Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de mayo de 2025
Concede en parte la tutela
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo previsto y sancionado por el art. 331 del CP, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz desde el 28 de mayo de 2022, en virtud del mandamiento de condena de tres años de presidio, conforme a la Sentencia 15/2022 de 24 de mayo, dictada en procedimiento abreviado por el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del mencionado departamento -ahora demandado-; sin embargo, dicha autoridad judicial: a) No remitió oportunamente el expediente al Juez de Ejecución Penal de turno, impidiendo así el ejercicio del control jurisdiccional en la fase de ejecución de sentencia; y, b) Obstaculizó la posibilidad de solicitar la suspensión condicional de la pena, debido a que el expediente no se encontró disponible en el Juzgado de la autoridad -ahora demandada-. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad innovativa; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 14/22 de 19 de diciembre de 2022, cursante de fs. 66 vta. a 67 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en cuanto al primer agravio planteado, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada en cuanto al segundo agravio planteado, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados expuestos en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0575/2025-S1 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52591-2023-106-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/22 de 19 de diciembre de 2022, cursante de fs. 66 vta. a 67 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mirian Nela Aguilar Ramos en representación sin mandato de Wilson Aguilar Ramos contra Miguel Borjas Borjas, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 16 de diciembre de 2022, cursante de fs. 30 a 31 vta., la parte impetrante de tutela, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Gabriel Armando Aucachi en su contra, por la presunta comisión del delito de robo previsto y sancionado por el art. 331 del Código Penal (CP), “caso: FELCV-SIV N° 64/2022”, desde el 28 de mayo del mencionado año, por más de ocho meses y once días, estaba detenido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, con un mandamiento de condena de tres años emitido por el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-. Fue trasladado a dicho Centro Penitenciario y desde entonces cumple su condena, a pesar de que el art. 232.5 del Código de Procedimiento Penal (CPP), establece que no procede la detención en un establecimiento cuando se puede demostrar arraigo natural, tampoco se puede vulnerar el derecho a la libertad. Sucede que el ahora solicitante de tutela nunca tuvo documento de identidad; razón por la cual, su representante se encuentra reuniendo documentos como el registro civil antiguo, certificado de bautismo, certificado de permanencia y conducta, informe psicológico, informe médico, certificado de inexistencia de registro civil emitido por el Servicio de Registro Cívico (SERECI), inexistencia de Registro Único de Estudiantes (RUDE) de la Dirección Departamental de Educación; sin embargo, a efectos de obtener el certificado de nacimiento del ahora accionante, acudió ante diversas Oficialías de Registro Civil, quienes manifestaron que el SERECI cumple con el servicio de otorgar dicho certificado en el Centro Penitenciario Palmasola; no obstante, desde el mes de agosto de 2022, no se cuenta con ese servicio en el indicado Centro Penitenciario. Por lo expuesto, solicita que se conceda la acción de libertad, adjuntando la documentación correspondiente, a fin de que, en libertad, pueda gestionar sus documentos personales. Asimismo, señala que se encuentra con la salud debilitada, con tos persistente, situación que le generó una gran preocupación.
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad, sin citar normas constitucionales que las contenga.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se convoque a la audiencia respectiva en el plazo establecido al efecto.
Celebrada la audiencia pública el 19 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 66 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando sus fundamentos, señaló que: a) Se interpuso la presente acción de libertad contra el Juez ahora demandado; toda vez que, el expediente no se encontraba disponible en el Juzgado, lo que impidió solicitar la suspensión condicional de la pena; puesto que, conforme a la documentación presentada por el mencionado Juez, se evidencia que el ahora solicitante de tutela fue condenado a cumplir una pena de tres años, lo que le habilitaba a tal beneficio; b) Con referencia al principio de subsidiariedad, se establece que debe existir el control jurisdiccional en todas las fases del proceso, al existir una Sentencia condenatoria ejecutoriada; lo que el ahora demandado debió hacer, es remitir el expediente al Juez de Ejecución Penal; dicho omisión motivó la interposición de la presente acción de libertad; y, como consecuencia, el expediente apareció y fue remitido ante el mencionado Juez el mismo día 19 -no señala mes-, estableciéndose finalmente el control jurisdiccional respectivo, aunque no se sabe quién es; c) Al haberse remitido las actuaciones, ya se hubiese cumplido el fin de la presente acción de libertad; sin embargo, invocó la SCP 0916/2014 de 12 de mayo, que establece la obligatoriedad del control jurisdiccional en fase de ejecución de sentencia; por lo tanto, solicitó se conceda la tutela o, en su defecto, se llame la atención al Juez ahora demandado por la omisión incurrida.
