B.IA.LEGAL

SCP 0574/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 16 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55153-2023-111-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de favorabilidad; toda vez que, habiendo solicitado al Juzgado Publico de Familia Primero de El Alto la remisión antecedentes a la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efecto que dicha instancia emita Auto de enmienda respecto de las observaciones generadas por el SERECI; cumplida dicha remisión, la mencionada Sala, pronunció el Auto de 8 de junio de 2022, por el cual conminó a la Jueza de instancia a ejecutar el Auto de Vista S-325/2021, y en caso de ser necesario enmendar el mismo; empero, pese a lo instruido por la indicada Sala, la mencionada Jueza incumpliendo el mismo emitió el Auto de 7 de julio de 2022, a través del cual denegó la solicitud de enmienda y complementación del citado Auto de Vista, manifestando que no le correspondía hacer ninguna complementación debido a que el fallo fue pronunciado por otras autoridades, y que el mismo se encontraría fuera del plazo previsto por el CFPF; por tales motivos, solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de 7 de julio de 2022, mediante el cual se denegó la solicitud de enmienda y complementación del Auto de Vista S-325/2021; y, 2) Se disponga que los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de complementación y enmienda, consignen correctamente el tiempo de la unión libre -del 12 de mayo a 2010 al 6 de octubre de 2020-, así como la identidad completa de la demandada. En consecuencia, dentro del presente c…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 040/2023 de 20 de marzo, cursante de fs. 127 a 131 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, únicamente en relación a los Vocales de la Sala Civil Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia, en cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso, en vinculación con el principio de verdad material; en los mismos términos dispuestos y fundamentados por la citada Sala Constitucional; y, 2° DENEGAR respecto a la Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz; y, al derecho a la defensa y al principio de favorabilidad, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre los alcances y el entendimiento asumido por la jurisdicción constitucional, respecto de la aclaración, complementación y enmienda
  2. III.2. El principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0574/2025-S3 Sucre, 16 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55153-2023-111-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 40/2023 de 20 de marzo, cursante de fs. 127 a 131 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por René Sullcani Mamani contra Fanny Coaquira Rodríguez, e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del mismo departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 de noviembre de 2022; 5 y 26 de enero de enero de 2023, cursantes de fs. 50 a 58; 61 a 63; y, 67 a 69 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Habiendo iniciado una demanda de comprobación de unión libre o de hecho contra Eunicia Nicolás Corani -tercera interesada-, sustanciada ante el Juzgado Público de Familia Primero de El Alto, dicha instancia emitió la Resolución 916/2021 de 29 de mayo, por la cual declaró improbada la referida pretensión; en mérito a ello, interpuso recurso de apelación, el cual fue conocido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que a través del Auto de Vista S-325/2021 de 2 de julio revocó la decisión de instancia y declaró probada la demanda, determinando la existencia de la unión libre entre su persona y Eunicia Nicolás Corani, desde el 1 de abril de 2010 hasta el 6 de octubre de 2020.

