B.IA.LEGAL

SCP 0569/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 16 de junio de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de junio de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55024-2023-111-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de congruencia vinculada a la fundamentación y motivación, así como los principios de legalidad, taxatividad, jerarquía de los actos administrativos, de los límites a la discrecionalidad y de buena fe, alegando que: dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, las autoridades demandadas, el Director y la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ambos de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, emitieron la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022 de 28 de diciembre, complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023, que ratificaron la sanción impuesta de suspensión sin remuneración por un mes, incurriendo a criterio del impetrante de tutela en las siguientes ilegalidades: i) No se advirtió en ninguno de los acápites de la resolución impugnada argumentos que respondan a los tres cuestionamientos efectuados en su recurso jerárquico, lesionando así su derecho al debido proceso en su componente de congruencia vinculados con la fundamentación y motivación, puesto que no se determinó de forma clara y concreta, el grado de responsabilidad vinculada con las obligaciones y deberes que eventualmente no hubiera cumplido o infringido, ya que solo fue involucrado de forma genérica, con tipificación insuficiente, pues no se advierte una descripción de los elementos esenciales de cada conducta, lo que por supuesto lesionó su derecho a la defensa a partir de no conocer expresamente cual es el cargo que se le pretende acusar, el hecho que habría motivado la infracción y el vínculo de causalida…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 49/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 459 a 464, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Oscar Copa Gonzales, Director;

de la Dirección Departamental de Educación de Oruro; y en consecuencia; 2° Disponer que el Director de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, emita nueva resolución en observancia del debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3º DENEGAR la tutela respecto Mónica Claudia Larrea Nina, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, por carecer esta de legitimación pasiva.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. La legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional
  4. III.4. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0569/2025-S3 Sucre, 16 de junio de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 55024-2023-111-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 49/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 459 a 464, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Raúl Roberto Villca Itamari contra Oscar Copa Gonzales, Director Departamental de Educación de Oruro; y, Mónica Claudia Larrea Nina, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 13 de abril 2023, cursantes de fs. 375 a 391 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En su condición de Director Distrital de Educación de Huanuni, tomó conocimiento de posibles hechos de corrupción presuntamente cometidos por la profesora Paola Andrea Morochi Arapa -ahora tercera interesada-, ante lo cual, requirió informes, estableciéndose la inasistencia injustificada de la nombrada a su fuente laboral en la Unidad Educativa Adela Zamudio, porque presuntamente se hubiese contagiado en más de una oportunidad de COVID-19, sufriendo los respectivos síntomas y consecuencias de la enfermedad por el periodo comprendido del 26 de marzo de 2021 a mayo de 2022, y que en virtud a una presunta fractura de meseta tibial, permaneció con yeso durante ocho semanas, del 30 de mayo al 1 de julio del indicado año. Por tal motivo, a efectos de corroborar tales extremos, el impetrante de tutela afirma que solicitó información al Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Oruro, obteniendo documentación referente a la tramitación y realización de dos internados rotatorios de la universitaria Paola Andrea Morochi Arapa, mismos que claramente se dieron durante las mencionadas fechas en que esta se encontraba presuntamente enferma, resultando evidente la responsabilidad administrativa cometida por la referida profesora, que claramente incumplió sus funciones, puesto que no asistió a su fuente laboral por más de un año, percibiendo su salario de manera normal. Posteriormente, mediante Auto de 16 de septiembre de 2022, el Tribunal Disciplinario Administrativo de la Dirección Departamental de Educación de Oruro le inició proceso disciplinario, así como a la Directora de la Unidad Educativa Adela Zamudio y referida profesora, involucrándosele de manera forzada, señalando que su conducta estuviera “asumiendo una suerte” de incumplimiento de sus obligaciones, haciendo mención a normativa genérica, en total ausencia del principio de taxatividad que permita conocer específicamente cual fue su conducta que se enmarque en un aparente incumplimiento. Ante tales circunstancias, interpuso incidente de nulidad de obrados, acusando la ausencia de motivación en el auto de inicio del proceso, pues no se hizo una vinculación adecuada entre su aparente conducta y las normas que implicarían una sanción, el cual fue rechazado, inobservando que propuso como medios probatorios, que su persona tomó todas las medidas vinculadas al respecto en su condición de autoridad distrital. Posteriormente, sin valorar de forma alguna los medios probatorios de descargo, se emitió la Resolución Final de 25 de octubre de 2022, mediante la cual, se