Miguel Borjas Borjas, Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito, presentado el 19 de diciembre de 2022, cursante a fs. 65 y vta., señaló que: 1) El ahora accionante fue sentenciado a cumplir una condena de tres años de presidio en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, según estableció la Sentencia 15/2022 de 24 de mayo, al haberse acogido voluntariamente a una salida alternativa al firmar un acuerdo y reconociendo su culpabilidad, manifestando su conformidad con la pena establecida y renunciando al juicio oral, público y contradictorio, así como al recurso de apelación; dicha Sentencia, se encuentra debidamente ejecutoriada, conforme el Certificado de Ejecutoria de 25 de mayo de dicho año, que es la última actuación del cuaderno procesal; asimismo señaló que, en adelante nadie se apersonó a preguntar sobre dicho proceso; 2) Se extraña la mala fe del ahora impetrante de tutela, indicó que se encuentra indebidamente detenido, sin especificar cuál fue el derecho o garantía que se hubiera vulnerado; asimismo, la presente acción tutelar no tiene ningún fundamento conforme establece el art. 125 de la Constitución Política del estado (CPE), tampoco se cumplió con la subsidiariedad que es importante interponer la presente acción de defensa; 3) Se envió una copia de la Sentencia 15/2022 al Juez de Ejecución Penal de turno para el cómputo de la pena; y de igual forma, se envió otra copia a la Oficina del REJAP; por lo que, solicitó se deniegue la tutela.
El Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución de 14/22 de 19 de diciembre de 2022, cursante de fs. 66 vta. a 67 vta., concedió la tutela solicitada y llamó la atención al Juez ahora demandado para que en el futuro evite incurrir en acciones u omisiones dilatorias que vulneren derechos y garantías de los procesados; con base en los siguientes fundamentos: i) Que el art. 430 del CPP, obliga al Juez -ahora demandado- a remitir copias autenticadas de la Sentencia ejecutoriada al Juez de Ejecución Penal, dicha remisión se efectuó con más de seis meses de retraso, incumpliendo lo que se entiende como un plazo razonable que no debe sobrepasar tres días; en el presente caso, la Sentencia 15/2022 de 24 de mayo de procedimiento abreviado fue ejecutoriada el 25 de mayo del mencionado año, y recién se remitió el expediente el 19 de diciembre de dicha gestión; ii) A la fecha de celebración de la audiencia de consideración de la acción de libertad, efectivamente se cumplió con la observación que realizó la parte ahora accionante, ya que el mencionado Juez cumplió con dicha remisión aunque tardía; sin embargo, su cumplimiento fue en virtud a la acción de libertad planteada en su contra; toda vez que, la misma se notificó a dicho Juez el sábado 17 del mismo mes y año, a horas 10:32 y la remisión se realizó el 19 de igual mes y año; por lo que, justamente esta acción es la que generó que la autoridad ahora demandada cumpla con la omisión en la que habría incurrido; iii) En ese contexto, se reconoce la procedencia de la acción de libertad bajo la modalidad innovativa, conforme a la SCP 0595/2015-S3 de 5 de junio y a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, las cuales establecen que aun cuando la omisión haya sido subsanada, la acción de libertad puede concederse para evitar la impunidad en actos lesivos al derecho a la libertad, ya que la misma procede a efectos de tutelar una situación de dilación indebida cuando ésta ha cesado; en consecuencia, concedió la tutela solicitada en resguardo del derecho del peticionante de tutela a acceder oportunamente a beneficios penitenciarios.