Empero, en ejecución del indicado fallo y a efectos de tramitar los testimonios y copias legalizadas pertinentes para su presentación en oficinas del Servicio de Registro Cívico (SERECI), dicha instancia realizó dos observaciones, la primera en relación a la fecha de inicio de la señalada unión libre, aquello en virtud a que según los datos consignados en el SERECI, la misma debía iniciar el 12 de mayo de 2010 y no así el 1 de abril de similar año, y la segunda referida a la consignación de forma incompleta del nombre de la demandada -quien figura solo como Eunicia- sin que consten su respectivos apellidos paterno y materno. Ante dicha situación, solicitó al Juzgado Público de Familia Primero de El Alto, se proceda con la remisión antecedentes a la Sala Civil Segunda, a efecto que dicha instancia emita el concerniente Auto de Enmienda respecto de las observaciones generadas por el SERECI; no obstante de ello, cumplida esa remisión, la mencionada Sala Civil, a través de Auto de 21 de febrero de 2022, señaló que conforme dispone el Art. 409.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-, los jueces de primera instancia serían los encargados de proceder con la ejecución de fallos emitidos en los procesos que les atinge y que el Tribunal de alzada, en este caso la indicada Sala, no podía reabrir su competencia, disponiendo en consecuencia la remisión de obrados al Juzgado de origen. Por tal motivo, nuevamente a través de memorial de fecha 24 de mayo de 2022, solicitó la remisión de antecedentes a la citada Sala, a efecto que esa instancia emita el respectivo Auto de enmienda y aclaración, la cual en conocimiento del mismo, pronunció el Auto de 8 de junio de 2022, por el cual conminó a la Jueza de instancia a ejecutar el Auto de Vista S-325/2021, y en caso de ser necesario enmendar el mismo en cuanto al periodo de la unión libre, conforme aquello en mérito a lo previsto por el art. 362 del CFPF. Sin embargo, pese a lo instruido por el citato Auto, la mencionada Jueza en lugar de dar observancia al mismo, procedió a emitir el Auto de 7 de julio de 2022, a través del cual denegó la solicitud de enmienda y complementación del Auto de Vista S-325/2021 de 2 de julio de 2021, y omitiendo dar cumplimiento a lo instruido por los referidos Vocales no se pronunció sobre el fondo de la pretensión impetrada, manifestando que no le correspondía hacer ninguna complementación debido a que el fallo a ser enmendado y completado fue emitido por otras autoridades; hecho que generó incertidumbre ante la falta de respuesta a la observación formulada por el SERECI.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de favorabilidad, citando al efecto los arts. 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. d) y f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: a) Se deje sin efecto el Auto de 7 de julio de 2022, mediante el cual se denegó la solicitud de enmienda y complementación del Auto de Vista S-325/2021; y, b) Se disponga que los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Complementación y Enmienda, consignen correctamente el tiempo de la unión libre -del 12 de mayo a 2010 al 6 de octubre de 2020-, así como la identidad completa de la demandada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de marzo de 2023, según consta en acta cursante de fs. 124 a 126, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su acción tutelar y ampliándola manifestó que: 1) En virtud a observaciones realizadas por el SERECI, se solicitó a la Jueza de primera instancia que proceda con la remisión de obrados al Tribunal superior en grado a efectos que este realice la enmienda y complementación del Auto de Vista S-325, aquello a efectos de enmendar errores de forma; sin embargo, el mencionado Tribunal en lugar de proceder con lo solicitado, determinó a través de Auto de 8 de junio de 2022, devolver los antecedentes al Juzgado de origen para que esta instancia proceda a ejecutar el citado fallo y si considera pertinente realice la complementación y enmienda requerida; y, 2) Posterior a ello, mediante Auto de 7 de julio del señalado año, la mencionada Jueza incumpliendo lo ordenado por el Tribunal Ad quem, se negó a realizar la indicada complementación, alegando que la misma se encontraba fuera del plazo previsto por la normativa correspondiente, no considerando que dicha solicitud -enmienda y complementación- no modificó el fondo de la decisión asumida por el referido Auto de Vista.

