B.IA.LEGAL

SCP 0578/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46677-2022-94-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, en su calidad de detenido preventivo, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, habiendo presentado dos solicitudes de audiencia de cesación de la referida medida impuesta, la autoridad demandada no atendió las mismas con la debida prontitud; así como, omitió firmar el oficio para su salida del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a la audiencia de consideración de su situación jurídica de 21 de marzo de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a la Jueza demandada, por vulneración del principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela, con respecto a la exsecretaria codemandada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del demandado a la audiencia y por falta de informe sobre los hechos denunciados
  2. III.2. De la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0578/2023-S2 Sucre, 19 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46677-2022-94-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 01/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gregorio Ribera Padilla contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza; y, Beba Fuentes Ortiz, exsecretaria, ambas del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, cursante de fs. 2 a 4, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 21 de septiembre de 2021, se realizó la audiencia de aplicación de medidas cautelares ante la Jueza demandada en la que se dispuso su detención preventiva por seis meses en el Centro Penitenciario Palmasola de este departamento; sin embargo, no se le entregó el acta del referido acto procesal por más de dos meses, la cual era indispensable para poder asumir su defensa y desvirtuar los riesgos procesales. Ante ello, su abogado acudió al Consejo de la Magistratura a realizar la denuncia verbal, emergente de ello, pudieron obtener la extrañada pieza procesal. Desde entonces “hasta la fecha” la citada Jueza en represalia no celebró el verificativo de cesación de la indicada medida impuesta. Siendo que, en dos ocasiones solicitó la cesación de la detención preventiva; la primera, el 18 de febrero de 2022, la autoridad demandada decretó audiencia para el 22 de ese mes y año; sin embargo, recién conoció de esa disposición el 21 de igual mes y año; por lo que, no pudo notificar a las partes procesales; ante una segunda solicitud de cesación de la medida extrema, logró notificar a los sujetos procesales;

empero, la indicada autoridad judicial no firmó el oficio para su traslado del mencionado establecimiento penal a la sala de audiencias; siendo responsables de esa omisión la Jueza y Secretaria demandadas.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad, sin citar precepto constitucional alguno.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo se lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 23 de marzo de 2022, según consta en acta cursante de fs. 17 a 18, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción de libertad, y ampliándolo señaló que: a) El 7 de febrero de 2022, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, emitiéndose el decreto de 18 de igual mes y año; sin embargo, esa misma fecha se le informó que no había salido obrados de despacho, y recién el 21 de ese mes y año, fue puesto a la vista el expediente para el verificativo del 22 de dicho mes y año, no pudiendo notificar a los sujetos procesales; b) La misma fecha reiteraron la indicada pretensión, mereciendo el decreto de 8 de marzo del citado año, señalándose la misma para el 10 de igual mes y año; empero, se puso a la vista el cuaderno procesal recién el 16 del referido mes y año; es decir, una vez vencidos todos los plazos; y, c) En la celebración de medidas cautelares de 21 de septiembre de 2021, se fijó audiencia para el 21 de marzo del 2022, al cabo de los seis meses de su detención preventiva, a fin de definirse su situación jurídica; si bien, se encontraba corriente el expediente, no se llevó el oficio al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, con el objeto de su traslado, vulnerándose de esa forma su derecho a la libertad.