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Consta Certificado de Nacimiento de Wilson Aguilar Ramos -ahora accionante-; Certificado de Inexistencia de Partida de Registro Civil; Certificado de Bautismo; Certificado de Verificación de Registro en el Sistema de la Dirección Departamental de Educación; Informe Médico de 22 de junio de 2022, emitido por el Médico del Centro Penitenciario de Palmasola de Santa Cruz; todos concernientes a Wilson Aguilar Ramos -ahora accionante-; Informe Social “CITE T.S. N° 70-A/2022 D.D.R.P-SC”, emitido por la Trabajadora Social del Régimen Penitenciario del citado departamento; Certificado de Permanencia y Conducta emitido por el Director del mencionado Centro (fs. 1 a 8); Acta de Verificación de Domicilio 0497/2022 de 13 de junio (fs. 11); Aviso de cobranza por consumo de energía eléctrica de la “Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CREE)” y Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado (COOPLAN) (fs. 19); y, Certificado de Trabajo Futuro de 16 de diciembre de mencionado año (fs. 29). II.2. Cursa Sentencia 15/2022 de 24 de mayo, dictada en procedimiento abreviado por el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, mediante la cual se resuelve:
“…RESUELVE.-
Que en apego a Dios y el artículo 115 Constitución Política del Estado en aplicación del artículo 233 num. 1 y 2) C.P.P da por aprobado los elementos de la Autoria y consecuentemente al haberse acogido a un acuerdo legal para procedimiento abreviado el suscrito juez DICTA SENTENCIA CONDENANDO de conformidad al art. 365 C.P.P a la pena de presidio de tres años a cumplirse en el centro de REHABILITACIÓN DE PALMASOLA, al imputado WILSON AGUILAR RAMOS en el PC-4 del centro de Rehabilitación Palmasola” (sic [fs. 55 a 58]). II.3. Se tiene Certificado de Ejecutoria de 25 de mayo de 2022, emitido por la Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, por el que certifica:
“Que la Sentencia Nº 15/22, de 24 de Mayo del año 2022 cursante a fojas 9 a fs. 11 del cuaderno procesal. Dictada dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de Gabriel Armando Aucachi Flores en contra WILSON AGUIAR RAMOS; al haber sido notificadas legalmente las partes como consta en el cuaderno procesal y al no presentar ningún recurso posterior; a la fecha, se encuentra plenamente EJECUTORIADO.” (sic [fs. 53]). II.4. Cursa Mandamiento de Condena de 24 de mayo de 2022, emitido por el Juez ahora demandado, por el que:
“MANDA Y ORDENA: Al Sr. Señor Gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz – Palmasola PC-4, para que lo tenga bajo su segura custodia y responsabilidad en calidad de CONDENADO a:
WILSON AGUILAR RAMOS
C.I. Nº NO PORTA En cumplimiento a la Sentencia condenatoria de fecha 24 de Mayo de 2.022, por haber adecuado su conducta en el tipo penal de ROBO, previsto y sancionado por el Arts. 331 del Código Penal, habiendo sido condenado a una pena privativa de libertad de TRES AÑOS, debiendo cumplirse dicha condena en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz – Palmasola CASO FELCV-SIV-Nº64/2022.” (sic [fs. 54]). II.5. Consta Nota Cite Of. 568/2022 de 15 de diciembre, suscrito por el Juez ahora demandado, remitido ante el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cuyo cargo de recepción consigna 19 de igual mes y año, mediante el cual se señala lo siguiente:
“En fojas (14) catorce útiles, remito a su autoridad fotocopias legalizadas dentro del proceso penal que le sigue el MINISTERIO PÚBLICO contra WILSON AGUILAR RAMOS por el Delito ROBO, para que por intermedio de su autoridad se haga llegar al Juzgado de Ejecución Penal de Turno, para su posterior diligenciamiento.” (sic [fs. 63]). II.6. Consta Nota Cite Of. 567/2022 de 15 de diciembre, suscrita por el Juez ahora demandado, remitido ante el Director del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), cuyo cargo de recepción consigna 19 de igual mes y año, mediante el cual se señala lo siguiente:
“En fojas (14) catorce útiles, remito a su autoridad fotocopias legalizadas dentro del proceso penal que le sigue el MINISTERIO PÚBLICO contra WILSON AGUILAR RAMOS por el Delito ROBO para su respectivo registro conforme establece el art. 440 del C.P.P. en la Dirección Nacional del Régimen Judicial de Antecedentes Penales. (REJAP)” (sic [fs. 62]).
