Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de junio de 2023
Concede la tutela
El accionante denunció la lesión a sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos valoración de la prueba, fundamentación, motivación, congruencia, impugnación, defensa, además, del derecho al debido proceso vinculado con el principio a la celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez y el Vocal ahora demandados incurrieron en ilegalidades; así: a) El Juez ahora demandado: a.1) Luego de la sustanciación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, profirió la Resolución 472/2021 de 5 de septiembre, imponiéndole medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva sin que exista fundamentación y motivación respecto a los riesgos procesales; a.2) Ante la interposición de recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 472/2021, estableció no ha lugar a su impugnación sin que sea su atribución analizar el recurso de apelación y contradictoriamente le otorgó el plazo de setenta y dos horas para presentar su escrito, desconociendo que la apelación de medidas cautelares tiene un procedimiento especial; y, a.3) Remitió su impugnación después de diez días, incurriendo en una dilación indebida al no considerar el término de veinticuatro horas; además omitió el sorteo correspondiente en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo “direccionado” directamente a la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal; y, b) El Vocal ahora demandado incumplió con su deber de convocar a audiencia, y …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 206/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 104 a 107, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos de la Sala Constitucional y conforme a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0577/2023-S1 Sucre, 6 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 45675-2022-92-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 206/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 104 a 107, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rodrigo Marcelo Marañon contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera; y, William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Mediante memorial presentado el 20 de diciembre de 2021, cursante de fs. 69 a 76, el accionante expresó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiéndose sustanciado audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, el Juez de Instrucción, Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz –ahora demandado– profirió la Resolución 472/2021 de 5 de septiembre, imponiéndole medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva (como la detención domiciliaria con permiso de salida para fines laborales, entre otros) sin que exista fundamentación y motivación respecto a los riesgos procesales, ya que únicamente se manifestó que: a) No se cuenta con un domicilio constituido en el que se evidencia la habitualidad y habitabilidad, que pueda ser corroborado a través de la presentación de un certificado emitido por una junta de vecinos, contrato de arrendamiento o anticresis; además, que el Ministerio Público refirió que existiría contradicción entre el domicilio señalado por su persona y el consignado en su cédula de identidad, por lo que, concurriría el riesgo procesal previsto en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), en su elemento domicilio, el cual incide en el numeral 2 de dicho articulado; b) Se evidenció que existe una clara desproporción entre su persona y la víctima, esta última que tendría tres días de incapacidad; además, tendría episodios de agresión física y verbal; por lo que, concurriría el riesgo procesal previsto en el art. “234.7” del CPP; y, c) Existen actos pendientes de investigación y además que el Ministerio Público indicó que su persona influiría en la víctima, razón que haría que concurra el peligro procesal previsto en el art. 235.2 de la ley adjetiva penal. Ante la determinación asumida en la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares, en previsión del art. 403.3 del CPP, que fue citada de manera errónea, de forma oral interpuso recurso de apelación incidental, manifestando que: 1) La medida cautelar de detención domiciliaria era excesiva y que de la declaración informativa y otros actos procesales su persona demostró que cuenta con un domicilio y una fuente laboral, los cuales no fueron valorados por el Juez a quo; 2) Respecto al arraigo y la fianza de Bs4 000 (cuatro mil bolivianos), oportunamente se hizo conocer que tiene un arraigo natural, ya que tiene a su cargo a su madre que es una persona de la tercera edad y la tutela de su hija menor de edad; además que, desempeña como médico del Hospital La Portada; y, 3) Sobre las prohibiciones impuestas, el Juez de primera instancia no tomó en cuenta que en el desarrollo de la etapa preparatoria no tuvo contacto con la parte denunciante; además que, en todo momento trato de demostrar su inocencia por lo que se hizo una narración de las pruebas presentadas; señalándose además que no cuenta con antecedentes penales; así, bajo esos argumentos pidió se remita su recurso de apelación ante el tribunal de apelación; no obstante, el Juez ahora demandado declare no ha lugar el recurso de apelación sin que sea su atribución analizar el recurso de apelación y contradictoriamente le otorgó el plazo de setenta y dos horas para presentar su escrito, desconociendo que la apelación de medidas cautelares tiene un procedimiento especial. Posteriormente, el 8 de octubre de 2021, formalizó de manera escrita su recurso, tal como fue sugerido por el Juez de primera instancia; empero, por una parte su impugnación no fue remitida dentro del término de veinticuatro horas; por lo que, el 13 de igual mes y año, presentó memorial solicitando la remisión de actuados procesales, hecho que ocurrió después de diez días, incurriendo en una dilación indebida, omitiendo el sorteo correspondiente en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo “direccionado” directamente a la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal; así, el Vocal de turno ahora demandado incumpliendo su deber de señalar audiencia para resolver su recurso de apelación y sin escuchar sus argumentos, emitió de manera directa el Auto de Vista 769/2021 de 21 de octubre, declarando inadmisible su recurso y confirmando la Resolución 472/2021, ello sin efectuar una correcta compulsa de los antecedentes, emitiéndose una resolución carente de fundamentación, motivación y congruencia, lesiva al derecho al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa y a recurrir; manifestando únicamente que: i) Su persona interpuso el recurso de apelación conforme establece el art. 403.3 del CPP, sin tener en cuenta que las resoluciones de medidas cautelares personales, entre ellas la cesación de la detención preventiva y revocatoria de medidas cautelares personas son reguladas por el art. 251 de la ley adjetiva penal; ii) No se cumplió con el principio de impugnación ya que este precisa una serie de requisitos formales como el plazo, la adecuación del recurso a la resolución judicial que se impugna, entre otros, los cuales de ser incumplidos originan su inadmisibilidad de acuerdo a lo previsto en el art. 394 del CPP.
El accionante denunció la lesión a sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos valoración de la prueba, fundamentación, motivación, congruencia, impugnación, defensa, además, del derecho al debido proceso vinculado con el principio a la celeridad, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.I, 115.II, 117.I y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, ordenando la nulidad de la Resolución 472/2021 y el Auto de Vista 769/2021, debiendo el “…Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia demandado, resuelva el recurso de apelación incidental en audiencia” (sic).
Celebrada la audiencia pública el 28 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 100 a 103, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su abogado, ratificó su memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó lo siguiente: 1) Se pide la nulidad de la Resolución 472/2021 debido a que no se consideró ninguna de sus pruebas; además, se incumplió lo establecido en el art. 231 Bis del CPP, ya que la carga de la prueba debe ser acreditada por la parte acusadora en caso de existir peligro de fuga y obstaculización y no ser atribuida a la parte imputada como ocurrió en su caso; y, tampoco se consideró que conforme lo prevé el art. 234 tercera y cuarta parte de la ley adjetiva penal, el peligro de fuga no puede fundarse en meras presunciones, ya que debe surgir de información precisa confiable y circunstanciada que sustente que es posible la obstaculización o fuga; y, 2) En segunda instancia “…no se ha llamado ni siquiera nos ha convocado una audiencia de fundamentación para llevarse la misma y simplemente se ha dispuesto que el mismo está bien fundamentado y no tomado en consideración que había varios aspectos de fondo y de formas en las cuales estaba incurriendo en la ilegalidad (…) el Auto de Vista 769/2021 de 21 de octubre del 2021, este auto de forma incongruente sin fundamentación y motivación atentando al debido proceso y el derecho de defensa primero no ha señalado una audiencia para celebrarse la misma y fundamental segundo omite considerar las pruebas ofrecidas que sea hecho por la parte ahora accionante respecto a que existían incongruencias en la apelación” (sic). En el Auto de Vista no se consideró que la apelación no se efectuó contra una resolución de cesación de la detención preventiva sino era una “cesación para la revocatoria de las medidas sustitutivas a la detención preventiva” que es totalmente distinto; además, “…el tribunal al cual se ha apelado que se ha hecho la apelación de forma oportuna tal como prevé la Ley, sin embargo, es su resolución señala de que no se habría apelado oportunamente y eso es totalmente falso…” (sic).
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe ni concurrió a la audiencia, pese a su legal citación mediante cédula cursante a fs. 91. Ahora bien, en relación al Vocal demandado se tiene informe de 27 de diciembre, proferido por Jorge Alejandro Luna Mena, Auxiliar de la indicada Sala Penal; que refiere que, la autoridad judicial demandada se encuentra con vacaciones hasta el 31 de diciembre de 2021, y que no pudo comunicarse con el mismo pese a los esfuerzos realizados. William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe de 28 de diciembre de 2021, cursante de fs. 97 a 99, solicitó se deniegue la tutela, manifestando al efecto que: i) No se vulneró derechos o garantías constitucionales del imputado, ya que se realizó una correcta y debida valoración integral de todos los elementos de prueba presentados por las partes en audiencia; ii) En cuanto a la dilación en la remisión del recurso de apelación, debe considerarse que “…en Audiencia de aplicación de medidas cautelares si bien el abogado de la parte imputada hoy accionante, habría interpuesto recurso de apelación, el mismo ha confundido la Resolución N° 471/2021, de Audiencia de consideración de incidentes, con la Resolución N° 472/2021, de Audiencia de aplicación de medidas cautelares, al margen de que en absoluto ha señalado en su interposición el Art. 251, observación se fue puesta en conocimiento del abogado de la parte del impetrante de tutela (conforme registro y grabación de audiencia), error no atribuible a esta autoridad jurisdiccional siendo un error de única y exclusiva responsabilidad de la defensa de la parte imputada, disponiendo esta autoridad, que sin perjuicio de ello tiene el plazo de 72 horas a efecto de presentarlo por escrito, garantizando de esta manera el principio de impugnación en los procesos judiciales en aplicación del Art. 180.II de la CPE., habiéndose puesto en conocimiento del tribunal de alzada de manera posterior a la presentación del memorial de apelación. Y en materia jurídica NADIE PUEDE ALEGAR SU PROPIA TORPEZA.” (sic); y, iii) La acción de libertad contiene argumentos totalmente falsos al señalar que se estaría vulnerando el derecho a la libertad, cuando en la Resolución 472/2021 se dispuso la detención domiciliar con salidas laborales; asimismo debe considerarse que las decisiones respecto a medidas cautelares no causan estado, pudiendo ser modificadas conforme varíen o se modifiquen las circunstancias; además, a través de la acción tutelar no puede resolverse las determinaciones asumidas por órganos jurisdiccionales que involucra el análisis de la motivación, congruencia, valoración de la prueba.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz, mediante Resolución 206/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 104 a 107, concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 769/2021 y la Resolución “47/2021” así como sus autos complementarios, debiendo el Juez ahora demandada renovar el acto de consideración de aplicación de medidas cautelares, sea en el plazo de tres días hábiles de reanudadas las actividades laborales, bajo los siguientes fundamentos: a) De la revisión de antecedentes se tiene que luego de la emisión de la Resolución 472/2021 tras cederse la palabra al abogado del imputado –ahora accionante– el mismo refiere que “2interpongo recurso de apelación incidental contra la ilegal Resolución 472/2021” (sic), y es evidente la cita del art. 16 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– que modifica el art. 403.III del CPP, y que no hace mención al art. 251 de igual cuerpo normativo, que regula las apelaciones incidentales contra resoluciones que imponen, modifican medidas cautelares o las cesación de la detención preventiva; no obstante ello, la postulación del impetrante de tutela es clara y concreta al señalar que interpone recurso de apelación incidental contra la Resolución 472/2021, aspecto que pudo ser salvado por el Juez a quo, bajo el principio de dirección, con lo que se establecería cual el marco normativo; empero, tras la conclusión de la audiencia dicha autoridad judicial refiere que el imputado –entonces apelante– confundió la Resolución 471 de 5 de octubre, con la Resolución 472, además que no citó el art. 251 del CPP y pese a esa eventual falencia otorgó un plazo de setenta y dos horas para presentar el escrito de impugnación, lo que denota un procesamiento indebido respecto al trámite de apelación que fue anunciado por el peticionante de tutela; b) Cuando se materializó su impugnación, el Juez de primera instancia a través de decreto de 12 de octubre de 2021, a tiempo de conceder la apelación y disponer su remisión “…concede la apelación contra la Resolución 471/2021” cuando el recurso de apelación se dirigía contra la Resolución 472/2021, lo que generó que el Tribunal de apelación incurra en las afirmaciones efectuadas en el Auto de Vista 769/2021, las cuales resultan incorrectas, colocando en una situación de procesamiento indebido; y, c) “…si se ha generado un estado de indefensión, pues si bien ha presentado el mecanismo de impugnación, debido a la errónea concesión y al rechazo de la apelación efectuada en la audiencia 5 de octubre 2021 y el consiguiente no señalamiento de audiencia por parte del Tribunal de apelación, son aspectos que ha contribuido al hecho de que el hoy accionante se vea en un absoluto estado de indefensión, provocando de esta manera una restricción de su derecho al debido proceso vinculado con el derecho a la defensa y ambos relacionados con el derecho a la libertad del hoy accionante…” (sic).
