B.IA.LEGAL

SCP 0576/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de junio de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
Expediente
46347-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; y, del principio de celeridad; alegando que, fue sentenciado con veintidós años de privación de libertad, y en razón a su estado grave de salud, siendo que padece de “…Diabetes Mellitus Wagner tipo2 (…) y que en su momento se [l]e detect[ó] carcinoma en los riñones…” (sic); el 2 de diciembre de 2020, solicitó ante la Jueza demandada se le otorgue la detención domiciliaria, quien mediante decreto de 3 de igual mes y año, ordenó verificación del domicilio donde vivirá su persona y de sus garantes, causando demora en la resolución de dicha petición; siendo que, se encuentra debilitado en el Centro Penitenciario sin poder soportar el dolor; por lo que, a través de esta acción tutelar impetró se otorgue lo más favorable. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10 “A”/2020 de 29 de diciembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto a la dilación en el señalamiento de audiencia, disponiendo dejar sin efecto el decreto de 3 de diciembre de 2020, emitido por la autoridad demandada, debiendo resolver el asunto en audiencia de manera inmediata a la notificación con el presente fallo constitucional; y, 2º Llamar severamente la atención a Katty Loretta Viricochea Ríos y Omar Dante Rocabado Imaña, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por haber incurrido en los excesos advertidos al extralimitar sus funciones como Tribunal de garantías, en atención por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y que de reincidir en dicha conducta se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia. Precedentes jurisprudenciales en vigor, con carácter vinculante y obligatorio establecidos mediante avocación
  2. III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0576/2023-S2 Sucre, 14 de junio de 2023 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Brigida Celia Vargas Barañado Acción de libertad Expediente: 46347-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10 “A”/2020 de 29 de diciembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yessid Reina Pocoaca Pocoaca en representación sin mandato de Edwin Cahuaya Paucara contra Roxana Lupe Aruquipa Luna, Jueza de Sentencia Penal Tercera -en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero- de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de diciembre de 2020, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que siguió el Ministerio Público en su contra, por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, por Sentencia S-29/2020 de 13 de octubre, dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Quinto de El Alto del departamento de La Paz, fue condenado a veintidós años de privación de libertad mediante procedimiento abreviado, y toda vez que, su defensa anterior no pudo alegar que se encontraba en estado grave de salud ni tuvo la oportunidad de presentar diferimiento de la pena, la causa fue remitida al Juzgado de Ejecución Penal Primero de esa ciudad y departamento, ante el cual solicitó se le otorgue la detención domiciliaria; debido a que, su vida corría peligro, por padecer de diabetes tipo 2, como también se le detectó carcinoma en los riñones, debiendo guardar reposo total, por los dolores que le aquejan.

Asimismo, se consideren los informes que presentó ante la autoridad demandada, las documentales del domicilio donde vivirá, siendo que existió una demora de tres días en la resolución de su solicitud, y los dolores que padece son insoportables, y tal retraso “…desnaturaliza el carácter de celeridad a la petición…” (sic).

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la vida; y, del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 109 y 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la detención domiciliaria y expida el mandamiento respectivo.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de diciembre de 2020, según consta en acta cursante de fs. 14 a 15, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, ratificó in extenso los argumentos contenidos en el memorial de la acción tutelar, y ampliándolos manifestó que: a) La Jueza demandada no observó que el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad -Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002- en su art. 113, establece “…en cuanto a la enfermedades terminales vulnerando su derecho a la salud y a la vida…” (sic); b) Su pronóstico es a mediano plazo; ya que, es un paciente con diferentes cuadros y sintomatologías que pueden ser complicados y requiere de especialistas; y, c) La referida autoridad, por medio de una providencia, dispuso que se realice el verificativo del domicilio y se notifique al Ministerio Público; determinación que incumplió el citado Decreto Supremo, indica: “…no deben cumplirse estos requisitos y que debe emitirse la detención domiciliaria…” (sic).

