B.IA.LEGAL

SCP 0572/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de junio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
46234-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la libertad personal y a la dignidad; puesto que, a pesar de que se emitió la Resolución 01/2014 de 13 de enero -de sobreseimiento- en su favor, el Juez ahora accionado no levantó las medidas cautelares de carácter personal que le fueron impuestas, tomando en cuenta que en el Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz, le indicaron que enviaron el cuaderno procesal a la ciudad de El Alto del citado departamento, y en ese último le señalaron que se encontraba en La Paz; empero, en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, le manifestaron que no tenían competencia para resolver su solicitud. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 46 a 48 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica y presupuestos de activación de la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0572/2023-S3 Sucre, 14 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 46234-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 10/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 46 a 48 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Humberto Laura Laura contra Erick Ganner Espinoza Peralta, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 2 de marzo de 2022, cursante de fs. 33 a 35, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Eduardo Laura Collo y otros contra su persona y otros, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y concurso real, previstos y sancionados por los arts. 198, 199, 203 y 45 del Código Penal (CP), mediante Resolución 16/2013 de 24 de mayo, la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz, determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva contra su persona y otros, imponiéndole las siguientes condiciones: a) La obligación de presentarse periódicamente ante el citado Juzgado cada quince días, cada primero y quince de cada mes; b) La prohibición de salir del país, determinando “…oficiarse el Ministerio de Migración a efectos de tramitarse el arraigo correspondiente…” (sic); c) La prohibición de comunicarse con los denunciantes, bajo ningún concepto, “…mucho menos la situación de agredirse o de proferir insultos…” (sic); y, d) La fianza económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), debiendo efectuarse el empoce en las oficinas de depósitos judiciales del Consejo de la Magistratura. Dichas medidas las cumplió a cabalidad, conforme consta del certificado de la Dirección General de Migración “Caso 136/2012 MP.”, así como por el certificado de depósito judicial 0020371 por Bs3 000.- (tres mil bolivianos). Posteriormente, la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz, emitió en su favor y otro la Resolución 01/2014 de 13 de enero, de sobreseimiento. El 30 de octubre de 2013, el Fiscal de Materia encargado de la investigación presentó Acusación Fiscal EJBS 24/13 contra Julián Laura Chávez y Santiago Cely Laura Apaza; por lo que, posteriormente se emitió la Sentencia 31/2019 de 14 de octubre, por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, declarando a Santiago Cely Laura Apaza, autor del delito de falsificación de documento privado, siendo ejecutoriada la misma por Resolución 23/2020 de 12 de marzo de 2020. De esa manera, “al presente” se vulneró su derecho a la libertad de circulación y dignidad; en razón a que no puede realizar viajes al exterior, viéndose afectados sus derechos, a pesar de que agotó todas las instancias legales para que se levanten las medidas cautelares que se le impuso, tomando en cuenta que en el Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz, le indicaron que enviaron el cuaderno procesal a la ciudad de El Alto del citado departamento, y en ese último le señalaron que se encontraba en La Paz; empero, en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, le manifestaron que no tenían competencia para resolver su caso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la libertad personal y a la dignidad; citando al efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga que se revoquen “las medidas cautelares” impuestas contra su persona.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 3 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 43 a 45, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) El Fiscal de Materia presentó la Resolución 01/2014 de 13 de enero de sobreseimiento, ante la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz, la cual aceptó dicha determinación; sin embargo, no levantó las medidas cautelares que se le impuso, pese a que acudió ante dicho despacho, sin tener respuesta favorable hasta el momento, a tal extremo que le señalaron que remitieron el cuaderno procesal a la ciudad de El Alto y de ahí al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, donde se sustanció el proceso contra los otros procesados, no así en su contra, sin saber qué autoridad es la que tiene competencia para levantar las medidas impuestas; y, 2) Con anterioridad al sobreseimiento se suscribió una conciliación, por lo cual no existe razón para que las medidas impuestas continúen vigentes.