Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de julio de 2024
Deniega la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al habitad y a la vivienda digna y humana; a la vejez digna y a ser protegido por las autoridades del Estado; puesto que, solicita la tutela provisional entre tanto se resuelva el recurso de apelación que formuló contra el Auto de 21 de agosto de 2023, que en ejecución de Sentencia del proceso civil ordinario del cual resulto perdidoso, y se ordenó el desapoderamiento del 40 % del bien inmueble que fue objeto del litigio, donde vive su persona junto a su hermana -Teresa Rosario León Caballero- ahora tercera interesada quien es adulta mayor con “discapacidad”; el mandamiento de desapoderamiento de 25 de octubre de igual año, que ya fue ejecutado el 16 de noviembre del citado año; asimismo, hasta que concluyan los procesos de declaratoria de “interdicción” de su hermana hoy tercera interesada y el de anulación de contrato de trasferencia de la otra parte del bien inmueble que su hermano Alfredo León Caballero -hoy tercero interesado- le hizo firmar a su referida hermana “discapacitada”, para que así puedan trasladarse a esa parte del bien inmueble, ya que no tienen donde habitar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2024 de 26 de junio, cursante de fs. 583 a 586 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a la Jefatura del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que realice las acciones necesarias para precautelar los derechos a la salud y a la vivienda digna como parte del derecho a una vejez digna, de la adulta mayor Teresa Rosario León Caballero; en su caso -en ejercicio de sus atribuciones legales- promoviendo, si corresponde, acciones legales pertinentes o interviniendo en las que ya se hubiesen iniciado a objeto de que la autoridad competente, adopte la decisión más conveniente para el cuidado de la indicada adulta mayor, evitando que la misma sea instrumentalizada en el conflicto que tienen sus hermanos mayores. 3° Por Secretaria General del Tribunal Constitucional Plurinacional, notifíquese con el presente fallo constitucional a la Jefatura del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0576/2024-S3 Sucre, 26 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 61004-2024-123-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 051/2024 de 26 de junio, cursante de fs. 583 a 586 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Antonio José León Caballero contra Ronald Patón Chuquimia, Juez Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba.
El accionante por memoriales presentados el 6 y 12 de diciembre de 2023, cursantes de fs. 449 a 460 vta. y 463 a 464, manifestó lo siguiente:
En el proceso civil ordinario que sostuvo contra su hermano Alfredo León Caballero y Sonia Beatriz Durán Pinto -ahora terceros interesados-, resultó perdedor. En ejecución de sentencia, su referido hermano, usando sin potestad el nombre de Sonia Beatriz Durán Pinto, mediante memorial de 26 de junio de 2023, solicitó el cumplimiento de la Sentencia de 23 de agosto de 2019; en cuyo mérito el Juez ahora accionado, por Auto de 4 de julio de igual año, le ordenó entregar el 40 % del bien inmueble, en el plazo de quince días. Ante ese hecho, el 1 de junio de 2023, puso en conocimiento del referido Juez que en el bien inmueble del que iba a ser desapoderado vivía con su hermana “discapacitada” Teresa Rosario León Caballero -ahora tercera interesada-, a quien el hoy tercero interesado le despojó de su propiedad; por lo cual pidió se adopte medidas de protección, al ser personas adultas mayores hasta que el ahora tercero interesado devuelva el bien inmueble que se encuentra detentando de manera ilegal, en favor de su referida hermana y puedan ingresar a vivir en dicho inmueble, ya que de lo contrario quedarían totalmente desprotegidos. En respuesta, el Juez hoy accionado, mediante Auto de 21 de agosto de igual año, rechazó su solicitud señalando que no tenía competencia para conocer la misma, y ordenó que se expida el mandamiento de desapoderamiento. Contra el citado Auto, el 1 de septiembre del 2023, presentó recurso de apelación, que le fue concedido el 25 del mismo mes y año, el cual hasta la fecha no fue resuelto. Posteriormente, por memorial de 2 de octubre del 2023, reiteró ante el Juez ahora accionado la falsedad del documento de trasferencia del bien inmueble que el hoy tercero interesado le hubiese hecho firmar a su hermana hoy tercera interesada. Sin embargo, el citado Juez, mediante Auto de igual mes y año, se negó a considerar los hechos que justifican la suspensión de la ejecución de la Sentencia y ordenó el desapoderamiento del bien inmueble que fue de su propiedad. Finalmente, el Juez ahora accionado por Auto de 3 de noviembre de 2023, ordenó el desapoderamiento del bien inmueble, el cual se ejecutó el 16 del mismo mes y año, en cuya Acta de desapoderamiento, consta que en ese momento el referido inmueble se encontraba ocupado por su persona y su hermana ahora tercera interesada. El Mandamiento de desapoderamiento de 25 de octubre de igual año, ejecutó sin previa notificación con el mismo a su referida hermana; y, menos considerar su condición de mujer adulta mayor, enferma y desvalida que fue echada a la calle y detenida en un centro de acogida. Antes de ser ejecutado el Mandamiento de desapoderamiento de 25 de octubre de 2023, presentó una primera acción de amparo constitucional, que le fue rechazada por no adjuntar el poder otorgado por su hermana ahora tercera interesada. En cuanto al principio de subsidiariedad pidió que se aplique el entendimiento establecido en la SC 0651/2003-R de 13 de mayo, ya que se encuentra pendiente de resolución el recurso de apelación que interpuso contra el Auto de 21 de agosto de 2023; asimismo, se debió esperar que concluya el proceso de interdicción de su hermana hoy tercera interesada para formular en su representación el proceso de anulabilidad del documento de la venta fraguado por el ahora tercero interesado -su hermano- y la consiguiente reivindicación. De igual manera, entendimiento determinado por la SC 1294/2006-R de 18 de diciembre, sobre el principio de proporcionalidad y justicia material; la ponderación de derechos y la tutela provisional cuando existe mandamiento de desapoderamiento, este último establecido por la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al habitad y a la vivienda digna y humana; a la vejez digna y a ser protegido por las autoridades del Estado; citando al efecto el art. 19.I. de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela de manera provisional; y en consecuencia, se ordene al Juez ahora accionado deje sin efecto el acto de desapoderamiento y la restitución del bien inmueble objeto del desapoderamiento hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto de su parte y el proceso de declaratoria de “interdicción” de su hermana ahora tercera interesada, con la finalidad de iniciar el proceso que corresponda para la recuperación de sus derechos patrimoniales vulnerados ilegalmente por el hoy tercero interesado -su hermano-.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de junio de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 579 a 582 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.
