B.IA.LEGAL

SCP 0574/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56736-2023-114-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia; a la defensa, al trabajo, a la vida y a la salud; y, al principio de verdad material; toda vez que, dentro del proceso de la Convocatoria Pública - Gestión 2022 para la Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública, obtuvo 67.10 puntos; calificación que impugnó en las áreas de formación académica y experiencia profesional, emitiendo la Comisión demandada la Resolución de Impugnación 42/2023, que revocó parcialmente dicha calificación, adicionando 4 puntos por un diplomado en derecho en la categoría de formación académica, estableciendo la nota final de 71.10 puntos; no obstante, reclama que: a) No efectuaron una motivación suficiente y no respondieron legal ni procedimentalmente a la impugnación que formuló; y, b) No consideraron, ni revisaron la documentación adjunta, pese a que la fuente de verificación de su experiencia laboral fue el Certificado de Trabajo DGRH.UAP.KP-BS/C. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 116 vta. a 119 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso
  2. III.2. Sobre la subsidiariedad en acciones de amparo constitucional
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0574/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56736-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 46 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 116 vta. a 119 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ezedin Alberto Alarcón Prado contra Mauricio Suárez Jaldín, Miguel Ángel Medrano Martínez, José Carlos Paniagua Bazán, Ericka Yuly Paredes Gonzales y Roxana Hamel Ríos Martínez, miembros de la Comisión Calificadora Departamental de Santa Cruz para la Convocatoria Pública - Gestión 2022, Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el ingreso a la Carrera Notarial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 20 de abril y 8 de mayo de 2023, cursantes de fs. 18 a 38 y 41 a 46, el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Participó en la Convocatoria Pública - Gestión 2022, Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el ingreso a la Carrera Notarial, dicho proceso comprendió las etapas de postulación, concurso de méritos y examen de competencia. El 29 de marzo de 2023, tomó conocimiento de la publicación de la lista de calificaciones finales de dicha convocatoria donde obtuvo 67.10 puntos y que al verificar en “ciudadanía digital”, constató que la nota que le asignaron en la etapa de concurso de méritos era de 29.60/40 puntos.

En ese entendido, en el acápite de “Formación Académica”, cuenta con la nota de 12/15, con observaciones relativas al Diploma de Especialización en Auditoria, Control y Fiscalización de los Gobiernos Locales; al Diplomado en Derecho Notarial y Registral; y, en el acápite de “Experiencia Profesional” figura con la calificación de 3/10, donde se le observó el certificado de experiencia laboral en el Gobierno Autónomo Municipal GAM de La Paz y en la Escuela Militar de Ingeniería. El 31 de marzo de 2023, al amparo de los arts. 50 y 51 del Reglamento de Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el Ingreso a la Carrera Notarial, aprobado por Resolución Administrativa DIRNOPLU 080/2022 de 25 de mayo, interpuso impugnación contra la calificación final obtenida, específicamente en Formación Académica y Experiencia Profesional, con código SC-0098, cuestionando específicamente: Sobre la Formación académica, impugnó que la Comisión Calificadora demandada interpretó incorrectamente el Diploma de Especialización en Auditoria, Control y Fiscalización de los Gobiernos Locales, pues la asistencia al “curso” y su aprobación constituía requisito habilitante para la obtención del diploma de especialización emitido por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Asimismo, sostuvo que se confundió dos diplomados distintos, el Diplomado de Alta Especialización: Derecho Notarial y Registral emitido por la Escuela Nacional de Políticas Públicas de Perú y el Diplomado en Derecho Notarial y Registral emitido por la Universidad Tecnológica Boliviana, que indican fueron verificados y contrastados en original y copia simple por la comisión de calificación que suscribió el formulario de presentación de documentación en la etapa de postulación, por lo que se habría inobservado la existencia de dos diferentes títulos académicos. En cuanto a la emisión del documento en Lima-Perú sostuvo que la presunta invalidez por falta de validación o apostillado, el art. 36.I.1 del Reglamento de Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el Ingreso a la Carrera Notarial, establece como fuente de verificación la copia simple del título y no exige validación ni apostillado. Respecto a la Experiencia Profesional, reconoció un error material al registrar en el Sistema Informativo de Postulación la fecha “18 de marzo de 2024” en lugar de “18 de marzo de 2004”, aclarando que el Certificado de Trabajo DGRH.UAP.KP-BS/C. 0773/2022 de 4 de noviembre, acreditaba que ingresó a trabajar en el GAM de La Paz desde el 18 de marzo de 2004 hasta el 3 de enero de 2017, totalizando doce años, nueve meses y diez días; sin embargo, si bien la información incorporada en el referido Sistema no coincide con el certificado de trabajo presentado se debió aplicar el principio de verdad