Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 5 de septiembre de 2024
Deniega la tutela
La peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa y al trabajo, así como a los principios de legalidad, “falta de tipicidad y taxatividad”; toda vez que, los entonces Consejeros del Consejo de la Magistratura, al confirmar la determinación de declarar probada la denuncia en relación a la comisión de la falta disciplinaria contenida en el art. 187.14 de la LOJ: 1) No consideraron los principios de preclusión y convalidación, teniendo en cuenta que la parte denunciante no presentó ningún recurso contra la providencia de 2 de diciembre de 2020, de señalamiento de audiencia; 2) La denuncia no debió ser admitida al no cumplir con el art. 44.5 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental de 27 de febrero; 3) No se tomó en cuenta la prueba ofrecida consistente en el Instructivo 02/2021 P-TDJLP del 14 de enero; 4) No existió pronunciamiento alguno respecto a sus testigos ofrecidos y la declaración solicitada como medio de defensa; y, 5) La denuncia debió ser rechazada en virtud al art. 7 del Reglamento del Régimen Disciplinario para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, por cuanto en el caso se cuestiona un decreto emitido dentro de un proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; REVOCAR la Resolución 199/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 159 a 161 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos desarrollados precedentemente; y, 2° Llamar la atención a Israel Ramiro Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, Vocales; y, Mónica Quispe Fernández, Secretaria, todos de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el trámite procesal desplegado en la presente acción tutelar, conforme a lo expuesto en el acápite III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0570/2024-S2 Sucre, 5 de septiembre de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 52083-2022-105-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 199/2022 de 7 septiembre, cursante de fs. 159 a 161 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gladys Bacarreza Morales contra Marvin Arsenio Molina Casanova, Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura.
Por memoriales presentados el 28 de marzo y 7 de abril, ambos de 2022, cursantes de fs. 50 a 57 y 87 a 89 vta., la accionante manifiesta lo siguiente:
En su condición de Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, fue sometida a proceso disciplinario por la presunta comisión de la falta disciplinaria grave prevista en el art. 187.6, 7, 9 y 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, debido a que su persona habría señalado audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada por Beatriz Elizabeth Quispe Marín -denunciante y ahora tercera interesada- con seis días de retraso; proceso, que dio lugar a la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 049/2021 de 15 de junio, que declaró probada la denuncia, únicamente respecto a la falta disciplinaria contenida en el numeral 14 del artículo anteriormente señalado, sancionándola con la suspensión de un mes de sus funciones sin goce de haberes.
Ante la interposición del recurso de apelación, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura, mediante la Resolución SP-AP 173/2021 de 26 de julio, decidió confirmar la determinación impugnada manteniendo su sanción. Refiere que la determinación de segunda instancia le resulta adversa por cuanto: a) Los aspectos denunciados de su parte no fueron considerados a tiempo de emitir la Resolución cuestionada, tal es el caso de la vulneración de los principios de preclusión y convalidación; toda vez que, la parte denunciante no presentó ningún recurso contra la providencia de 2 de diciembre de 2020, de señalamiento de audiencia, lo que implica que al no reclamar oportunamente, tácitamente estuvo de acuerdo con el señalamiento; b) La denuncia no debió ser admitida al no cumplir lo previsto por el art. 44.5 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por el Acuerdo de Sala Plena 20/2018 de 27 de febrero; en razón a que, en el caso jamás se señaló o adjuntó a la denuncia elementos de prueba, por lo que la denuncia no debió prosperar, no existiendo en si una denuncia; sin embargo, la misma fue admitida; c) No se tomó en cuenta la prueba ofrecida consistente en el “…Instructivo 1. N° 02/2021…” (sic) -Instructivo 02/2021 P-TDJLP de 14 de enero del mismo año- emitido por la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que establece que la Gestora recepcionará con cuarenta y ocho horas de anticipación para la notificación a las partes; en el caso presente, la denunciante presentó su memorial de solicitud de cesación de la detención preventiva el 1 de diciembre de 2020, audiencia que fue fijada por providencia de 2 de ese mes y año, para el 9 del citado mes y año, fecha que fue dispuesta porque las oficinas “rectoras” requieren del plazo de cuarenta y ocho horas para efectuar las notificaciones y cumplir con el plazo mínimo, conforme a procedimiento; en ese sentido, fijó la audiencia para esa fecha a objeto de que exista un tiempo prudente para que el personal subalterno remita las notificaciones ante la Gestora y esta pueda cumplir con la diligencia a las partes y tengan pleno conocimiento de la audiencia; d) No existió pronunciamiento alguno respecto a sus testigos ofrecidos y la declaración solicitada como medio de defensa; y, e) No se cumplió con lo dispuesto en el art. 7 del citado Reglamento, el cual establece que la denuncia debe ser rechazada cuando la misma tiene por objeto la revisión de decisiones jurisdiccionales o cuando el hecho denunciado no constituya falta; en el presente caso, se está cuestionado un decreto emitido dentro de un proceso penal que jamás fue reclamado en su debido momento y menos fue objeto de la interposición de recursos; por lo que, la vía disciplinaria no era la correcta para reclamar y menos para sancionarla.
La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, infiriéndose asimismo las vertientes congruencia y valoración de la prueba; a la defensa; y, al trabajo, así como a los principios de legalidad, “falta de tipicidad y taxatividad”, citando al efecto los arts. 9.4, 46.I, 115, 116.II, 119.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se declare nula y se deje sin efecto la Resolución SP-AP 173/2021, en virtud a los fundamentos expuestos en la presente acción de amparo constitucional y demás formalidades de ley.
Celebrada la audiencia pública el 7 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 156 a 158; se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela por intermedio de su abogado, ratificó in extenso los argumentos de su memorial de esta acción tutelar.
