentes los efectos de la misma, conforme al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0578/2024-S1 Sucre, 19 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 52098-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 181/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 213 a 219, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por América Ríos Quispe, en representación legal de Abraham Ademar Aguirre Romero, contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 21 de septiembre y 4 de octubre de 2022, cursantes de fs. 174 a 182 vta.; y, 186 a 187 vta., el representante del ahora accionante, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Abraham Ademar Aguirre Romero, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y consorcio, previstos y sancionados por los arts. 173, 153, 154 y 174 del Código Penal (CP), el ahora accionante, poco tiempo después de su detención preventiva -17 de febrero de 2022-, sintió molestias físicas como dolor de cabeza, visión borrosa y dolor en los ojos, por lo que acudió al médico del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, quien mediante Nota de 13 de abril de 2022, solicitó salida judicial para que el paciente fuera evaluado en un consultorio particular de oftalmología. La primera salida judicial se efectuó el 27 de abril de 2022, donde fue atendido por un cirujano oftalmólogo que diagnosticó desprendimiento de retina en ambos ojos, con compromiso de polo posterior en el sector temporal; recomendando al efecto, tratamiento quirúrgico a la brevedad, con un especialista en vítreo y retina, debido al riesgo de pérdida de visión y ceguera. El 4 de mayo de 2022, se realizó la segunda salida judicial, donde el médico cirujano, ratificó el diagnóstico de desprendimiento de retina regmatogeno en ambos ojos, precisando que en el ojo derecho se apreciaba desprendimiento de retina y en el izquierdo, un desprendimiento que comprometía la mácula. A pesar de la recomendación de cirugía en ambos ojos, solicitó tiempo a los médicos para presentar su cesación a la detención preventiva y someterse al tratamiento necesario, por lo que el 9 de mayo de 2022, acudió ante Arianna Flores Arciénega, Médico Forense III del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) dependiente de la Fiscalía General del Estado, quien a través del Certificado Médico Forense de la misma fecha, confirmó el diagnóstico anterior, estableciendo que “…POR LA DOCUMENTACIÓN MEDICA ADJUNTA (POR LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA) Y VALORACIÓN MEDICO FORENSE SE ESTABLECE: DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATOGENO AMBOS OJOS QUE REQUIEREN TRATAMIENTO QUIRURGICO” (sic). El 10 de mayo de 2022, asistió al Instituto Nacional de Oftalmología de la ciudad de La Paz, donde le realizaron los exámenes de ecografía, biometría y cálculo de ambos ojos, confirmando nuevamente el diagnosticado de desprendimiento de retina en ambos ojos, por lo que recomendó cirugía de emergencia. Con la documentación señalada, solicitó la cesación de su detención preventiva conforme el art. 239.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, en audiencia de 13 de mayo de 2022, mediante Resolución 337/2022 de la misma fecha, el Juez de la causa, determinó que el ahora accionante no había acreditado que el desprendimiento de retina, sea una enfermedad grave o terminal a los fines solicitados; decisión que fue oportunamente apelada, ante los Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, cuyo Auto de Vista 343/2022 de 9 de junio, estableció que debía ser el médico especialista, quien determine si el diagnóstico del ahora impetrante de tutela era una enfermedad grave o terminal. Posteriormente, solicitó requerimientos fiscales dirigidos al IDIF y al Instituyo Nacional de Oftalmología, a efectos de que certifiquen sobre la afección del ahora accionante; este último, en cuanto al desprendimiento de retina, certificó que: a) Requiere cirugía de emergencia; b) Si no es tratado podría derivar en ceguera irreversible; c) El tiempo de recuperación dependería del tipo de cirugía, la forma de cicatrización y el tiempo de evolución del desprendimiento, en un promedio de tres (3) semanas a seis (6) meses o más; y, d) Es una enfermedad grave en los ojos. Con la nueva documentación referida, volvió a solicitar la cesación de su detención preventiva, conforme a lo previsto por el art. 239.5 del CPP; no obstante, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, rechazó su solicitud al considerar que no había desvirtuado los riesgos procesales (art. 239.1 CPP) y, de manera incongruente, basó su determinación -de rechazar la solicitud- en los fundamentos de la Sentencia Constitucional Plurinacional de avocación 001/2022 de 31 de marzo, señalando que el informe médico debía ser analizado no solo por un profesional de la salud, sino que dicho profesional debía demostrar vastos conocimientos técnicos, doctrinales y científicos de especialidad, incluso debía ser avalado por el IDIF. Interpuesto el recurso de apelación incidental, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, confirmó el Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, sin exponer la debida fundamentación y motivación como elementos del debido proceso.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la salud y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; citando al efecto los arts. 23 y 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de 10 de agosto de 2022, signado como Resolución 540/2022 emitido por el Vocal ahora demandado; y en consecuencia, se emita una nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública el 13 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 205 a 212, se produjeron las siguientes actuaciones.
