Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 23 de mayo de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, denunció vulneración de su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral; debido a que, la autoridad demandada decidió no renovar su contrato laboral como personal eventual de NAABOL, pidiéndole abandonar su puesto de Técnico de Telecomunicaciones I después de dos años, seis meses y 26 días de trabajo continuo y permanente; empero, sin observar la existencia de Sentencia emitida en el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, que lo declara tutor de su hermano Ernesto Rivera Gonzáles, respecto de quien se acreditó discapacidad múltiple de 96,42%. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 254/2024 de 2 de diciembre, cursante de fs. 211 a 213, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0571/2025-S4 Sucre, 23 de mayo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 69323-2024-139-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 254/2024 de 2 de diciembre, cursante de fs. 211 a 213, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hugo Rivera Gonzales contra Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL).
Por memoriales presentados el 31 de octubre de 2024, cursante de fs. 92 a 98; y, el de subsanación de 8 d noviembre de mismo año (fs.103 y vta.), el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
El 5 de diciembre del 2021, fue contratado como personal eventual por la entidad pública NAABOL, legalmente representada por Elmer Pozo Oliva en calidad de Director General Ejecutivo, para el cargo de Técnico de Telecomunicaciones I, inicialmente desde el 5 al 31 de diciembre de 2021, desempeñado con absoluta responsabilidad, después desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2022, luego del 1 de junio al 31 de diciembre de mismo año, seguidamente del 3 de enero al 30 de junio del 2023, que fue modificado hasta el 31 de diciembre de dicho año, finalmente del 1 de enero al 1 de abril del 2024, también modificado hasta el 1 de julio del citado año. Sin embargo, el 8 de julio de 2024, se emitió en el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, la Sentencia 181/24; por el cual, se lo declaró tutor de su hermano Ernesto Rivera Gonzáles, respecto de quien se acreditó discapacidad múltiple de 96,42% –dentro del proceso extraordinario familiar de declaratoria de interdicción, interpuesto por Lucas Rivera Villalva–; empero, su empleador a pesar de tener pleno conocimiento de ello a través de notas internas presentadas en Ventanilla Única de NAABOL el 14 de diciembre de 2023 y 1 de julio de 2024, no otorgó respuesta formal alguna, al contrario recibió del mismo sólo silencio e indiferencia, quien además decidió no renovar su contrato laboral, pidiéndole abandonar su puesto después de dos años, seis meses y 26 días de trabajo continuo y permanente.
El impetrante de tutela denunció vulneración de su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral, citando al efecto, los arts. 14.II, 46.I y II, 48.I y II, 49.III y 70 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se ordene a NAABOL su reincorporación laboral, en el mismo puesto para el que fue contratado, con el mismo sueldo y beneficios que percibía; y, b) Se sancione a la entidad precitada con el pago de costas judiciales; y, la reparación de daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia virtual el 2 de diciembre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 204 a 211; presentes el solicitante de tutela y la representante apoderada de la autoridad demandada, ambos asistidos de sus abogados, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de sus abogados, en audiencia pública, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
Elmer Pozo Oliva, Director General Ejecutivo de NAABOL, a través de su representante, mediante memorial presentado el 2 de diciembre de 2024, cursante de fs. 196 a 200 vta., informó que: 1) La entidad pública NAABOL, es una institución parte del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo cual los contratos que suscribe con el personal a su cargo son administrativos, en virtud de lo establecido en el art. 2 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público (EFP) –Ley 2027 de 27 de octubre de 1999–; por lo cual, no puede suscribir contratos civiles con su personal “…TODA VEZ QUE NO SE RIGE POR LA LEY GENERAL DEL TRABAJO…” (sic); por ello, son eventuales con un plazo establecido de inicio y finalización; tanto es así que, el accionante reconoce haber suscrito un contrato administrativo como personal eventual, aceptando como de su extinción su cumplimiento; 2) Tomando en cuenta la eventualidad del mencionado contrato de trabajo a plazo fijo y siendo éste ley