pretendió adecuar su conducta a la existencia de responsabilidad administrativa; por lo que, el 16 de noviembre de 2022 interpuso recurso de revocatoria, mereciendo la Resolución de recurso de revocatoria de 28 de idéntico mes y año, que confirmó la aludida Resolución Final; empero, asumiendo otro tipo de faltas, acusándole como responsable de incumplir normas de la Constitución Política del Estado, cuando en la Resolución Final se le hizo responsable de faltas referentes al incumplimiento de deberes, insertos en el art. 24 incs. a), b) y c) del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública (CASEP), demostrando de forma ineludible que la Resolución de Revocatoria, no evaluó absolutamente ningún criterio vinculado con las denuncias realizadas en la actividad recursiva y simplemente hizo una equivocada argumentación para confirmar la citada Resolución Final. Determinación ante la cual, formuló recurso jerárquico, resuelto por el Director Departamental de Educación de Oruro -ahora autoridad demandada-, quien mediante la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022 de 28 de diciembre, complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023, confirmó la Resolución de Revocatoria y por ende la Resolución Final, ello en total ausencia de fundamentación y motivación, así como tipificación legal, puesto que no se determinó de forma clara y concreta el grado de responsabilidad vinculada con las obligaciones y deberes que eventualmente no hubiera cumplido o infringido, ya que solo fue involucrado de forma genérica con tipificación insuficiente, pues no se advierte una descripción de los elementos esenciales de cada conducta, lo que por supuesto lesionó su derecho a la defensa a partir de no conocer expresamente cual es el cargo que se le pretende acusar, el hecho que habría motivado la infracción y el vínculo de causalidad con la contravención. En ese sentido, en la Resolución Jerárquica cuestionada no se advirtió en ninguno de sus acápites argumentos referentes a los tres cuestionamientos efectuados en su recurso jerárquico, ya que simplemente se hizo una transcripción global de la Resolución de Revocatoria, principios administrativos, la finalidad del proceso interno, cita de fallos constitucionales, incluso en su considerando quinto describió la finalidad del proceso administrativo, lesionando así su derecho al debido proceso en sus componente de congruencia vinculados con la fundamentación y motivación. Asimismo, se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, puesto que ninguna de las pruebas de descargo adjuntas, consistentes en informes públicos fueron valoradas, aspecto que persistió y se reclamó desde la emisión de la Resolución Final, Resolución de Revocatoria y Resolución Jerárquica, las cuales debieron ser apreciadas en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas, de acuerdo con las reglas de apreciación o incluso en caso de no ser adecuadas, se debió eventualmente determinar que las mismas podrían ser inconducentes o desestimarlas por impertinentes.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia vinculada a la fundamentación y motivación, así como los principios de legalidad, taxatividad, jerarquía de los actos administrativos, de los límites a la discrecionalidad y de buena fe, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se declare nula y sin valor legal la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022 de 28 de diciembre, complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023; b) Se ordene a las autoridades demandadas emitan nueva resolución conforme al recurso jerárquico interpuesto; y, c) La condenación de daños y perjuicios a las autoridades demandadas, pues la ausencia de cumplimiento de normas constitucionales, ocasionó un daño económico a su persona al haberse consumado la suspensión sin goce de haberes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 447 a 458, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante ratificó in extenso en el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo señaló que: 1) La acción tutelar fue dirigida contra las dos autoridades que suscribieron la Resolución Jerárquica 07/2022, y ante la ausencia de informe del Director demandado, se presume la veracidad de los hechos reclamados; y, 2) Fue incorporado de manera sui generis a un proceso disciplinario, a partir de la denuncia efectuada a raíz de la conducta de una maestra, iniciándose el proceso de investigación en la Unidad de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, estableciéndose que Andrea Morochi Arapa, habría estado con baja médica permanente durante casi quince meses, sin asistir a su fuente laboral en la localidad de Huanuni, arguyendo una serie de temas de carácter médico, simultáneamente se evidenció que en ese lapso, la nombrada realizó sus internados rotatorios para su formación académica; empero, fue vinculado a dicho proceso por incumplir el art. 24 incs. a), b) y c) del CASEP, señalando que “el Director Distrito de Educación de Huanuni como funcionario público omitió, rehusó hacer o retardo un acto propio de su función, causando daños económicos a su entidad, incumpliendo funciones y ocasionando que las partes puedan accionar Amparo Constitucionales, trasgrediendo las disposiciones establecidas en el CASEP” (sic); 3) En ese sentido, el daño económico, la omisión de funciones, rehusar actividades y generar la interposición de acciones tutelares, no se adecuan al citado artículo en sus distintos incisos; asimismo, en la Resolución Jerárquica se señaló el incumplimiento del art. 235.1 y 2 de la CPE, sin hacer referencia al art. 24 incs. a), b) y c) del CASEP, sancionándole con una norma con la que no inició el proceso disciplinario.

