Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de junio de 2023
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; puesto que: 1) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o domética, se dispuso su detención domiciliaria sin permiso de trabajo, y en virtud a ello, en dos oportunidades solicitó al Juez ahora accionado, permiso de jornada laboral; empero, hasta la interposición de la acción tutelar, sus solicitudes no fueron atendidas, debido a que solo se emitieron decretos de méro trámite -a través de las cuales el Juez hoy accionado determinó en síntesis que debe solicitar audiencia conforme al procedimiento establecido por el art. 113 del CPP-, y no así un auto interlocutorio fundamentado enmarcándose en la norma legal, sobre todo si solicitó una modalidad de la detención domiciliaria y al encontrárse privado de libertad de locomoción a raíz de esa determinación, no puede conseguir los medios para subsistir y alimentar a su hijo; y, 2) Se encuentra indebidamente procesado e ilegalmente perseguido, debido a que su recurso de apelación incidental debió remitirse en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0576/2023-S3 Sucre, 14 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 46267-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión de la Resolución 14/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alan Alejandro Sillerico Segurondo en representación sin mandato de Eddy Arthur Torrejón de la Barra contra William Presvitero Rodriguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 24 de febrero de 2022, cursante de fs. 25 a 26, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), incorporado por el art. 84 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, se dispuso su detención domiciliaria sin permiso de trabajo; por lo que, en dos oportunidades adjuntando la documentación pertinente, solicitó permiso de jornada laboral, al efecto el Juez hoy accionado, decretó que solicite conforme a procedimiento; razón por la cual, pidió la corrección de procedimiento, recordándole que ese permiso no es más que una modalidad de la detención domiciliaria y no una modificación de medidas cautelares, conforme a la SCP 1166/2016-S2 de 7 de noviembre; sin embargo, dicha solicitud no fue atendida hasta la interposición de la acción tutelar, restringiendo sus derechos a la libertad de locomoción vinculado al debido proceso; puesto que, esa solicitud debió resolverse en veinticuatro horas.
Asimismo, se encuentra indebidamente procesado e ilegalmente perseguido, debido a que su recurso de apelación incidental debió remitirse en el plazo de veinticuatro horas, conforme a lo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23 y 24 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Que en el “día” se pronuncie respecto a su solicitud mediante un auto fundamentado, sin necesidad de audiencia al no tratarse de una modificación de medidas cautelares; y, b) La responsabilidad penal y civil del Juez ahora accionado, condenándole al pago de daños y perjuicios, sea con las formalidades de ley.
Celebrada la audiencia virtual el 25 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 34 a 35, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) Solicitó el permiso de jornada laboral; empero, el Juez ahora accionado contradiciendo lo dispuesto por el art. 124 del CPP, no emitió una respuesta fundamentada del por qué denegó o rechazó su petición, pues no se trata de emitir solamente un decreto de mero trámite sino que debió pronunciar un auto interlocutorio fundamentado, enmarcándose en la norma legal, más aún cuando esta solicitando una modalidad de la detención “preventiva”; 2) En el caso del permiso de la jornada laboral no se constituye en la modificación de medidas cautelares, ya que dicha medida es la detención domiciliaria; por lo que, no esta pidiendo que se levante la misma ni que se modifique por otra, según lo establece el art. “233 bis”; 3) Realizando una interpretación armónica de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1166/2016-S2 de 7 de noviembre y 0094/2021-S3 de 26 de abril, esta última establece en el Fundamento Jurídico III.1. sobre la modalidad de modificación de medidas sustitutivas; por cuanto, se destaca al Juez hoy accionado que al señalar en su informe ese fallo constitucional, el mismo no es aplicable a su caso; 4) El art. 113 del CPP, solamente fue modificado por la Ley 1173 en concordancia con los arts. 115 y 119 de la CPE; por ello, pidió en la acción tutelar las garantías “jurisdiccionales”, ya que, el citado art. 113 del CPP, se refiere a las reglas que se deben cumplir en las audiencias y de ninguna manera señala que ante una solicitud de jornada laboral se debe solicitar audiencia o la modificación de medidas cautelares, incumpliendo con ello, lo establecido por el art. 124 del CPP, y además que, el Juez hoy