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: 1) Se cumplen todos los requisitos exigidos por los arts. 128 y 129 de la CPE, toda vez que se respetaron los principios de subsidiariedad e inmediatez, ya que la última resolución; es decir, el Auto de Vista 540/2022, fue emitido el 10 de agosto; por otra parte, se tiene que fue detenido preventivamente en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, desde el 17 de febrero de 2022 y presenta una condición médica grave, consistente en el desprendimiento de retina en ambos ojos, lo cual fue diagnosticado por varios especialistas oftalmólogos acreditados, quienes recomendaron la necesidad de realizar una cirugía urgente para evitar su ceguera; 2) Pese a contar con certificaciones médicas que acreditan la enfermedad grave que tiene, las solicitudes de cesación de la detención preventiva fueron rechazadas en varias ocasiones, tanto por el Juez contralor de derechos como por el Tribunal de apelación; ya que ambas autoridades no valoraron adecuadamente los informes médicos que confirmaban la urgencia de la cirugía y la gravedad de su enfermedad; 3) Toda vez que se recomendó la cirugía como un remedio para el desprendimiento de retina que sufre, tuvo que escoger cuál ojo operarse, por lo que el 18 de mayo de 2022, decidió practicarse una cirugía en el ojo izquierdo; sin embargo, por los traumas que tuvo no decidió aún operarse el ojo derecho, ya que al tercer día de su cirugía, el funcionario policial encargado, decidió llevarlo del hospital al Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, pese a que por recomendación médica se sugirió la internación por tres días más; además, sostuvo que la negativa del Tribunal de alzada a cesar la detención preventiva vulnera sus derechos a la salud y al debido proceso; y, 4) Por último, señaló que el Tribunal de alzada exigió que la enfermedad fuera considerada terminal o mortal, un criterio que no es aplicable a la gravedad de la situación médica que sufre, la cual afecta severamente su calidad de vida ya que podría llegar a perder la vista; por ello, solicitó que a través de la presente acción tutelar, se reconsidere el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, y se valore adecuadamente la gravedad de la enfermedad para garantizar el derecho a la salud y a un proceso justo, por lo que pide se conceda la tutela.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental Justicia de La Paz, mediante informe escrito cursante de fs. 198 a 204, y presente en audiencia, manifestó lo siguiente: i) Mediante Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, se confirmó el Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, dictado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz; al respecto, aclara que se rige por el principio de limitación por competencia previsto por el art. 398 del CPP; es decir, los agravios expuestos por la parte apelante y la respuesta a la misma, son los que abren la competencia del Tribunal de alzada, conforme al principio de imparcialidad previsto por el art. 178.I de la CPE; ii) El Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, contiene fundamentos de hecho, derecho y jurisprudencia que sustentan la parte dispositiva del mismo, cumpliendo a cabalidad el debido proceso, ya que expone con claridad los motivos que sustentan la decisión; iii) La acción tutelar interpuesta, solo hace una relación de los hechos sucedidos en el proceso penal, copia extractos de jurisprudencia, sin explicar cómo se vulneraron sus derechos; iv) Si el ahora accionante no entendió los fundamentos del Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, tenía la obligación de solicitar la explicación, complementación y enmienda conforme el art. 125 del CPP; sin embargo, no lo hizo por lo que se presume que estaba de acuerdo con la resolución y sin haber agotado esa instancia rápida y oportuna, es previsible la subsidiariedad que debe cumplir, ya que pretende vía acción de amparo constitucional subsanar su negligencia; v) El ahora accionante, señala que vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos motivación y fundamentación, pero al hacer esa denuncia tiene la obligación de demostrar objetivamente de qué clase de fundamentación adolece el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto; es decir, debe fundamentar e indicar si la falta de la fundamentación es fáctica, intelectiva, descriptiva o jurídica, incluso indicar en qué parte de la resolución existe ese defecto, no basta con señalar de manera general que la resolución carece de fundamentación y motivación, copiando sentencias constitucionales, no demostró la vulneración señalada; vi) Se resolvió los riesgos procesales de forma fundamentada y motivada, respondiendo a cada punto de reclamo, con aspectos de hecho y derecho, respetando y cumpliendo el principio de limitación por competencia, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso en ninguna de sus vertientes; por otra parte, se advierte que el ahora accionante tenía la obligación de establecer el nexo causal entre los actos supuestamente vulneratorios y los derechos o garantías constitucionales que considera vulnerados, restringidos, suprimidos o amenazados de serlo; sin embargo, no lo hizo, por lo que no se cumplió con requisitos esenciales de la presente acción tutelar; y, vii) El ahora accionante señala que se vulneró su derecho al debido proceso en relación a su derecho a la libertad; sin embargo, la presente acción tutelar no protege el procesamiento indebido en relación al derecho a la libertad, por lo que debió plantear una acción de libertad; en ese entendido, corresponde denegar la tutela impetrada.