I.2.2. Informe de los demandados

Oscar Copa Gonzales, Director Departamental de Educación de Oruro, a través de memorial presentado el 19 de abril de 2023, cursante a fs. 446, solicitó se señale nueva fecha de audiencia, debido a que en su condición de autoridad y en cumplimiento de su agenda institucional, tiene la actividad de entrega de ítems. Mónica Claudia Larrea Nina, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, en audiencia pública, manifestó lo siguiente: i) La tramitación del proceso disciplinario se encuentra sujeta a una legislación especial, lo que implica que se realizó conforme al Decreto Supremo (DS) 23318-A, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001; ii) El accionante señaló que la Dirección Departamental de Educación de Oruro siguió de oficio el proceso disciplinario, aspecto falso, ya que fue a sugerencia y recomendación del Informe 005/2022 de 6 de septiembre, emitido por el Responsable de la Unidad de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, quien advirtiendo la irregularidad de la maestra del distrito de Huanuni, no solo recomendó se instaure el proceso disciplinario al accionante, sino también a la Directora de la Unidad Educativa Adela Zamudio y a la referida maestra; a éstas últimas dos, vía el Tribunal Administrativo Disciplinario de Challapata, puesto que el accionante en su condición de Director Distrital de Educación de Huanuni no podía ser juez y parte a la vez; iii) El accionante dejó de lado sus funciones de supervisión y seguimiento a la unidades educativas, desde la gestión 2021 hasta julio de 2022, puesto que de no ser así, este hubiera advertido con anterioridad lo que estaba sucediendo en la Unidad Educativa Adela Zamudio, motivo por el cual, se le inició el proceso disciplinario; iv) Del contenido de la Resolución Final, se tiene que se hizo una valoración integral de la prueba aportada durante el proceso por parte del Tribunal de primera instancia; v) En cuanto a la denuncia de incongruencia, se emitió pronunciamiento respecto a la pretensión especificada que dio origen al proceso disciplinario, si bien, en las Resoluciones de Revocatoria y Jerárquica se hizo mención al art. 235.1 de la CPE; sin embargo, en el Auto de inicio del proceso se especificó que hubiera incurrido el accionante en lo enmarcado en los art. 24 incs. a), b) y c), 59 y 69 del CASEP; vi) Respecto a la motivación, entendida como la explicación de las razones del porque el accionante incurrió en las referidas faltas, tanto del Auto de inicio del proceso como de la Resolución Final, se tiene que se especificó claramente que el accionante al tener la función de supervisar y controlar las unidades educativas, hubiera pasado por alto que una maestra de Huanuni, no hubiera cumplido con la suplencia en los tiempos que exige la ley, ya que tal aspecto se prolongó, puesto que existe un documento de parte mensual firmado todos los meses por la autoridad distrital, en el cual, se registran los ingresos y salidas de los maestros, sin identificar el accionante dicha irregularidad; vii) En cuanto a la valoración probatoria, se tiene que en la Resolución Jerárquica se mencionó la teoría probatoria, haciendo mención nuevamente al Informe que recomendó el inicio del proceso, en el cual se hizo una recopilación de toda la información, también se valoró los elementos probatorios presentados por el accionante; empero, no dieron mayores elementos para desvirtuar lo denunciado; viii) Los recursos de revocatoria y jerárquico son una copia fiel, en los cuales no se hubiera señalado que agravios hubiera sufrido, simplemente se basó en los “principios” de motivación, congruencia y valoración de la prueba, que serían inexistentes en la Resolución Jerárquica, aspecto totalmente falso; y, ix) La Resolución Jerárquica ratificó la sanción impuesta; por lo que, se notificó al accionante con la Nota 132/2023 de 23 de marzo, referente a la suspensión de funciones del 8 de marzo al 8 de abril de 2023, en su condición de Director Distrital de Educación de Huanuni, sanción que ya fue cumplida, reincorporándose a sus funciones el 10 de igual mes y año, fungiendo nuevamente sus actividades laborales.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Paola Andrea Morochi Arapa, en audiencia pública manifestó que la determinación que vaya a emitir la Sala Constitucional, sea en uno u otro sentido, no le afectara, ya que se encuentra sometida a un proceso penal.