Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 10 de septiembre de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la petición; y -se entiende- al debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que dentro del proceso penal seguido en su contra, que ya cuenta con Sentencia 16/2020 condenatoria por los delitos de estafa y violencia económica, pendiente de revisión en apelación restringida; se encuentra detenido preventivamente por más de tres años, por lo que solicitó la modificación de esa medida cautelar, que le se concedió bajo medidas cautelares personales, entre otras, una fianza económica de Bs45 000.-; empero, no cuenta con esa suma de dinero y para demostrar tal extremo y pedir que se cambie esa condición por garantes personales, solicitó a la Fiscal de Materia accionada que emita requerimientos para la ASFI y DD.RR.; sin embargo, dicha autoridad fiscal, rechazó su petición sin fundamento válido y norma que sustente su decisión; generando que sin dicha documentación su detención preventiva se prolongue indefinidamente. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 44.1 del Código Procesal Constitucional en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 44/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la lesión del derecho al debido proceso en su elemento celeridad, en directa vinculación con el derecho a la libertad, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la dignidad y a la petición, de acuerdo a las razones expuestas en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0576/2024-S2 Sucre, 10 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 49599-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 44/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Pablo Vargas Alfaro contra Lupe Rocío Zabala Huanca, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 3 de agosto de 2022, cursante a fs. 1; y, 16 a 17 vta., el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la -presunta- comisión del delito de estafa, mediante Sentencia -16/2020 de 14 de julio-, fue condenado a la pena de seis años de privación de libertad, por lo que formuló recurso de apelación restringida, la cual “aguarda” turno para su consideración. Asimismo, refiere que acredita que se encuentra con detención preventiva por más de tres años y, en atención a que solicitó la modificación de dicha medida cautelar, la Jueza -se entiende a cargo del proceso- dispuso su detención domiciliaria; empero, para ello estableció que debía empozar una fianza económica de Bs45 000. (cuarenta y cinco mil bolivianos); extremo que fue confirmado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En ese entendido, al no tener dinero ni algún bien inmueble, no es posible que pueda empozar la suma fijada, y como la situación económica de una persona debe ser demostrada y no sirven meras afirmaciones, solicitó a Lupe Rocío Zabala Huanca, Fiscal de Materia -hoy accionada-, que expida requerimientos a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y a Derechos Reales (DD.RR.), para que informen si tiene alguna cuenta bancaria de débito o ahorro y si cuenta con algún bien inmueble registrado a su nombre; empero, dicha autoridad fiscal rechazó su petición, sin fundamento ni norma que sustente su decisión, limitándose a señalar que: “En lo principal.- Se Tiene presente. Respecto al 1 y 2 el impetrante deberá estar a los datos del proceso, considerando que la etapa del proceso es juicio Al otrosí.- Se tiene presente” (sic). Así, la Fiscal de Materia ahora accionada no consideró que la etapa de juicio ya concluyó y que se emitió Sentencia condenatoria en su contra, pero aun así los derechos de las partes siguen vigentes. Finalmente, resalta que en materia penal, solo bajo ciertas circunstancias, se emiten órdenes judiciales y en el caso de registros domiciliarios, informes sobre estados económicos, registro de bienes inmuebles y muebles, se obtienen por requerimiento fiscal, por lo que acceder a lo solicitado es una de las atribuciones de la Fiscal de Materia accionada, independientemente de la etapa en la que se encuentre el proceso; resaltando que su pretensión es determinante para el ejercicio de su derecho a la libertad, porque sin la información que requiere no puede demostrar su situación económica y acceder a la modificación de la “medida cautelar económica” por la de garantes personales y de esa manera su detención preventiva se prolongaría indefinidamente.
El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos -aclarados y reiterados además en audiencia- a la libertad, a la dignidad, a la petición; y -se entiende también de su demanda- al debido proceso en su elemento celeridad, citando al efecto los arts. 22, 23.I y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la Fiscal de Materia accionada, requiera a la ASFI y a DD.RR., que informen si tiene cuentas bancarias y si cuenta con bienes inmuebles registrados a su nombre.