Marvin Arsenio Molina Casanova, Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán, Consejeros del Consejo de la Magistratura, por informe escrito cursante de fs. 142 a 143 vta., y leído en audiencia de garantías a través de sus representantes, manifestaron los siguientes aspectos: 1) Sus personas no fueron suscribientes ni relatores de la Resolución SP-AP 173/2021 -objeto de la acción de amparo constitucional interpuesta-, habiendo únicamente suscrito el Auto de 14 de octubre de ese año, que resolvió la solicitud de complementación y enmienda, misma que fue declarada no ha lugar; ya que, tenía el objeto de modificar en el fondo la decisión asumida; 2) La determinación que emane de la consideración en audiencia de garantías y de la revisión de la acción tutelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional será de conocimiento y cumplimiento por el actual Tribunal de segunda instancia del Consejo de la Magistratura, estando a las resultas de la presente acción tutelar; 3) Al haber asumido Magistratura, Marvin Arsenio Molina, la Presidencia del Consejo de la Casanova desde el 12 de enero de 2022, actualmente el Tribunal Disciplinario de Segunda Instancia se encuentra conformado por Mirtha Gaby Meneses Gómez y Omar Michel Durán; y, 4) La aclaración respecto a la legitimación pasiva que se la realiza con la finalidad de dejar constancia de que ninguno de los actuales Consejeros intervino en la determinación de fondo de la citada Resolución.
Beatriz Elizabeth Quispe Marín, denunciante dentro del proceso disciplinario de referencia, en audiencia de garantías a través de su abogado, manifestó los siguientes aspectos: i) En honor a la verdad, su persona nunca autorizó a su abogada entonces patrocinante, presentar la denuncia disciplinaria contra la Jueza de Primera Instancia ahora accionante, valiéndose esta profesional de papeles en blanco que había firmado para la sustanciación del “proceso penal”; y, ii) Dicho aspecto fue incluso dado a conocer al Consejo de la Magistratura, intentando efectuar el retiro de la denuncia y la renuncia de la apelación interpuesta contra la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 049/2021, donde expresamente se señaló que lo redactado en la denuncia no fue consentido de su parte.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 199/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 159 a 161 vta., concedió la tutela, disponiendo dejar sin efecto la Resolución SP-AP 173/2021, debiendo las autoridades accionadas emitir una nueva resolución en el plazo de setenta y dos horas, observando los criterios expuestos; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: a) La cuestión fáctica del caso radica sustancialmente en la ausencia de valoración a determinados medios probatorios que fueron ofrecidos por la accionante en el sumario administrativo, siendo ello fácilmente advertible en virtud de la definición de agravios; b) La Sala Constitucional por “atracción” de actos procesales tiene la posibilidad de verificar los hechos alegados a partir de la resolución que define la situación jurídica, logrando advertir y discernir cuales fueron los razonamientos emitidos en la Resolución de Primera Instancia 049/2021, que es el fallo que inicia la etapa de sanción, apreciándose que tanto la autoridad de instancia como en apelación no efectuaron la correspondiente valoración exigida por la impetrante de tutela; c) A criterio de la citada Sala Constitucional esta ausencia de valoración racional de los medios probatorios, puede sustancialmente cambiar el criterio de la decisión; pues, la ausencia de valoración de la prueba en “los casos concretos”, determinará una decisión acorde a los estándares del debido proceso establecidos por la jurisprudencia constitucional; y, d) Otro hecho no menos importante es el referido acerca del retiro de la denuncia, respecto a lo cual el Juez Disciplinario respectivo concluyó con base en una disposición de orden normativo, que en los procesos disciplinarios no existe la improcedencia del retiro de denuncia; con lo cual, esta Sala Constitucional puede estar medianamente de acuerdo; sin embargo, este criterio normativo cuando menos debe encontrarse fundamentado por parte de las autoridades accionadas; pues, el acto procesal existe y debe ser analizado desde su propia individualidad.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución SP-AP 173/2021 de 26 de julio, mediante la cual los entonces Consejeros del Consejo de la Magistratura confirmaron la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 049/2021 de 15 de junio, y declararon probada la denuncia interpuesta por Beatriz Elizabeth Quispe Marín -ahora tercera interesada- contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionante-, por la comisión de la falta disciplinaria establecida en el art. 187.14 de la LOJ, imponiéndole la sanción de suspensión en el ejercicio de sus funciones por el lapso de un mes sin goce de haberes; e, improbada la denuncia respecto a las faltas disciplinarias establecidas en los numerales 6, 7, 9 del mencionado artículo (fs. 83 a 86).
La peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa y al trabajo, así como a los principios de legalidad, “falta de tipicidad y taxatividad”; toda vez que, los entonces Consejeros del Consejo de la Magistratura, al confirmar la determinación de declarar probada la denuncia en relación a la comisión de la falta disciplinaria contenida en el art. 187.14 de la LOJ: 1) No consideraron los principios de preclusión y convalidación, teniendo en cuenta que la parte denunciante no presentó ningún recurso contra la providencia de 2 de diciembre de 2020, de señalamiento de audiencia; 2) La denuncia no debió ser admitida al no cumplir con el art. 44.5 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental de 27 de febrero; 3) No se tomó en cuenta la prueba ofrecida consistente en el Instructivo 02/2021 P-TDJLP del 14 de enero; 4) No existió pronunciamiento alguno respecto a sus testigos ofrecidos y la declaración solicitada como medio de defensa; y, 5) La denuncia debió ser rechazada en virtud al art. 7 del Reglamento del Régimen Disciplinario para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, por cuanto en el caso se cuestiona un decreto emitido dentro de un proceso penal. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a la temática aludida, la SCP 0028/2024-S2 de 9 de febrero, englobando los criterios jurídicos expuestos en la reiterada jurisprudencia constitucional sobre los mencionados elementos del debido proceso y su relevancia dentro de la problemática, señaló lo siguiente: «…la SCP 0450/2012 de 29 de junio, luego de puntualizar la línea jurisprudencial establecida al respecto, concluyó: “La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)”. Por su parte, la SCP 0712/2015-S3 de 3 de julio, a tiempo de establecer la diferenciación existente entre fundamentación y motivación como elementos del debido proceso, precisó que: “…la fundamentación consiste en la justificación normativa de la decisión judicial, y la motivación es la manifestación de los razonamientos que llevaron a la autoridad a la conclusión de que el acto concreto que se trate, se encuentra, por una parte probado, lo que supone que la autoridad judicial debe explicar las razones por las cuales considera que la premisa fáctica se encuentra probada, poniendo de manifiesto la valoración de la prueba efectuada, y por otra explicando por qué el caso encuadra en la hipótesis prevista en el precepto legal -contexto de justificación-. Por consiguiente, no basta que en el derecho positivo exista un precepto que pueda sustentar el acto de la autoridad, ni un motivo para que ésta actúe en consecuencia, sino que es indispensable que se hagan saber al afectado los fundamentos y motivos del procedimiento respectivo, ya que solo así estará en aptitud de defenderse como estime pertinente; de esta forma, se entiende que la fundamentación debe ser específica al caso de que se trate y la motivación explícita”. Así también, respecto a la congruencia como parte del debido proceso, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, entendió dicho principio en sus vertientes interna y externa como el “…principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”. Por su parte, la SCP 0005/2019-S2 de 19 de febrero, a tiempo de añadir a los entendimientos asumidos por la jurisprudencia respecto a estos elementos del debido proceso, complementó el razonamiento refiriéndose a la consideración de la relevancia constitucional, al respecto estableció: “Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva Resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional. Con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna”» (las negrillas son añadidas).
Al respecto la SCP 0159/2019-S1 de 26 de abril, remitiéndose a la SCP 1916/2012 de 12 de octubre, asumió el siguiente entendimiento: “…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: 1) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. Para que el Tribunal pueda ingresar al análisis de la valoración de la prueba, la ya citada SC 0965/2006-R estableció que la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y expresar: ‘Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…). Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada…’” (las negrillas son nuestras).
La problemática a analizar en el presente caso, centra su objeto en la emisión de la Resolución SP-AP 173/2021 de 26 de julio, respecto a la cual la accionante denuncia de forma concreta, que los entonces Consejeros del Consejo de la Magistratura vulneraron sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa y al trabajo, así como a los principios de legalidad, “falta de tipicidad y taxatividad”, al emitir la mencionada Resolución, por cuanto: i) No consideraron los principios de preclusión y convalidación, teniendo en cuenta que la parte denunciante no presentó ningún recurso contra la providencia de 2 de diciembre de 2020, de señalamiento de audiencia; ii) La denuncia no debió ser admitida al no cumplir con el art. 44.5 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental de 27 de feebrero; iii) No se tomó en cuenta la prueba ofrecida consistente en el Instructivo 02/2021 P-TDJLP de 14 de enero de ese año; iv) No existió pronunciamiento alguno respecto a sus testigos ofrecidos y la declaración solicitada como medio de defensa; y, v) La denuncia debió ser rechazada en virtud al art. 7 del mencionado Reglamento, por cuanto en el caso se cuestiona un decreto emitido dentro de un proceso penal. En este contexto, de la Resolución objeto de análisis se advierte que, la misma emergió a partir de la denuncia sentada por Beatriz Elizabeth Quispe Marín -ahora tercera interesada- contra Gladys Bacarreza Morales, Jueza de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz -hoy impetrante de tutela- por la comisión de las faltas previstas en el art. 187. 6, 7, 9 y 14 de la LOJ, dando lugar a la emisión en primera instancia de la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 049/2021 de 15 de junio, que declaró probada la denuncia solo respecto al numeral 14 del señalado artículo, imponiéndole la sanción de suspensión en el ejercicio de sus funciones por el lapso de un mes sin goce de haberes, lo que dio paso a que la hoy peticionante de tutela formule contra dicha determinación el correspondiente recurso de apelación que fue resuelto por Resolución SP-AP 173/2021, objeto de esta acción tutelar (Conclusión II.1). A partir de lo mencionado, corresponde hacer notar que conforme se evidencia del informe elaborado por los Consejeros del Consejo de la Magistratura, dicha Resolución de segunda instancia a su vez fue objeto de solicitud de complementación, aclaración y enmienda, misma que fue resuelta de su parte mediante Auto de 14 de octubre de 2021, declarando no ha lugar a la solicitud, por cuanto lo que se pretendía era la modificación en el fondo de la determinación asumida. Bajo ese antecedente, teniendo en cuenta que dicho pronunciamiento es el último actuado que se emitió, y toda vez que de acuerdo al art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en los casos que se