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Erick Ganner Espinoza Peralta, Juez Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz, en audiencia señaló que: i) Se sorprendió con la presentación de la acción de libertad formulada contra su autoridad; puesto que, el 2013 cuando se celebró la audiencia de medidas cautelares contra el accionante, no se encontraba ejerciendo funciones, ya que recién fue designado desde diciembre de 2014, y en las gestiones 2013 y 2014, “Yolanda Genera Pérez Mamani”, fue quien se encontraba a cargo del Juzgado; ii) De la revisión rápida a los libros de altas y bajas de su Juzgado, se tiene que dentro del proceso penal del cual deviene la acción tutelar, el Fiscal de Materia presentó acusación fiscal, la cual fue remitida a oficinas de servicios judiciales para que procedan con el sorteo correspondiente, siendo remitido al Juzgado de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, a efectos del control jurisdiccional, ello por la nombrada ex Jueza y su anterior personal; por lo que no tiene conocimiento sobre el proceso penal; y, iii) No tiene conocimiento de ningún memorial presentado ante su despacho mediante el cual se haya solicitado el levantamiento de medidas cautelares.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 10/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 46 a 48 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) De la documentación cursante en el cuaderno procesal, se estableció que se dispuso la aplicación de medidas cautelares de carácter personal contra el accionante, por el Juez “de instrucción de Corocoro”; asimismo, se advirtió la Resolución 01/2014 -de sobreseimiento- emitida en su favor; la cual fue aceptada por la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz, de acuerdo a la documentación presentada; sin embargo, no se dispuso que se levanten las medidas cautelares de carácter personal, extremo que ahora se reclama mediante la acción tutelar; b) Así también de la remisión efectuada por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, se observa que el 12 de noviembre de 2021, el accionante se apersonó al citado Tribunal “…solicitando el oficio a migración…” (sic) para dejar sin efecto las medidas restrictivas dispuestas en su contra, mereciendo el decreto de igual fecha, que dispuso que esté a los datos del proceso y se sujete al procedimiento, el cual únicamente está firmado por el Secretario del señalado Tribunal, para lo cual si bien se debe considerar lo establecido por el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- que prevé que los secretarios pueden emitir decretos de mero trámite, debiendo ser los jueces quienes pronuncien las resoluciones, por lo cual en el presente caso debió haberlo hecho el Juez; c) No se presentó mayor documentación que establezca que el accionante acudió ante el Juzgado que ejerció el control jurisdiccional durante la etapa preparatoria, en razón a que le correspondía a esa autoridad conocer la solicitud de levantamiento de medidas cautelares, ya que si ese habría sido el caso, el “…juzgado mixto de instrucción penal de Coro Coro…” (sic) pudo solicitar al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz que se le remita los antecedentes para disponer lo que en derecho corresponda; en virtud a que las medidas cautelares de carácter personal fueron aplicadas en la etapa preparatoria y no así en la etapa de juicio que conoció el citado Tribunal, considerando que no se presentó acusación contra el accionante, sino más bien una Resolución de sobreseimiento; d) Se debe tener en cuenta la SC 1784/2011-R de 7 de noviembre, que estableció los supuestos de subsidiariedad, ello cuando existen los medios idóneos e inmediatos para impugnar el supuesto acto o resolución ilegal que vulnera el derecho a la libertad; así como también la SC 080/2010-R de 3 de mayo, que establece en qué casos no se puede ingresar al fondo de la problemática planteada a objeto de guardar equilibrio entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria; y, e) En ese sentido, de los antecedentes señalados, el accionante tiene el mecanismo en la vía ordinaria, pudiendo acudir al “juzgado cautelar” solicitando el levantamiento correspondiente, en virtud a que fue quien conoció la etapa preparatoria, y previa revisión de los antecedentes, será dicha instancia la que dispondrá lo que en derecho corresponde, pidiendo inclusive la remisión de antecedentes pertinentes al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en virtud a que -se reitera- la medida de carácter personal fue dispuesta en la etapa preparatoria y no en la de juicio oral, considerando lo señalado por el Juez hoy accionado, quien señaló en la audiencia de consideración de la acción tutelar que no se presentó ninguna solicitud en su despacho.