Elba Sanjinéz Bernal, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios, en audiencia señaló que: a) El Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, emitido por el Vocal ahora demandado, se encuentra debidamente fundamentado y motivado conforme a lo establecido por los arts. 24 y 173 del CPP; en ese entendido, no se vulneró el derecho al debido proceso ni a la salud, ya que el ahora accionante recibió atención médica oportuna tanto en el Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz como por médicos especialistas en oftalmología, incluidas intervenciones quirúrgicas; por ello, no se advierte la vulneración de su derecho a la vida, ya que fue atendido adecuadamente por el Instituto Nacional de Oftalmología; b) En cuanto a la cesación de la detención preventiva solicitada por el ahora accionante, se tiene que el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto se encuentra debidamente fundamentado y motivado, ya que no se presentó prueba suficiente para desvirtuar el riesgo procesal contemplado en el art. 234.6 del CPP, señalando que el certificado de antecedentes policiales presentado era antiguo y que aún quedaban actos investigativos pendientes, incluyendo las declaraciones de testigos, lo cual justificaba la denegación de la cesación de la detención preventiva; c) El certificado médico presentado por el Instituto Nacional de Oftalmología, no establece que el ahora impetrante de tutela padezca de una enfermedad grave y que ponga en riesgo su vida, por lo que se tiene que el Vocal ahora demandado, valoró adecuadamente las prueba para emitir el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto; por otra parte, se tiene que el ahora accionante, no agotó el principio de subsidiariedad, antes de recurrir a la acción de amparo constitucional; por lo expuesto, solicita se deniegue la tutela.
La Representación Distrital del Consejo de la Magistratura de La Paz, a través de su asesor legal, en audiencia señaló que: 1) El Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto cumplió con todos los requisitos establecidos en el adjetivo penal en cuanto a la debida fundamentación de la resolución; al contrario, el ahora accionante, en la presente acción de defensa no explicó cómo el desprendimiento de retina podría llevarlo a la muerte; por otra parte, se otorgó las salidas correspondientes en el tiempo oportuno, para que pueda ser atendido ante diferentes médicos especialistas que han requerido en su momento. Por ello, no se comprende qué derecho se habría vulnerado, ya que tiene una enfermedad que afecta su visión, pero que no estaría atentando en contra de su vida; 2) De igual modo, al momento de concluir la audiencia de apelación incidental, la parte accionante no solicitó complementación y enmienda, por lo que estaría quebrantando lo que es el principio de subsidiariedad; 3) Lo que pide en la presente acción tutelar es que se le dé su libertad, pero para dicha solicitud debió acudir a la acción de libertad, debido a que el derecho a la libertad no puede ser tutelado por la acción de amparo constitucional; por lo que solicita se deniegue la tutela impetrada
La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 181/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 213 a 219, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto y declarando la nulidad del Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, estableciendo que después de la notificación y emplazamiento en tiempo razonable se dicte una nueva resolución de alzada, con los siguientes fundamentos: i) El acto que lesiona los derechos del ahora accionante es el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, emitido por el Vocal ahora demandado, en cuanto a que contiene una motivación arbitraria y una deficiente actividad valorativa de los medios documentales ofrecidos en la segunda solicitud de cesación a la detención preventiva, ya que el ahora accionante entendió que en mérito del Auto de Vista 343/2022 de 9 de junio, cumpliendo los parámetros establecidos por esta resolución, presentó documentación relativa a su estado de salud, específicamente sobre el diagnóstico de desprendimiento de retina en ambos ojos; no obstante, al no considerar dicha documentación, la decisión del Vocal ahora demandado, vulneró su derecho al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y mala valoración de la prueba, vinculado a su derecho a la integridad física y a la vida, dado que si no recibe un tratamiento adecuado después de su cirugía, podría perder totalmente la vista; ii) Por otra parte, el Vocal ahora accionando incurrió en motivación arbitraria, al analizar los riesgos procesales previstos por el art. 234.6 y 235.1 del CPP modificado por la Ley 1173, pues exigió que el certificado de antecedentes penales sea actualizado, cuando esos certificados no tienen fecha de caducidad; asimismo, el ahora accionante señaló que al ser un ex servidor público, no tendría la capacidad de destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba ni influir de alguna manera en otros partícipes del proceso penal; sin embargo, la explicación de la autoridad judicial ahora demandada fue insuficiente ya que no abordó de manera correcta los agravios planteados y no debían mantenerse vigentes esos dos riesgos procesales; iii) Los aspectos a ser tratados son dos, vinculados a la