De la revisión y compulsa de antecedentes cursantes en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Rodrigo Marcelo Marañon
–accionante–, por la presunta comisión del violencia familiar o doméstica; William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 472/2021 de 5 de “septiembre”, resuelve disponer la aplicación de medidas cautelares personales para el impetrante de tutela, entre ellas, la detención domiciliaria con salidas laborales conforme manifieste su actividad laboral, arraigo, fianza económica de Bs4 000.-, bajo los siguientes fundamentos:
“A la luz de los elementos referidos si se genera convicción en el Juez respecto a la probabilidad de autoría de RODRGIO MARCELO MARAÑON que si es con probabilidad autor en el delito de violencia familiar o doméstica, contenido en el artículo 272 bis del Código Penal, habiendo determinado probabilidad de autoría corresponde el análisis de los riesgos procesales, que han sido manifestados por el Ministerio Público, ampliados por la defensa de la víctima, ha objeto de desvirtuar los mismos se ha presentado un documento de identidad a nombre de RODRIGO MARCELO MARAÑON, que establece de profesión médico cirujano con domicilio en la calle Alberto Iturralde N° 1242 de la zona de Miraflores, que de la revisión exhaustiva de todos los elementos probatorios presentados por la defensa, no se advierte un documento que determine habitualidad y habitabilidad en dicho domicilio, en cuál puede ser corroborado a través de la presentación de un certificado emitido por junta de vecinos y otro que establezca dicho extremo, evidenciándose tampoco un contrato de arrendamiento, anticresis que establezca dicho domicilio, mucho más cuando el Ministerio Público a referido que existiría contradicción en lo manifestado por el imputado y lo establecido en su documento de identidad, por ende concurre riesgo procesal contenido en el artículo 234 numeral 1. El imputado no tiene un domicilio constituido en el que se evidencia habitualidad y habitabilidad. En relación al trabajo o actividad lícita, se ha presentado diversa documentación que establece que MARAÑON RODRIGO MARCELO sería dependiente de la caja Nacional de salud, a través de un documento de afiliación a dicha entidad, asimismo se establece que existen varios certificados de felicitación que tendría el imputado, por haber trabajado con los pacientes por COVID, existiendo un contrato de trabajo a plazo fijo, que esté autoridad va a considerar en relación a lo que establece el artículo 234 último párrafo, estableciendo que el imputado si tiene una actividad lícita el cuál sería de médico cirujano conforme se coteja con el documento de identidad, y es obvio que tiene familia puesto que se ha reido tanto la defensa, como la víctima de que tendría una hija en común, empero al no haberse desvirtuado riesgo procesal en su vertiente domicilio, concurre el riesgo procesal contenido en el artículo 234 numeral 1 en su vertiente domicilio, que incide en el numeral 2, el imputado no ha demostrado tener un arraigo natural, económico social que permita que se someta a proceso concurriendo el 234 numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal. En relación al riesgo procesal contenido del artículo 234 numeral 7° esta autoridad jurisdiccional debe considerar los tres días de incapacidad que tiene la víctima, que al margen de aquello ha manifestado haber vivido episodios constantes de agresión física y verbal, así como actos discriminatorios por el apellido que tendría la misma, por ende se evidencia que existe una clara desproporción entre la víctima y su agresor, concurriendo el riesgo procesal contenido el artículo 234 numeral 7°el cual no se desvirtúa con los registros judiciales de antecedentes penales que han sido presentados por el imputado qué establecía que no sería un peligro efectivo para la sociedad, empero si para la víctima, por ende concurre el riesgo procesal contenido en el artículo 234 núm. 7°. (…) En referencia al riesgo procesal contenido en el artículo 235 numeral 2, se ha establecido que existen actos pendientes de investigación, tal cual lo ha referido el ministerio público y en esta audiencia ha manifestado que la persona en la que va a influir el imputado es la propia víctima, esta autoridad jurisdiccional considera de concurrencia de dicho riesgo procesal puesto que es evidente que Ivi Marcia Chipana Parra puede ser influida de forma negativa por el ahora imputado, al margen de que asisten actuados pendientes de investigación en esta causa penal, por ende concurre el riesgo procesal contenido en el artículo 235 núm. 2do. Habiéndose determinado probabilidad de autoría, así como la concurrencia de riesgos procesales, corresponde también establecer lo que señala el artículo 232, observado por la defensa que ha señalado la improcedencia de la detención preventiva, extremo que no se considera en relación a delitos que atenten contra la vida e integridad corporal de mujeres y adultos mayores, por ende, se debe hacer dicha aclaración, conforme ha manifestado diversos tratados y convenios internacionales contenidos en la convención Belem Do Para, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de una mujer extremos traducidos en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado que ha señalado claramente ‘que es un derecho fundamental de todo ciudadano boliviano el derecho a la vida, a la integridad física psicológica y sexual, mucho más cuando se trata de mujeres quienes tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual y psicológica que le cause muerte, dolor y sufrimiento físico sexual o psicológico debiendo el estado boliviano adoptar todas las medidas objeto de prevenir eliminar y sancionar dicha forma de violencia’, empero esta autoridad jurisdiccional también debe considerar en la resolución que va a emitir que ha presentado un acta de prevención compromiso y responsabilidad emitido por la defensoría de la niñez y adolescencia de Cotahuma, que ha objeto de velar por el interés superior de la niña que tendrían en común los sujetos involucrados en esta causa penal, ha establecido qué la misma que en tutela del progenitor Rodrigo Marcelo Marañon extremo que va a ser considerado en la resolución que deviene, por ende la misma es proporcional, racional, legal y necesaria.” (sic [fs. 4 a 6 vta.]).
Posterior a la emisión de la Resolución 472/2021, el accionante y el Juez ahora demandado manifestaron expresamente:
“ABOGADO DEL IMPUTADO.- Reservando ampliar por escrito y fundamentar ante el superior en grado al Amparo del artículo 16 de la ley 1173 que modifica el artículo 403 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, interpongo recurso de apelación incidental contra su ilegal resolución 472/2021, asimismo pido se tenga presente que ha presentado el recurso de apelación incidental contra resolución 471/2021, Al efecto me voy a permitir resumir en realidad cuáles son los agravios que se estaría cometiendo con esta ilegal resolución. En primer lugar al ser excesivo las medidas cautelares que su autoridad ha dispuesto respecto a la detención domiciliaria, cuando se ha demostrado documentalmente así como la declaración informativa, así como todos los actos procesales que se han realizado, el imputado y en todo momento ha demostrado su domicilio y ha demostrado su fuente laboral, apreciación que no ha sido adecuada por su autoridad, asimismo, al disponer su persona el arraigo y la fianza de 4.000 bolivianos, se ha mencionado también oportunamente que el imputado cuenta con el arraigo natural, puesto que ya se ha mencionado, él está cargo de su madre de la tercera edad y también la menor de edad, pido también se tomen en consideración que por el tipo de actividad laboral que desempeña en este caso el imputado al ser médico del hospital de la portada y atender los casos de COVID y siendo evidente que ahora se está incrementando los mismos, solicito a su autoridad se pueda dejar sin efecto la resolución 472/2021, porque la misma es excesiva y no está acorde a los principios y garantías del derecho a la defensa y del principio de lo que es principio de inocencia. Asimismo, al hacerse ciertas prohibiciones respecto a contactarse con terceras personas, prohibición de incurrir en ciertos lugares donde se expenden bebidas alcohólicas, o someterse a terapias, tengo bien aclarar a su autoridad que durante todo ese tiempo que son más de 7 meses y 14 días que se ha llevado a cabo esta etapa preparatoria, el imputado en ningún momento ha tenido contacto o ha evitado tener contacto con la parte denunciante, es más se ha tratado en todo momento de demostrar la inocencia del imputado para llegar a la verdad de los hechos, se ha hecho una narración exhaustiva de las pruebas que se habrían presentado, sin embargo tampoco se hace mención de toda la documentación que se había presentado respecto a la inocencia del imputado, solamente se hace reflexión a una declaración informativa, pero tampoco se hace referencia a lo que se ha solicitado al ministerio público en su oportunidad respecto a un informe que se pidió a la policía que hizo la acción directa el día de los hechos, donde efectivamente se puede dar la veracidad de que la persona que estaba en estado de ebriedad en ese momento era la señora ahora denunciante y no así ahora el imputado… (…) SEÑOR JUEZ.- (…) en relación a la apelación presentada por la defensa del imputado se va a aclarar de la forma más respetuosa los siguiente, la abogada de la defensa conforme registro y grabación que se tiene de esta audiencia alega y confunde la Resolución número 471/2021 con la resolución número 472/2021, que han sido emitidas en esta causa penal, al margen de que en absoluto en ninguna de sus alocuciones señala el artículo 251 qué es la vía jurídica que le da derecho a la apelación POR TANTO NO HA LUGAR LA APELACIÓN PRESENTADA EN ESTA AUDIENCIA, sin perjuicio de aquello la mismo tiene plazo de 72 horas afecto de presentarla por escrito…” (sic [fs. 7 a 8]). II.2. A través de memorial presentado el 8 de octubre de 2021, Rodrigo Marcelo Marañon –impetrante de tutela– en mérito a los arts. 250 y 251 del CPP, formaliza, amplia e interpone recurso de apelación contra la Resolución 472/2021 que resolvió la aplicación de medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva (fs. 17 a 24). II.3. Consta memorial presentado el 13 de octubre de 2021, dirigido al Juez ahora demandado, a través del cual Rodrigo Marcelo Marañon –accionante– solicita se remita ante el Tribunal de apelación su recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 472/2021 que impuso medidas cautelares de carácter personal (fs. 25).
II.4. Mediante Auto de Vista 769/2021 de 21 de octubre, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz –ahora demandado– resuelve declarar inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por Rodrigo Marcelo Marañon y confirma la Resolución 472/2021, bajo los siguientes fundamentos:
“…Que, de la revisión del presente caso se desprende que el recurso de apelación interpuesto por el imputado fue planteado como si fuese una apelación incidental, interpone el recurso de apelación, conforme consta a fojas 152 Vta. de obrados del legajo de apelación que refiere: ‘Reservando ampliar por escrito y fundamentar ante el superior en grado de Amparo del artículo 16 de la ley 1173 que modifica el artículo 403 numeral 3 del Código Procedimiento Penal, interpongo recurso de apelación incidental contra su ilegal resolución 472/2021’. Sin embargo, el apelante debe tener presente que las apelaciones en contra de las Resoluciones de Medidas Cautelares Personales, Modificación de Medidas Cautelares Personales entre ellas la Cesación de Detención Preventiva y Revocatoria de Medidas Cautelares Personales son reguladas por el Art. 251 del CPP. Modificado por la Ley 1173., conforme establece la citada norma legal al indicar: ‘(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de 72 horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el Termino de 24 horas bajo responsabilidad’. En la presente causa lo que se resolvió es una Cesación a la Detención Preventiva, conforme consta a fs. 149 a 153, del legajo de apelación, por lo que, el indicar que: ‘Reservando ampliar por escrito y fundamentar ante el superior en grado de Amparo del artículo 16 de la ley 1173 que modifica el artículo 403 numeral 3 del Código Procedimiento Penal, interpongo recurso de apelación incidental contra su ilegal resolución 472/2021’, señalado por el imputado es erróneo ya que invoca otro acto procesal que no es motivo de una apelación de Medida Cautelar de Carácter Personal de Cesación a la Detención Preventiva, ya que la misma está regulada por el Art. 251 del CPP., modificado por la Ley 1173 que no fue invocado por la parte apelante. Al respecto la uniforme jurisprudencia constitucional sobre las resoluciones que determinan la apelación de medidas cautelares de carácter personal en la SCP No. 0002/2015-S2 señala ‘Precepto legal de cuya interpretación se infiere que este medio de impugnación está circunscrito exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares dentro de este contexto normativo la SC 0930/2010-R de 17 de agosto, sostuvo: «…El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones’. Asimismo, la SCP N° 0204/2020-S3 señala expresamente: ‘…no aplicó lo previsto por el Art. 251 del señalado Código, establecido especialmente para los recursos planteados contra las resoluciones que dispongan o modifiquen medidas cautelares, cumpliendo el plazo de veinticuatro horas, tomando en cuenta las características y la naturaleza de las mismas. Por lo que, al no circunscribirse a lo previsto por el citado Art. 251 del CPP, se vulneró el derecho al debido proceso…’.
Que, de lo anteriormente fundamentado se tiene que el apelante no cumple con el principio de impugnación previsto por la norma procesal ya que la impugnación precisa de una serie de requisitos formales: como el plazo en que debe plantearse, la adecuación del Recurso a la Resolución Judicial que se impugna conforme a la normativa legal que autoriza la misma, entre otros, de modo que si estos requisitos no se cumplen originan la inadmisibilidad del recuro establecido en el Art. 394 del CPP.” (sic [fs. 27 a 28 vta.]). II.5. Del memorial de acción de libertad se advierte que el accionante refiere que el recurso de apelación que interpuso contra la Resolución 272/2021 fue remitido el 20 de octubre de 2021 después de diez días de su planteamiento (fs. 73).