accionado emitió un decreto de mero trámite ante una solicitud que requiere un auto interlocutorio fundamentado; y, 5) El informe que emitió el Juez ahora accionado es falso al indicar que toda petición se debe realizar en audiencia, pues al contrario, según lo previsto por la Ley 1173 que modificó el procedimiento, abrió la posibilidad de que muchas solicitudes se dicten de manera escrita, incluso las excepciones e incidentes y otros actos procesales ya no requieren de audiencia, mucho menos el permiso de jornada laboral; por consiguiente, en su caso, el Juez hoy accionado debe dar lugar o rechazar su petición mediante dicho auto interlocutorio fundamentado, debido a que, se encuentra privado de libertad de locomoción con la detención domiciliaria y no puede conseguir los medios para subsistir y dar de comer a su hijo; por lo que, solicitó se ordene al Juez ahora accionado que se pronuncie en el fondo sobre la solicitud de modalidad de detención domiciliaria o permiso de jornada laboral. Ante las preguntas formuladas por el Juez de garantías, el accionante señaló que tiene veinticinco años de edad y que se le impuso la medida cautelar de detención preventiva “…por existir el elemento trabajo…” (sic), determinación que en apelación fue confirmada por el Tribunal de alzada. Asimismo, transcurrido tres meses a partir de dicha determinación, se le otorgó la cesación de la citada medida cautelar de carácter personal, por el transcurso del tiempo, encontrándose vigente el “riesgo de trabajo”; por ello, solicitó mediante Requerimiento Fiscal información sobre su actividad laboral y una vez que le entregaron la respectiva documentación -después de más de dos meses-, la misma adjuntó a la solicitud de permiso de jornada laboral.
William Presvitero Rodriguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 25 de febrero de 2022, cursante de fs. 29 a 30, manifestó que: i) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional, evidenció que el accionante mediante memorial presentado el “9” de igual mes y año, solicitó permiso de jornada laboral, que mereció en respuesta el decreto de 10 de ese mes y año, por el cual señaló “‘que el imputado tiene que adecuar su solicitud conforme a procedimiento de datos del proceso’’” (sic); así tambien, por memorial presentado el 16 de dicho mes y año, reiteró la referida solicitud, que derivó en el pronunciamiento del decreto de 17 del citado mes y año, a traves del cual, determinó que: “…el abogado de la defensa, plantee sus peticiones y recursos conforme a procedimiento, así como a actuados del proceso, tal cual claramente lo ha señalado el Art. 113 de la Ley 1173, que modifica el código de procedimiento penal, concordante con los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, toda petición debe observar el señalamiento de audiencias orales, en los que se cumpla la garantía jurisdiccional de igualdad de las partes’” (sic); ii) El accionante pretende hacer incurrir en error; puesto que, debió solicitar audiencia de modificación de medidas cautelares y no simplemente pedir el permiso de jornada laboral, debido a que en nuestra economía jurídica no existe la figura de permiso laboral, más aún con la vigencia de la Ley 1173; iii) Advirtió del error al accionante, denegándole en dos oportunidades sus peticiones al no adecuarse conforme a procedimiento, pues si bien hizo referencia a una “SENTENCIA CONSTITUCIONAL” que es de 2016, la misma fue superada por la SCP 0094/2021-S3 de 26 de abril; por cuanto, no es aplicable al caso y menos para la solicitud que pretendía en sus memoriales; asimismo, esa situación no puede subsanarla porque el error fue del accionante; iv) El art. 45.1 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, se refiere a las garantías para la víctima de violencia, el acceso a una justicia gratuita, real, oportuna, célere y efectiva, dentro de un plazo razonable, así como el “manual” para juzgar con perspectiva de género y el art. 15 de la CPE, exhorta a todo operador de justicia que en casos de violencia contra la mujer adopte las medidas necesarias para eliminar y sancionar la violencia de género; es decir, que la víctima tiene que participar en igualdad de oportunidades y la concesión de permisos laborales debe ser de su conocimiento a través del señalamiento de audiencia, con la finalidad de conocer su posición respecto a la pretensión que puede ser vulneratoria a sus derechos. De igual forma, el art. 113.I de la “LEY 1173”, señaló como principio que: “‘LAS AUDIENCIAS SE REALIZARÁN BAJO LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD, INMEDIACIÓN Y CONTINUIDAD…’” (sic); y, v) El accionante pretende hacer incurrir en error con la presentación errónea de la acción de libertad, al no evidenciarse de qué forma privó la libertad física o de locomoción del nombrado; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.