entre partes, se rigen para su ejecución a las normas establecidas por la Ley del EFP y el Decreto Supremo (DS) 25749 de 24 de abril de 2000; asimismo, de conformidad a lo señalado en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal, “…Artículo 18 inciso c) la modalidad de reclutamiento adoptado por este Contrato Administrativo es de duración definida (A PLAZO FIJO), con cargo a fondos del presupuesto aprobado para la presente gestión con fuente del Tesoro General de la Nación Partida 12100…” (sic); 3) Son absolutamente inaplicables las normas contenidas en la Ley General de Trabajo y sus disposiciones legales conexas, al caso concreto, entendiendo que el impetrante de tutela es funcionario público sujeto a la precitada norma administrativa; y, 4) NAABOL a momento de gestionar su planilla presupuestaria, consideró los requisitos de formación académica y experiencia profesional y/o laboral requeridos para ocupar el cargo reclamado por el solicitante de tutela; sin embargo, con base en una evaluación curricular al mismo como postulante se evidenció que no cumple con la mencionada formación académica, por esta razón finalizó su vinculación.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 254/2024 de 2 de diciembre, cursante de fs. 211 a 213, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) La protección de la estabilidad laboral de una persona con discapacidad o que tuviera bajo su dependencia una persona con discapacidad, es aplicable tanto al sector público como al privado; por ello, es irrelevante sostener de que NAABOL es una institución pública “…para que no le alcance la inamovilidad laboral de una persona con discapacidad, peor aún, siendo que existen normas que propenden que el 4% de los trabajadores deben ser personas con discapacidad, por ende, ese fundamento no guarda coherencia con lo que nos establece la normativa legal…” (sic); ii) Se tiene en el caso, el carnet de discapacidad del ciudadano Ernesto Rivera Gonzales, quien es hermano del accionante, “…en el anverso de este carnet tipo de discapacidad múltiple, grado de discapacidad muy grave…” (sic), debiendo ser protegido; y, iii) La Sentencia 181/24 de 8 de julio del año 2024; por la cual, es declarado tutor el impetrante de tutela, es posterior al vencimiento del contrato administrativo suscrito con NAABOL, mismo que establece en su cláusula cuarta como fecha de finalización el 1 de julio de igual año; por ende, “…no le alcanza los beneficios de gozar de estabilidad laboral por no ser legalmente el representante de una persona con discapacidad…” (sic).
Mediante memorial presentado el 5 de febrero de 2025, cursante de fs. 223 a 224, el accionante solicitó que el Tribunal Constitucional Plurinacional proceda al anticipo de sorteo en razón a que su mencionado hermano cuenta con discapacidad múltiple, emitiéndose en consecuencia el Auto Constitucional (AC) 070/2025-CA/S de 11 de febrero, cursante de fs. 225 a 228, que resolvió dar lugar a la dicha petición.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Constan Contratos Administrativos de Personal Eventual suscritos por la entidad pública NAABOL representada por Elmer Pozo Oliva en calidad de Director General Ejecutivo y el impetrante de tutela, SC-063 de 5 de diciembre de 2021, NAABOL-DNJ-CSC-061/2022 de 31 de diciembre, NAABOL-DNJ-1274/2022 de 1 de junio, NAABOL/DNJ/CNT/EV/427/2023 de 30 de diciembre de 2022, NAABOL/DNJ/CNT/EV/427/2023 de 30 de junio, NAABOL/DNJ/EV/1665/2023 de 29 de diciembre y NAABOL/DNJ/EV/1665/2023 de 1 de abril de 2024, para otorgar al segundo el cargo de Técnico de Telecomunicaciones I, inicialmente desde el 5 al 31 de diciembre de 2021, después desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2022, luego del 1 de junio al 31 de diciembre de igual año, seguidamente del 3 de enero al 30 de junio del 2023, que fue modificado hasta el 31 de diciembre de dicho año, finalmente del 1 de enero al 1 de abril del 2024, también modificado hasta el 1 de julio del mismo año, respectivamente (fs. 17 a 34). II.2. Cursan notas internas presentadas en Ventanilla Única de NAABOL por el solicitante de tutela el 14 de diciembre de 2023 y 1 de julio de 2024; por las cuales, dio a conocer al Jefe de Unidad Nacional de Recursos Humanos (RR.HH.) y al Director General Ejecutivo de NAABOL, respectivamente, la situación de su hermano con discapacidad (fs. 36 a 39). II.3. Mediante Sentencia 181/24 de 8 de julio de 2024, emitido en el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, se declaró al accionante tutor de su hermano Ernesto Rivera Gonzáles, respecto de quien se acreditó discapacidad múltiple de 96,42% en el proceso extraordinario familiar de declaratoria de interdicción, interpuesto por Lucas Rivera Villalva (fs. 60 a 62 vta.).
