Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido por Lucy Velsina Martínez Choque en su contra, el 22 de noviembre de 2022, presentó un memorial adjuntando una boleta de depósito parcial de pago de asistencia familiar, cuyo decreto de la misma fecha, dispuso su traslado a la parte demandante, quien mediante memorial de 23 de igual mes y año, solicitó el apremio corporal del obligado -ahora impetrante de tutela-; en respuesta, el Juez -ahora demandado-emitió providencia de igual data, señalando “Previamente pronúnciese respecto a la boleta de depósito bancario de fjj. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 51/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de las cuestiones planteadas, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0574/2025-S1 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52589-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 51/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Edgar Pañuni Ramírez contra José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 5 de diciembre de 2022, cursante de fs. 7 a 9, el accionante, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso de asistencia familiar seguido en su contra, bajo el Número de Registro Judicial (NUREJ) 20383112, a cargo del Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, el 22 de noviembre de 2022, presentó un memorial adjuntando una boleta de pago por asistencia familiar devengada haciendo un depósito con todo lo que tenía hasta ese día; en respuesta, por decreto de la misma fecha, el Juez -ahora demandado-, dispuso el traslado a la parte demandante, quien mediante memorial de 23 de igual mes y año, solicitó el apremio corporal; en respuesta, la autoridad judicial -ahora demandada- emitió providencia de igual data, señalando “Previamente pronúnciese respecto a la boleta de depósito bancario de fjj. 131” (sic). Inicialmente, el indicado decreto del 23 de noviembre de 2022, no estaba “subrayado”; sin embargo, el 2 de diciembre del mismo año, constató que el proveído fue “…SUBRAYADO, ELIMINADO, SIN FIIRMA POR LA AUTORIDAD AHORA ACCIONADA…” (sic), sin justificación, y se emitió un Auto de la misma fecha -23 de noviembre de 2022- ordenando su apremio corporal, sin manifestar la fundamentación legal del por qué se dejó sin efecto el indicado decreto de 22 del referido mes y año, ya que no se conminó a la parte contraria a responder al memorial adjunto y el por qué subrayó el anterior decreto. El 23 de noviembre de 2022 -lo correcto es 2 de diciembre de 2022 (Conclusión II.4), presentó un memorial solicitando la reposición del Auto del 23 de igual mes y año, donde se ordenó su apremio corporal, solicitando al Juez -ahora demandado-, que haga cumplir el decreto de 22 de igual mes y año; enseguida, su abogado hizo el seguimiento del caso, pero el Juzgado negó información, alegando que el expediente fue remitido al Juzgado de turno, hecho que era falso. Posteriormente, se informó que la reposición no procedía y que el mandamiento seguía vigente. El Juez -ahora demandado-, negó el acceso a la información y la respuesta a su solicitud, no explicó por qué existía dos decretos, no conminó a la parte contraria como estaba ordenado y mantiene al ahora impetrante de tutela en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, con el riesgo permanente a ser privado de su libertad sin el debido proceso.
El demandante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna que la contenga.
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el mandamiento dispuesto por el Juez -ahora demandado- y el cese de la persecución e indebido procesamiento.
Celebrada la audiencia pública el 6 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 27 a 28, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y ampliando sus argumentos, señaló que el 22 de noviembre de 2022, presentó un memorial con una boleta de pago por asistencia familiar devengada, ante lo cual la autoridad judicial -ahora demandada- dispuso el traslado a la parte demandante; sin embargo, dicha disposición no se cumplió, y al día siguiente; es decir, el 23 del mismo mes y año, la parte demandante solicitó directamente su apremio corporal, sin obedecer la providencia de 22 de igual mes y año. Por estos hechos, solicita se deje sin efecto el mandamiento de apremio emitido y el cese de la persecución ilegal en su contra.