Ronald Patón Chuquimia, Juez Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 12 de junio de 2024, cursante de fs. 506 a 510 vta., así como en audiencia, manifestó que: a) En la demanda ordinaria de nulidad formulada por el accionante y la reconvención por reivindicación del bien inmueble ubicado en calle Ayacucho casi esquina Libertad, mediante Sentencia de 23 de agosto de 2019, se declaró improbada la referida demanda ordinaria de nulidad y probada la reconvención de reivindicación; Sentencia que fue confirmada por el Auto de Vista de 28 de abril de 2022 y por Auto Supremo (AS) 306/2023 de 17 de abril, se declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el accionante; finalmente mediante Auto de 4 de junio de 2023, se declaró ejecutoriada la citada Sentencia y se le concedió el plazo de quince días al accionante para que proceda a reivindicar el 40 % del bien inmueble; b) No vulneró ningún derecho fundamental del accionante; puesto que, cumplió con lo dispuesto por los arts. 397, 398, 399 y 400 del Código Procesal Civil (CPC), ya que se encuentra obligado a ejecutar las sentencias en la forma que se dictaron, sin modificar su contenido y que ningún incidente u otro recurso ordinario o extraordinario pueda suspender su ejecución, ya que de lo contrario asumiría responsabilidades; c) Es incongruente el argumento de que a cargo del accionante se encuentra de su hermana hoy tercera interesada; empero, alegó que tiene su propio domicilio y pidió que se le notifique a la misma, con la finalidad de que esté a derecho, ya que señaló que la misma padece de demencia senil; por lo que, el accionante sería responsable de su hermana ahora tercera interesada; d) En cuánto al pedido del accionante de que se devuelva el bien inmueble a su referida hermana, para que se trasladen al mismo, resulta ser una petición ajena a la causa; es decir, pretendió que su autoridad ordene aspectos que no fueron objeto de consideración, y que van contra de un idóneo diligenciamiento de la ejecución de la Sentencia, siendo que ninguna autoridad puede determinar sobre aspectos que no fueron dispuestos en el fallo, peor aún respecto a derechos y bienes de personas que no son parte del proceso civil ordinario; e) Su actuación tiene su fundamento en lo dispuesto por los arts. 397 y 229 del CPC, y en mérito a lo establecido en el último artículo citado, la sentencia alcanza sus efectos a las personas que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas; f) En virtud al principio de lealtad procesal las partes no pueden hacer uso abusivo de los recursos con el solo afán dilatorio o de incumplimiento; y, g) El Tribunal de garantías se encuentra facultado para declarar la improcedencia de la acción de amparo constitucional para evitar fallos contradictorios de las jurisdicciones ordinaria y constitucional, conforme lo establecen las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1194/2015-S3 de 2 de diciembre y 1737/2024 de 5 de septiembre; por lo que, pide que se declare la improcedencia, o en su defecto, se deniegue la tutela solicitada.
Alfredo León Caballero, a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: 1) Resulta falso lo afirmado por el accionante de que se encuentra al amparo de su hermana Teresa Rosario León Caballero también hoy tercera interesada, ya que del informe presentado, se advierte que en la visita domiciliaria efectuada el 25 de septiembre de 2023, a la nombrada hermana, se demuestra que la misma aún se encontraba asistida por su persona; 2) Asimismo, no es evidente que su referida hermana sea una persona “incapacitada” y que no pueda valerse por sí misma, ya que de la prueba adjuntada se evidencia que se encuentra totalmente lúcida; es así que, el 1 de agosto de 2022, se apersonó a los “tribunales” y al “juzgado” dentro del trámite de anotación preventiva; 3) Además, resulta falso lo señalado por el accionante de que no cuenta con otro bien inmueble; sin embargo, del legajo que presentó, acompañó una fotocopia de folio real que acredita que es titular de un bien inmueble en la calle 23 de marzo y Carmela Serruto, a 100 m de la avenida Blanco Galindo de la ciudad de Cochabamba, lugar en el que fue citado con la demanda de asistencia familiar que les interpuso la Jefatura del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba; es decir, existe toda una “tramoya”, preparada por el accionante para evitar el cumplimiento de una sentencia; 4) También no es cierto que el nombrado sea prácticamente un indigente, ya que el mismo es capaz de financiar y promover varios procesos judiciales, todos ellos onerosos; así por ejemplo, el proceso civil ordinario, donde planteó recursos e incidentes, los cuales no son gratuitos; puesto que, no tiene defensor de oficio, tampoco tramitó el beneficio de gratuidad; asimismo, promovió una denuncia penal contra su persona, planteó una demanda de interdicción y finalmente la presente acción de amparo constitucional, recalcando que el origen de todo este problema se remonta al 31 de mayo de 2005, cuando de manera voluntaria el accionante y su persona suscribieron un documento de transferencia de bien inmueble con pacto de rescate, que no cumplió a cuya consecuencia se planteó la demanda ordinaria referido por el Juez hoy accionado; 5) De una cronología de los últimos actuados, señaló que el 13 de octubre -se entiende de 2023- se emitió el Auto que autorizó el desapoderamiento, el 6 de noviembre -se entiende el indicado año- plantearon esta acción de defensa, aun cuando de manera anticipada ya presentaron otros recursos; es decir, ya se encontraba preparando el camino para impedir la ejecución de la Sentencia de 23 de agosto de 2019; asimismo, el 9 de noviembre de 2023, se presentó una denuncia penal contra su persona y el 14 del mismo mes y año, una demanda de interdicción en la que el accionante pidió ser declarado curador de su hermana ahora tercera interesada; y finalmente el mandamiento de desapoderamiento se efectuó el 16 de noviembre del citado año; 6) Con la acción de amparo constitucional, se pretende desconocer sus derechos reconocidos por los arts. 11.1 y 180.2 de la CPE; 7) El accionante se defendió en todas las instancias, siendo falso lo manifestado por su abogado de no pretenderse modificar la Sentencia de 23 de agosto de 2019, ya que en el recurso de apelación pidió anular obrados hasta el vicio más antiguo, o en su caso, se revoque y se declare probada la demanda; lo que busca es incumplir una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada y la obligación de entregar la cosa vendida; con la acción tutelar se pretende vulnerar los derechos a la propiedad privada, al debido proceso y a una justicia pronta y oportuna y sin dilaciones; y, 8) El accionante citó las SSCC 0108/2003-R de 24 de enero y 1225/2010-R- de 13 de septiembre y la SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, que establecen que la acción de amparo constitucional procede cuando se encuentra pendiente la conclusión de un proceso ordinario de usucapión, las cuales no son aplicables al caso, por el contrario, ratifican la posición del Juez ahora accionado de no existir modo alguno de suspender la ejecución de la sentencia; asimismo, la SCP 0303/2019-S4 de 29 de mayo, hace referencia al consentimiento que se produce por las diligencias imprimidas en causa propia durante la tramitación del proceso civil ordinario cuando existe observancia de plazos y requisitos a través de mecanismos de defensa ordinarios, todo aquello sucedió en el caso y se respetaron todos los derechos del accionante; por lo que se pide declarar improcedente la acción de amparo constitucional. Sonia Beatriz Durán Pinto no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 538. Teresa Rosario León Caballero no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 532.