I.2.2. Informe de las demandadas

Beba Fuentes Ortiz, exsecretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito de 23 de marzo de 2022 -sin firma-, cursante a fs. 13, señaló que: 1) Actualmente ya no ejerce funciones en el citado Juzgado, habiendo sido aceptada su renuncia el 31 de octubre de 2021; por lo que, a partir de esa fecha desconoce los hechos denunciados; y, 2) El acta de aplicación de medidas cautelares y Auto Interlocutorio de 21 de septiembre del referido año, siendo observados fueron presentados a la autoridad demandada, siendo observados fueron subsanados y nuevamente desplegados a dicha autoridad; por segunda vez, el 25 de noviembre de 2021, se le entregó al personal de apoyo judicial “Marcelo Prada”, no habiendo tenido conocimiento de alguna otra observación, pese a que constantemente se apersonó al indicado Juzgado; por lo que, desconoce los hechos y actuados en el proceso posteriores al 31 de octubre de ese año. Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal de Warnes del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni compareció a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 10.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 01/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 19 a 21 vta., concedió la tutela solicitada, respecto a la Jueza demandada ordenando a que en el plazo previsto por el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), lleve a cabo la audiencia de cesación de la detención preventiva; y, denegó la tutela, con relación a la exsecretaria codemandada; con base en los siguientes fundamentos: i) La aludida Jueza no presentó su informe para asumir defensa; por lo que, corresponde aplicar el principio presunción de veracidad pese a que no se demostró con prueba idónea que hubiese desplegado memoriales, tampoco se remitió el correspondiente cuaderno procesal para su revisión; ii) Se debe valorar si existe una dilación con relación a la respuesta ya sea positiva o negativa, o si dicha dilación no le permite resolver la situación jurídica del mismo; toda vez que, se reclamó en esta acción de tutela que hasta el momento no se puede resolver su situación jurídica, porque la Jueza demandada señaló audiencia de cesación de la detención preventiva con fecha retrasada, impidiendo notificar a las partes, así como, omitió suscribir el oficio de traslado del peticionante de tutela; siendo que, esa es la función de dicha Jueza; sumado a ello, que de por medio se halla el derecho a la libertad del accionante; iii) Hubo vulneración al mencionado derecho por dilación dentro del proceso penal que le impide se dilucide la medida que viene cumpliendo; y, iv) La exsecretaria codemandada no contaba con legitimación pasiva en esta acción de libertad, porque cuando fueron presentados los memoriales solicitando la cesación de la referida medida impuesta, la prenombrada ya no ejercía labores judiciales en ese despacho.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares de 21 de septiembre de 2021 -incompleta-, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Gregorio Ribera Padilla -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violación agravada, ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz (fs. 28).

II.2. Consta acta de audiencia de garantías de 23 de marzo de 2022, en la que el accionante a través de su abogado, reiteró y aclaró los términos de su demanda (fs. 17 a 18).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, en su calidad de detenido preventivo, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, habiendo presentado dos solicitudes de audiencia de cesación de la referida medida impuesta, la autoridad demandada no atendió las mismas con la debida prontitud; así como, omitió firmar el oficio para su salida del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a la audiencia de consideración de su situación jurídica de 21 de marzo de 2022. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del demandado a la audiencia y por falta de informe sobre los hechos denunciados

La SC 0038/2011-R de 7 de febrero, citada por la SCP 0427/2020-S2 de 14 de septiembre, determinó que: “Según señala la doctrina del Derecho Administrativo, el servidor público ‘…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales’ (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ‘La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados’ y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ‘Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso’ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: ‘…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso’; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ‘…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley”’.

III.2. De la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho

La base de dicha acción de libertad es el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE) que determina: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (énfasis agregado). Así como el art. 178.I de la Norma Suprema dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (negrilla añadida).

En ese marco, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, señaló que: “Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…” (resaltado agregado). Del mismo modo, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial emitida al respecto, sostuvo que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva” (las negrillas corresponden al texto original). Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, refirió que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad” (énfasis añadido).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; por cuanto, en su calidad de detenido preventivo dentro de proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación, habiendo presentado dos solicitudes de audiencia de la cesación de la referida medida impuesta, la autoridad demandada no atendió las mismas con la debida prontitud; así como, omitió firmar el oficio para su salida del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a la audiencia de consideración de su situación jurídica de 21 de marzo de 2022. Ahora bien, una vez descrita la problemática planteada, se tiene que el peticionante de tutela es procesado por la presunta comisión del delito de violación agravada ante el Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, en ese orden, el 21 de septiembre de 2021, se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares (Conclusión II.1). En la celebración de la audiencia de garantías, el aludido se ratificó en la misma, señalando que hubo dos solicitudes de cesación de detención preventiva del 7 y 22 de febrero de 2022, las cuales no fueron atendidas con la debida oportunidad; que habiéndose señalado audiencia para la consideración de su situación jurídica al vencimiento de los seis meses, para el 21 de marzo de ese año, la Jueza demandada no firmó el oficio a fin que el impetrante de tutela sea trasladado del mencionado recinto penitenciario a la sala de audiencias (Conclusión II.2). En ese marco, corresponde referir que no es uniforme lo denunciado en el memorial de la acción de libertad con lo señalado en la audiencia de garantías; por lo que, de una comparación de ambos, se circunscribirá el siguiente análisis en aquello en que hayan coincidido ambas etapas de este procedimiento constitucional; de ello, se tiene que el accionante presentó solicitud de cesación de la detención preventiva el 7 de febrero de 2022, siendo atendida recién el 18 de dicho mes y año, señalándose audiencia para el 22 de ese mes y año, teniendo conocimiento efectivo de esa respuesta el 21 de febrero de 2022; asimismo, que fijada la audiencia para igual fecha indicada, es decir, al cabo de los seis meses de su detención preventiva, la Jueza demandada no habría suscrito el oficio para autorizar la salida del impetrante de tutela del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Dado que, el impetrante de tutela no presentó ninguna documentación que permita verificar los hechos denunciados, corresponde considerar el principio de presunción de veracidad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, a través del cual, con base en un análisis de la denuncia y los principios que rigen la protección de la libertad, se podrá llegar a una conclusión, prescindiendo de documental que sostenga la reclamación planteada, siempre y cuando la autoridad demandada -en su calidad de funcionario público- una vez notificada con la acción tutelar no haya presentado su informe -ya sea escrito u oral-, circunstancia que nace del hecho de que -como lo indicó la glosada jurisprudencia-, el funcionario público tiene una alta responsabilidad, de lo cual se puede concluir que la falta de interés de aportar datos para esclarecer los actos presuntamente vulneradores de derechos en que hubiera incurrido, es una razón que lleva a aplicar la presunción de veracidad a favor del solicitante de tutela.