presente esta solicitud, el plazo de los seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, debe computarse desde la notificación con la resolución que la conceda o la rechace, en el presente caso no obstante de no contar con la diligencia de notificación con el Auto de 14 de octubre de 2021 al que hizo referencia la parte accionada, debe considerarse que incluso desde la fecha de emisión de dicho fallo, al 28 de marzo de 2022, oportunidad en la que se presentó esta acción tutelar, se advierte que la misma se encuentra dentro de plazo, cumpliendo al efecto con el principio de inmediatez característico de esta acción de defensa, y por lo cual hace posible la consideración de fondo de la problemática planteada. Realizada dicha precisión, y toda vez que, en el caso en lo medular se cuestiona la Resolución SP-AP 173/2021, a fin de la resolución de los cuestionamientos formulados en sede constitucional, corresponde en principio conocer el contenido de dicho fallo, siendo el siguiente: Primer agravio a) El primer agravio consignado en el memorial de apelación, refiere solamente aspectos formales no relevantes en la decisión de fondo; es decir, que no reviste en sí mismo un agravio para la autoridad judicial, al ser subsanable por referirse a errores en el nombre de la denunciante, la fecha de un memorial y la no consignación de Número de Registro Judicial (NUREJ); respecto a lo cual, cabe señalar que, el agravio debe estar fundado en el marco de las vulneraciones incurridas por el Juez Disciplinario de la causa, esencialmente en cuanto a la valoración probatoria, la motivación insuficiente de la Resolución, o la mala aplicación de la norma disciplinaria, aspecto en los que no se enmarca el primer agravio de la autoridad judicial apelante, a cuyo efecto, el mismo no puede ser considerado, así lo estableció la jurisprudencia disciplinaria a través de la RSP-AP 03/2018 de 9 de abril, señalando lo siguiente: “‘No se puede considerar como agravio argumentos que no son objetivos y carentes de fundamentos jurídicos’” (sic). Segundo agravio b) Respecto a la carencia de valoración de la prueba ofertada, consistente el informe brindado por la autoridad denunciada -accionante- al Juez Disciplinario de la causa, se advierte que, la Resolución apelada en su Considerando IV, hizo un cotejo de las copias de las actuaciones procesales vinculadas a la denuncia; es decir, de la solicitud de cesación -de la detención preventiva-, el señalamiento de audiencia y sus suspensiones, sin llegar a establecerse con claridad los motivos de suspensión, tomando en cuenta el informe de Douglas Alfredo Catacora Vela, Auxiliar del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz. En este sentido, los antecedentes del proceso con las actas de suspensión, el informe del auxiliar, fueron valorados sin llegar a acreditar plenamente las denuncias respecto a las faltas contenidas en el art. 187.6 de la LOJ; razón por la que, estableció duda razonable en relación a esta falta. De igual forma a fines de establecer la faltas contenidas en el art. 187.9 y 14 de la mencionada Ley, la Resolución apelada realizó una fundamentación legal extensa en referencia al Instructivo 02/2021 P-TDJLP, respecto a las remisiones de notificación a la Gestora, recalcando que dicho Instructivo establece de forma clara la excepción de las cuarenta y ocho horas de anticipación en caso de: acciones de libertad, aprehendidos, cesaciones, modificación o revocatorias de medidas con personas detenidas, salidas alternativas con personas detenidas etc., evidenciándose la valoración integral de esta prueba.
Por otra parte, respecto a la prueba consistente en la Sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial apelante, contra la Abogada de la parte denunciante, cabe señalar, que en cuanto a los hechos denunciados, este documento no evidencia una vinculación directa; vale decir, no desvirtúa la inexistencia de las faltas disciplinarias denunciadas, y si bien no es mencionada una valoración probatoria expresa de esta documentación en la Resolución apelada, tampoco la apelación refiere concretamente, en qué consiste el agravio por esta omisión; es decir, la forma en que desvirtúa el señalamiento de audiencia de la solicitud de cesación de la detención preventiva fuera del termino de ley, habida cuenta que este fue el único hecho sancionado como falta disciplinaria. Tercer agravio c) No se expresa con claridad las razones por las cuales fue rechazada la prueba testifical de descargo, haciéndose mención simplemente a cuestiones formales, sin señalarse concretamente de qué manera las actuaciones del Juez Disciplinario de la causa impidieron la producción de dicha prueba, a fines de que la Sala Disciplinaria tome convicción de dicho agravio; sin perjuicio ello, es importante señalar que la Ley del Órgano Judicial y el Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por Acuerdo 20/2018, se constituyen en el marco legal y procedimental del proceso disciplinario, debiendo los jueces disciplinarios, denunciantes y funcionarios denunciados, observarlos estrictamente, no debiéndose confundir el principio de informalidad, con actuaciones al margen del procedimiento.
Bajo ese mismo marco, es importante recalcar que de acuerdo a reglamento, toda notificación posterior a la citación con la denuncia, es realizada en Secretaria, constituyendo una carga y responsabilidad del disciplinado, someterse a procedimiento y apersonarse en Secretaría del Juzgado Disciplinario respectivo a fines de tomar conocimiento de las audiencias fijadas en tablero de dicha dependencia; más aún, cuando la toma de declaración informativa fue solicitada expresamente, siendo que ante un impedimento legítimo y debidamente demostrado, se podía solicitar nuevo señalamiento. Cuarto agravio d) Respecto a que no se habría considerado el principio de convalidación que operó respecto a la falta de reclamación de la denunciante en el desarrollo del proceso, por no haber hecho uso de los medios procesales y constitucionales respectivos para que la Jueza, -ahora denunciada-, fije un señalamiento en el término de ley; cabe señalar, que la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 049/2021 realizó un desarrollo constitucional y legal respecto a la obligación y observancia de los operadores de justicia, al cumplimiento de la ley, debiendo tomar en cuenta también los instructivos emanados por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no debiéndose estar a la exigencia o reclamo de los justiciables para este cumplimiento, de lo que se puede establecer que la función jurisdiccional se constituye en un servicio de justicia a la comunidad.
Bajo este marco, el cuarto agravio tampoco se encuentra debidamente acreditado, en razón a que la función judicial debe garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos y garantías constitucionales de quienes acuden a fines de obtener justicia pronta y oportuna.
Descrita como se encuentra la Resolución objeto de análisis, corresponde abordar los cuestionamientos planteados -y delimitados ut supra- en la presente acción tutelar.