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 051/2024 de 26 de junio, cursante de fs. 583 a 586 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) De la documentación presentada por las partes procesales, se advierte que se suscitó un proceso civil ordinario entre el accionante y el hoy tercero interesado, el cual concluyó en todas sus instancias con la emisión del AS 306/2023, donde se dispuso que el accionante efectué la entrega del 40 % restante del bien inmueble; y en mérito a su ejecutoria se dispuso la entrega del mismo en el plazo establecido por la autoridad jurisdiccional; ante el incumplimiento, el Juez hoy accionado emitió el Mandamiento de desapoderamiento de 25 de octubre de 2023, tanto del accionante como de las personas que se encuentran habitando en ese bien inmueble; ii) En los antecedentes del referido proceso se advierte que el accionante, el hoy tercero interesado, Sonia Beatriz Durán Pinto ahora tercera interesada y Teresa Durán Pinto, fueron los únicos sujetos procesales intervinientes como partes dentro del proceso civil ordinario, por lo cual el mandamiento de desapoderamiento se emitió en cumplimiento de la Sentencia de 23 de agosto de 2019; iii) El fundamento para impugnar esa determinación fue que su hermana hoy tercera interesada también era propietaria y que la misma de manera fraudulenta hubiese sido engañada por su hermano ahora tercero interesado; por lo que al desalojar al accionante y a su referida hermana implica condenarlos a la indigencia; ya que no tendrían donde habitar; iv) Sin embargo, del Acta de Desapoderamiento de 16 de noviembre de 2023, se advierte la participación del ahora tercero interesado junto a su abogado; y, que cuando el Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, tocó la puerta, salió el accionante, quien se encontraba con su hermana ahora tercera interesada, a quienes informó el motivo de su presencia; y de manera voluntaria le abrieron la puerta; asimismo, el mandamiento de desapoderamiento fue ejecutado sin ningún conflicto que hubiese ameritado el uso de la fuerza pública; y, que los representantes de las instancias que concurrieron, actuaron de acuerdo a sus competencias, constando en el referido Acta de desapoderamiento la firma del abogado “Charles Vargas”, de “Rosalía Villarroel”, del accionante, del ahora tercero interesado y de otros funcionarios que participaron del acto; v) Lo relatado hace ver que con carácter previo a activarse la presente acción de amparo constitucional, ya se ejecutó el mandamiento de desapoderamiento, debiendo tenerse en cuenta que la línea jurisprudencial alegada por el accionante es clara al establecer que es posible dejar sin efecto el Mandamiento de desapoderamiento de 25 de octubre de 2023, antes de su ejecución; empero, de ejecutarse el mismo, ese entendimiento ya no resulta aplicable; ya que, la misma refiere a un hecho de la posesión desde hace más de dieciocho años, que motivó la interposición de una demanda por usucapión, lo cual efectivamente genera controversia sobre el derecho propietario, situaciones que no se observan en el presente caso, ya que existe un proceso civil concluido en todas sus instancias; y el recurso de apelación que hubiese sido presentado por el accionante no conlleva un fundamento que tenga como efecto la generación de algún tipo de contradicción contra la resolución principal; por lo que no se advierte la vulneración de derechos alegados; y, vi) Si bien el accionante resulta ser de la tercera edad, así como su hermana ahora tercera interesada, la cual no tuvo ninguna participación en el proceso civil ordinario, tampoco se adjuntó documentación que acredite la representación legal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan fotocopias de cédulas de identidad de: Antonio José León Caballero -ahora accionante-, que acredita que nació el 4 de marzo de 1946 (fs. 286); de Alfredo León Caballero -ahora tercero interesado-, quien nació el 10 de noviembre de 1942 (fs. 141) y de Teresa Rosario León Caballero -hoy tercera interesada- nació el 3 de octubre de 1947; por lo que cuenta con setenta y seis años edad (fs. 335). II.2. Cursa Sentencia de 23 de agosto de 2019, emitido por Ronald Patón Chuquimia, Juez Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba -ahora accionado-, dentro del proceso civil ordinario de nulidad de documento sobre una parte del bien inmueble ubicado entre las calles Ayacucho y Libertad de Quillacollo del departamento de Cochabamba, y reconvención por reivindicación, a instancia del accionante, contra Alfredo León Caballero y Sonia Beatriz Durán Pinto -hoy terceros interesados-, Sentencia por el que declaró improbada la demanda ordinaria de nulidad de documentos y probada la acción reconvencional de reivindicación; asimismo, improbadas las excepciones perentorias; y se ordenó que una vez ejecutoriada la referida Sentencia, el demandante -accionante- reivindique el 40% restante del bien inmueble objeto de la Litis; es decir, de la superficie de 83 m en favor del demandado -Alfredo León Caballero- en el plazo prudencial de quince días desde la ejecutoria, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento (fs. 540 a 547 vta.). Dicha Sentencia fue confirmada a través de Auto de Vista de 28 de abril de 2022, emitido por el Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 548 a 555). A través del AS 306/2023 de 17 de abril, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el accionante, contra el referido Auto de Vista (fs. 9 a 16 vta.). II.3. Cursa memorial presentado el 26 de junio de 2023, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por el que, el ahora tercero interesado y Sonia Beatriz Duran Pinto hoy tercera interesada -solo consta la firma del ahora tercero interesado-, pidieron el cumplimiento de la Sentencia de 23 de agosto de 2019 (fs. 27). En respuesta, por Auto de 4 de julio de 2023, el Juez ahora accionado declaró ejecutoriada la referida Sentencia y dispuso la notificación al accionante para que en el plazo de quince días proceda a reivindicar el 40 % del restante del bien inmueble, ubicado en la zona central, manzano 35, distrito I, calle Ayacucho y Libertad, en favor de Alfredo León Caballero -ahora tercero interesado- (fs. 28 y vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 1 de agosto de 2023, ante el Juez hoy accionado, el accionante pidió que se notifique a su hermana Teresa Rosario León Caballero -hoy tercera interesada-, quien se encuentra a su cuidado integral ya que es una persona adulta mayor con discapacidad mental; y se le ordene al ejecutante -ahora tercero interesado- devuelva a su hermana el bien inmueble de 298 m de superficie, del cual fue afectada por parte del hoy tercero interesado, quien detenta ilegalmente dicho bien, impidiendo que su hermana ahora tercera interesada pueda trasladarse al mismo (fs. 129 a 131 vta.). Solicitud que mereció el decreto de 2 de igual mes y año, y se corrió en traslado a la parte contraria (fs. 132). II.5. Cursa Auto de 21 de agosto de 2023, mediante el cual, el Juez hoy accionado dispuso que por Secretaría de su Juzgado se extienda el mandamiento de desapoderamiento contra el accionante y “…QUIENES TRAJEREN SUS DERECHOS DE ÉSTE QUE SE HALLEN EN EL INMUEBLE…” (sic), encomendando su ejecución al Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial de Quillacollo del departamento de Cochabamba, con la intervención de Notario de Fe Pública y los representantes de la Defensoría del Adulto Mayor y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del citado departamento, así como de Zoonosis del referido municipio (fs. 144 a 146 vta.). Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2023, el accionante formulo recurso de apelación contra el Auto de 21 de agosto de igual año, el cual fue concedido en el efecto devolutivo, a través del Auto de 25 de septiembre de igual año (fs. 161). II.6. Cursa Informe de 25 de febrero de 2022, dirigido a la Encargada de la Unidad Generacional de Discapacidad y Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Vinto del departamento de Cochabamba; por la Trabajadora Social del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), de la Unidad Generacional de Discapacidad y Adulto Mayor y DNA del citado Municipio (fs. 202 a 204); asimismo, consta Informe Social de 18 de marzo de igual año, dirigido a la referida Encargada, por la mencionada Trabajadora Social del SLIM, (fs.120). Consta Informe a Instructivo G.A.M.Q. 04/2022 de 8 de abril, dirigido a la Abogada de la Jefatura del Adulto Mayor por el Psicólogo de la Jefatura del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba (fs. 33 a 34); asimismo, se tiene Informe Médico de 8 de noviembre de 2022, emitido por el Instituto Psiquiátrico San Juan Dios, por el que Teresa Rosario León Caballero ahora tercera interesada, fue diagnosticada con demencia en la enfermedad de Alzheimer Atípica Mixta -F00.2 de la CIE 10 OMS- (fs. 2); finalmente cursa Informe Social de 25 de septiembre de 2023 (fs. 574 a 577). II.7. Consta Acta de desapoderamiento ejecutado el 16 de noviembre de 2023 (fs. 433 a 436 vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al habitad y a la vivienda digna y humana; a la vejez digna y a ser protegido por las autoridades del Estado; puesto que, solicita la tutela provisional entre tanto se resuelva el recurso de apelación que formuló contra el Auto de 21 de agosto de 2023, que en ejecución de Sentencia del proceso civil ordinario del cual resulto perdidoso, y se ordenó el desapoderamiento del 40 % del bien inmueble que fue objeto del litigio, donde vive su persona junto a su hermana -Teresa Rosario León Caballero- ahora tercera interesada quien es adulta mayor con “discapacidad”; el mandamiento de desapoderamiento de 25 de octubre de igual año, que ya fue ejecutado el 16 de noviembre del citado año; asimismo, hasta que concluyan los procesos de declaratoria de “interdicción” de su hermana hoy tercera interesada y el de anulación de contrato de trasferencia de la otra parte del bien inmueble que su hermano Alfredo León Caballero -hoy tercero interesado- le hizo firmar a su referida hermana “discapacitada”, para que así puedan trasladarse a esa parte del bien inmueble, ya que no tienen donde habitar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0075/2018-S2 de 23 de marzo, estableció que: “Es necesario precisar que la acción de amparo constitucional instituida por el art. 128 de la CPE, se encuentra definida como un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de servidores públicos, o de personas individuales o colectivas que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. A su vez, el objeto de esta acción de tutela se encuentra previsto en el art. 51 del Código Procesal Constitucional (CPCo). (...) La acción de amparo constitucional tiene dos características esenciales, la inmediatez y la subsidiariedad, que se encuentran dispuestas en el art. 129.I de la CPE, estableciendo: ‘La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá (…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’. Desarrollando la subsidiariedad, el art. 53.3 del CPCo, determina que esta acción tutelar no procederá: ‘Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno’. En relación con la citada norma, el art. 54.I del mismo Código prevé que: ‘La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías, restringidos, suprimidos o amenazados de serlo’. (...) Con ese antecedente, corresponde precisar que la jurisprudencia constitucional desarrolló reglas y subreglas de aplicación general que fueron sistematizadas por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre[2], señalando cuándo esta acción de defensa, será improcedente por subsidiariedad. En esa línea, la SC 0484/2010-R de 5 de julio, determinó que la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia; entendimiento que guarda relación con lo establecido en la SCP 0058/2015-S2 de 3 de febrero, que a su vez cita a la SCP 1311/2012 de 19 de septiembre, señalando que esta acción tutelar no procede si existen otros mecanismos procesales idóneos para atacar la lesión o amenaza a los derechos fundamentales. De las normas y Sentencias Constitucionales citadas precedentemente, se concluye que la acción de amparo constitucional se activa siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; es decir, toda persona que considere lesionados sus derechos y garantías constitucionales, debe utilizar cuanto medio idóneo e inmediato esté previsto en la vía administrativa o judicial, o ante la autoridad, que de acuerdo a la naturaleza de los actos u omisiones ilegales e indebidos, pueda proporcionar protección inmediata, con carácter previo a acudir a la jurisdicción constitucional; toda vez que, no es sustitutiva de otros medios o recursos legales. De lo anotado debe concluirse que la subsidiariedad solo podrá exigirse cuando las vías o recursos de impugnación existentes sean idóneos para la protección inmediata del derecho; pues, cuando no existen estas vías, en virtud a la inmediatez que caracteriza esta acción, corresponderá ingresar al análisis de fondo, dando prevalencia a los derechos y garantías que requieren de tutela inmediata. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional estableció excepciones a la subsidiariedad, ante un posible daño irreparable e irremediable al derecho o garantía acusada como lesionada; dado que, una protección tardía resultaría absolutamente ineficaz, en desmedro de los derechos de las personas agraviadas. Así también se otorga protección especial a grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, mujeres embarazadas, pueblos indígenas, discapacitados, niños, niñas y adolescentes. Consiguientemente, las personas de la tercera edad gozan de una protección reforzada, conforme lo manda el art. 67.I de la CPE, que establece que las personas adultas mayores, además de los derechos reconocidos en la Norma Suprema, tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Por su parte, el art. 68 del mismo texto constitucional, refiere que: I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.