pertinencia o no, de los arts. 239.1 y 5; 234.6; y, 235.1 del CPP modificado por la Ley 1173; iv) El derecho a la salud de todo privado de libertad requiere una atención prioritaria por parte del Estado, que asume la posición de garante; en ese entendido, se tiene que por informe oftalmológico de Ademar Martínez, Médico cirujano del Instituto Nacional de Oftalmología, se confirmó que si el desprendimiento de retina no es tratado oportunamente puede causar ceguera irreversible; asimismo, estableció que el desprendimiento de retina es una enfermedad grave en los ojos, que tiene su repercusión en el sentido de la vista, por lo que debe ser atendida oportunamente; en consecuencia, si bien no es posible revalorizar de forma directa los certificados y documentos adjuntos, se concluye que los certificados médicos acreditan un estado de enfermedad grave en relación al desprendimiento de retina; v) El ahora accionante fue sometido a una intervención quirúrgica en el ojo derecho -lo correcto es izquierdo-, pero aún necesita una cirugía en el ojo izquierdo -lo correcto es derecho-; en el caso concreto, se concluye que la enfermedad del ahora accionante es una enfermedad grave, que si bien no se vincula con el derecho a la vida como exige la autoridad judicial ahora demandada, sí tiene relación con uno de los cinco sentidos, por lo que si la perdida de la vista está en amenaza, por supuesto que se considera que es una enfermedad grave, ya que la falta de atención oportuna e idónea puede empeorar su situación de salud; dado que en atención al certificado de 27 de abril de 2022, se tiene que dicha condición de salud debe ser atendida a la brevedad posible y requiere tratamiento quirúrgico; por lo tanto, se entiende que el ahora accionante dio efectivo cumplimiento a lo previsto por el art. 239.5 del CPP, pues como consecuencia de la falta de atención podría perder la vista; vi) Del análisis del Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, emitido por el Vocal ahora demandado, se tiene que la enfermedad del ahora accionante es tratable, basta una receta médica y que no se acreditó que sea una enfermedad grave, que puede ser controlada; sin embargo, esta motivación no cuenta con el suficiente soporte objetivo, a partir del cual se pueda arribar a dichas conclusiones, ya que ninguno de los certificados establece que el estado actual del ahora accionante sea tratable con receta médica, al contrario establecen que el desprendimiento de retina requiere una intervención quirúrgica especializada y a la brevedad posible, por lo que la motivación efectuada por el Vocal ahora demandado es arbitraria; por otra parte, en cuanto a que la indicada enfermedad solo está vinculada a uno de los sentidos, esa explicación se encuentra carente de elementos objetivos en cuanto a la motivación y valoración de la prueba como elementos del debido proceso, ya que no se consideró el alcance de lo que significa perder la vista; y, vii) Por último, en cuanto a la afectación del derecho a la vida, a la integridad física o a la salud, se advierte que no existe una afectación directa por parte del Vocal ahora demandado, pero si se advierte que el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, en su decisión, amenaza el derecho a la vida y a la salud del ahora accionante, pues lo que pretende el ahora accionante, es acceder a una intervención quirúrgica en ambos ojos -lo correcto es en el ojo derecho-, con las suficientes garantías que posibiliten su recuperación idónea; sin embargo, el actual sistema penitenciario no cuenta con las condiciones necesarias para poder asumir una doble operación, al encontrarse detenido preventivamente; situación que empeora su recuperación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 102/2022 de 17 de febrero, emitido por Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por el que resolvió que por “…la concurrencia del Art, 234 núm 1), 2), 6), 7), Art. 235 núm. 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal, DISPONE LA DETENCIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO ABRAHAM ADEMAR AGUIRRE ROMERO SEA A CUMPLIRSE EN EL PENAL DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ POR EL LAPSO DE SEIS (6) MESES DE INVESTIGACIÓN EN EL PRESENTE CASO” (sic); decisión que fue objeto de recurso de apelación incidental, resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, mediante Auto de Vista 308/2022 de 23 de mayo, “declara la ADMISIBILIDAD del recurso de apelación presentado por Abraham Ademar Aguirre Romero, declarando la PROCEDENCIA EN PARTE de las cuestiones planteadas por la parte imputada Abraham Ademar Aguirre Romero y en su mérito CONFIRMA EN PARTE la Resolución 102/2022 de 17 de febrero de 2022 dictado por el Juzgado Tercero Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer de la Capital y DISPONE que quedan desvirtuados los riesgos procesales previstos en los Arts. 234 Núm. 1 CPP en su vertiente domicilio, 234 Núm.2 del CPP y 234 Núm. 7 del CPP, quedando firmes y subsistentes los demás riesgos procesales señalados en la citada resolución apelada.” (sic [fs. 5 a 17 vta.]). II.2. Se tiene solitud de 13 de abril de 2022, por el que se sugiere la salida médica judicial a consultorio particular de oftalmología, para la revisión, valoración y diagnóstico del ahora accionante, cuyo Certificado Médico de 27 de igual mes y