El impetrante de tutela, denunció vulneración de su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral; debido a que, la autoridad demandada decidió no renovar su contrato laboral como personal eventual de NAABOL, pidiéndole abandonar su puesto de Técnico de Telecomunicaciones I después de dos años, seis meses y 26 días de trabajo continuo y permanente; empero, sin observar la existencia de Sentencia emitida en el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, que lo declara tutor de su hermano Ernesto Rivera Gonzáles, respecto de quien se acreditó discapacidad múltiple de 96,42%. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de amparo constitucional ha sido instituida por el Constituyente en el art. 128 de la CPE, como una acción extraordinaria destinada a la protección y resguardo de los derechos reconocidos por la Ley Fundamental frente a actos u omisiones ilegales o indebidos de servidores públicos o particulares que los restrinjan, supriman o amenacen con hacerlo.
Este mecanismo extraordinario de defensa de derechos fundamentales y garantías constitucionales, adquiere las características de sumariedad e inmediatez en la protección por ser un procedimiento rápido, sencillo y sin ritualismos dilatorios, sustentándose en los principios procesales de inmediatez y subsidiariedad descritos en el parágrafo I del art. 129 de la CPE, estableciendo que esta acción tutelar “…se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”; precepto normativo que determina que, la acción de amparo constitucional, se configura como un mecanismo extraordinario e inmediato de defensa de carácter preventivo y reparador, destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes, una vez agotadas, no han restablecido el derecho lesionado.
De ahí, entonces que la acción de amparo constitucional se instituye como un procedimiento extraordinario para la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales de carácter específico, autónomo, directo y sumario, que no puede, en ningún caso, sustituir los procesos judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico, lo que determina su carácter eminentemente subsidiario; pues, en virtud a su naturaleza jurídica, esta acción tutelar no puede considerarse como una vía alternativa ni supletoria de otras preexistentes.
No obstante lo previamente señalado, la jurisprudencia constitucional también estableció excepciones destinadas a obviar en determinadas y especialísimas situaciones, la exigencia del agotamiento de las vías y mecanismos intra procesales, sea por que la tutela podría resultar tardía ante un daño inminente e irreparable, o cuando se trate de grupos poblacionales de especial atención, denominados grupos vulnerables; así, respecto a estas colectividades, la SC 1483/2011-R de 10 de octubre, pronunciándose sobre la no incidencia de la subsidiariedad cuando se trata de derechos fundamentales inherentes a las personas con capacidades diferentes, estableció lo siguiente: “Si bien el art. 129.I de la CPE, prevé que la acción de amparo constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, mediante la SC 1422/2004-R de 31 de agosto, este Tribunal en el marco de la Ley de la Persona con Discapacidad y del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, moduló la línea jurisprudencial respecto de la no incidencia en la subsidiariedad del recurso de amparo cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas discapacitadas, al señalar que el Tribunal Constitucional: ‘…abre su ámbito de protección al tratarse de un derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado’.
En igual sentido el art. 94 de la LTC, establece que: ‘…la acción procede siempre que no hubiere otro medio o recurso para la protección inmediata de los derechos y garantías’, por su parte, el art. 96.3 de la citada Ley, determina que: «…la acción no procederá contra resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno del mismo»; sin embargo, si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance para la protección del derecho que alega como vulnerado, no es menos evidente que en determinados casos, que involucren a personas discapacitadas, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad, toda vez que la Constitución Política del Estado establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, así la SC 0739/2010-R de 26 de julio, señala que: ‘…el trabajo es entendido como un medio para obtener los medios necesarios destinados a subvenir las necesidades más premiosas del trabajador y su entorno familiar, criterio que engloba también a las personas con potencialidades especiales; quienes frente a un despido intempestivo e injustificado, en virtud a la protección especial que gozan pueden acudir directamente ante la justicia constitucional; pues, como lo ha señalado la SC 1422/2004-R, se trata de un «(…) derecho que precisa ser protegido de forma inmediata ante el evidente perjuicio causado al recurrente con la pérdida de su fuente laboral y, consiguientemente, de su medio de subsistencia, que muy difícilmente podrá ser reemplazado»‘, (las negrillas y el subrayado nos corresponden); Esta excepción a la subsidiariedad excepcional del recurso de amparo constitucional, es también aplicable a los trabajadores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad y que de manera directa puedan lesionar los derechos y garantías de la persona discapacitada” (las negrillas y subrayado son nuestras).
