B.IA.LEGAL

SCP 0574/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de julio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
10 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46892-2022-94-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad vinculado al acceso a una justicia pronta y oportuna, al debido proceso vinculado directamente al principio de celeridad, y la vida; 1) Con relación al Juez y Secretaria demandados; se tiene que, al encontrarse el hoy impetrante de tutela con detención preventiva; y, al cumplimiento del plazo para la misma, debió desarrollarse de oficio una audiencia de cesación, empero sin que exista una solicitud previa, el Juez de la causa determinó ampliar la misma por un lapso de treinta días adicionales, al término de ello, tampoco se señaló audiencia de revisión al efecto; motivo por el cual, solicitó expresamente cesación a su detención preventiva; sin embargo, la misma se señaló fuera del plazo previsto por el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del Departamento de La Paz; y respecto, a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarta del mismo departamento, únicamente en cuanto al señalamiento de audiencia; disponiendo, se señale en el plazo de veinticuatro horas el verificativo para la celebración de la audiencia de cesación de medidas cautelares impetrada por el accionante; así como, la efectivización de todos los actuados procesales necesarios para este fin, siempre y cuando aún no se hayan desarrollado, considerando el transcurso del tiempo; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Quinta del departamento de La Paz, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Del Plazo establecido para el señalamiento de audiencia ante una solicitud de cesación a la detención preventiva
  3. III.3. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional
  4. II.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0574/2023-S4 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46892-2022-94-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 03/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 31 a 34; pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ademar Giovanni Gonzáles Paniagua y Elsa Gabriela Ortega Sarmiento en representación sin mandato de Ciro Ramiro Ortega Sequeiros contra Mario Helmer Laura Pacavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; Rossemary Conde Murillo, Secretaria; del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarta del Departamento de La Paz; y, Goldy Nieves Flores Bueno, Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Quinta del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 22 de marzo de 2022, cursante de fs. 1 a 4, la parte accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de uso indebido de influencias; en fecha 24 de julio de 2021, se dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, el mismo que concluía el 23 de enero de 2022; por lo que, la audiencia de revisión de medidas personales impuestas debió ser señalada de oficio; sin embargo, mediante Auto de 25 de igual mes y año, sin solicitud previa, el Juez Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Quinto del departamento de La Paz, determinó la ampliación de su detención por un lapso de treinta días adicionales.

A la fecha, (de presentación de la acción de libertad) –22 de marzo de 2022–, el plazo de los treinta días adicionales fueron cumplidos, sin que nuevamente la autoridad judicial hubiera señalado audiencia de consideración de su detención preventiva; motivo por el cual, el 3 de marzo de 2021 al amparo del art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP) solicitó su cesación, sin embargo al estar acéfalo el juzgado donde se tramita su causa y encontrarse en suplencia legal el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; dicha autoridad, y con ya bastante retraso, señaló audiencia de cesación a su detención preventiva para el 11 del mes y años señalado, incumplimiento el plazo previsto por el art. 239 del CPP. En aquella fecha, el Juez ahora demandado suspendió la audiencia para el 16 de marzo de 2022; y en esta última fecha señalada el Juez de mérito y sin la verificación de la asistencia de las partes, nuevamente suspendió la audiencia, abandonando sin explicación la sala virtual. Al no haberse fijado audiencia para considerar su situación de privación de libertad –inclusive a la fecha de presentación de la presente acción tutelar–, en observancia de lo previsto por el art. 239.2 del CPP; se tiene la concurrencia de actos de dilación que están vulnerando derechos del hoy accionante; al margen de la demora ilegal en el señalamiento de la audiencia de cesación, ocurren problemas accesorios a este, mismos que están en relación a la ausencia de atención oportuna de sus solicitudes; siendo una de ellas, el permiso correspondiente para realizar el cobro de su pensión de jubilación, radicando el problema en el juzgado, que no remite antecedentes de forma oportuna a la gestora de procesos; y esta última, no realiza las notificaciones en tiempo oportuno, siendo a la fecha ya dos meses que se ve imposibilitado de cobrar su pensión de jubilación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La parte accionante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad vinculado al acceso a una justicia pronta y oportuna, al debido proceso ligado directamente al principio de celeridad, y a la vida; citando al efecto los arts. 23.I, 115, y 178.I, de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga “la libertad del accionante” (sic,) o en su caso se disponga que, en el plazo de veinticuatro horas el Juez demandado lleve a cabo la audiencia solicitada; sea, bajo apercibimiento de remitirse antecedentes al Ministerio Público, por la comisión del delito de incumplimiento de deberes, sea además, con beneficio de reparación de daños y perjuicios de conformidad al art. 50 en relación al art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPco).