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo previsto y sancionado por el art. 331 del CP, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz desde el 28 de mayo de 2022, en virtud del mandamiento de condena de tres años de presidio, conforme a la Sentencia 15/2022 de 24 de mayo, dictada en procedimiento abreviado por el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del mencionado departamento -ahora demandado-; sin embargo, dicha autoridad judicial: a) No remitió oportunamente el expediente al Juez de Ejecución Penal de turno, impidiendo así el ejercicio del control jurisdiccional en la fase de ejecución de sentencia; y, b) Obstaculizó la posibilidad de solicitar la suspensión condicional de la pena, debido a que el expediente no se encontró disponible en el Juzgado de la autoridad -ahora demandada-. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: 1) La acción de libertad innovativa; 2) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; 3) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, 4) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0141/2018-S2 de 30 de abril, asumió el siguiente razonamiento: Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción, así como el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial:
El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el accionante ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003-R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus -ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en los que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010. Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo 1El Tercer Considerando, señala: “…Si bien el Juez de la causa dispuso la libertad del procesado ello no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos, tal como lo establece el art. 91-6) de la Ley N° 1836 (…)”.
2El FJ III.2, indica “En el caso que se examina, conforme lo expresa el propio recurrente, el hábeas corpus fue planteado después de que sus representados fueron puestos en libertad, de manera que si hubo ilegalidad en su detención por no haberse observado lo establecido por los arts. 6.II y 9.I CPE, ella no puede resolverse dentro de un recurso de hábeas corpus que fue presentado luego de haber sido puestos en libertad los recurrentes. Por consiguiente esa presunta ilegalidad adquiere otras características que la hacen punible, por lo que corresponde ser considerada en el ámbito penal o en el que los recurrentes estimen adecuado. En consecuencia, correspondía al recurrente interponer el recurso en el momento en que sus representados se encontraban -según él- indebidamente detenidos a fin de que la autoridad competente dentro del trámite de hábeas corpus, haga comparecer a los detenidos y analice los antecedentes del caso para pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del mismo, situación que no puede darse, ya que fueron puestos en libertad antes de la presentación misma del recurso”.
3El FJ III.1, refiere: “Consiguientemente, del contenido de los preceptos aludidos y los debates parlamentarios glosados, se extrae de manera clara y precisa que la voluntad del legislador es que las lesiones al derecho a la libertad encuentren protección dentro del ámbito del hábeas corpus, declarando su procedencia en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, no obstante haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; en consecuencia, es preciso cambiar el entendimiento jurisprudencial sentado en la SC 1489/2003-R (…)”.
4El FJ III.2.2, manifiesta: “Cuando se alega privación de libertad personal, la norma constitucional (art. 125 de la CPE), señala que toda persona que esté indebida o ilegalmente privada de su libertad personal, podrá interponer la acción de libertad y solicitar al juez o tribunal competente `se restituya su derecho a la libertad´”.
que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en Lo cual significa que en estos casos, la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe; de no ser así, se desnaturalizaría la esencia de la presente acción de defensa, dado que el petitorio de que `se restituya su derecho a la libertad´, ya no tendría sentido si está en libertad.
En consecuencia, desde el orden constitucional, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos procesales: Primero.- Cuando el acto ilegal o indebido denunciado sea la detención o privación de libertad física del agraviado o accionante, la acción de libertad debe ser interpuesta mientras exista la lesión, no cuando haya cesado.
Segundo.- En los casos, en que presentada la acción de libertad conforme a esta exigencia, luego de la notificación a la autoridad, funcionario o persona denunciada o accionada, con la admisión de la misma, ésta libera al accionante o agraviado, ello no impide la prosecución del trámite y la otorgación de la tutela si es que corresponde, a los efectos de la reparación de los daños causados por la privación de libertad y en su caso los efectos que corresponda.
Tercero.- En los casos en que durante la detención no se presentó la acción de libertad, sino después de haber cesado la misma; verificada que sea tal situación, en audiencia pública y sin ingresar al análisis de fondo, corresponde la denegación de tutela, salvando los derechos del agraviado o accionante en la vía jurisdiccional ordinaria.
