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SCP 0571/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 30 de mayo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
30 de mayo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
52533-2023-106-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y el debido proceso, toda vez que la funcionaria de apoyo jurisdiccional demandada no recogió los antecedentes del recurso de apelación de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que se arrimen al cuaderno procesal y así poder solicitar la modificación de la medida sustitutiva impuesta. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen iii) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, 4) Análisis del caso en concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida
  2. III.2. Plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen
  3. III.3. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0571/2025-S1 Sucre, 30 de mayo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 52533-2023-106-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 09/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elvis Junior Guzmán Escobar y Raúl Vicente Sánchez Bolaños en representación sin mandado de José Luis García Pillco contra Nelly Jenny Canaviri Salto, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, cursante de fs. 15 a 17, el impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio, está detenido preventivamente en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz desde el 16 de marzo de 2021, la causa se encuentra radicada en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del mismo departamento. Anteriormente solicitó la cesación a la detención preventiva, en mérito a que ya cumplió de sobremanera los seis meses establecidos en el Auto Interlocutorio que le impuso la medida cautelar, enervando los riesgos procesales, por lo que la autoridad judicial dispuso la modificación de medidas otorgando detención domiciliaria y otras medidas, mediante Auto Interlocutorio 261/2021 de 20 de diciembre, situación que no pudo materializarse por la insolvencia económica y el estado de necesidad en el que se encontraba. En ese contexto, en el mes de agosto de 2022, solicitó la modificación de la medida sustitutiva de fianza económica por fianza personal, pero el Tribunal de Sentencia Primero de Caranavi del departamento de La Paz, atendió con negligencia su solicitud, por lo que incluso interpuso una acción de libertad para el señalamiento de audiencia, así el actuado se programó por tercera vez para el 19 de octubre del 2022, y se pronunció el Auto Interlocutorio 206/2022 que rechazó la modificación solicitada y agravó la situación legal del acusado con otras disposiciones y observaciones. Ante la decisión emitida, presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante Auto de Vista de 27 de octubre de 2022, así los antecedentes se encuentran para la devolución al juzgado de origen, por lo que se notificó a la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz para que los recoja, quien se comprometió a pasar el 28 de noviembre, pero ese día, no recogió porque supuestamente no estaban elaborados los oficios. Así es que, la Secretaria del Tribunal Primero de Sentencia Penal no recogió el cuaderno de apelación, se limitó a remitir el expediente original al Tribunal de turno por las vacaciones judiciales y no se arrimó al mismo, el cuaderno de apelación, lo que le perjudicó porque no puede solicitar modificación de las medidas sustitutivas

I.1.2. Derechos y Principios supuestamente vulnerados

El demandante de tutela, denunció la lesión de sus derechos a la vida, a la libertad y el debido proceso citando a los arts. 15.I, 22, 23.I y III, 115, 117.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se conmine a la demandada a recoger el cuaderno de apelación, así como al Vocal de la Sala Penal Tercera, para que ordene la entrega del cuaderno de apelación; se conmine a los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal de Turno recepcionen y admitan la complementación del expediente con el objeto de solicitar la modificación de medidas sustitutivas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Efectuada la audiencia de manera virtual de la presente acción de libertad el 9 de diciembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 20 a 22, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, en audiencia se ratificó de manera íntegra en los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe de la funcionaria judicial demandada