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de imputación formal, presentada el 28 de febrero de 2013, dirigida a la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz; por el Fiscal de Materia, en el proceso penal seguido a denuncia de Eduardo Laura Collo contra Humberto Laura Laura y otros -ahora accionante- por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y concurso real (fs. 3 a 6 vta.). II.2. Mediante Resolución 16/2013 de 24 de mayo, la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz, determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva contra el accionante y otros, imponiendo las siguientes condiciones: 1) La obligación de presentarse periódicamente ante el citado Juzgado cada quince días, cada primero y quince de cada mes; 2) La prohibición de salir del país, determinando “…oficiarse el Ministerio de Migración a efectos de tramitarse el arraigo correspondiente…” (sic); 3) La prohibición de comunicarse con los denunciantes, bajo ningún concepto, “…mucho menos la situación de agredirse o de proferir insultos…” (sic); y, 4) La fianza económica de Bs5 000.- para cada uno, debiendo efectuarse el empoce en las oficinas de depósitos judiciales del Consejo de la Magistratura (fs. 7 a 10). II.3. Consta Acusación Fiscal EJBS 24/13 presentada el 30 de octubre de 2013, ante la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz; por el Fiscal de Materia, mediante la cual acusó a Julián Laura Chávez y Santiago Cely Laura Apaza, por la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y concurso real (fs. 19 a 22 vta.). II.4. Por memorial presentado el 13 de enero de 2014, ante la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz; el Fiscal de Materia hizo conocer la Resolución de Sobreseimiento emitida en favor del accionante y otro (fs. 14 a 16 vta.). II.5. Por Resolución 01/2014 de 13 de enero, la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz, aceptó la Resolución de Sobreseimiento presentada por el Fiscal de Materia en favor del accionante y otro, alegando que se dio cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 323 inc. 3) y 324 parte final del CPP (fs. 17). II.6. Cursa Sentencia 31/2019 de 14 de octubre, emitida por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, declarando a Santiago Cely Laura Apaza, autor del delito de falsificación de documento privado, condenándolo a la pena privativa de libertad de un año de reclusión, a ser cumplido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, así como el pago del daño civil ocasionado y costas en favor del Estado, y absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; siendo ejecutoriada la misma el 12 de marzo de 2020 (fs. 26 a 32).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la libertad personal y a la dignidad; puesto que, a pesar de que se emitió la Resolución 01/2014 de 13 de enero -de sobreseimiento- en su favor, el Juez ahora accionado no levantó las medidas cautelares de carácter personal que le fueron impuestas, tomando en cuenta que en el Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz, le indicaron que enviaron el cuaderno procesal a la ciudad de El Alto del citado departamento, y en ese último le señalaron que se encontraba en La Paz; empero, en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, le manifestaron que no tenían competencia para resolver su solicitud. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza jurídica y presupuestos de activación de la acción de libertad

La SCP 0041/2014-S2 de 20 de octubre, al respecto señaló que: «La previsión contenida en el art. 23.I de la CPE, categóricamente determina que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, la que podrá ser sólo restringida en los límites señalados por ley, para lograr el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales; por su parte el art. 13.I de la Ley Fundamental, dispone que los derechos reconocidos por la Constitución, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, siendo deber del Estado el promoverlos, protegerlos y respetarlos. En este marco, el art. 125 de la CPE, respecto a su alcance y finalidad establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”. Precisando los alcances de esta acción tutelar, respecto a sus presupuestos de activación, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo concluyó que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como ‘recurso de habeas corpus’, encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión. En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida”. De lo expuesto, se concluye que la acción de libertad se encuentra destinada a la defensa del derecho a la vida y a la libertad personal; por lo tanto, es una acción de carácter extraordinario de tramitación especial y sumarísima, cuyo objeto es preservar el derecho a la vida, evitar una detención ilegal, o en su caso reparar la ilegal restricción de la libertad o el procesamiento indebido y de acuerdo a su nueva configuración, esta acción tutelar no sólo procede contra autoridades públicas sino contra particulares, tal cual se infiere de la previsión contenida en el art. 126 de la Constitución Política del Estado».