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 23 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 30, presente la parte impetrante de tutela a través de su representante sin mandato; y ausentes la autoridad demandada y el personal de apoyo jurisdiccional codemandado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte solicitante de tutela a través de su abogado defensor, ratificó los mismos términos expuestos en su memorial de acción de libertad y aclarando algunos aspectos señaló: a) Ciro Ramiro Ortega Sequeiros es jubilado; y por ende, de forma mensual debe asistir a cobrar su renta de jubilación para su subsistencia; sin embargo, los memoriales que se presentan al efecto, no son diligenciados de forma oportuna y por ende “la gestoría” (gestora de notificaciones) no opera con la solvencia que el caso amerita en la notificación de sus solicitudes.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada y funcionarios de apoyo jurisdiccional

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar, no presentó informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 7. Rosemary Conde Murillo, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarta del departamento de La Paz, a través de informe de fs. 31 a 34 (transcrito en el acta de audiencia), señaló que: 1) En fecha 16 de marzo de 2022 se “consideró” (desarrollo) seis audiencias que se sustanciaron desde las 13:30 p.m., dada la excesiva carga en ningún momento se hizo notar la presencia de las partes en sala, tanto de la parte solicitante de tutela o de la defensa; motivo por el cual (los sujetos procesales) actuaron de mala fe; 2) Considerando que comenzó funciones en fecha 14 de igual mes y año, paulatinamente vino efectuando revisión de los procesos que radican en el juzgado, advirtiendo que en el proceso –objeto de la presente acción– se encontraba una “nota marginal” de 18 del mismo mes y año; motivo por el cual, se puso en conocimiento del señor Juez este extremo y por ello se señaló audiencia de cesación mediante providencia del 21 del citado mes y año, adjuntando documental al efecto. Goldy Nieves Flores Bueno, Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Quinta del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 9 y vta., señaló que: i) Todas las partes fueron debidamente notificadas, tal como se evidencia en las actas y diligencias efectuadas; hace presente que, la documentación del señalamiento a las audiencias programadas, llegaron un días antes de la celebración de las audiencias; pese a ello, se notificó de forma oportuna, pese a que el instructivo 02/2021 (emitido por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz), que señala la remisión de las solicitudes de notificación con una anticipación de dos días, sin embargo considerando la situación jurídica del imputado –hoy accionante– se procedió con la celeridad que el caso amerita; ii) La “Gestora Quinta” dio estricto cumplimiento con sus funciones, no habiendo provocado ningún tipo de dilación pues ello se evidencia con el propio reconocimiento de la solicitante de tutela en relación a la asistencia y conexión a las audiencias virtuales, siendo los aspectos de índole jurisdiccional ajenos a la responsabilidad de la oficina gestora.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, mediante Resolución 03/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 31 a 34, concedió en parte la tutela solicitada, en relación al Juez y Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz; y, denegó la tutela, con relación a la Oficina Gestora de Procesos Quinta de la ciudad de La Paz a cargo de la abogada Goldy Nieves Flores Bueno; con los siguientes fundamentos: a) Es necesario tomar en cuenta que cuando una persona se encuentra con detención preventiva, la autoridad jurisdiccional debe obrar con un criterio que no afecte la libertad; por lo que, la audiencia de cesación a la detención preventiva, debe ser señalada y desarrollada en el marco del cumplimiento de los plazos procesales que señala la ley 1173 y la ley 1970, señalando la misma en el plazo de cuarenta y ocho horas, pues ante la suspensión de la audiencia el 11 de marzo de 2022, la misma se reprogramó para el 16 del indicado mes y año, únicamente por no haberse consignado en la “tablilla de audiencias”; b) La decisión asumida por la autoridad jurisdiccional respecto al cumplimiento de plazos del señalamiento de la audiencia de cesación, en el marco del art. 239 del CPP, evidentemente no fue efectuado; motivo por el cual, si existió vulneración al “principio de libertad” vigente; y, c) Se debe tomar en cuenta que la demora es atribuible a la autoridad jurisdiccional, pues esta se encuentra obligada al cumplimiento de medidas administrativas pertinentes, en relación a la Secretaria del Juzgado, es evidente también que su conducta resulta omisiva, pues el hecho de no haber elaborado la tablilla de consideración de audiencias, dilató que la autoridad jurisdiccional pueda pronunciarse al efecto, denotando vulneración al principio del debido proceso en su vertiente de justicia pronta y oportuna; en consideración a que, la audiencia de cesación a la detención preventiva, debe desarrollarse de manera pronta y oportuna con la suficiente celeridad jurídica.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Acta de aplazamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, de fecha 11 de enero de 2021; así como, formularios de notificación a los sujetos procesales (fs. 20 a 27).