I.2.2. Informe de la demandada

Roxana Lupe Aruquipa Luna, Jueza de Sentencia Penal Tercera -en suplencia legal del Juzgado de Ejecución Penal Primero- de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 29 de diciembre de 2020, cursante a fs. 23, sostuvo que: 1) El proceso penal se encontraba en ejecución de sentencia; 2) El 2 del mismo mes y año, el accionante impetró detención domiciliaria, que fue providenciada el 3 de igual mes y año, pidiendo previamente que por secretaría se le informe si cumplía los requisitos; y trabajo social verifique el domicilio de sus garantes; sin embargo, el impetrante de tutela no señaló las direcciones; y, 3) A causa del receso judicial, del 21 al 31 de ese mes y año, se remitió el proceso al “…Juzgado de Ejecución Penal Cuarto de la ciudad de La Paz…” (sic), para que pueda realizarse el seguimiento a su solicitud; por lo que, pidió se deniegue la tutela; debido a que, no se rechazó el beneficio de la detención domiciliaria, sino el cumplimiento de los requisitos.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 10 “A”/2020 de 29 de diciembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que una vez concluido el receso judicial, la Jueza demandada deberá expedir el mandamiento de detención domiciliaria, y en el plazo de veinticuatro horas la trabajadora social realizará el verificativo domiciliario, debiendo coadyuvar el accionante para tal acto y demás trámites; con base en los siguientes fundamentos: i) Se debe tomar en cuenta la SCP 0723/2019-S3 de 9 de octubre, respecto a los derechos a la vida y a la salud; ii) Conforme a las pruebas presentadas se evidenció un certificado médico que estableció “…que el acusado (…) padece de diabetes e hipertensión arterial y en sus recomendaciones refiere que merece un tratamiento con urgencia por especialidad” (sic); y, iii) Se presentó documentación de luz, agua y contrato de arrendamiento, donde refirió que habitará el impetrante de tutela; por lo que, en su calidad de Tribunal de garantías debe velar por la salud y la vida de los privados de libertad, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado que resguarda dichos derechos. El accionante solicitó complementación y enmienda a la citada Resolución, respecto a los agravios señalados; en sustanciación y resolución el Tribunal de garantías refirió que el fallo que dictó fue en términos claros y expresos, y al no existir mayores argumentos resolvió su rechazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 2 de diciembre de 2020, al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, el accionante “SOLICITA EL BENEFICIO DE LA DETENCIÓN DOMICILIARIA…” (sic [fs. 2 a 3 vta.]). II.2. Por decreto de 3 de igual mes y año, la Jueza demandada ordenó la verificación del domicilio donde radicaría el accionante y la de los garantes (fs. 4). II.3. Se tiene acta de audiencia de garantías de 29 del mismo mes y año, en la que por secretaría se informó la presencia de los sujetos procesales al estar en vacación judicial no se remitió ningún antecedente; dándose lectura al informe de la Jueza demandada y el accionante a su turno hizo conocer sus argumentos (fs. 14 a 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; y, del principio de celeridad; alegando que, fue sentenciado con veintidós años de privación de libertad, y en razón a su estado grave de salud, siendo que padece de “…Diabetes Mellitus Wagner tipo2 (…) y que en su momento se [l]e detect[ó] carcinoma en los riñones…” (sic); el 2 de diciembre de 2020, solicitó ante la Jueza demandada se le otorgue la detención domiciliaria, quien mediante decreto de 3 de igual mes y año, ordenó verificación del domicilio donde vivirá su persona y de sus garantes, causando demora en la resolución de dicha petición; siendo que, se encuentra debilitado en el Centro Penitenciario sin poder soportar el dolor; por lo que, a través de esta acción tutelar impetró se otorgue lo más favorable. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. El beneficio de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia. Precedentes jurisprudenciales en vigor, con carácter vinculante y obligatorio establecidos mediante avocación