El accionante denunció la lesión a sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos valoración de la prueba, fundamentación, motivación, congruencia, impugnación, defensa, además, del derecho al debido proceso vinculado con el principio a la celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el Juez y el Vocal ahora demandados incurrieron en ilegalidades; así: a) El Juez ahora demandado: a.1) Luego de la sustanciación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, profirió la Resolución 472/2021 de 5 de septiembre, imponiéndole medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva sin que exista fundamentación y motivación respecto a los riesgos procesales; a.2) Ante la interposición de recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 472/2021, estableció no ha lugar a su impugnación sin que sea su atribución analizar el recurso de apelación y contradictoriamente le otorgó el plazo de setenta y dos horas para presentar su escrito, desconociendo que la apelación de medidas cautelares tiene un procedimiento especial; y, a.3) Remitió su impugnación después de diez días, incurriendo en una dilación indebida al no considerar el término de veinticuatro horas; además omitió el sorteo correspondiente en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo “direccionado” directamente a la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal; y, b) El Vocal ahora demandado incumplió con su deber de convocar a audiencia, y sin escuchar sus argumentos emitió de manera directa el Auto de Vista 769/2021 de 21 de octubre declarando inadmisible su recurso y confirmando la Resolución 472/2021, ello sin efectuar una correcta compulsa de los antecedentes y del recurso de apelación, lesionando su derecho al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa y a recurrir, que trajo como consecuencia una falta de fundamentación, motivación y congruencia. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) Las resoluciones de medidas cautelares y su debida fundamentación y motivación por los tribunales de apelación en aplicación correcta del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; ii) El enfoque interseccional para analizar la violencia hacia las mujeres, a través de una mirada íntegra del problema jurídico, que busca equilibrar los derechos de víctimas e imputados, en sintonía con el deber estatal de eliminar toda violencia de género; iii) Principio de seguridad jurídica; iv) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; v) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Integración; vi) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; vii) La garantía general del debido proceso y el derecho a la impugnación vinculado al derecho a la defensa; y, viii) Análisis del caso concreto.
Inicialmente, corresponde señalar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. En tal sentido, la fundamentación se refiere a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa. Por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. Efectuada las precisiones que anteceden, e ingresando a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones en las cuales se apliquen medidas cautelares, por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito penal, incumbe remitirnos a la amplia jurisprudencia constitucional emitida por esta instancia celadora de la supremacía constitucional; en ese sentido, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, en su Fundamento Jurídico III.2, efectuó el siguiente desarrollo jurisprudencial, precisando que:
“Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva” (el resaltado es ilustrativo). Asimismo, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en su Fundamento Jurídico III.1.7, bajo el epígrafe “Sobre la exigencia de la decisión judicial sea fundamentada”, estableció que la motivación implica conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez o autoridad judicial de tomar una determinada decisión, aspecto que es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Prosiguiendo con la revisión de la jurisprudencia constitucional, respecto a la exigencia de fundamentar y motivar las resoluciones, se tiene a las razones de la SC 0759/2010-R de 2 de agosto, que en su Fundamento Jurídico III.3 epigrafiado como “La motivación de las resoluciones como obligación del juez”, acudiendo al art. 124 del CPP, señaló que toda resolución debe ser debidamente fundamentada, exponiendo los hechos y normas legales aplicables; añadiendo además que:
“…cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión” (el resaltado es añadido). Por su parte, respecto a que la motivación no debe ser ampulosa, la citada jurisprudencia constitucional, extrayendo las razones de la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, precisó que:
“…cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas” (el resaltado es nuestro). De igual forma, la SC 0033/2012 de 16 de marzo, mediante su Fundamento Jurídico III.3, denominado “De la fundamentación de las resoluciones que determinen la detención preventiva”, refirió básicamente que la detención preventiva como medida cautelar personal, puede ser dispuesta cuando existan los elementos referidos al “fumus boni iuris” y el “periculum in mora”, previstos en el art. 233 del CPP, decisión que debe ser dispuesta mediante una resolución debidamente fundamentada conforme prevé el art. 236 del mismo cuerpo adjetivo penal; además, dicha jurisprudencia, apoyándose en las razones desarrolladas por la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, refirió que:
“En este sentido la jurisprudencia constitucional ha señalado en su SC 0089/2010-R-de 4 de mayo, ‘En los casos en que un Tribunal de apelación decida revocar las medidas sustitutivas y a la par disponer la aplicación de la detención preventiva de un imputado, está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medias sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los art 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones se puede disponer la detención preventiva’” (el resaltado es ilustrativo). Con relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones al aplicar el art. 398 del CPP, la jurisprudencia de esta instancia constitucional, a través de la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en su Fundamento Jurídico III.3, titulado “El alcance de lo previsto en el art. 398 del CPP y la exigencia de motivación en las resoluciones que disponen la detención preventiva”, señaló inicialmente que de acuerdo al referido precepto legal del art. 398 del CPP, los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expuestos en apelación; empero, precisó que al tratarse de la aplicación de medidas cautelares el tratamiento difiere, señalando que:
“Sin embargo, tratándose de la aplicación de medidas cautelares, dicha normativa no debe ser entendida en su literalidad sino interpretada en forma integral y sistemática, por lo que también cabe referirse a lo establecido en el art. 233 del CPP, modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010, cuando señala que: ‘Realizada la imputación formal, el juez podrá ordenar la detención preventiva del imputado, a pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiera constituido en querellante, cuando concurran los siguientes requisitos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible; 2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad’” (negrillas adicionadas). En ese marco, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, haciendo referencia al antes art. 236.3 –ahora– art. 236.4 del CPP, agregó que:
“En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal 3 El art. 236 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, vigente desde el 4 de noviembre del mismo año, señala: “El auto que disponga la aplicación de una medida cautelar personal, será dictado por la jueza, el juez o tribunal del proceso y deberá contener:
1. Los datos personales del imputado o su individualización más precisa; 2. El número único de causa asignada por el Ministerio Público y la instancia jurisdiccional correspondiente; 3. Una sucinta enunciación del hecho o hechos que se le atribuyen; 4. La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la medida, con las normas legales aplicables; 5. El lugar de su cumplimiento; 6. El plazo de duración de la medida”.
prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: a) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; b) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP” (el resaltado es ilustrativo). Jurisprudencia constitucional, que fue reiterada entre otras por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0303/2013 de 13 de marzo de 2013, 0329/2016-S2 de 8 abril de 2016; y, 1158/2017-S2 15 de noviembre de 2017. Finalmente, siguiendo dichos razonamientos, la SCP 0723/2018-S2 de 31 de octubre, respecto de la aplicación del art. 398 del CPP, señaló que:
“…el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria” (el resaltado nos corresponde). Conforme al contexto jurisprudencial descrito, es posible concluir que, las autoridades jurisdiccionales, están obligadas a emitir sus resoluciones debidamente fundamentadas y motivadas, comprendiendo que el primero se refiere a la justificación de todas las disposiciones legales sobre las cuales sostiene su decisión; y el segundo relacionado a la justificación de las razones lógico-jurídicas, respecto de los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes; máxime cuando se trate de decisiones que emerjan de la aplicación de medidas cautelares, supuestos en los cuales, los jueces instructores o cautelares y los tribunales de apelación, estan impelidos de sustentar sus resoluciones. Ahora bien, en el caso de los tribunales de apelación, y al tratarse de solicitudes de aplicación de medidas cautelares, conforme lo precisado por la citada SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendida en su literalidad, sino interpretada de forma integral y sistémica; lo cual, exige que estas autoridades jurisdiccionales, luego de un análisis integral del supuesto, deben fundamentar y motivar sus decisiones precisando los elementos de convicción que permitan concluir en la necesidad de modificar, rechazar medidas cautelares o determinar la cesación o rechazo de esa solicitud; a cuyo efecto, deben también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, mediante una resolución con la suficiente justificación normativa, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal. No siendo admisible que las autoridades del tribunal de apelación rechacen la solicitud, basándose en presunciones relativas a los riesgos de fuga y obstaculización; ya que, si no se demuestra mediante una debida fundamentación y motivación la necesaria detención preventiva, la resolución emitida conlleva una arbitrariedad que vulnera los derechos previstos por la Constitución Política del Estado.
con el deber estatal de eliminar toda violencia de género
Por la connotación de la temática en cuestión, en este acápite se describirá las reflexiones constitucionales desarrolladas en la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, misma que, contiene argumentos garantistas y progresivos respecto de los derechos de las mujeres víctimas de violencia a efectos de su aplicación mediante una perspectiva de género.
La SCP 0017/2019-S2 en referencia a esta temática abordó un conjunto de razones respecto a las víctimas de violencia en razón de género que a continuación son descritas. Así, la antedicha jurisprudencia, resaltó la importante necesidad de precautelar los derechos del imputado y la víctima dentro de un proceso penal, que permite resolver el problema jurídico objeto del referido proceso penal en el marco del equilibrio de los derechos de ambos, pero particularmente cuando se trate de delitos de violencia contra la mujer; en dicho propósito, a efectos de explicar la búsqueda del mencionado equilibro entre los derechos de la víctima y del imputado en el Estado Constitucional y su análisis en las acciones de defensa. La precitada Sentencia Constitucional Plurinacional, señaló que la SCP 0815/2010-R, por un lado, argumentó que no obstante del ius puniendi del Estado, la víctima cobró una importancia trascendental a partir del art. 121 de la CPE, al prever que la misma tiene el derecho a ser oída antes de cada decisión judicial; por otro lado, citó los derechos de las víctimas como el acceso a la justicia y trato justo, establecidos en la Declaración Sobre los Principios Fundamentales de Justicia Para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que también se estableció una adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas. En esa ruta, también citó a la SCP 1388/2011-R de 30 de septiembre, para luego concluir que el equilibro buscado, también debía ser considerado en las acciones de defensa emergentes de los procesos penales, especialmente cuando los derechos del imputado y la víctima se hallan en conflicto, ello implica que las acciones de defensa no se pueden limitar a resolver el problema jurídico planteado, sino que debe examinarse el contexto y los derechos en conflicto –cuando corresponda-, más aun cuando se trate de violencia hacia las mujeres. Por su parte, respecto “del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación; y, el consiguiente deber del Estado y la sociedad de eliminar toda forma de violencia en razón de género”, la SCP 0017/2019-S2, esencialmente señaló que:
“La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural, resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales, donde predominó y continúa predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón, se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica; ya que en el caso de la mujer, no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia; puesto que, su situación no es asimilable a otros sectores poblaciones, que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad, basada en la distribución de roles sociales que fueron transcendiendo históricamente; lo cual, engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello demuestra que la violencia hacia las mujeres, y en particular, la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que adquirió, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades, y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, establece: “…la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos (…).”. Efectuada dicha reflexión, la jurisprudencia constitucional que se describe, comentó que a través del art. 15 de la CPE, por un lado se incluyó el reconocimiento de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y, por otro, el deber del Estado de adoptar las medidas necesarias para combatir ese tipo de violencia de género; en ese marco, precisó que una de las pautas que guían a la justicia constitucional, es el principio de interpretación conforme a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, a partir de lo dispuesto por los arts. 13 y 256 de la Norma Suprema, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estas disposiciones contengan un estándar de protección más favorable al derecho. En mérito a dicho razonamiento y en base a lo dispuesto por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés); el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Gonzáles y Otras (“Campo Algodonero”) vs. México, “Sentencia de 16 de noviembre de 2009”, sobre Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas; y, la Ley 348, permitió a la SCP 017/2019-S2 identificar algunos estándares importantes aplicables al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia consistentes en: 1) La obligación del Estado de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluyendo en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas –entre otras- para además erradicar dicha violencia y proteger a las víctimas; 2) Protección a las víctimas; 3) Sensibilidad de la justicia por temas de género; y, 4) Reparación integral a la víctima. Seguidamente, la SCP 0017/2019-S2, refiriéndose a “las normas especiales de la Ley 348, aplicables en los procesos judiciales y administrativos pro hechos de violencia en razón de género“, expresó que los estándares señalados precedentemente, deben guiar la actuación en el servicio público de las diferentes instancias y reparticiones del Estado, añadiendo que conforme a la Ley 348, esos estándares deben ser aplicados de manera exclusiva en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género, citando al efecto el art. 45 de la mencionada Ley 348, que prevé garantías para el ejercicio de los derechos de las mujeres en situación de violencia como: El acceso a los servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el conocimiento de esa situación por parte de las diferentes autoridades que atiendan esos casos; Protección de la dignidad e integridad de la víctima, evitando la revictimización y un eventual maltrato; la averiguación de la verdad; y, La reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia.
Prosiguiendo con la identificación de la normativa especial aplicable, la reiterada SCP 0017/2019-S2, estableció que:
“La misma Ley 348, en el Capítulo II sobre las Investigaciones -del mismo Título I-, en su art. 59, dispone que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante; norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razon género dentro del ámbito público y no privado; por ello, aun la víctima desista o abandonde la investigación, el Ministerio Público debe seguirla de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) o del Ministerio Público; pues, dichas afirmaciones vulneran no solo la norma expresa contenida en el citado art. 59 de la Ley 348, sino también, el principio de la debida diligencia; la obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres; y, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” (resaltado corresponde a la fuente). De igual forma, señaló que el art. 61 de la Ley 348, añadió más tareas al Ministerio Público en casos de violencia de género contra la mujer, para ello, citó las siguientes:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito. 2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad.