Sobre la supuesta falta de consideración de los principios de preclusión y convalidación En cuanto a este punto, la accionante manifestó que, entre otros aspectos, los entonces Consejeros del Consejo de la Magistratura no consideraron los principios de preclusión y convalidación; toda vez que, la parte denunciante no presentó ningún recurso contra la providencia de 2 de diciembre de 2020, de señalamiento de audiencia, lo que implica que, al no reclamar oportunamente, tácitamente estuvo de acuerdo con el señalamiento. Al respecto, corresponde manifestar que lo alegado por la impetrante de tutela no resulta evidente; toda vez que, la respuesta vertida sobre tal reclamo por parte del Tribunal de apelación se encuentra descrita en el último punto de resolución del fallo cuestionado, oportunidad en la que se manifestó que la Resolución Administrativa Disciplinaria de Primera Instancia 049/2021, efectuó un desarrollo constitucional y legal respecto a la obligación y observancia de los operadores de justicia al cumplimiento de la ley, no estando sujetos a la exigencia o reclamo de los justiciables, entendiendo que la función jurisdiccional se constituye en un servicio de justicia a la comunidad. En ese marco, se precia que lo denunciado a partir del recurso de apelación formulado por la hoy peticionante de tutela encontró su respectiva respuesta a partir del criterio antes expuesto, por lo que la falta de consideración que alega no puede ser acreditada en esta instancia de control tutelar de constitucional como evidente. En esta línea de razonamiento, cabe precisar que si bien lo denunciado en sede constitucional, únicamente se limita a hacer referencia a la falta de consideración sin identificar este aspecto de forma específica con la vulneración de algún derecho fundamental, del reclamo sentado se aprecia que es concerniente al elemento de congruencia del debido proceso. En ese sentido, teniendo presente que conforme lo establece la línea jurisprudencial señalada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la congruencia de las resoluciones tiene que ver con la correspondencia que debe existir entre lo solicitado y lo resuelto, se advierte que la respuesta vertida, aunque de forma suscita, corresponde a un pronunciamiento al planteamiento efectuado en apelación, cumpliendo de este modo con la coherencia necesaria sin que su formulación hubiese sido objeto de una falta de consideración como lo denuncia.
Bajo ese parámetro, y siendo que, en la Resolución ahora cuestionada, se consideró el punto expuesto por la peticionante de tutela en su recurso de apelación, corresponde denegar la tutela solicitada. Respecto a que la denuncia no debió ser admitida, o en su caso debió ser rechazada En cuanto a este punto, la parte accionante reclama que la denuncia interpuesta en su contra no debió ser admitida al no cumplir lo previsto por el art. 44.5 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental; toda vez que, en el caso jamás se señaló o adjuntó a la denuncia elementos de prueba, por lo que la denuncia no debió prosperar, no existiendo en si una denuncia; sin embargo, la misma fue admitida. Al respecto, cabe manifestar que lo que aludido no formó parte del reclamo recursivo planteado por la hoy impetrante de tutela, por lo que tal denuncia lógicamente no fue considerada por el Tribunal de apelación. Así, de la Resolución cuestionada se advierte que los agravios recursivos fueron claramente identificados, radicando los mismos en el error incurrido en el nombre de la denunciante, entre otros de índole formal; la omisión valorativa en relación al Instructivo 02/2021 P-TDJLP y la Sentencia Condenatoria 42/2019 de 2 de diciembre, emitida contra la Abogada de la parte denunciante; la falta de pronunciamiento respecto a los testigos ofrecidos y declaración solicitada como medio de defensa; y, finalmente, la incorrecta apreciación y valoración del principio de convalidación; de lo que se aprecia que, lo cuestionado en sede constitucional referido al incumplimiento del art. 44.5 del Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, dada la falta de identificación de los elementos probatorios a tiempo de formular la denuncia, tampoco podía ser objeto de análisis por las autoridades de apelación; debiendo resaltar, que el objeto procesal de la presente acción de defensa, en función al principio de subsidiariedad que caracteriza a la acción de amparo constitucional, radica en la última determinación asumida dentro del proceso disciplinario; es decir, la Resolución SP-AP 173/2021. En efecto, es en atención al señalado principio que la parte accionante, antes de activar la presente acción tutelar, debe agotar con carácter previo los mecanismos recursivos existentes en el ordenamiento jurídico; en el presente caso, si bien la impetrante de tutela ante la Resolución de primera instancia que le fue adversa interpuso el correspondiente recurso de apelación, no obstante, se aprecia que en su formulación omitió considerar lo que ahora pretende sea analizado en sede constitucional, impidiendo brindar la posibilidad de que las autoridades de apelación puedan referirse al respecto, acomodando de esta manera su actuación, en esta parte de la denuncia constitucional, en la sub regla de improcedencia de la acción de amparo constitucional 1) inc. b) establecida en la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, reiterada en posteriores entendimientos jurisprudenciales, que determina lo siguiente: “el amparo constitucional será improcedente cuando: '1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, (…) b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…” (el resaltado es nuestro). En función a los argumentos expuestos, y toda vez que el planteamiento de la parte peticionante de tutela no formó parte del reclamo recursivo formulado, impidiendo con ello que las autoridades de apelación se refieran al respecto, corresponde simplemente denegar la tutela solicitada, con la aclaración de no haberse ingresado al análisis de fondo de esta denuncia. Igual razonamiento corresponde aplicar respecto al último reclamo formulado en sede constitucional concerniente al criterio de la accionante de que la denuncia formulado en su contra debió ser rechazada en virtud al art. 7 del Reglamento del Régimen Disciplinario para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, por cuanto en el caso se cuestionó un decreto emitido dentro de un