material. El 6 de abril de 2023, fue notificado con la Resolución de Impugnación 42/2023 de 5 de abril, que revocó parcialmente la calificación final de 67.10 puntos y adicionó 4 puntos por el diplomado en algún área del derecho en la categoría de “Formación Académica”, estableciendo la nueva calificación de 71.10 puntos. Bajo ese contexto, sostuvo que: a) La Resolución de Impugnación 42/2023 vulneró sus derechos al trabajo, al debido proceso y a la defensa, por carecer de motivación suficiente y no responder legal ni procedimentalmente a la impugnación planteada y que, ante la emisión de un acto administrativo de carácter particular y concreto con afectación, desconoció sus derechos a la vida, salud y trabajo; y, b) La Comisión demandada no consideró ni revisó la documentación adjunta, pese a que la fuente de verificación de su experiencia laboral fue el certificado de trabajo emitido por el GAM de La Paz, al contar con título en provisión nacional expedido el 2002, acreditaría más de veinte años de experiencia profesional. En consecuencia, pese a que superó la etapa de postulación, posteriormente en etapa de concurso de méritos y examen de competencia, no evaluaron correcta ni objetivamente su experiencia profesional, resolviendo la impugnación sin considerar dicho extremo.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia, a la defensa, al trabajo, a la vida y a la salud; y, al principio de verdad material, citando al efecto los arts. 7, 8.I y II, 9.4 y 5, 13.I y II, 14.II, 24, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo la nulidad de la Resolución de Impugnación 42/2023, emitida por la Comisión demandada y que se proceda a la emisión de una nueva, calificando correctamente su experiencia profesional dentro de sus méritos académicos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 109 a 116 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional presentada.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Mauricio Suárez Jaldín, Miguel Ángel Medrano Martínez, José Carlos Paniagua Bazán y Ericka Yuly Paredes Gonzales, miembros de la Comisión Calificadora Departamental de Santa Cruz para la Convocatoria Pública - Gestión 2022, Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el ingreso a la Carrera Notarial, mediante informe de fs. 80 a 87 vta. -firmado únicamente por el primero de los nombrados-, y en audiencia, señalaron que: 1) La acción tutelar es improcedente por el principio de subsidiariedad, ya que el accionante, al impugnar su experiencia laboral, no presentó como prueba su título en provisión nacional de abogado ni fundamentó su antigüedad profesional; 2) Dicho título no fue registrado en la casilla de experiencia profesional ni acreditó el ejercicio de la abogacía conforme al art. 5 de la Ley del Ejercicio de la Abogacía -Ley 387 de 9 de julio de 2013-; 3) El certificado de trabajo fue registrado incorrectamente en el sistema informático, error no subsanado y reconocido por el propio postulante, motivo por el cual se le asignó siete puntos, aplicando el principio de que nadie puede alegar su propia culpa; 4) La Resolución de Impugnación 42/2023 se encuentra debidamente fundamentada y sustentada en la normativa aplicable, explicando de manera clara y suficiente las razones para no valorar la experiencia profesional del impetrante de tutela, además de precisar que la justicia constitucional no es una instancia revisora de la calificación, que la presente acción de defensa pretende se efectúe una valoración si correspondía o no valorar el título en provisión nacional, que el principio de verdad material no es tutelable y que no se expresó la supuesta vulneración de los derechos a la vida, a la salud y al trabajo, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela; y, 5) Existió un plazo amplio para que el accionante pudiera retirar y subsanar los errores de su postulación, como ocurrió con otros postulantes, siendo que el sistema asigna automáticamente la calificación.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 46 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 116 vta. a 119 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Los demandados respondieron la impugnación, indicando que la no asignación del puntaje por experiencia profesional se debió a un error del propio postulante, sin vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de motivación y fundamentación; ii) La justicia constitucional sólo puede revisar de manera excepcional la legalidad ordinaria o la valoración de la prueba cuando se fundamente y se acredite relevancia constitucional, extremo que no se configuró en el caso; iii) El registro de la información en el sistema es responsabilidad del postulante, quien declara su veracidad, criterio válido para la decisión asumida por los demandados, no siendo posible una valoración probatoria invasiva a través de esta acción de defensa; y, iv) El impetrante de tutela invocó otros derechos fundamentales sin demostrar el nexo causal entre los hechos y su supuesta vulneración, como el derecho al trabajo vinculado a la vida y a la alimentación, los cuales no constituyen derechos consolidados sino expectaticios.