I.2.2. Informes de los demandados

Fanny Coaquira Rodríguez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito presentado el 20 de marzo de 2023, cursante de fs. 122 a 123, solicitaron se deniegue la tutela impetrada señalando lo siguiente: i) De la revisión de la acción de amparo constitucional, se advierte que el impetrante de tutela dirige toda su argumentación contra la Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz, sin que se evidencie cómo en este caso el Tribunal de alzada habría vulnerado o restringido derechos o garantías constitucionales; ii) La demanda tutelar realizada en su contra carece de fundamento, toda vez que el Tribunal ad quem acogió favorablemente la pretensión del accionante; situación por la cual, consideran que la fundamentación expresada resulta ser incongruente en relación a los antecedentes del proceso; y, iii) En relación a la solicitud de enmienda y complementación impetrada por el solicitante de tutela, se tiene presente que la misma fue atendida en su debida oportunidad y merced a ello se emitió un Auto, en el cual se conminó a la Jueza de instancia a que la misma conforme a procedimiento realice las acciones necesarias a efecto de dar respuesta a lo peticionado. Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Pública de Familia Primera de El Alto, mediante informe escrito presentado el 20 de marzo de 2023, cursante de fs. 117 a 121 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada argumentando que: a) Conforme al art. 362 del CFPF, la facultad de complementar y enmendar una Sentencia, Auto de Vista o Auto Supremo corresponde exclusivamente a la autoridad que la emitió; b) El Auto de Vista S-325/2021, fue emitido por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en ese contexto, se tiene que las inconsistencias advertidas respecto al cómputo del periodo de la unión libre y la omisión de datos en este caso de forma no pueden ser subsanadas por una autoridad distinta a la que dictó el fallo mismo que fue analizado en el fondo; y, c) La solicitud de enmienda y complementación a la que hace referencia el accionante, fue presentada fuera del plazo establecido en el art. 363 del citado Código; en ese sentido se tiene presente que el Auto de 7 de julio de 2022, emitido por su autoridad, se encontraría debidamente fundamentado.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Eunicia Nicolas Corani a través de su abogado en audiencia de garantías, señaló que: 1) Se adhiere a los fundamentos expresados en la Resolución 916/2021, emitida en primera instancia, toda vez que el accionante no cumplió con los requisitos establecido en el art. 325 del CFPF ; y, 2) No logró dar continuidad ni prosecución a los actos jurisdiccionales y en sí al respectivo proceso debido a su precaria situación económica, decisión que derivó en una efectiva lesión a sus derechos, aquello a pesar de las amenazas constantes que sufría por parte del peticionante de tutela.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 40/2023, cursante de fs. 127 a 131 vta., concedió en parte la tutela impetrada únicamente contra Isaías Vargas Chambi y Fanny Coaquira Rodríguez, Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo: i) Dejar sin efecto el Auto de 8 de junio de 2022, emitido por los Vocales demandados; ii) Que las citadas autoridades respondan a los requerimientos efectuados por el accionante a través de memoriales de 22 de febrero y 24 de mayo de 2022; y, iii) Poner a conocimiento del Consejo de la Magistratura la nulidad del mencionado Auto, esto debido a que el citado contenía sanciones contra la Jueza de instancia ahora demandada; y, deniega en relación a Ketty Nancy Velásquez Rosales, Jueza Publica Primera de Familia de El Alto del departamento de La Paz, determinación adoptada con base en los siguientes fundamentos: a) Queda establecido que, en mérito al entendimiento desarrollado por la SCP 0386/2015, el mecanismo de aclaración, complementación y enmienda constituye un recurso destinado a que el mismo Tribunal que emitió una resolución jurisdiccional proceda a aclarar puntos oscuros o dudosos, así como a salvar omisiones o corregir errores; en ese marco, la jurisdicción constitucional interpretó que la facultad prevista por el art. 362 del CFPF, corresponde exclusivamente a la autoridad judicial que emitió el Auto definitivo, Sentencia, Auto de Vista o Auto Supremo, siendo improcedente que otra autoridad sea de igual, inferior o incluso superior jerarquía asuma dicha atribución; no obstante, dicha limitación se aplica únicamente cuando se trata de aspectos sustanciales de la resolución; en cambio, cuando se trata de aspectos meramente formales, como errores materiales o numéricos, estos pueden ser corregidos por la autoridad encargada de la ejecución del fallo, siempre que no impliquen una modificación del contenido sustantivo de la decisión; b) Se entiende que la autoridad competente para emitir complementación y/o enmienda del Auto de Vista S-325/2021, sería aquella que dictó la resolución que declaró probada la demanda; ahora, si bien el art. 362 del CFPF, establece que en ejecución de sentencia pueden ser subsanados errores materiales de carácter numérico, gramatical o mecanográfico, tal facultad se limita estrictamente a aspectos formales, en ese sentido, se tiene que el argumento expuesto por la autoridad de apelación podría enmarcarse dentro del contenido del mencionado artículo; empero, resulta pertinente precisar que en este caso la fecha desde la cual debe reconocerse la unión libre, no constituye un error formal, gramatical ni mecanográfico, sino que se trata de una cuestión sustancial, misma que incide directamente en el fondo de la decisión jurisdiccional adoptada; en consecuencia, se concluye que el requerimiento de aclaración, complementación o enmienda no puede ser atendido por una autoridad distinta a la que emitió la resolución, bajo el argumento de tratarse de un error formal; c) Se advirtió que en la parte dispositiva del citado Auto de Vista, se identifica a la demandada de la causa solamente como “Eunicia”, dicha omisión claramente afecta directamente la eficacia de los actos administrativos posteriores, vinculados a la inscripción de la unión libre; en ese entendido, considerando que el segundo punto resolutivo del referido fallo declaró probada la existencia de la unión libre entre Rene Sullcani Mamani y “Eunicia”, corresponde afirmar que la autoridad competente para pronunciarse respecto a la complementación o enmienda del dato incompleto es exclusivamente aquella que dictó la mencionada resolución, aquello al tratarse de una actuación que recae sobre un acto jurisdiccional específico cuya modificación, por mínima que sea, debe ser asumida únicamente por la autoridad emisora; d) Ahora, respecto al incumplimiento del plazo previsto por el art. 363 del CFPF, en la medida en que la presente solicitud de tutela constitucional estaría dirigida al análisis de una cuestión de fondo, respecto de la cual habría transcurrido el término legal, dicha observación podría tener asidero, dado que el Auto de Vista S-325/2021, fue notificado al accionante el 26 de julio de 2021, y desde ese momento contaba con la facultad de solicitar la complementación, enmienda o aclaración correspondiente; sin embargo, esta jurisdicción constitucional considera que dicha situación no puede quedar indefinidamente abierta ni interpretarse en perjuicio del solicitante de tutela, pues ello generaría un estado de incertidumbre jurídica contraria al principio de seguridad jurídica, aquello debido a que la emisión de una resolución jurisdiccional no constituye una simple facultad de las partes procesales, sino que la misma es el resultado de la actividad de una autoridad jurisdiccional competente, cuya decisión debe cumplir con los principios de legalidad, certeza y coherencia; por tal razón, corresponde entender que, en la medida en que el requerimiento del accionante busca materializar un derecho reconocido en resolución jurisdiccional firme, la autoridad competente debe pronunciarse sobre su petición dentro del marco previsto por el ordenamiento jurídico, preservando así los principios de tutela efectiva, seguridad jurídica y acceso pleno a la justicia; y, e) Con relación al Auto de 8 de junio de 2022, emitido por los Vocales demandados, se concluye que dicho actuado constituye un elemento que vulnera derechos y garantías fundamentales del impetrante de tutela, más concretamente al derecho al debido proceso, en sus dimensiones de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; dado que, a través del referido Auto, el Tribunal ad quem dispuso, de manera arbitraria, que la Jueza de instancia se pronuncie sobre aspectos sustanciales, los que se vincularon al fondo de la pretensión deducida en sede ordinaria familiar; aquello a pesar que, conforme a lo establecido en el art. 362 del citado Código y la línea jurisprudencial desarrollada por Tribunal Constitucional Plurinacional, tal competencia corresponde exclusivamente a la autoridad judicial que emitió el fallo; en consecuencia, al haber ordenado que una autoridad distinta asuma una competencia que no le corresponde -como es pronunciarse sobre un eventual error en el contenido sustancial de una resolución emitida por el propio Tribunal de alzada-, se ha generado una afectación directa a los derechos fundamentales del accionante, quien no puede ser perjudicado por la omisión, imprecisión o defectuosa consignación de datos relevantes en una decisión jurisdiccional que no está en sus manos corregir, lo que implica la necesidad de conceder la tutela impetrada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Resolución 916/2021 de 29 de mayo, la Jueza Pública de Familia Primera de El Alto, dentro de la demanda de comprobación de unión libre o de hecho seguida por René Sullcani Mamani -accionante- contra Eunicia Nicolás Corani -tercera interesada-, determinó declarar improbada a la misma, en virtud a que el prenombrado no acreditó la estabilidad y permanencia de la relación en los términos exigidos legalmente, desde el 13 de octubre de 2007 hasta el 6 de octubre de 2020 (fs. 2 a 5 vta.).