José Luis Hidalgo Guarachi, Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 26 y vta., manifestó lo siguiente: a) El ahora solicitante de tutela, por memorial de 2 de diciembre de 2022, interpuso recurso de reposición contra el Auto de 23 de noviembre de igual año, el cual ordenó la emisión del mandamiento de apremio en su contra, por incumplimiento del pago de asistencia familiar; b) El Juez -ahora demandado- “…mediante decreto de fecha 05 de diciembre de 2022 se dispuso se corra en traslado el recurso tal como dispone el Art. 369.II de la ley 603, la parte adversa tiene el plazo de 3 días para responder al recuso planteado” [sic (fs. 26)]; sin embargo, el accionante pretendería se deje sin efecto el mandamiento de apremio por el recurso interpuesto, sin considerar lo establecido por el art. 127.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), que establece que el cumplimiento de la asistencia familiar no puede suspenderse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad; c) El accionante alegó vulneración a su derecho a la defensa; sin embargo, no especificó el acto que lesionó ese derecho; d) El 31 de octubre de 2022, Lucy Velsina Martínez Choque, presentó liquidación de asistencia familiar por el incumplimiento de pago oportuno del beneficio por parte del ahora demandante de tutela, por la suma de Bs2 700.-(dos mil setecientos 00/100 bolivianos); e) El 8 de noviembre del referido año, se notificó al obligado -ahora accionante- con la liquidación de asistencia familiar por Bs2 700.-, sin que presentara observaciones dentro del plazo de tres días; posteriormente, por Auto de 15 de igual mes y año se aprobó la liquidación de pensiones, conminando al obligado -ahora impetrante de tutela- al pago bajo advertencia de apremio corporal; f) Por memorial de 22 de noviembre de 2022, el obligado -ahora demandante de tutela- presentó un depósito parcial de Bs401,50.- (cuatrocientos uno 50/100 bolivianos), y se dispuso poner en conocimiento de la parte demandante; después, el 23 de igual mes y año, la demandante solicitó el apremio corporal, el cual fue emitido mediante Auto de la misma fecha deduciendo el monto depositado, por la suma de Bs2 298,50.- (dos mil doscientos noventa y ocho 50/100 bolivianos); sin embargo, el peticionante de tutela pretendería que se cumpla con la formalidad del decreto de 22 de noviembre de 2022, que dispuso se haga conocer dicho depósito parcial, sin considerar el principio de informalidad establecido por el art. 220 inc. e) del CFPF; y, g) En ese entendido, no es posible ordenar traslados por cada pago parcial realizado, ya que esto dilataría el cumplimiento de la asistencia familiar en perjuicio del menor beneficiario; el ahora accionante, buscaría que se exijan formalidades por cada pago, pero eso beneficiaría al obligado y no al niño beneficiario. Por último, sobre el supuesto decreto “borrado”, el mismo carecería de valor legal al no tener firma del Juez ni de la Secretaria.
El Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 51/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 29 a 30, denegó la tutela solicitada en base a los siguientes fundamentos: 1) Existiría un mandamiento de apremio corporal, pese a que presentó una boleta de depósito bancario, el cual fue corrido en traslado y sin un pronunciamiento de la parte contraria, emitió el Auto de 23 de noviembre de 2022, disponiendo la emisión del mandamiento de apremio, lo que constituiría una vulneración al debido proceso; 2) El Auto de 15 de noviembre de 2022, otorgó el plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, para que se cancele a la beneficiaria el monto de la liquidación de asistencia familiar, aprobada mediante Auto de 15 de noviembre de 2022, en la suma de Bs2 700.-, descontando el depósito parcial de Bs401,50.-, y en caso de incumplimiento se exhortó la emisión del mandamiento de apremio, conforme el art. 415.III del CFPF; 3) El hecho de presentar una boleta de pago parcial, que el Juez -ahora demandado- hubiera dispuesto poner en conocimiento de la parte contraria, a través del proveído de 23 de noviembre de 2022, sin sello ni firma, en el que referiría que previamente se pronuncie la parte adversa; al no tener la firma, no surtiría efectos; pero sí se tiene el Auto de la misma fecha -23 de noviembre de 2022-, por la suma de Bs2 298,50.- con la reducción correspondiente al pago parcial; en ese entendido, la asistencia familiar debe ser pronta y oportuna para niñas y niños garantizando su alimentación, salud y vestimenta; por lo que, el mandamiento de apremio emitido con la deducción de liquidación de pensiones no se encuentra en los alcances del art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Cursa proveído de 22 de noviembre de 2022, emitido por el Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, por el que señala:
“Se tiene presente, pase en conocimiento de parte contraria la boleta de depósito bancario adjunto. AL OTROSÍ I.- Por señalado domicilio procesal, correo electrónico y número de celular, sin perjuicio de cumplirse lo dispuesto en el Art. 314 de la Ley 603 con referencia a las notificaciones en Secretaría.” (sic [fs. 2]). II.2. Consta memorial presentado el 23 de noviembre de 2022, por Lucy Velsina Martínez Choque dentro el proceso de asistencia familiar de referencia, ante el Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, a través del cual solicitó mandamiento de apremio corporal del obligado “…de conformidad al art. 415. de la Ley 603 (…) SOLICITO A SU DIGNA AUTORIDAD, PUEDA DISPONER LA ORDEN DE APREMIO CORPORAL DEL OBLIGADO EDGAR PUÑUNI RAMIREZ (…) Y SEA CONDUCIDO AL PENAL DE SAN PEDRO LA PAZ, HASTA QUE CUMPLA CON EL PAGO TOTAL DEL MONTO DE ASISTENCIA FAMILIAR DEVENGADA…” (sic [fs. 3]); cuya providencia de 23 de noviembre de 2022, se encuentra tachada y sin la firma de la autoridad judicial ahora demandada, ni de la Secretaria del Juzgado (fs. 4). II.3. Se tiene Auto de 23 de noviembre de 2022, emitido por el Juez ahora demandado, que dispuso:
“…el demandado fue legalmente notificado con la conminatoria de fs. 129 vta. de obrados según consta de la diligencia (…) hasta la fecha hubiese cancelado el monto total adeudado en aplicación a lo dispuesto en el art. 415 parag. III de la Ley 603 se dispone que por secretaria se expida mandamiento de apremio en contra de EDGAR PUÑUNI RAMIREZ tanto cancele la suma de Bs. 2.298,50.- (dos mil doscientos noventa y ocho 50/100 bolivianos) producto de la liquidación de fs. 125 y vta. de obrados habiéndose deducido la suma de Bs. 401.50.- del depósito de fs. 131, sea con habilitación de días y horas extraordinarios más facultad de allanamiento con rotura de candados o chapas de puertas, siendo el presente mandamiento de carácter indefinido hasta el cumplimiento de la obligación” (sic [fs. 21]). II.4. Corre memorial presentado el 2 de diciembre de 2022, por Edgar Pañuni Ramírez -ahora accionante- dentro el proceso de asistencia familiar de referencia, ante el Juez -ahora demandado-, a través del cual interpuso recurso de reposición solicitando que:
“…REPONGA lo dispuesto en fecha 23 de noviembre de 2022 y deje sin efecto el mandamiento de apremio librado en contra mi persona recogido por la parte adversa en fecha 01 de diciembre de 2022 por incumplir la formalidad procesal y se disponga que la parte demandada cumpla su providencia de fecha 22 de noviembre de 2022, petición al amparo del art. 368 código de las familias…” (sic [fs. 24 y vta.]). II.5. Cursa providencia de 5 de diciembre de 2022, emitida por el Juez -ahora demandado-, que en atención al recurso de reposición planteado por el ahora demandante de tutela, el 2 de diciembre de 2022 (Conclusión II.4), señaló que:
“Pase en conocimiento de la otra parte contraria el recurso de reposición. AL OTROSÍ 1.- Por secretaria del juzgado expídase fotocopias legalizadas, previas formalidades de ley. AL OTROSÍ 2.- Por señalado el domicilio procesal, número de celular y correo electrónico, sin perjuicio de practicarse las notificaciones conforme lo dispone el Art. 314 de la Ley 603, Se tiene presente el correo electrónico y el número de celular” (sic [fs. 25]).