El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 36 a 38 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) Se evidenció que existe un proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, que se encuentra a cargo del Juez ahora accionado, en el cual de obrados se constató que existe un Mandamiento de Detención Domiciliaria de 20 de enero de 2022 y la Resolución 26/2022 de 10 de enero, emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; b) El accionante en audiencia de consideración de la acción de libertad señaló que tiene veinticinco años de edad y que pidió mediante Requerimiento Fiscal documentación sobre su actividad laboral a efectos de solicitar el permiso de jornada laboral; asimismo, manifestó que se dispuso la cesación de la detención preventiva por el transcurso del tiempo conforme a procedimiento. A través de la Resolución 482/2021 de 8 de octubre, se dispuso la medida de la “detención” del accionante por la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. “234 numeral 1”, que no se desvirtuó. Así tambien, el abogado del accionante aclaró que se otorgó la cesación de la detención preventiva por el transcurso del tiempo; c) Conforme a la jurisprudencia constitucional referida a la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, existen aspectos que se deben considerar, en los cuales de manera excepcional no es posible ingresar al fondo de la problemática planteada en la acción de defensa con la finalidad de guardar equilibrio y complementariedad entre las jurisdicciones ordinaria y constitucional; y, d) Se otorgó respuesta a los memoriales del accionante -presentados el 8 y 16 de febrero de 2022- de solicitud de jornada laboral, mediante decretos de 10 y 17 de igual mes y año; por cuanto, los agravios alegados en la acción tutelar tienen mecanismos de resolución ordinaria a los que puede acudir el nombrado, teniendo en cuenta la excepcionalidad del principio de subsidiariedad por tratarse de grupos vulnerables y el enfoque intersecconal en casos de violencia; ya que, se habría solicitado permiso de jornada laboral, pues como manifestó el accionante, se determinó la cesación a su detención preventiva por el transcurso del tiempo.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 8 de febrero de 2022, Eddy Arthur Torrejón de la Barra -ahora accionante-, solicitó al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, permiso de jornada laboral (fs. 8). II.2. Por memorial presentado el 16 de febrero de 2022, el accionante reiteró el permiso de jornada laboral ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz (fs. 9 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; puesto que: 1) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o domética, se dispuso su detención domiciliaria sin permiso de trabajo, y en virtud a ello, en dos oportunidades solicitó al Juez ahora accionado, permiso de jornada laboral; empero, hasta la interposición de la acción tutelar, sus solicitudes no fueron atendidas, debido a que solo se emitieron decretos de méro trámite -a través de las cuales el Juez hoy accionado determinó en síntesis que debe solicitar audiencia conforme al procedimiento establecido por el art. 113 del CPP-, y no así un auto interlocutorio fundamentado enmarcándose en la norma legal, sobre todo si solicitó una modalidad de la detención domiciliaria y al encontrárse privado de libertad de locomoción a raíz de esa determinación, no puede conseguir los medios para subsistir y alimentar a su hijo; y, 2) Se encuentra indebidamente procesado e ilegalmente perseguido, debido a que su recurso de apelación incidental debió remitirse en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’ (…). En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas nos corresponden). El art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece que: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. En cuanto a la procedencia de la acción de libertad, el art. 47 de la citada norma establece que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; y 4. Está indebidamente privada de libertad personal” (las negrillas nos corresponden). La jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0090/2018-S2 de 29 de marzo, establece que: “Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida. Para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, se dispone los siguientes supuestos para su activación, cuando: i) La vida se encuentre en peligro; ii) Exista persecución ilegal o indebida; iii) Haya procesamiento ilegal o indebido; y, iv) Exista privación de libertad indebida. En ese sentido, la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, resalta las siguientes características de la acción de libertad: …el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia ” (las negrillas son nuestras).