proceso penal; aspecto que, como puede advertirse de la puntualización realizada a los motivos de la apelación, tampoco se constituyó en un agravio dentro del señalado recurso, y respecto al cual, las autoridades de apelación, en efecto tampoco pudieron emitir pronunciamiento alguno, correspondiendo respecto al señalado reclamo, igualmente denegar la tutela solicitada. Sobre la denuncia de omisión valorativa Al respecto, la impetrante de tutela denunció que no se tomó en cuenta la prueba ofrecida consistente en el Instructivo 02/2021 P-TDJLP emitido por la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que estableció que la Gestora recepcionará con cuarenta y ocho horas de anticipación para la notificación a las partes; en su caso, habiendo la denunciante presentado su solicitud de cesación de la detención preventiva el 1 de diciembre de 2020, por providencia de 2 de ese mes y año, la audiencia fue fijada para el 9 del citado mes y año, esto debido a que las oficinas “rectoras” también requieren del plazo de cuarenta y ocho horas para efectuar las notificaciones y cumplir con el término mínimo conforme a procedimiento. En cuanto a este punto cabe señalar que, la jurisprudencia constitucional respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional conforme la cita jurisprudencial desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, de manera clara estableció que no le está permitido a la justicia constitucional ingresar a valorar la prueba, sin embargo, tiene la posibilidad de verificar si las autoridades se apartaron de los marcos de razonabilidad y equidad, se omitió la valoración de algún elemento probatorio, o si la decisión se basó en prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento, para lo cual el o la accionante debe cumplir con establecer concretamente respecto a qué elementos cuestiona la labor de valoración efectuada en los ámbitos descritos, debiendo asimismo precisar su relevancia para la definición de la problemática; en el presente caso, más allá de que la accionante no haya cumplido de forma clara y precisa con el presupuesto de evidenciar ante esta instancia de control tutelar de constitucionalidad la relevancia del elemento probatorio respecto al cual cuestiona su omisión valorativa, de la lectura del fallo objeto de análisis, se advierte que tal omisión no resulta evidente. En efecto, de la Resolución SP-AP 173/2021 puede claramente percibirse que las autoridades de apelación fueron expresas al referirse al Instructivo 02/2021 P-TDJLP, que la ahora peticionante de tutela indica como omitido en su valoración, señalando concretamente que incluso la Resolución apelada efectuó una fundamentación legal extensa en referencia a este elemento, recalcando que el mismo si bien establece que la remisión de las notificación a la gestora debe realizarse con cuarenta y ocho horas de anticipación como lo manifiesta la nombrada, el mismo instrumento fue expreso en enunciar las excepciones a esta regla, encontrándose dentro de ellas las solicitudes de cesación de la detención preventiva como concierne al caso particular de la denunciante -hoy tercera interesada-. En ese sentido, al margen de que la impetrante de tutela en correspondencia a la respuesta vertida por el Tribunal de apelación no identificó la incidencia de este elemento en la decisión finalmente asumida, se advierte que la denuncia de su omisión en la labor de valoración no resulta evidente, por lo que, en cuanto a este punto de igual forma corresponde denegar la tutela solicitada. Sobre la denuncia de la falta de pronunciamiento
En cuanto a este punto la accionante reclamó que no existió pronunciamiento alguno respecto a sus testigos ofrecidos y la declaración solicitada como medio de defensa. Teniendo en cuenta lo referido, es pertinente señalar que, en función a la formulación del reclamo constitucional efectuado, la alegada falta de pronunciamiento está asociada al elemento de congruencia del debido proceso en su faceta externa, aludiendo a una incongruencia omisiva al denunciar que no existió pronunciamiento alguno respecto al ofrecimiento de sus testigos y la prestación de su declaración solicitados como medio de defensa. Este aspecto, debe estar claramente identificado, por cuanto al tratarse de elementos probatorios que finalmente no llegaron a producirse, podría ser considerado desde el punto de vista de la valoración, sin embargo, ello en el caso no es posible, se reitera, dada la formulación del reclamo constitucional efectuado, mismo que se traduce simplemente en la falta de pronunciamiento. Con dicha precisión, de la revisión de la Resolución AP-SP 173/2021 objeto de análisis de esta acción tutelar, se advierte que, la denuncia de falta de pronunciamiento respecto al ofrecimiento de sus testigos y la solicitud de su declaración, no resulta evidente, pues el Tribunal de apelación abordó tal cuestionamiento recursivo en el acápite de respuesta al tercer agravio donde precisamente la entonces apelante formuló su reclamo sobre este aspecto. En efecto en dicho apartado, las autoridades de apelación con relación al ofrecimiento de sus testigos señalaron que este motivo de agravio no fue expuesto con la claridad requerida, haciéndose mención solamente a cuestiones formales, sin señalarse concretamente de qué manera las actuaciones del Juez Disciplinario impidieron la producción de esta prueba, a fin de que la Sala Disciplinaria tenga convicción respecto a este punto de agravio. En ese mérito, se advierte que, el Tribunal de apelación si se pronunció de manera expresa sobre su reclamo, y si bien el mismo consideró que la parte apelante no cumplió de forma efectiva con la carga recursiva necesaria a fin de tomar convicción del agravio, en lo que respecta a la falta de pronunciamiento que fue lo que se denunció en sede constitucional, no corresponde acoger de forma favorable la misma al ser perceptible la existencia de respuesta respecto a su reclamo. Igual criterio debe operar con relación a la solicitud de declaración que habría efectuado la ahora impetrante de tutela dentro del proceso administrativo disciplinario, respecto a lo cual se debe tener en cuenta que la entonces apelante refirió que no tuvo conocimiento oportuno de la audiencia de declaración y que en su caso se debía considerar que existían disposiciones del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social y del Tribunal Supremo de Justicia respecto al teletrabajo