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 132 a 134); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Formulario de Presentación de Documentación en Etapa de Postulación efectuado en el Sistema Informático de Postulaciones de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU), impreso el 16 de enero de 2023, bajo el código SC-0098, que consigna los datos de Ezedin Alberto Alarcón Prado -ahora accionante-, el cual en la casilla: “2. EXPERIENCIA PROFESIONAL”, contempla como institución al GAM de La Paz, consignando como fecha de inicio “18/03/2024”, documento firmado al pie por el impetrante de tutela y José Carlos Paniagua Bazán miembro de la Comisión Calificadora Departamental de Santa Cruz para la Convocatoria Pública - Gestión 2022, Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el ingreso a la Carrera Notarial -ahora codemandado- (fs. 61 a 62). II.2. Consta Reporte del Concurso de Méritos del Sistema Informático de Postulaciones de DIRNOPLU, impreso el 7 de febrero de 2023, correspondiente al accionante y firmado por Mauricio Suárez Jaldín, miembro de la Comisión Calificadora Departamental de Santa Cruz para la Convocatoria Pública - Gestión 2022, Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el ingreso a la Carrera Notarial -hoy demandado-, en el cual se consigna el Resumen de Revisión de los Méritos del Postulante, especificando el puntaje en Formación académica 12/15, Experiencia profesional 3/10, Actualización académica 10/10 y Producción intelectual 4/5, otorgando un puntaje total de 29/40 (fs. 63 a 64). II.3. Mediante memorial presentado el 31 de marzo de 2023, el impetrante de tutela impugnó su calificación final ante la Comisión demandada (fs. 102 a 106). II.4. Cursa Resolución de Impugnación 42/2023 de 5 de abril, emitida por Mauricio Suárez Jaldín, Miguel Ángel Medrano Martínez, José Carlos Paniagua Bazán y Ericka Yuly Paredes Gonzales, todos miembros de la Comisión Calificadora Departamental de Santa Cruz para la Convocatoria Pública - Gestión 2022, Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el ingreso a la Carrera Notarial -hoy demandados-, mediante la cual resolvieron revocar la calificación final de 67.10 puntos asignada al peticionante de tutela, complementando 4 puntos a la calificación de diplomado en algún área del Derecho en la categoría de formación académica, correspondiente a la etapa de concurso de méritos, consignando una calificación final de 71.10 puntos (fs. 74 a 79).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia; a la defensa, al trabajo, a la vida y a la salud; y, al principio de verdad material; toda vez que, dentro del proceso de la Convocatoria Pública - Gestión 2022 para la Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública, obtuvo 67.10 puntos; calificación que impugnó en las áreas de formación académica y experiencia profesional, emitiendo la Comisión demandada la Resolución de Impugnación 42/2023, que revocó parcialmente dicha calificación, adicionando 4 puntos por un diplomado en derecho en la categoría de formación académica, estableciendo la nota final de 71.10 puntos; no obstante, reclama que: a) No efectuaron una motivación suficiente y no respondieron legal ni procedimentalmente a la impugnación que formuló; y, b) No consideraron, ni revisaron la documentación adjunta, pese a que la fuente de verificación de su experiencia laboral fue el Certificado de Trabajo DGRH.UAP.KP-BS/C. 0773/2022 emitido por el GAM de La Paz, al contar con título en provisión nacional expedido el 2002, el cual acreditaba sus años de experiencia profesional; por lo que, pese a que superó la etapa de postulación, en etapa de concurso de méritos y examen de competencia, no se evaluó objetivamente su experiencia profesional. Ante ello, la parte demandada, señaló que la presente acción tutelar es improcedente por el principio de subsidiariedad, debido a que el impetrante de tutela no impugnó oportunamente la consideración de la fecha de emisión del título en provisión nacional para acreditar su experiencia profesional; consignó incorrectamente su certificado de trabajo, error reconocido y no subsanado, que derivó en la asignación de siete puntos. La Resolución de Impugnación 42/2023 se encuentra debidamente fundamentada; la justicia constitucional no es una instancia revisora de la calificación ni procede a valorar nuevamente el título en provisión nacional, existió un plazo suficiente para subsanar los errores de postulación y no lo hizo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso

Al respecto, la SCP 0111/2015-S3 de 20 de febrero, señaló que: “En ese contexto, es una obligación para toda autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado, en razón a que el omitir las explicaciones por las cuales se arribó a una determinada Resolución, implica suprimir una parte estructural de la misma. Ahora bien, ese deber de fundamentación y motivación está relacionado con el cumplimiento de otros presupuestos que la hacen válida, siendo uno de ellos, emitir el fallo conforme al principio de congruencia, el cual importa, no sólo que no puede emitirse un pronunciamiento sobre aspectos que no fueron solicitados, sino también que debe existir una estricta correspondencia, entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conllevando a que exista coherencia en todo el contenido del fallo, es decir, entre la parte considerativa y lo resuelto, así, como unidad de criterio entre cada aspecto considerativo, criterios que obligan a la autoridad con facultades de decisión, dictar fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas fueron añadidas).