Celebrada la audiencia pública virtual el 4 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 23 a 24 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El peticionante de tutela a través de su abogado, ratificó el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia sostuvo que: a) Si se pretende solicitar ante la Jueza de la causa la modificación de una medida cautelar, se debe presentar documentación obtenida de manera lícita, y es por ello, que mediante un requerimiento fiscal o una orden judicial se debe coadyuvar para tal fin; b) En determinado momento solicitó ante la autoridad judicial que corresponde la modificación de la medida cautelar impuesta, que era de carácter económico, específicamente de Bs75 000.- (setenta y cinco mil bolivianos), y ante ello, la antes nombrada disminuyó el monto a Bs45 000.-; c) No obstante lo anterior, ante esa determinación, formuló recurso de apelación incidental, y en alzada, se confirmó la decisión de primera instancia; d) Asimismo, hizo constar que, si bien cuenta con sentencia condenatoria -16/2020-; empero, ante la emisión de ese fallo planteó recurso de apelación restringida, el cual está pendiente de resolución por parte de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; e) En ese contexto, una vez más solicitó a la Jueza de la causa, la modificación de la “medida cautelar económica” para que sea sustituida por una de carácter personal, es decir, presentando datos personales “…pero estamos seguros que en ese momento la Señora Juez y con mucha razón el Ministerio Publico también pueden alegar y decir que debemos demostrar que tal fianza económica de la persona que está detenida preventivamente durante 3 años y esto no ha fenecido, y obviamente tenemos que demostrar con documentación…” (sic), la cual consiste en las certificaciones de la ASFI y DD.RR.; f) Así, no puede acudir ante otra autoridad para solicitar una “orden judicial” o “una orden” para que dichas entidades extiendan la documentación que requiere; g) Al haber concluido la etapa de juicio, la autoridad competente es la Fiscal de Materia accionada, ya que “…no existe ni siquiera un juez cautelar en este asunto porque este está ya concluido..” (sic); h) El rechazo de la Fiscal de Materia accionada a su solicitud de requerimientos fiscales, no solo vulnera sus derechos a la libertad y dignidad, sino también lesiona su derecho a la petición, consagrado en el art. 24 de la CPE, considerando que lo que correspondía era obtener una respuesta fundamentada y concreta; e, i) Finalmente, se debe tener presente que, solicitar la modificación de la medida cautelar impuesta sin la documentación que requiere es imposible, y su detención preventiva continuaría, lo cual no es razonable porque viene cumpliendo esa medida durante tres años y su sentencia es por seis años y, en un Estado Constitucional de Derecho no es racional la prisión por deudas.
Lupe Rocío Zabala Huanca, Fiscal de Materia, en audiencia, sostuvo que: 1) Es evidente lo referido por el accionante respecto a que solicitó mediante memorial -29 de julio de 2022- la emisión de requerimientos fiscales; empero, en ningún momento comunicó a la suscrita que ya se había emitido sentencia condenatoria en su contra; 2) Se debe considerar que fue asignada en sus funciones desde el 23 de mayo de 2022, por lo que no es evidente lo alegado por el impetrante de tutela en cuanto a que estuvo presente en la fundamentación de la acusación y si bien, por el principio de unidad que rige al Ministerio Público debería conocer todos los antecedentes, pero ello no es así, sumando a lo anterior que el abogado del peticionante de tutela no advirtió la emisión de sentencia; 3) Las solicitudes deben ser claras y convincentes para lograr el fin que se pretende, y así ejercer el derecho a la petición; y, 4) Si bien, cuando se trata de medidas cautelares, el Ministerio Público atiende a los requerimientos solicitados, pero en este caso, reiteró que la petición del accionante no fue clara y conducente al fin impetrado, por lo que pidió se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 44/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 25 a 26, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la Fiscal de Materia accionada, en el plazo de veinticuatro horas, dé curso a la solicitud efectuada por el impetrante de tutela, con base en los siguientes fundamentos: i) De antecedentes, se tiene que el peticionante de tutela solicitó a la Fiscal de Materia accionada, que emita requerimientos fiscales a efectos de que la ASFI y DD.RR., certifiquen si tiene una cuenta bancaria de débito o ahorro y algún bien inmueble a su nombre; empero, la referida autoridad fiscal rechazó su petición sin mayor argumento, indicando que el caso se encontraba en etapa de juicio, pese a que ya se emitió Sentencia 16/2020 condenatoria; no obstante lo anterior, el accionante alegó que aún cuenta con derechos y que puede pedir la modificación de la medida cautelar de fianza económica, por la de garantes personales y así viabilizar su libertad; ii) Por otra parte, la Fiscal de Materia accionada sostuvo que no tendría ningún inconveniente de dar curso o emitir los requerimientos