La SCP 0354/2022-S4 de 19 de mayo, estableció que: «Ante el uso discrecional del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia efectuado por los administradores de justicia –Jueces de Ejecución Penal–, entre otros, quienes bajo un paraguas de interpretación diversa sobre los alcances de la protección del derecho a la vida y salud, llegaron en algunos casos en su aplicación a emitir disposiciones contrarias a la normativa vigente, haciendo uso inadecuado de dicho beneficio, generando una total inseguridad jurídica; la Sala Plena de este Tribunal determinó en uso de su atribución de avocación, establecer los precedentes jurisprudenciales en vigor respecto al merituado beneficio, los cuales tienen carácter vinculante y obligatorio a casos análogos; enfatizando que, la vinculatoriedad señalada opera no solamente de manera vertical sino también horizontal en el manejo de la jurisprudencia de las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; dado que, tiene por objeto fijar pautas, directrices y guías para la interpretación del ordenamiento jurídico, con la finalidad de lograr coherencia, universalidad y la predictibilidad de los fallos; todo esto, plasmado en la Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación 0001/2022 de 31 de marzo; la cual, con relación al beneficio indicado; instituyó que: “Para poder comprender el indicado beneficio, es menester partir de las siguientes precisiones relativas a la pena y principalmente la finalidad que busca; así, según lo previsto por el art. 3 de la LEPS, con relación a la finalidad de la pena, a su letra estipula que: ‘La pena tiene por finalidad, proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través de una cabal comprensión y respeto de la Ley’; a su vez, el art. 25 del Código Penal (CP), establece que: ‘La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial’; así también, el art. 27 del referido el sustantivo penal, determina que: ‘Son penas privativas de libertad: 1) (Presidio).- El presidio se aplicará a los delitos que revistan mayor gravedad y tendrá duración de uno a treinta años. En los de concurso el máximo no podrá, en ningún caso, exceder de treinta años. 2) (Reclusión).- La reclusión se aplicará a los delitos de menor gravedad y su duración será de un mes a ocho años. 3) (Aplicación).- Tratándose de cualquiera de estas sanciones, el juez podrá aplicar una u otra en conformidad con el artículo treinta y siete’. De la normativa desglosada supra; se concluye que, la pena tiene como finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado, a través de una cabal compresión y respeto a la ley; bajo cuyo razonamiento, el constituyente ha previsto que en Bolivia: ‘La máxima sanción penal será de treinta años de privación de libertad, sin derecho a indulto’ (art. 118.II de la CPE), para aquellos delitos que revistan mayor gravedad; en cuyo entendimiento, tal penalidad se encuentra determinada en el sustantivo penal para delitos como ser: asesinato; feminicidio; parricidio; infanticidio; violación de infante, niña, niño o adolescente, entre otros. Ahora bien, en la máxima sanción penal prevista por el Estado boliviano, el término sin derecho a indulto, conlleva la imposibilidad de acceder a ciertos beneficios penitenciarios en ejecución de sentencia; aspecto fundamental, cuya distinción constituye punto de partida para el caso en análisis. En ese marco, corresponde ahora remitirnos a los presupuestos normativos para la aplicación de la detención domiciliaria en ejecución de sentencia, que nos ocupa, en cuyo contexto; se tiene que, el art. 55 inc. 2) del CPP, señala que los Jueces de Ejecución Penal tienen la atribución de la sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución.

Por su parte el art. 428 parte inicial, del mismo Código, de manera similar; estipula que, las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución. Asimismo, el art. 432 del adjetivo penal, determina que tanto la Fiscalía como el condenado podrán plantear incidentes relativos a la ejecución de la pena, añadiendo que, el incidente será resuelto por el juez de ejecución penal, en audiencia oral y pública, convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción, Resolución que podrá ser apelada ante la Corte Superior de Justicia –hoy Tribunal Departamental de Justicia–. Disposiciones normativas concordantes con el art. 19.1 de la LEPS, que de manera expresa; determina que, el Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y controlar, la Ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución. Ahora bien, con relación al incidente de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, el precitado cuerpo legal, estableció lo siguiente: ‘ARTÍCULO 93 (Enfermedades Graves y Contagiosas).- Cuando el interno contraiga enfermedad grave y/o contagiosa o se le diagnostique enfermedad terminal, el Director del establecimiento, previo dictamen médico, autorizará su traslado a un Centro de Salud adecuado o en su caso solicitará al Juez de Ejecución su detención domiciliaria. ARTÍCULO 196 (Detención Domiciliaria).- Los condenados que hubieran cumplido la edad de 60 años, durante la ejecución de la condena, podrán cumplir el resto de la misma en Detención Domiciliaria, salvo aquellos que hubiesen sido condenados por delitos que no admitan Indulto. Los condenados que padezcan de una enfermedad incurable, en período terminal, cumplirán el resto de la condena en Detención Domiciliaria. ARTÍCULO 197 (Internas Embarazadas).- Las internas que se encuentren embarazadas de seis meses o más, podrán cumplir la condena impuesta en Detención Domiciliaria, hasta noventa días después del alumbramiento.