3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción (el resaltado es agregado). Luego, la referida jurisprudencia describió los principios procesales que rigen los hechos de violencia contra las mujeres desarrollados en el art. 86 de la Ley 348; para después señalar que en el marco del art. 87.4 de la mencionada Ley 348, en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos (IOC) se aplicará entre otras la siguiente directriz: “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado añadido); asimismo, añadió que esa obligación, se complementa con el art. 90 de la mencionada ley respecto a que los delitos son de acción pública, cuya investigación y sanción es de oficio, alcance que según la jurisprudencia que se trata, se refuerza con el art. 94 de la Ley 348 al disponer que:
“Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo" (las negrillas corresponden al texto original).
cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. 3.Oralidad. Todos los procesos sobre hechos de violencia contra las mujeres deberán ser orales. 4. Legitimidad de la prueba. Serán legítimos todos los medios de prueba y elementos de convicción legalmente obtenidos que puedan conducir al conocimiento de la verdad. 5.Publicidad. Todos los procesos relativos a la violencia contra las mujeres serán de conocimiento público, resguardando la identidad, domicilio y otros datos de la víctima. 6.Inmediatez y continuidad. Iniciada la audiencia, ésta debe concluir en el mismo día. Si no es posible, continuará durante el menor número de días consecutivos. 7.Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia. 8.Economía procesal. La jueza o juez podrá llevar a cabo uno o más actuados en una diligencia judicial y no solicitará pruebas, declaraciones o peritajes que pudieran constituir revictimización. 9.Accesibilidad. La falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento no deberá retrasar, entorpecer ni impedir la restitución de los derechos vulnerados y la sanción a los responsables. 10.Excusa. Podrá solicitarse la excusa del juez, vocal o magistrado que tenga antecedentes de violencia, debiendo remitirse el caso inmediatamente al juzgado o tribunal competente. 11.Verdad material. Las decisiones administrativas o judiciales que se adopten respecto a casos de violencia contra las mujeres, debe considerar la verdad de los hechos comprobados, por encima de la formalidad pura y simple. 12.Carga de la prueba. En todo proceso penal por hechos que atenten contra la vida, la seguridad o la integridad física, psicológica y/o sexual de las mujeres, la carga de la prueba corresponderá al Ministerio Público. 13.Imposición de medidas cautelares. Una vez presentada la denuncia, la autoridad judicial dictará inmediatamente las medidas cautelares previstas en el Código Procesal Penal, privilegiando la protección y seguridad de la mujer durante la investigación, hasta la realización de la acusación formal. En esta etapa, ratificará o ampliará las medidas adoptadas. 14.Confidencialidad. Los órganos receptores de la denuncia, los funcionarios de las unidades de atención y tratamiento, los tribunales competentes y otros deberán guardar la confidencialidad de los asuntos que se someten a su consideración, salvo que la propia mujer solicite la total o parcial publicidad. Deberá informarse previa y oportunamente a la mujer sobre la posibilidad de hacer uso de este derecho. 15.Reparación. Es la indemnización por el daño material e inmaterial causado, al que tiene derecho toda mujer que haya sufrido violencia (el resaltado es nuestro)”.
En ese marco, la jurisprudencia constitucional que es revisada, precisó que en apego a los estándares internacionales e internos sobre la protección de mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia, que conlleva una investigación de oficio, con celeridad, protección inmediata, y el hecho que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no a la víctima; para luego, concluir que, en la adopción de medidas cautelares, como en el establecimiento de los criterios de peligro para la víctima previstos en el art. 234.10 del CPP, se debe privilegiar la protección y seguridad de la mujer, conforme lo reflexionado en la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, bajo los siguientes términos:
“a) En los casos de violencia contra las mujeres, para evaluar el peligro de fuga contenido en el art. 234.10 del CPP, deberá considerarse la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado; así como las características del delito, cuya autoría se atribuye al mismo; y, la conducta exteriorizada por éste contra las víctimas, antes y con posterioridad a la comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración, los derechos tanto de la víctima como del denunciante”. Finalmente, la SCP 0017/2019-S2, respecto del “enfoque integral del problema jurídico en casos de violencia en razón de género en las acciones de defensa”, señaló que,
“Los principios y garantías procesales a favor de las víctimas mujeres de violencia, que fueron descritos en el anterior Fundamento Jurídico, no solo se aplican a los procesos penales, sino, como manda la misma Ley 348, a todas las causas por hechos de violencia contra las mujeres, en todas las materias; consiguientemente, también en la justicia constitucional; pues, en el marco de lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, es obligación del Tribunal Constitucional Plurinacional, analizar el problema jurídico planteado en las acciones de defensa de manera integral, considerando los derechos de las partes en conflicto; más aún, tratándose de casos que emerjan de hechos de violencia en razón de género; pues en éstos asuntos, aun el peticionante de tutela sea el imputado, corresponderá analizar el contexto del proceso penal, para verificar si se cumplieron los estándares internacionales e internos respecto a la protección de los derechos de las mujeres; de lo contrario, se cohonestaría actuaciones contrarias a la normativa internacional e interna; incumpliendo con las responsabilidades internacionales asumidas por el Estado boliviano” (el resaltado es añadido). En ese, marco, añadió que el razonamiento precedente condice con el art. 180.I de la CPE, respecto al principio de verdad material en el entendido que el juzgador debe buscar la paz social, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos encontrando la verdad de los hechos, por encima de los ritualismos procesales, cuya finalidad sea el acceso a la justicia material, en el marco de los estándares internacionales de la Corte IDH y lo regulado en el art. 86.11 de la Ley 348. Consecuentemente, y en base a dichas reflexiones constitucionales, la citada SCP 0017/2019-S2, concluyó en el sentido que:
“…en las acciones de defensa que emerjan de procesos judiciales o administrativos en los que se debatan hechos de violencia hacia las mujeres, la justicia constitucional está obligada a efectuar un análisis integral del problema jurídico, sin limitarse a la denuncia efectuada por la o el accionante, sino también, analizando los derechos de la víctima y las actuaciones realizadas por las autoridades policiales, fiscales o judiciales, de acuerdo al caso; pues, solo de esta manera, se podrá dar cumplimiento a las obligaciones asumidas por el Estado y se respetarán los derechos de las víctimas de violencia en razón de género, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, así como a una vida libre de violencia”. De todo lo descrito y desarrollado por la SCP 0017/2019-S2 de 13 de marzo, que fue citada y precisada en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, estas, contienen reflexiones constitucionales respecto a la protección de estos grupos altamente vulnerables; extremo, que conlleva a que dichos razonamientos, deben ser aplicados por las instancias investigativas (policiales y fiscales) y jurisdiccionales en todos los casos en los que se advierta como víctimas a mujeres; cumpliendo de esta forma, con las exigencias internacionales a nuestro Estado, respecto de la obligación de actuar con la debida diligencia, para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, guiados a una finalidad mayor que es la erradicación total de la violencia y protección a las víctimas.
La Constitución Política del Estado en el art. 178.I consagra, los principios constitucionales que disciplinan la función de impartir justicia, tanto en el Órgano Judicial como en el Tribunal Constitucional Plurinacional; uno de esos principios es la seguridad jurídica que en términos de la jurisprudencia constitucional expresada en el AC 287/99 de 28 de octubre de 1999, entiende por una parte, como la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de los individuos y las naciones, representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio; por otra parte, alude al deber que tiene el Estado de proveer seguridad jurídica a todos los ciudadanos, al goce de sus derechos fundamentales y derechos previstos en la Ley, en el marco del Estado de Derecho, con el fin de satisfacer los anhelos de una vida en paz, libre de abusos; específicamente en el ámbito judicial “implica el derecho a la certeza y la certidumbre que tiene la persona frente a las decisiones judiciales, las que deberán ser adoptadas en el marco de la aplicación objetiva de la Ley y la consiguiente motivación de la resolución”.
Asimismo, la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, refiriéndose al principio de seguridad jurídica señaló que el mismo implica para la sociedad la previsibilidad de la actuación estatal; es decir, este principio denota la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental.
Consecuentemente, el principio de seguridad jurídica debe ser entendido como uno de los principios fundamentales componente del marco constitucional como legal que sustancialmente permite el conocimiento antelado de las reglas de orden jurídico que rigen una determinada conducta o relación, y la confianza en la observancia y respeto de las consecuencias derivadas de la aplicación de una norma, por lo tanto, la relación Estado-ciudadano debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental.
El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE- En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:
derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado. Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su vasta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “ La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “ La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.
Integración
Al respecto cabe previamente señalar el art. 8.II de la Constitución Política del Estado, que se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la CPE–, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Norma Suprema. En ese sentido, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPEde parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián de la Norma 11 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.” 12 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. 13 Art. 125 de la CPE señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.”
Suprema, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus –ahora acción de libertad–, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese contexto, en mérito a la existencia de casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; y, además, ante la evidencia de dichas demoras el Tribunal Constitucional Plurinacional fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al efecto la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre siguiendo entre otras, la línea jurisprudencial establecida 14 En su F.J.III.5 señala: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar: (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)” 15 El FJ III. 3 señala: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente: i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, realizó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad. No obstante de lo señalado, este Tribunal en mérito al análisis dinámico de la línea jurisprudencial, relacionada al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la SCP 0846/2020-S1 de 9 de diciembre, partiendo del precedente en vigor –SC 0044/2010-R– y citando entre otras las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2601/2012 de 21 de diciembre, 0997/2016-S3 de 22 de septiembre y la 1180/2019-S1 de 2 de diciembre, en estricta observancia de los arts. 13 y 196 de la CPE, referidos a la progresividad de los derechos y la función de interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el subtítulo III.2.1.1 del citado fallo, vio pertinente integrar y armonizar la línea jurisprudencial relativo a la tipología de acción de libertad objeto de la presente, no solo en casos en los que se tenga una decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte…”. 16 El FJ. III.4 sostuvo que: “…De lo expresado precedentemente, se concluye que toda vez que el derecho a la libertad tiene carácter primario al encontrarse estatuido en el art. 22 de la CPE: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, concordante con los art. 115 y 178.I de la Norma Suprema, como también en los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; es deber de las autoridades judiciales, resolver con la mayor prontitud los casos sometidos a su conocimiento, más aún aquellos en los que encuentre vinculado el derecho a la libertad física y de locomoción; en el caso objeto de análisis, si bien se evidencia que el representado del accionante a tiempo de interponer la acción de libertad se encontraba cumpliendo la medida sustitutiva de detención domiciliaria, empero, no puede desconocerse que con la suspensión de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas y con el señalamiento de una nueva celebración dispuesta para un mes después, indudablemente su derecho a la libertad de locomoción fue vulnerado, en ese sentido el Juez demandado, debió imprimir a la solicitud formulada la debida celeridad, en atención a encontrarse de por medio el derecho primigenio a la libertad…” (las negrillas son agregadas). 17 El FJ III.3.1 sostuvo que: “Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde en principio remitirnos a la SC 0023/2010-R de 13 de abril, la cual sostuvo que: “el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos. (…) Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad. En ese sentido, se tiene que la presente temática –falta de resolución de solicitud de levantamiento de arraigo, pese haber transcurrido casi un mes desde su presentación hasta la interposición de la presente acción de libertad–, se encuentra directamente vinculado con el derecho a libertad de locomoción o de circulación del hoy accionante, mismo que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad…”. 18 El FJ III.4 manifestó que: “Identificada la problemática planteada en la presente acción tutelar, en primera instancia es necesario establecer que la limitación al derecho a la libertad de locomoción, se encuentra directamente vinculada al derecho a la libertad personal, como se tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, manteniéndose en el caso subsistente su restricción por la vulneración del principio de celeridad procesal, puesto que el último proveído de 28 de junio de 2019, emitido por la Jueza –ahora demandada–, constituye una directa restricción al derecho a una resolución pronta y oportuna de la situación jurídica de los accionantes en torno a la vigencia de las medidas cautelares, pues difiere indebidamente su tratamiento a la eventualidad de que la Sentencia S-24/2018 adquiera la calidad de cosa juzgada vulnerando el principio de celeridad sin que la reposición sea un recurso idóneo para ello; consecuentemente, la supuesta subsidiariedad alegada tanto por la autoridad demandada como por la Jueza de garantías, carece de mérito, correspondiendo el análisis de fondo. En este entendido es de resaltar que de acuerdo al contenido normativo del art. 364 del CPP “La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente…” (las negrillas son nuestras), persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción, al efecto precisó:
…Consecuentemente, es inminente, necesario y fundamental INTEGRAR la línea jurisprudencial relativa al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, permitiendo armonizar los dos entendimientos jurisprudenciales, de manera que, esta modalidad traslativa sea aplicada no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción; ello con el fin de buscar la eficacia plena de este derecho; así, cuando se tenga que definir la situación jurídica de una persona que tenga restringido su derecho a la libertad de locomoción su resolución debe ser pronta oportuna y sin dilaciones, es decir, en estricta observancia del principio de celeridad que procura no imponer la práctica de actos innecesarios atiborrados de formalismo que retrasa los trámites.