Al respecto, el art. 110.I de la CPE, señala que: `Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de autoridades bolivianas´, lo cual guarda coherencia con el art. 292 del Código Penal (CP), que bajo el nomen juris de `privación de libertad´, establece: `El que de cualquier manera privare a otro de su libertad personal, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años y multa de treinta a cien días. La sanción será agravada en un tercio, cuando el hecho fuere cometido: 1) Por un funcionario público, con abuso de su autoridad. 2) Sobre un ascendiente, descendiente o cónyuge. 3) Si la privación de libertad excediere de cuarenta y ocho horas´ (…)
El art. 4.II de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010 denominada Ley de Necesidad de Transición, señala que: `Los Tribunales, Jueces y autoridades administrativas del Estado Plurinacional podrán considerar la jurisprudencia constitucional emitida con anterioridad a la aprobación del nuevo orden constitucional, en tanto no se contraponga a la Constitución Política del Estado´, en ese sentido, y al ser -entre otras- la función del Tribunal Constitucional, intérprete y guardián de la Constitución vigente; la interpretación efectuada a través de su jurisprudencia no puede contravenir a la Constitución misma, ni asimilar un entendimiento jurisprudencial pasado que se aparte de ella, sino sólo aquél que guarde coherencia o armonía con la Constitución vigente, uniformando así la jurisprudencia constitucional; labor que le corresponde a los miembros que componen este Tribunal. En ese sentido, y a la luz de la nueva Constitución, se concluye que `cuando se alega o denuncia privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad, mientras persista la lesión, no cuando ha cesado´, tal cual se explicó precedentemente, lo cual a su vez significa una reconducción de la línea jurisprudencial al asumido en la SC 1489/2003-R, que es conforme al orden constitucional vigente”.
5El FJ III.2, establece: “Así como no hay derechos absolutos, no hay reglas que no permitan una excepción cuando en mérito a ello se materializará un derecho fundamental, sin alterar la esencia y naturaleza de la acción tutelar, en este caso de la acción de libertad; y es que debe tenerse en cuenta que hay situaciones particulares en las que estando el ciudadano privado de libertad no es posible activar ningún medio de defensa ordinario, mucho menos extraordinario o de rango constitucional, pese a la lesión sufrida; por ello es oportuno complementar al entendimiento asumido en la citada SC 0451/2010-R, con referencia a que cuando se aduzca o se denuncie detención indebida, la acción de libertad debe ser interpuesta estando en privación o restricción de la libertad física, no luego de haber cesado: `Salvo que por las situaciones debidamente justificadas y la particularidad del caso, durante la privación de libertad no le fue posible interponer la acción de libertad, sino inmediatamente después de haber cesado la misma, lo cual no hace desparecer el acto ilegal y amerita un pronunciamiento de fondo a objeto de establecer las responsabilidades que correspondan, sean civiles, penales, u otras, dependiendo de la gravedad y del sujeto pasivo o causante de la lesión de derechos´”.
su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa; entendimiento que fue seguido de manera uniforme por este Órgano encargado del control de constitucionalidad, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre, entre otras. Efectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera, evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese marco, corresponde la aplicación de la SCP 2491/2012, en cuyo Fundamento Jurídico III.1, establece:
…de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.
En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. Más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente establece la existencia de esta figura, en el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que determina: “Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 23.I, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubre efectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, traslativo o de pronto despacho, a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad
El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante de la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente razonamiento:
Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.
8En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”.
9El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”.
10El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.
En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”.
11El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”.
12El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.
Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su componente de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo previsto y sancionado por el art. 331 del CP, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz desde el 28 de mayo de 2022, en virtud del mandamiento de condena de tres años de presidio, conforme a la Sentencia 15/2022 de 24 de mayo, dictada en procedimiento abreviado por el Juez Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del mencionado departamento -ahora demandado-; sin embargo, dicha autoridad judicial: i) No remitió oportunamente el expediente al Juez de Ejecución Penal de turno, impidiendo así el ejercicio del control jurisdiccional en la fase de ejecución de sentencia; y, ii) Obstaculizó la posibilidad de solicitar la suspensión condicional de la pena, debido a que el expediente no se encontraba disponible en el Juzgado de la autoridad -ahora demandada-. Ahora bien, antes de ingresar al análisis de la problemática constitucional traída en revisión, corresponde señalar que, de acuerdo a los antecedentes arrimados al expediente, se advierte que el proceso penal de referencia fue remitido mediante Nota Cite Of. 568/2022 de 15 de diciembre, al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Santa