II.2. A través del Auto de Vista S-325/2021 de 2 de julio, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz revocaron la referida Resolución 916/2021; y, en consecuencia, declararon probada la demanda interpuesta por el impetrante de tutela, disponiendo en consecuencia que la unión libre entre el nombrado y la tercera interesada surtió efectos desde el 1 de abril de 2010 hasta el 6 de octubre de 2020 (fs. 6 a 10 vta.). II.3. Por memorial presentado el 17 de febrero de 2022, ante el Juzgado Público de Familia Primero de El Alto, el demandante de tutela solicitó la remisión de obrados a la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con el propósito que se proceda a la ejecutoria del Auto de Vista S-325/2021, siendo el mismo remitido a la mencionada Sala a través de decreto de la misma fecha (fs. 11 a 12). II.4. Mediante Auto de 21 de febrero de 2022, los Vocales ahora demandados devolvieron el expediente al Juzgado de origen, argumentando que dicha remisión carecía de sustento normativo y procesal, toda vez que la competencia de los tribunales de segunda instancia se activa solamente con la concesión de recursos de apelación, calificando aquella remisión como maliciosa por haber sido realizada sin sorteo previo, motivo por el cual procedieron a llamar la atención a la citada Jueza, exhortándole actuar conforme a los principios de celeridad, acceso a la justicia, debido proceso y ejecución de fallos (fs. 15 y vta.). II.5. En atención al supra citado Auto, mediante proveído de 14 de marzo de 2022, la Jueza demandada respondiendo al mismo señaló que la determinación adoptada por los indicados Vocales evidenciaba un actuar negligente respecto a lo dispuesto en el art. 387 del Código del CFPF, que establece la devolución del expediente al Juzgado inferior debió ser dentro del plazo de veinticuatro horas una vez ejecutoriado el mencionado Auto de Vista (fs. 18). II.6. Por Nota de Observación 38/2022 emitida por el SERECI, dicha instancia refirió que, de la verificación del registro de matrimonio del solicitante de tutela, se estableció que la cancelación de su partida matrimonial se produjo el 30 de marzo de 2010, con ejecutoria el 11 de mayo del mismo año, motivo por el cual se concluyó que el prenombrado contaba con libertad de estado a partir del 12 de mayo de 2010 (fs. 20). II.7. A través de memorial de 24 de mayo de 2022, presentado ante el Juzgado Público de Familia Primero de El Alto, el peticionante de tutela requirió la remisión de antecedentes a la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos que la misma proceda con la enmienda y aclaración sobre la fecha de inicio de la unión libre reconocida, solicitud que fue derivada mediante decreto de la misma fecha (fs. 21 a 22). II.8. Mediante Auto de 8 de junio de 2022, los Vocales demandados resolvieron “anular obrados hasta fs. 337”, disponiendo en consecuencia que la Jueza Pública de Familia Primera de El Alto proceda a ejecutar el Auto de Vista S-325/2021, en virtud a que corresponde a los jueces de primera instancia realizar la ejecución de fallos con calidad de cosa juzgada y/o ejecutoriados, y en consecuencia si fuera el caso proceder a enmendar el periodo de la unión libre de acuerdo a lo previsto en el art. 362 del CFPF (fs. 27 a 28).

