Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de junio de 2023
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado- al emitir el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, no consideró ni resolvió los puntos de agravio de su apelación, dándole a su recurso un tratamiento de apelación restringida, que es distinto al de una apelación de medida cautelar; puesto que, en su impugnación identificó puntos de agravio que inclusive hacían notar graves vulneraciones a derecho y garantías fundamentales, calificables como defectos absolutos previstos en el art. 168.3 del CPP y por ende revisables de oficio.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: i) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 del de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 40 vta. a 48, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, debiendo el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación emitir una nueva resolución, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0575/2023-S1 Sucre, 6 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 45635-2022-92-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 05/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 40 vta. a 48, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Richard Miranda Gonzales en representación sin mandato de Jhermy -siendo lo correcto Jheremy- Villanueva Rodríguez contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 3 de febrero de 2022, cursante de fs. 2 a 7 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de apropiación indebida de aportes previsto en el art. 345 bis del Código Penal (CP), por el hecho de que presuntamente la aerolínea Lloyd Aéro Boliviano (LAB) en diferentes gestiones no habría depositado los aportes de sus trabajadores a la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro; en ningún momento, ha sido notificado legalmente con el inicio del referido proceso, pues fue sorprendido con un mandamiento de aprehensión, siendo ilegalmente aprehendido y detenido en el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba. Señala que, la Jueza de Sentencia Penal Onceava de la Capital del departamento de Cochabamba, en audiencia pública de 21 de enero de 2022 de manera ¡legal determinó rechazar su solicitud de cesación de detención preventiva, por lo que inmediatamente interpuso recurso de apelación incidental de medida cautelar conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), misma que radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba a cargo del Vocal Oscar Florero Florero -ahora demandado-, quien emitió Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, declarando improcedente dicho recurso, resolución que resulta vulneratoria a sus derechos y garantías constitucionales, toda vez que de la revisión del Acta de Apelación y el propio Auto de Vista, se evidencia claramente la identificación de los puntos de agravio, reclamos que inclusive hacían notar graves vulneraciones a derechos y garantías fundamentales como es el debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, calificables como defectos absolutos previstos en el art. 168.3 del CPP y por ende revisables de oficio, pues según los Autos Supremos 346/2013 de 12 de agosto y 777/2013 de 23 de diciembre, la autoridad demandada tenía plena competencia para realizar el control de la valoración de la prueba efectuado por el Tribunal a quo y no rehuir de su responsabilidad. Reclama que, Vocal demandado, al no considerar y resolver los puntos de agravio, restringió su derecho de recurrir y obtener respuesta a sus planteamientos en el fondo; mas al contrarió dio un tratamiento distinto al de una apelación de medida cautelar, como si se tratase de una apelación restringida, desconociendo la SCP 0077/2012 de 16 de abril, misma que da un tratamiento amplio y distinto a una apelación de medida cautelar; es decir, que el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, no se enmarca a la Constitución Política del Estado y sobre todo a la jurisprudencia constitucional.
La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 23 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. h) de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiéndose dejar sin efecto el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, y se dicte una nueva resolución resolviendo los agravios de manera racional.
Celebrada la audiencia pública el 4 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 40 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los extremos planteados en su memorial de acción de libertad.
Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe presentado el 4 de febrero de 2022, cursante de fs. 19 a 20 vta., manifestó que: a) Habiéndose remitido la apelación incidental de medida cautelar interpuesta por el ahora accionante contra el Auto Interlocutorio de 21 de enero de 2022; mediante Auto de Vista pronunciado el 1 de febrero de 2022, se declaró la improcedencia del recurso de apelación y se confirmó la Resolución apelada, dentro el caso seguido por el Ministerio Público contra el prenombrado por el delito previsto y sancionado en el “art. 308 del CP”; b) De la lectura del Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, se puede evidenciar que no es arbitrario, porque se pronunció en función a una apelación incidental planteada por el ahora accionante, y la decisión se sujetó al art. 398 del CPP, absolviendo cada uno de los puntos cuestionados por el apelante, constando de manera fundamentada por qué se declaró la improcedencia del recurso, producto del análisis y aplicación de la jurisprudencia constitucional sentada en la SCP 0244/2018-S2 de 12 de junio y la doctrina legal aplicable establecida en el Auto Supremo 286/2017 de 18 de abril, toda vez que la regla general instituida en la citada jurisprudencia refiere de que los recursos se interpondrán en las condiciones no solamente de tiempo, sino también las de forma, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución, o agravios; entendido como la lesión de un derecho cometido en una resolución judicial por inobservancia de la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige un caso en concreto extensible en el sistema procesal penal boliviano a la jurisprudencia y al sistema de la sana crítica, de donde deviene que la configuración del control normativo como competencia del Tribunal de alzada instituida en el citado art. 398 del CPP; de donde resulta que la carga argumentativa recursiva sustentada en aquellos aspectos cuestionados de la resolución delimitan la intervención de los tribunales de apelación, más aun si el recurso de apelación en el sistema acusatorio no reviste las características de una segunda instancia, sino el control de legalidad que realiza el Tribunal ad quem sobre aspectos cuestionados de la resolución impugnada, por lo tanto el peticionante de tutela no puede afirmar que el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022 carece de una razonable y coherente fundamentación, por cuanto los fundamentos del mismo son claros y están de acuerdo a la exigencia prevista por el art. 124 del CPP; c) Respecto a la presunta detención indebida, se debe tomar en cuenta que la amplia jurisprudencia constitucional refirió que las vulneraciones al debido proceso ameritan la protección de la acción de libertad, únicamente en los casos en que el acto considerado ilegal haya lesionado la libertad física o de locomoción del impetrante de tutela, concluyéndose en el caso presente no existe una detención indebida -tal cual afirma el accionante- esto en consideración a que el prenombrado está siendo juzgado dentro de un proceso penal ante un Juez competente con pleno reconocimiento de los derechos que componen la garantía del debido proceso; d) El solicitante de tutela no señala y/o precisa la forma concreta en que se interrelaciona su libertad en la emisión del Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, limitándose en afirmar que con dicha Resolución se vulneró el debido proceso, la congruencia, la tutela efectiva, se lo deja en indefensión y se mantiene una indebida detención, emitiendo su propio análisis valorativo; pretendiendo que en instancia constitucional se realice una nueva revisión de actos procesales y elementos de convicción que fueron presentados ante el Juez a tiempo de considerar su petición de cesación de la detención preventiva, que solo ataña a la jurisdicción ordinaria; e) El impetrante de tutela, no está indebidamente detenido y la aplicación de las medidas cautelares personales, emanan del régimen de medidas cautelares ordenada por autoridad competente y por otro lado, la improcedencia del recurso de apelación no puede constituir afectación al debido proceso por estar correcta y debidamente fundamentado, explicitando las razones fácticas y jurídicas que la motivan, por lo tanto su contenido no vulnera derecho constitucional alguno de las partes y menos del peticionante de tutela; f) Se pretende utilizar la acción de libertad como una vía recursiva, forzando una instancia inexistente en el procedimiento penal sin corresponder a la jurisprudencia constitucional, toda vez que el ámbito de la competencia constitucional no puede ingresar analizar entendimientos de las autoridades jurisdiccionales en las resoluciones emitidas por estas cuando se encuentran debidamente fundamentadas, por cuanto lo contrario resultaría que todo litigante insatisfecho con una resolución, accione la vía constitucional, convirtiéndose la tramitación de la causa en interminable; y, g) Las medidas cautelares, por el principio de revisabilidad no causan estado; es decir, que son modificables aún de oficio conforme lo establece el art. 250 del CPP; en tal sentido, las medidas cautelares personales son revisables de forma permanente; por lo tanto la defensa del actual accionante tiene abiertas las vías respectivas para solicitar la modificación de las medidas cautelares personales impuestas, demostrando objetivamente su pretensión.
La Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 05/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 40 vta. a 48, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) De la revisión de la estructura del Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, se establece que en el Considerando III se hace el análisis del caso concreto, y en este fundamenta las razones por las cuales se declara improcedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el ahora accionante, observando las condiciones de forma que debe cumplir el apelante a objeto de sustanciar el recurso entre ellos el especificar qué aspectos cuestiona de la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional de instancia, limitándose a referir que los elementos de prueba no fueron valorados en su conjunto; 2) La detención preventiva del impetrante de tutela obedece a la imputación formal emitida por el Fiscal de Materia Raúl Sócrates Arze Orellana considerada en audiencia de 26 de octubre de 2021, resolución que fue apelada y conocida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que ratifica dicha medida cautelar; 3) Los antecedentes indican que el accionante solicitó la cesación de su detención preventiva ante la Jueza de Sentencia Penal Onceava de la Capital del departamento de Cochabamba, quien mediante Auto Interlocutorio de 21 de enero de 2022 negó la misma, resolución que fue apelada y conocida por la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental a cargo del Vocal ahora demandado, quien emitió el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022 explicando las razones y los motivos por los cuales declaró improcedente el recurso; 4) Esta instancia no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes, pues la atribución de esta jurisdicción se circunscribe a analizar si existe fundamento y motivación respecto de la decisión de declarar improcedente la apelación incidental presentada contra la resolución pronunciada por la autoridad de primera instancia, y no que se pretenda ingresar a hacer un nuevo examen del contenido de la prueba por la vía de la acción de libertad; y, 5) De los antecedentes facticos desarrollados en el Auto de Vista cuestionado se advierte que existe un pronunciamiento congruente respecto del art. 233 del CPP y las circunstancias que dieron origen a la detención preventiva en cuanto a la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales como indica el referido artículo en la parte final, por lo que no se advierte vulneración alguna al cumplimiento de la estructura en relación a la fundamentación y motivación; en ese sentido, el razonamiento concluyente de la autoridad demandada para determinar la improcedencia del recurso, expone argumentos lógicos por lo que no es posible determinar un indebido procesamiento por la falta de fundamentación y motivación en el Auto de Vista cuestionado.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la AFP Futuro en contra de Jheremy Villanueva Rodríguez -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de apropiación indebida de aportes previsto en el art. 345 bis del CP, instalada la audiencia de consideración de la detención preventiva del prenombrado el 21 de enero de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Onceava de la Capital del departamento de Cochabamba emitió el Auto Interlocutorio, rechazando la solicitud de cesación de la medida cautelar hasta que nuevos elementos demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron la misma o demuestre que se torna conveniente sus sustitución por otra medida. En ese entendido, la defensa del impetrante de tutela planteó recurso de apelación en el mismo actuado (fs. 30 a 35).
II.2. Remitida la apelación a la Sala Penal de turno, Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado- emitió el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, declarando improcedente el recurso de apelación interpuesto por Jheremy Villanueva Rodríguez –ahora accionante-, y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio de 21 de enero de 2022, con los siguientes argumentos:
“En el caso presente conforme se ha señalado en el Considerando I de la presente resolución, la parte recurrente considera que la autoridad de instancia realizo una errónea valoración de los elementos de prueba que esta parte acompaño; arbitraria fundamentación y motivación de la resolución. Afirma que en la audiencia de aplicación de medidas cautelares se observó el certificado SEGIP que data de 26 de octubre del 2021, concretamente en cuanto al presupuesto domicilio y para subsanar esa observación, afirma que acompaño documentación suficiente que fue valorada de manera general y separada por la autoridad de instancia, rechazándose con el argumento de que el mismo no tiene domicilio en la Calle Quiswara N° 156 de la ciudad de La Paz, rechazándose dichos elementos de prueba porque no acreditan el domicilio del imputado. Lo propio acontecería respecto al documento de compra y venta de un lote de terreno, toda vez que la autoridad jurisdiccional no considero dicho elemento de prueba