Bajo dicho entendimiento, en aquellos casos en los que se denuncie la lesión de derechos fundamentales de personas con capacidades diferentes o de aquéllas que se encuentran a cargo de las primeras, la acción amparo constitucional, se configura como el mecanismo idóneo para invocar tutela constitucional; sin que, pueda exigirse previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues se comprende que la problemática planteada adquiere inmediata relevancia constitucional al tratarse de un sujeto de protección especial y preferente en situación de debilidad manifiesta; además, de la posibilidad de que se trate de un acto discriminatorio.
De acuerdo con los arts. 46, 48 y 49 de la CPE, toda persona tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure para sí y su familia una existencia digna. Asimismo, a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, debiendo el Estado boliviano, proteger su ejercicio en todas sus formas, así como la estabilidad laboral, quedando prohibido el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. En ese marco, las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, las que deben interpretarse y aplicarse bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, resultando que los derechos y beneficios reconocidos en favor de estos no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos. Ahora bien, específicamente en cuanto a los principios de continuidad y estabilidad laboral, inherentes al ejercicio del derecho al trabajo y al empleo, la SCP 0015/2018-S4 de 23 de febrero, estableció: “…que, los citados principios, implican el mantenimiento de la relación laboral por un periodo de tiempo indefinido, asegurando al trabajador y a su familia, su subsistencia a través de la estabilidad económica, lo que en los hechos también incide positivamente en el empleador, debido a que éste contaría con personal experimentado, por la permanencia continua del trabajador, en el área laboral donde desempeña sus funciones; sin embargo, aún reconociéndose como trascendental la estabilidad de la relación laboral y su continuidad, la misma, no necesariamente implica la inamovilidad laboral, por cuanto, conforme a ley, existen causas de despido o retiro, enmarcadas en el principio protector al trabajador, que dan lugar a la terminación de la relación laboral, las que deben ser observadas y debidamente justificadas por el empleador, de modo tal que la desvinculación laboral no constituya vulneración del derecho al trabajo; y, también existen situaciones especiales inherentes a cada trabajador (mujer embarazada o progenitor con hijos menores a un año y personas con discapacidad), que conlleva una protección reforzada a su estabilidad y continuidad laboral, provocando su inamovilidad…”.
La jurisprudencia constitucional se ha pronunciado en relación a los contratos a plazo fijo, señalando que bajo esta modalidad de contratación tanto el empleador como el trabajador –sea del sector público o del privado–conocen desde el primer momento de la relación, la fecha cierta y concreta de conclusión de la relación laboral, por lo que más allá de ésta no sería dable el nacimiento o vigencia de derechos u obligaciones emergentes de una relación laboral que ya no existe, no siendo posible obligar a un empleador a continuar con el contrato del personal que ya cumplió el plazo establecido y acordado de antemano (SC 0587/2005-R de 31 de mayo).
Sin embargo de lo señalado, también ha establecido la jurisprudencia constitucional que, en determinadas circunstancias, el contrato a plazo fijo suscrito entre el empleador y el trabajador puede generar efectos distintos, tomando en cuenta que bajo la indicada modalidad los empleadores buscan eludir la aplicación de la normativa social vigente, mostrando así el contrato simplemente una apariencia que va en desmedro de los derechos laborales o beneficios sociales, que como se tiene dispuesto en el art. 48.III y IV de la CPE, son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles.