ARTÍCULO 198 (Condiciones).- La Resolución que disponga el cumplimiento de la condena en Detención Domiciliaria, impondrá las reglas de comportamiento y supervisión correspondientes. El procedimiento para la autorización de la Detención Domiciliaria, se regirá por lo dispuesto en el artículo 167 de la presente Ley. ARTÍCULO 167 (Salidas Prolongadas).- Los condenados clasificados en el período de prueba, podrán solicitar al Juez su salida prolongada, por el plazo máximo de quince días, cumpliendo los siguientes requisitos: 1. No estar condenado por delito que no permita indulto; 2. Haber cumplido por lo menos dos quintas partes de la pena impuesta; 3. No haber sido sancionado por faltas graves o muy graves en el último año; y, 4. Ofrecer dos garantes de presentación. Las salidas prolongadas sólo podrán concederse una vez por año’. Complementando las disposiciones anotadas supra, el Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad –Decreto Supremo (DS) 26715 de 26 de julio de 2002–, sobre la detención domiciliaria en sus arts. 110, 113 y 114, establece que los mayores de sesenta años que no se hallen condenados por delito que no permite indulto, mujeres embarazadas, los que padezcan enfermedad incurable en periodo terminal y los enfermos de VIH y SIDA, podrán acogerse a la detención domiciliaria. Con relación a la enfermedad incurable, el precitado art. 113 del Reglamento indicado, señala que: ‘I. El interno que sufra una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir el resto de su condena en detención domiciliaria. II. Se considerará enfermedad incurable en período terminal aquélla que, conforme los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce (12) meses. A tal fin, se aplicarán los criterios generales vigentes en las distintas especialidades médicas. III. La otorgación del beneficio no estará supeditada a la consideración del delito por el cual el interno cumple condena ni al período del sistema progresivo en el que se encuentre’.