II.9. Finalmente, por Auto de 7 de julio de similar año, la Jueza aludida expresó su negativa a dar curso a la enmienda y aclaración solicitada por el accionante, alegando que: 1) Dicho mecanismo procesal corresponde únicamente al tribunal que emitió la resolución a ser enmendada, en este caso la Sala Civil Segunda del citado Tribunal Departamental de Justicia; y, 2) Conforme lo establecido por el art. 363 del CFPF, se tiene presente que la solicitud de complementación o enmienda debe efectuarse en la misma audiencia en la que se dicte la resolución o dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación, circunstancia que no se cumplió; aspecto por el cual, se tiene que indicada solicitud estaría fuera del plazo previsto por la norma señalada (fs. 33 a 34).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de favorabilidad; toda vez que, habiendo solicitado al Juzgado Publico de Familia Primero de El Alto la remisión antecedentes a la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efecto que dicha instancia emita Auto de enmienda respecto de las observaciones generadas por el SERECI; cumplida dicha remisión, la mencionada Sala, pronunció el Auto de 8 de junio de 2022, por el cual conminó a la Jueza de instancia a ejecutar el Auto de Vista S-325/2021, y en caso de ser necesario enmendar el mismo; empero, pese a lo instruido por la indicada Sala, la mencionada Jueza incumpliendo el mismo emitió el Auto de 7 de julio de 2022, a través del cual denegó la solicitud de enmienda y complementación del citado Auto de Vista, manifestando que no le correspondía hacer ninguna complementación debido a que el fallo fue pronunciado por otras autoridades, y que el mismo se encontraría fuera del plazo previsto por el CFPF; por tales motivos, solicitó se conceda la tutela y en consecuencia: 1) Se deje sin efecto el Auto de 7 de julio de 2022, mediante el cual se denegó la solicitud de enmienda y complementación del Auto de Vista S-325/2021; y, 2) Se disponga que los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de complementación y enmienda, consignen correctamente el tiempo de la unión libre -del 12 de mayo a 2010 al 6 de octubre de 2020-, así como la identidad completa de la demandada. En consecuencia, dentro del presente caso corresponde en revisión, verificar si tales extremos son o no evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre los alcances y el entendimiento asumido por la jurisdicción constitucional, respecto de la aclaración, complementación y enmienda

Al respecto, la SCP 1385/2012 de 19 de septiembre estableció lo siguiente:

[D]ictada la Sentencia y notificada la misma a las partes, se termina la competencia del Juez o Tribunal respecto al fondo del litigio; sin embargo, puede en determinados casos y siempre que sea pertinente complementar algunos datos de oficio o a instancia de parte. De oficio cuando se advierta errores materiales que no afecta al fondo de la decisión; a petición de parte también cuando se trate de errores materiales, para aclarar conceptos oscuros o suplir omisiones. Así, se entiende que la Sentencia debe cumplir con todos los requisitos de formación previstos por el art. 192 del CPC, cuando faltare alguno de esos elementos se podrá subsanar tal extremo, por medio de este mecanismo procesal, siempre que no afecte al fondo de la Resolución. La esencia del art. 196 del CPC, no admite que con la corrección de errores materiales, la aclaración de conceptos oscuros o finalmente con la labor de suplir omisiones, se pueda modificar o variar el fondo de la decisión, por cuanto de obrar de tal manera, la misma representaría la existencia de una segunda decisión. La Jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional, sobre la solicitud de enmienda o complementación, ha establecido que no todas las omisiones pueden ser enmendadas, por medio de esta prerrogativa procesal, así la SC 0954/2004-R de 18 de junio, reiterada en el entendimiento asumido en la SC 0306/2011-R de 29 de marzo, a tiempo de referirse a la solicitud de complementación y enmienda, manifestó lo siguiente: ”…no constituye un recurso a través del cual el juez o tribunal competente pueda sustituir o modificar lo decidido, por el contrario, es un medio mediante el cual la autoridad judicial sólo puede enmendar algún error material, aclarar un concepto oscuro o suplir alguna omisión, siempre que no altere lo sustancial, y si bien, el art. 196 inc.2) del CPC establece que a pedido de parte podrá suplir cualquier omisión en que se hubiere incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio; sin embargo, debe tomarse en cuenta que no todas las omisiones son susceptibles de la corrección a que hace alusión el precepto citado, toda vez que la falta de motivación o fundamentación de la resolución no es subsanable, ya que la ausencia de las razones en virtud da las cuales el Juzgador ha pronunciado determinada resolución la hace nula por completo, y por lo mismo, no puede ser corregida a través de la enmienda y complementación”.

En ese contexto, sobre el tema la SCP 1693/2012 de 1 de octubre, estableció lo siguiente:

[En]n este entendimiento, la aclaración, complementación y enmienda es un recurso que tiene por objeto que el mismo tribunal que dictó la sentencia proceda a aclarar los puntos oscuros o dudosos, salvar o corregir omisiones, o errores que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia, a fin de poder darles el alcance que realmente tienen, pero sin alterar o modificar lo sustancial, el fondo de lo resuelto (las negrillas son agregadas).

III.2. El principio de verdad material y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal

Al respecto, la SCP 1662/2012 de 1 de octubre de 2012, sostuvo que:

[E]ntre los principios de la jurisdicción ordinaria consagrados en la Constitución Política del Estado, en el art. 180.I, se encuentra el de verdad material, cuyo contenido constitucional implica la superación de la dependencia de la verdad formal o la que emerge de los procedimientos judiciales, por eso es aquella verdad que corresponde a la realidad, superando cualquier limitación formal que restrinja o distorsione la percepción de los hechos a la persona encargada de juzgar a otro ser humano, o de definir sus derechos y obligaciones, dando lugar a una decisión injusta que no responda a los principios, valores y valores éticos consagrados en la Norma Suprema de nuestro país, a los que, todas las autoridades del Órgano Judicial y de otras instancias, se encuentran impelidos a dar aplicación, entre ellas, al principio de verdad material, por sobre la limitada verdad formal. Acorde con dicho criterio, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, estableció:

“…[L]a estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte, impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable”. Sobre la justicia material frente a la formal, en la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, se sostuvo lo siguiente:

“[E]l principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera. 'Lo que persigue el principio de prevalencia del derecho sustancial es el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por razones consistentes en el culto ciego a reglas procesales o a consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para resolver el fondo de los casos que se somete a la competencia del juez' (BERNAL PULIDO Carlos, El Derecho de los derechos, Universidad Externado de Colombia, pág. 376). La Corte

Constitucional de Colombia, en la S-131 de 2002, afirmó que '…las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico en lo que atañe a trámites y procedimientos están puestas al servicio del propósito estatal de realizar materialmente los supremos valores del derecho, y no a la inversa. O, en otros términos, las formas procesales no se justifican en sí mismas sino en razón del cometido sustancial al que pretende la administración de justicia'. En efecto, el derecho procesal también constituye una garantía democrática del Estado de Derecho para la obtención de eficacia de los derechos sustanciales y de los principios básicos del ordenamiento jurídico, puesto que todos los elementos del proceso integran la plenitud de las formas propias de cada juicio, y no constituyen simplemente reglas formales vacías de contenido, sino instrumentos para que el derecho material se realice objetivamente en su oportunidad; no obstante ello, éste y sólo éste es su sentido, de tal manera que el extremo ritualismo supone también una violación del debido proceso, que hace sucumbir al derecho sustancial en medio de una fragosidad de formas procesales. Dicho de otro modo, el derecho sustancial consagra en abstracto los derechos, mientras que el derecho formal o adjetivo establece la forma de la actividad jurisdiccional cuya finalidad es la realización de tales derechos. Uno es procesal porque regula la forma de la actividad jurisdiccional, por ello se denomina derecho formal, es la mejor garantía del cumplimiento del principio de igualdad ante la ley y un freno eficaz contra la arbitrariedad; y el otro, es derecho material o sustancial, determina el contenido, la materia, la sustancia, es la finalidad de la actividad o función jurisdiccional”. Resumiendo lo precedentemente señalado, se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez (énfasis agregado).