año, expedido por Marcelo Herbas Mariaca, Cirujano Oftalmólogo, establece: “Al examen se evidencia desprendimiento de retina ojo izquierdo que compromete polo posterior sector temporal. Por retinografía se evidencia desprendimiento de retina que no comprometo polo posterior sector temporal ojo derecho.”; asimismo, en cuanto al examen complementario de retinografía de campo ultra amplio, se tiene que por Certificado médico de la misma fecha, emitido por Christian Chávez Dávila, se diagnosticó “DESPRENDIMIENTO DE RETINA AMBOS OJOS. Se sugiere procedimiento quirúrgico ocular, en la brevedad posible ya que la retina al ser un órgano sensorial de vital importancia para la función visual. El desprendimiento de retina constituye una situación de emergencia ya que existe riesgo de visión y ceguera. El tejido en la parte posterior del ojo se desprende de una capa de vasos sanguíneos que suministran el oxígeno y los nutrientes necesarios por lo que pierde la función vital en poco tiempo” (sic [fs. 18 a 26]). II.3. De acuerdo al Certificado de 4 de mayo de 2022, emitido por Sergio Antonio Murillo López, Médico Cirujano Oftalmólogo, en cuanto a la afección del ahora accionante, se tiene que “…Sobre la base de los hallazgos clínicos y exámenes complementarios se diagnostica: “-Desprendimiento de retina regmatógeno ambos ojos Requiere delimitación láser en ojo derecho cirugía de reaplicación retiniana en ojo izquierdo, con carácter de urgencia.” (sic [fs. 32]). II.4. Por Certificado Médico Legal Forense de 9 de mayo de 2022, emitido por Arianna Flores Arciénega, Médico Forense III del IDIF dependiente de la Fiscalía General del Estado, en revisión y verificación de los certificados médicos descritos en las Conclusiones II.2. y II.3, estableció que: “…POR LA DOCUMENTACIÓN MEDICA ADJUNTA (POR LA ESPECIALIDAD DE OFTALMOLOGÍA) Y VALORACIÓN MEDICO FORENSE SE ESTABLECE: DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATOGENO AMBOS OJOS QUE REQUIEREN TRATAMIENTO QUIRURGICO (…) SE SUGIERE CONTROL POR ESPECIALIDADES HASTA CONCLUSIÓN DE TRATAMIENTO MEDICO SE REALIZA VALORACION MÉDICO FORENSE EN FECHA 09/05/2022 Se realiza la devolucion de documentacion original a examinado dejando fotocopias simples.” (sic [fs. 29 a 31]). II.5. En atención al Requerimiento Fiscal de 22 de junio de 2022, emitido por la Fiscal de Materia de la causa, se tiene Informe Oftalmológico de 27 de junio de 2022, emitido por Ademar Martínez Cabezas, Médico Cirujano Oftalmológico del Instituto Nacional de Oftalmología del Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, por el que se informa que el paciente Abraham Ademar Aguirre Romero -ahora accionante-, fue atendido por la indicada institución el “…10 de mayo de 2022, con antecedente de cuadro de dos meses de evolución con pérdida de visión progresiva en ambos ojos, predominio ojo izquierdo sin causa aparente (…) Tratamiento: Requiere cirugía de retina urgente ojo izquierdo. 1. Todo desprendimiento de retina en los ojos requiere de cirugía de emergencia. 2. Todo desprendimiento de reina sin no es tratado llega a la ceguera irreversible. 3. El tiempo de recuperación de desprendimiento de retina dependerá del tipo de cirugía la forma de cicatrización y el tiempo de evolución del desprendimiento. promedio en la Institución se tiene desde tres semanas a 6 meses o más. 4. El desprendimiento de retina es una enfermedad grave en los ojos.” (sic [fs. 60 a 61]). II.6. Cursa Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, emitido por Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por el que resolvió “RECHAZAR LA SOLICITUD DE CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA INVOCADA POR EL CIUDADANO ABRAHAM ADEMAR AGUIRRE ROMERO manteniéndose firme y subsistente las medidas cautelares impuestas a su persona…” (sic [fs. 165 a 169]). II.7. Mediante Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, resolvió “declara la ADMISIBILIDAD del recurso de apelación interpuesto por el imputado Abraham Ademar Aguirre Romero, al haber sido presentado en el plazo y la forma prevista por el Art. 251 del CPP, determinando la IMPROCEDENCIA de las cuestiones hoy propuestas en su mérito CONFIRMA la Resolución N° 577/2022 de fecha 8 de julio de 2022, dictado por el Juzgado Tercero Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer de la Capital.” (sic [fs. 170 a 173 vta.]).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y consorcio; el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, confirmando el Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada conforme al art. 239.5 del CPP; toda vez que, dicha resolución de alzada, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, valoró incorrectamente los certificados médicos que acreditan el desprendimiento de retina que padece y su consideración como una enfermedad grave; omitiendo además que dicha condición requiere cirugía urgente para evitar su ceguera irreversible. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán las siguientes temáticas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) Sobre la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; c) El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad; y, d) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que 1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.
sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.