II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.
Por su parte la la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016; en cuyo en su art. 5, señala: Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros. En el marco de ambas previsiones tanto constitucional como internacional, la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, hace referencia en su Capítulo de Derechos y Garantías, a los derechos a una vejez digna y a un trato preferente en el acceso de los servicios que goza este grupo poblacional -arts. 5 y 7, respectivamente-. A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, estableció que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en ese sentido, sus derechos se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención, considerando la situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre[3] manifestó en el Fundamento Jurídico III.4, que el trato preferente y especial del que deben ser objeto los ancianos es comprensible: ‘…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos’. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, que el Fundamento Jurídico III.1, refiere: …la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ‘acciones afirmativas’ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. En ese sentido, en la justicia constitucional existe también un trato preferente a las personas adultas mayores; por ello, a través de la jurisprudencia, se determinó que es posible la presentación directa de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de agotar previamente los medios de impugnación existentes -entendimiento asumido, entre otras, por la SCP 0757/2015-S2 de 8 de julio- (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
La SCP 0562/2019-S2 de 17 de julio, con relación al derecho de las personas adultas mayores, señaló que: “La Constitución Política del Estado, tiene previsto dentro su Título II, Capítulo Quinto, Sección VII, los Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalando en su artículo 67.I que: ʽAdemás de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humanaʹ.
Por su parte, el art. 68 de la citada Norma Suprema, refiere:
atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores.
Asimismo, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores[32], ratificada por el Estado Plurinacional mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016, sobre la base de los principios[33] de promoción y defensa de los derechos humanos; dignidad; igualdad y no discriminación; bienestar y cuidado; solidaridad, buen trato y atención preferencial; y, enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor, en sus arts. 4, dispone: Artículo 4 Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin discriminación de ningún tipo, y a tal fin: (…) c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitosʹ. Ahora bien, dentro del catálogo de derechos de las personas adultas mayores reconocidos por la citada Convención, se encuentran, entre otros, los siguientes: Artículo 5 Igualdad y no discriminación por razones de edad
Queda prohibida por la presente Convención la discriminación por edad en la vejez.
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.
Artículo 23 Derecho a la propiedad
Toda persona mayor tiene derecho al uso y goce de sus bienes y a no ser privada de estos por motivos de edad. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. (…) Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizarle a la persona mayor el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus bienes, y para prevenir el abuso y la enajenación ilegal de su propiedad.
Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas para eliminar toda práctica administrativa o financiera que discrimine a la persona mayor, principalmente a las mujeres mayores y a los grupos en situación de vulnerabilidad respecto del ejercicio de su derecho a la propiedad.
Artículo 24 Derecho a la vivienda La persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada, y a vivir en entornos seguros, saludables, accesibles y adaptables a sus preferencias y necesidades.
Los Estados Parte deberán adoptar las medidas pertinentes para promover el pleno goce de este derecho y facilitar que la persona mayor tenga acceso a servicios socio-sanitarios integrados y servicios de cuidados domiciliarios que le permitan residir en su propio domicilio conforme a su voluntad.
Los Estados Parte deberán garantizar el derecho de la persona mayor a una vivienda digna y adecuada y adoptarán políticas de promoción del derecho a la vivienda (…) Articulo 31 Acceso a la justicia La persona mayor tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante la adopción de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitación, resolución y ejecución de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. Asimismo, los Estados Parte desarrollarán y fortalecerán políticas públicas y programas dirigidos a promover:
a) Mecanismos alternativos de solución de controversias.
b) Capacitación del personal relacionado con la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protección de los derechos de la persona mayor.
En el marco de ambas previsiones constitucionales e internacionales, la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, en su art. 3, establece los principios de dicha norma, entre los cuales se encuentran: 1. No Discriminación. Busca prevenir y erradicar toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de las personas adultas mayores. (…)
5. Protección. Busca prevenir y erradicar la marginalidad socioeconómica y geográfica, la intolerancia intercultural, y la violencia institucional y familiar, para garantizar el desarrollo e incorporación de las personas adultas mayores a la sociedad con dignidad e integridad
(…) De igual forma, en el Capítulo Segundo, art. 5 literales b., c. y g. de la citada Ley, se reconoce el derecho a una vejez digna, el cual se encuentra garantizado a través del desarrollo integral y sin discriminación, en condiciones de accesibilidad a los servicios de las instituciones públicas y privadas a favor de las personas adultas mayores. Asimismo, el art. 7 de la Ley 369, establece que: I. Las instituciones públicas y privadas brindarán trato preferente a las personas adultas mayores de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Uso eficiente de los tiempos de atención. 2. Capacidad de respuesta institucional. 3. Capacitación y sensibilización del personal. 4. Atención personalizada y especializada. 5. Trato con calidad y calidez. 6. Erradicación de toda forma de maltrato. 7. Uso del idioma materno.
A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, estableció que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en este sentido, sus derechos están reconocidos, otorgándoles una particular atención, considerando la situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre[34] manifiesta que el trato preferente y especial del que deben gozar los adultos mayores es comprensible, ʽ…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos׳.
Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, refiere:
…La Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante ʽacciones afirmativas´ busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado.
En un caso similar al presente, en la SCP 1631/2012[35], reconociendo el derecho preferente de las personas adultas mayores, se concedió tutela ante la negativa de dar curso al anticipo de sorteo de la apelación. Reiterando dicho entendimiento, la citada SCP 0112/2014-S1[36], señala que nuestra Norma Suprema, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas de la tercera edad, proclamando una protección especial”.
