B.IA.LEGAL

SCP 0573/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 26 de julio de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
26 de julio de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
51388-2022-103-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, al salario justo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social y a la integridad física; puesto que, la empresa ahora accionada, después de despedirla injustificadamente de su fuente laboral, incumplió con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022 de 6 de junio, la cual conminó a la indicada empresa para la reincorporación a su fuente laboral en el mismo cargo que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos y beneficios que le corresponden por ley, sin considerar que es madre de una niña menor de un año de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 157/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 75 vta. a 80, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional en favor de Yaneth Cruz Parada, ordenando a la empresa “Totes Ltda.”, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la conminatoria de reincorporación laboral impugnada y la tutela provisional en sede constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0573/2024-S3 Sucre, 26 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51388-2022-103-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 157/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 75 vta. a 80, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Yaneth Cruz Parada contra Pablo Miguel Pacheco Tamayo, en representación legal de la empresa “TOTES Ltda.”.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante por memorial presentado el 3 de octubre de 2022, cursante de fs. 32 a 38, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 5 de mayo de 2021, mediante contrato verbal ingresó a trabajar a la empresa hoy accionada, en el cargo de operaria de limpieza relacionado a actividades propias y permanentes con un salario de Bs2 164.- (dos mil ciento sesenta y cuatro bolivianos). No obstante, el 4 de abril de 2022, fue despedida de manera verbal por su empleador, sin considerar su situación de madre de una niña recién nacida el 27 de enero del mismo año, y sin la existencia de un proceso previo o motivo que justifique su desvinculación laboral, por lo que su despido fue injustificado y arbitrario. Por consiguiente, acudió ante la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social denunciando su despido injustificado y solicitando su reincorporación a su fuente de trabajo por inamovilidad laboral adjuntando el certificado de nacimiento de su hija; no obstante, el 12 de mayo de 2022, en audiencia la empresa hoy accionada argumentó el rechazo a dicha solicitud, con el pretexto de que procedieron a depositar sus beneficios sociales; del cual su persona respondió que optó por su reincorporación laboral, rechazando el pago arbitrario y unilateral de sus beneficios sociales, sin realizar ningún acto de disposición de ese pago, tampoco firmó documento alguno que indique su conformidad. Asimismo, la mencionada empresa manifestó que no ocurrió ningún despido injustificado, ya que se produjo la finalización de un contrato laboral a plazo fijo, el cual fue corroborado por la Inspectora de la indicada Jefatura Departamental; por lo que, su persona no firmó contrato alguno con esa empresa; empero, solicitó a dicha Jefatura Departamental que se verifique la autenticidad del contrato referido. En ese entendido, la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social resolvió emitir la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022 de 6 de junio, dirigida a la empresa hoy accionada, conminandola que proceda con la reincorporación laboral inmediata de su persona a su fuente laboral en el mismo cargo que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad laboral y demás derechos que le corresponden por ley; el cual después de su notificación a dicha empresa, no dio cumplimiento conforme se evidencia por Memorando JDTSC/I/VER-REINC/LAB 107/2022 de 22 de agosto, que vulnera sus derechos fundamentales, ocasionando desmedro en su economía y dejando a su familia en situación de vulnerabilidad.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, a un salario justo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social, a la integridad física, y a su garantía de la inamovilidad laboral, citando al efecto los arts. 15, 18, 45, 46.I y 48.IV de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se ordene a la empresa ahora accionada: a) Proceda al inmediato cumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022 de 6 de junio; b) La cancelación de los sueldos devengados desde su despido injustificado hasta el momento de su reincorporación a su fuente laboral en el mismo cargo y salario, además de derechos laborales que le correspondan; y, c) La inmediata afiliación a los seguros de salud a corto y largo plazo “CAJA y AFPS”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 10 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 69 a 75 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de la empresa accionada