Así, por disposición del art. 12 la Ley General del Trabajo (LGT), el contrato de trabajo puede pactarse por tiempo indefinido, cierto tiempo o realización de obra o servicio; empero, en una relación laboral pactada bajo la modalidad de contrato a plazo fijo, pueden acaecer situaciones que la propia normativa laboral ha previsto, como se señala a continuación: a) El art. 21 de la LGT, prevé que en los contratos a plazo fijo se produce reconducción cuando el trabajador continúa sirviendo vencido el término del convenio; b) Por otra parte, el primer párrafo del art. 2 del Decreto Ley (DL) 16187 de 16 de febrero de 1979, establece que no está permitido más de dos contratos sucesivos a plazo fijo, regla que debe ser aplicada conjuntamente lo regulado en la Resolución Ministerial (RM) 193/72 de 15 de mayo de 1972, respecto a que en todo caso debe tratarse de la realización de “labores propias” del giro de la empresa; y, c) Finalmente, el segundo párrafo del art. 2 del DL 16187, establece que tampoco están permitidos contratos a plazo fijo en “tareas propias y permanentes” de la empresa. En los dos últimos supuestos, la indicada normativa dispone que, en caso de evidenciarse la infracción a tales disposiciones por parte del empleador, se dispondrá que el contrato se convierta en uno por tiempo indefinido. Cabe señalar que, la RM 283/62 de 13 de junio de 1962, establece que: “El contrato de trabajo se pacta esencialmente por tiempo indefinido. Sin embargo, podrá ser limitado en su duración si así lo impone la naturaleza misma de la obra a ejecutarse o del servicio a prestarse. En este caso el contrato deberá ser forzosa e imprescindiblemente suscrito en forma escrita y su duración no excederá de un año; podrá ser renovado por una sola vez, siempre que el empleador pruebe ante la autoridad administrativa competente la necesidad absoluta de renovación que en ningún caso se extenderá por más de un año. Si vencido el término estipulado subsisten las actividades para las que el trabajador fue contratado, se operará la tácita reconducción del contrato por tiempo indefinido”. De la citada normativa, se extrae que por regla general, el contrato laboral es indefinido y solo de manera excepcional es posible limitar su duración, cuando así lo imponga la naturaleza de la labor a realizar, caso en el cual, debe ser realizado necesariamente por escrito y ser debidamente justificando ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, instancia que, en el marco de sus competencias, advertido que el contrato laboral cumple la normativa laboral, visará el mismo, así como su renovación de ocurrir aquello. En ese sentido, tal como ha señalado la jurisprudencia constitucional al analizar el marco normativo de los contratos a plazo fijo, también es posible establecer la estabilidad laboral, si al vencimiento del término correspondiente persisten las actividades para las que el trabajador fue contratado o éste fue contratado en más de dos oportunidades sucesivas, siempre que se trate de la realización de labores propias al giro de la empresa, o cuando el contrato fue pactado para realizar labores que son propias y permanentes de la entidad; por lo que, el solo cumplimiento del término pactado no implica de hecho la culminación de la relación laboral. Aplicando las normas laborales relativas a los contratos a plazo fijo al trabajo de las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, deben tenerse en cuenta las siguientes sub reglas:
1) Si la persona fue contratada en la modalidad a plazo fijo, fenecido el término pactado entre partes, se extingue la relación laboral, con la obligación del empleador de cancelar, si corresponde, los beneficios que la ley acuerda para tales casos, sin que pueda exigirse al empleador mantener al trabajador en el cargo aunque la discapacidad haya acontecido en el lapso de la prestación de servicios; 2) Si el contrato a plazo fijo se renovó una sola vez, es decir que existirían dos contrataciones a plazo fijo sucesivas y debidamente justificadas, tampoco corresponde la aplicación de lo dispuesto por la Ley 223 de 2 de marzo de 2012 –Ley Genera para las Personas con Discapacidad–, por cuanto, no operó su conversión en uno por tiempo indefinido, debiendo actuarse conforme se señaló en el inciso anterior; y, 3) Si el contrato a plazo fijo fue renovado en más de dos ocasiones, o se suscribió contrato a plazo fijo en tareas propias y permanentes de la entidad, conforme a las disposiciones anotadas precedentemente, se produce su conversión en uno por tiempo indeterminado, de manera que es de ineludible aplicación lo dispuesto por la Ley 223, o sea que se debe respetar la inamovilidad laboral de la persona con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad.