Nelly Jenny Canaviri Salto, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz, presentó informe en audiencia señalando que: a) Asumió funciones recién desde agosto de 2022, por lo que no puede asumir responsabilidad por lo ocurrido en gestiones anteriores; b) Existe una apelación que se hubiera resuelto en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 28 de noviembre de ese año, se apersonó a dicha Sala para recoger los procesos que estuvieran observados y para ser devueltos al Tribunal de Sentencia de Caranavi, pero dicho proceso no se encontraba a la vista, solo se devolvió la causa seguida contra Fortunato Mamani Molina, no es la primera vez que los funcionarios de Salas actúan de la misma manera, porque es la tercera vez que es demandada con el mismo argumento, pero la Sala Penal Tercera no le notificó con la resolución para que recogiera el cuaderno procesal; c) Por la carga procesal y la falta de personal de apoyo, sufrió un cuadro de estrés de ansiedad, por lo que fue internada de manera urgente, con la ayuda de los pasantes y su esposo, pudo remitir los procesos al Tribunal de Sentencia de turno, se encuentra convaleciente y solicitara baja nuevamente la otra semana; y, d) En las otras acciones interpuestas contra ella, los jueces de garantías conminaron y exhortaron a los funcionarios de las salas a devolver los legajos al juzgado de origen, así como establece la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, por lo que solicitó se conmine al Auxiliar de la Sala Penal Tercera para que remita los antecedentes del proceso al Tribunal de Sentencia Penal de turno de la Capital del mismo departamento, que se encontraba de turno por la vacación judicial y que se encontraba establecido en el mismo edificio, a efectos de no generar el retardo en el proceso.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 09/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 23 a 24 vta., denegó la tutela solicitada, dispuso que el personal de Secretaría de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, remita el legajo de apelación al Tribunal de Sentencia Penal Primero de la Capital -Tribunal de turno- del mismo departamento, ordenando que los Jueces Técnicos del mismo, admitan el legajo de apelación y señalen las audiencias correspondientes; en base a los siguientes fundamentos: 1) El impetrante de tutela presentó como prueba el Auto Interlocutorio 261/2021 de 20 de diciembre de 2021, por el cual se dio curso a la modificación de su situación jurídica y procesal, disponiendo entre otras medidas su detención domiciliaria y una fianza económica de Bs50 000.-(cincuenta mil bolivianos 00/100), asimismo, presentó el Auto Interlocutorio 206/2022 de 19 de octubre, que denegó su solicitud de modificación de medidas cautelares, adjuntó la Circular 19/2022 por la cual se dispuso la vacación judicial y un memorial presentado el 1 de diciembre de 2022, solicitando al Presidente de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la conminatoria para que la Secretaria abogada del Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi recoja el expediente; y, 2) Se tiene conocimiento que existe una sobrecarga procesal en el Tribunal de Sentencia Penal de Caranavi, por otra parte, tampoco se tiene mayores elementos de convicción para establecer que la demandada actuó de manera dolosa para no recoger el legajo del recurso de apelación que fue interpuesto por el ahora demandante de tutela, sin embargo, como el solicitante de tutela se encuentra detenido preventivamente, en consecuencia se debe subsanar su situación jurídica y disponer las medidas que corresponda.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 261/2021 de 20 de diciembre, que dispuso modificar la situación jurídica procesal del imputado José Luis García Pillco -ahora impetrante de tutela-, a la detención domiciliaria, el arraigo, fianza económica de Bs50 000.-(cincuenta mil bolivianos 00/100), presentación cada día lunes y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y a las víctimas (fs. 3 a 6). II.2. Consta Auto Interlocutorio 206/2022 de 19 de octubre, que dispone denegar la solicitud de modificación de la medida cautelar de fianza económica solicitada por José Luis García Pillco -ahora demandante de tutela- (fs. 9 a 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y el debido proceso, toda vez que la funcionaria de apoyo jurisdiccional demandada no recogió los antecedentes del recurso de apelación de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que se arrimen al cuaderno procesal y así poder solicitar la modificación de la medida sustitutiva impuesta. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) Plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen iii) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, 4) Análisis del caso en concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0142/2018-S2 de 30 de abril, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: La Constitución Política del Estado en su art. 23, establece que toda persona tiene derecho a su libertad física, constituido como un derecho fundamental de carácter primario para su desarrollo; por ello, el Estado tiene el deber primordial de respetarlo y protegerlo, por ser inviolable; razón por la que, la acción de libertad fue configurada de manera exclusiva, extraordinaria y sumarísima, con el propósito que la libertad física goce de protección especial, cuando se pretenda lesionarla o esté siendo amenazada de vulneración. A ese efecto, la SC 1579/2004-R de 1 de octubreefectuó una clasificación del entonces recurso de hábeas corpus ante violaciones a la libertad individual y/o de locomoción, señalando que puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada; preventivo, si procura impedir una vulneración a producirse; o, correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en las que se mantiene a una persona detenida. Posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación, identificando además al hábeas corpus restringido, que procede ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; dentro del cual, se encuentra el hábeas corpus instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la 1El FJ III.1.1, señala: “Para la procedencia del hábeas corpus reparador es decisivo que se haya configurado una situación de privación de libertad física ilegal inobservando las formalidades esenciales, por ejemplo una detención ejecutada sin orden escrita, o resuelta por autoridad incompetente (…)”. El FJ III.1.2, menciona: “El hábeas corpus procede como un medio preventivo, cuando la detención aún no se ha producido pero puede presuponerse que la misma es inminente, en tanto que la amenaza pueda demostrarse positivamente (…)”. El FJ III.1.3, determina: “El hábeas corpus denominado correctivo, protege al detenido de aquellas condiciones que agravan en forma ilegítima la detención, violando su condición humana. A través de este recurso, se garantiza el trato humano al detenido, establecido en las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos. La base legal de este tipo de hábeas corpus, la encontramos en el art. 89 de la LTC, que amplía los alcances protectivos de esta garantía, al referirse a otras `violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas…´. Conforme a esto, una de las formas en que se manifiestan estas violaciones vinculadas a la libertad, está la referida al agravamiento ilegal de la situación del detenido o condenad (…)”.