II.2. Acta de audiencia de acción de libertad; en la cual, se transcribe el informe de la Secretaria codemandada y se evidencia la ausencia de informe verbal o escrito de parte de la autoridad jurisdiccional demandada, que justifique la demora en el señalamiento de audiencia de cesación (fs. 29 a 30).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denunció como lesionados sus derechos a la libertad vinculado al acceso a una justicia pronta y oportuna, al debido proceso vinculado directamente al principio de celeridad, y la vida; 1) Con relación al Juez y Secretaria demandados; se tiene que, al encontrarse el hoy impetrante de tutela con detención preventiva; y, al cumplimiento del plazo para la misma, debió desarrollarse de oficio una audiencia de cesación, empero sin que exista una solicitud previa, el Juez de la causa determinó ampliar la misma por un lapso de treinta días adicionales, al término de ello, tampoco se señaló audiencia de revisión al efecto; motivo por el cual, solicitó expresamente cesación a su detención preventiva; sin embargo, la misma se señaló fuera del plazo previsto por el art. 239 del CPP; al margen de ello, nuevamente se suspendió la audiencia, posterior a la suspensión y en una nueva fecha, el juez de mérito y sin la verificación de la asistencia de la partes, volvió a suspender la misma; a la fecha de presentación de esta acción tutelar no se ha fijado audiencia para considerar su situación de privación de libertad; ya que, no se tiene constancia de notificación con este actuado; y, 2) Respecto de la Responsable de la Oficina Gestora de Procesos, se tiene que se denuncia a la misma por supuestamente no haber diligenciado memoriales de solicitud de autorización de salida, mismos que están en relación a la ausencia de atención oportuna de dichas solicitudes; siendo el hecho gravitante, la otorgación del permiso correspondiente para realizar el cobro de su pensión de jubilación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Respecto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, expresó el siguiente entendimiento: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad.

Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos´.

Además, enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad…’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Del Plazo establecido para el señalamiento de audiencia ante una solicitud de cesación a la detención preventiva

Al respecto la SCP 299/2021-S4 de 7 de julio, refiriendo a la SCP 0344/2020-S4 de 29 de julio, reiterando el razonamiento de la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, señaló que: “‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal.

(…) De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativaʼ.…ʼ.

Al respecto, el art. 239 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 – Ley de Descongestionamiento y Efectivización–, modificado por el art. 2.III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, puesta en vigencia a partir del 4 de noviembre del referido año, establece los plazos procesales para el señalamiento de la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo estos los siguientes: ‘Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el Juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos‛; de lo expuesto, se concluye que de acuerdo a lo previsto por el mencionado artículo, el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; un actuar contrario, supondría una dilación indebida” (las negrillas nos corresponden).