de manera conjunta, sino de manera individual, afirmándose que dicho elemento de prueba solo acredita la existencia de un lote de terreno y no así de una vivienda, aspecto que considera vulnera el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal; Tampoco se consideró la situación socioeconómica del imputado, ni ¡la declaración voluntaria acompañada, que daría cuanta que los declarantes en este caso son los padres y su cuñada del procesado, aspecto que considera vulnera el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal, lo mismo ocurre respecto a las placas fotográficas qué( en criterio de la autoridad de instancia no demuestran la habitabilidad del inmueble. En relación a la Certificación de la OTB ajunto, la autoridad de instancia estableció que la misma no cuenta con personería, cuando dicho elemento de prueba debió ser valorado de forma integral y no así de manera de separada, lo propio sucede en cuanto al informe social que data del 22 de octubre de 2021 a criterio de la autoridad jurisdiccional, sin embargo la fecha correcta es el 11 de enero del 2022, por estos aspectos refiere que se incurrió en una errónea fundamentación y motivación, al no considerarse las previsiones contenidas en los Arts. 7, 221 y 222 del Código de Procedimiento Penal, en ese sentido solicita en concreto se declare procedente su recurso de apelación. Delimitado como está el ámbito de análisis este Tribunal se hace énfasis en los siguientes aspectos, entre las condiciones de validez legal desarrolladas en el Art. 396 procesal, se instituye cuáles son las condiciones de forma que debe cumplir el apelante a objeto de sustanciar el recurso de apelación y este es un elemento que conjuntamente el tiempo y la legitimidad constituyen la reserva legal al ejercicio del derecho a la impugnación así lo desarrolla la doctrina legal que fue mencionada por este Tribunal en el Considerando II de esta resolución, de esta manera podemos advertir que los recursos deben contener, en este caso el recurso de apelación de la medida cautelar, en esta audiencia de apelación debe indicar y/o especificar qué aspectos cuestiona de la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional de instancia, aspectos que en definitiva delimitan la Intervención de este Tribunal que está obligado a circunscribir la resolución y el análisis obviamente a los aspectos identificados por el apelante.
Por otra parte, el sistema acusatorio al cual se adscribe el sistema procesal penal boliviano no rige una segunda instancia fáctica que permita a los operadores de justicia vía recurso de apelación incorporar nuevos argumentos, o efectué nueva revalorización de los datos, nuevo análisis del planteamiento, desconociendo que la previsión procesal antes señalada y los elementos caracterizadores del sistema que tornan al recurso de apelación en un control normativo, que se traduce como control, valga la redundancia, de la labor intelectiva desarrollada por las autoridades de instancia a objeto de verificar que en la misma exista una correcta aplicación de la Ley, la vinculación necesaria de la jurisprudencia y en cuanto a la valoración de la prueba, la aplicación del sistema de la sana critica, esto significa que los apelantes están en la obligación de vincular el planteamiento en función a este ámbito, máxime si conceptualmente el agravio constituye la lesión de un derecho cometido en una resolución por haberse aplicado inexactamente la Ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso concreto, extensible en el sistema procesal penal boliviano a la jurisprudencia y al sistema de la sana critica. Por otro, conforme también fue desarrollado por la jurisprudencia Constitucional, la misma que sostiene que la apelación no es una segunda instancia fáctica, sino más bien se trata de un ámbito de análisis básicamente técnico porque se revisa cuestiones de derecho que son el reflejo de la labor intelectiva desarrollada por las autoridades de instancia. En el caso que no ocupa, de la exposición de argumentos vertidos por la parte apelante, más allá de referir de que no se ha hecho una correcta valoración de los elementos de prueba que esta parte acompaño, que la autoridad de instancia ha realizado una fundamentación y motivación arbitraria, que la documentación acompañada o los elementos de prueba fueron considerados de manera general y de manera separada; y no de forma conjunta; más allá de referir todo aquello de acuerdo a sus propios criterios y desde su punto de vista, no refiere en concreto que aspecto de la resolución es el reflejo generador de la aludida vulneración, cuál es el razonamiento lógico-jurídico erróneo de la autoridad jurisdiccional que vulnera los derechos fundamentales del ahora recurrente y cuál sería la solución que debió haberse tomado por la autoridad de instancia para que esté Tribunal de Alzada adquiera convicción respecto al agravio que le genero la resolución motivo de apelación y pueda dar mérito al misma, al no haberse procedido de esa manera la Improcedencia del recurso es absolutamente evidente” (sic [fs. 36 a 39 vta.]).