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación, a la libertad personal y a la dignidad; puesto que, a pesar de que se emitió la Resolución 01/2014 de 13 de enero -de sobreseimiento- en su favor, el Juez ahora accionado no levantó las medidas cautelares de carácter personal que le fueron impuestas, tomando en cuenta que en el Juzgado Público Civil y Comercial e Instrucción Penal Primero de Coro Coro del departamento de La Paz, le indicaron que enviaron el cuaderno procesal a la ciudad de El Alto del citado departamento, y en ese último le señalaron que se encontraba en La Paz; empero, en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, le manifestaron que no tenían competencia para resolver su solicitud. Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, se tiene que, la Resolución de imputación formal, presentada el 28 de febrero de 2013, dirigida a la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz; por el Fiscal de Materia, en el proceso penal seguido a denuncia de Eduardo Laura Collo contra el accionante por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y concurso real (Conclusión II.1.). Posteriormente mediante Resolución 16/2013 de 24 de mayo, la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz, determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva contra el accionante y otros, imponiendo las siguientes condiciones: i) La obligación de presentarse periódicamente ante el citado Juzgado cada quince días, cada primero y quince de cada mes; ii) La prohibición de salir del país, determinando “…oficiarse el Ministerio de Migración a efectos de tramitarse el arraigo correspondiente…” (sic); iii) La prohibición de comunicarse con los denunciantes, bajo ningún concepto, “…mucho menos la situación de agredirse o de proferir insultos…” (sic); y, iv) La fianza económica de Bs5 000.- para cada uno, debiendo efectuarse el empoce en las oficinas de depósitos judiciales del Consejo de la Magistratura (Conclusión II.2.); asimismo, por memorial presentado el 13 de enero de 2014, ante la citada Jueza; el Fiscal de Materia hizo conocer la Resolución de Sobreseimiento emitida en favor del accionante y otro (Conclusión II.4.); en ese sentido, se emitió la Resolución 01/2014 de 13 de enero, por la señalada Jueza, quien aceptó la Resolución de Sobreseimiento presentada por el Fiscal de Materia en favor del accionante, alegando que se dio cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 323 inc. 3) y 324 parte final del CPP (Conclusión II.5.). Finalmente, a través de la Acusación Fiscal EJBS 24/13 presentada el 30 de octubre de 2013, ante la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz, el Fiscal de Materia, acusó a Julián Laura Chávez y Santiago Cely Laura Apaza, por la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y concurso real (Conclusión II.3.); consecuentemente, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz emitieron la Sentencia 31/2019 de 14 de octubre, declarando a Santiago Cely Laura Apaza, autor del delito de falsificación de documento privado, condenándolo a la pena privativa de libertad de un año de reclusión, a ser cumplido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, así como el pago del daño civil ocasionado y costas en favor del Estado, y absuelto de culpa y pena de la comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; siendo ejecutoriada la misma el 12 de marzo de 2020 (Conclusión II.6.). Para resolver la problemática planteada a través de la acción tutelar que nos ocupa, es pertinente remitirnos a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la cual dejó establecido que toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer acción de libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad. Bajo ese contexto, se tiene que el accionante denuncia mediante la presente acción de libertad que pese a que se emitió la Resolución 01/2014 -de sobreseimiento- en su favor, el Juez hoy accionado no levantó las medidas cautelares de carácter personal que le fueron impuestas, indicándole en el Juzgado a cargo del nombrado que el cuaderno procesal fue enviado a la ciudad de El Alto, y en ese último le señalaron que se encontraba en La Paz; empero, en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, le manifestaron que no tenían competencia para resolver su solicitud. En ese sentido, a partir de la revisión de los antecedentes cursantes en obrados, se tiene que en efecto, dentro del proceso penal seguido contra el accionante, mediante Resolución 16/2013 la entonces Jueza de Instrucción Mixta Liquidadora y Cautelar de Coro Coro del departamento de La Paz, determinó la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva contra el accionante y otros, imponiendo las siguientes condiciones: a) La obligación de presentarse periódicamente ante el citado Juzgado cada quince días, cada primero y quince de cada mes; b) La prohibición de salir del país, determinando “…oficiarse el Ministerio de Migración a efectos de tramitarse el arraigo correspondiente…” (sic); c) La prohibición de comunicarse con los denunciantes, bajo ningún concepto, “…mucho menos la situación de agredirse o de proferir insultos…” (sic); y, d) La fianza económica de Bs5 000.