La SCP 2164/2013 de 21 de noviembre, señala que: “Sobre el derecho a la vivienda, se mencionó precedentemente que el mismo tiene la característica de ser ʽfundamental-fundamentalʹ; toda vez que, se constituye en un presupuesto básico para la concreción de otros derechos fundamentales como la vida o la dignidad humana; de modo tal que, cuando se suprime su ejercicio, implícitamente, también se amenazan a los otros derechos; por lo que, corresponde activar su tutela en la medida de lo posible, para evitar cualquier afectación que pueda dar lugar a que se vulneren los otros derechos mencionados. En razón a esto, la jurisprudencia desarrollada en varias Sentencias Constitucionales ha previsto que, cuando existan mandamientos de desapoderamiento, pretendiendo desalojar a una o varias personas de un bien inmueble, es posible otorgar una tutela de carácter ʽprovisionalʼ siempre y cuando exista pendiente algún recurso o proceso que dilucidará la legalidad o correspondencia o no de la referida medida. Es decir que, para evitar que una persona quede desprotegida al perder su vivienda, mientras se tramite todavía algún mecanismo que podría determinar que no corresponde el desalojo, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá tutelar ʽprovisionalmenteʹ ese derecho a fin de evitar cualquier lesión a otro derecho que pueda resultar como consecuencia de la restricción del primero.
Así, entre otras, la SC 1082/2003-R de 30 de julio, en un caso similar al que ahora se analiza, estableció lo siguiente: ʽBajo esta idea rectora, sólo es posible conciliar los principios de subsidiariedad, protección inmediata y eficacia, brindando una tutela provisional, destinada a evitar la consumación del hecho invocado como lesivo del derecho fundamental en cuestión, lo cual requiere de una ponderación del derecho invocado como lesionado y las circunstancias que rodean al hecho excepcional. En la problemática en análisis, si bien se invoca como lesionado el derecho a la seguridad jurídica, no debe perderse de vista que el asunto fáctico, al estar directamente relacionado con la vivienda, en caso de efectuarse el desapoderamiento, el núcleo familiar quedaría gravemente afectado en uno de los componentes esenciales del ser humano, su dignidad, la cual se vería profunda y singularmente afectada al tener que trasladarse provisionalmente a otro inmueble, hasta que se defina su situación jurídica; y en su caso retornar al mismo, con las penurias que tal hecho conlleva.
Consiguientemente, dada la naturaleza de los derechos fundamentales amenazados (dignidad y seguridad), las circunstancias fácticas presentadas en el caso particular, y la inminencia de la ejecución del mandamiento de desapoderamiento -dado que la apelación en efecto devolutivo no suspende el procedimiento-, corresponde a este Tribunal, como garante del respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las personas, otorgar una tutela provisional, hasta que la jurisdicción ordinaria defina el recurso pendiente de resolución׳.
De igual manera, la SC 1225/2010-R de 13 de septiembre, a tiempo de otorgar la ʽtutela provisionalʹ en un caso en el que se pretendía efectuar un desapoderamiento, desarrolló el siguiente entendimiento: ʽ…el hecho fáctico relatado se encuentra directamente relacionado con la vivienda, y que en caso de efectuarse el desapoderamiento, los niños albergados en el hogar solidario se encontrarían gravemente afectados en uno de los componentes esenciales del ser humano, su dignidad, la cual se vería profunda y singularmente afectada; no obstante, también es evidente que existe una apelación pendiente de resolución. (…) Al respecto, cabe señalar que este Tribunal, si bien ante una situación diferente, como lo fue una medida de hecho por corte de servicios básicos, a través de la SC 0616/2010-R de 19 de julio, señaló que: …el principio de subsidiariedad del recurso de amparo constitucional, cede ante la necesidad de tutelar los derechos de las personas contra los actos o vías de hecho cuando éstas afectan las condiciones mínimas de dignidad del ser humano, como ser el derecho a la vivienda…'; derecho que si bien no fue denunciado de haber sido vulnerado; empero, está conectado o relacionado a los hechos denunciados, y guarda relación con la tutela solicitada que básicamente busca el no desalojo del inmueble en cuestión. En consecuencia, corresponde otorgar la tutela del derecho a la vivienda, pero de manera provisional entre tanto, sean las autoridades jurisdiccionales quienes definan la situación jurídica; es decir, hasta que se resuelva la apelación suscitada por la accionante”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al habitad y a la vivienda digna y humana; a la vejez digna y a ser protegido por las autoridades del Estado; puesto que, solicita la tutela provisional entre tanto se resuelva el recurso de apelación que formuló contra el Auto de 21 de agosto de 2023, que en ejecución de Sentencia del proceso civil ordinario del cual resulto perdidoso, y se ordenó el desapoderamiento del 40 % del bien inmueble que fue objeto del litigio, donde vive su persona junto a su hermana -Teresa Rosario León Caballero- ahora tercera interesada quien es adulta mayor con “discapacidad”; el mandamiento de desapoderamiento de 25 de octubre de igual año, que ya fue ejecutado el 16 de noviembre del citado año; asimismo, hasta que concluyan los procesos de declaratoria de “interdicción” de su hermana hoy tercera interesada y el de anulación de contrato de trasferencia de la otra parte del bien inmueble que su hermano Alfredo León Caballero -hoy tercero interesado- le hizo firmar a su referida hermana “discapacitada”, para que así puedan trasladarse a esa parte del bien inmueble, ya que no tienen donde habitar.
Conforme se lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, a través de la SCP 0757/2015-S2, entre otras, determinó “…que es posible la presentación directa de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de agotar previamente los medios de impugnación existentes…” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). cuando se trata de los derechos de las personas adultas mayores. En el presente caso no solo el accionante sino también el hoy tercero interesado, son personas adultas mayores, razón por la cual corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.