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado- al emitir el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, no consideró ni resolvió los puntos de agravio de su apelación, dándole a su recurso un tratamiento de apelación restringida, que es distinto al de una apelación de medida cautelar; puesto que, en su impugnación identificó puntos de agravio que inclusive hacían notar graves vulneraciones a derecho y garantías fundamentales, calificables como defectos absolutos previstos en el art. 168.3 del CPP y por ende revisables de oficio.
En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; al efecto se analizarán las siguientes temáticas: i) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; y, iii) Análisis del caso concreto.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Ley Fundamental, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.
En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, la cual expresó que:
“…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia…” (el resaltado nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”.
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está compelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.
En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.
3La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
a) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. b) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación, según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2023, citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, el mencionado artículo, no debe ser entendido en su libertad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los 5La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados, sino que tienen el deber de compulsar íntegramente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma adjetiva penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia, y a la tutela judicial efectiva; toda vez que, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado- al emitir el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, no consideró ni resolvió los puntos de agravio de su apelación, dándole a su recurso un tratamiento de apelación restringida, que es distinto al de una apelación de medida cautelar; puesto que, en su impugnación identificó puntos de agravio que inclusive hacían notar graves vulneraciones a derecho y garantías fundamentales, calificables como defectos absolutos previstos en el art. 168.3 del CPP y por ende revisables de oficio. Conforme a los datos que cursan en el expediente se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de la AFP Futuro en contra de Jheremy Villanueva Rodríguez -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de apropiación indebida de aportes previsto en el art. 345 bis del CP, instalada la audiencia de consideración de la detención preventiva del prenombrado, el 21 de enero de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Onceava de la Capital del departamento de Cochabamba emitió Auto Interlocutorio, rechazando la solicitud de cesación de la medida cautelar hasta que nuevos elementos demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron la misma o demuestre que se torna conveniente sus sustitución por otra medida. En ese entendido, la defensa del impetrante de tutela planteó recurso de apelación en el mismo actuado (Conclusión II.1). En ese orden, remitida la apelación a la Sala Penal de turno, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado- emitió el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, declarando improcedente el recurso de apelación interpuesto por el ahora impetrante de tutela, y en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio de 21 de enero de 2022 (Conclusión II.2).
En ese entendido, conforme a la problemática identificada, corresponde revisar inicialmente los agravios expresados en el recurso de apelación planteado por el ahora accionante contra el Auto Interlocutorio de 22 de enero de 2022, que de acuerdo al Acta de audiencia de apelación incidental, en lo esencial, serían los siguientes:
“…errónea valoración de los elementos de prueba que esta parte acompaño; arbitraria fundamentación y motivación de la resolución. …que la observación realizada en audiencia de aplicación de medidas cautelares respecto a la certificación del SEGIP acompañada en cuanto al domicilio del imputado que data de 26 de octubre del 2021, afirmando que para subsanar esa observación, acompaño documentación suficiente que fue valorada de manera general por la autoridad de instancia y además de manera separada, como sucedió a momento de la declaración de un testigo, la cual fue rechazada bajo el argumento de que el mismo no tiene domicilio en la Calle Quiswara N° 156 de la ciudad de La Paz, por consiguiente a criterio de la autoridad de instancia no se acredita con esta documental el domicilio del imputado. Lo mismo sucede en relación al documento de compra y venta de un lote de terreno, donde la autoridad jurisdiccional no considero dicha documental, como una interpretación en conjunto, sino de manera individual, señalando que de acuerdo a esta documental lo que se acredita es que el inmueble se trata de un lote de terreno y no así de una vivienda, aspecto que considera vulnera el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal.
…no se consideró la situación socioeconómica del ahora imputado, la declaración voluntaria acompañada y que da cuanta que los declarantes en este caso son sus padres y su cuñada, respectivamente, vulnerándose de tal forma lo previsto en el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal, lo mismo ocurre respecto a las placas fotográficas, mismas que en criterio de la autoridad de instancia no demuestran la habitabilidad del inmueble. Respecto a la certificación de la OTB, refiere que la autoridad de instancia estableció que la misma no cuenta con personería, sin embargo, considera que debió haber sido valorado está documental de forma integral y no de forma separada, lo propio en cuanto al informe social que data del 22 de octubre de 2021 según la autoridad jurisdiccional, sin embargo, afirma que la fecha correcta es el 11 de enero del 2022, por estos aspectos refiere que se incurrió en una errónea fundamentación y motivación, al no considerarse las previsiones contenidas en el Art. 7, 221 y 222 del Código de Procedimiento Penal…” (sic).