- para cada uno, debiendo efectuarse el empoce en las oficinas de depósitos judiciales del Consejo de la Magistratura; y, posteriormente el Ministerio Público, el 13 de enero de 2014, presentó ante el mencionado Juez, la Resolución de Sobreseimiento emitida en favor del accionante y otro; es así que, a través de la Resolución 01/2014 se aceptó la citada Resolución de sobreseimiento, al darse cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 323 inc. 3) y 324 parte final del CPP; empero, a partir de la revisión de actuados efectuado por el Juez de garantías se tiene que no se presentó documentación que establezca que el accionante acudió ante el Juzgado que ejerció el control jurisdiccional durante la etapa preparatoria, extremo que fue también manifestado por el propio Juez ahora accionado en la audiencia de consideración de la acción tutelar, refiriendo que no tiene conocimiento de ningún memorial presentado ante su despacho mediante el cual se haya solicitado el levantamiento de las medidas cautelares de carácter personal dispuestas contra el accionante. Bajo ese contexto, se tiene que la denuncia efectuada por el accionante mediante la acción de defensa no fue puesta en conocimiento del Juez hoy accionado para que en su condición de Juez encargado del control jurisdiccional de la investigación iniciada contra el accionante, pueda considerar y resolver ese extremo de acuerdo a lo que corresponda en derecho, ya que es él quien debe conocer cualquier acción u omisión que todo procesado considere que vulnera sus derechos, tal como en el presente caso, otorgándole de esa manera la oportunidad de pronunciarse en relación a la cuestión planteada a través de la acción tutelar y en consideración a la jurisprudencia constitucional citada en la SCP 0166/2022-S3 de 31 de marzo, que estableció que: “…cumplido el plazo que tiene el Ministerio Público finalizada la etapa preparatoria, ante la emisión del requerimiento conclusivo de sobreseimiento si éste se encuentra cumpliendo una detención preventiva, corresponde su libertad; empero, previo al señalamiento de audiencia, aquello en aplicación del carácter instrumental de las medidas cautelares y el principio de contradicción, por cuanto el cese de dicha medida extrema no impide la imposición de medidas sustitutivas en tanto no se ejecutoríe el sobreseimiento; de igual manera ocurre respecto a las modificaciones o levantamiento de medidas cautelares personales que fueron impuestas contra un imputado que en forma posterior a la investigación se haya beneficiado con dicho requerimiento, debiéndose realizar esa consideración en audiencia con base al citado principio de contradicción como parte del debido proceso” (las negrillas son nuestras). En ese marco, los derechos denunciados por el accionante como vulnerados -derechos a la libertad de circulación, a la libertad personal y a la dignidad- no fueron acreditados; puesto que, no se le solicitó al Juez ahora accionado que se deje sin efecto las medidas cautelares de carácter personal impuestas al nombrado; por lo que, menos podría considerar y resolver dicho extremo; en ese sentido, la denuncia efectuada no ingresa dentro de los supuestos de procedencia de la acción tutelar, por cuanto el accionante no acreditó que se encuentre en riesgo o peligro alguno su vida o integridad física, así como tampoco se advierte que esté bajo una persecución ilegal o se encuentre indebidamente procesado preso o privado de libertad -arts. 125 de la CPE y 48.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-, demostrándose por el contrario a través de lo mencionado que al momento de formular la acción de libertad objeto de análisis se encuentra en efecto procesado dentro de un proceso penal instaurado de manera legal. De esa manera, el petitorio efectuado por el accionante respecto a que se disponga que se revoquen las medidas cautelares interpuestas contra su persona, no puede ser considerado mediante la presente acción tutelar; por cuanto, no se enmarca dentro de la naturaleza jurídica de la acción de libertad establecida por los arts. 125 de la CPE, 46 y 47 del CPCo, correspondiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la solicitud efectuada al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, que conoció la acusación contra los otros coprocesados, corresponde señalar que no se planteó la presente acción tutelar contra los miembros del mismo; por lo que, mediante la acción tutelar esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional no puede emitir ninguna consideración al respecto, aclarando al accionante que si considera que el pronunciamiento correspondiente a esa solicitud es atentatorio a alguno de sus derechos, debe plantear la acción tutelar contra las mismas autoridades que lo pronunciaron.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 10/2022 de 3 de marzo, cursante de fs. 46 a 48 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en suplencia legal de su similar Segundo; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA VOTO ACLARATORIO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0572_2023-S3.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): ce36689127e49fd86b0550de383c7fe6ce13d8478268fc937446816e961d4ab4

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