La SCP 1424/2016-S3 de 6 de diciembre, asumiendo los entendimientos sentados por el extinto Tribunal Constitucional, señaló que: “…la SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableció que: ‘I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas’”.
La norma prevista por el art. 239 del CPP, modificado por la Ley 1173, la Ley de Modificación a la Ley 1173 -Ley 1226 de 18 de septiembre de igual año-, y la Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente -Ley 1443 de 4 de julio de 2022-, establece los presupuestos de cese de la detención preventiva, referidos a: “1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; 4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación de infante, niña, niño o adolescente, infanticidio y narcotráfico o sustancias controladas; 5. Cuando la persona privada de libertad acredite debidamente que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal. En los casos de feminicidio, infanticidio y/o violación de de infante, niña, niño o adolescente solo aplicará la debida acreditación en caso de enfermedad terminal, mediante dictamen médico forense emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); y, 6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores; delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra, narcotráfico o sustancias controladas. Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.
En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos. En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código. La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente. Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 del presente Código” (las negrillas son añadidas). En ese marco, se tiene que uno de los presupuestos necesarios para dar lugar a la cesación a la detención preventiva, esta relacionado con el plazo establecido para esa medida cautelar, que deberá ser limitado en el tiempo, con la finalidad de que el Ministerio Público realice procedimientos investigativos; es decir, que ya no podrá ser indefinida y una vez que concluya el referido plazo, los representantes del Ministerio Público deberán informar el estado de la investigación y, en caso de ser necesario, podrán solicitar la ampliación de la detención preventiva del imputado.
El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de locomoción y al debido proceso; puesto que: i) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violencia familiar o domética, se dispuso su detención domiciliaria sin permiso de trabajo, y en virtud a ello, en dos oportunidades solicitó al Juez ahora accionado, permiso de jornada laboral; empero, hasta la interposición de la acción tutelar sus solicitudes no fueron atendidas, debido a que solo se emitieron decretos de méro trámite -a través de las cuales el Juez hoy accionado determinó en síntesis que debe solicitar audiencia conforme al procedimiento establecido por el art. 113 del CPP-, y no así un auto interlocutorio fundamentado enmarcándose en la norma legal, sobre todo si solicitó una modalidad de la detención domiciliaria y al encontrárse privado de libertad de locomoción a raíz de esa determinación, no puede conseguir los medios para subsistir y alimentar a su hijo; y, ii) Se encuentra indebidamente procesado e ilegalmente perseguido, debido a que su recurso de apelación incidental debió remitirse en el plazo de veinticuatro horas. De la revisión de antecedentes se advierte que el accionante mediante memoriales presentados el 8 y 16 de febrero de 2022, solicito y reiteró el permiso de jornada laboral ante el Juez ahora accionado (Conclusiones II.1. y II.2.). En ese sentido, cabe precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, se establece que en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados, en estos casos la acción de libertad operará solamente en razón de no haberse restituido los derechos afectados, a pesar de que se agotaron esas vías o mecanismos específicos. Bajo esas circunstancias y según el informe presentado por el Juez hoy accionado en la acción de libertad, se evidencia que ambos memoriales fueron atendidos; es decir, que el memorial presentado el “9” de febrero de 2022, a través del cual el accionante solicitó el permiso de jornada laboral, mereció en respuesta, el decreto de 10 de igual mes y año, en sentido “‘que el imputado tiene que adecuar su solicitud conforme a procedimiento de datos del proceso’’” (sic). A su vez, el memorial presentado el 16 de ese mes y año, reiteró dicha solicitud y mereció en respuesta el decreto de 17 del citado mes y año, refiriendo que: “…el abogado de la defensa, plantee sus peticiones y recursos conforme a procedimiento, así como a actuados del proceso, tal cual claramente lo ha señalado el Art. 113 de la Ley 1173, que modifica el código de procedimiento penal, concordante con los artículos 115 y 119 de la Constitución Política del Estado, toda petición debe observar el señalamiento de audiencias orales, en los que se cumpla la garantía jurisdiccional de igualdad de las partes’” (sic); es decir, que en el caso concreto ambas solicitudes obtuvieron una