III.2. Sobre la subsidiariedad en acciones de amparo constitucional

La acción de amparo constitucional tiene carácter extraordinario y subsidiario, por lo que sólo procede cuando no existen o se han agotado previamente los medios ordinarios de defensa. En aplicación de este principio, dicha acción resulta improcedente cuando las autoridades judiciales o administrativas no tuvieron la oportunidad de pronunciarse sobre un asunto debido a que el accionante no utilizó, en tiempo y forma, los recursos o medios de impugnación previstos por el ordenamiento jurídico. Asimismo, la acción de amparo constitucional no puede ser utilizada para introducir argumentos, hechos o agravios que no fueron oportunamente planteados en la vía ordinaria, ni para subsanar omisiones atribuibles a la falta de diligencia procesal del interesado, por cuanto, el permitir ello implicaría desnaturalizar la finalidad del mismo y convertirlo en una instancia revisora extemporánea, vulnerando así también la seguridad jurídica. Al respecto, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrolló subreglas sobre el principio de subsidiariedad en acción de amparo constitucional, estableciendo que no procede en caso que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

Del análisis de los antecedentes, se establece que el accionante postuló a la Convocatoria Pública - Gestión 2022 para la Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública e ingreso a la Carrera Notarial, proceso que comprendió las etapas de: postulación, concurso de méritos y examen de competencia, una vez que conoció la calificación final de 67.10 puntos, cuestionó las notas obtenidas en la etapa de concurso de méritos, en los acápites de formación académica y experiencia profesional. En ese entendido, según el Reporte del Concurso de Méritos del Sistema Informático de Postulaciones de DIRNOPLU, que contempla el Resumen de Revisión de los Méritos del Postulante, especifica el puntaje en Formación académica: 12/15, Experiencia profesional: 3/10, Actualización académica: 10/10 y Producción intelectual: 4/5, resultando un puntaje total de 29/40 (Conclusión II.2). Posteriormente, el 31 de marzo de 2023 el impetrante de tutela impugnó su calificación final ante la Comisión demandada, quienes emitieron la Resolución de Impugnación 42/2023 de 5 de abril, revocando la calificación final de 67.10 puntos, complementando 4 puntos a la calificación de diplomado en algún área del derecho en la categoría de formación académica, correspondiente a la etapa de concurso de méritos, estableciendo la calificación final de 71.10 puntos (Conclusiones II.3 y 4). Ahora bien, a través de la presente acción tutelar, el accionante denuncia la lesión de sus derechos, señalando que la Comisión demandada, al resolver su impugnación, incurrió en diversas irregularidades. En ese contexto, respecto al punto a), el impetrante de tutela sostiene que la Comisión demandada no efectuó una motivación suficiente ni respondió legal ni procedimentalmente a la impugnación que formuló. En ese entendido, si bien el accionante no especifica que parte de la Resolución cuestionada no contiene una debida motivación y que punto impugnado no fue objeto de pronunciamiento por la Comisión demandada, del cotejo de los antecedentes venidos en revisión, se establece que es evidente que el 31 de marzo de 2023, el solicitante de tutela presentó impugnación contra la calificación final obtenida de 67.10, específicamente en las notas de formación académica y experiencia profesional, cuestionando:

1) En cuanto a la formación académica, en la que obtuvo la calificación de 12/15, refiere que se le observó: i) El Diploma de Especialización en Auditoria, Control y Fiscalización de los Gobiernos Locales, que en sus primeras líneas se indica “curso” y no título de post grado emitido por una entidad universitaria; empero, impugnó señalando que la Comisión demandada no interpretó correctamente todo el contenido del documento pues la asistencia al “curso” y su aprobación era requisito habilitante para la obtención del diploma de especialización emitido por la Unión Iberoamericana de Municipalistas; y, ii) Respecto al Diplomado en Derecho Notarial y Registral, se le observó que existía discrepancia entre la universidad registrada en el Sistema Informático de Postulaciones de DIRNOPLU y el certificado adjunto, además de señalarse que fue emitido en Lima-Perú y carecía de validación o apostillado, en su impugnación aclaró que se trataba de dos diplomados distintos, verificados por la comisión de calificación, y sostuvo que el art. 36.I.1 del Reglamento de Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el Ingreso a la Carrera Notarial, no exigía validación ni apostillado, sino únicamente copia simple del título. 