De esa manera, se establece que la persona con discapacidad y cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, gozan de inamovilidad laboral y, frente a un contrato a plazo fijo que fue renovado en más de dos ocasiones, o suscrito el mismo para realizar tareas propias y permanentes, éste será considerado como indefinido, entendimiento que al ser favorable para los derechos de los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, no contradice las previsiones contenidas en la Constitución Política del Estado, al contrario, son coherentes con ella.
El impetrante de tutela, denunció vulneración de su derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral; debido a que, la autoridad demandada decidió no renovar su contrato laboral como personal eventual de NAABOL, pidiéndole abandonar su puesto de Técnico de Telecomunicaciones I después de dos años, seis meses y 26 días de trabajo continuo y permanente; empero, sin observar la existencia de Sentencia emitida en el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, que lo declara tutor de su hermano Ernesto Rivera Gonzáles, respecto de quien se acreditó discapacidad múltiple de 96,42%.
Conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, la subsidiariedad constituye uno de los principios procesales que hacen a la esencia y naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, que dado su carácter inmediato y sumario en la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, exige que con anterioridad a su activación se agoten todos los mecanismos procesales establecidos en el ordenamiento jurídico; habida cuenta que, esta acción tutela concebida como un mecanismo extraordinario e inmediato de defensa de carácter preventivo y reparador, destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales, no puede constituirse en una vía alternativa ni supletoria de otros procedimientos idóneos y eficaces al mismo efecto. No obstante, conforme se ha sostenido reiteradamente a través de la jurisprudencia constitucional emanada de esta instancia, existen situaciones especialísimas que permiten hacer abstracción a principio de subsidiariedad; tal el caso, de los denominados grupos vulnerables o en indefensión manifiesta, entre los que se encuentran, las personas con capacidades diferentes, para quienes, se debe aplicar la excepción a este principio a efectos de asegurar una pronta y efectiva protección de sus derechos fundamentales; excepción que se hace extensiva, a quienes tengan bajo su guarda a personas con capacidades especiales.
En este contexto, la línea jurisprudencial desarrollada por este Tribunal, respecto a la inamovilidad laboral de una persona discapacitada o de quien se encuentra a su cargo, ha establecido flexibilizar esta exigencia procesal; por cuanto, ha comprendido que la inestabilidad laboral o la pérdida de la fuente de trabajo de una persona, que tiene bajo su dependencia a otra con capacidades diferentes, incide de manera directa en los derechos de esta última; por ende, en el caso debe aplicarse el entendido antes desarrollado en razón de que el accionante es tutor de su hermano Ernesto Rivera Gonzáles, por decisión tomada por Sentencia 181/24 de 8 de julio de 2024, emitido en el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, de quien se acreditó discapacidad múltiple de 96,42% dentro del proceso extraordinario familiar de declaratoria de interdicción interpuesto por Lucas Rivera Villalva.
Revisados los antecedentes que cursan en el expediente y establecida la problemática, se advierte la existencia de Contratos Administrativos de Personal Eventual suscritos por la entidad pública NAABOL representada por Elmer Pozo Oliva en calidad de Director General Ejecutivo y el solicitante de tutela, SC-063 de 5 de diciembre de 2021, NAABOL-DNJ-CSC-061/2022 de 31 de diciembre, NAABOL-DNJ-1274/2022 de 1 de junio, NAABOL/DNJ/CNT/EV/427/2023 de 30 de diciembre de 2022, NAABOL/DNJ/CNT/EV/427/2023 de 30 de junio, NAABOL/DNJ/EV/1665/2023 de 29 de diciembre y NAABOL/ DNJ/EV/1665/2023 de 1 de abril de 2024, para otorgar al segundo el cargo de Técnico de Telecomunicaciones I, inicialmente desde el 5 al 31 de diciembre de 2021, después desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2022, luego del 1 de junio al 31 de diciembre de igual año, seguidamente del 3 de enero al 30 de junio del 2023, que fue modificado hasta el 31 de diciembre de dicho año, finalmente del 1 de enero al 1 de abril del 2024, también modificado hasta el 1 de julio del mismo año, respectivamente (Conclusión II.1.). Del mismo modo, cursan notas internas presentadas en Ventanilla Única de NAABOL por el impetrante de tutela el 14 de diciembre de 2023 y 1 de julio de 2024; por las cuales, dio a conocer al Jefe de Unidad Nacional de RR.HH. y al Director General Ejecutivo de NAABOL, respectivamente, la situación de su hermano con discapacidad (Conclusión II.2.). Posteriormente, mediante Sentencia 181/24 de 8 de julio de 2024, emitido en el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, se declaró al accionante tutor de su hermano Ernesto Rivera Gonzáles, respecto de quien se acreditó discapacidad múltiple de 96,42% en el proceso extraordinario familiar de declaratoria de interdicción, interpuesto por Lucas Rivera Villalva (Conclusión II.3.).