solicitados, pero que la defensa del impetrante de tutela no fundamentó correctamente y conforme a procedimiento su solicitud; iii) Las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “134/2018-S4” y “659/2020-S2”, modulando entendimientos jurisprudenciales anteriores, señalaron que a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, el Ministerio Público tiene el deber de emitir requerimientos para la obtención de documentos que sirvan a la parte imputada para presentar solicitudes de cesación de su detención preventiva o modificación de medidas cautelares, aún exista acusación o sentencia, lo contrario implicaría vulnerar el derecho a la petición e impedir que se pueda presentar solicitudes vinculadas al derecho a la libertad; y, iv) Por otro lado, la jurisprudencia constitucional también mencionó que toda solicitud en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad, en cualquiera de sus formas, debe ser tramitada, diligenciada y efectivizada con la mayor celeridad posible; situación que no aconteció en el presente caso.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Por Auto Interlocutorio 04/2022 de 13 de julio, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, declaró procedente la modificación de “medidas sustitutivas” -lo correcto es medidas cautelares personales- a la detención preventiva del ahora peticionante de tutela, disponiéndose en consecuencia, su detención domiciliaria, la obligación de presentarse ante el registro biométrico de la Fiscalía todos los lunes, arraigo, prohibición de comunicarse con la víctima y su familia; y, fianza económica de Bs45 000.-; condiciones que una vez verificadas en su cumplimiento, en el plazo de tres días hábiles darían lugar a la emisión de mandamiento de libertad (fs. 10 a 11). II.2. Cursa Sentencia 16/2020 de 14 de julio, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, por la cual, condenó a Juan Pablo Vargas Alfaro -hoy impetrante de tutela- a la pena privativa de libertad de seis años, con multa de cien días a razón de Bs5.- (cinco bolivianos) por día y pago de costas a liquidarse en ejecución de sentencia y, pago de daños y perjuicios civiles por la vía que corresponda, por ser autor de los delitos de estafa y violencia económica (fs. 3 a 9). II.3. Mediante Auto de Vista 496/2022 de 27 de julio, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, admitieron el recurso de apelación formulado por el accionante, al haber sido presentado dentro del plazo conforme al art. 251 del CPP, pero al no haber fundamentado agravio alguno, confirmaron el Auto Interlocutorio 04/2022 impugnado (fs. 12 a 13 vta.). II.4. A través del memorial presentado el 29 de julio de 2022, el impetrante de tutela se apersonó ante Lupe Rocío Zabala Huanca, Fiscal de Materia -hoy accionada- para solicitarle que expida requerimientos para: a) ASFI, a efectos de que informe si tiene cuentas corrientes u otra actividad bancaria en el sistema de intermediación financiera y/o entidades bancarias; y, b) DD.RR. de La Paz, para que informe si tiene bienes inmuebles registrados a su nombre como propietario (fs. 14 y vta.); mereciendo el decreto de la misma fecha, por el que dicha autoridad fiscal indicó “En lo principal.- Se Tiene presente Respecto al 1 y 2 el impetrante deberá estar a los datos del proceso, considerando que la etapa del proceso es juicio Al otrosí Se tiene presente” (sic [fs. 15]).
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la petición; y -se entiende- al debido proceso en su elemento celeridad; en razón a que dentro del proceso penal seguido en su contra, que ya cuenta con Sentencia 16/2020 condenatoria por los delitos de estafa y violencia económica, pendiente de revisión en apelación restringida; se encuentra detenido preventivamente por más de tres años, por lo que solicitó la modificación de esa medida cautelar, que le se concedió bajo medidas cautelares personales, entre otras, una fianza económica de Bs45 000.-; empero, no cuenta con esa suma de dinero y para demostrar tal extremo y pedir que se cambie esa condición por garantes personales, solicitó a la Fiscal de Materia accionada que emita requerimientos para la ASFI y DD.RR.; sin embargo, dicha autoridad fiscal, rechazó su petición sin fundamento válido y norma que sustente su decisión; generando que sin dicha documentación su detención preventiva se prolongue indefinidamente. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto al alcance y finalidad de esta acción de defensa, a partir de su naturaleza jurídica, la SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, hizo hincapié que: «Sobre los presupuestos de procedencia de la acción de libertad en función a su naturaleza jurídica y alcance determinado por los bienes jurídicos protegidos, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”» (las negrillas nos corresponden).
Sobre el particular, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, citando la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”. Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril).
Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…).
De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”…» (el énfasis es agregado).