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido por Lucy Velsina Martínez Choque en su contra, el 22 de noviembre de 2022, presentó un memorial adjuntando una boleta de depósito parcial de pago de asistencia familiar, cuyo decreto de la misma fecha, dispuso su traslado a la parte demandante, quien mediante memorial de 23 de igual mes y año, solicitó el apremio corporal del obligado -ahora impetrante de tutela-; en respuesta, el Juez -ahora demandado-emitió providencia de igual data, señalando “Previamente pronúnciese respecto a la boleta de depósito bancario de fjj. 131” (sic); este decreto, inicialmente no estaba “subrayado”; sin embargo, el 2 de diciembre del mismo año, constató que el proveído fue “…SUBRAYADO, ELIMINADO, SIN FIIRMA POR LA AUTORIDAD AHORA ACCIONADA…” (sic), sin justificación, y se emitió el Auto de igual data -23 de noviembre de 2022- ordenando su apremio corporal; razón por la cual, el 2 de diciembre del referido año, interpuso recurso de reposición contra el indicado Auto de 23 de noviembre de 2022, solicitando haga cumplir el decreto de 22 de igual mes y año, sin recibir respuesta oportuna ni acceso a información clara sobre el estado del expediente, situación que mantiene su indefensión y el riesgo de ser privado de su libertad. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio; ii) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente razonamiento: El art. 125 de la CPE refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:
I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas.
En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.
Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido La proceso.
Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPEabrg al recurso de hábeas corpus.
De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intra-procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: “Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada”; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:
Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones: a) Los incidentes serán resueltos en audiencia. b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación. c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato. d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I “Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código”; 366 que indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa”; y, 368 que menciona: “…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma; es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido por Lucy Velsina Martínez Choque en su contra, el 22 de noviembre de 2022, presentó un memorial adjuntando una boleta de depósito parcial de pago de asistencia familiar, cuyo decreto de la misma fecha dispuso su traslado a la parte demandante, quien mediante memorial de 23 de igual mes y año, solicitó el apremio corporal del obligado -ahora impetrante de tutela-; en respuesta, el Juez -ahora demandado- emitió providencia de igual data, señalando “Previamente pronunciese respecto a la boleta de depósito bancario de fjj. 131”; este decreto, inicialmente no estaba “subrayado”; sin embargo, el 2 de diciembre de dicho año, constató que el proveído fue “…SUBRAYADO, ELIMINADO, SIN FIRMA POR LA AUTORIDAD AHORA ACCIONADA…” (sic), sin justificación, y se emitió el Auto de la misma fecha -23 de noviembre de 2022- ordenando su apremio corporal; razón por la cual, el 2 de diciembre de 2022, interpuso recurso de reposición contra el indicado Auto de 23 de noviembre de 2022, solicitando haga cumplir el decreto de 22 de igual mes y año, sin recibir respuesta oportuna, ni acceso a información clara sobre el estado del expediente, situación que mantiene su indefensión y el riesgo de ser privado de su libertad. Identificada la problemática planteada, de la revisión de antecedentes se establece que por proveído de 22 de noviembre de 2022, emitido por el Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, se tiene presente el memorial de igual data, presentado por el ahora accionante, disponiendo que la boleta de depósito bancario adjunta se ponga en conocimiento de la parte contraria -Lucy Velsina Martínez Choque-(Conclusión II.1). Posteriormente, Lucy Velsina Martínez Choque, por memorial presentado el 23 de noviembre de 2022, ante el Juez -ahora demandado-, solicitó la emisión del mandamiento de apremio corporal del obligado -ahora impetrante de tutela- y sea conducido al Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, hasta cumplir con el pago total del monto de asistencia familiar devengado; cuya providencia de la misma fecha -23 de noviembre de 2022-, se encuentra tachada y sin la firma de la autoridad judicial demandada, ni de la Secretaria del Juzgado correspondiente (Conclusión II.2). En esa línea, por Auto de 23 de noviembre de 2022, el Juez -ahora demandado-, dispuso que se expida el mandamiento de apremio corporal contra el accionante, hasta la cancelación de la suma de Bs2 298,50.