Ahora bien, a objeto de abordar la problemática planteada, amerita hacer referencia al contexto en el que se produjo el hecho denunciado. Así de la documentación cursante en obrados, se tiene que dentro del proceso civil ordinario de nulidad de documentos sobre una parte del bien inmueble ubicado entre las calles Ayacucho y Libertad de Quillacollo del departamento de Cochabamba, y reconvención por reivindicación, seguido por el accionante, contra el ahora tercero interesado y Sonia Beatriz Duran Pinto ahora tercera interesada, mediante Sentencia de 23 de agosto de 2019, el Juez ahora accionado, declaró improbada la demanda civil ordinaria de nulidad de documentos y probada la acción reconvencional de reivindicación; asimismo, improbadas las excepciones perentorias; y se ordenó que una vez ejecutoriada la referida Sentencia, el demandante reivindique el 40% restante del bien inmueble objeto de Litis, es decir de la superficie de 83 m en favor del demandado -Alfredo León Caballero-, en el plazo prudencial de quince días desde la ejecutoria de la Sentencia, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de desapoderamiento. Dicha Sentencia fue confirmada a través de Auto de Vista de 28 de abril de 2022, emitido por el Vocal de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 548 a 555). A través del AS 306/2023, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, declaró infundado el recurso de casación interpuesto por el accionante, contra el referido Auto de Vista (Conclusión II.2.).
Asimismo cursa memorial presentado el 26 de junio de 2023, ante el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de Quillacollo del departamento de Cochabamba, por el que el ahora tercero interesado y Sonia Beatriz Duran Pinto hoy tercera interesada -solo consta la firma del ahora tercero interesado-, pidieron el cumplimiento de la Sentencia de 23 de agosto de 2019. En respuesta, por Auto de 4 de julio de 2023, el Juez ahora accionado declaró ejecutoriada la referida Sentencia y dispuso la notificación al accionante para que en el plazo de quince días proceda a reivindicar el 40 % restante del bien inmueble, ubicado en la zona central, manzano 35, distrito I, entre las calles Ayacucho y Libertad, en favor del ahora tercero interesado (Conclusión II.3.). Mediante memorial presentado el 1 de agosto de igual año, ante el Juez hoy accionado, el accionante pidió que se notifique a su hermana ahora tercera interesada, quien se encuentra bajo su cuidado integral, ya que es una persona adulta mayor con discapacidad mental; y se le ordene al ejecutante -ahora tercero interesado- devuelva a su referida hermana el bien inmueble de 298 m de superficie, del cual fue afectada por parte del hoy tercero interesado, quien detenta ilegalmente dicho bien, impidiendo que su hermana hoy tercera interesada pueda trasladarse al mismo. Solicitud que mereció el decreto de 2 de igual mes y año, se corrió en traslado a la parte contraria (Conclusión II.4.). Absuelto el traslado por el ejecutante -ahora terceros interesados-, fue emitido el Auto de 21 de igual mes y año, mediante el cual, el Juez hoy accionado, dispuso que por Secretaria se extienda el mandamiento de desapoderamiento contra el accionante y “…QUIENES TRAJEREN SUS DERECHOS DE ÉSTE QUE SE HALLEN EN EL INMUEBLE…” (sic), encomendando su ejecución al Oficial de Diligencias del Juzgado Público Civil y Comercial de Quillacollo del departamento de Cochabamba, con la intervención de Notario de Fe Pública y los representantes de la Defensoría del Adulto Mayor y la DNA ambos del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del citado departamento, así como de Zoonosis del referido municipio. Por lo que por memorial presentado el 1 de septiembre del citado año, el accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto de 21 de agosto de 2023, el cual fue concedido en el efecto devolutivo, a través del Auto de 25 de igual mes y año (fs. 161 [Conclusión II.5.]). Finalmente, consta el Acta de desapoderamiento que fue ejecutado el 16 de noviembre de igual año (Conclusión II.7.).
De lo relacionado precedentemente, se concluye que la orden de desapoderamiento emerge de la ejecución de la Sentencia de 23 de agosto de 2019, emitida por el Juez ahora accionado, que declaró improbada la demanda ordinaria de nulidad de documentos y probada la acción reconvencional de reivindicación, la cual se encuentra pasada en autoridad de cosa juzgada y manda a reivindicar el 40 % del restante del bien inmueble, ubicado en la zona central, manzano 35, distrito I, calle Ayacucho y Libertad, en favor del hoy tercero interesado, que le pertenecía al accionante; es decir, en la referida causa el litigio concluyó, en el que se definió una controversia entre el accionante, el hoy tercero interesado y Sonia Beatriz Duran Pinto ahora tercera interesada. Consecuentemente, en el recurso de apelación del Auto de 21 de agosto de 2023, no se dirimirá sobre el derecho propietario que el accionante tenía en el bien inmueble y menos sobre ningún derecho real de la adulta mayor Teresa Rosario León Caballero ahora tercera interesada, en razón a que es la hermana del accionante y del hoy tercero interesado, ya que la misma no fue parte en ese proceso; puesto que, no se discutió ningún derecho real suyo. Lo propio ocurre respecto al proceso de declaratoria de interdicción de Teresa Rosario León Caballero y el eventual proceso posterior que la misma inició a través de su curador, para invalidar la transferencia de su parte del bien inmueble que le correspondía en dicho bien, ya que los resultados de esos futuros procesos no tendrán ninguna incidencia en la orden de desapoderamiento del bien inmueble que le pertenecía al accionante, en razón a que el objeto mediato de la futura pretensión es diferente a la del proceso civil ordinario en cuya ejecución se libró el mandamiento de desapoderamiento. Consecuentemente, en este caso no es aplicable el precedente establecido en la SCP 2164/2013, que determina que “…cuando existan mandamientos de desapoderamiento, pretendiendo desalojar a una o varias personas de un bien inmueble, es posible otorgar una tutela de carácter ʽprovisional’, siempre y cuando exista pendiente algún recurso o proceso que dilucidará la legalidad o correspondencia o no de la referida medida. Es decir que, para evitar que una persona quede desprotegida al perder su vivienda, mientras se tramite todavía algún mecanismo que podría determinar que no corresponde el desalojo, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá tutelar ʽprovisionalmenteʹ ese derecho a fin de evitar cualquier lesión a otro derecho que pueda resultar como consecuencia de la restricción del primero” (las negrillas son nuestras). A ello debe sumarse, que el citado entendimiento, opera como una medida preventiva destinada a evitar la vulneración del derecho a la vivienda, precisamente para impedir provisionalmente el desapoderamiento, lo cual tampoco podría ocurrir en este caso, ya que esa medida de ejecución ya se materializó el 16 de noviembre del 2023; es decir, veinte días antes de interponerse esta acción tutelar. En mérito a las consideraciones precedentes, no es posible conceder la tutela provisional que se solicita.