Así identificados los agravios a partir del Acta de audiencia ya señalado, la autoridad demandada emitió el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, que en lo esencial resuelve:
“Delimitado como está el ámbito de análisis este Tribunal se hace énfasis en los siguientes aspectos, entre las condiciones de validez legal desarrolladas en el Art. 396 procesal, se instituye cuáles son las condiciones de forma que debe cumplir el apelante a objeto de sustanciar el recurso de apelación y este es un elemento que conjuntamente el tiempo y la legitimidad constituyen la reserva legal al ejercicio del derecho a la impugnación así lo desarrolla la doctrina legal que fue mencionada por este Tribunal en el Considerando II de esta resolución, de esta manera podemos advertir que los recursos deben contener, en este caso el recurso de apelación de la medida cautelar, en esta audiencia de apelación debe indicar y/o especificar qué aspectos cuestiona de la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional de instancia, aspectos que en definitiva delimitan la intervención de este Tribunal que está obligado a circunscribir la resolución y el análisis obviamente a los aspectos identificados por el apelante. Por otra parte, el sistema acusatorio al cual se adscribe el sistema procesal penal boliviano no rige una segunda instancia fáctica que permita a los operadores de justicia vía recurso de apelación incorporar nuevos argumentos, o efectué nueva revalorización de los datos, nuevo análisis del planteamiento, desconociendo que la previsión procesal antes señalada y los elementos caracterizadores del sistema que tornan al recurso de apelación en un control normativo, que se traduce como control, valga la redundancia, de la labor intelectiva desarrollada por las autoridades de instancia a objeto de verificar que en la misma exista una correcta aplicación de la Ley, la vinculación necesaria de la jurisprudencia y en cuanto a la valoración de la prueba, la aplicación del sistema de la sana critica, esto significa que los apelantes están en la obligación de vincular el planteamiento en función a este ámbito, máxime si conceptualmente el agravio constituye la lesión de un derecho cometido en una resolución por haberse aplicado inexactamente la Ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso concreto, extensible en el sistema procesal penal boliviano a la jurisprudencia y al sistema de la sana critica. Por otro, conforme también fue desarrollado por la jurisprudencia Constitucional, la misma que sostiene que la apelación no es una segunda instancia fáctica, sino más bien se trata de un ámbito de análisis básicamente técnico porque se revisa cuestiones de derecho que son el reflejo de la labor intelectiva desarrollada por las autoridades de instancia. En el caso que no ocupa, de la exposición de argumentos vertidos por la parte apelante, más allá de referir de que no se ha hecho una correcta valoración de los elementos de prueba que esta parte acompaño, que la autoridad de instancia ha realizado una fundamentación y motivación arbitraria, que la documentación acompañada o los elementos de prueba fueron considerados de manera general y de manera separada; y no de forma conjunta; más allá de referir todo aquello de acuerdo a sus propios criterios y desde su punto de vista, no refiere en concreto que aspecto de la resolución es el reflejo generador de la aludida vulneración, cuál es el razonamiento lógico-jurídico erróneo de la autoridad jurisdiccional que vulnera los derechos fundamentales del ahora recurrente y cuál sería la solución que debió haberse tomado por la autoridad de instancia para que esté Tribunal de Alzada adquiera convicción respecto al agravio que le genero la resolución motivo de apelación y pueda dar mérito al misma, al no haberse procedido de esa manera la improcedencia del recurso es absolutamente evidente”(sic [las negrillas y el subrayado son nuestros]). Así resuelto por la autoridad demandada, se puede establecer que la misma, haciendo hincapié en que la apelación no es una segunda instancia fáctica que permita a los operadores de justicia, vía recurso de apelación, incorporar nuevos argumentos, o efectué nueva revalorización de los datos o un nuevo análisis del planteamiento efectuado en instancia, determinó que el recurso interpuesto no refirió en concreto qué aspecto de la resolución generó vulneración, cuál es el razonamiento lógico-jurídico erróneo de la autoridad a quo que vulnera los derechos fundamentales y cuál sería la solución que debió haberse tomado por la autoridad de instancia para que en alzada se revisen esos aspectos; es decir, que decidió que los argumentos