4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, 0238/2018-S2 de 11 de junio, 0297/2018-S2 de 25 de junio, a partir de una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostuvo que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se 11El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela…”. 12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 13El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 14El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”.
basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de 15El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”. 16El FJ III.2 estableció: “En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente: Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”.
los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a: “…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…” (las negrillas son añadidas). Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. A partir de lo señalado, esta Sala en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, esta Sala concluyó que es posible efectuar la revisión de la 17La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre. Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes. Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0302/2018-S2 de 28 de junio, asumió el siguiente razonamiento:
La SCP 0257/2012 de 29 de mayo establece que las autoridades judiciales, el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias, adoptan la posición de garante respecto a la materialización de las condiciones para la salvaguarda de los derechos a la vida y a la salud de las personas que se encuentran privadas de libertad. En similar sentido, la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en el Fundamento Jurídico III.4, señala que de acuerdo al art. 23.I de la CPE, las personas privadas de libertad, si bien sufren temporalmente las limitaciones de la ley; empero, no se convierten en seres sin derechos; en ese marco, gozan del derecho a la salud; el cual, debe ser materializado en los recintos penitenciarios: Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, es así que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispone en su Título Tercero, Capítulo Segundo, arts. 90 al 93 y 96, concordantes con el art. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS)26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad), que debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el juez de ejecución penal. Del mismo modo, tratándose de casos de emergencia, el legislador ha dispuesto en el art. 94 del mismo compilado legal que el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente; es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del recinto penitenciario a efecto de sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; similar razonamiento ha manifestado esta Jurisdicción mediante la SCP 0257/2012 de 29 de mayo (la negrillas son añadidas).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la salud y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba; toda vez que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y consorcio; el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, confirmando el Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, presentada conforme al art. 239.5 del CPP; toda vez que dicha resolución de alzada, sin la debida fundamentación, motivación y congruencia, valoró incorrectamente los certificados médicos que acreditan el desprendimiento de retina que padece y su consideración como una enfermedad grave; omitiendo además que dicha condición requiere cirugía urgente para evitar su ceguera irreversible.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se tiene que por Auto Interlocutorio 102/2022 de 17 de febrero, emitido por Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, se dispuso la detención preventiva de Abraham Ademar Aguirre Romero -ahora accionante- por el lapso de seis (6) meses de investigación a cumplirse en Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz; decisión que fue objeto de recurso de apelación incidental y resuelto por Auto de Vista 308/2022 de 23 de mayo, emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento, que confirmó en parte el Auto Interlocutorio 102/2022 de 17 de febrero, quedando desvirtuados los riesgos procesales previstos por el art. 234.1, 2 y 7 del CPP, manteniendo firmes y subsistentes los previstos por los arts. 234.6 y 235.1 y 2 del señalado Código adjetivo de la materia (Conclusión II.1). Posteriormente, toda vez que el ahora accionante sentía molestias como dolor de cabeza, visión borrosa y dolor en los ojos, acudió al médico del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, quien mediante solitud de 13 de abril de 2022, sugirió la salida médica judicial a consultorio particular de oftalmología, para su revisión, valoración y diagnóstico; en cuyo mérito, por Certificados Médicos de 27 de igual mes y 4 de mayo, ambos del mismo año, expedidos por Marcelo Herbas Mariaca, Christian Chávez Dávila y Sergio Antonio Murillo López, Cirujanos Oftalmólogos respectivamente, se diagnosticó desprendimiento de retina en ojo izquierdo y derecho, recomendando procedimiento quirúrgico ocular a la brevedad posible ya que constituye una situación de emergencia por el riesgo de ceguera (Conclusión II.2 y II.3), diagnóstico que fue verificado y valorado por Certificado Médico Legal Forense de 9 de mayo de 2022, emitido por Arianna Flores Arciénega, Médico Forense III del IDIF dependiente de la Fiscalía General del Estado, quien sugirió el control por especialidades hasta la conclusión del tratamiento médico (Conclusión II.4). De igual forma, se tiene que en atención al Requerimiento Fiscal de 22 de junio de 2022, Ademar Martínez Cabezas, Médico Cirujano Oftalmológico del Instituto Nacional de Oftalmología del Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, emitió el Informe Oftalmológico de 27 de junio de 2022, que en cuanto al desprendimiento de retina, certificó que: 1) Requiere cirugía de retina urgente ojo izquierdo, 2) Todo desprendimiento de retina en los ojos requiere de cirugía de emergencia; 3) Si no es tratado podría derivar en ceguera irreversible; 4) El tiempo de recuperación dependería del tipo de cirugía, la forma de cicatrización y el tiempo de evolución del desprendimiento, en un promedio de tres (3) semanas a seis (6) meses o más; y, 5) Es una enfermedad grave en los ojos. (Conclusión II.5).