Finalmente, se debe puntualizar que el accionante efectivamente es una persona adulta mayor; puesto que, nació el 4 de marzo de 1946, a tiempo de interponer esta acción tutelar contaba con setenta y siete años de edad; por su parte, su hermano hoy tercero interesado -con quien se encuentra en litigio- nació el 10 de noviembre de 1942, por lo que contaría con ochenta y uno años de edad (Conclusión II.1.), razón por la cual, el caso debe ser abordado con enfoque generacional.
A partir del hecho cierto de que los hermanos en litigio -accionante y ahora tercero interesado-, sostuvieron una contienda judicial en todas sus instancias, en cuyas resoluciones no consta que hubiesen tenido que acudir a defensores de oficio por falta de recursos económicos; asimismo, consta en el Acta de desapoderamiento de 16 de noviembre de 2023, de ejecución en el que intervino la Defensoría del Adulto mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, con lo cual evidentemente se aseguró que sus derechos como parte de un grupo poblacional vulnerable que merece de protección reforzada fue precautelada; es así que, no existe evidencia que a consecuencia de la ejecución del mandamiento de desapoderamiento, el accionante tuvo que ser llevado a una casa de acogida por falta de vivienda donde guarecer.
Por otra parte, merece una atención particular la situación de Teresa Rosario León Caballero ahora tercera interesada -hermana- de las partes en el litigio que subyace a esta acción tutelar- quien nació el 3 de octubre de 1947; por lo que tenía setenta y seis años edad; es decir, también es una persona adulta mayor (Conclusión II.1.); empero, de ser una mujer anciana, según el certificado médico padece una enfermedad mental.
El accionante pretende dejar sin efecto el desapoderamiento y la restitución en su favor de la que fue su vivienda, alegando que bajo su cuidado se encuentra su hermana ahora tercera interesada -adulta mayor y “discapacitada”-. Si bien es cierto, que en el Acta de desapoderamiento de 16 de noviembre de 2023 se advierte que efectivamente al momento del desapoderamiento el accionante se encontraba junto con su hermana hoy tercera interesada, y de acuerdo al Informe Social de 25 de septiembre de igual año, en ese momento se encontraba bajo el cuidado del accionante; sin embargo, se desconoce desde cuando el nombrado se encontraba a cargo del cuidado de su referida hermana y si era de forma permanente; puesto que, de acuerdo a los Informes Sociales cursantes en el cuaderno procesal se advierte, que la indicada adulta mayor, estuvo bajo el cuidado de su otra hermana Mirtha León Caballero, aquello en virtud al Informe a Instructivo G.A.M.Q. 04/2022; asimismo, estuvo al cuidado y viviendo en el domicilio de “Bertha Mamani”, según los Informes de 25 de febrero de 2022 y de 18 de marzo del mismo año, a cambio de una suma de dinero pagada por el hoy tercero interesado, conforme el documento de 15 de marzo de igual año. Por otra parte, el ahora tercero interesado, según el Informe de 25 de septiembre de 2023, ofreció hacerse cargo del cuidado de su hermana ahora tercera interesada; empero, antes pidió que le vea un médico (Conclusión II.6.). Consecuentemente, no se advierte que, sea precisamente el accionante el único que se hizo cargo y que puede hacerse cargo del cuidado de la adulta mayor Teresa Rosario León Caballero, otorgándole una vivienda digna y el cuidado necesario para garantizarle una vejez digna; y menos aún se encuentra acreditado que en el único lugar en el que se le puede garantizar la vivienda digna sea en bien inmueble que le pertenecía al accionante y de la que fue desapoderado judicialmente; puesto que, como indica el Informe de 25 de septiembre de 2023, las condiciones de habitabilidad que le brindaba el accionante, no eran las más adecuadas. Finalmente, toda vez que el Juez ahora accionado garantizó la participación de la entidad municipal responsable de la protección de los derechos del adulto mayor, no se advierte, que de la ejecución del Mandamiento de desapoderamiento, se hubiese vulnerado los derechos de Teresa Rosario León Caballero -ahora tercera interesada-.
Respecto a la notificación con el desapoderamiento a Teresa Rosario León Caballero -hoy tercera interesada-, ese hecho no resulta relevante; puesto que, a partir del hecho de que la nombrada padece una enfermedad mental, no sería posible reconocerle capacidad procesal; ya que su curador en el momento de la ejecución del desapoderamiento, tenía pleno conocimiento de la ejecución del referido mandamiento; y si bien es cierto que no consta que hubiese sido designado judicialmente el tutor de la mencionada adulta mayor, no puede desconocerse esa circunstancia, ni el hecho de que en el desapoderamiento intervino la entidad municipal, que en representación del Estado, está facultada para precautelar que se respeten los derechos de un adulto mayor que se encuentre incapacitado. En todo caso, corresponde exhortar a la instancia técnica de protección del adulto mayor, a cuyo cargo a pasado la indica adulta mayor después del desapoderamiento, que en el marco de los estándares de protección nacionales e internacionales establecidos en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, efectúe las acciones necesarias para precautelar los derechos a la salud y a la vivienda digna como parte del derecho a una vejez digna de la adulta mayor Teresa Rosario León Caballero; en su caso -en ejercicio de sus atribuciones legales- promoviendo, si corresponde, acciones legales pertinentes o interviniendo en las que ya se hubiesen iniciado a objeto de que la autoridad competente, adopte la decisión más conveniente para el cuidado de la indicada adulta mayor, evitando que la misma sea instrumentalizada en el conflicto que tienen sus hermanos mayores. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2024 de 26 de junio, cursante de fs. 583 a 586 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Exhortar a la Jefatura del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que realice las acciones necesarias para precautelar los derechos a la salud y a la vivienda digna como parte del derecho a una vejez digna, de la adulta mayor Teresa Rosario León Caballero; en su caso -en ejercicio de sus atribuciones legales- promoviendo, si corresponde, acciones legales pertinentes o interviniendo en las que ya se hubiesen iniciado a objeto de que la autoridad competente, adopte la decisión más conveniente para el cuidado de la indicada adulta mayor, evitando que la misma sea instrumentalizada en el conflicto que tienen sus hermanos mayores. 3° Por Secretaria General del Tribunal Constitucional Plurinacional, notifíquese con el presente fallo constitucional a la Jefatura del Adulto Mayor del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0576_2024-S3.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): f3e82af7de082c4014fde8c8353ce7060227d3de0e662272d6bbbce36d2dcb2b
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