-producto de la liquidación de asistencia familiar, deduciendo la suma de Bs 401,50.- depositada por el obligado -ahora solicitante de tutela- (Conclusión II.3). En consecuencia, por memorial de 2 de diciembre de 2022, el peticionante de tutela interpuso recurso de reposición, solicitando reponga lo dispuesto en el Auto de 23 de noviembre de 2022 y deje sin efecto el mandamiento de apremio corporal librado en su contra, recogido por la parte contraria el 1 de diciembre del mismo año, por incumplir la formalidad procesal y se disponga que la parte contraria cumpla el decreto de 22 de noviembre de igual año conforme el art. 368 del CFPF (Conclusión II.4). Mediante providencia de 5 de diciembre de 2022, respecto al recurso de reposición interpuesto por el ahora accionante el 2 de diciembre de 2022, el Juez demandado dispuso su traslado, conforme el art. 369.II del CFPF (Conclusión II.5). En ese contexto, en el presente caso el accionante a través del recurso de reposición, planteado el 2 de diciembre de 2022, solicitó que se reponga el Auto de 23 de noviembre de igual año y se deje sin efecto el mandamiento de apremio corporal librado en su contra (Conclusión II.3), así como se disponga el cumplimiento de la providencia de 22 de igual mes y año, que corre en traslado el depósito de pago parcial de asistencia familiar realizado por el obligado -ahora impetrante de tutela- (Conclusión II.1), a efectos de que la parte contraria se pronuncie antes de disponer el mandamiento de apremio corporal; sin embargo, es necesario referir que conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en materia familiar el incidente es una figura jurídica que constituye un medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como sucede en el caso de autos, previo a recurrir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma; es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar; de ahí que, ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, el incidente resulta ser el medio de defensa idóneo, eficiente y oportuno al que previamente se debe acudir. Sin embargo, en el presente caso resulta evidente que el peticionante de tutela, el 2 de diciembre de 2022, presentó erróneamente el recurso de reposición solicitando se reponga el Auto de 23 de noviembre de igual año y se deje sin efecto el mandamiento de apremio corporal librado en su contra (Conclusión II.3), así como se disponga el cumplimiento de la providencia de 22 de noviembre del mismo año, que ordena el traslado del depósito de pago parcial de asistencia familiar realizado por el obligado -ahora accionante- (Conclusión II.1), con la finalidad que la parte contraria se pronuncie antes de emitir el mandamiento de apremio corporal; situación que representa un indebido procesamiento, por cuanto si consideraba que éstas irregularidades, vulneraban su derecho a la defensa, igualdad de las partes y que ponían en riesgo su libertad, correspondía buscar la reparación de la supuesta vulneración ante la propia autoridad judicial que conoce la causa; es decir, ante el Juez Público de Familia Sexto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, en cuyo Juzgado se tramita el proceso concerniente a la liquidación de asistencia familiar, para que la misma sea conocida y resuelta en la vía incidental, pues éste es el medio de defensa idóneo para reparar de manera urgente, pronta y eficaz, la presunta lesión de derechos del impetrante de tutela; en ese entendido, al presentar el recurso de reposición de 2 de diciembre de 2022, ante el Juez -ahora demandado- e interponer directamente la presente demanda tutelar el 5 de igual mes y año, sin agotar previamente los medios de defensa intraprocesales que tenía a su alcance, incumplió la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, de tal forma que la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar al análisis de fondo de la cuestión planteada, correspondiendo denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 51/2022 de 6 de diciembre, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de las cuestiones planteadas, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0574_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
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