2) Con relación al acápite de experiencia profesional, en el que obtuvo la nota de 3/10, refiere que se le observó el certificado de trabajo emitido por el GAM de La Paz, debido a que el postulante registró incorrectamente las fechas en el Sistema Informático de Postulaciones de DIRNOPLU, las cuales no coincidían con dicho documento; aspecto que es reconocido por el ahora accionante al registrar “18 de marzo de 2024” en lugar de “18 de marzo de 2004”, aclarando que el Certificado de Trabajo DGRH.UAP.KP-BS/C. 0773/2022 de 4 de noviembre, acreditaba que ingresó a trabajar en el GAM de La Paz desde el 18 de marzo de 2004 hasta el 1 de julio de 2015 y luego del 6 de julio de 2015 al 3 de enero de 2017, haciendo un total de doce años, nueve meses y diez días; sin embargo, consideró que se debió aplicar el principio de verdad material.

Sobre estos aspectos, la Comisión demandada emitió la Resolución de Impugnación 42/2023, determinando revocar la calificación final de 67.10 puntos, complementando 4 puntos a la calificación de diplomado en algún área del derecho en la categoría de formación académica, correspondiente a la etapa de concurso de méritos, consignando la calificación final de 71.10 puntos (Conclusión II.4), que entre sus fundamentos, señaló que el Diploma de Especialización en Auditoría, Control y Fiscalización de los Gobiernos Locales - Unión Iberoamericana de Municipalistas no contaba con legalización o revalidación del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y que la carga horaria acreditada de ciento cuarenta y cinco horas no cumplía con los criterios exigidos por la CEUB para títulos de posgrado, que requieren entre cuatrocientos y seiscientos cuarenta horas. Asimismo, indicó que de la revisión de la documentación del postulante se verificó el correcto registro del Diplomado en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Tecnológica Boliviana, teniéndose por acreditado este extremo, bajo el principio de verdad material. Añadiendo que, conforme al art. 26.III del Reglamento de Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el Ingreso a la Carrera Notarial, era deber y responsabilidad del postulante registrar correctamente su documentación, siendo insuficiente la justificación referida a nerviosismo, considerando que la convocatoria inició en mayo de 2022 y la postulación concluyó en diciembre de ese año, plazo suficiente para corregir errores en el registro. En consecuencia, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no se demostró que la Resolución de Impugnación 42/2023, carezca de motivación respecto a los puntos impugnados por el solicitante de tutela, al haber expuesto las razones suficientes de la decisión adoptada, tampoco incurrió en incongruencia omisiva, respecto a los motivos expuestos en la impugnación, por consiguiente no se evidenció la vulneración del derecho al debido proceso en sus componentes de motivación y congruencia. Sobre el punto b) referido a que, en la Resolución de Impugnación 42/2023, no consideró que, pese a que la fuente de verificación de su experiencia laboral fue el certificado de trabajo del GAM de La Paz, al contar con título en provisión nacional expedido el 2002, este acreditaba los años de experiencia profesional, por lo que no se evaluó objetivamente su experiencia profesional, omitiéndose dicho aspecto al resolver su impugnación. En cuanto a este reclamo, de la revisión de la impugnación formulada por el accionante, se advierte que el argumento referido a que la experiencia profesional debió ser computada desde la emisión del título en provisión nacional, cumpliendo así el requisito de seis años para la obtención del puntaje requerido conforme a lo dispuesto por el art. 36.II.2 del Reglamento de Selección de Notarias y Notarios de Fe Pública para el Ingreso a la Carrera Notarial, no fue planteado en el memorial de impugnación; por lo que, no fue objeto de pronunciamiento por los miembros de la Comisión demandada, no habiéndose agotado la vía idónea, lo que activa el principio de subsidiariedad e impide su análisis en sede constitucional, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Por lo expuesto, al no existir, argumentos que hayan demostrado la vulneración de los derechos a la defensa, al trabajo, a la vida y a la salud; y, el principio de verdad material; corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 46 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 116 vta. a 119 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0574_2026-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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