En atención a los certificados médicos evacuados, conforme el art. 239.5 del CPP, solicitó la cesación de su detención preventiva; sin embargo, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, rechazó su petición manteniendo firme y subsistente la medida cautelar de detención preventiva impuesta (Conclusión II.6); por lo que interpuso recurso de apelación incidental, mismo que fue resuelto mediante Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, por el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, confirmando el Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio (Conclusión II.7). Precisados los antecedentes, se establece que la problemática en cuestión, radica en la falta de fundamentación, motivación y congruencia del Auto de Vista 540/2022 emitido el 10 de agosto por el Vocal ahora demandado, ya que valoró incorrectamente los certificados médicos que acreditan el desprendimiento de retina que el ahora accionante padece, siendo esta una enfermedad grave que requiere cirugía urgente para evitar una ceguera irreversible; y que a pesar de esta situación, confirmó el Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, que rechazó la cesación de la detención preventiva, fundada en el art. 239.5 del CPP. Al respecto, corresponde remitirnos a la Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, emitido por el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandado-, en relación a valoración incorrecta de los certificados médicos que acreditan el desprendimiento de retina que el ahora accionante padece y la ceguera que podría suscitar la falta de atención médica y cirugía urgente; en ese sentido, se tiene lo siguiente:
vez que en ninguna parte de dicho certificado indica que es una enfermedad grave que pone en riesgo la vida del imputado, por lo que la autoridad A quo, al haber rechazado la aplicación del art. 239 num. 5 del CPP ha actuado conforme a derecho toda vez que dicha enfermedad no es la que exige la citada norma legal, porque no atenta contra la vida y la misma puede ser tratada, en consecuencia no existe agravio alguno.” (sic [Conclusión II.7]). De lo descrito precedentemente, se verifica que el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, analiza el motivo de agravio del recurso de apelación incidental planteado por el imputado -ahora accionante-, quien presentó un certificado médico de un especialista en oftalmología para solicitar la cesación de su detención preventiva, ya que padece de una afección denominada desprendimiento de retina en ambos ojos, cuyo tratamiento recomendado establece la realización de una cirugía de emergencia para evitar su ceguera irreversible, por lo que señala que su enfermedad es grave; sin embargo, considerando el motivo de apelación y valorando los elementos de prueba que cursan en el expediente, en especial el Informe Oftalmológico de 27 de junio de 2022, emitido por Ademar Martínez Cabezas, Médico Cirujano Oftalmológico del Instituto Nacional de Oftalmología del Servicio Departamental de Salud del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (conclusión II.5), concluyó que la petición del ahora accionante no se encuadra en lo previsto por el art. 239.5 del CPP, toda vez que la enfermedad es tratable y a través de intervenciones quirúrgicas puede mejorar, señalando que no es una enfermedad grave contra la vida del imputado -ahora accionante-, ya que dicha enfermedad puede ser controlada, por lo que corresponde que el mismo solicite las salidas médicas necesarias en resguardo de su derecho a la salud; ratificando que la decisión del Juez A quo (Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio), fue correcta al rechazar la aplicación del art. 239.5 del CPP. En ese contexto, es preciso destacar que, los requisitos exigidos por el art. 239.5 del CPP, establecen que el imputado debe acreditar una “enfermedad grave o en estado terminal”, condiciones que deben ser verificadas mediante un informe médico especializado que certifique que la enfermedad afecta gravemente la salud del detenido preventivo y que, además podría poner en riesgo su vida; sin embargo, de los certificados médicos evacuados por los profesionales especializados, que cursan en el legajo constitucional (Conclusión II.2, II.3, II.4 y II.5), se verifica que el desprendimiento de retina, aunque constituye una enfermedad seria que afecta la visión y, de no tratarse a tiempo, puede provocar ceguera permanente, no se acredita como una enfermedad que ponga en peligro inmediato la vida del solicitante de tutela; en ese entendido, dichos informes establecen que si se realiza la intervención quirúrgica de emergencia, recomendada por los médicos especialistas, la salud del impetrante de tutela podría ser restablecida. En consecuencia, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se evidencia que el Vocal ahora demandado, en la labor valorativa de los elementos de prueba aportados por el ahora accionante, al resolver el recurso de apelación incidental a través del Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, no se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles, tampoco existió una actitud omisiva, ya sea parcial o total; y menos se advierte que se le hubiera dado un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad o faltando al principio de verdad material. De igual modo, los certificados médicos que cursan en el expediente constitucional (Conclusión II.2, II.3, II.4 y II.5), demuestran que el ahora accionante fue evaluado por varios especialistas; a partir de salidas médicas autorizadas tanto por el Director del Recinto Penitenciario de San Pedro