2El FJ III.5, indica: “El primer (instructivo); hace referencia a los supuestos, en que el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida, fundamentalmente en los casos de desaparición forzada de personas, y tiene como objeto identificar el paradero de la víctima, disponer su libertad e individualizar a los autores del hecho, garantizándose el derecho a la vida y también el derecho a la integridad física. Este hábeas corpus, ahora está previsto en el art. 125 de la CPE, cuando hace referencia a los casos en los que la persona considere que su vida está en peligro. Esta ampliación es coherente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la Opinión Consultiva OC-8/87 de 30 de enero de 1987, al absolver la consulta formulada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la interpretación de los arts. 25.1 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a la última frase del art. 27.2 de dicha Convención, que enumera los derechos que no pueden suspenderse durante los estados de excepción; estableció que, la función del hábeas corpus es esencial como: `…medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes´ (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos corresponden).

vida; y, traslativo o de pronto despacho; a través del que, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos, debiendo ser tramitados, resueltos -SC 0224/2004-R de 16 de febrero- y efectivizados -SC 0862/2005-R de 27 de julio- con la mayor celeridad -SCP 0528/2013 de 3 de mayo-. Con ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; lo que no significa, otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva o negativa, ya que el resultado a originarse, dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.

III.2. Plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes ante el juez de origen

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0589/2019-S2 de 22 de julio, asumió el siguiente razonamiento entre otras: Respecto al plazo en el cual, el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen luego de revolver la apelación, en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3. establece:

III.3. La legitimación pasiva en la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0078/2018-S2 de 23 de marzo, asumió el siguiente entendimiento:

Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue 3En su Cuarto Considerando, indica: “Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”.

4El FJ III.5, determina: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 5El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 6El FJ III.1, menciona: “La uniforme jurisprudencia constitucional dictada por este Tribunal ha establecido el principio general según el cual, para la procedencia del hábeas corpus es ineludible que el recurso sea dirigido contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, su inobservancia neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados, ello debido a la falta de legitimación pasiva, calidad que de acuerdo a lo sostenido por la SC 691/2001-R, de 9 de julio reiterada en las SSCC 817/2001-R, 139/2002-R, 1279/2002-R y otras, se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción. En ese sentido se tienen, entre otras, las SSCC 233/2003-R y 396/2004-R, 807/2004-R”.

ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados. Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional.

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y el debido proceso, toda vez que la funcionaria de apoyo jurisdiccional demandada no recogió los antecedentes del recurso de apelación de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, para que se arrimen al cuaderno procesal y así poder solicitar la modificación de la medida sustitutiva impuesta.

De los antecedentes descritos en las conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra José Luis García Pillco -ahora demandante de tutela-, por la presunta comisión del delito de homicidio, se emitió el Auto Interlocutorio 261/2021 de 20 de diciembre, que dispuso modificar la situación jurídica procesal del imputado ordenando su detención domiciliaria, arraigo, fianza económica de Bs50 000.-(cincuenta mil bolivianos 00/100), presentación cada día lunes y la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y a las víctimas (Conclusión II.1), ante la imposibilidad de cumplimiento de las medidas impuestas, el peticionante de tutela solicitó la modificación de las mismas, pronunciándose el Auto Interlocutorio 206/2022 de 19 de octubre, que en el fondo denegó la solicitud de modificación de la medida cautelar de fianza económica (Conclusión II.2).