respuesta adecuada mediante su respectivo decreto, a través de los cuales el Juez ahora accionado dispuso que la indicada solicitud de permiso de jornada laboral se adecúe conforme a procedimiento, según lo previsto por el art. 113 del CPP; puesto que, el accionante de acuerdo a su pretensión, mediante memorial debió solicitar que se fije audiencia de modificación de medidas sustitutivas con la finalidad de pedir ese permiso de jornada laboral, cumpliendo con dichos decretos, previamente a dirigirse a la jurisdicción constitucional a través de la acción de defensa; por cuanto, debió agotar los medios idóneos que ofrece nuestro ordenamiento jurídico, antes de recurrir a la jurisdicción constitucional con la finalidad de cumplir con el carácter subsidiario de la acción de libertad, al no hacerlo, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En ese sentido, es necesario precisar que la medida cautelar de detención domiciliaria se encuentra prevista por el art. 231 bis numeral 9 del CPP, incorporado por el art. 11 de la Ley 1173, estableciendo que: “I. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan sostener que el imputado es con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares personales siguientes: (…) 9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral...”. Infiriendo de ello que la detención domiciliaria es una medida cautelar personal de carácter provisional, impuesta como una alternativa a la detención preventiva, ante circunstancias especiales determinadas en la normativa referida precedentemente. Esa medida excepcional restringe la libertad de ciertas personas, con la finalidad de cautelar, mientras prosiga la tramitación del proceso y se garantice la eficacia de la eventual sentencia condenatoria, evitando así la fuga del imputado. Asimismo, dicha restricción de la libertad personal se cumple en el propio domicilio o en el de otra persona sin vigilancia alguna o con lo que la Jueza, el Juez, o el Tribunal dispongan, constituyéndose en una medida sustitutiva a la detención preventiva, que tiene la posibilidad de ser rechazada o modificada en una audiencia, en la cual se solicite según las necesidades del accionante -adjuntando prueba objetiva-, el permiso de jornada laboral, al efecto la autoridad judicial debe señalar fecha y hora de audiencia con la finalidad de resolver su petición. Asimismo, conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3. de este fallo contitucional, se establece que, de la revisión de la norma prevista por el art. 239.2 del CPP, cuyo tenor es el siguiente: “…Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención”; se advierte, que la medida cautelar de detención preventiva podría cesar por el cumplimiento del plazo que hubiere sido establecido por la autoridad judicial, al momento de imponer dicha medida; por lo que, conforme a ello, se observa que en el caso en análisis, el abogado del propio accionante señaló en audiencia de consideración de la acción de libertad, que se le otorgó la cesación de dicha medida cautelar de carácter personal por el transcurso del tiempo;
es decir, considerando el tiempo de duración de la misma le correspondería la libertad al accionante; razón por la cual, no existe relevancia constitucional para ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; además que, en la acción tutelar no se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional, según lo expuesto precedentemente. Con relación al segundo acto vulneratorio señalado por el accionante dentro de la acción de libertad, respecto al recurso de apelación incidental que no fue remitido ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas, es necesario precisar que carece de congruencia con el petitorio y además no contiene una explicación clara sino más bien se observa como un acto procesal confuso porque no tiene contextualización con lo expresado en su memorial, pues si bien la acción de libertad se encuentra instituida como un mecanismo constitucional oportuno y eficaz de protección a los derechos fundamentales como son la vida y la libertad, prescindiendo de formalidades procesales; no es menos evidente que en el caso en particular, refiere a un acto procesal concreto sin proporcionar mayores precisiones y detalles que permitan determinar si existió o no dilación sobre la remisión del recurso de apelación mencionado, máxime si no explica con claridad contra qué auto interlocutorio se interpuso el recurso de apelación, y la fecha en la que se presentó; es decir, la fecha en la cual considera que se cometió el acto ilegal, o aparentemente se advierte que consigna como un error en la redacción del memorial de interposición de la acción tutelar; razón por la cual, no corresponde ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada con relación a este punto. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 36 a 38 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0576_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9d1ba4af7469b8c65af66c112476ca1cff4d5ca6a4f8247ad119b8326a938432
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