III.3. Análisis del caso concreto

De los hechos que motivan la presente acción tutelar y la compulsa de antecedentes cursantes en el legajo procesal, se tiene que a través Resolución 916/2021, la Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz, dentro de la demanda de comprobación de unión libre o de hecho seguida por René Sullcani Mamani contra Eunicia Nicolás Corani, determinó declarar improbada a la misma, en virtud a que no se acreditó la estabilidad y permanencia de la relación, desde el 13 de octubre de 2007 hasta el 6 de octubre de 2020 (Conclusión II.); empero, siendo apelada dicha decisión, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitieron el Auto de Vista S-325/2021, a través del cual revocaron la referida Resolución y en consecuencia, declararon probada la demanda interpuesta por el impetrante de tutela, disponiendo que la unión libre entre el nombrado y la tercera interesada surtió efectos desde el 1 de abril de 2010 hasta el 6 de octubre de 2020 (Conclusión II.2).

En ese sentido, por memorial de 17 de febrero de 2022, presentado ante el mencionado Juzgado Público de Familia, el demandante de tutela solicitó la remisión de obrados a la Sala Civil Segunda del citado Tribunal Departamental, con el propósito que se proceda a la ejecutoria del Auto de Vista S-325/2021 (Conclusión II.3); no obstante de ello, mediante Auto de 21 de febrero de 2022, los referidos Vocales devolvieron el expediente al Juzgado de origen, argumentando que dicha remisión carecía de sustento normativo y procesal, toda vez que la competencia de los tribunales de segunda instancia se activa solamente con la concesión de recursos de apelación, motivo por el cual procedieron a llamar la atención a la citada Jueza (Conclusión II.4); por tal motivo, en atención al señalado Auto, mediante proveído de 14 de marzo de 2022, la Jueza demandada respondiendo al mismo señaló que la determinación adoptada por los indicados Vocales evidenciaba un actuar negligente respecto a lo dispuesto en el art. 387 del Código del CFPF, que establece la devolución del expediente al juzgado inferior debió ser dentro del plazo de veinticuatro horas una vez ejecutoriado el mismo (Conclusión II.5). En forma posterior, por Nota de observación 38/2022 emitida por el SERECI, dicha instancia refirió que de la verificación del registro de matrimonio del solicitante de tutela, se estableció que la cancelación de su partida matrimonial se produjo el 30 de marzo de 2010, con ejecutoria el 11 de mayo del mismo año, motivo por el cual se concluyó que el prenombrado contaba con libertad de estado a partir del 12 de mayo de 2010 (Conclusión II.6), ante dicha observación, a través de memorial de 24 de mayo de 2022, presentado ante el citado Juzgado Público de Familia, el peticionante de tutela requirió la remisión de antecedentes a la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a efectos que se proceda con la enmienda y aclaración sobre la fecha de inicio de la unión libre reconocida (Conclusión II.7); sin embargo, los Vocales de la indicada Sala mediante Auto de 8 de junio de 2022, resolvieron “anular obrados hasta fs. 337”, disponiendo en consecuencia que la Jueza Pública de Familia Primera de El Alto proceda a ejecutar el Auto de Vista S-325/2021, en virtud a que corresponde a los jueces de primera instancia realizar la ejecución de fallos con calidad de cosa juzgada y en consecuencia si fuera el caso proceder a enmendar el periodo de la unión libre de acuerdo a lo previsto en el art. 362 del CFPF (Conclusión II.8).

Ante dicha determinación, la citada Jueza, por Auto de 7 de julio de similar año, expresó su negativa a dar curso a la enmienda y aclaración solicitada por el accionante, alegando que: i) Dicho mecanismo procesal corresponde únicamente al tribunal que emitió la resolución a ser enmendada, en este caso la Sala Civil Segunda del citado Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, ii) Que conforme lo establecido por el art. 363 del CFPF, se tiene presente que la solicitud de complementación o enmienda debe efectuarse en la misma audiencia en la que se dicte la resolución o dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación, circunstancia por la cual se tiene presente que indicada solicitud estaría fuera del plazo previsto por el citado Código (Conclusión II.9).