De lo anotado, sin pretender ser reiterativos, conforme ya se señaló, si bien la SCP 0044/2010-R determinó el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a los casos en los que se denuncia lesiones al principio de celeridad vinculado a la libertad personal; bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, la modalidad traslativa de pronto despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción (el resaltado es nuestro). Por lo señalado en forma precedente, se llega a la conclusión de que respecto al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, no solo procede en casos en los que una persona esta privada de libertad, sino también de aquellas personas que no están privadas de libertad, en este caso que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la 19 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 20 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones: a) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. b) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. 21 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.
El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos como la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…). De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
0533/2011-R de 25 de abril, entre otros; además, también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en la citada SC 902/2010-R, SC 0981/2010-R de 17 de agosto, SC 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en la SCP 0270/2012 de 4 de junio, SCP 2493/2012 de 3 de diciembre, SCP 0903/2019-S4 de 16 de octubre, SCP 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos
…los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra sí mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in ídem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones. Configuración, contenido o alcance que se fue reproduciendo en la jurisprudencia constitucional, que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo, puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, es decir, a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio; en ese contexto, corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad. Ahora bien, en nuestro nuevo orden constitucional la impugnación constituye un principio constitucional que disciplina la función de impartir justicia, reconocido en el art. 180.II de la CPE. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ha consagrado el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, como elemento de una garantía judicial mínima, previsto en el art. 8.2.h; norma que es complementada con el reconocimiento a un derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, prescrito en el 24 El FJ III.4.1, indica: "La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´.
El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas. Como ya se ha definido en otras Sentencias Constitucionales, el doctrinario Ticona Póstigo, ha señalado que: `El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues, él «Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo». A criterio del tratadista Saenz, «el Debido Proceso en su dimensión adjetiva, se refiere a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de todo tipo de proceso, sea este jurisdiccional, sea administrativo, o sea corporativo particular»´. Como también ya se expuso en la abundante jurisprudencia constitucional, cualquier proceso administrativo sancionatorio, más aún si este puede derivar en sanciones como la destitución de determinado funcionario público, debe contener los elementos: i) al juez natural, ii) legalidad formal, iii) tipicidad, iv) equidad y v) defensa irrestricta. El tratadista español, Eduardo García Enterría, al referirse al proceso administrativo sancionador, indicó que: `…La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal´.
El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…´. El doctrinario argentino Alberto Binder afirma: `El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás´, concepto aplicable a los procedimientos sancionadores de esencia administrativa.
El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo, no aceptándose el extremo de sustanciar asunto alguno sin conocimiento del procesado, situación inaceptable en cualquier sistema jurídico”.
art. 25 cuya denominación jurídica es “protección judicial”, en los siguientes términos
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha expresado que el derecho de recurrir de un fallo, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó, ante el que pueda tener acceso; complementando este entendimiento, la misma Corte en el párrafo 158 de la Sentencia del Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), expreso que …es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona. En sintonía con los razonamientos expresados, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, concluyo que el derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, posibilitando que se reclamen aspectos específicos que consideran injustos a sus pretensiones, fundamentando las omisiones que afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa. Delimitado el marco Constitucional y Convencional del derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, cuyo alcance se encuentra establecido por la jurisprudencia de la Corte IDH, se puede concluir que su eficacia se encuentra vinculada con el derecho a la defensa, entendida en la jurisprudencia constitucional como la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio, presentar pruebas que estime convenientes en su descargo, hacer uso efectivo de los recursos que le franquea la ley, la observancia de los requisitos mínimos en cada instancia procesal, a fin de que puedan defenderse adecuadamente las personas ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, consiguientemente, los elementos que la componen se disgregan en los siguientes ámbitos: 1) El derecho a ser escuchado en el proceso; 2) El derecho a presentar prueba; 3) El derecho a hacer uso de los recursos; y, 4) El derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal. Estos razonamientos se afianzan con la mención de que toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa reconocida en el art. 119.II de la CPE.
El accionante denunció la lesión a sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos valoración de la prueba, fundamentación, motivación, congruencia, impugnación, defensa, además, del derecho al debido proceso vinculado con el principio a la celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia doméstica, el Juez y el Vocal ahora demandados incurrieron en las siguientes ilegalidades: i) El Juez ahora demandado: i.a) Luego de la sustanciación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, profirió la Resolución 472/2021 imponiéndole medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva sin que exista fundamentación y motivación respecto a los riesgos procesales; i.b) Ante la interposición de recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 472/2021, estableció no ha lugar a su impugnación sin que sea su atribución analizar el recurso de apelación y contradictoriamente le otorgó el plazo de setenta y dos horas para presentar su escrito, desconociendo que la apelación de medidas cautelares tiene un procedimiento especial; y, i.c) Remitió su impugnación después de diez días, incurriendo en una dilación indebida al no considerar el término de veinticuatro horas; además omitió el sorteo correspondiente en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo “direccionado” directamente a la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal; y, ii) El Vocal ahora demandado incumplió con su deber de convocar a audiencia, y sin escuchar sus argumentos emitió de manera directa el Auto de Vista 769/2021 declarando inadmisible su recurso y confirmando la Resolución 472/2021, ello sin efectuar una correcta compulsa de los antecedentes y del recurso de apelación, lesionando su derecho al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa y a recurrir, que trajo como consecuencia una falta de fundamentación, motivación y congruencia. Ahora bien, expuestas las problemáticas traídas en revisión, de inicio, previo a resolver las mismas, es preciso hacer alusión a los antecedentes del caso; así, conforme se advirtió en las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del violencia familiar o doméstica; mediante Resolución 472/2021 de 5 de “septiembre”, el Juez ahora demandado resolvió disponer la aplicación de medidas cautelares personales para el impetrante de tutela, entre ellas, la detención domiciliaria con salidas laborales conforme manifieste su actividad laboral, arraigo, fianza económica de Bs4 000; por lo que, el impetrante de tutela, en audiencia y de manera escrita interpuso recurso de apelación (Conclusiones II.1 y II.2); impugnación que mereció el Auto de Vista 769/2021 de 21 de octubre, por el cual, el Vocal ahora demandado resolvió declarar inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto. Bajo el contexto señalado, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados son evidentes y si en efecto las autoridades judiciales demandadas actuaron apartándose de la normativa vigente, lesionando sus derechos; en tal sentido, se tiene que:
La parte accionante denuncia que: a) Luego de la sustanciación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, profirió la Resolución 472/2021 de 5 de septiembre, imponiéndole medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva sin que exista fundamentación y motivación respecto a los riesgos procesales; b) Ante la interposición de recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 472/2021, el Juez ahora demandado estableció no ha lugar a su impugnación sin que sea su atribución analizar el recurso de apelación y contradictoriamente le otorgó el plazo de setenta y dos horas para presentar su escrito, desconociendo que la apelación de medidas cautelares tiene un procedimiento especial; y, c) La autoridad judicial de primera instancia remitió su impugnación después de diez días, incurriendo en una dilación indebida al no considerar el término de veinticuatro horas; además omitió el sorteo correspondiente en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo “direccionado” directamente a la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal. Ahora bien, considerando que, respecto al Juez ahora demandado, el accionante denuncia varios actos ilegales en los cuales hubiese incurrido el mismo, corresponde efectuar el análisis de cada uno; así: 1) En relación a la primera sub problemática
La parte accionante denuncia que luego de la sustanciación de la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, profirió la Resolución 472/2021 de 5 de septiembre, imponiéndole medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva sin que exista fundamentación y motivación respecto a los riesgos procesales. Al respecto, considerando que en la presente sub problemática en esencia se denuncia la falta de fundamentación y motivación en la Resolución 472/2021, resulta de especial relevancia remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que las decisiones que adopten las autoridades judiciales deben estar revestidas de una premisa normativa o fundamentación por la que se citen preceptos legales sustantivos y adjetivos; y, una premisa fáctica o motivación expresada en la justificación de la decisión en la que se desarrollen los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes. Ahora bien, estos elementos del debido proceso (fundamentación y motivación) adquieren una especial trascendencia cuando se trata de fallos que resuelven la aplicación de medidas cautelares, pues en los mismos los operadores de justicia deben establecer la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad. Aunado a lo anterior, siendo que en el presente caso, la resolución denunciada de lesiva fue emitida dentro de un proceso penal cuya investigación se relaciona con actos de violencia en la familia en el abordaje de la misma se debe tomar en cuenta Estándares Internacionales para la protección de derechos de las mujeres víctimas de violencia, pues es innegable que, el Estado al ser parte de los Sistemas Universal e Interamericano de Derechos Humanos tiene el deber de ejercer el control de convencionalidad y cumplir con la obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos; en ese entendido, este Tribunal, en conocimiento de la presente acción de libertad que emerge de un proceso penal en el que se debate hechos de violencia hacia las mujeres, se encuentra obligado de verificar si se cumplieron con los estándares internacionales e internos respecto a la protección del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, que de inobservarse generaran responsabilidad internacional del Estado ante el incumplimiento de sus obligaciones (Fundamento Jurídico III.2). Bajo ese marco, con la finalidad de establecer si es evidente o no que la Resolución 472/2021 carece de fundamentación y motivación, el análisis se hará a partir de la verificación de los fundamentos expuestos en la aludida Resolución, únicamente con relación a la concurrencia de riesgos procesales; en tal sentido, se tiene: 1.i) Sobre el riesgo procesal contenido en el art. 234.1 del CPP, la autoridad judicial ahora demandada de manera expresa señaló que:
“…habiendo determinado probabilidad de autoría corresponde el análisis de los riesgos procesales, que han sido manifestados por el Ministerio Público, ampliados por la defensa de la víctima, ha objeto de desvirtuar los mismos se ha presentado un documento de identidad a nombre de RODRIGO MARCELO MARAÑON, que establece de profesión médico cirujano con domicilio en la calle Alberto Iturralde N° 1242 de la zona de Miraflores, que de la revisión exhaustiva de todos los elementos probatorios presentados por la defensa, no se advierte un documento que determine habitualidad y habitabilidad en dicho domicilio, en cuál puede ser corroborado a través de la presentación de un certificado emitido por junta de vecinos y otro que establezca dicho extremo, evidenciándose tampoco un contrato de arrendamiento, anticresis que establezca dicho domicilio, mucho más cuando el Ministerio Público a referido que existiría contradicción en lo manifestado por el imputado y lo establecido en su documento de identidad, por ende concurre riesgo procesal contenido en el artículo 234 numeral 1. El imputado no tiene un domicilio constituido en el que se evidencia habitualidad y habitabilidad”. De lo expuesto precedentemente se advierte que, la autoridad judicial ahora demandada en la parte final del análisis relativo a este riesgo procesal, y a modo de conclusión refirió que “…concurre riesgo procesal contenido en el artículo 234 numeral 1. El imputado no tiene un domicilio constituido en el que se evidencia habitualidad y habitabilidad” (sic), conclusión que implícitamente cumpliría con la premisa normativa o fundamentación exigida al contener la cita del art. 234.1 del CPP relativo –por una parte– al hecho de que el imputado no tiene domicilio o residencia habitual; no obstante, pese a dicha cita, la fundamentación respecto a este riesgo procesal es insuficiente debido a que no se efectuó un análisis normativo crítico de todo el marco legal pertinente, toda vez que, debió considerarse que la concurrencia de este riesgo procesal se haya supeditado al tercer y cuarto apartado del art. 234 del CPP que expresamente establecen:
El peligro de fuga no se podrá fundar en meras presunciones abstractas sobre la concurrencia de los numerales 1 al 8 del presente Artículo, sino que deberá surgir de la información precisa, confiable y circunstanciada que el fiscal o querellante aporten en la audiencia y den razonabilidad suficiente del por qué la circunstancia alegada permite concluir que el imputada eludirá la acción de la justicia. Las circunstancias señaladas en el numeral 1 del presente Artículo, se valorarán siempre atendiendo a la situación socio-económica de la persona imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual; tampoco la inexistencia de un contrato formal de trabajo será entendida por sí misma como la falta de negocios o trabajo. (negrillas añadidas).
Contenido normativo que a su vez debió ser complementado con la previsión contenida en el art. 231 bis. V del CPP que refiere:
La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad (las negrillas son agregadas).
Consecuentemente, siendo que, en el caso concreto, el Juez ahora demandado no efectuó el análisis normativo crítico exigido de todo el marco normativo pertinente, es evidente que respecto a este riesgo procesal no existe la debida fundamentación; lo que hace que tampoco tenga una debida motivación, ello comprendiendo que, la justificación debe mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa. Ahora bien, siendo específicos respecto a la motivación se tiene que, el Juez ahora demandado basó el análisis de este riesgo procesal en los elementos probatorios presentados por el imputado –ahora accionante–, señalando que, el “documento de identidad” allegado establece su domicilio, empero, no se habría demostrado la habitabilidad y habitualidad del mismo, ello sin considerar que, conforme establece el art. 231 bis V del CPP y el tercer apartado del art. 234 de igual cuerpo normativo, la carga de la prueba corresponde tanto al Ministerio Público como a la parte acusadora y no así al imputado; denotando a todas luces que existiría una motivación arbitraria al respecto, más aun cuando el operador de justicia ahora demandado manifestó que el Ministerio Público encontró contradicción entre el domicilio consignado en ese “documento de identidad” y lo manifestado por el peticionante de tutela, lo que también demuestra que se estableció concurrencia de este riesgo procesal en simples afirmaciones subjetivas, sin que exista información precisa y confiable aportada por el fiscal de materia o querellante.