Finalmente, sobre el procedimiento previsto para la otorgación de detención domiciliaria, el prenombrado Reglamento, determina en su art. 111, que: ‘I. Recibida la solicitud, el Juez de Ejecución Penal, dentro de los cinco días hábiles siguientes, dictará Resolución concediendo o negando la detención domiciliaria. II. En caso de concederla podrá imponer las restricciones y reglas de comportamiento que considere convenientes cuidando que las mismas no afecten la dignidad del interno ni desnaturalicen la finalidad de la detención domiciliaria. III. La negativa de la solicitud deberá ser fundamentada. IV. La resolución del Juez de Ejecución podrá ser objeto de apelación incidental’” En ese marco, el mismo fallo constitucional de avocación, puntualizó los precedentes en vigor emergentes; estableciendo que: “i) Se unifica la línea jurisprudencial emitida respecto a la aplicación de dicho beneficio cuando se alega causal de enfermedad; determinando que: No corresponde el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia vinculado a enfermedad, si el condenado no ha sido diagnosticado con enfermedad en fase terminal, conforme a lo previsto por el art. 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad; dejando establecido que aquello no va en desmedro de los derechos a la salud y la vida de los privados de libertad; toda vez que, como ya se determinó en el Fundamento Jurídico II.3.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación, tales derechos cuentan con otros mecanismos y/o recursos en ejecución de sentencia, para la atención y tratamiento de las enfermedades leves, graves y/o crónicas; ya que, el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia ha sido previsto únicamente para las enfermedades que pueda padecer el condenado, que se encuentren en fase terminal, es decir, que conforme a los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce meses. ii) En ese contexto, para evitar la valoración discrecional de los juzgadores al momento de conceder o no el beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia; y, tomando en cuenta que los administradores de justicia carecen de la pericia necesaria para determinar si el cuadro expresado por el profesional médico se trata o no de una enfermedad en fase terminal, se establece nuevos entendimientos respecto a la emisión del dictamen médico que sustente una solicitud del merituado beneficio en la que se alegue la concurrencia de una enfermedad, determinando que el profesional médico que emita el referido dictamen debe puntualizar de manera expresa la concurrencia de los presupuestos establecidos en el art. 113 del Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad, es decir, precisando: a) Cuál la enfermedad incurable diagnosticada al interno que pretende acogerse a la detención domiciliaria; y, si la misma se encuentra en período terminal; y, b) Si conforme a los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, se establece que dicha enfermedad no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce meses. Así también; se estableció que, por la trascendencia de la decisión que debe tomar la autoridad jurisdiccional, amerita que sea ésta con base a la mayor acreditación objetiva del estado de salud del incidentista, quien en caso de falta de claridad o imprecisión en la certificación emitida por el médico profesional, podrá solicitar nuevos dictámenes médicos que puedan darle certeza sobre el cuadro clínico del solicitante, para poder así valorar si el incidentista padece de una enfermedad en grado terminal o no. Por otro lado, cuando el dictamen médico que respalde una solicitud del beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, sea emitido en casos vinculados a los delitos de violencia de género, éste debe ser obligatoriamente homologado por médico forense del IDIF; ello, conforme a lo previsto por los arts. 64, 67 y 95.1 de la Ley 348. iii) Se determina la necesidad de modular la línea jurisprudencial emitida con relación a la facultad de impugnación de la víctima y el Ministerio Público en cuanto al beneficio de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, a la luz del principio de impugnación que rige a la jurisdicción ordinaria, consagrado por el art. 180.II de la Ley Fundamental; estableciendo que, ambos actores procesales están facultados para conocer e impugnar el citado beneficio, al poseer tanto la víctima como el Ministerio Público un interés legítimo al respecto; la primera como objeto de agravio del ilícito que origino la pena (art. 121.II de la Norma Suprema); y, el segundo bajo su rol de defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad (arts. 225.I de la CPE; y, 2, 3 y 12.8 de la LOMP). iv) En aplicación a lo estipulado por el art. 80 de la Ley 348; y, en el marco de la debida diligencia; se establece que, toda autoridad judicial que en ejecución de sentencia otorgue el beneficio de detención domiciliaria –por haber cumplido todos los presupuestos necesarios–, en casos vinculados a los delitos tipificados por el art. 7 de la referida Ley, deberá aplicar las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer que se encuentra en situación de violencia, y a sus hijas e hijos o su núcleo familiar; medidas, que deberán establecerse al momento de aplicar lo previsto por los arts. 198 y 199 de la LEPS, resguardando de esta forma prioritaria a las víctimas de violencia de género, sus derechos a la vida y a vivir libre de violencia; ello, con la finalidad de evitar su revictimización –en el entendido de que el término víctima abarca de igual manera a la familia inmediata de la víctima directa del ilícito que origino la pena–, e impedir cualquier acercamiento con el condenado”» (las negrillas y el subrayado fueron agregados).