expresados por la parte apelante -ahora accionante- eran insuficientes para que puedan ser revisados en segunda instancia, dado que a entender de la autoridad demandada, no se cumplió con la jurisprudencia constitucional inserta en la SCP 0244/2018-S2 de 12 de junio -citada en el Considerando II- que aludiendo a la SCP 0295/2012 de 8 de junio, refiere que la competencia del Tribunal de alzada se abre únicamente para la revisión de cuestiones de puro derecho y no de hecho que no hubiese resuelto el inferior. Bajo ese marco, cabe señalar que la SCP 0295/2012 se constituye en un estándar bajo de protección respecto a la presentación, admisión y valoración de la prueba en apelación de medidas cautelares, frente a las SSCC 1181/2006-R de 24 de noviembre y 1251/2006-R de 8 de diciembre; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1744/2013 de 21 de octubre y 2175/2013 de 21 de noviembre, por cuanto éstas, cuentan con un estándar alto de protección; y en el marco del principio de favorabilidad, contenido en los arts. 13, 116 y 256 de la CPE, permiten incorporar en la audiencia, aquellas pruebas ofrecidas o propuestas en el memorial de apelación o al tiempo de interponer el recurso en forma oral; precedentes que debieron ser aplicados al caso analizado; pues, de conformidad con las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, el precedente en vigor es el que tiene el estándar jurisprudencial más alto. Con esas consideraciones, respecto a la fundamentación como elemento del debido proceso, es menester referir que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional que establece que considerando que el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Constitución Política del Estado, como un derecho fundamental, una garantía constitucional y un derecho humano, esto conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones. En ese sentido, de la atenta lectura del Auto de Vista cuestionado a través de esta acción tutelar, es posible señalar que con relación al recurso de apelación interpuesto por el peticionante de tutela y la labor argumentativa desarrollada por la autoridad demandada, este no citó todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión, menos efectuó una interpretación normativa, que se constituya en una justificación razonable que permita entender por qué se inclinó por aplicar el criterio restrictivo de la jurisprudencia constitucional cuando en materia penal está establecido que se deben aplicar los principios de indubio pro reo y el pro actione en el marco de la favorabilidad y progresividad de los derechos; incidiendo ello en la motivación de la resolución, en la cual se debieron desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes dentro del proceso en cuestión; asimismo, no se evidencia que el Vocal demandado haya revisado la Resolución de la a quo, eludiendo su obligación de considerar los extremos planteados por el apelante que, aunque en forma muy sucinta, estaban referidos a la labor valorativa que hizo la inferior en cuanto a la prueba aportada para desvirtuar el peligro de fuga demostrando que el imputado contaba con domicilio y actividad socioeconómica, lo cual implica que en efecto, el Auto de Vista confutado carece de fundamentación y motivación, correspondiendo la concesión de la tutela en este punto. Cabe señalar por otra parte, que en relación a la congruencia como elemento del debido proceso, de acuerdo al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, esta consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, no siendo esa idea general limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; es decir, que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, toda vez que las resoluciones deben mantener en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución; pero además, conforme a la parte in fine del precitado Fundamento Jurídico, corresponde hacer precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, el art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada norma adjetiva penal, conforme el art. 236.4 del referido precepto legal. Bajo ese marco, de la contrastación del Auto de Vista cuestionado con los puntos reclamados en la apelación plateada por el ahora accionante, y tomando en cuenta el análisis precedentemente efectuado con relación a la fundamentación, se puede establecer que ninguno de los reclamos fue considerado, puesto que la autoridad demandada, asumiendo un criterio restrictivo de la jurisprudencia constitucional, simplemente concluyó que el recurso no cumplió con las condiciones de forma que debió cumplir el apelante a objeto de sustanciar el recurso de apelación al ser ese un elemento