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SCP 0573/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56730-2023-114-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus componentes defensa, impugnación y motivación; toda vez que, la Jueza demandada, tras conceder el recurso de apelación contra el Auto de 25 de abril de 2022, declaró su caducidad y ejecutoria, mediante Auto 204, por no haberse provisto los recaudos para la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada dentro el plazo previsto en el art. 259.2 del CPC; sin considerar el principio de gratuidad consagrado en el art. 180.I de la CPE ni ponderar el derecho sustancial frente a formalidades procesales. La parte demandada no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 80/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 92 a 96, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada; y,

2° Llamar la atención a Jimmy Fernando López Rojas y Diego Ramírez Cruz, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de acuerdo a lo referido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la subsidiariedad en acciones de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0573/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56730-2023-114-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 80/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 92 a 96, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rubén Jaime Rejas Quispe contra Nelly Vega Barriga, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena de la Capital del Departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 30 de noviembre de 2022 y 11 de mayo de 2023, cursantes de fs. 27 a 38; y, 47 a 49 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A raíz de un préstamo de dinero, el 10 de mayo de 2011, Jinlong Zeng y Yicali Lu -terceros interesados-, constituyeron garantía hipotecaria a favor del Banco Económico Sociedad Anónima (S.A.) sobre el inmueble ubicado en la zona noroeste “…UV 30, MZ N° P1…” (sic) con una superficie de 1 089 m, situado sobre el segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra e inscrito en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 7.01.1.99.0022321. Posteriormente, transfirieron dicho inmueble a la Empresa Constructora IPCRE Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), de la cual es socio, por el precio de $us505 000.- (quinientos cinco mil dólares estadounidenses), del cual se canceló la suma de $us295 092,63.-(doscientos noventa y cinco mil noventa y dos 63/100 dólares estadounidenses), mediante cheque de gerencia 0028051 del Banco Bisa S.A., quedando un saldo a cancelación mediante subrogación de deuda. No obstante, el 30 de mayo de 2016, los señalados vendedores ratificaron la garantía hipotecaria previamente constituida, obstaculizando la subrogación de la deuda y el registro del contrato de transferencia en DD.RR.; asimismo, modificaron unilateralmente las condiciones del préstamo inicial, mantuvieron la ocupación del inmueble y promovieron contra la Empresa Constructora IPCRE S.R.L. una demanda ordinaria de resolución del contrato de compraventa. El 22 de febrero de 2019, el Banco Económico S.A. instauró proceso ejecutivo contra Jinlong Zeng y Yicali Lu, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada-, quien declaró probada la demanda mediante Sentencia Inicial de 11 de marzo del mismo año. Posteriormente, el 12 de julio de igual año, se suscribió acta de conciliación con Jhonny Zeng Lu -hijo y apoderado de los vendedores- con quien se comprometió a cancelar la deuda bancaria que su poder conferente tenía con su acreedor -Banco Económico S.A.-; sin embargo, pese al cumplimiento de pagos, fue notificado con la Resolución de 4 de marzo de 2020, dictada por el Juez Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del indicado departamento, que dispuso la resolución del contrato de compraventa y ordenó, previo al desapoderamiento, la restitución del monto pagado, además de la anotación preventiva, prohibición de innovar y embargo del bien. En el mismo proceso ejecutivo, el 4 de marzo de 2022, se señaló audiencia de remate, cuya notificación por cédula fue fijada en el inmueble objeto de remate como supuesto domicilio, extremo que no era evidente. Al día siguiente, la Paola Adriana Denis Villalba -inquilina- devolvió la notificación, indicando que el destinatario no vivía en el lugar; sin embargo, dicha devolución fue rechazada aprobándose el acta de remate el 24 del mes y año indicados, a favor de Tao Lu. En consecuencia, el 25 del referido mes y año se interpuso incidente de nulidad, rechazado por Auto de 25 de abril de 2022. Contra dicha decisión, el 28 de ese mes y año, se interpuso recurso de apelación, concedido en efecto devolutivo mediante providencia 199/22 de 23 de mayo de 2022, disponiéndose la provisión de recaudos para la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada; sin embargo, por Auto 204 de 27 de mayo de 2022, la misma autoridad declaró la caducidad y ejecutoria de la resolución impugnada por incumplimiento de recaudos, vulnerando el debido proceso en sus elementos defensa, impugnación y motivación, sin considerar los principios de gratuidad y favorabilidad, ni la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

I.1.2. Garantía supuestamente vulnerada

Denunció la lesión de la garantía al debido proceso en sus componentes defensa, impugnación y motivación, citando al efecto el art. 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto 204, y se ordene disponer otras medidas para la inmediata remisión de los antecedentes a la Sala de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 16 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 83 a 92, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de garantías, pese a su citación cursante de fs. 63 a 64.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Nelly Vega Barriga, Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe alguno, ni concurrió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 57.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Tao Lu, a través de su abogado, en audiencia expresó que: a) El accionante sostuvo que, la legitimación para intervenir y promover incidentes en el proceso ejecutivo deriva del contrato de compraventa del inmueble subastado, suscrito entre Jinlong Zeng, Yicali Lu y la Empresa Constructora IPCRE S.R.L. En consecuencia, la titularidad de los derechos presuntamente lesionados corresponden a dicha persona jurídica y no al accionante a título personal; por lo que sus actos carecían de legitimación activa; en consecuencia, la presenta acción tutelar debió ser interpuesta por el representante legal de la indicada empresa, conforme al Código de Comercio; b) El peticionante de tutela, al no haber recurrido el Auto 204, a través del recurso de compulsa, incumplió el principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, previsto en el art. 53.3 del Código Procesal Constitucional (CPCo); pues, no agotó los mecanismos internos para la restitución de sus derechos; c) No explicó la manera en que la autoridad demandada lesionó los derechos enunciados; y, d) No se vulneró el derecho a la impugnación, ya que, se concedido el recurso de apelación en efecto devolutivo; sin embargo, el impetrante de tutela dejó caducar su ejercicio al no presentar los recaudos necesarios para su tramitación, conforme al art. 259.2 del Código Procesal Civil (CPC). Por lo expuesto, pidió que se deniegue la tutela solicitada. María Alejandra Orellana Montenegro, Jefa Legal Regional del Banco Económico S.A., por memorial cursante de fs. 76 a 80 vta., manifestó que: 1) La acción de amparo constitucional fue interpuesta fuera del plazo de seis meses previsto en el art. 55 del CPCo; toda vez que, fue presentada el 30 de noviembre de 2022 y subsanada el 12 de mayo de 2023; consecuentemente, fue admitida un año después del presunto acto lesivo, debido al desinterés del accionante, lo que determinaría la improcedencia de la acción tutelar; 2) La Jueza demandada carecería de legitimación pasiva; en razón a que, el prenombrado no estableció la manera en que dicha autoridad causó la lesión alegada; 3) El accionante inobservó el principio de subsidiariedad previsto en el art. 54 del referido Código; pues no interpuso el recurso de compulsa contra el Auto que declaró la caducidad de su derecho a la impugnación; y, 4) Dentro del proceso ejecutivo seguido contra Jinlong Zeng y Yicali Lu, el impetrante de tutela no intervino mediante tercería, consintiendo de todos los actos procesales. En audiencia complementó manifestando que, el accionante carecería de legitimación activa, al no haber acreditado su condición de representante de la Empresa Constructora IPCRE S.R.L., limitándose a alegar su condición de socio, situación insuficiente en el caso, dado que el inmueble objeto del remate fue transferido a la referida Empresa. Por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Jinlong Zeng y Yicali Lu y Óscar Alonso Rivero Salazar, Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésima Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron escrito alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a las notificaciones cursantes a fs. 56, 60 y 61.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 80/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 92 a 96, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Durante la tramitación del proceso ejecutivo seguido por el Banco Económico S.A. contra Jinlong Zeng y Yicali Lu -terceros interesados-, se admitió la intervención de la Empresa Constructora IPCRE S.R.L. como incidentista, representada por Rubén Jaime Rejas Quispe -accionante-; en consecuencia, la presunta afectación de derechos fundamentales corresponde a dicha Empresa como persona jurídica y no al prenombrado a título personal, por lo que, carecería de legitimación activa para interponer la presente acción de defensa; y, ii) El peticionante de tutela, a título personal o en representación de la señalada Empresa, no activó los medios de impugnación contra el presunto acto lesivo, como los recursos de reposición o de compulsa; incumpliendo así el principio de subsidiariedad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso la devolución a la Comisión de Admisión de los expedientes y causas sorteadas para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 100 a 102); en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 28 de abril de 2022, Rubén Jaime Rejas Quispe -accionante-, por sí y en representación de la Empresa Constructora IPCRE S.R.L., interpuso recurso de apelación contra el Auto de 25 del mismo mes y año, dictado por la Jueza Pública Civil y Comercial Vigésima Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandada- (fs. 19 a 21 vta.). II.2. Cursa Informe de 27 de mayo de 2022, emitido por Óscar Alonso Rivero Salazar, Secretario del Juzgado Público Civil y Comercial Vigésimo Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; el cual indicó que: “…el Acreedor interpone recurso de apelación y mediante auto de concesión del recurso de Apelación de fs.309vlta. de obrados, las partes han sido legalmente notificados en fecha 24 de Mayo de 2022…” (sic [fs. 22]). II.3. A través del Auto 204 de 27 de mayo de 2022, la Jueza demandada, dispuso la “…CADUCIDAD Y LA EJECUTORIA del Auto de fecha 25 de abril de 2022…” (sic [fs. 22 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso en sus componentes defensa, impugnación y motivación; toda vez que, la Jueza demandada, tras conceder el recurso de apelación contra el Auto de 25 de abril de 2022, declaró su caducidad y ejecutoria, mediante Auto 204, por no haberse provisto los recaudos para la remisión de los antecedentes al Tribunal de alzada dentro el plazo previsto en el art. 259.2 del CPC; sin considerar el principio de gratuidad consagrado en el art. 180.I de la CPE ni ponderar el derecho sustancial frente a formalidades procesales. La parte demandada no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la subsidiariedad en acciones de amparo constitucional

Al respecto, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, desarrolló subreglas sobre el principio de subsidiariedad en acción de amparo constitucional, estableciendo que esta última no procede en caso que: “…1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciadas, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante cuestiona como acto lesivo el Auto 204 de 27 de mayo de 2022, que, por falta de provisión de recaudos para la remisión de antecedentes al Tribunal de alzada, conforme el art. 259.2 del CPC, declaró caduco el recurso de apelación y ejecutoriado el Auto de 25 de abril de 2022, asumiendo una posición que privilegia formalidades procesales sobre el derecho sustancial y desconoce el principio de gratuidad previsto en el art. 180.I de la CPE. Planteado el problema, con carácter previo al análisis de fondo corresponde verificar la concurrencia de causales de improcedencia. En cuanto la falta de legitimación activa -cuestionada en el trámite constitucional bajo el argumento de que la parte accionante activaría su acción en procura de intereses ajenos-, esta debe determinarse a partir de la titularidad del derecho fundamental presuntamente vulnerado, lo que exige identificar el acto lesivo y la actuación de la que deriva, así definir si quien acude a la justicia constitucional actúa en defensa de intereses propios o ajenos. En el caso, el accionante impugna el Auto 204 sosteniendo que indebidamente se declaró la caducidad del recurso de apelación interpuesto el 28 de abril de 2022, recurso que constituye la referencia para el análisis de la legitimación, en tanto su presunta restricción -por efecto de la caducidad- deriva del acto cuestionado. En ese sentido, del memorial de apelación se evidencia que el accionante, refirió actuar “…por mí y en representación legal de IPCRE Ltda…” (sic [Conclusión II.1]), lo que acredita que promovió dicho recurso tanto en interés propio como de la Empresa Constructora IPCRE S.R.L., configurando válidamente su legitimación activa; en tanto, la presunta vulneración se vincula también a una situación ejercida a título personal al interior del proceso referido. Esta conclusión se refuerza por la existencia de medidas cautelares que pesan sobre el bien inmueble objeto de ejecución en la causa ejecutiva, que fueron dispuestas mediante Auto de 8 de octubre de 2020 dictada por el Juez Público Civil y Comercial Octavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, e inscrita singularmente a favor del accionante en el Asiento 10 de la casilla de Gravámenes y Restricciones de la Matrícula 7.01.1.99.0022321, circunstancia que, además, fue invocada en el recurso de apelación en cuestión. Ello permite reforzar la conclusión de la existencia de un interés jurídico propio del impetrante de tutela en el proceso ejecutivo del que emerge el acto lesivo, consolidando la legitimación del impetrante de tutela para cuestionar en sede constitucional, su caducidad. Ahora bien, corresponde verificar si la parte accionante agotó previamente los medios impugnativos idóneos previstos en el régimen procesal civil, para lo cual debe atenderse a la cuestión o tema resuelto por la decisión cuestionada en sede constitucional. En el caso concreto, se impugna el Auto 204, mediante el cual se declaró la caducidad del recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 25 de abril de 2022 y la ejecutoria de dicha Resolución por falta de presentación de recaudos (Conclusión II.3); sin embargo, aun cuando tal decisión hubiera afectado la prosecución del recurso de apelación, no constituye un acto de negativa de concesión ni modificó el efecto en que la alzada fue previamente concedida (Conclusión II.2). En consecuencia, no resulta procedente el recurso de compulsa, al tratarse de una incidencia sobreviniente a la concesión, relativa a la sustanciación del trámite recursivo. Bajo esa comprensión, el Auto 204 resolvió una cuestión estrictamente procesal vinculada con la caducidad del recurso y ejecutoria de la resolución apelada, supuesto para el cual la legislación procesal civil no prevé un medio de impugnación específico ni establece su no recurribilidad; por ello, corresponde atender a su naturaleza jurídica a efectos de identificar el mecanismo idóneo de impugnación. Del contenido de dicha resolución se advierte que, no constituye una providencia de mero trámite, sino un auto interlocutorio, en tanto no se limita al impulso procesal, sino que define una situación procesal con efectos jurídicos relevantes al disponer la caducidad del recurso de apelación y la ejecutoria de la resolución impugnada. En consecuencia, al tratarse de en un auto interlocutorio sin recurso específico previsto, resulta exigible la interposición del recurso de reposición bajo alternativa de apelación, conforme los arts. 253.I y 262 del CPC, como mecanismo idóneo para provocar la revisión en alzada de la decisión cuestionada. Al no haberse activado dicho medio de impugnación, el accionante no agotó los mecanismos ordinarios disponibles antes de acudir a la justicia constitucional, incumpliendo el principio de subsidiariedad descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, lo que determina la improcedencia de la tutela solicitada.

III.3. Otras consideraciones

Se advierte que, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pese a haber recibido la acción de amparo constitucional el 30 de noviembre de 2022 y dictado el Auto de 2 de diciembre del mismo año, con observaciones formales, notificó al accionante con dicha Resolución recién el 8 de mayo de 2023, esto es, con una dilación cercana a seis meses. Asimismo, la audiencia de garantías, inicialmente fijada para el 18 del indicado mes y año, fue suspendida en dos oportunidades por falta de notificación a los sujetos procesales. Estas irregularidades evidencian una tramitación indebidamente dilatada de la acción tutelar, desnaturalizando su naturaleza sumarísima prevista en el art. 129.III y IV de la CPE, orientada a la protección de derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, amerita llamar la atención a Jimmy Fernando López Rojas y Diego Ramírez Cruz, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la demora injustificada en la sustanciación del proceso. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 80/2023 de 16 de junio, cursante de fs. 92 a 96, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada; y,

2° Llamar la atención a Jimmy Fernando López Rojas y Diego Ramírez Cruz, Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de acuerdo a lo referido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADO MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0573_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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