III.3. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional

Respecto a la responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional y la consiguiente legitimidad pasiva, la SCP/0961/2019-S4 de 21 de abril, entendió: “‘Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, reiteró lo siguiente: “…la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)». En el contexto, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda en su contra, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; toda vez que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional; sino que, las omisiones de carácter administrativo como la falta o inoportuna recepción de dineros para cubrir las fianzas económicas, elaboración del cuadernillo de apelación, de actas o de notificación a las partes, o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal, en general, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional; hechos que, repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del Juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad de su Juzgado.

Consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional.

II.4. Análisis del caso concreto

De la revisión de antecedentes se tiene que, la problemática del caso traído en revisión a este Tribunal, radica en relación a que la parte accionante denunció como vulnerados sus derechos a la libertad vinculado al acceso a una justicia pronta y oportuna, al debido proceso vinculado directamente al principio de celeridad, y a la vida; toda vez que, en audiencia celebrada el 24 de julio de 2021, se determinó su detención preventiva por el lapso de seis meses; consecuentemente el plazo de la detención vencía el 23 de enero de 2022, debiéndose señalar de oficio por la autoridad jurisdiccional audiencia de revisión de dichas medidas personales impuestas; sin embargo, en un franco incumplimiento de deberes, la misma no fue desarrollada, por el contrario y sin una solicitud previa, se desarrolló otra audiencia; en la cual, se dispuso ampliar su detención por el lapso de treinta días adicionales, ampliación que cumplía su término en fecha 25 de febrero de igual año. A la fecha y habiéndose cumplido nuevamente el plazo ampliatorio de la detención impuesta en su contra, el Juez de la causa no señaló audiencia de revisión de la detención preventiva, por tal motivo la parte y accionante presento memorial el 3 de marzo de 2021, solicitando cesación bajo el amparo del art. 239.2 del CPP; sin embargo, al encontrarse con acefalía el juzgado principal donde se desarrolla la causa, se fueron suspendiendo las audiencias señaladas al efecto, la primera el 11 de marzo de 2022, aduciendo problemas de sobrecarga laboral y la segunda el 16 de marzo del mismo año, sin siquiera explicitar los motivos para la suspensión y notificar a los sujetos procesales como corresponde. Bajo ese entendimiento, conforme a la problemática identificada; en la cual, se denuncia dilación en el señalamiento de audiencia de cesación a su detención preventiva, el impetrante de tutela tiene la intención de modificar su situación jurídica; el 3 de marzo de 2022 planteó cesación a la detención preventiva, considerando que la autoridad demandada en dos oportunidades suspendió las audiencias, la primera alegando sobrecarga laboral y colisión de audiencias; y la segunda vez, sin siquiera explicitar los motivos de suspensión y notificar debidamente a las partes; por ello, se infiere un actuar de dilación evidente, mismo que va en contradicción con los entendimientos asumidos por este Tribunal descritos en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; peor aún, considerando que la Secretaria codemandada admite la dilación efectuada supuestamente por recién haber asumido dicho cargo y además alegando falta de tiempo para la elaboración oportuna de la tablilla de audiencias; motivo por el cual, y asumiendo los alcances del Fundamento Jurídico III.3 que determinan que un adecuado ejercicio de las labores administrativas y jurisdiccionales que implica la participación tanto de los auxiliares del despacho judicial como de las autoridades judiciales en sí mismas, las responsabilidades derivadas del incumplimiento de estas funciones y obligaciones no pueden atribuirse únicamente a una persona o autoridad; dado que, cada funcionario público tiene la obligación de desempeñar sus funciones dentro del marco estricto de las disposiciones normativas que regulan su labor, ello reviste importancia cuando de ello se deriva la violación de los derechos sujetos a protección en el marco de esta garantía jurisdiccional en torno a la libertad; ergo, se colige que ambos argumentos y hechos suscitados, tanto de la autoridad jurisdiccional; así como, de su personal de apoyo, no resultan razonables para justificar la dilación de diecinueve días en el señalamiento y resolución de la solicitud de cesación a su detención preventiva; de esta manera, se hace evidente el incumplimiento del plazo previsto en el art. 239 del CPP, correspondiendo entonces conceder la tutela impetrada; toda vez que, la autoridad jurisdiccional y el personal de apoyo que tiene ésta, resultan ser responsables del señalamiento de audiencia y además del diligenciamiento de actuados y verificación de cumplimiento, para efectivizar las audiencias sin dilaciones, máxime –se reitera– si consideramos la situación de privación de libertad del hoy accionante en el caso concreto. Con base en estos antecedentes y en el contexto jurisprudencial establecido en el Fundamento Jurídico III. 1 del presente fallo constitucional, se estableció que, la autoridad que conozca de una solicitud de consideración de cesación a la detención preventiva, deberá tramitarla con la mayor celeridad posible, evitando incurrir en dilaciones indebidas que repercutan negativamente en el derecho a la libertad de los solicitantes, teniendo cuarenta y ocho horas para la fijación de audiencia. Considerando, que si bien el accionante denuncia que se atenta contra su vida, por supuestamente no atender memoriales referidos al cobro de su pensión de jubilación y por este hecho consideró demandar en la presente acción a la Responsable de la Oficina Gestora de Procesos, se debe tener presente que esta Sala, efectuando el análisis de la jurisprudencia constitucional emitida sobre el ámbito que brinda la acción de libertad ante denuncias de lesión al derecho a la vida, concluyó que: “Conforme a los razonamientos expuestos, se tiene que la acción de libertad tiene un amplio ámbito de protección que incluye el derecho a la libertad en sus esferas física y de locomoción. Asimismo, protege de manera directa el fundamentalísimo derecho a la vida e integridad personal, circunstancia en la cual, el deterioro o la afectación en la salud del impetrante de tutela podría poner en riesgo real e inminente su vida o integridad personal; en consecuencia, a efecto de que la tutela vía acción de libertad proceda, el peligro que se alega con respecto a la vida no debe limitarse a una simple enunciación, sino que corresponde que guarde las características de real, directa e inminente (SCP 0784/2020-S4 de 1 de diciembre).

Finalmente, de la valoración de los argumentos alegados en la acción de libertad; se advierte que, los mismos, se limitaron a exponer que, el accionante “no se le permite salir a cobrar su jubilación, para su correspondiente manutención…” “…constituyendo este hecho un atentado inclusive a su vida y a su salud, pues ese monto es íntegramente para su manutención al interior del Penal en el que se encuentra…”; sin embargo, con dicho argumento no se advierte de manera objetiva en esta jurisdicción, en qué medida con el cumplimiento una detención preventiva se hubiera puesto en riesgo su vida. Máxime si al contrario se advierte del informe presentado por la Responsable de la Oficina Gestora de Procesos, cursante a Fs. 9 y vta., que se efectuaron correcta y oportunamente todas las diligencias de notificación en relación a los memoriales que le fueron puestos en su conocimiento; correspondiendo conforme lo referido, denegar la tutela solicitada en contra de la responsable de la Oficina Gestora de procesos quinta de la ciudad de La Paz. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 03/2022 de 23 de marzo, cursante de fs. 31 a 34, pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, 1° CONCEDER la tutela solicitada, con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del Departamento de La Paz; y respecto, a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarta del mismo departamento, únicamente en cuanto al señalamiento de audiencia; disponiendo, se señale en el plazo de veinticuatro horas el verificativo para la celebración de la audiencia de cesación de medidas cautelares impetrada por el accionante; así como, la efectivización de todos los actuados procesales necesarios para este fin, siempre y cuando aún no se hayan desarrollado, considerando el transcurso del tiempo; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la Coordinadora de la Oficina Gestora de Procesos Quinta del departamento de La Paz, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0574_2023-S4.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): f55bf1cb81cee3dd0beb4ce42689966fe25a1df6342335eb246446f0376f3f52

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