que conjuntamente el tiempo y la legitimidad constituyen la reserva legal al ejercicio del derecho a la impugnación, haciendo caso omiso de los cuestionamientos planteados, porque a criterio del Vocal demandado, los mismos no cumplirían con señalar de manera puntual qué aspecto del Auto de Vista cuestionado generó vulneración, cuál el razonamiento lógico-jurídico erróneo de la autoridad a quo que vulnera los derechos fundamentales y cuál sería la solución que debió haberse tomado por la autoridad de instancia para que en alzada se revisen esos aspectos, cuando de la impugnación se puede rescatar, que lo que se reclama es la valoración de la prueba que hizo la Jueza a quo con relación a los elementos presentados para acreditar el domicilio del imputado -ahora accionante-, cuestiones tales que si podían haberse respondido, a efecto de que se entienda que la autoridad jurisdiccional inferior efectuó una correcta o incorrecta valoración probatoria por su parte; entonces, al no haberse pronunciado el Vocal demandado sobre las cuestiones planteadas por el accionante en su recurso de apelación, se vulneró el debido proceso en su elemento congruencia, correspondiendo conceder la tutela en este punto. Finalmente teniendo en cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que se obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia; en el Auto de Vista cuestionado al declararse improcedente el recurso de apelación con criterios carentes de fundamentación y motivación respecto al referido derecho, corresponde conceder la tutela solicitada.
Consiguientemente, la Jueza de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 del de la Ley del Tribunal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 05/2022 de 4 de febrero, cursante de fs. 40 vta. a 48, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 1 de febrero de 2022, debiendo el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el plazo de cuarenta y ocho horas de su legal notificación emitir una nueva resolución, conforme a los Fundamentos Jurídicos expresados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siempre y cuando la situación jurídica del accionante no haya sido modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 La SCP 0316/2010-R de 15 de junio, en su Fundamento Jurídico III.3.2 refirió: “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales’".
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
6 En su F.J. III.3. relativo al recurso de apelación incidental e imposibilidad de considerarse nueva prueba, en esta instancia, dado que constituye una etapa de revisión, señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0295/2012 de 8 de junio, en relación al ofrecimiento y producción de prueba en segunda instancia, precisó el siguiente entendimiento: “…interpuesto y admitido este recurso, se abre la competencia del tribunal de alzada únicamente para la revisión sobre cuestiones de derecho y no de hecho que hubieran sido resueltas por la autoridad judicial a quo; ya que no constituye una nueva instancia en la que sea admisible la consideración de nueva prueba por el tribunal de apelación, que está obligado únicamente a pronunciarse sin más trámite sobre la base exclusiva de los puntos cuestionados de la resolución de primera instancia, ciñéndose a su competencia establecida en el art. 398 del CPP, por cuanto a través del recurso de apelación incidental se impugnan los agravios que el juzgador de primera instancia pudo causar al emitir su fallo. En ese orden de ideas, la apelación incidental no puede sustanciarse en elementos probatorios distintos a los considerados y ponderados por el juez a quo; de hacerlo, su revisión sería intrascendente, por cuanto los agravios tendrían un sustento sustancialmente diferente a los fundamentos de la resolución cuestionada, de donde resulta la imposibilidad de admitir prueba en apelación incidental sobre lo ya resuelto por el inferior; puesto que desvirtuaría la naturaleza y alcance del recurso de alzada que -se reitera- tiene por objeto únicamente conocer y resolver los puntos apelados en relación al contenido de la resolución emitida por el juzgador a quo y eventualmente corregir las irregularidades en las que habría incurrido al asumir su determinación. Razonamiento que implica el cambio de línea jurisprudencial establecido por las SSCC 1181/2006-R, 1432/2010-R y 1036/2011-R”.
7 Voto Aclaratorio a la SCP 0244/2018-S2, F.J. II.2.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0575_2023-S1.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): 13e0978cf554d636bdb4c4c9550581ce4d39918285243dcc274cfd382aa542fe
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