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SCP 0571/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 8 de abril de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
55411-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al principio de legalidad; puesto que, las autoridades ahora accionadas, lo mantuvieron detenido en celdas de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, incumpliendo los plazos procesales para su remisión ante la autoridad judicial; y omitiendo notificar a sus abogados con el señalamiento de audiencia cautelar, provocando su indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollaran los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana
  2. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0571/2026-S1 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 55411-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alberto Paredes Mollo contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; Gabriela Astorga Quispe, Fiscal de Materia; y, Rubén Darío Lobatón Ortiz, Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de El Alto del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 3 a 4, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Martica Vania Chávez Apaza contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), fue detenido en celdas de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, desde las 12:20 horas del 3 de mayo de 2023, luego de ser aprehendido por “Cristian Calle”, funcionario policial. Posteriormente fue conducido a su audiencia cautelar el 5 de mayo de 2023 a las 18:47 horas, sin haber sido notificado previamente, ni sus abogados, impidiendo que pueda asumir defensa; acto procesal en el que se dispuso su detención preventiva por parte del Juez de la causa.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al principio de legalidad; citando al efecto, los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga su libertad plena e irrestricta.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 30 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que, si bien el 3 de mayo de 2023, a las 12:20 horas, se ejecutó su aprehensión la Fiscal de Materia hoy coaccionada debió presentar la resolución de aprehensión ante el Juez de la causa, dentro de las veinticuatro horas; empero, al presentarlo a las 16:00 horas del 4 de igual mes y año, vulneró su derecho a la libertad, al incumplir los plazos procesales, que en materia penal son perentorios.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Gabriela Astorga Quispe, Fiscal de Materia, mediante informe presentado el 9 de mayo de 2023, cursante a fs. 28 y vta., manifestó que: a) Se aperturó una investigación contra el accionante a denuncia de Martica Vania Chávez Apaza, por la presunta comisión del delito de violencia familiar doméstica; en el curso de la investigación, se emitió la citación para que el nombrado preste su declaración informativa; posteriormente, el accionante presentó un memorial de apersonamiento, solicitando la suspensión de dicho acto procesal, adjuntando un test negativo de Coronavirus (COVID-19); circunstancia que no justificó su ausencia y generó la correspondiente orden de aprehensión fiscal; b) La referida orden, fue ejecutada por el Investigador asignado al caso, el 3 del mismo mes y año, y condujo al accionante a celdas de la FELCV; y, recién al momento de la aprehensión, se le notificó con la citación para prestar su declaración informativa; c) El 4 de ese mes y año, se recibió la declaración informativa del accionante, quien estaba asistido de su defensa técnica; d) Considerando que la aprehensión fue ejecutada el 3 de dicho mes y año, a las 12:20 horas, correspondía emitir la resolución de aprehensión en el plazo de veinticuatro horas, conforme establece el art. 226 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y puesta a disposición del Juez de la causa para que resuelva dentro del mismo plazo sobre la aplicación de alguna de las medidas cautelares prevista en el Código de Procedimiento Penal o se decrete su libertad, por falta de indicios; e) Requirió la imputación formal del accionante y la aplicación de la detención preventiva, que fue considerada en audiencia de 5 del referido mes y año, mediante plataforma virtual, ejerciendo el control jurisdiccional el Juez hoy accionado; y, f) De los antecedentes del proceso no se advierte que el accionante esté frente a una persecución indebida o que esté indebidamente procesado; puesto que, se cumplieron los requisitos establecidos en el citado Código, en cuanto a la emisión de un mandamiento de aprehensión, conforme al art. 226 del mismo Código, y fue puesto a disposición del mencionado Juez dentro del plazo, previsto por ley; aclarando que Karla Mariel Quispe Maydana y Roy Dandy Chambi Mamani, abogados se apersonaron mediante memorial, cincuenta y un horas después de haberse ejecutado la aprehensión; razón por la cual, sus nombres no figuran en la imputación formal. Néstor Luis Copana Calle, Director de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, manifestó que Rubén Dario Lobatón Ortiz -Director hoy coaccionado-, nunca fue Director Regional de la FELCV de El Alto del señalado departamento, sino Walter Lens Altamirano, quien se encontraba con permiso por cuestiones de salud, asumiendo por ello, el interinato del referido cargo. René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de Alto del departamento de La Paz, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de libertad ni presentó informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 10.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 29/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 32 a 34, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: 1) Considerando que la SCP 0254/2020-S4 de 27 de julio hace referencia al derecho a la defensa, entendido como aquel que tienen las personas cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente; y, el derecho que asiste a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso a los actuados e impugnen los mismos en igualdad de condiciones, conforme al procedimiento preestablecido; y, por ello mismo, es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio; 2) La defensa técnica y la defensa material se encuentran relacionadas; puesto que, para asumir el derecho a la defensa, el imputado tiene la posibilidad de que ambas puedan concurrir al mismo tiempo durante el desarrollo de todo el proceso penal; pues, nadie puede ser condenado, sin ser previamente oído y juzgado en proceso legal; sin embargo, la defensa técnica es un derecho que no está constituido como una facultad o potestad, sino más bien, es un derecho irrenunciable que trata de precautelar y resguardar el derecho a la defensa del imputado; razón por la cual, mínimamente debe contar con la asistencia de una persona con conocimiento jurídico, ya sea el abogado de su confianza o el defensor de oficio designado por la autoridad competente; y, 3) Asumiendo todos los extremos y literales remitidas, es necesario dejar sentado que no se puede aludir vulneración del indicado derecho, ante la actitud pasiva; asimismo, teniendo en cuenta la manifestación de perjuicio por la parte accionante, se asume que aún está expedito para el justiciable, los mecanismos de defensa; entendiéndose de sobremanera, que aún se encuentra presente la subsidiariedad.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución, de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados los cuales se encontraban pendientes de resolución, a Comisión de admisión, a efecto de que se realice un nuevo sorteo, con la finalidad de que los actuales Magistrados asuman conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante orden de aprehensión de 10 de enero de 2023, Gabriela Astorga Quispe, Fiscal de Materia -ahora coaccionada-, ordenó al investigador asignado al caso y/o al Director de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz y/o autoridad no impedida por ley, para que proceda a la aprehensión de Luis Alberto Paredes Mollo -hoy accionante-, en observancia a lo dispuesto por el art. 226 del CPP (fs. 2 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al principio de legalidad; puesto que, las autoridades ahora accionadas, lo mantuvieron detenido en celdas de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, incumpliendo los plazos procesales para su remisión ante la autoridad judicial; y omitiendo notificar a sus abogados con el señalamiento de audiencia cautelar, provocando su indefensión. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se desarrollaran los siguientes temas: i) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana

La SCP 1664/2025-S1 de 31 de diciembre, establece que: “El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, para los casos en los que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente: 1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…). 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el accionante hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad. 4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción [de] libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar. Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubre moduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa”.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa y al principio de legalidad; puesto que, las autoridades ahora accionadas, lo mantuvieron detenido en celdas de la FELCV de El Alto del departamento de La Paz, incumpliendo los plazos procesales para su remisión ante la autoridad judicial; y omitiendo notificar a sus abogados con el señalamiento de audiencia cautelar, provocando su indefensión.

De antecedentes se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, fue aprehendido por un funcionario policial de la FELCV, en cumplimiento a la orden de aprehensión de 10 de enero de 2023, emitida por la Fiscal de Materia ahora coaccionada, quien luego de recibir la declaración informativa del accionante, imputó al nombrado radicando la causa ante el Juez hoy accionado (Conclusión II.1.). Ahora bien, de las alegaciones efectuadas por el accionante y el Juez hoy accionado, se tiene que, denuncia persecución ilegal y procesamiento indebido; puesto que, la Fiscal de Materia ahora coaccionada, excedió el plazo de veinticuatro horas establecido por el adjetivo penal para remitir al accionante ante la autoridad jurisdiccional competente que resuelva su situación jurídica; además, que no se notificó a sus abogados defensores para la audiencia de medidas cautelares, en la que se determinó la detención preventiva del accionante; por lo que, conforme a lo establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se determinó que, cuando existen recursos o medios de impugnación ordinarios que pueden reparar la vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales, los mismos deben ser agotados, previamente, antes de interponer la acción de libertad. Al respecto, los supuestos actos ilegales en que hubiese incurrido el funcionario policial que procedió a aprehender al accionante, y el incumplimiento de plazos para su remisión por la Fiscal de Materia hoy coaccionada ante la autoridad jurisdiccional; así como, la falta de notificación a los abogados defensores para la audiencia de medidas cautelares, que derivaron en una supuesta persecución y procesamiento indebidos, debieron ser denunciados en la misma audiencia, efectuada ante el Juez ahora accionado; puesto que, ejerce el control jurisdiccional en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; y, en cuyo ejercicio, resolvió la situación procesal del nombrado; empero, de los antecedentes, el accionante interpuso esta acción de defensa aún contra el referido Juez, sin señalar cuál fue el hecho vulnerador de derechos que hubiese cometido; y, a pesar de encontrarse el proceso, bajo el control jurisdiccional de dicho Juez; no dirigió su reclamo ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, antes de acudir directamente a la jurisdicción constitucional que, como se vio, no es un recurso sustitutivo alternativo de los medios ordinarios de defensa que resultan idóneos para la tutela del derecho a la libertad, al existir un proceso penal en curso, caso en el que se activa únicamente, cuando dichos medios en cualquiera que resultaren efectivos y persista la lesión a ese derecho en cualquiera de sus formas, al no haberlo hecho, no se abre el ámbito de protección de esta acción tutelar, conforme lo establece la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, que por su carácter vinculante y cumplimiento obligatorio, es aplicable en la presente acción de defensa, debiendo denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, actuó de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 32 a 34, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la Jueza de garantías, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0571_2026-S1.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): f80c62e6c725f5456e57efbb3da00ac9e9f7fd1336baf85947d248c284fef59c

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