y que por lo tanto debía notificársele en esa modalidad, siendo vulneratorio notificarla en tablero con un link digital que debió ser enviado por e-mail u otra vía digital para acceder al enlace sin problemas, a lo que el Tribunal de segunda instancia respondió que de acuerdo al Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aprobado por Acuerdo 20/2018, toda notificación posterior a la citación con la denuncia es realizado en Secretaría, siendo obligación del disciplinado someterse a procedimiento y constituirse en Secretaría del Juzgado Disciplinario respectivo, a fines de tomar conocimiento de las audiencias fijadas en el tablero de dicha repartición, y que en el caso particular de la solicitud de declaración informativa, existiendo un impedimento legítimo y debidamente demostrado se podía solicitar nuevo señalamiento, lo que se entiende no ocurrió. En ese sentido, se aprecia que el Tribunal de segunda instancia si se refirió de forma concreta respecto al agravio deducido, y si bien de la misma no logra advertirse la consideración del criterio de la disciplinada en sentido de utilizar los medios tecnológicos para notificarla siendo que en esa época fue dispuesto el teletrabajo y que incluso en tablero se fijó un link para la audiencia, de la respuesta vertida llega a comprenderse que únicamente se dio cumplimiento a lo dispuesto en el citado Reglamento y que además la disciplinada bajo un impedimento legítimo y demostrado podía solicitar un nuevo señalamiento. Es en función a la respuesta referida que, si bien de forma expresa no se refirieron al tema de las notificaciones digitales, en el caso tampoco se advierte su relevancia en sentido de determinar por esta causa la nulidad de la Resolución SP-AP 173/2021, por cuanto como se tiene expuesto, a criterio de las señaladas autoridades de apelación se debía cumplir con lo dispuesto en el Reglamento, y que incluso la parte afectada podía volver a solicitar la realización de su declaración. En este contexto, debe considerarse que conforme lo señala la jurisprudencia vertida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la implicancia de los elementos del debido proceso debe ser analizada desde el punto de vista de la incidencia de la acto cuestionado a fin de procurar en la decisión de fondo un efecto modificatorio, pues de no ser así no se advertirá la relevancia de la arbitrariedad denunciada a efectos de determinar la nulidad del fallo examinado, aspecto que es precisamente lo que acontece en el caso, pues no obstante de evidenciarse la insuficiente motivación en relación a la respuesta brindada, dicho aspecto, en función al criterio expuesto por las autoridades de apelación no advierte la posibilidad de variación a efectos de que por este aspecto se emita una determinación modificatoria en la decisión final adoptada. En ese marco de consideración, y al advertirse que, respecto a la denuncia de falta de pronunciamiento sobre el ofrecimiento de sus testigos y la solicitud de declaración, la misma no resultó evidente, no advirtiéndose en función a la respuesta brindada su incidencia en la decisión final, corresponde denegar la tutela solicitada. Concluyendo con los motivos de reclamo realizados en instancia constitucional, es pertinente referirnos a lo aludido en audiencia de la acción tutelar respecto a lo manifestado por la tercera interesada en sentido de que su persona no consintió la interposición de la denuncia contra la accionante, siendo la misma una actuación arbitraria y de exceso de confianza de su entonces abogada patrocinante a quien le otorgó hojas firmadas en blanco a fin de la prosecución del proceso penal instaurado en su contra. Respecto a lo cual debe enfatizarse que el objeto procesal de la presente acción tutelar fue identificado a partir de la última decisión asumida en dentro del proceso disciplinario, por lo que la actuación de este Tribunal debe enmarcarse a ese objeto, mismo que no hizo alusión alguna al respecto por cuanto tampoco se constituyó en un motivo de agravio formulado en el recurso de apelación, correspondiendo en ese marco asumir igual criterio que el explanado a tiempo de resolver el segundo motivo de análisis dentro del presente caso concreto. En cuanto a la vulneración de los elementos de fundamentación del debido proceso, si bien es permisible que este Tribunal pueda ingresar verificar su observancia dentro de las resoluciones judiciales y administrativas que motivan la interposición de las acciones tutelares, no obstante, a ese efecto la parte peticionante de tutela debe manifestar de forma clara y precisa en qué consiste la falencia detectada exponiendo que posibilite a esta instancia constitucional, ingresar a realizar tal labor, aspecto que en el caso de la denuncia de la falta de fundamentación de la Resolución cuestionada, no se advierte, pues todas las denuncias sentadas y que fueron puntualizadas y abordadas daban cuenta de la alegada lesión al elemento congruencia y valoración de la prueba con implicancia en la motivación como vertientes del debido proceso, por lo que, dado el carente sustento argumentativo que permitiese encuadrarlo con el alegado componente de la fundamentación, no corresponde acoger favorablemente la tutela pretendida. Respecto a los derechos a la defensa y trabajo, la impetrante de tutela solo se limitó a referir su lesión sin brindar una mínima carga argumentativa a partir de la cual este Tribunal pueda efectuar la labor de verificación, aspecto que ni siquiera fue subsanado a partir de la observación realizada al memorial de interposición por parte de la Sala Constitucional, subsanación que a más de ello, concentró su denuncia únicamente a los puntos considerados y resueltos en la presente acción tutelar; por lo que, respecto a estos derechos, no corresponde emitir criterio alguno. Igual posición jurisdiccional corresponde aplicar con relación al principio de legalidad, debiéndose añadir al respecto que incluso la protección a principios a partir de las acciones tutelar no opera de forma individual sino vinculado a la vulneración de algún derecho, lo que en el caso tampoco se presenta; y, respecto a los principios de “falta de tipicidad y taxatividad”, los mismos tampoco pueden ser examinados consideraron que constituyen axiomas de vigencia procesal en la esfera administrativa disciplinaria y no constitucional; por lo que, sobre los mismos de igual manera corresponde denegar la tutela.