Pablo Miguel Pacheco Tamayo, representante legal de la empresa “Totes Ltda.”, mediante informe presentado el 10 de octubre de 2022, cursante de fs. 62 a 67; así como en audiencia manifestó lo siguiente: 1) La Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022, que fue objeto de los recursos administrativos, no consideró los fundamentos, tampoco la prueba presentada en el proceso administrativo, limitándose a señalar que dicha empresa no demostró causal alguna de despido injustificado, extremo que resulta incoherente; puesto que, en ningún momento se despidió a la accionante por motivo alguno, lo que se expuso es que la relación laboral voluntariamente establecida tuvo un carácter temporal porque “...fue contratada desde el 16/11/2020 al 15/10/2021, conforme lo demuestra el contrato en cuestión…” (sic); es decir, con una fecha de conclusión previamente establecida por ambas partes, ya que la indicada empresa que se dedica a la limpieza, depende esencialmente de los contratos de servicios con sus clientes o terceros que son de naturaleza temporal y sujetos a diferentes condiciones para su renovación; 2) Los contratos adjuntos de trabajo a plazo fijo suscritos con la accionante, fueron presentados para el sellado y el comprobante de abono del pago de beneficios sociales realizados en favor de la nombrada; sin embargo, no fueron considerados, menos valoradas, lo que denota la falta de razonabilidad en la citada Conminatoria; por lo que la administración de justicia en sede administrativa, no puede entenderse simplemente como una labor mecánica, al contrario, debe contener los motivos y fundamentos, por las cuales se asumió la decisión; por ello, no resulta acorde a los principios constitucionales, ejecutar una conminatoria de reincorporación laboral que resulta irracional; 3) “Resulta evidente que las madres en estado de gestación gozan de la protección de la inamovilidad laboral…”; empero, esta garantía no se aplica a los contratos que por su naturaleza son temporales, en el presente caso, con la accionante se “…suscribió un contrato a plazo fijo de fecha 04 de mayo de 2021 el cual tenía un plazo de vigencia del 05 de mayo de 2021 hasta el día 4 de abril de 2022…” (sic), el cual fue presentado en audiencia, corroborando que los trabajos encargados no eran permanentes y se justifican por la eventualidad del trabajo derivado de los contratos de servicios con los clientes de la empresa “TOTES Ltda.”; y, 4) La existencia de un contrato a plazo fijo suscrito por la accionante, supone un hecho controvertido que no podía ser dilucidado por la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que tiene competencia para disponer la reincorporación laboral de casos en los cuales no exista controversia; ya que, los casos que por su naturaleza son controvertidos, complejos, requieren ejercicio probatorio, y dicha Jefatura Departamental carece de competencia absoluta para definir el conflicto laboral; por lo que, de efectuar la conversión de contrato de trabajo de plazo fijo a contrato de trabajo de plazo indefinido, requiere de una etapa probatoria más adecuada para su resolución; en consecuencia, la autoridad administrativa debe apartarse del conocimiento y resolución de la causa, declinando competencia a la judicatura laboral, como lo establece la jurisprudencia constitucional; por lo expuesto pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 157/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 75 vta. a 80, concedió la tutela solicitada por la accionante, disponiendo que la empresa hoy accionada, preceda a la reincorporación inmediata de la accionante a su fuente laboral, manteniendo su antigüedad y demás derechos que corresponden por ley, en los términos dispuestos por la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) Se evidencia la existencia de la referida Conminatoria que conmina a la indicada empresa, que proceda con la reincorporación laboral inmediata de la accionante a su fuente laboral, en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad laboral y demás derechos y beneficios que le corresponden por ley; ii) La conminatoria de reincorporación laboral debe ser cumplida, por lo que a la jurisdicción constitucional le corresponde ordenar el cumplimiento de la señalada Conminatoria, independientemente de los recursos de revocatoria y jerárquico que se interpongan; puesto que, la Constitución Política del Estado de manera expresa garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de gestación hasta que el hijo cumpla un año de edad; y, iii) La otorgación de la tutela solicitada es en forma provisional, debiendo cumplirse dicha Conminatoria hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que deje sin efecto o disponga lo contrario.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificado de Nacimiento 154265 perteneciente a la menor de edad AA, nacida el 27 de enero de 2022; registrando como sus padres Oscar Antonio Gálvez Barboza y Yaneth Cruz Parada -hoy accionante- (fs. 19). II.2. Mediante Nota de 6 de abril de 2022, dirigida al Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; la accionante denunció su despido intempestivo por la empresa “Totes Ltda.” -ahora accionada-, solicitando su reincorporación por inamovilidad laboral (fs. 18). II.3. Consta Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022 de 6 de junio, emitida por Julio Cesar Choque Saramani, Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por la que, conminó a la empresa hoy accionada para que proceda con la reincorporación laboral de la accionante a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo sus sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley (fs. 7 a 8 vta.). II.4. A través de memorial presentado el 8 de agosto de 2022, ante el Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; Pablo Miguel Pacheco Tamayo, representante legal de la empresa ahora accionada, interpuso recurso de revocatoria contra la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022 (fs. 55 a 61). II.5. Cursa Memorando JDTSC/I/VER-REINC/LAB 107/2022 de 22 de agosto, emitido por Marisa Montaño Viravica, Inspectora de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; por el que, informa que la empresa hoy accionada “a la fecha” de verificación no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022 (fs. 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, al salario justo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social y a la integridad física; puesto que, la empresa ahora accionada, después de despedirla injustificadamente de su fuente laboral, incumplió con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022 de 6 de junio, la cual conminó a la indicada empresa para la reincorporación a su fuente laboral en el mismo cargo que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos y beneficios que le corresponden por ley, sin considerar que es madre de una niña menor de un año de edad. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la conminatoria de reincorporación laboral impugnada y la tutela provisional en sede constitucional

La Norma Fundamental, impone al Estado el deber de proteger el trabajo en todas sus formas, en ese entendido, la resolución de los conflictos de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en temas de la seguridad industrial y de la seguridad social, será a través de tribunales y organismos administrativos especializados.

En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme a lo dispuesto por el art. 86 inc. g) del Decreto Supremo (DS) 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -los Decretos Supremos (DDSS) 28699 de 1 de mayo de 2006 y 0495 de 1 de mayo de 2010-, establecen que en el caso de despido injustificado o por causas no contempladas por el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT), el trabajador puede optar por: a) El pago de beneficios sociales; o, b) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la reincorporación laboral, debe acudir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobado el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en 2 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 establece que: “(BENEFICIOS SOCIALES O REINCORPORACIÓN).

I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley.

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo” (las negrillas son nuestras). 3 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS 495, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V establecidos por art. 10 del DS 28699, dispone en su artículo único, los siguientes disposiciones:

“I. Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:

`III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’

II. Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos:

`IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución.

V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’” (las negrillas fueron añadidas).

sede judicial, no tienen efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos; asimismo, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. El DS 0495 establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir con la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral. En el marco de la norma constitucional y las disposiciones reglamentarias, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la ejecución o cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral a partir de su notificación, tuvo un desarrollo mereciendo una posición restrictiva de la protección de los derechos laborales y otra posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos; es decir, favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, afianzando la excepción a la subsidiariedad para acudir a la jurisdicción constitucional, una vez emitida la conminatoria de reincorporación laboral en favor del trabajador ante la renuencia del empleador, reconociendo implícitamente que la tutela otorgada tiene un carácter provisional y no definitivo, en tanto se dilucide su situación jurídica laboral en sede administrativa o judicial; por consiguiente, convirtiéndose el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral, en un deber expreso y provisional del empleador en tanto se substancie y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial.

4 La SCP 0591/2012 de 20 de julio, declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa. 5 La posición restrictiva tuvo sus matices, una de las posiciones exigió que la conminatoria de reincorporación laboral se encuentre debidamente fundamentada y motivada para conceder la tutela solicitada, como lo estableció la SCP 2355/2012 de 22 de noviembre; la otra posición concluyó que la sola conminatoria de reincorporación del trabajador a su fuente laboral no es suficiente fundamento para conceder la tutela y ordenar su cumplimiento, es decir, exige efectuar en sede constitucional una valoración completa e integral de los hechos y datos del proceso, de las circunstancias y de los supuestos derechos vulnerados (SCP 0900/2013 de 20 de junio). 6 En torno a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0138/2012 de 4 de mayo, manifestó que: “…es permitido a la trabajadora o al trabajador solicitar su reincorporación por la vía administrativa ante el Ministerio del ramo, y existiendo una resolución que ordena la reincorporación a la fuente laboral, debe estimarse la misma como el fin de la vía administrativa, y ante una negativa por parte del empleador, se abre la posibilidad de que el trabajador acuda a la vía ordinaria, o conforme jurisprudencia, acuda en acción de amparo constitucional para que se le restituyan sus derechos, sin tener que agotar la vía judicial con carácter previo, más aún cuando existen normas que así le faculta al trabajador, en este caso, los DDSS 28699 y 0495” (las negrillas son nuestras). 7 En lo que atañe a la posición favorable al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, expreso: “…la conminatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social, (…) no constituye una resolución que defina la situación laboral de la trabajadora o el trabajador, por cuanto el empleador puede impugnar ésta determinación en la justicia ordinaria…” (las negrillas nos pertenecen). 8 La jurisprudencia establecida en la SCP 0583/2012 de 20 de julio, se pronunció respecto al deber expreso y provisional de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral por el empleador en tanto se substancien y resuelvan los recursos en sede administrativa o revisión judicial en los siguientes términos: “…en todo caso permanece expedita para el empleador a los efectos de que en ejercicio de su derecho a la defensa, pueda impugnar la conminatoria, sin que empero su interposición suspenda la ejecución de la misma, la que en todo caso tendrá carácter provisional, en tanto se sustancie y resuelva el caso en sede judicial. Es decir, aquello que se determine en la conminatoria deberá ser acatado por el empleador entre tanto se definan los derechos controvertidos en la vía judicial; en consecuencia, En sintonía con los anteriores razonamientos, la jurisprudencia también señaló que las normas reglamentarias que imponen la obligación de cumplimiento inmediato de la decisión administrativa de reincorporación laboral encuentran sustento en los principios constitucionales de continuidad y estabilidad de la relación laboral hasta la revisión de la decisión en sede administrativa o judicial posterior, en cuyo mérito, la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, señaló que: “…la efectivización de la conminatoria es inmediata pese a la existencia de mecanismos de impugnación pendientes de resolución; es decir, pretorianamente se estableció que la utilización de mecanismos de impugnación tiene efecto devolutivo, por ende la conminatoria es inmediatamente ejecutable pese a eventuales impugnaciones administrativas” (las negrillas son nuestras). La citada jurisprudencia expresó que la conminatoria de reincorporación laboral es de cumplimiento inmediato, su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo y habilita a la actuación inmediata de la jurisdicción constitucional, salvo que la conminatoria haya emergido de un proceso administrativo desarrollado al margen de la razonabilidad de un debido proceso, manifestando textualmente además, que dicho razonamiento implicaba una modulación a la SCP 0900/2013 de 20 de junio, al hacer referencia a la línea o posición restrictiva de la jurisprudencia.

la tutela que obtenga el trabajador o trabajadora en sede administrativa laboral, conforme a los términos de las disposiciones legales antes señaladas, será siempre de carácter provisional…” (las negrillas y el subrayado son nuestros), citada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0610/2015-S2 de 12 de junio, 0877/2015-S2 de 27 de agosto, 0963/2016-S2 de 7 de octubre, entre otras. 9 Efectuado el control normativo de constitucionalidad de las normas reglamentarias referidas al cumplimiento inmediato de la conminatoria de reincorporación laboral, la citada SCP 0591/2012 de 20 de julio, estableció que: “En esa perspectiva y además, la obligación de cumplimiento de la decisión administrativa de reincorporación impuesta por la norma cuestionada, debe ser analizada conforme a los principios que manda la Constitución Política del Estado aplicar a tiempo de interpretar las normas laborales; siendo uno de ellos el de continuidad y estabilidad de la relación laboral; mandatos que obligan a que la comprensión de las normas laborales sea aquella que genera la prolongación de la relación laboral; por ello, cuando las normas impugnadas obligan a la reincorporación del trabajador, dado el caso de que la autoridad administrativa así lo haya dispuesto, están aplicando el principio de mantener la relación laboral hasta la revisión de la decisión judicial posterior; lo que ratifica la conclusión inicial de que las normas cuestionadas no lesionan el principio de jerarquía normativa, al consagrar la obligatoriedad de cumplimiento de la conminatoria de reincorporación, ya que no imponen la obligación de aplicar una norma reglamentaria por sobre una legal, tal como denuncia el accionante” (las negrillas nos pertenecen). 10 La cita jurisprudencial que fue señalada textualmente en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1500/2014 de 16 de julio, 1760/2014 de 15 de septiembre, 0088/2014-S3 de 27 de octubre, 0240/2015-S2 de 26 de febrero, 0510/2015-S1 de 22 de mayo, 0203/2017-S3 de 21 de marzo, 0594/2017-S2 de 19 de junio, entre otras. 11 Afianzando la ejecución inmediata de la conminatoria laboral la SCP 1712/2013 de 10 de octubre, -cita la SCP 0591/2012 de 20 de junio-, refirió que: “…si bien existe un mandato normativo expreso para que la jurisdicción constitucional haga cumplir los mandatos de reincorporación, en atención a la naturaleza del derecho al trabajo en el Estado Social de Derecho, la tutela constitucional no puede emitirse a ciegas cual si la conminatoria por sí misma fuere ya un instrumento que obliga a esta instancia constitucional a brindar una tutela constitucional. Puesto que no debe perderse de vista que la naturaleza de la jurisdicción constitucional dista mucho del ejercicio de funciones de policía, de ahí que para concederse una tutela constitucional debe analizarse en cada caso la pertinencia de la conminatoria, al efecto, cabe establecer que a esta instancia constitucional no le compete ingresar al fondo de las problemáticas laborales que se le presentan, pues no es sustitutiva de la jurisdicción laboral ni mucho menos tiene la amplitud probatoria conducente a por sí misma para arribar a una verdad material; sin embargo, tampoco puede pretenderse la ejecutoria de conminatorias que emergen de procesos administrativos desarrollados al margen de la razonabilidad de un debido proceso.

Por todo ello, mal podría pretenderse que esta jurisdicción llegue al convencimiento de que el despido fue o no justificado, pues el acervo probatorio con el que cuenta no le permitiría llegar a verdades históricas materiales, así como tampoco corresponde reemplazar a toda la judicatura laboral con la jurisdicción constitucional; justamente de este escenario En aplicación del carácter progresivo de los derechos fundamentales y la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, ha concluido textualmente que no es posible que: “…se conciba al Tribunal Constitucional Plurinacional como una instancia de ejecución de decisiones administrativas o como un órgano de policía, encargado de hacer cumplir las mismas, sino como un garante del ejercicio del derecho fundamental en cuestión, asumiéndose que en el marco del principio protector del trabajador, la instancia laboral administrativa, actuó conforme al marco constitucional y legal previsto para viabilizar el retiro o despido de un trabajador, encontrándose imposibilitada esta jurisdicción de ingresar a analizar si la conminatoria efectuó una indebida o ilegal fundamentación a tiempo de determinar la reincorporación, o si los datos, hechos y circunstancias que le dieron lugar, ameritaban tal determinación, debido a que eso corresponde a la jurisdicción ordinaria que contiene una etapa amplia de producción de prueba y potestad de valorar la misma, posibilidad que está al alcance del empleador, en caso de disentir con la decisión de la instancia de administración laboral, lo que de ningún modo le posibilita incumplir la determinación de reincorporación…” (las negrillas nos corresponden). Esta misma jurisprudencia, estableció que la renuencia del empleador en el cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa laboral, no solo afecta negativamente al trabajador en el ámbito individual, sino también en el ámbito familiar; puesto que, afecta la fuente laboral que constituye en el medio de subsistencia del trabajador y de su familia; por lo que, la tutela inmediata o el cumplimiento de la citada conminatoria se encuentra plenamente justificada.

proviene el hecho de que la conminatoria es de cumplimiento inmediato, y que su incumplimiento vulnera el núcleo esencial del derecho al trabajo, desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, situación que habilita a la actuación inmediata de esta jurisdicción constitucional a menos que se evidencie en la tramitación del proceso administrativo violaciones del debido proceso que impidan que esta jurisdicción constitucional haga ejecutar una conminatoria que emerge de vulneración de derechos fundamentales, lo que implica una modulación de la SCP 0900/2013 de 20 de junio” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). 12 La incidencia del incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral en el ámbito personal y el entorno familiar, queda expresada en la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero de 2018, en los siguientes términos: “En ese entendido, se advierte que la jurisprudencia constitucional expuesta, en mérito a la Norma Fundamental, disposiciones legales aplicables a materia laboral y a los principios de estabilidad laboral, continuidad de dicha relación y de protección del trabajador, estableció que el derecho al trabajo, en circunstancias de un despido injustificado, debe protegerse de manera inmediata y ausente de rigorismos procesales ordinarios, por lo que se reconoció a las Jefaturas Departamentales del Trabajo la facultad de tramitar y resolver la denuncia de despido ilegal o indebido del trabajador, pronunciando, en caso de verificar la veracidad de la denuncia, la conminatoria de reincorporación, determinación que de no ser cumplida u obedecida por el empleador, aquél tiene la vía ordinaria a su alcance para buscar la restitución de su derecho, o del amparo constitucional, precisamente por el carácter sumarísimo de ésta acción tutelar y porque la reticencia del empleador, no solamente incide negativamente en el trabajador, como persona individual, sino también en todo su entorno familiar, por constituir su trabajo en una fuente de subsistencia de él y de sus dependientes; en consecuencia, corresponde su tutela inmediata para el efectivo cumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral” (las negrillas y el subrayado son nuestros).

Esta posición favorable a la protección de los derechos al trabajo, estabilidad laboral, una remuneración o salario justo y otros derechos conexos, quedó consolidada con la jurisprudencia constitucional emitida en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, que estableció que: “...este Tribunal Constitucional Plurinacional como guardián de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, precautelando el derecho al trabajo del cual derivan otros derechos conexos, entiende que debe dar cumplimiento íntegro a la conminatoria de reincorporación con todos los aspectos que habrían considerado una situación diferente que no está regulada ni por la normativa laboral del Estado ni por la Constitución Política del Estado, lo señalado no implica una negación del derecho a la defensa de la parte empleadora, quien, como está establecido, puede acudir a la jurisdicción laboral denunciando la supuesta ilegalidad de la misma interponiendo los recursos previstos por ley, con independencia del cumplimiento de la conminatoria y la concesión de la tutela” (las negrillas nos pertenecen). Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional reunido en Sala Plena, en cumplimiento a su atribución jurisdiccional prevista por el art. 28.I.15 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, concerniente a la unificación de la línea jurisprudencial respecto al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación laboral denunciado en acciones de amparo constitucional, disponiendo en su parte resolutiva que: “1° En cuanto al alcance de la conminatoria de reincorporación laboral de trabajadoras y trabajadores en general, que contemple además de la reincorporación, el pago de sueldos y salarios devengados y otros derechos sociales, se dispone la vigencia de los entendimientos y la sistematización asumidos en la SCP 0795/2019-S3 de 14 de noviembre, correspondiendo a la jurisdicción constitucional velar por el cumplimiento integral de la conminatoria sin omitir ninguna de sus determinaciones” (las negrillas y el subrayado son nuestros). Debido al objeto de protección en la conminatoria de reincorporación laboral y por consiguiente la acción de amparo constitucional, que incumbe no solo el interés del titular del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral y otros derechos conexos, sino, a su entorno familiar, el marco normativo, reglamentario y jurisprudencial impone a la parte patronal y a las autoridades administrativas y de la jurisdicción constitucional, la obligación del cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral dispuesta por la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, tomando en cuenta que la tutela que otorga la jurisdicción constitucional, tiene un carácter provisional en tanto se defina la situación jurídica laboral del trabajador, con la substanciación y la resolución de los recursos -de revocatoria y jerárquico- en sede administrativa o la revisión en sede judicial.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, al trabajo, al salario justo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social y a la integridad física; puesto que, la empresa ahora accionada, después de despedirla injustificadamente de su fuente laboral, incumplió con la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022 de 6 de junio, la cual conminó a la indicada empresa para la reincorporación a su fuente laboral en el mismo cargo que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos y beneficios que le corresponden por ley, sin considerar que es madre de una niña menor de un año de edad. Ahora bien de la revisión de antecedentes, se tiene el Certificado de Nacimiento 154265 perteneciente a la menor de edad AA, nacida el 27 de enero de 2022; registrando como su madre la accionante (Conclusión II.1.); asimismo, mediante Nota de 6 de abril de ese año, dirigida al Jefe Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; la accionante denunció su despido intempestivo por la empresa ahora accionada, solicitando su reincorporación por inamovilidad laboral (Conclusión II.2.); en mérito a ello el referido Jefe Departamental emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022, la cual conminó a la indicada empresa para que proceda con la reincorporación laboral de la accionante a su fuente laboral en el mismo puesto que ocupaba, reponiendo sus sueldos devengados desde el despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley (Conclusión II.3.); no obstante, a través de memorial presentado el 8 de agosto de 2022, ante el mencionado Jefe Departamental; la empresa ahora accionada, interpuso recurso de revocatoria contra la citada Conminatoria ante la denuncia presentada por la accionante (Conclusión II.4.); finalmente, por Memorando JDTSC/I/VER-REINC/LAB 107/2022, emitido por la Inspectora de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; se informó que la empresa hoy accionada “a la fecha” de verificación no dio cumplimiento a la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022 (Conclusión II.5.).

En ese contexto, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, ante el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral, se puede interponer directamente la acción de amparo constitucional; asimismo, se tiene que dicha conminatoria no constituye una resolución definitiva en cuanto a la situación laboral del trabajador, sino provisional; puesto que, las autoridades administrativas o judiciales en materia laboral son las idóneas para resolver el fondo y con carácter definitivo la situación laboral tanto para el empleador como para el trabajador. En esa comprensión, el empleador tiene el deber de dar cumplimiento inmediato e íntegro de la conminatoria de reincorporación laboral, aún se interpongan los recursos -de revocatoria y jerárquico- en sede administrativa o se promueva su revisión en la vía judicial; por consiguiente, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de ingresar a analizar aspectos relacionados a la fundamentación de la conminatoria y resoluciones, la valoración de las pruebas aportadas por las partes; ya que, esa labor corresponde a las autoridades en sede administrativa o judicial, previa activación de los medios o recursos intraprocesales o previa demanda que promueva su revisión judicial. En ese marco, el incumplimiento de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022, que conminó a la empresa hoy accionada a la reincorporación laboral de la accionante al mismo puesto que ocupaba, reponiendo los sueldos devengados desde su despido injustificado, manteniendo su antigüedad y demás derechos que le corresponden por ley, hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar constituye un hecho incuestionable por el Memorando JDTSC/I/VER-REINC/LAB 107/2022, emitido por la Inspectora de la Jefatura Departamental de Santa Cruz del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y los cuestionamientos vinculados a la falta de competencia de la autoridad administrativa para definir o dilucidar hechos controvertidos como la conversión de contratos de trabajo a plazo fijo, a contrato de trabajo de plazo indefinido que presuntamente estarían reservadas para la judicatura laboral, ante la inexistencia de despido injustificado por tratarse de la conclusión del contrato a plazo fijo, entre otros, formulados en el indicado Memorando expuesto en esta acción de defensa y en el recurso de revocatoria presentado por la mencionada empresa. Por consiguiente, como efecto lógico de este incumplimiento, se tiene la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo, al salario justo, a la estabilidad laboral, a la seguridad social y a la integridad física de la accionante como trabajadora y de su entorno familiar; además, en el presente caso la nombrada es madre trabajadora con una hija menor a un año de edad; por lo que goza de la garantía reforzada de la inamovilidad laboral, reconocida constitucionalmente con la finalidad de brindar protección a la hija menor a un año de edad, y a la madre de familia estabilidad económica y emocional, atención médica, evitando generar inquietud, incertidumbre y preocupación; y debido a la cualidad de interdependencia de los derechos fundamentales reconocidos por mandato constitucional.

En ese entendido, en protección de los derechos fundamentales alegados precedentemente, a la jurisdicción constitucional le corresponde conceder la tutela solicitada por la accionante; y ordenar el cumplimiento inmediato e íntegro de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022; empero, sin perjuicio del cumplimiento de la citada Conminatoria, la empresa hoy accionada tiene la facultad de presentar los recursos en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o promover su revisión en sede judicial, instancias en las cuales se deben desplegar los cuestionamientos vinculados a la falta de competencia de la autoridad administrativa para definir o dilucidar hechos controvertidos como la conversión de contratos de trabajo a plazo fijo a contrato de trabajo de plazo indefinido que presuntamente están reservadas a la judicatura laboral, ante la inexistencia del despido injustificado por tratarse de la conclusión del contrato a plazo fijo, entre otros; así como aportar la carga probatoria para que sean consideradas y resueltas de forma decisiva y definir la situación jurídica laboral de la accionante. Por esa razón, la jurisdicción constitucional se encuentra impedida de efectuar consideraciones que cuestionen la indicada Conminatoria, limitando su intervención en la revisión del cumplimiento o no, para la otorgación de la tutela solicitada. Finalmente, otro aspecto que se debe destacar es la tutela provisional que otorga la jurisdicción constitucional, precisamente porque es la autoridad en sede administrativa o judicial, la que debe resolver de manera definitiva la situación jurídico laboral de la accionante; empero, sin suspender el cumplimiento íntegro e inmediato de la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Inamovilidad Laboral de Madre Gestante JDTSC/JCCHS/CONM 111-A/2022. En ese entendido, la jurisdicción constitucional se encuentra impelida para disponer el cumplimiento de la indicada Conminatoria, de manera inmediata e íntegra, sin omitir ninguna de sus determinaciones, hasta tanto no exista una decisión administrativa o judicial debidamente ejecutoriada que la deje sin efecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicita, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 157/2022 de 10 de octubre, cursante de fs. 75 vta. a 80, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada de manera provisional en favor de Yaneth Cruz Parada, ordenando a la empresa “Totes Ltda.”, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El art. 50 de la CPE, establece que: “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”.

13 Razonamientos esgrimidos de manera coincidente en la SCP 0577/2020-S1 de 7 de octubre.

14 El alcance de la garantía reforzada de la inamovilidad laboral de mujeres embarazadas y progenitores se encuentra desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 0264/2023-S3 de 17 de abril.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0573_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): b7073196a50f601e71bfd29141f292645c2db265840001610625d774b05cc01b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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