En ese orden, de conformidad a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.2. y III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, las que deben interpretarse y aplicarse bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador, resultando que los derechos y beneficios reconocidos en favor de estos no pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que tiendan a burlar sus efectos; empero, debe precisarse que se tiene establecido que la persona con discapacidad y cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, gozan de inamovilidad laboral y, frente a un contrato a plazo fijo que fue renovado en más de dos ocasiones, o suscrito el mismo para realizar tareas propias y permanentes, éste será considerado como indefinido, entendimiento que al ser favorable para los derechos de los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, no contradice las previsiones contenidas en la Constitución Política del Estado, al contrario, son coherentes con ella.
En el contexto, se considera que el problema planteado radica en establecer si la autoridad demandada decidió de forma ilegal no renovar el contrato laboral del impetrante de tutela como personal eventual de NAABOL, pidiéndole abandonar su puesto de Técnico de Telecomunicaciones I después de dos años, seis meses y 26 días de trabajo continuo y permanente; empero, sin observar la existencia de Sentencia emitida en el Juzgado Público de Familia Décimo Segundo del departamento de Santa Cruz, que lo declara tutor de su hermano Ernesto Rivera Gonzáles, respecto de quien se acreditó discapacidad múltiple de 96,42%, lo que supuestamente vulneraría el derecho a la estabilidad e inamovilidad laboral. Entonces, se tiene claro que el solicitante de tutela, si es tutor de su hermano Ernesto Rivera Gonzáles por decisión jurisdiccional, respecto de quien se acreditó judicialmente discapacidad múltiple de 96,42%; sin embargo, también se evidencia la existencia a su favor de Contratos Administrativos de Personal Eventual suscritos con NAABOL representada por Elmer Pozo Oliva en calidad de Director General Ejecutivo (SC-063, NAABOL-DNJ-CSC-061/2022, NAABOL-DNJ-1274/2022, NAABOL/DNJ/CNT/EV/427/2023, NAABOL/DNJ/ CNT/EV/427/2023, NAABOL/DNJ/EV/1665/2023 y NAABOL/DNJ/EV/ 1665/2023), a través de los cuales se le otorgó el cargo de Técnico de Telecomunicaciones I; empero, se constata del mismo modo que tal cargo es eventual –o fueron eventuales–; es decir, los mencionados contratos de trabajo son a plazo fijo y se rigen para su ejecución a las normas establecidas por la ley del Estatuto del Funcionario Público (EFP) –Ley 2027 de 27 de octubre de 1999– y el Decreto Supremo (DS) 25749 de 24 de abril de 2000; y, no bajo tuición de la Ley General del Trabajo; por ende, debe aplicarse en el caso concreto el entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.3. del presente fallo constitucional, que establece que la persona con discapacidad y cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, gozan de inamovilidad laboral y, frente a un contrato a plazo fijo que fue renovado en más de dos ocasiones, o suscrito el mismo para realizar tareas propias y permanentes, éste será considerado como indefinido, entendimiento que al ser favorable para los derechos de los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, en cuyo contexto debe desestimarse la presente acción de defensa, ya que el accionante estaba tutelado por el Estatuto del Funcionario Público y no por la Ley General del Trabajo; y, su calidad de tutor de una persona con discapacidad, no cambia dicha situación establecida en la norma laboral. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 254/2024 de 2 de diciembre, cursante de fs. 211 a 213, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADO MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0571_2025-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): f858b931d64f6e52697394c7555c97029cd468a0a1fede7a3ea2db2f3aa282c7
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