Resuelta como se encuentra la problemática planteada, corresponde referirnos al trámite procesal desarrollado en la presente acción tutelar, por cuanto de actuados se advierte que habiendo sido interpuesta el 28 de marzo de 2022, la misma fue resuelta recién el 7 de septiembre de igual año, es decir, luego de más de cinco meses de su planteamiento, lo que no condice con la naturaleza y la protección de derechos fundamentales que ostenta dicha acción de defensa. Al respecto, si bien el memorial de interposición de la acción de amparo constitucional fue observado por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a partir del decreto de 29 de marzo de 2022 (fs. 58), habiendo el mismo sido subsanado y por lo tanto admitida la acción mediante Auto de 11 de abril de ese año (fs. 90 y vta.), la audiencia fue fijada recién para el 6 de mayo del mismo año; vale decir, luego de casi un mes de su admisión, cuando el art. 56 del CPCo, establece que dicho actuado debe tener lugar dentro de las cuarenta y ocho horas de interpuesta la acción tutelar, aspecto que evidencia una primera dilación indebida. Posteriormente, no obstante, el lapso prolongado a fin del desarrollo de la audiencia, la misma no fue instalada, reprogramando su consideración mediante decreto de 6 de mayo de 2022 (fs. 98), para el 1 de junio de ese año; es decir, aproximadamente para dentro de casi otro mes más.
No obstante, dicha audiencia no fue realizada, no advirtiéndose en actuados causa aparente, hasta que, por memorial de 6 de junio de 2022, la accionante solicitó nuevo día y hora de audiencia, a lo cual, se fijó nueva programación para el 29 de agosto de ese año (fs. 115 vta.), transcurriendo desde el último señalamiento (1 de junio de 2022) casi tres meses para llevar adelante dicha audiencia. Pese al lapso exagerado en la reprogramación de la audiencia, la misma tampoco tuvo lugar la fecha indicada; ya que, por decreto de 29 de agosto de 2022 (fs. 148), la audiencia fue reprogramada para el 1 de septiembre de ese año, debido a la vacación de uno de los miembros de la citada Sala Constitucional, misma que tampoco tuvo lugar la fecha indicada, sosteniendo mediante decreto de esta última fecha (fs. 150) igualmente la vacación de uno de los Vocales de la indicada Sala y la imposibilidad de convocar a otro Vocal; por lo que, dicho actuado fue fijado para el 7 de ese mes y año, que finalmente fue desarrollado. Como se puede apreciar, el trámite desarrollado en la presente acción tutelar no se sujetó a los parámetros normativos establecidos para el proceso constitucional, habiendo dilatado en demasía la consideración de la audiencia de garantías y la correspondiente resolución del caso concreto, lo que definitivamente no se encuentra acorde con el tramite sumario y de naturaleza inmediata que fue otorgado a la acción de amparo constitucional precisamente por el fin que persigue, que es la protección inmediata de los derechos fundamentales considerados vulnerados. A esto corresponde añadir, que siendo la causa resuelta el 7 de septiembre de 2022, como se tiene establecido, la remisión de actuados ante este Tribunal recién se produjo el 28 de noviembre de ese año conforme puede advertirse de la guía de courier cursante a fs. 162, cuando al respecto los arts. 129.IV de la CPE y 38 del CPCo, establece que esta remisión debe realizarse en el plazo de veinticuatro horas, no obstante en el caso pese a la demora en la sustanciación de la audiencia, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz nuevamente incurrió en una dilación indebida al remitir la causa ante este Tribunal, luego de más de dos meses de emitida la Resolución 199/2022 de 7 de septiembre. Finalmente, otro aspecto que también llama la atención, es que pese a la demora en la remisión de actuados, los miembros de la mencionada Sala, no tuvieron el cuidado de enviar todos los actuados pertinentes a fin de la resolución de la causa en la fase de revisión del proceso constitucional; pues, si bien la indicada Sala observó la pertinencia de acompañar a la acción la notificación con la última determinación asumida en el proceso disciplinario, y siendo que conforme refiere el memorial de subsanación esta diligencia habría sido adjuntada a dicho escrito, y por lo tanto mereció la admisión de la referida acción tutelar, sin embargo, dicha constancia no fue remitida, ni advertida oportunamente sobre una eventual falta de constancia de presentación, siendo la misma crucial a fin de establecer el cumplimiento en la causa del principio de inmediatez, lo que si bien fue superado a partir del informe brindado por las autoridades accionadas; no obstante, extraña tan negligente actuación, que en su caso hubiese repercutido a que esta instancia de revisión solicite la remisión de dicho actuado, demorando aún más la emisión de una sentencia con calidad de cosa juzgada constitucional. Es a partir de todas estas irregularidades en el trámite desarrollado en la presente acción de defensa, que corresponde llamar la atención a los Vocales de la citada Sala Constitucional, a fin de que en futuras actuaciones no incurran en las falencias detectadas, que más allá del orden formal y el tratamiento otorgado a las acciones tutelares, repercute en la falta de acceso pronto y oportuno al sistema de justicia constitucional; lo cual además, se extiende de la misma, para que de igual manera en el ámbito de sus funciones observe las características enfatizadas que rigen la tramitación de este tipo de acciones de defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, no asumió la decisión correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve; REVOCAR la Resolución 199/2022 de 7 de septiembre, cursante de fs. 159 a 161 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos desarrollados precedentemente; y, 2° Llamar la atención a Israel Ramiro Campero Méndez y Alfredo Jaimes Terrazas, Vocales; y, Mónica Quispe Fernández, Secretaria, todos de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el trámite procesal desplegado en la presente acción tutelar, conforme a lo expuesto en el acápite III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0570_2024-S2.pdf · páginas 1 a 23.
Huella digital del PDF (SHA-256): b20049f8a7733296d4094ad941df8b38abc38b0fe7202eecee95cfd9919e92cf
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