Ahora, en la problemática venida en revisión, se tiene presente que el peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa y al principio de favorabilidad, alegando que, habiendo solicitado al Juzgado Público de Familia Primero de El Alto del departamento de La Paz la remisión antecedentes a la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento, para que dicha instancia sustancie y resuelva la solicitud de enmienda y aclaración impetrada por el prenombrado respecto a la fecha de inicio de la unión libre reconocida y la consignación del nombre completo de la tercera interesada, la mencionada Sala, dictó Auto de 8 de junio de 2022, mediante el cual conminó a la Jueza de instancia a ejecutar el Auto de Vista S-325/2021, y en caso de ser necesario enmendar el mismo; no obstante de ello, pese a lo instruido por la indicada Sala, la mencionada Jueza incumpliendo lo ordenado, pronunció el Auto de 7 de julio de 2022, a través del cual denegó la solicitud de enmienda y aclaración del citado Auto de Vista, manifestando que quien debía realizar la misma era el Tribunal que la emitió y que la misma se encontraba fuera del plazo previsto por el CFPF. De los antecedentes expuestos precedentemente, se tiene que, los Vocales demandados a tiempo de conocer el memorial de 24 de mayo de 2022 -solicitud de de enmienda y aclaración del Auto de Vista S-325/2021-presentado por el accionante el cual fue remitido para su conocimiento por parte de la Jueza codemandada, estos dando respuesta al mismo debieron radicarlo, sustanciarlo y resolverlo, y no así proceder a devolver dicho escrito a la Jueza de instancia argumentando que le correspondía a la misma -Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz- atenderlo, aquello en virtud a que el proceso se encontraba en ejecución de fallos con calidad de cosa juzgada, donde a su vez instruyeron proceder a enmendar el mismo si así lo correspondiere.

En ese contexto, se evidencia que dichos aspectos, conllevaron a que el memorial de enmienda y aclaración presentado por el peticionante de tutela con respecto al Auto de Vista S-325/2021, no sea analizado en el fondo, como tampoco que se le otorgue una respuesta a los puntos cuestionados por este; situación que le generó perjuicios y por ende lesión a sus derechos y garantías constitucionales; dado que, el Auto de 8 de junio de 2022, emitido por los Vocales demandados, a través del cual dispusieron que la Jueza de instancia se pronuncie sobre aspectos sustanciales vinculados al fondo de la pretensión deducida en sede ordinaria familiar, conforme a lo establecido por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondía exclusivamente a la autoridad judicial que emitió el fallo, por lo que al haber dispuesto que una autoridad distinta asuma una competencia que no le correspondía -pronunciarse sobre un eventual error en el contenido sustancial de una resolución emitida por el propio Tribunal de Alzada-, se habría generado una afectación directa a los derechos fundamentales del accionante con respecto al debido proceso. En ese marco, y en mérito a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, corresponde se tenga presente que el principio de verdad material, debe aplicarse en todos los ámbitos del derecho, impregnando integralmente la labor jurisdiccional; en ese sentido, no corresponde que se prioricen formalismos excesivos que obstaculicen su materialización, ya que toda persona tiene derecho a una justicia sustancial, motivo por el cual, las decisiones judiciales deben fundarse en valoraciones jurídicas orientadas a resolver de fondo los conflictos sometidos a conocimiento, garantizando que el derecho sustancial prevalezca sobre exigencias procedimentales que no resulten indispensables a efectos de resolver el fondo de casos sometidos a conocimiento de los administradores de justicia; situación por la cual, en virtud a los argumentos expuestos, en la presente causa venida en revisión corresponde en consecuencia, conceder la tutela solicitada con relación a los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y denegar la misma en relación a la Jueza Pública de Familia Primera de El Alto, conforme decidió correctamente la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de La Paz. Finalmente, en referencia a la transgresión al derecho a la defensa, corresponde señalar que al no haber argumentado de qué manera los demandados hubiesen lesionado el mismo, este Tribunal se ve impedido de emitir criterio al respecto; por otra parte, en relación al principio de favorabilidad alegado también como vulnerado, se aclara que la justicia constitucional no tutela los mismos de manera directa, sino se encuentran vinculados con algún derecho.

En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido en parte la tutela impetrada, únicamente respecto a los Vocales demandados; y, denegado en cuanto a la Jueza codemandada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 040/2023 de 20 de marzo, cursante de fs. 127 a 131 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER parcialmente la tutela solicitada, únicamente en relación a los Vocales de la Sala Civil Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia, en cuanto a la vulneración del derecho al debido proceso, en vinculación con el principio de verdad material; en los mismos términos dispuestos y fundamentados por la citada Sala Constitucional; y, 2° DENEGAR respecto a la Jueza Pública de Familia Primera de El Alto del departamento de La Paz; y, al derecho a la defensa y al principio de favorabilidad, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0574_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 447cecc5e95d40596c51d05c13a8ef2f566e55d7cfd092131eaf93bc26ef107a

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