Asimismo, de lo referido por el propio impetrante de tutela y la funcionaria demandada en su informe, se tiene que ante esta última determinación el demandante de tutela interpuso recurso de apelación, que fue resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por lo que el cuaderno procesal se encuentra para devolución al Juzgado de origen.

Ahora bien, efectuadas las precisiones precedentes, corresponde abordar la problemática planteada, la cual radica en la dilación indebida en el recojo de los antecedentes de la apelación incidental resuelta por el Tribunal de alzada, dado que la Secretaria del Tribunal de Sentencia de Caranavi del departamento de La Paz, no habría cumplido su obligación de recoger los antecedentes que fueron remitidos al Tribunal de Alzada. Al respecto, con la finalidad de resolver el problema jurídico planteado, se debe considerar, que conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, toda autoridad o funcionario que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física o personal, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En ese entendido, en el caso de la tramitación de una apelación de medidas cautelares, la celeridad que debe imprimirse no se limita al señalamiento de audiencia y resolución, sino también al trámite posterior; es decir, el principio de celeridad no comprende solamente el conocimiento del trámite de apelación incidental de la decisión que resuelva una medida cautelar hasta llevar a cabo la audiencia, sino también en forma posterior, al trámite de devolución de los antecedentes del recurso de apelación al Juzgado o Tribunal de origen; en este punto, si bien el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 8 de mayo de 2019-, establece un trámite sumario a efectos de considerar los recursos de apelación de medidas cautelares; empero, no prevé el plazo para que el Tribunal de alzada, devuelva el expediente ante el Juez o Tribunal de origen, tampoco cual es la autoridad encargada de remitir o, como se solicita en el presente caso, recoger dichos antecedentes; sin embargo, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ante dicho vacío legal -que se mantuvo incluso con la modificación anotada- y siendo que no se puede dejar en incertidumbre al imputado, sostuvo que una vez que el Tribunal de alzada dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; debe proceder a devolver el expediente, el acta y el Auto de Vista correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro (24) horas, -en el entendido de que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio conforme el art. 203 de la CPE-por los Vocales y el Secretario del Tribunal de alzada que son los encargados de dicha devolución. Ahora bien, tomando en cuenta el memorial de interposición de la presente acción de libertad, lo desarrollado en la audiencia tutelar, el informe evacuado por la Secretaria demandada, se tiene que una vez resuelto el recurso de apelación, este no fue devuelto al juzgado de origen. No obstante, el trámite de devolución al Juzgado de origen se tiene que realizar con la debida celeridad y dentro del plazo de veinticuatro horas, conforme se desarrolló en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; en consecuencia, a prima facie tanto el Vocal como el Secretario, ambos de la indicada Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz tendrían responsabilidad en cuanto a la dilación indebida para el caso de no haberse devuelto oportunamente el expediente al juzgado de origen; empero, dichos funcionarios no fueron demandados a través de la presente acción de libertad, haciendo inviable la tutela de los derechos del ahora peticionante de tutela, en contra de los funcionarios que realmente tendrían la obligación y responsabilidad de actuar con prontitud y celeridad en el trámite de devolución de la causa. En ese contexto, la Secretaria demandada, no tiene legitimación pasiva para ser demandada en la presente causa de conformidad al Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, por cuanto no tiene la obligación de devolución del expediente del proceso, pues dicha obligación recae exclusivamente en los Vocales y el Secretario de Sala del Tribunal de alzada correspondiente, quienes son los encargados para realizar la devolución; en consecuencia, no se advierte vulneración alguna de la demandada a los derechos invocados por el ahora impetrante de tutela, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada en su contra. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 09/2022 de 9 de diciembre, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

…el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas.

7 El FJ III.5, refiere: “…sobre el particular, se advierte, de los hechos que motivaron la acción, que éste último no tuvo participación en la vulneración de los derechos invocados; toda vez que, no hace mención a la forma en que hubiera esta autoridad restringido su derecho a la libertad y locomoción; por lo que, carece de legitimación pasiva…”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0571_2025-S1.pdf · páginas 1 a 11.

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