III.2. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Sobre este tema, la SCP 0420/2021-S2 de 16 de agosto, estableció lo siguiente: «La SC 0044/2010-R de 20 de abril, respecto al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, refirió: “…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”. Bajo esta línea de entendimiento, la misma jurisprudencia constitucional ha recogido el desarrollo doctrinal sobre los tipos de acciones de libertad introduciendo precisamente como un componente de los alcances de la tutela que brinda la misma, en su modalidad traslativa, la cual se encuentra reconocida implícitamente por el art. 125 de la CPE. En el orden señalado, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”. La SCP 0571/2012 de 20 de julio, refirió: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘(…) se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”. Por otra parte, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, de igual manera puntualizó: “...la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. (…) De todo lo anteriormente glosado, se puede concluir que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (el resaltado y subrayado corresponden al texto original).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la vida y a la salud; y, del principio de celeridad; alegando que, fue sentenciado con veintidós años de privación de libertad, y en razón a su estado grave de salud, que padece de “…Diabetes Mellitus Wagner tipo2 (…) y que en su momento se [l]e detect[ó] carcinoma en los riñones…” (sic); el 2 de diciembre de 2020, solicitó ante la Jueza demandada se le otorgue la detención domiciliaria, quien mediante decreto de 3 de igual mes y año, ordenó verificación del domicilio donde vivirá su persona y de sus garantes, causando demora en la resolución de dicha petición; siendo que, se encuentra debilitado en el Centro Penitenciario sin poder soportar el dolor; por lo que, a través de esta acción tutelar impetró se otorgue lo más favorable. Para resolver el presente caso, según informan los datos del proceso, el impetrante de tutela solicitó detención domiciliaria ante al Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz (Conclusión II.1); a lo que la Jueza demandada mediante decreto de 3 de diciembre de 2020, previamente ordenó la verificación del domicilio donde radicarán el accionante y los garantes, respectivamente (Conclusión II.2); por lo que, la problemática en cuestión se centra en la demora de respuesta por parte de la citada autoridad. Respecto al incidente de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación, determinó que: a) Los condenados que hubieran cumplido la edad de sesenta años durante la ejecución de condena, a excepción de los que fueron condenados por delitos que no admitan indulto, podrán cumplir el resto de la condena en detención domiciliaria; b) Las internas que se encuentren embarazadas de seis meses o más podrán cumplir su condena con dicho beneficio hasta noventa días después del alumbramiento; y, c) Los internos que contraigan enfermedad grave, contagiosa o terminal, previo dictamen médico serán trasladados a un centro de salud y en su caso podrán solicitar al juez de ejecución la citada detención. Únicamente corresponde la misma vinculada a enfermedad, si el condenado fue diagnosticado con fase terminal, aclarando que los derechos a la salud y a la vida de los privados de libertad cuentan con otros mecanismos y/o recursos en ejecución de sentencia, para la atención y tratamiento de las enfermedades leves, graves y/o crónicas; ya que, el referido beneficio en ejecución de sentencia fue previsto solo para las enfermedades que pueda padecer el condenado, que se encuentren en fase terminal; es decir, que conforme a los conocimientos científicos y los medios terapéuticos disponibles, no pueda interrumpirse o involucionar y de acuerdo a la experiencia clínica y lleve al deceso del interno en un lapso aproximado de doce meses. Así también, refiere que tanto el Ministerio Público como el sentenciado podrán plantear incidente relativo a la ejecución de la pena, añadiendo que, el mismo será resuelto por el juez de ejecución penal en audiencia oral y pública, convocada dentro de los cinco días siguientes a su promoción; resolución que podrá ser apelada ante el Tribunal Departamental de Justicia. En ese entendido, la Jueza demandada antes de dictar el decreto de 3 de diciembre de 2020, conforme a la jurisprudencia desglosada, así como, la normativa y procedimiento vigentes, debió señalar audiencia de consideración de tal incidente en el plazo legal correspondiente, y previo a verificar ciertos requisitos que hacen a esta solicitud de detención domiciliaria en ejecución de sentencia, emitir pronunciamiento respecto a otorgar o rechazar dicho incidente; ya que, la revisión de tales aspectos no corresponden a este Tribunal, como pretende el accionante. Bajo ese entendido, conforme establece el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el fin de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Es así que, del análisis del presente caso y la revisión de antecedentes se advierte que la denuncia que realiza el impetrante de tutela a través de su representante respecto a la vulneración de sus derechos invocados, con relación a que la Jueza demandada causó demora en la resolución de su solicitud de detención domiciliaria, se evidencia que dicha autoridad incumplió con el plazo legal para el señalamiento de audiencia de resolución; ya que, dicha pretensión data de 2 de diciembre de 2020, y a partir de esa fecha tenía que fijar el referido verificativo en el plazo de cinco días. Sin embargo, al momento de la presentación de esta acción tutelar, la Jueza demandada se encontraba de vacación, quedando la causa en el juzgado de turno, conforme se dio lectura de su informe escrito en audiencia de garantías “…el receso judicial de fin de año del 21 al 31 de diciembre de 2020 por lo que se remite el proceso al Juzgado de Ejecución Penal cuarto de la ciudad de La Paz para que el accionante pueda realizar el seguimiento de su solicitud…” (sic [Conclusión II.3]); por lo que, dicha autoridad debió resolver esa solicitud y no limitarse a remitir la causa, incurriendo en un dilación innecesaria, más aún cuando se trata de una persona privada de libertad y no haber resuelto dentro del plazo que establece la norma, además, de ordenar las verificaciones domiciliarias pertinentes posterior a ello, en caso de otorgar dicho beneficio; siendo que, al momento de la formulación de la acción de libertad no tenía dominio del expediente; por lo que, corresponde ordenar a la autoridad que tenga el control de la causa, resuelva la situación del solicitante de tutela con la debida celeridad. En aplicación de lo expresado precedentemente, corresponde dar por certeras tales aseveraciones vertidas por el accionante respecto a la dilación que reclama; ya que, la autoridad demandada al no haber resuelto la solicitud en cuestión, en el plazo previsto en la normativa legal vigente, imposibilitó que se dilucide de manera oportuna la requerida detención domiciliaria, generando demora injustificada; siendo su labor evitar que cualquier actuar en el desempeño de sus funciones, conlleve a la demora en el tratamiento de peticiones de personas que estén privadas de libertad; más aún cuando en el presente caso, el impetrante de tutela denuncia que su vida está en peligro; por lo que, corresponde otorgar la tutela requerida bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho, cuya finalidad es acelerar los trámites judiciales y administrativos cuando existen dilaciones indebidas, como en este caso en particular.