Aunado a lo anterior, se tiene que, la autoridad judicial ahora demandada manifestó que, el domicilio puede ser corroborado a través de la presentación de un certificado emitido por junta de vecinos y otro que establezca dicho extremo, evidenciándose tampoco un contrato de arrendamiento, anticresis; ello sin considerar que el cuarto apartado del art. 234 del CPP que es expresó en determinar que para la concurrencia de este riesgo procesal debe valorarse siempre atendiendo a la situación socio-económica de la persona imputada y en ningún caso la inexistencia de derecho propietario, contrato de arrendamiento o anticresis en favor del imputado, será por sí misma entendida como falta de domicilio o residencia habitual; consecuentemente, por lo expresado es evidente que la Resolución 472/2021 carece de motivación. 1.ii) Respecto al riesgo procesal contenido en el art. 234.2 del CPP, el Juez ahora demandado expresamente señaló que:
“…al no haberse desvirtuado riesgo procesal en su vertiente domicilio, concurre el riesgo procesal contenido en el artículo 234 numeral 1 en su vertiente domicilio, que incide en el numeral 2, el imputado no ha demostrado tener un arraigo natural, económico social que permita que se someta a proceso concurriendo el 234 numerales 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal.” (sic).
De lo expresado precedentemente se advierte que en cuanto a la premisa normativa o fundamentación, la autoridad judicial ahora demandada sólo enumeró el art. 234.2 del CPP sin precisar cuál es su contenido (supuesto normativo); además, tampoco hizo alusión a otros preceptos legales aplicables para la consideración de los riesgos procesales (como la consideración de la carga de la prueba y la prohibición de fundar el riesgo en presunciones abstractas), lo que denota una falta de fundamentación. Por otra parte, respecto a la premisa fáctica o motivación, únicamente se señaló que al concurrir el riesgo procesal previsto en el numeral 1 este incidiría en el numeral 2, argumento que a todas luces se constituye en una motivación arbitraria ya que no resulta suficiente señalar que la no existencia de domicilio haría entrever que se tiene las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, debiendo evaluarse elementos objetivos aportados por el Ministerio Público o la parte acusadora conforme establece el tercer apartado del art. 234 del CPP. 1.iii) Respecto al riesgo procesal contenido en el art. 234.7 del CPP, el operador de justicia ahora demandado expresamente manifestó que:
“En relación al riesgo procesal contenido del artículo 234 numeral 7° esta autoridad jurisdiccional debe considerar los tres días de incapacidad que tiene la víctima, que al margen de aquello ha manifestado haber vivido episodios constantes de agresión física y verbal, así como actos discriminatorios por el apellido que tendría la misma, por ende se evidencia que existe una clara desproporción entre la víctima y su agresor, concurriendo el riesgo procesal contenido el artículo 234 numeral 7°el cual no se desvirtúa con los registros judiciales de antecedentes penales que han sido presentados por el imputado qué establecía que no sería un peligro efectivo para la sociedad, empero si para la víctima, por ende concurre el riesgo procesal contenido en el artículo 234 núm. 7°.” (sic). De lo expresado, se advierte que, en lo concerniente a la fundamentación, el operador de justicia únicamente enumeró el art. 234.7 del CPP sin precisar cuál es su contenido, además tampoco efectuó ningún tipo de análisis normativo o jurisprudencial al respecto, por lo que, es evidente que la Resolución 472/2021 carece de fundamentación. Por otra parte, en cuanto a la motivación la autoridad judicial ahora demandada indicó que existe una clara desproporción entre la víctima y el agresor debido a “…los tres días de incapacidad que tiene la víctima, que al margen de aquello ha manifestado haber vivido episodios constantes de agresión física y verbal…” (sic); argumento que hace entrever que el Juez ahora demandado enmarcó su análisis en el entendimiento establecido en la SCP 0394/2018-S2, no obstante, únicamente lo hizo con relación al primer parámetro que debe observarse en casos de violencia contra la mujer (la situación de vulnerabilidad o de desventaja en la que se encuentren la víctima o denunciante respecto al imputado) sin tener en cuenta los otros parámetros en la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional referidos a las características del delito cuya autoría se atribuye al mismo, ni la conducta exteriorizada por el imputado contra la víctima, antes y con posterioridad a la supuesta comisión del delito, para determinar si dicha conducta puso y pone en evidente riesgo de vulneración los derechos tanto de la víctima, aspectos que deben ser analizados considerando los elementos objetivos presentados por el Ministerio Público y la parte acusadora los cuales deben aportar información precisa, confiable y circunstanciada, conforme lo establecido en el tercer apartado del art. 234 del CPP, y no así en presunciones abstractas. Aunado a lo anterior, es necesario tener en cuenta que la autoridad judicial ahora demandada manifestó que el imputado –ahora accionante– presentó “registros judiciales de antecedentes penales” que no desvirtuarían el riesgo procesal para la víctima; no obstante, no explicó las razones para llegar a dicha conclusión las cuáles deben estar presididas bajo criterios de la sana crítica. Consecuentemente, a partir de lo expresado es evidente que respecto a este riesgo procesal no se efectuó una debida fundamentación y motivación. 1.iv) Sobre el riesgo procesal contenido en el art. 235.2 del CPP, la autoridad judicial ahora demandada de manera textual señaló que:
“En referencia al riesgo procesal contenido en el artículo 235 numeral 2, se ha establecido que existen actos pendientes de investigación, tal cual lo ha referido el ministerio público y en esta audiencia ha manifestado que la persona en la que va a influir el imputado es la propia víctima, esta autoridad jurisdiccional considera de concurrencia de dicho riesgo procesal puesto que es evidente que Ivi Marcia Chipana Parra puede ser influida de forma negativa por el ahora imputado, al margen de que asisten actuados pendientes de investigación en esta causa penal, por ende concurre el riesgo procesal contenido en el artículo 235 núm. 2do.” (sic).
A partir de lo referido, se tiene que, el Juez a quo, únicamente enumera el art. 235.2 del CPP, sin establecer cuál es el supuesto normativo que contiene, además que no se efectuó un análisis normativo crítico de todo el marco legal pertinente, toda vez que, debió considerarse que la concurrencia de este riesgo procesal se haya supeditado al segundo apartado del art. 235 del CPP que expresamente establece:
El peligro de obstaculización no se podrá fundar en meras presunciones abstractas, sino que deberá surgir de la información precisa y circunstanciada que el fiscal o querellante aporte en la audiencia…
Contenido normativo que a su vez debió ser complementado con la previsión contenida en el art. 231 bis. V del CPP que refiere:
La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugará ni obstaculizará la averiguación de la verdad (las negrillas son agregadas). Consiguientemente, por lo referido, es evidente que respecto a este riesgo procesal de obstaculización, la autoridad judicial no cumplió con su labor de fundamentar el mismo. Por otra parte, en cuanto a la motivación requerida, de lo expresado por el Juez ahora demandado se constató que el mismo sólo se limitó a señalar que existen actos pendientes de investigación (sin referir cuáles); además, sería evidente que el imputado –ahora accionante– puede ser influida de forma negativa, argumento que permite inferir que el análisis efectuado tuvo como base meras presunciones abstractas probables y futuristas, que se encuentran contra lo previsto por la normativa vigente, denotando una motivación arbitraria al omitir considerar que los riesgos procesales deben estar fundados en elementos objetivos que sean presentados por el Ministerio Público y la parte querellante, con los cuales se aporte información precisa y circunstanciada que el imputado –ahora impetrante de tutela– influyó negativamente en la víctima con el objeto que informe falsamente o se comporte de manera reticente. En tal sentido, respecto a este peligro procesal es evidente que el operador de justicia no cumplió con su labor de motivar su resolución. 2) Respecto a la segunda sub problemática
Ante la interposición de recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 472/2021, el Juez ahora demandado estableció no ha lugar a su impugnación sin que sea su atribución analizar el recurso de apelación y contradictoriamente le otorgó el plazo de setenta y dos horas para presentar su escrito, desconociendo que la apelación de medidas cautelares tiene un procedimiento especial. De lo expresado precedentemente, considerando que en la presente sub problemática el ahora accionante es expreso al denunciar la inobservancia del procedimiento del recurso de apelación incidental en el régimen de medidas cautelares de carácter personal, es evidente que se encuentra vinculada al derecho al debido proceso y el principio de seguridad jurídica; toda vez que, este principio permite el conocimiento antelado de las reglas de orden jurídico que rigen una determinada conducta o relación, y la confianza en la observancia y respeto de las consecuencias derivadas de su aplicación. Ahora bien, en esa línea, debe considerarse que si bien el principio de seguridad jurídica se constituye en un conocimiento cierto de las leyes vigentes, no obstante, ello no significa que la jurisprudencia no juegue un papel importante, pues la misma preserva la seguridad jurídica y la coherencia del orden jurídico, más aun cuando, adquiere fuerza vinculante y obligatoria (arts. 203 de la CPE y 15.II del CPCo) que implica que los órganos públicos (ejecutivo, legislativo, electoral y judicial) que sean aplicadores del derecho, se encuentran sujetos a la misma. Consecuentemente, en la presente sub problemática debe determinarse si el Juez ahora demandado inobservó lo establecido respecto al recurso de apelación incidental en el régimen de medidas cautelares de carácter personal. Bajo ese marco, de manera inicial debe señalarse que, conforme establece el art. 396 inc. 3) del CPP “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución”; en tal sentido, refiriéndonos al recurso de apelación incidental se tiene que el Código de Procedimiento Penal dedica un Titulo específico a dicho instituto, estipulando la forma, plazo, trámite y las resoluciones contra las que procede (entre las que se encuentran las que resuelven las medidas cautelares [de carácter real] o su sustitución) –arts. 403 a 406–; no obstante, debe considerarse que respecto al régimen de medidas cautelares de carácter personal, el legislador estableció un trámite específico que debe seguirse en la fase de impugnación, el cual se encuentra previsto en el art. 251 de dicho cuerpo normativo, que expresamente refiere:
Artículo 251. (APELACIÓN). La Resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas al Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. (las negrillas nos corresponden). Del contenido normativo citado precedentemente, si bien se infiere que, en el régimen de medidas cautelares, la interposición del recurso de apelación debe efectuarse de manera escrita en el término de setenta y dos horas; no obstante, es necesario considerar que la jurisprudencia constitucional proferido por el entonces Tribunal Constitucional sostuvo que en la búsqueda de la restitución de derechos fundamentales como la libertad física y la libertad de locomoción, se deben prescindir de ciertas formalidades, tales como la interposición escriturada, ya que podrá ser planteada de manera oral en la audiencia en la que se dicta la resolución de medidas cautelares –sin necesidad que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito–, debiendo procederse a su remisión al tribunal departamental de justicia.
33 La SC 1698/2005-R de 19 de diciembre, sostuvo que: “…el recurso de apelación en el régimen de medidas cautelares, vale decir el referido a impugnar las resoluciones que imponen medidas cautelares, establecido en las normas del art. 251 del CPP del Libro Cuarto de la primera parte del mismo Código, es un recurso que por su naturaleza (buscar la restitución de derechos fundamentales como la libertad física y la libertad de locomoción) prescinde de ciertas formalidades, tales como la exigencia de ser interpuesto por escrito, pues puede ser interpuesto en forma oral en la audiencia que se dicta la resolución de medidas cautelares, resultando como lógica consecuencia que la fundamentación podrá realizarse ante el Tribunal ad quem donde sea radicado el recurso, ya que será éste quien precise de escuchar la fundamentación no sólo de la parte apelante sino también del Ministerio Público o de la parte querellante, para acopiar los elementos de convicción suficientes a fin de revocar o confirmar la resolución apelada. Este entendimiento ya fue asumido por este Tribunal en la SC 1703/2004-R de 22 de octubre que señala lo siguiente:
‘(…) uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc. 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, ‘las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas’; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza’”. (las negrillas son añadidas).