Cruz, a efectos de que, por intermedio de su autoridad se haga llegar al Juzgado de Ejecución Penal de turno para su posterior diligenciamiento; en ese entendido, dicha remisión se efectuó el 19 de diciembre de 2022 (Conclusión II.5); es decir, dos días después de la interposición de la presente acción de libertad -efectuada el 17 del mencionado mes y año- y antes de la celebración de la audiencia tutelar -el 25 de enero de dicho año-, subsanándose con ello, el acto denunciado como ilegal, cumpliendo con la pretensión principal de la acción de defensa. No obstante lo señalado, dicha situación no impide a la justicia constitucional, analizar el fondo de la problemática planteada; toda vez que, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva; sino también, desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en consecuencia, se ingresará a analizar el fondo de la problemática planteada. Ahora bien, en cuanto al primer agravio denunciado por el peticionante de tutela; éste señala que, el Juez ahora demandado no remitió oportunamente el expediente al Juez de Ejecución Penal de turno, impidiendo así el ejercicio del control jurisdiccional en la fase de ejecución de sentencia. Al respecto, de la revisión de antecedentes, se tiene que, el ahora solicitante de tutela se encuentra en el Centro Penitenciario Palmasola del departamento de Santa Cruz, desde el 28 de mayo de 2022 en cumplimiento de la Sentencia 15/2022 de 24 del mismo mes, dictada en procedimiento abreviado dentro del proceso penal de referencia (Conclusión II.2) y el Mandamiento de Condena de 24 de igual mes y año (Conclusión II.4). A tal efecto, ésta Sentencia junto al mandamiento de condena debió ser remitida al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente y al REJAP, en cumplimiento a lo establecido por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión -Ley 2298 del 20 de diciembre de 2001- y los arts. 430 y 440 del CPP; sin embargo, dicha remisión no fue cumplida oportunamente y la misma se efectuó el 19 de diciembre de 2022 (Conclusión II.5 y II.6); es decir, dos días después de la interposición de la presente acción tutelar -efectuada el 17 de diciembre de 2022-, así se tiene reconocido por el Juez ahora demandado en su informe. En ese entendido se tiene que, desde la ejecutoria de la indicada Sentencia, el 25 de mayo de 2022 (Conclusión II.3), hasta la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal de turno -por intermedio del Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz- (Conclusión II.5) y al REJAP (Conclusión II.6) el 19 de diciembre del mismo año, transcurrieron seis meses y veintidós días, sin que el Juez ya mencionado haya cumplido con lo dispuesto en los arts. 430 y 440 del CPP. En consecuencia, y en aplicación de la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se evidencia que la falta de celeridad en la remisión de antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal de turno, vulneró el principio de celeridad vinculado al debido proceso del ahora peticionante de tutela, en relación a su derecho a la libertad. Omisión que generó que no cuente con una autoridad jurisdiccional que efectúe el control de su pena y las emergencias que pueda tener, en el cumplimiento de ésta en el Centro de Rehabilitación “Palmasola” del departamento de Santa Cruz; además de situarlo en un estado de indefensión; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en este punto, bajo la modalidad traslativa o de pronto despacho. Por otra parte, en cuanto al segundo agravio denunciado por el impetrante de tutela; éste señala que, el Juez ahora demandado, obstaculizó la posibilidad de solicitar la suspensión condicional de la pena, debido a que el expediente no se encontraba disponible en el Juzgado a cargo -de la autoridad ahora demandada-. Al respecto, conforme al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, la legitimación pasiva debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quién se dirige la acción, puesto que es imprescindible que la misma esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, ya que su inobservancia impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En ese entendido, es preciso señalar que la Secretaria del Juzgado Público Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, es la funcionaria que tiene la obligación establecida en el numeral 8 del art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, referida a: “8. Custodiar, conjuntamente las servidoras y servidores del juzgado y bajo responsabilidad, los expedientes y archivos de la oficina judicial”; sin embargo, se advierte que dicha funcionaria de apoyo jurisdiccional no fue demandada en la presente acción de libertad, pese a que la misma es la encargada de poner a la vista y a disponibilidad de los litigantes el expediente del proceso penal de referencia; máxime, si el ahora accionante no presentó ningún memorial dirigido al Juez ahora demandado solicitando que se ponga a la vista o se ordene el préstamo del expediente, a fin de que dicha autoridad judicial instruya al personal subalterno lo que corresponda; por ello, en el presente caso el mencionado Juez carece de legitimación pasiva con relación a la denuncia efectuada por el ahora demandante de tutela; consecuentemente, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución de 14/22 de 19 de diciembre de 2022, cursante de fs. 66 vta. a 67 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en cuanto al primer agravio planteado, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada en cuanto al segundo agravio planteado, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
6 El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.
7 El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a la supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0575_2025-S1.pdf · páginas 1 a 17.
Huella digital del PDF (SHA-256): 0567ef2ca6f885bca5a8d82065ebfc151c8036f3f5ea7704c804fd6dda7adb11
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