III.4. Otras consideraciones

Finalmente, resulta pertinente referirse a lo dispuesto por el Tribunal de garantías, quien en su Resolución 10 “A”/2020 de 29 de diciembre, a tiempo de conceder la tutela solicitada, determinó la detención domiciliaria a favor del accionante, estableciendo reglas y condiciones para tal efecto, llegando inclusive a valorar extremos que no le corresponden, cual si se tratase de un juez ordinario; sobre esa actuación, la SCP 1235/2012 de 7 de septiembre, refiriéndose a la función específica del Tribunal Constitucional Plurinacional prevista en el art. 196.I de la CPE, precisó que: “…su labor se rige por ese mandato, no pudiendo bajo ningún concepto ejercer labores que la Ley específicamente atribuye a otra jurisdicción como la ordinaria, a quien le corresponde conocer las causas sometidas a su competencia, resolviendo cuestiones de hecho y de derecho. En cambio, esta jurisdicción resuelve sólo asuntos de derecho en los cuales se alegue lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicho de otro modo, la competencia de la jurisdicción constitucional, está definida por el citado precepto constitucional, no correspondiendo ingresar a pronunciarse sobre aspectos que le son propias a la jurisdicción ordinaria, lo contrario, implicaría desconocer las específicas funciones asignadas por la Norma…” (énfasis agregado); en el caso que se analiza, si bien el referido Tribunal funge como autoridad de la jurisdicción ordinaria -Jueces del Tribunal Sentencia Penal-; no obstante, para el conocimiento de esta causa actuó en calidad de Tribunal de garantías; en ese contexto, su accionar se apartó del marco constitucional y jurisprudencial descrito precedentemente.

En consecuencia, el Tribunal de garantías al haber concedido la tutela solicitada, aunque con diferente alcance, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10 “A”/2020 de 29 de diciembre, cursante de fs. 16 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, únicamente respecto a la dilación en el señalamiento de audiencia, disponiendo dejar sin efecto el decreto de 3 de diciembre de 2020, emitido por la autoridad demandada, debiendo resolver el asunto en audiencia de manera inmediata a la notificación con el presente fallo constitucional; y, 2º Llamar severamente la atención a Katty Loretta Viricochea Ríos y Omar Dante Rocabado Imaña, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por haber incurrido en los excesos advertidos al extralimitar sus funciones como Tribunal de garantías, en atención por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y que de reincidir en dicha conducta se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0576_2023-S2.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): d970763feff8809138bdc64d72651b49de4879c3b9e1f72bdaa726e041dee5ac

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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