El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos invocados en esta acción tutelar; en razón a que en el proceso penal seguido en su contra, por Sentencia 16/2020 de 14 de julio, fue condenado a la pena privativa de libertad de seis años, por ser autor de los delitos de estafa y violencia económica; por lo que apeló dicho fallo, el cual se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal de alzada; empero, como está detenido preventivamente por más de tres años, solicitó a la Jueza de la causa la modificación de esa medida cautelar, ante lo cual, la misma, por Auto Interlocutorio 04/2022 entre otras medidas, estableció que para acceder a su detención domiciliaria debe cumplir con una fianza económica de Bs45 000.-; empero, no cuenta con esa suma de dinero y para demostrar tal extremo y pedir que se cambie esa condición por garantes personales, solicitó mediante memorial presentado el 29 de julio de 2022 a la Fiscal de Materia accionada que emita requerimientos para la ASFI y DD.RR., a efectos de que expidan certificaciones que acrediten que no tiene cuentas corrientes u otra actividad bancaria en el sistema de intermediación financiera y/o entidades bancarias y que no cuenta bienes inmuebles registrados a su nombre como propietario; sin embargo, dicha autoridad fiscal, rechazó su petición sin fundamento válido y norma que sustente su decisión; generando que sin dicha documentación su detención preventiva se prolongue indefinidamente. Precisada la problemática expuesta por el peticionante de tutela, y a efectos de su resolución en la dimensión de su planteamiento, es necesario efectuar una contextualización del caso, de cuya revisión de antecedentes se tiene que por Auto Interlocutorio 04/2022 de 13 de julio, la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital de La Paz, declaró procedente la modificación de medidas cautelares personales a la detención preventiva del ahora impetrante de tutela, disponiéndose en consecuencia, su detención domiciliaria, la obligación de presentarse ante el registro biométrico de la Fiscalía todos los lunes, arraigo, prohibición de comunicarse con la víctima y su familia; y, fianza económica de Bs45 000.-; condiciones que una vez verificadas en su cumplimiento, en el plazo de tres días hábiles se daría lugar a la emisión de mandamiento de libertad (Conclusión II.1). Cursa Sentencia 16/2020, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, por la cual, condenó al hoy accionante, a la pena privativa de libertad de seis años, con multa de cien días a razón de Bs5.- por día y pago de costas a liquidarse en ejecución de sentencia y pago de daños y perjuicios civiles por la vía que corresponda, por ser autor de los delitos de estafa y violencia económica (Conclusión II.2). Por su parte, y en alzada, los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 496/2022 de 27 de julio, admitieron el recurso de apelación formulado por el peticionante de tutela, al haber sido presentado dentro del plazo conforme al art. 251 del CPP, pero al no haber fundamentado agravio alguno, confirmaron el Auto Interlocutorio 04/2022 impugnado (Conclusión II.3). Finalmente, se tiene que a través del memorial presentado el 29 de julio de 2022, el accionante se apersonó ante la Fiscal de Materia hoy accionada para solicitarle que expida requerimientos para las siguientes entidades: 1) ASFI, a efectos de que informe si tiene cuentas corrientes u otra actividad bancaria en el sistema de intermediación financiera y/o entidades bancarias; y, 2) DD.RR. de La Paz, para que informe si tiene bienes inmuebles registrados a su nombre como propietario; mereciendo el decreto de la misma fecha, por el que dicha autoridad fiscal indicó “En lo principal.- Se Tiene presente Respecto al 1 y 2 el impetrante deberá estar a los datos del proceso, considerando que la etapa del proceso es juicio Al otrosí Se tiene presente” (sic [Conclusión II.4 ]). A partir de dichos antecedentes, con carácter previo a ingresar al pronunciamiento que corresponda respecto al reclamo constitucional, es pertinente dejar establecido que en la situación fáctica, se advierte que la solicitud de requerimientos para la ASFI y DD.RR., a efectos de que expidan certificaciones requeridas para demostrar la solvencia económica, resultan determinantes para que el impetrante de tutela pueda modificar la fianza económica impuesta, por ende esa situación se encuentra directamente vinculada a la libertad, por cuanto es la forma documental y probatoria de demostrar la imposibilidad de cumplir con esa medida y solicitar su sustitución por la presentación de garantes; a fin de tener por cumplidas las medidas cautelares impuestas y obtener a su vez la detención domiciliaria; todo en el escenario de las medidas cautelares personales que le fueron ya concedidas. Así, realizada esa precisión y delimitado el objeto procesal de esta acción de defensa, corresponde considerar lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla en los plazos que señala la norma o en su caso dentro de un plazo razonable en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele. En ese entendido, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos. A partir de los antecedentes expuestos ut supra, y en aplicación de la celeridad como elemento del debido proceso cuando se trata de solicitudes directamente vinculadas a la libertad, máxime si es el caso de personas restringidas de dicho derecho, corresponde señalar que en el presente caso, se advierte que en efecto existió una dilación/omisión en la actuación de la autoridad fiscal ahora accionada, quien en la situación fáctica debió desplegar una actuación procesal diligente y efectiva en resguardo al principio de celeridad inherente a la tramitación de solicitudes de una persona privada de libertad, no siendo justificativos válidos los alegados en su informe presentado dentro de esta acción de defensa, al expresar que: i) “…[S]e ha procedido a solicitar los requerimientos señalados, pero en ningún momento se ha mencionado a la suscrita que el caso [se] encontraba con sentencia…” (sic); ii) Fue asignada en sus funciones desde el 23 de mayo de 2022, por lo que no es evidente lo alegado por el peticionante de tutela en cuanto a que estuvo presente en la fundamentación de la acusación y si bien, por el principio de unidad que rige al Ministerio Público debería conocer todos los antecedentes, pero “…lamentablemente esto no es así…” (sic); y, iii) Las solicitudes deben ser claras y convincentes para lograr el fin impetrado, y así ejercer el derecho a la petición; y, si bien cuando se trata de medidas cautelares el Ministerio Público atiende a los requerimientos solicitados, pero en este caso, reiteró que la petición del accionante no fue clara y conducente al fin solicitado.
Argumentos estos, que lejos de mostrar una actuación diligente o en su caso las razones que justifiquen la imposibilidad de acceder a lo solicitado, evidencian más bien una omisión traducida en una dilación injustificada de la Fiscal de Materia accionada en la atención de los requerimientos solicitados por el impetrante de tutela, configurando ello una afectación del derecho al debido proceso en su elemento constitutivo del principio de celeridad, vinculado en el presente caso a la libertad del nombrado, por lo que corresponde activar la protección que brinda la acción de libertad bajo su modalidad traslativa o de pronto despacho, en el alcance a su vez de la naturaleza jurídica de la acción de libertad y los bienes jurídicos protegidos, debiendo consecuentemente conceder la tutela impetrada sobre este punto de reclamación en los mismos alcances determinados por el Juez de garantías. Finalmente, respecto a la denuncia de lesión a los derechos a la dignidad y a la petición, es preciso señalar que conforme se tiene precisado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, a objeto de materializar su alcance y finalidad, y a partir de su naturaleza jurídica, la acción de libertad, está diseñada para la protección de derechos en cuatro dimensiones: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida; presupuestos de activación de este mecanismo procesal que en efecto en determinadas situaciones fácticas y por su directa vinculación con la libertad o la vida, han abarcado a su vez en su extensión protectiva al derecho a la dignidad; empero, en el presente caso, el peticionante de tutela no indicó de qué manera con la actuación traducida en dilación/omisión de la autoridad fiscal accionada y que motivó la interposición de esta acción, se hubiese lesionado dicho derecho, limitándose a su sola enunciación en un contexto general, razón por la que no amerita un pronunciamiento sobre el mismo; y, en cuanto al derecho de petición, el mismo no se encuentra dentro del rango de procedencia y activación en el marco de los cuatro presupuestos citados precedentemente, y menos aún de protección a través de la acción de libertad, máxime si se considera que lo solicitado, conforme fue analizado y resuelto ut supra, se trata de una pretensión procesal y no así una petición en su núcleo puro de derecho autónomo, por lo que sobre el mismo, tampoco corresponde efectuar mayor pronunciamiento, debiendo denegarse la tutela en relación a estos derechos. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada, actuó de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; y, 44.1 del Código Procesal Constitucional en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 44/2022 de 4 de agosto, cursante de fs. 25 a 26, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la lesión del derecho al debido proceso en su elemento celeridad, en directa vinculación con el derecho a la libertad, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional y en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2º DENEGAR la tutela solicitada, respecto a los derechos a la dignidad y a la petición, de acuerdo a las razones expuestas en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0576_2024-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 01983359836d307490b61537b6de94c454e5de2519155ecccbf549822a36df42
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