Siguiendo esa línea, en atención de dicho principio, se tiene por cierto que el 7 de febrero de 2022, el peticionante de tutela presentó solicitud de cesación de la detención preventiva, que si bien fue atendida el 18 de ese mes y año, señalando audiencia para el 22 de idéntico mes y año, recién tuvo conocimiento de ello el 21 del citado mes y año; lo que, le impidió notificar a todos los sujetos procesales; por lo que, no se llevó a cabo ese acto procesal; en ese orden, dado que el accionante se halla con la medida extrema, la forma de proceder de la Jueza demandada retardó injustificadamente la resolución de cesación de la medida impuesta, mereciendo la aplicación de la acción de libertad de pronto despacho, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual, ampara el derecho a la libertad ante transgresiones del principio de celeridad; es decir, cuando se atiende con dilación aquellas peticiones de detenidos preventivos -o afectados en su libertad de otras formas- prolongando la limitación de la libertad a causa de esa demora. En este caso; siendo que, no existe un argumento en contrario, como ya se indicó, se da por cierto que no se atendió esa pretensión en su debida oportunidad hasta la fecha de formulación de este mecanismo de defensa; por lo que, se incurrió en la transgresión del derecho a la libertad del impetrante de tutela, por no actuar con la debida prontitud en cuanto a la solicitud de su restablecimiento. Por otro lado, existe otra situación denunciada en esta demanda tutelar, consistente en que, ante el señalamiento de la audiencia del 21 de marzo de 2022, la misma no se efectuó porque el accionante no pudo ser trasladado del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a dicho verificativo, porque la Jueza demandada no firmó el oficio que autorizaba su traslado. En este caso, se da por cierto lo sucedido por la aplicación del principio de veracidad de los hechos denunciados, con base a ello, se tiene que la aludida Jueza omitió un acto que efectivamente demoró la resolución del detenido preventivo -hoy accionante-; es decir, que se afectó su derecho a la libertad, pues la misma se prolongó por razones injustificadas, correspondiendo la activación de la acción de libertad de pronto despacho. Por todo lo analizado, se evidencia la vulneración del derecho a la libertad del solicitante de tutela, en que incurrió la autoridad demandada por dilación indebida en la atención de su solicitud de cesación de la detención preventiva del prenombrado; en ese orden, se debe disponer que la aludida autoridad, señale audiencia para considerar la referida pretensión de forma inmediata. Como se señaló, solo se analizaron la solicitud de cesación de la detención preventiva de 7 de febrero de 2022 y la falta de oficio para la audiencia del 21 de marzo de igual año; sin embargo, el hecho denunciado correspondiente a la segunda petición de cesación de la referida medida extrema de 22 de febrero de ese año, argüida en la audiencia de esta acción de defensa, al ser un hecho nuevo, no fue posible ingresar a analizarlo. Finalmente, respecto a Beba Fuentes Ortiz, que fungía como Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal Primero de Warnes del departamento de Santa Cruz, quien señaló que ejerció dicho cargo hasta el 31 de octubre de 2021; por lo que, tomando en cuenta que los hechos denunciados tuvieron lugar en febrero y marzo de 2022, está claro que no tenía ninguna responsabilidad en los actuados suscitados en esas fechas; por ello, corresponde denegar la tutela con relación a esta. En consecuencia, la Jueza de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 01/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada, con relación a la Jueza demandada, por vulneración del principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela, con respecto a la exsecretaria codemandada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0578_2023-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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