Así, con todo lo referido precedentemente, es preciso considerar que, en el caso concreto, en audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, posterior a la emisión de la Resolución 472/2021, el imputado –ahora accionante– a través de su defensa técnica manifestó:
“ABOGADO DEL IMPUTADO.- Reservando ampliar por escrito y fundamentar ante el superior en grado al Amparo del artículo 16 de la ley 1173 que modifica el artículo 403 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, interpongo recurso de apelación incidental contra su ilegal resolución 472/2021, asimismo pido se tenga presente que ha presentado el recurso de apelación incidental contra resolución 471/2021, Al efecto me voy a permitir resumir en realidad cuáles son los agravios que se estaría cometiendo con esta ilegal resolución. En primer lugar al ser excesivo las medidas cautelares que su autoridad ha dispuesto respecto a la detención domiciliaria, cuando se ha demostrado documentalmente así como la declaración informativa, así como todos los actos procesales que se han realizado, el imputado y en todo momento ha demostrado su domicilio y ha demostrado su fuente laboral, apreciación que no ha sido adecuada por su autoridad, asimismo, al disponer su persona el arraigo y la fianza de 4.000 bolivianos, se ha mencionado también oportunamente que el imputado cuenta con el arraigo natural, puesto que ya se ha mencionado, él está cargo de su madre de la tercera edad y también la menor de edad, pido también se tomen en consideración que por el tipo de actividad laboral que desempeña en este caso el imputado al ser médico del hospital de la portada y atender los casos de COVID y siendo evidente que ahora se está incrementando los mismos, solicito a su autoridad se pueda dejar sin efecto la resolución 472/2021, porque la misma es excesiva y no está acorde a los principios y garantías del derecho a la defensa y del principio de lo que es principio de inocencia. Asimismo, al hacerse ciertas prohibiciones respecto a contactarse con terceras personas, prohibición de incurrir en ciertos lugares donde se expenden bebidas alcohólicas, o someterse a terapias, tengo bien aclarar a su autoridad que durante todo ese tiempo que son más de 7 meses y 14 días que se ha llevado a cabo esta etapa preparatoria, el imputado en ningún momento ha tenido contacto o ha evitado tener contacto con la parte denunciante, es más se ha tratado en todo momento de demostrar la inocencia del imputado para llegar a la verdad de los hechos, se ha hecho una narración exhaustiva de las pruebas que se habrían presentado, sin embargo tampoco se hace mención de toda la documentación que se había presentado respecto a la inocencia del imputado, solamente se hace reflexión a una declaración informativa, pero tampoco se hace referencia a lo que se ha solicitado al ministerio público en su oportunidad respecto a un informe que se pidió a la policía que hizo la acción directa el día de los hechos, donde efectivamente se puede dar la veracidad de que la persona que estaba en estado de ebriedad en ese momento era la señora ahora denunciante y no así ahora el imputado…” (sic [las negrillas nos corresponden]).
Al respecto, el operador de justicia ahora demandado, en la misma audiencia manifestó expresamente:
SEÑOR JUEZ.- (…) en relación a la apelación presentada por la defensa del imputado se va a aclarar de la forma más respetuosa los siguiente, la abogada de la defensa conforme registro y grabación que se tiene de esta audiencia alega y confunde la Resolución número 471/2021 con la resolución número 472/2021, que han sido emitidas en esta causa penal, al margen de que en absoluto en ninguna de sus alocuciones señala el artículo 251 qué es la vía jurídica que le da derecho a la apelación POR TANTO NO HA LUGAR LA APELACIÓN PRESENTADA EN ESTA AUDIENCIA, sin perjuicio de aquello la mismo tiene plazo de 72 horas afecto de presentarla por escrito…” (sic [negrillas añadidas]). Así, de lo expresado precedentemente se desprende que el imputado –ahora accionante–: 2.i) Pidió al Juez ahora demandado que tenga presente que “…ha presentado el recurso de apelación incidental contra resolución 471/2021…” (sic), expresión que hace entrever que la impugnación ya hubiese sido interpuesta (constituyéndose en un acto procesal anterior); y, 2.ii) Citando el art. 403 inc. 3) del CPP, planteó recurso de apelación incidental contra la Resolución 472/2021 (que resolvió la aplicación de medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva), procediendo a exponer los aspectos cuestionados de dicha Resolución. En mérito a esa intervención, el Juez ahora demandado determinó “…NO HA LUGAR LA APELACIÓN PRESENTADA EN ESTA AUDIENCIA…” (sic), debido a que existiría una confusión al momento de interponer el recurso de apelación, ello en el entendido que, se habría impugnado otro número de fallo, ello sin considerar que, el impetrante de tutela fue claro al momento de interponer el recurso de apelación contra la Resolución 472/2021 no siendo evidente que exista la confusión alegada por el operador de justicia; y, en todo caso de existir tal confusión, la misma se generaría únicamente por la numeración del fallo, debiendo considerarse que en el caso concreto, el accionante expuso sus agravios en audiencia, dirigiendo su recurso contra la determinación de aplicación de medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva (Resolución 472/2021); por lo que, no correspondía que se rechace la impugnación, más aun cuando conforme establece el art. 399 del CPP, los defectos u omisiones de forma serán observados por el tribunal ad quem, instancia que tiene la facultad de otorgar al apelante el término de tres días para la corrección o ampliación de la impugnación, bajo apercibimiento de rechazo. Aunado a lo anterior, debe considerarse que, el rechazo de la impugnación también se hubiese dado debido a que el recurso de apelación interpuesto por el impetrante de tutela carecía de sustento legal al no citarse expresamente el art. 251 del CPP, no obstante, al respecto, era necesario considerar que la normativa no le otorga ninguna facultad al juez de primera instancia para observar la procedencia o no de la impugnación, ya que tal como se precisó en el párrafo precedente, dicha función le corresponde al tribunal de alzada, ello conforme lo establece el art. 399 del CPP. Consecuentemente, siendo que el rechazo de la impugnación fue efectuado a partir de un procedimiento erróneo, es evidente que se transgredió el derecho al debido proceso vinculado a la seguridad jurídica; toda vez que, el imputado –ahora accionante– tenía la certidumbre y previsibilidad de que al interponer el recurso de apelación incidental en audiencia de manera oral, se prescindiría de formalidades y se procedería con la remisión de su impugnación y de las actuaciones pertinentes ante el superior en grado dentro del plazo de veinticuatro horas; lo que no ocurrió, más aun cuando, posterior al rechazo, se excluyó dicho trámite y se procedió a otorgar un plazo de setenta y dos horas, para la interposición del recurso de apelación de modo escrito. En tal sentido, en el caso concreto, corresponde conceder la tutela solicitada. 3) Sobre la tercera sub problemática
La autoridad judicial de primera instancia remitió su impugnación después de diez días, incurriendo en una dilación indebida al no considerar el término de veinticuatro horas; además omitió el sorteo correspondiente en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, siendo “direccionado” directamente a la Sala Penal Tercera del indicado Tribunal. Al respecto, tomando en cuenta que la problemática versa sobre la existencia de dilación indebida en la remisión del recurso de apelación, es preponderante para este Tribunal establecer si es o no evidente lo alegado por el impetrante de tutela, ello considerando que, resulta irrazonable que un administrador de justicia someta a una persona a un proceso penal en el que se incumplan las normas constitucionales-principios que orientan el orden público, que para el caso, específicamente va referido al principio de celeridad que tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios (Fundamento Jurídico III.4). En esa consideración, tomando en cuenta que para la concreción del principio de celeridad y el respecto de los derechos se fue consolidando la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, a través de la cual se permite a esta jurisdicción operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad, y además prolongan indebidamente el estado de incertidumbre de los mismos; en el caso concreto, es posible ingresar al análisis de fondo de la presente sub problemática traída en revisión, toda vez que, uno de los motivos para la activación de esta acción de defensa es la dilación indebida en la remisión del recurso de apelación incidental, que se constituiría en un acto que se encontraría dentro del marco de la acción libertad traslativa o de pronto despacho mencionados en el Fundamento Jurídico III.5 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Bajo ese marco, ingresando al análisis de la presente sub problemática, es necesario considerar que, respecto a la remisión del recurso de apelación en los casos vinculados al régimen de medidas cautelares, el art. 251 del CPP establece que “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas al Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”; en tal sentido bajo ese contenido normativo, es evidente que se tiene un plazo establecido que no puede ser prorrogado y su inobservancia no solo generaría una dilación indebida sino también la lesión de derechos. Ahora bien, en el caso concreto, debe considerarse que, conforme se advirtió de los antecedentes del expediente constitucional, mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2021, el accionante interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución 472/2021; y, por escrito presentado el 13 del citado mes y año, solicitó se remita su impugnación; no obstante, dicho recurso es remitido recién el 20 de igual mes y año (Conclusiones II.2, II.3 y II.5); consecuentemente, a partir de las conclusiones a las que se arribaron en la presente acción de defensa, es evidente que, desde la fecha de interposición del recurso de apelación (8 de octubre de 2021) hasta la remisión de la impugnación (20 de octubre de 2021), transcurrió más de diez días sin que la autoridad judicial remita el recurso de apelación interpuesto, generándose una dilación indebida en la remisión del recurso de apelación que impidió que la situación jurídica del accionante sea resuelta, prolongando indebidamente su estado de incertidumbre, lo que hace que, deba concederse la tutela solicitada, ante la lesión del derecho a la libertad de locomoción vinculada al principio de celeridad.
El accionante denuncia que el Vocal ahora demandado incumplió con su deber de convocar a audiencia, y sin escuchar sus argumentos emitió de manera directa el Auto de Vista 769/2021 declarando inadmisible su recurso y confirmando la Resolución 472/2021, ello sin efectuar una correcta compulsa de los antecedentes y del recurso de apelación, lesionando su derecho al debido proceso en sus elementos derecho a la defensa y a recurrir, que trajo como consecuencia una falta de fundamentación, motivación y congruencia. Precisada la presente problemática, siendo que la misma se encuentra estructurada por actos lesivos relacionados con la convocatoria de la audiencia y la emisión de la resolución; el análisis su enfocará de manera inicial a la audiencia y luego en la resolución, lo que no implica que ambos puntos estén aislados uno del otro, toda vez que, se encuentran intrínsecamente vinculados; en esa línea: Respecto a la convocatoria o señalamiento de la audiencia. La parte accionante denuncia que el Vocal demandado omitió convocar a audiencia y sin escuchar sus agravios emitió de manera directa el Auto de Vista 769/2021, al respecto, con el objeto de analizar si existiría un indebido procesamiento debido a que no se hubiese cumplido con el procedimiento, es preciso remitirse al art. 251 del CPP que se constituye en la normativa que rige el trámite en apelación en el régimen de medidas cautelares de carácter personal, que establece:
Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo su responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. En tal sentido, de dicho contenido normativo se establece que es evidente que en segunda instancia se convoque a audiencia para escuchar la fundamentación no sólo de la parte apelante sino también del Ministerio Público o de la parte querellante, para acopiar los elementos de convicción suficientes a fin de revocar o confirmar la resolución; ahora bien, pese a lo dispuesto en este precepto legal, debe tomarse en cuenta que, si bien en el mismo Código de Procedimiento Penal se establece como una norma general el rechazo de la impugnación sin trámite, estipulando:
Artículo 399.- (Rechazo sin trámite). Si existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al recurrente dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo. Si el recurso es inadmisible lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo (las negrillas son agregadas). Texto normativo del que se desprende que en etapa recursiva es posible omitir un trámite o procedimiento cuando se rechace un recurso por incumplimiento de requisitos esenciales, no obstante, al respecto, debe considerarse que, la jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1254/2013 de 1 de agosto, sostuvo que:
…para el caso de imposición de medidas cautelares o su sustitución, no son aplicables las reglas establecidas en el art. 404 del CPP, por encontrarse de por medio derechos fundamentales como la libertad física o de locomoción cuya tutela debe ser inmediata de ahí que amerita la abstracción de ciertas formalidades que rigen para los demás casos reglados en el art. 403 del citado cuerpo legal. De donde se concluye que, cuando no se trate de medidas cautelares, el recurso de apelación incidental, deberá ser planteado ante el tribunal o juez competente, observando los plazos perentorios para su interposición, por escrito y con la debida fundamentación de los agravios que ocasiona la resolución cuestionada, a efectos de su admisión. Por cuanto, no podrá ser rechazado por cuestiones formales que puedan ser subsanadas en el plazo de tres días según establece el art. 399 del CPP, debiendo rechazarse sólo por incumplimiento de cuestiones esenciales como la debida fundamentación de los agravios, el plazo y lugar de presentación. Lo que hace entrever que, tratándose de fallos que resuelven medidas cautelares se tiene un trámite específico, expedito e informal, por lo que, no es posible aplicar lo establecido en el art. 399 del CPP. Bajo ese marco, en el caso concreto, de los antecedentes adjuntadosal expediente constitucional, se advierte que, posterior a la remisión del recurso de apelación, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 769/2021 declarando inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora accionante, determinación que haría entrever que la impugnación se hubiese enmarcado aparentemente en una causal de inadmisibilidad debido a que se habría incumplido con requisitos esenciales; por lo que, no sería necesario convocar a una audiencia para su consideración; no obstante, pese a esa inferencia resulta necesario efectuar el análisis del indicado Auto de Vista, primero con el objeto de establecer si el mismo carece fundamentación, motivación y congruencia; y, segundo para determinar con certeza que el recurso de apelación es inadmisible, generando que no sea necesario realizar ningún trámite específico como el señalamiento de audiencia; en esa línea, de la Conclusión II.4 de este fallo constitucional se tiene que el Vocal ahora demandado profirió el Auto de Vista 769/2021 manifestando:
“…Que, de la revisión del presente caso se desprende que el recurso de apelación interpuesto por el imputado fue planteado como si fuese una apelación incidental, interpone el recurso de apelación, conforme consta a fojas 152 Vta. de obrados del legajo de apelación que refiere: ‘Reservando ampliar por escrito y fundamentar ante el superior en grado de Amparo del artículo 16 de la ley 1173 que modifica el artículo 403 numeral 3 del Código Procedimiento Penal, interpongo recurso de apelación incidental contra su ilegal resolución 472/2021’. Sin embargo, el apelante debe tener presente que las apelaciones en contra de las Resoluciones de Medidas Cautelares Personales, Modificación de Medidas Cautelares Personales entre ellas la Cesación de Detención Preventiva y Revocatoria de Medidas Cautelares Personales son reguladas por el Art. 251 del CPP. Modificado por la Ley 1173., conforme establece la citada norma legal al indicar: ‘(Apelación). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de 72 horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el Termino de 24 horas bajo responsabilidad’. En la presente causa lo que se resolvió es una Cesación a la Detención Preventiva, conforme consta a fs. 149 a 153, del legajo de apelación, por lo que, el indicar que: ‘Reservando ampliar por escrito y fundamentar ante el superior en grado de Amparo del artículo 16 de la ley 1173 que modifica el artículo 403 numeral 3 del Código Procedimiento Penal, interpongo recurso de apelación incidental contra su ilegal resolución 472/2021’, señalado por el imputado es erróneo ya que invoca otro acto procesal que no es motivo de una apelación de Medida Cautelar de Carácter Personal de Cesación a la Detención Preventiva, ya que la misma está regulada por el Art. 251 del CPP., modificado por la Ley 1173 que no fue invocado por la parte apelante. Al respecto la uniforme jurisprudencia constitucional sobre las resoluciones que determinan la apelación de medidas cautelares de carácter personal en la SCP No. 0002/2015-S2 señala ‘Precepto legal de cuya interpretación se infiere que este medio de impugnación está circunscrito exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares dentro de este contexto normativo la SC 0930/2010-R de 17 de agosto, sostuvo: «…El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones’. Asimismo, la SCP N° 0204/2020-S3 señala expresamente: ‘…no aplicó lo previsto por el Art. 251 del señalado Código, establecido especialmente para los recursos planteados contra las resoluciones que dispongan o modifiquen medidas cautelares, cumpliendo el plazo de veinticuatro horas, tomando en cuenta las características y la naturaleza de las mismas. Por lo que, al no circunscribirse a lo previsto por el citado Art. 251 del CPP, se vulneró el derecho al debido proceso…’. Que, de lo anteriormente fundamentado se tiene que el apelante no cumple con el principio de impugnación previsto por la norma procesal ya que la impugnación precisa de una serie de requisitos formales: como el plazo en que debe plantearse, la adecuación del Recurso a la Resolución Judicial que se impugna conforme a la normativa legal que autoriza la misma, entre otros, de modo que si estos requisitos no se cumplen originan la inadmisibilidad del recuro establecido en el Art. 394 del CPP.” (sic). Ahora bien, en cuanto a la fundamentación y motivación, teniendo claro que todo operador de justicia en su labor argumentativa debe citar preceptos legales y/o precedentes jurisprudenciales, además debe justificar su decisión precisando y determinando hechos fácticos y medios probatorios (conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1); en el caso concreto es preciso determinar si el Vocal ahora demandado al momento de determinar la inadmisibilidad de la impugnación cumplió con su labor encomendada; así, de la descripción del contenido del Auto de Vista se advierte que, dicha autoridad judicial procedió a enumerar el art. 394 del CPP sin indicar cuál es su mandato normativo; además, hizo alusión al contenido del art. 251 del CPP refiriendo que dicho precepto legal regula el recurso de apelación contra resoluciones de medidas cautelares; asimismo, se procedió a citar las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0002/2015-S2 y 0204/2020-S3 las cuales sostendrían que el art. 251 del CPP regula el recurso de apelación planteado contra resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares; no obstante, pese a la normativa y jurisprudencia citada, el ahora demandado no hizo alusión de ninguna disposición legal o precedente jurisprudencial que estipule que el requisito de adecuación se constituye en un requisito insalvable que dé lugar a un rechazo in limine; por lo que, al no efectuarse ese análisis crítico de contexto normativo y jurisprudencial de rechazo del recurso – punto central del Auto de Vista 769/2021– es evidente que se emitió un fallo arbitrario carente de fundamentación, más aun cuando no se consideró que la ingente jurisprudencia constitucional desarrolló una línea firme que sostiene que al momento de impartir justicia no es posible exigir extremados ritualismos o formalismos que impidan su materialización, debiendo garantizarse una resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; toda vez que, tratándose de fallos que resuelven medidas cautelares se tiene un trámite específico, expedito e informal, por lo que, no es posible aplicar lo establecido en el art. 399 del CPP; además que, las normas procesales no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales. Consecuentemente, en el caso concreto, se advierte que el Auto de Vista 769/2021 fue proferido sin la debida fundamentación exigida. Aunado a lo anterior, en el indicado Auto de Vista 769/2021 se advierte que, el operador de justicia se remitió al acta de audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares de carácter personal, señalando que el recurso de apelación fue interpuesto “…como si fuese una apelación incidental…” (sic), bajo lo establecido en el art. 403.3 del CPP, sin considerar lo previsto en el art. 251 de igual cuerpo normativo; además indica que, con el recurso interpuesto se estaría impugnando otro acto procesal sin tener en cuenta que “…lo que se resolvió es una Cesación a la Detención Preventiva…” (sic); ahora bien, a partir de lo referido precedentemente, es evidente que el Vocal ahora demandado no compulsó de manera correcta los antecedentes; toda vez que, refirió la Resolución 472/2021 impugnada habría resuelto una cesación de la detención preventiva, cuando de la documental allegada al expediente constitucional se constató que dicha Resolución resolvió la aplicación de medidas cautelares menos gravosas como la detención domiciliaria con salidas laborales –entre otros–; además, no es evidente que el impetrante de tutela –entonces apelante– estaría impugnando otro acto procesal, toda vez que, conforme se observa de la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, expresamente se señaló
“Reservando ampliar por escrito y fundamentar ante el superior en grado al Amparo del artículo 16 de la ley 1173 que modifica el artículo 403 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, interpongo recurso de apelación incidental contra su ilegal resolución 472/2021…” (sic)
Consecuentemente, es evidente que, la autoridad judicial ahora demandada incurrió en error judicial; no obstante, también es indiscutible que el accionante hubiese citado el art. 403.3 del CPP que es aplicable cuando se pretende impugnar otras resoluciones que no son las emitidas en régimen de medidas cautelares de carácter personal; empero, debe considerar que, una cita errónea de normativa no puede conllevar a un rechazo del recurso, pues como se manifestó de manera precedente la jurisprudencia constitucional tratándose de fallos que resuelven medidas cautelares se tiene un trámite específico, expedito e informal, por lo que, no es posible aplicar lo establecido en el art. 399 del CPP; más aún cuando de las Conclusiones II.1 y II.2 de este fallo constitucional se advierte que el imputado –ahora accionante– en audiencia y a través de un escrito presentado el 8 de octubre de 2021, dirigió sus agravios a cuestionar la determinación asumida en la Resolución 472/2021; por lo que, es evidente que el Auto de Vista 769/2021 es arbitrario carente de motivación. Ahora bien, la emisión de un fallo carente de fundamentación y motivación, trajo consigo la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, derecho al defensa y a recurrir; toda vez que, el Vocal ahora demandado omitió pronunciarse sobre los planteamientos del accionante, que a pesar de estar consignados en el memorial presentado el 8 de octubre de 2021 también hubiesen sido expuestos en audiencia (que no fue convocada), omisión que conllevó a la restricción de la potestad de hacer uso efectivo del recurso de apelación, ya que si bien acudió ante el superior en grado, empero, el mismo no evaluó, revisó, compulsó ni corrigió los defectos existentes en la Resolución 472/2021, inobservando el entendimiento plasmado en los Fundamentos Jurídicos III.6 y III.7 de este fallo constitucional. Finalmente, debe considerarse que, en cumplimiento a la prioridad nacional asumida por el Estado Plurinacional de Bolivia respecto a los delitos de violencia contra las mujeres, todos los jueces y tribunales que conozcan delitos que impliquen violencia contra las mujeres, deben aplicar y precisar de manera obligatoria y enfática el enfoque de género, ello comprendiendo que es obligación del Estado, a través de su sistema de justicia e instituciones públicas, adoptar las medidas y políticas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, enfoque que permitirá comprender de mejor manera su situación de vulnerabilidad, así como identificar los criterios reforzados de protección de sus derechos contenidos tanto en la Constitución Política del Estado de Bolivia como en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos respecto a mujeres víctimas de violencia, sin dejar de lado el respeto del equilibrio procesal entre partes, evitando cualquier situación que impida que se asuma una decisión justa.
En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela, aunque con otros fundamentos actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud a la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 206/2021 de 28 de diciembre, cursante de fs. 104 a 107, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de La Paz y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos de la Sala Constitucional y conforme a los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (el resaltado nos corresponde).
2 El art. 398 del CPP señala que: “Los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución”
4 “En el marco de dicho derecho, la referida Declaración señala también que: 6. Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: a) Informando a las víctimas de su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como de la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves y cuando hayan solicitado esa información; b) Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente; c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas, proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia; e) Evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas. (…) [las negrillas son agregadas].
I.1. Preámbulo de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. I.2. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx I.3.
6 “Artículo 86 (PRINCIPIOS PROCESALES). En las causas por hechos de violencia contra las mujeres, las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales: 1. Gratuidad. Las mujeres en situación de violencia estarán exentas del pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios, testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión, exhortes, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las reparticiones públicas. 2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto
7 Respecto a la seguridad jurídica el AC 287/99 de 28 de octubre de 1999, textualmente señala: “La seguridad jurídica" uniformemente entendida como "condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que la integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio". (…) Que, el inc. a) del art. 7 de la Constitución Política del Estado consagra a la Seguridad como uno de los derechos fundamentales de las personas (entendida como exención de peligro o daño; solidez; certeza plena; firme convicción), de lo que se extrae que es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el que disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que le reconocen la Constitución y las Leyes; principios que se hallan inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado de Derecho), que satisfaga los anhelos de una vida en paz, libre de abusos“. Jurisprudencia citada reiteradamente en las SC 194/2000-R de 2 de marzo, SC 0391/2003-R de 26 de marzo, SC 0753/2003-R de 4 de junio, SC 0373/2005-R de 14 de abril, SCP 0684/2013 de 3 de junio, SCP 0060/2016 de 24 de junio, entre otros.
8 La seguridad jurídica en el ámbito judicial según la SC 0753/2003- R de 4 de junio.
Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.), bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, 9En su F.J.III.1 indicó que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”
10 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”
22 El alcance, contenido o los elementos constitutivos del debido proceso se encuentran señalados en la SC 0902/2010-R de
10 de agosto, entre otras.
23 Respecto a la configuración, contenido o alcance de la garantía del debido proceso fue reproduciéndose en la jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, expresando: “En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones”, entre otras (las negrillas son añadidas).
25 En la Sentencia del Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas), la Corte Interamericana de Derechos Humanos expreso respecto al derecho al recurso en los siguientes términos: “161. La Corte advierte que, según declaró anteriormente (supra 134), los procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria violan la garantía del juez natural establecida por el artículo 8.1 de la Convención. El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso”.
26 La SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, citado a las SCP 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio , expreso textualmente respecto al derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia, expresando: “…admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa,…”.
27 Respecto al contenido del derecho a la defensa la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, ha entendido como la “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.
28 Los elementos que componen el derecho a la defensa se establecieron en la SC 1670/2004-R de 14 de octubre: “…de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal”.
29 La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en su art. 7 define la violencia en la familia como “…toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge o ex-cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado”
30 Se entiende por estándares internacionales, el conjunto de instrumentos internacionales de naturaleza, contenido y efectos jurídicos variados que: a) establecen las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos (tratados o convenciones internacionales y normas consuetudinarias) y b) explican y desarrollan el contenido, alcance y limitaciones de estas obligaciones, además de servir de insumo fundamental para su interpretación y aplicación (declaraciones, reglas mínimas, directrices, observaciones generales y finales de órganos de tratados, recomendaciones de procedimientos especiales, entre otros)
31 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 203. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno” (negrillas añadidas). 32El Código Procesal Constitucional determina: “Artículo 15. (CARÁCTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS). (…) II. Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tiene carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares” (las negrillas son agregadas).
34 El Código de Procedimiento Penal establece: “Artículo 399.- (Rechazo sin trámite). Si existe defecto u omisión de forma, el tribunal de alzada lo hará saber al recurrente dándole un término de tres días para que lo amplíe o corrija, bajo apercibimiento de rechazo. Si el recurso es inadmisible lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo.”
35 El Código de Procedimiento Penal sostuvo: “Artículo 130.- (Cómputo de plazos). Los plazos son improrrogables y perentorios, salvo disposición contraria de este Código. Los plazos determinados por horas comenzarán a correr inmediatamente después de ocurrido el acontecimiento que fija su iniciación, sin interrupción”
36 La SCP 1662/2012-S1 de 1 de octubre, sostuvo que: “‘...se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez’”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0577_2023-S1.pdf · páginas 1 a 59.
Huella digital del PDF (SHA-256): 94e6d84c9073c2cd65f39afafe52a1c7417247921813646782aec1d7d99440d0
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →