B.IA.LEGAL

SCP 0573/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 19 de septiembre de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
19 de septiembre de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
52011-2022-105-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba, a la impugnación; y, a la propiedad privada; toda vez que, dentro el proceso de fraude procesal instaurada por su persona contra el Banco Unión SA, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre; por el cual, declararon infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio que revocó la Sentencia 23/2021 de 27 de enero y declaró improbada la demanda de fraude procesal, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Lesionaron el derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, ya que en lo que concernía a efectuar un valor probatorio correcto, los Magistrados efectuaron una valoración diferente al Registro de Propiedad y al “Testimonio 58/89”, con las que se demostró en base al principio de verdad material que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no así del Lote 11 la cual es de su propiedad; b) Violentaron el derecho al debido proceso en su elemento acceso a la impugnación; pues, en lugar de subsanar las violaciones efectuadas por el Tribunal ad quem, omitieron corregir los errores contrariando el principio de verdad material, con alegaciones y argumentos lacónicos señalaron que la deficiente valoración probatoria del Juez de primera instancia no había sido corregida y que se evidenció la inexistencia de fraude procesal, alegaciones totalmente falsas, pues se demostró con las pruebas que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no del Lote 11; por lo…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 245/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 192 a 199, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, en base a los Fundamentos Jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. La garantía general del debido proceso y el derecho a la impugnación vinculado al derecho a la defensa
  4. III.4. El derecho a la propiedad privada y sus restricciones
  5. III.5.Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0573/2024-S1 Sucre, 19 de septiembre de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 52011-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 245/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 192 a 199, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Edwing Braulio Alarcón Montes contra Juan Carlos Berrios Albizu y Marco Ernesto Jaimes Molina, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentado el 12 de julio y 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 24 a 39; y, 42 a 45, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Adquirió del Consejo Nacional de Vivienda Policial un lote de terreno con una superficie de 904 m, ubicado en la Urbanización El Pedregal de Alto Calacoto del departamento de La Paz, signado como Manzano “L”, Lote “11”; empero, de forma posterior, el Banco Unión Sociedad Anónima (SA), interpuso en su contra demanda de mejor derecho propietario, la cual fue resuelta por el Juzgado de Partido en lo Civil Décimo Tercero de la Capital del citado departamento; por el cual, declaró improbada la demanda principal, la cual tras ser apelado, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior de Distrito del mismo departamento por medio del Auto de Vista 476/99 de 29 de octubre de 1999 declaró probada la demanda, y ante un recurso de casación la misma fue declarado infundado. En ese entendido, de forma posterior, al considerar que se emitieron resoluciones que afectaban sus derechos, interpuso demanda de fraude procesal; toda vez que, se dictó resoluciones por medio de elementos artificiosos; por lo que, dicha pretensión fue declarada probada en primera instancia por parte del Juez Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz por medio de la Sentencia 23/2021 de 27 de enero; dicha determinación fue apelada por el Banco Unión SA, siendo resuelto por la Sala Civil Segunda del mismo departamento por medio del Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio; por la cual, dicha instancia revocó la Sentencia de grado y por lo mismo declaró improbada la demanda, con el fundamento que la prueba presentada fue impertinente y que no se demostró la existencia del fraude procesal, además que no correspondía ser analizados por el principio de conservación de la cosa juzgada; es por lo que, presentó recurso de casación contra el mencionado Auto de Vista, la misma que fue resuelta por medio del Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre, pronunciada por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia declarando infundado, bajo argumentos irrisorios e ilegales al señalar que no era posible revalorizar la prueba que ya fue analizada en el proceso de mejor derecho propietario, sin tomar en cuenta que demostró objetivamente que concurría las causales de un fraude procesal, vulnerando con dicho actuar sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba y a la impugnación; y, a la propiedad privada; pues: a) Lesionaron el derecho al debido proceso en su elementos de valoración de la prueba, ya que en lo que concernía a efectuar una valor probatorio correcto, los Magistrados efectuaron una valoración diferente al Registro de Propiedad y al “Testimonio 58/89”, con las que se demostró en base al principio de verdad material que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no así del Lote 11 la cual es de su propiedad; b) Violentaron el derecho al debido proceso en su elemento acceso a la impugnación; pues, en lugar de subsanar las violaciones efectuadas por el Tribunal ad quem, omitieron corregir los errores contrariando el principio de verdad material, con alegaciones y argumentos lacónicos señalaron que la deficiente valoración probatoria del Juez de primera instancia no había sido corregida y que se evidenció la inexistencia de fraude procesal, alegaciones totalmente falsas, pues se demostró con las pruebas que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no del Lote 11; por lo que, al omitir reparar los agravios, se restó la eficacia del recurso de casación; y, c) Quebrantaron el derecho a la propiedad privada, ya que con la errónea valoración probatoria incurrieron en una decisión que le privó de su derecho a la propiedad privada, consistente en su derecho propietario de Lote 11 de la Urbanización El Pedregal del departamento de La Paz; aspecto que, no garantiza su derecho de propiedad como fue efectuada por el Juez de primera instancia en la demanda de fraude procesal.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba y a la impugnación; y, a la propiedad privada, citando al efecto los arts. 115, 56 y 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiéndose: 1) Dejar sin efecto el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre; y, 2) Se ordene la emisión de una nueva Resolución.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 24 de octubre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 183 a 191, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela, a través de su abogado, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Ernesto Jaimes Molina y Juan Carlos Berrios Albizu, Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito, cursante de fs. 180 a 182, señalaron que: i) En un proceso seguido por el Banco Unión SA se dispuso el mejor derecho propietario en su favor en relación al Lote de terreno 11 del Manzano “L” que se encontraba ubicado en la Urbanización El Pedregal de la ciudad de La Paz, con una superficie de 904 m; ii) La demanda de fraude procesal si bien fue declarado probada mediante la Sentencia 23/2021 de 27 de enero que fue incoada por el solicitante de tutela, la misma fue revocada y declarada improbada por el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio, y ante su casación fue declarado infundado por el Auto Supremo “1049/2021 de 29 de noviembre”; iii) El accionante indica que se vulneró su derecho a recurrir ante un juez o tribunal superior; empero, no comprende que por medio del Auto Supremo 1009/2021 se garantizó su derecho a impugnar, ya que no solo se admitió el recurso de casación, sino que también se ingresó al fondo de la impugnación con la debida fundamentación y motivación y en relación a los agravios deducidos; iv) El impetrante de tutela, por medio del fraude procesal pretende cuestionar la valoración probatoria efectuada en el proceso de mejor derecho propietario más que todo a la Escritura Pública “58/89” y el respectivo registro, que indicarían que el prenombrado es propietario del Lote 11 y no del 15; por lo que, pretende ser reparada por medio del fraude procesal; la cual, no obedece a lo establecido por el art. 284.III del Código Procesal Civil (CPC); v) El fraude procesal tiene que estar orientada a demostrar los hechos constitutivos de dicho acto, y no así de derechos en controversia o decisiones emitidas por las instancias jurisdiccionales, pues no se constituye en una instancia de revisión; y, vi) Es imposible revalorizar la prueba que ya fue analizado en el proceso ordinario anterior; por lo que, el recurso de casación se declaró infundado.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Massiel Riveros Espinoza, Representante Legal de Banco Unión SA, por informe escrito presentado el 7 de octubre de 2022, cursante de fs. 173 a 179, refirió que: a) El Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre no vulneró ningún derecho, más bien resuelve todas las cuestiones reclamadas y todos los agravios denunciados por el peticionante de tutela; b) En relación al derecho al debido proceso, el solicitante de tutela solo se limita a indicar en términos generales dicha vulneración, sin dar una explicación de que forma fue vulnerado, pues la decisión es justo y equitativo, además que no demostró en que media no se respetaron sus derechos en el proceso judicial; c) Sobre la valoración de la prueba, el accionante, se limitó a indicar la presunta vulneración sin señalar que pruebas fueron valorados apartándose de los marcos de razonabilidad y equidad en el proceso de fraude procesal o en la emisión del citado Auto Supremo, no indica que pruebas no fueron recibidos o no fueron producidas o compulsadas; d) Respecto al derecho a recurrir un fallo, el impetrante de tutela cree que al interponer un recurso los resultados se encontrarían asegurados a su favor; y, e) El fraude procesal es un requisito para la presentación del Recurso de Revisión Extraordinaria de Sentencia, la cual debe ser prestado en tiempos y plazos determinados, y en el caso transcurrieron veinte años; por lo que, el derecho a presentar algún recurso sea ordinario o extraordinario ha precluido, debiendo protegerse la seguridad jurídica y resguardarse los actos procesales de las partes.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, por Resolución 245/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 192 a 199, concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto Supremo 1009/2021; y, 2) Debiendo emitirse en el plazo de setenta y dos horas una nueva Resolución, bajo los siguientes fundamentos: i) Cuando se alega insuficiencia de fundamentación y motivación, la única forma de debatir la misma es a través de los medios probatorios conforme lo establece el Tribunal Supremo de Justicia; ii) En el considerando cuarto del mencionado Auto Supremo existe una gran cantidad de palabras, pero ningún razonamiento, pues no existe ningún análisis con la finalidad de otorgar respuesta a los agravios 1, 2 y 5, entendiendo que en un Tribunal de casación no se puede omitir valorar todo lo existente, y si lo hace debe existir una justificación para aquello, pues si considera que una prueba es impertinente, inconducente o innecesaria tiene que justificarla; iii) La valoración de la prueba no siempre satisfacera la pretensión de quien acude al Tribunal Supremo de Justicia, pero la forma de generar certeza jurídica es cuando la autoridad judicial señala en sus argumentos cuales medios probatorios son descartados y cuáles no.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Sentencia 143/98 de 15 de octubre de 1998, pronunciado por el Juez de Partido Civil y Comercial Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz; por el cual, declara improbada la demanda de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y negatoria presentada por el Banco Unión SA contra Edwing Braulio Alarcón Montes -ahora peticionante de tutela- e improbada la demanda reconvencional (fs. 127 a 129). II.2. Por Auto de Vista 476/99 de 29 de octubre de 1999, emitido por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, se revocó de forma parcial la Sentencia 143/98, y por lo mismo se declaró probada la demanda de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y negatoria; e, improbada la demanda reconvencional (fs. 130 a 132), la misma que al ser impugnada en casación, la Sala Civil Primera de la Corte Suprema de Justicia por medio del Auto Supremo 100 de 27 de abril de 2000 la declaró improcedente (fs. 133 y vta.). II.3. Mediante Auto Definitivo 120/2020 de 18 de marzo, pronunciada por el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Primero del departamento de La Paz, dispuso rechazar el incidente de nulidad de avalúo parcial, interpuesto por el solicitante de tutela (fs. 134 a 136), determinación confirmada mediante Auto de Vista 378/2020 de 8 de diciembre emitida por la Sala Civil Tercera del mismo departamento (fs. 137 a 139 vta.). II.4. Consta Sentencia 23/2021 de 27 de enero, emitida por el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, por el cual declaró probada la demanda de fraude procesal interpuesta por el accionante contra el Banco Unión SA, existente en el proceso de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y negatoria (fs. 3 a 10). II.5. Cursa Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por la cual, revocó la Sentencia 23/2021 y por consiguiente declaró improbada la demanda de fraude procesal (fs. 11 a 16). II.6. Mediante Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre, dictada por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- declararon infundado el recurso de casación, interpuesta por el impetrante de tutela contra el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio, bajo los siguientes argumentos:

(…).

CONSIDERANDO IV: FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Los agravios primero, segundo y quinto serán analizados de manera conjunta, por estar orientados a cuestionar incongruencia en el Auto de Vista, incidiendo a efectuar un análisis doctrinal y jurisprudencial incurriendo en infracción de los arts. 227 y 261.I) del Código Procesal Civil, aduciendo que es ultra petita por haber otorgado más allá de lo pedido en el recurso de apelación y a favor del Banco Unión con abundante subjetivismo y nada de objetividad; y que existe incongruencia en el Auto de Vista recurrido, puesto que solo debió resolver los agravios interpuestos y de ninguna manera conocer, valorar ni influir en otros aspectos fuera de los puntos recurridos u omitir el pronunciamiento de alguno de ellos y que en el caso presente consideró varios aspectos ajenos a la controversia y los deducidos en apelación.

La jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional N° 0486/2010-R de 5 de julio, donde razonó que: “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

Al respecto, se debe explicar que el art. 265.I del Código Procesal Civil establece que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; en ese marco es que el Auto de Vista N° S-272/2021 reconoció cinco puntos de agravio de la impugnación del Banco Unión S.A., relacionado a: 1) que no se demostró la supuesta incongruencia ni la existencia de prueba que acredite que los lotes N° 15y 11 hayan sido alterados en su verdadera ubicación y numeración; 2) que el argumento en el Auto de Vista N° 476/99 de error en el número de lote de terreno tiene un argumento y sustento documental; 3) que el Juez no observó la jurisprudencia relacionada al Auto Supremo N° 1009/2018 de la imposibilidad de revalorizar la prueba, el Auto Supremo N° 476/99, referente al fraude procesal no se discuten derechos controversiales ni las decisiones de instancia; 4) que la Sentencia hace referencia a la supuesta protesta del demandante de interponer recurso de revisión extraordinaria de Sentencia una vez concluido el proceso, pero en obrados no existe tal argumento, por lo que la resolución es incongruente; y 5) que la demanda no señala que el objetivo es formular algún recurso, por lo tanto existe incorrecta valoración de las pruebas.

En ese contexto, para otorgar respuesta, en el apartado “II.3 Análisis del caso”, se absolvió los agravios 1, 2 y 5, desarrollándose el análisis de la incorrecta valoración de las pruebas en función a los fundamentos de la Sentencia N° 23/2021, con examen del Auto Supremo N° 789/2017, por lo que se concluyó que el Juez A quo ha ingresado en una irracional valoración de las pruebas de manera parcial los testimonios y poderes que fueron analizados y valorados en el Auto de Vista N° 476/99 y que no se demostró el fraude procesal.

Por consiguiente, se verifica que el Auto de Vista otorgó respuesta a los agravios de apelación en consideración al fundamento de la sentencia, y que la conclusión arribada de desestimar el fraude procesal fue precisamente en atención a la expresión de agravios de la apelación, siendo congruente y pertinente la resolución de vista a los cinco puntos de impugnación, por lo que no se puede estimar de ultra petita o que se otorgó más allá de lo pedido, sin que resulte evidente el reclamo del recurrente.

2. Respecto al tercer y cuarto agravio que se cuestiona, se incurrió en una falta valoración de las pruebas, así como un error de hecho y derecho conforme los arts. 145 y 271.I del Código Procesal Civil, negándose el valor probatorio a la inscripción en el registro de Derechos Reales; que el Tribunal Ad quem, desconoce la eficacia y validez de la minuta de 02 de abril de 1988 y la propia Escritura Pública N° 61 de 03 de marzo de 1989, con el mandato N° 81 de 02 de marzo de 1988 que se trataría del lote N° 11 de 904 m2 y no del lote N° 15, desconociendo la compra de Arturo Eduardo Chambi Bohórquez del lote N° 15 anteriormente marcado con el N° 11 de 904 m2, ubicado en la Urbanización El Pedregal, zona de Alto Calacoto Tucsacota Cuticollo de la ciudad de La Paz, con Código catastral N° 44-838-15, manzana L, en favor de Silvana Pérez Cruces, como refiere la escritura de fs. 11 a 15.

El Tribunal de alzada, cotejo la Sentencia de primera instancia, considerando las pretensiones de las partes, percibió las falencias con relación a la valoración probatoria, y no evidenció fraude procesal, pretensión principal de la acción.

En función a la pretensión de fraude procesal peticionada, se debe considerar que el Auto Supremo N° 885/2018 de 05 de septiembre señaló: “En esa lógica el fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, bien sean las partes propiamente dichas o el órgano jurisdiccional, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de una de las partes o de tercero”. Entonces, la interposición del proceso ordinario de fraude procesal, establecido en el art. 284.III del Código Procesal Civil, debe estar orientado a probar los hechos constitutivos del fraude procesal como tal y no así los derechos en controversia o las decisiones de las instancias jurisdiccionales, pues dicho proceso no constituye una instancia de revisión, por lo que tampoco se puede pretender la revalorización de la prueba, tal cual pretende el recurrente en el caso de autos.

La pretensión recursiva tiene por propósito reconsiderar lo resuelto respecto a la propiedad y ubicación del lote de terreno N° 11 con relación al lote N° 15, es decir, que el problema jurídico propuesto radica en observar las actuaciones suscitadas durante el trámite del proceso anterior de mejor derecho propietario; proponiendo que existió una errónea apreciación efectuada en las pruebas y que se ha negado el valor probatorio al registro en Derechos Reales, estimando que las actuaciones como las pruebas valoradas resultan equívocas y erróneas que permiten considerar fraude procesal.

De ahí que podemos concluir que los argumentos expuestos en el reclamo del recurso casación respecto a la errónea apreciación de la prueba y omisión de valoración de la documentación de respaldo no condicen con las exigencias establecidas en el precepto procesal referido, en sentido de constituir expresiones que propiamente cuestionan los fundamentos, entre ellos el de apreciación de la prueba, del Auto de Vista de un anterior proceso de mejor derecho propietario, pretendiendo pueda revalorizarse prueba en este proceso como si fuera instancia de revisión; lo cual no es pertinente en el proceso ordinario de fraude procesal que debe estar orientado a probar hechos constitutivos de fraude como tal y no así los derechos en controversia o decisiones de las instancias jurisdiccionales, que tienen calidad de cosa juzgada, pues el proceso no se constituye en una instancia de revisión, sino que tiene como objeto viabilizar la procedencia de la revisión extraordinaria de la Sentencia a la que refiere la norma jurídica.

Consecuentemente, en este caso no corresponde acoger los agravios planteados, pues todos ellos tieen por objeto acreditar los argumentos que fueron sustento de la defensa de un anterior proceso de mejor derecho propietario y no constituyen hechos que respalden la acción de fraude procesal, ya que los mismo fueron de conocimiento de los Jueces de instancia y fueron considerados endicho proceso para la emisión de los fallos ahora cuestionados, sin que en esta causa importe si lo razonado endichas resoluciones hubiesen sido correcto o no, pues ello únicamente pudo observarse en dicho litigio a través de los medios impugnatorios correspondientes, mas no en el presente caso que no tiene por objeto analizar tal extremo (sic [fs. 110 a 114]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba, a la impugnación; y, a la propiedad privada; toda vez que, dentro el proceso de fraude procesal instaurada por su persona contra el Banco Unión SA, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre; por el cual, declararon infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio que revocó la Sentencia 23/2021 de 27 de enero y declaró improbada la demanda de fraude procesal, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Lesionaron el derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, ya que en lo que concernía a efectuar un valor probatorio correcto, los Magistrados efectuaron una valoración diferente al Registro de Propiedad y al “Testimonio 58/89”, con las que se demostró en base al principio de verdad material que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no así del Lote 11 la cual es de su propiedad; b) Violentaron el derecho al debido proceso en su elemento acceso a la impugnación; pues, en lugar de subsanar las violaciones efectuadas por el Tribunal ad quem, omitieron corregir los errores contrariando el principio de verdad material, con alegaciones y argumentos lacónicos señalaron que la deficiente valoración probatoria del Juez de primera instancia no había sido corregida y que se evidenció la inexistencia de fraude procesal, alegaciones totalmente falsas, pues se demostró con las pruebas que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no del Lote 11; por lo que, al omitir reparar los agravios, se restó la eficacia del recurso de casación; y, c) Quebrantaron el derecho a la propiedad privada; ya que, con la errónea valoración probatoria incurrieron en una decisión que le privó de su derecho a la propiedad privada, consistente en su derecho propietario de Lote 11 de la Urbanización El Pedregal del departamento de La Paz; aspecto que, no garantiza su derecho de propiedad como fue efectuada por el Juez de primera instancia en la demanda de fraude procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 3) La garantía general del debido proceso y el derecho a la impugnación vinculado al derecho a la defensa; 4) El derecho a la propiedad privada y sus restricciones; y, 5) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

El siguiente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0168/2020-S1 de 27 de julio; 0812/2020-S1 de 2 de diciembre; 0063/2021-S1 de 17 de mayo; 0487/2021-S1 de 29 de septiembre; 0819/2021-S1 de 16 de diciembre; 0001/2022-S1 de 3 de marzo; 0366/2022-S1 de 3 de junio; 1403/2022-S1 de 29 de noviembre; 0008/2023-S1 de 17 de enero; 0760/2023-S1 de 10 de julio; y, 1250/2023-S1 de 12 de diciembre, entre otros, que formularon el siguiente razonamiento:

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada; mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (el resaltado nos corresponde). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic).

(…). 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.

78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan; empero, son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo; a través del cual, se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP); lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0347/2020-S1 18 de agosto; 0612/2020-S1 de 13 de octubre; 0080/2021-S1 de 21 de mayo; 0353/2021-S1 de 19 de agosto; 0782/2021-S1 de 8 de diciembre; 0001/2022-S1 de 3 de marzo; 0765/2022-S1 de 9 de agosto; 1489/2022-S1 de 8 de diciembre; 0016/2023-S1 de 9 de febrero; 0877/2023-S1 de 1 de agosto; y, 1267/2023-S1 de 12 de diciembre, entre otros que formularon el siguiente razonamiento: Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

3“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.

(…)

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas).

….qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…”

….en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen). Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental; por el cual, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia 4“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.” 5 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:

´Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.

En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´”

de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:

Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga 6 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional… Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, las tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas. 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

2.1)Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;

2.2)Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y,

2.3)Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.

Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.3. La garantía general del debido proceso y el derecho a la impugnación vinculado al derecho a la defensa

El presente Fundamento Jurídico fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 568/2022-S1 de 6 de julio; 0655/2022-S1 de 18 de julio; 1295/2022-S1 de 8 de noviembre; 1416/2022-S1 de 30 de noviembre; 0211/2023-S1 de 13 de abril; 0577/2023-S1 de 6 de junio; y, 1127/2023-S1 de 20 de septiembre, entre otros que formularon el siguiente razonamiento:

El debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental (art. 115.II), garantía constitucional (art. 117.I) y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia (art. 180.I), en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general en las SSCC 902/2010-R, 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto, asimismo en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012 de 4 de junio, 2493/2012 de 3 de diciembre, 0903/2019-S4 de 16 de octubre, 0618/2018-S1 de 11 de octubre, entre otros, del actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos:

En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (las negrillas son añadidas). Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto en el art. 13.I de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo; puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia.

Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determine derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio; en ese contexto, 9 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso. 10 El FJ III.4.1, indica: "La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: `Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley´.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: `De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un «juez o tribunal competente» para la «determinación de sus derechos», esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´. El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas. Como ya se ha definido en otras Sentencias Constitucionales, el doctrinario Ticona Póstigo, ha señalado que: `El debido proceso legal, proceso justo o simplemente debido proceso (así como el derecho de acción, de contradicción) es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez responsable, competente e independiente, pues, él «Estado no sólo está obligado a proveer la prestación jurisdiccional (cuando se ejercitan los derechos de acción y contradicción) sino a proveerla bajo determinadas garantías mínimas que le aseguren tal juzgamiento imparcial y justo». A criterio del tratadista Saenz, «el Debido Proceso en su dimensión adjetiva, se refiere a toda aquella estructura de principios y derechos que corresponden a las partes durante la secuela de todo tipo de proceso, sea este jurisdiccional, sea administrativo, o sea corporativo particular»´.

Como también ya se expuso en la abundante jurisprudencia constitucional, cualquier proceso administrativo sancionatorio, más aún si este puede derivar en sanciones como la destitución de determinado funcionario público, debe contener los elementos: i) al juez natural, ii) legalidad formal, iii) tipicidad, iv) equidad y v) defensa irrestricta.

El tratadista español, Eduardo García Enterría, al referirse al proceso administrativo sancionador, indicó que: `…La doctrina en materia de derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una esencia diferente a la del derecho corresponde señalar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad.

Ahora bien, en nuestro nuevo orden constitucional la impugnación constituye un principio constitucional que disciplina la función de impartir justicia, reconocido en el art. 180.II de la CPE. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ha consagrado el derecho a recurrir del fallo ante un juez o tribunal superior, como elemento de una garantía judicial mínima, previsto en el art. 8.2 inc.h); norma que es complementada con el reconocimiento a un derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, prescrito en el art. 25 cuya denominación jurídica es “protección judicial”, en los siguientes términos

1) Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2)Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. En ese marco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha expresado que el derecho de recurrir de un fallo, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó, ante el que pueda tener acceso; complementando este entendimiento, la misma Corte en el párrafo 158 de la Sentencia del Caso Herrera Ulloa Vs.

penal general y por ello se ha podido afirmar que las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato formal, que es la autoridad que las impone, es decir sanciones administrativas, la administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal´.

El derecho a la defensa irrestricta, que su vez es componente del debido proceso, se halla reconocido por el art. 115.II de la CPE, cuando señala que: `El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa…´.

El doctrinario argentino Alberto Binder afirma: `El Derecho a la Defensa cumple dentro del Proceso Penal, un papel particular, por una parte actúa en forma conjunta con las demás garantías; por la otra, es la garantía que torna operativas a todas las demás´, concepto aplicable a los procedimientos sancionadores de esencia administrativa. El derecho a la defensa irrestricta, es un elemento esencial del proceso sancionatorio. Es uno de los mínimos procesales que necesariamente debe concurrir en cualquier procedimiento sancionatorio, constituyendo de esta manera un bloque de garantías procesales a favor del administrado en procura de efectivizar en todos los casos un proceso justo, no aceptándose el extremo de sustanciar asunto alguno sin conocimiento del procesado, situación inaceptable en cualquier sistema jurídico”. 11 En la Sentencia del Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas), la Corte Interamericana de Derechos Humanos expreso respecto al derecho al recurso en los siguientes términos: “161. La Corte advierte que, según declaró anteriormente (supra 134), los procesos seguidos ante el fuero militar contra civiles por el delito de traición a la patria violan la garantía del juez natural establecida por el artículo 8.1 de la Convención. El derecho de recurrir del fallo, consagrado por la Convención, no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior al que juzgó y condenó al inculpado, ante el que éste tenga o pueda tener acceso”.

Costa Rica de 2 de julio de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), expresó que:

…es una garantía primordial que se debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona (las negrillas son añadidas). En sintonía con los razonamientos expresados, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, concluyó que el derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, posibilitando que se reclamen aspectos específicos que consideran injustos a sus pretensiones, fundamentando las omisiones que afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa.

Delimitado el marco Constitucional y Convencional del derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, cuyo alcance se encuentra establecido por la jurisprudencia de la Corte IDH, se puede concluir que su eficacia se encuentra vinculada con el derecho a la defensa, entendida en la jurisprudencia constitucional como la potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio, presentar pruebas que estime convenientes en su descargo, hacer uso efectivo de los recursos que le franquea la ley, la observancia de los requisitos mínimos en cada instancia procesal, a fin de que puedan defenderse adecuadamente las personas ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos, consiguientemente, los elementos que la componen se disgregan en los siguientes ámbitos: i) El derecho a ser escuchado en el proceso; ii) El derecho a presentar prueba; iii) El derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) El derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal. Estos razonamientos se afianzan con la mención de que toda persona tiene el derecho inviolable a la defensa reconocida en el art. 119.II de la CPE.

III.4. El derecho a la propiedad privada y sus restricciones

El derecho a la propiedad privada, se encuentra previsto en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; así, el art. 17 de la DUDH, dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Asimismo, el mismo cuerpo internacional, en su art. 29.2 establece que:

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Por su parte, el art. 21 de la CADH, reconoce el derecho a la propiedad privada, refiriendo que:

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las normas establecidas por la ley (las negrillas fueron añadidas). Por otra parte, la Corte IDH definió el derecho al uso y goce de bienes a los que hace referencia el art. 21, como: …todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. De igual manera, afirmó que el concepto de bienes comprende:

a) Todos los muebles y los inmuebles; b) los elementos corporales e incorporales; y, c) cualquier otro objeto material susceptible de valor El derecho a la propiedad protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es absoluto, el referido art. 21.1 establece que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social, refiriéndose a las posibles limitaciones, intromisiones o interferencias, al uso y goce de la propiedad impuesta por el Estado generalmente para evitar el ejercicio abusivo del mismo, limitaciones que no suponen la privación o supresión del derecho como tal, ya que entonces se configuraría el instituto de la expropiación, que se encuentra regulado por el art. 21.2 de la CADH, donde se contemplan los casos de expropiación de bienes y los requisitos para que el actuar del Estado se considere justificado. De esa manera, la Corte IDH ha establecido que el Estado puede restringir los derechos a la propiedad contemplados en el art. 21 de la CADH si tal restricción respecto a los intereses de la sociedad. Para la Corte IDH, los conceptos de orden público y bien común, derivados del interés general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias de una sociedad democrática de acuerdo al art. 32 de la CADH, que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la CADH. Para que resulten compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho restringido. Para que se puede considerar de interés de la sociedad, se requiere que las restricciones: a) Hayan sido previamente establecidas por ley; b) Sean necesarias e inexistencia de otro tipo de medidas menos restrictivas; c) Sean proporcionales; y, d) Tengan el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. En el caso de restricciones a la propiedad colectiva o comunal de los pueblos indígenas y tribales, la Corte IDH además incluyó que la restricción no puede implicar una denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia subsistencia del grupo y de sus integrantes. La carga de probar que estas limitaciones cumplen dichos requisitos recae sobre el Estado que las impone. Finalmente, el requisito de legalidad se ha interpretado de forma estricta en gran parte de la jurisprudencia de la Corte IDH -al analizar las restricciones legítimas a los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, y constituye un elemento esencial para evitar la arbitrariedad en las decisiones de los Estados. Se ha interpretado que el requisito exige la existencia de una ley en sentido formal y material, que las causas de dicha restricción estén expresas, taxativa y previamente fijadas por la ley, que sean necesarias para asegurar el fin legítimo perseguido y que no deban, de modo alguno, más allá de lo estrictamente necesario el derecho afectado. Por otra parte, el derecho a la propiedad se encuentra reconocido como un derecho fundamental en el art. 56 de la CPE, que prevé lo siguiente:

I. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. II.Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. El Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia ha establecido que el núcleo duro de este derecho se identifica a tres elementos esenciales: 1) El derecho de uso; 2) El derecho de goce; y, 3) El derecho de disfrute; los cuales tienen un sustento axiológico que refuerza dicho contenido esencial, basado en los valores libertad, igualdad, solidaridad y justicia, y que este núcleo esencial que genera obligaciones negativas tanto para el Estado como para los particulares siendo esas la i) Prohibición de privación arbitraria de propiedad; y, ii) Prohibición de limitación arbitraria de propiedad. Ahora bien, la Norma Suprema en su art. 109.II, determina que: Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. En ese mismo sentido, la SCP 0203/2015-S1 de 26 de febrero, estableció que:

Todo derecho fundamental puede ser limitado; es así que, en el derecho de propiedad su restricción tiene que ser necesariamente mediante una ley, aprobada por el órgano legislativo y en casos específicos… Ahora bien la SCP 0121/2012, también hizo referencia al principio al principio de razonabilidad que constituye el estándar axiomático para la directa aplicación para la directa justiciabilidad del derecho a la propiedad en ese orden, puntualizó que las:

... decisiones jurisdiccionales que incurran en privación o limitación arbitraria de la propiedad, implican una directa afectación al principio de razonabilidad y como consecuencia directa afectan también el contenido esencial del derecho de propiedad en sus tres elementos esenciales: uso, goce y disfrute…

En el ordenamiento jurídico interno, el art. 105 del Código Civil (CC), identifica al derecho de propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho que debe ser ejercido en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Por lo expuesto, se infiere que el derecho a la propiedad es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, el cual no es absoluto sino puede ser afectado o restringido; empero, para que esta afectación se concretice debe responder a una ley aprobada por el legislador para casos específicos, caso contrario se constituye en una afectación arbitraria que vulnera el derecho a la propiedad. Finalmente, en lo que respecta a la función social, dicha limitante para el ejercicio del derecho a la propiedad privada se encuentra dirigida a evitar el ejercicio abusivo del referido derecho y que el legislador lo regule de manera tal que haga conveniente para el particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles, no siendo igual al fin social a seguirse por parte del Estado en la administración de los recursos públicos, toda vez que el administrado no es un agente público.

III.5.Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba, a la impugnación; y, a la propiedad privada; toda vez que, dentro el proceso de fraude procesal instaurada por su persona contra el Banco Unión SA, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre; por el cual, declararon infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio que revocó la Sentencia 23/2021 de 27 de enero y declaró improbada la demanda de fraude procesal, cometiendo las siguientes irregularidades: a) Lesionaron el derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, ya que en lo que concernía a efectuar un valor probatorio correcto, los Magistrados efectuaron una valoración diferente al Registro de Propiedad y al “Testimonio 58/89”, con las que se demostró en base al principio de verdad material que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no así del Lote 11 la cual es de su propiedad; b) Violentaron el derecho al debido proceso en su elemento acceso a la impugnación; pues, en lugar de subsanar las violaciones efectuadas por el Tribunal ad quem, omitieron corregir los errores contrariando el principio de verdad material, con alegaciones y argumentos lacónicos señalaron que la deficiente valoración probatoria del Juez de primera instancia no había sido corregida y que se evidenció la inexistencia de fraude procesal, alegaciones totalmente falsas, pues se demostró con las pruebas que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no del Lote 11; por lo que, al omitir reparar los agravios, se restó la eficacia del recurso de casación; y, c) Quebrantaron el derecho a la propiedad privada; ya que, con la errónea valoración probatoria incurrieron en una decisión que le privó de su derecho a la propiedad privada, consistente en su derecho propietario de Lote 11 de la Urbanización El Pedregal del departamento de La Paz; aspecto que, no garantiza su derecho de propiedad como fue efectuada por el Juez de primera instancia en la demanda de fraude procesal.

De los antecedentes que se encuentran descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que el 15 de octubre de 1988 el Juez de Partido Civil y Comercial Décimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, pronunció la Sentencia 143/98 de 15 de octubre de 1998; por el cual, declaró improbada la demanda de mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y negatoria y la demanda reconvencional en la que se encontraban como litigantes el Banco Unión SA y Edwing Braulio Alarcón Montes -ahora impetrante de tutela-, determinación que fue revocada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior de Distrito de La Paz, por medio del Auto de Vista 476/99 de 29 de octubre de 1999, declarando probada la demanda de mejor derecho propietario y otros, e improbada la demanda reconvencional, resolución que ante un recurso de casación fue confirmada por el Auto Supremo 100 de 27 de abril de 2000 pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Suprema de Justicia; es así que, fruto de un incidente de nulidad presentado por el peticionante de tutela, el Juzgado Público Civil y Comercial Décimo Primero de la Capital del departamento de La Paz, por medio de Auto Definitivo 120/2020 de 18 de marzo, determinó rechazar dicho incidente; la cual fue, confirmada por Auto de Vista 378/2020 de 8 de diciembre pronunciada por la Sala Civil Tercera del mismo departamento (Conclusiones II.1, II.2 y II.3).

Posteriormente el 27 de enero de 2021, en el proceso de fraude procesal presentado por el peticionante de tutela contra el Banco Unión SA, el Juzgado Público Civil y Comercial Primero de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Sentencia 23/2021 por el cual declaró probada la referida demanda, la misma que ante la interposición del recurso de apelación fue revocada y por consiguiente declarada improbada por medio del Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio pronunciada por la Sala Civil Segunda del mismo departamento; la cual, ante la presentación del recurso de casación por parte del solicitante de tutela, la misma fue declarado infundado por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandados- por medio del Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre (Conclusiones II.4, II.5 y II.6).

En ese contexto, identificada las problemáticas, el accionante denuncia a los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, por la emisión del Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre, en la cual se hubieran vulnerado sus derechos al debido proceso en sus elementos de valoración de la prueba y a la impugnación; y, a la propiedad privada; en ese contexto, solicita se deje sin efecto dicha Resolución; por lo que, en aplicación del principio iura novit curia, esta jurisdicción constitucional, puede ingresar a valorar derechos que no hayan sido específicamente denunciados; empero, efectuando una interpretación de sus peticiones, se puede sobreentender los derechos que se considera vulnerados, es en ese efecto, que en el presente caso, si bien el impetrante de tutela no denunció como lesionados el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; sin embargo, en consonancia con su petición final, se puede entender que también denuncia dichos elementos del debido proceso; por lo que, este Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a analizar dichas problemáticas concernientes en el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba y a la impugnación; y, a la propiedad privada, las cuales serán analizadas de forma separada para una mayor comprensión, de la siguiente manera: 1. Sobre la primera problemática, en relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba

El peticionante de tutela, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; toda vez que, dentro el proceso de fraude procesal instaurada por su persona contra el Banco Unión SA, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre por el cual declararon infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio que revocó la Sentencia 23/2021 de 27 de enero y declaró improbada la demanda de fraude procesal, sin tomar en cuenta que en lo que concernía a efectuar un valor probatorio correcto, los Magistrados efectuaron una valoración diferente al Registro de Propiedad y al “Testimonio 58/89”, con las que se demostró en base al principio de verdad material que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no así del Lote 11 la cual es de su propiedad.

En ese contexto, conforme a la problemática planteada es pertinente señalar lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la cual refiere que:

…la fundamentación consiste a la labor argumentativa desarrolladas por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación de efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermética constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. En ese contexto corresponde establecer si el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre, cuenta con la debida fundamentación y motivación, para dicho cometido, de la compulsa integral de la resolución mencionada, se tiene que los Magistrados demandados en la referida Resolución, conforme a la Conclusión II.6 de esta Resolución Constitucional, argumentaron que:

(…).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Los agravios primero, segundo y quinto serán analizados de manera conjunta, por estar orientados a cuestionar incongruencia en el Auto de Vista, incidiendo a efectuar un análisis doctrinal y jurisprudencial incurriendo en infracción de los arts. 227 y 261.I) del Código Procesal Civil, aduciendo que es ultra petita por haber otorgado más allá de lo pedido en el recurso de apelación y a favor del Banco Unión con abundante subjetivismo y nada de objetividad; y que existe incongruencia en el Auto de Vista recurrido, puesto que solo debió resolver los agravios interpuestos y de ninguna manera conocer, valorar ni influir en otros aspectos fuera de los puntos recurridos u omitir el pronunciamiento de alguno de ellos y que en el caso presente consideró varios aspectos ajenos a la controversia y los deducidos en apelación.

La jurisprudencia constitucional desarrolló el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional N° 0486/2010-R de 5 de julio, donde razonó que: “El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

Al respecto, se debe explicar que el art. 265.I del Código Procesal Civil establece que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; en ese marco es que el Auto de Vista N° S-272/2021 reconoció cinco puntos de agravio de la impugnación del Banco Unión S.A., relacionado a: 1) que no se demostró la supuesta incongruencia ni la existencia de prueba que acredite que los lotes N° 15 y 11 hayan sido alterados en su verdadera ubicación y numeración; 2) que el argumento en el Auto de Vista N° 476/99 de error en el número de lote de terreno tiene un argumento y sustento documental; 3) que el Juez no observó la jurisprudencia relacionada al Auto Supremo N° 1009/2018 de la imposibilidad de revalorizar la prueba, el Auto Supremo N° 476/99, referente al fraude procesal no se discuten derechos controversiales ni las decisiones de instancia; 4) que la Sentencia hace referencia a la supuesta protesta del demandante de interponer recurso de revisión extraordinaria de Sentencia una vez concluido el proceso, pero en obrados no existe tal argumento, por lo que la resolución es incongruente; y 5) que la demanda no señala que el objetivo es formular algún recurso, por lo tanto existe incorrecta valoración de las pruebas.

En ese contexto, para otorgar respuesta, en el apartado “II.3 Análisis del caso”, se absolvió los agravios 1, 2 y 5, desarrollándose el análisis de la incorrecta valoración de las pruebas en función a los fundamentos de la Sentencia N° 23/2021, con examen del Auto Supremo N° 789/2017, por lo que se concluyó que el Juez A quo ha ingresado en una irracional valoración de las pruebas de manera parcial los testimonios y poderes que fueron analizados y valorados en el Auto de Vista N° 476/99 y que no se demostró el fraude procesal.

Por consiguiente, se verifica que el Auto de Vista otorgó respuesta a los agravios de apelación en consideración al fundamento de la sentencia, y que la conclusión arribada de desestimar el fraude procesal fue precisamente en atención a la expresión de agravios de la apelación, siendo congruente y pertinente la resolución de vista a los cinco puntos de impugnación, por lo que no se puede estimar de ultra petita o que se otorgó más allá de lo pedido, sin que resulte evidente el reclamo del recurrente.

2. Respecto al tercer y cuarto agravio que se cuestiona, se incurrió en una falta valoración de las pruebas, así como un error de hecho y derecho conforme los arts. 145 y 271.I del Código Procesal Civil, negándose el valor probatorio a la inscripción en el registro de Derechos Reales; que el Tribunal Ad quem, desconoce la eficacia y validez de la minuta de 02 de abril de 1988 y la propia Escritura Pública N° 61 de 03 de marzo de 1989, con el mandato N° 81 de 02 de marzo de 1988 que se trataría del lote N° 11 de 904 m2 y no del lote N° 15, desconociendo la compra de Arturo Eduardo Chambi Bohórquez del lote N° 15 anteriormente marcado con el N° 11 de 904 m2, ubicado en la Urbanización El Pedregal, zona de Alto Calacoto Tucsacota Cuticollo de la ciudad de La Paz, con Código catastral N° 44-838-15, manzana L, en favor de Silvana Pérez Cruces, como refiere la escritura de fs. 11 a 15.

El Tribunal de alzada, cotejo la Sentencia de primera instancia, considerando las pretensiones de las partes, percibió las falencias con relación a la valoración probatoria, y no evidenció fraude procesal, pretensión principal de la acción.

En función a la pretensión de fraude procesal peticionada, se debe considerar que el Auto Supremo N° 885/2018 de 05 de septiembre señaló: “En esa lógica el fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del proceso, o por medio de éste, destinados, mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales, bien sean las partes propiamente dichas o el órgano jurisdiccional, a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de una de las partes o de tercero”.

Entonces, la interposición del proceso ordinario de fraude procesal, establecido en el art. 284.III del Código Procesal Civil, debe estar orientado a probar los hechos constitutivos del fraude procesal como tal y no así los derechos en controversia o las decisiones de las instancias jurisdiccionales, pues dicho proceso no constituye una instancia de revisión, por lo que tampoco se puede pretender la revalorización de la prueba, tal cual pretende el recurrente en el caso de autos.

La pretensión recursiva tiene por propósito reconsiderar lo resuelto respecto a la propiedad y ubicación del lote de terreno N° 11 con relación al lote N° 15, es decir, que el problema jurídico propuesto radica en observar las actuaciones suscitadas durante el trámite del proceso anterior de mejor derecho propietario; proponiendo que existió una errónea apreciación efectuada en las pruebas y que se ha negado el valor probatorio al registro en Derechos Reales, estimando que las actuaciones como las pruebas valoradas resultan equívocas y erróneas que permiten considerar fraude procesal.

De ahí que podemos concluir que los argumentos expuestos en el reclamo del recurso casación respecto a la errónea apreciación de la prueba y omisión de valoración de la documentación de respaldo no condicen con las exigencias establecidas en el precepto procesal referido, en sentido de constituir expresiones que propiamente cuestionan los fundamentos, entre ellos el de apreciación de la prueba, del Auto de Vista de un anterior proceso de mejor derecho propietario, pretendiendo pueda revalorizarse prueba en este proceso como si fuera instancia de revisión; lo cual no es pertinente en el proceso ordinario de fraude procesal que debe estar orientado a probar hechos constitutivos de fraude como tal y no así los derechos en controversia o decisiones de las instancias jurisdiccionales, que tienen calidad de cosa juzgada, pues el proceso no se constituye en una instancia de revisión, sino que tiene como objeto viabilizar la procedencia de la revisión extraordinaria de la Sentencia a la que refiere la norma jurídica.

Consecuentemente, en este caso no corresponde acoger los agravios planteados, pues todos ellos tienen por objeto acreditar los argumentos que fueron sustento de la defensa de un anterior proceso de mejor derecho propietario y no constituyen hechos que respalden la acción de fraude procesal, ya que los mismo fueron de conocimiento de los Jueces de instancia y fueron considerados endicho proceso para la emisión de los fallos ahora cuestionados, sin que en esta causa importe si lo razonado endichas resoluciones hubiesen sido correcto o no, pues ello únicamente pudo observarse en dicho litigio a través de los medios impugnatorios correspondientes, mas no en el presente caso que no tiene por objeto analizar tal extremo. En ese orden de cosas, es necesario realizar un análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre; así tenemos:

i. Sobre la fundamentación

El Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre; por el cual, dispuso declarar infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio la cual revocó la Sentencia 23/2021 de 27 de enero declarando improbada la demanda de fraude procesal, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 42.I.1) de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; y, 220.II, 265.I y 284.III del CPC.

En ese contexto, se puede evidenciar que las autoridades demandadas, a momento de emitir el Auto Supremo ahora impugnado, fundamentaron su decisión en las normas legales vigentes, denotándose que dicha determinación cuenta con la fundamentación exigida por la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, correspondiendo denegar la tutela al respecto.

ii. Respecto a la motivación

En ese contexto, los Magistrados demandados a momento de pronunciar el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre, por el cual dispuso declarar infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio la cual revocó la Sentencia 23/2021 de 27 de enero declarando improbada la demanda de fraude procesal, lo realizaron señalando que: a) En apego al art. 265.I del CPC el Tribunal de alzada se debe circunscribir a los puntos resueltos por el inferior, habiéndose advertido cinco puntos de agravio, observándose que se dio respuesta a todos los agravios de apelación, y que la determinación de desestimar el fraude procesal es en atención a los puntos de agravio, no pudiendo señalar que la resolución fue ultra petita; b) El Tribunal de alzada efectuó el cotejo de la Sentencia, en la que se percibió las falencias en relación a la valoración probatoria; puesto que, no se evidenció el fraude procesal, la cual conforme al art. 284.III del CPC debe estar orientado a demostrar los hechos constitutivos del fraude procesal, y no derechos en controversia o las resoluciones dictadas por las instancias jurisdiccionales, ya que no es una instancia de revisión; por lo que, no se puede revalorizar la prueba; y, c) Los argumentos de errónea apreciación de la prueba y omisión de valorar la documental, no son acordes a las exigencias procesal normativo, de querer volver a hacer apreciar una prueba que ya fue valorada en otro proceso de mejor derecho propietario, confundiendo que el proceso se constituiría en uno de revisión; la cual, solo tiene por objeto viabilizar la procedencia o no de la revisión extraordinaria de Sentencia.

Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación cuenta o no con la debida motivación; es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, realizando esa argumentación lógico-jurídica, explicando los motivos y las razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, y el no hacerlo la misma se tornaría en arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden, previamente es pertinente remitirnos a lo establecido en el Auto Supremo 245/2020 de 20 de marzo, la misma en relación a la acción de fraude procesal, señala que dicho acto:

No es una instancia de revisión del proceso donde presuntamente se hubiere cometido el fraude; en la acción de fraude procesal no se pueden discutir los derechos en pugna del proceso presuntamente fraudulento, tampoco se pueden plantear fundamentos tendientes a impugnar las resoluciones adoptadas en el mismo, mucho menos acusar asuntos relacionados a errores de interpretación de la ley, errores en la valoración de la prueba o vicios procedimentales no observados oportunamente (las negrillas nos corresponden). En ese contexto, de la revisión del Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre, emitido por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia (Conclusión II.6), se puede establecer que la misma cuenta con la respectiva motivación; ya que, explicó de forma clara a la parte solicitante de tutela que en un proceso de fraude procesal solo se analiza los elementos constitutivos del fraude con la que se hubo tramitado un proceso anterior; empero, que en dicha etapa procesal no se vuelve a revalorizar las pruebas aportadas en el proceso principal -en este caso en el proceso de mejor derecho propietario, reivindicación y negatoria-, menos acusarlos de no valorarlos sino fue observado de forma oportuna, además que dicha etapa procesal no se configuraba en una instancia de revisión, pues no se pueden discutir derechos controversiales, y menos impugnar las decisiones jurisdiccionales, sino que se debe demostrar los engaños o artificios con las que se configuró el fraude procesal; aspectos estos que, hacen denotar que los demandados explicaron de forma lógica-jurídica el justificativo de su decisión; es decir, subsumieron las normas que sirvieron de fundamentación a momento de explicar las razones por las cuales determinaron declarar infundado el recurso de casación, emitiendo un razonamiento y argumento propio en cumplimiento a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, se puede establecer que el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre se encuentra debidamente motivada, correspondiendo denegar la tutela solicitada.

iii. En cuanto a la valoración probatoria

En ese contexto, en relación a la revisión de la prueba en sede constitucional, el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, señala que para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda efectuar dicha labor, se debe tomar en cuenta:

Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

Ahora bien, el accionante, indica que las autoridades demandadas efectuaron una valoración incorrecta a los medios probatorios aportados, dándole un valor distinto para el cual se obtuvo, pues no valoraron las pruebas con las que se demostró que el Banco Unión SA, era propietario del Lote 11 y no así del Lote 15.

En ese contexto, hay que tener en cuenta que en base a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, una causal para poder ingresar a analizar la valoración de la prueba en sede constitucional es cuando las autoridades sean judiciales o administrativas, de forma arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, cuando basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

En ese contexto, el impetrante de tutela refiere que los Magistrados demandados, dieron una valoración probatoria distinta a las que estaban destinados a demostrar en relación al fraude procesal; sin embargo, como se estableció en el elemento de motivación, que en las acciones de fraude procesal las pruebas que hayan sido utilizados en los procesos principales no pueden ser vueltos a revalorizar con la finalidad de demostrar el fraude procesal; por lo que, en el presente caso, en apego a la misma jurisprudencia ordinaria emitida por el Tribunal Supremo, dicha instancia se ve impedida de efectuar una nueva valoración de las pruebas del proceso principal como pretendió el peticionante de tutela, pues dicha etapa procesal no es una instancia de revisión, debiendo haber demostrado con otras pruebas los artificios engañosos con las que se hubo conseguido la Sentencia fraudulenta, y no así solicitar una nueva valoración probatoria; es en ese sentido, que al no haber ingresado a valorar las pruebas, y por lo mismo no haber incurrido en las causales por las que este Tribunal puede ingresar a analizar la valoración de la prueba efectuado por la autoridades judiciales o administrativas, se puede observar que dicho reclamo no es evidente; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. 2. Respecto a la segunda problemática, en relación al derecho al debido proceso en su elemento impugnación

El solicitante de tutela, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento a la impugnación; toda vez que, dentro el proceso de fraude procesal instaurada por su persona contra el Banco Unión SA, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre por el cual declararon infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio que revocó la Sentencia 23/2021 de 27 de enero y declaró improbada la demanda de fraude procesal; pues, en lugar de subsanar las violaciones efectuadas por el Tribunal ad quem, omitieron corregir los errores contrariando el principio de verdad material, con alegaciones y argumentos lacónicos señalaron que la deficiente valoración probatoria del Juez de primera instancia no había sido corregida y que se evidenció la inexistencia de fraude procesal, alegaciones totalmente falsas, pues se demostró con las pruebas que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no del Lote 11; por lo que, al omitir reparar los agravios, se restó la eficacia del recurso de casación. Ahora bien, considerando que en el presente caso el accionante denunció la lesión de su derecho a la impugnación, resulta necesario remitirnos al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional; en el cual, se sostuvo que:

…, el derecho a la impugnación o a recurrir si bien es un elemento del debido proceso, tiene una vinculación intrínseca con el derecho a la defensa pues en el ejercicio de este último se reconoce el derecho a la impugnación que se constituye en una garantía judicial mínima, que no se satisface con la mera existencia de un órgano de grado superior, ante el que pueda tenerse acceso, sino también permite que dicho órgano evalué, revise, compulse y en definitiva corrija los defectos existentes en la decisión impugnada, posibilitando que se reclamen aspectos específicos que consideran injustos a sus pretensiones, fundamentando las omisiones que afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados.

En ese contexto, la parte impetrante de tutela considera que los Magistrados demandados vulneraron su derecho a la impugnación al no haber efectuado una valoración probatoria con las que se demostró que el Banco Unión SA era propietario del Lote 15 y no del Lote 11, así las cosas, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, el derecho a la impugnación no solo se hace efectivo con hacer el uso efectivo de los recursos que la ley franquea -realidad que ocurre en el presente caso, ya que el peticionante de tutela accedió al recurso de casación-; sino también se la hace efectiva al permitir que el superior en grado evalué, revise, compulse y en su defecto corrija los defectos que hubiesen existido en la decisión recurrida, es en ese aspecto, que los Magistrados demandados a momento de ingresar a analizar el fondo del recurso de casación, explicó a momento de motivar su determinación que las acciones de fraude procesal no se ingresa a analizar la prueba que ha sido ya valorada en los procesos principales, y que al no ser una fase o instancia de revisión, dicha actividad no es de su competencia, ni siquiera revisar denuncias contra las resoluciones jurisdiccionales; por lo que, si bien declararon infundado el recurso de casación y no realizaron una valoración de la prueba ya que no tienen competencia para ello; empero, con dicho acto, no se observa la vulneración del derecho a la impugnación como elemento del derecho al debido proceso; ya que, el solicitante de tutela tuvo la oportunidad de hacer uso de los recursos que le franquea la Ley, y por lo mismo obtuvo una Resolución por parte de las autoridades demandadas, correspondiendo denegar la tutela al respecto.

3. En relación a la tercera problemática, respecto del derecho a la propiedad

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la propiedad privada; toda vez, que dentro el proceso de fraude procesal instaurada por su persona contra el Banco Unión SA, las autoridades demandadas emitieron el Auto Supremo 1009/2021 de 15 de noviembre por el cual declararon infundado el recurso de casación interpuesto contra el Auto de Vista 272/2021 de 4 de junio que revocó la Sentencia 23/2021 de 27 de enero y declaró improbada la demanda de fraude procesal, ya que con la errónea valoración probatoria incurrieron en una decisión que le privó de su derecho a la propiedad privada, consistente en su derecho propietario de Lote 11 de la Urbanización El Pedregal del departamento de La Paz; aspecto que, no garantiza su derecho de propiedad como fue efectuada por el Juez de primera instancia en la demanda de fraude procesal.

En ese contexto, en relación al derecho a la propiedad privada y sus restricciones, el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, señaló que:

En el ordenamiento jurídico interno, el art. 105 del Código Civil (CC), identifica al derecho de propiedad como un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho que debe ser ejercido en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites y con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto se infiere que el derecho a la propiedad es reconocido por nuestra Constitución como un derecho fundamental, el cual no es absoluto sino puede ser afectado o restringido; empero, para que esta afectación se concretice debe responder a una ley aprobada por el legislador para casos específicos, caso contrario se constituye en una afectación arbitraria que vulnera el derecho a la propiedad.

Finalmente, en lo que respecta a la función social, dicha limitante para el ejercicio del derecho a la propiedad privada se encuentra dirigida a evitar el ejercicio abusivo del referido derecho y que el legislador lo regule de manera tal que haga conveniente para el particular la utilización de los bienes para fines socialmente útiles, no siendo igual al fin social a seguirse por parte del Estado en la administración de los recursos públicos, toda vez que el administrado no es un agente público (las negrillas fueron añadidas).

Ahora bien, el impetrante de tutela denuncia la vulneración del derecho a la propiedad privada; puesto que, los Magistrados demandados no efectuaron una valoración probatoria acorde a las pruebas aportadas con los que hubo demostrado el fraude procesal; sin embargo, conforme se demostró en el acápite relacionado a los elementos de motivación y valoración probatoria, se pudo observar con argumentos claros y precisos que en las acciones de fraude procesal no se vuelven a valorar las pruebas que fueron utilizadas en el proceso principal; por lo que, con dicho acto tampoco se observa la vulneración al derecho a la propiedad privada; puesto que, actuaron acorde a la norma jurídica y a la jurisprudencia ordinaria, correspondiendo denegar la tutela al respecto.

En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 245/2022 de 24 de octubre, cursante de fs. 192 a 199, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, en base a los Fundamentos Jurídicos descritos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA

Notas al pie

Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

7 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018-S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

8 Respecto al carácter tridimensional del debido proceso, la SC 0086/2010-R de 4 de mayo, expreso los siguientes términos: SC 902/2010-R, de 10 de agosto, SC 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros.

12 La SCP 0041/2018-S2 de 6 de marzo, citado a las SCP 0140/2012 de 9 de mayo y 0275/2012 de 4 de junio , expreso textualmente respecto al derecho a recurrir o la garantía de la doble instancia, expresando: “…admite el disenso con los fallos, permite a una autoridad de jerarquía superior a la inicialmente competente, evaluar, revisar, compulsar y en definitiva corregir los defectos existentes en la decisión pronunciada, permitiendo un acceso irrestricto a la justicia, al posibilitar se reclamen aspectos específicos que considera injustos a sus pretensiones, fundamentando el grado en que estas omisiones afectan sus derechos, siendo obligación del juez o tribunal de segunda instancia, dar respuesta a todos los agravios denunciados, al encontrarse íntimamente ligado al derecho a la defensa…”.

13 Respecto al contenido del derecho a la defensa la SC 1534/2003-R de 30 de octubre, ha entendido como la “…potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

14 Los elementos que componen el derecho a la defensa se establecieron en la SC 1670/2004-R de 14 de octubre: “…de la que se extrae que el derecho a la defensa alcanza a los siguientes ámbitos: i) el derecho a ser escuchado en el proceso; ii) el derecho a presentar prueba; iii) el derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) el derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal”.

15 Corte IDH, Caso Ivcher Brostein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 122.

16 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127.

17 Corte IDH, Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. Excepción preliminar y fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008, párr. 75.

18 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yekye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145; Corte IDH, Caso Ivcher Broestein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 145.

19 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 127; Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de junio de 2005, párr. 144 y 145.

20 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinman. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 28 de noviembre de 2007, párr. 128.

21 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 2 de julio de 2004, párr. 210.

22 SCP 0121/2012 de 2 de mayo.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0573_2024-S1.pdf · páginas 1 a 35.

Huella digital del PDF (SHA-256): 589b54a61efdf00b5b734156790ddbc34af4f17600e70205386ff6dc7efd6d19

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