de La Paz, como por la autoridad judicial competente desde el inicio de sus dolencias; además, dichos certificados indican que el desprendimiento de retina del ahora accionante requiere una intervención quirúrgica ocular de emergencia, como tratamiento recomendado para mejorar su salud; en ese contexto, conforme a los antecedentes y lo manifestado por el ahora accionante en audiencia, se tiene que dicho tratamiento fue realizado en el ojo izquierdo (18 de mayo de 2022), quedando pendiente el tratamiento del ojo derecho; por lo tanto, no se observa ninguna omisión en la atención o el tratamiento médico adecuado brindado al impetrante de tutela, situación que fue corroborada por el Vocal ahora demandado en el Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto; en consecuencia, no se verifican argumentos contradictorios en la resolución, ya que existe una coherencia entre lo pedido, la consideración de los medios de prueba aportados, la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón de la decisión asumida y lo resuelto en cuanto a la ratificación el Auto Interlocutorio 577/2022 de 8 de julio, que rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva, fundada en el art. 239.5 del CPP. Por último, conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional y de acuerdo al art. 94 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2021-, en casos de emergencia, el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, tiene la obligación de ordenar el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente; es decir que, en los casos en que la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del recinto penitenciario, a efecto que sea este quien determine la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida; y en cuanto a la emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento médico especializado, el galeno del penal debe poner en conocimiento del Director del recinto, la situación de emergencia, a efectos que dicha autoridad tome las previsiones de seguridad necesarias, para autorizar el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente.
Por lo expuesto, no se advierte la vulneración de los derechos a la salud y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, con la emisión del Auto de Vista 540/2022 de 10 de agosto, ya que el Vocal ahora demandado consideró las pruebas aportadas exponiendo los hechos y el fundamento legal de su decisión; y tampoco, se verifica la falta de atención y tratamiento médico adecuados por la afección médica seria que padece el ahora accionante, quien en su condición de privado de libertad, cuenta con los mecanismos idóneos y oportunos para garantizar su derecho a la salud, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada. Sin embargo, en mérito de la facultad prevista por el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), corresponde dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con fin de evitar la anulación de las decisiones judiciales que ya se hubieran producido, con la consiguiente afectación del derecho a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, que se produciría por efecto de la revocatoria de la resolución traída en revisión. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 181/2022 de 13 de octubre, cursante de fs. 213 a 219, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente resolución constitucional respecto de la revocatoria de la Resolución 181/2022 de 13 de octubre, manteniendo firmes y subsistentes los efectos de la misma, conforme al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.4 del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
“7mo. Que, con relación al art. 239 num. 5 del CPP que señala expresamente, que la persona privada de libertad acredite que se encuentre con enfermedad grave o en estado terminal para que pueda cesar la medida de la detención preventiva a otras menos gravosas. 7.1. Señala la parte apelante que habría presentado una certificación de médico especialista, por el que se puede modificar las medidas cautelares cuando se acredite que una persona imputada tiene una enfermedad grave o que esta en estado terminal lógicamente refiriéndose al derecho a la vida y a la salud reconocido constitucionalmente, y es en ese sentido que tomando en cuenta la prueba presentada por la apelante consistente en un certificado medico de un Cirujano Oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología establece que de acuerdo a la enfermedad que padece el imputado, sobre el desprendimiento de retina, significa que la misma requiere de una cirugía de emergencia y que todo desprendimiento de retina si no es tratado llega la ceguera, siendo esta una enfermedad grave. De este elemento probatorio en que se ampara, el tribunal concluye que no se encuadra al art. 239 num.
5 del CPP, toda vez que esa enfermedad es tratable, lo que significa que la misma, con las correspondientes recetas medicas y/o intervenciones se lo trata, tampoco ese certificado medico indica que es una enfermedad grave contra la vida del imputado, sino es contra uno de los sentidos, pero que la misma puede ser controlada, entonces, lo único que corresponde en este caso así como lo ha indicado el Auto de Vista emitido por la Sala Penal Primera que como esa enfermedad es tratable, tramite las correspondientes salidas médicas, situación que protege su derecho a la salud, toda
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0578_2024-S1.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7bcf7f10bedcd56ce7f42178e8643749c9fc54b2975c0d46bb33762c7d7359da
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