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante la Resolución 49/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 459 a 464, concedió en parte la tutela solicitada, respecto al Director Departamental de Educación de Oruro, y denegó la tutela en relación a la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, disponiendo dejar sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022 de 28 de diciembre, debiendo el Director demandado emitir nueva Resolución; pronunciándose sobre todos los agravios formulados en el recurso jerárquico, particularmente sobre la incongruencia en relación a los artículos por los cuales se apertura el proceso disciplinario, que concluyó con la Resolución Jerárquica, sea en el plazo establecido por la normativa inherente a este tipo de procesos disciplinarios en el área de educación, ello con base en los siguientes fundamentos: a) La Resolución Jerárquica emitida por el Director Departamental de Educación de Oruro, debía responder a los agravios formulados en el recurso jerárquico, mediante el cual el accionante reclamó que el Tribunal Administrativo Disciplinario que tal instancia administrativa no efectuó una valoración integral de la prueba aportada de su parte, así como que se habría causado daño económico, incumpliendo sus funciones; empero, no se estableció cual sería el daño o como podría ser determinado tal extremo; asimismo, como su accionar podría haber generado la interposición de acciones de amparo constitucional; b) De la estructura de la Resolución Jerárquica, se advierte que en el primer considerando se hizo una relación de los antecedentes; en el considerando segundo, se refiere a la teoría probatoria, mencionando varios elementos de prueba que sustentarían su determinación; en el considerando tercero, expuso sus fundamentos, concretizando la teoría inherente a los procesos disciplinarios en cuanto al principio de legalidad y otros; en el considerando cuarto, se refiere a la finalidad del proceso interno y su fundamentación técnica jurídica, haciendo alusión a la motivación y congruencia, citando las normas atinentes al proceso disciplinario, así como fallos constitucionales que se aplican al caso; para que en el considerando quinto, concluir con lo que sería propiamente el valor que se le da a la resolución impugnada de forma escueta, donde si bien se respondió a parte de los agravios fue con una motivación insuficiente; c) El Auto inicial del proceso refiere la existencia de indicios de responsabilidad administrativa, conforme establece el art. 52 inc. m) en relación a los arts. 24 incs. a), b) y c); y, 25 del CASEP, marco normativo por el cual, se aperturó el proceso; sin embargo, la Resolución Final no guarda relación, por cuanto simple y llanamente refiere que se establece la existencia de responsabilidad administrativa en función del art. 24 incs. a), b) y c), sin hacer referencia al art. 25, por el cual también se aperturó el proceso; d) La Resolución de Revocatoria confirmó en todas sus partes la Resolución Final; empero, en función a una contravención a normas administrativas, puesto que el art. 235.1 y 2 de la CPE, no fue consignado en el Auto inicial del proceso, tampoco en la Resolución Final, de manera que existe incongruencia; e) La Resolución Jerárquica en relación a la Resolución de Revocatoria confirmó la Resolución Final de la misma manera, haciendo alusión al art. 235.1 y 2 de la CPE, advirtiéndose una omisión en cuanto al art. 24 incs. a), b) y c) del CASEP, por los cuales se inició el proceso disciplinario; f) En la Resolución Jerárquica se hizo referencia a varios documentos; empero, es necesaria la motivación y fundamentación, así como darle el valor que corresponda a cada uno de los medios de prueba de descargo aportado por los procesados; y, g) La Resolución Jerárquica impugnada por esta acción tutelar fue emitida por el Director Departamental de Educación de Oruro, y no así por la Jefa de Asuntos Jurídicos codemandada; por lo que, en relación a ésta, la solicitud de tutela no es atendible por falta de legitimación pasiva. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el accionante solicitó se complemente lo siguiente: 1) La condenación de daños y perjuicios a la autoridad demandada; y, 2) La reposición salarial, puesto que se acreditó que fue suspendido en base a la Resolución Jerárquica cuestionada, sin percibir su salario; por lo que, solicitó la reposición salarial. Ante tal solicitud, la Sala Constitucional señaló que: i) La actuación de la autoridad demandada es excusable; por lo tanto, no corresponde la condenación de costas ni reparación de daños y perjuicios; y, ii) Se dispuso la anulación de la Resolución Jerárquica; en consecuencia, no existe cosa juzgada, por lo que todos los actos posteriores tendrían que ser dejados sin efecto, ello supone indudablemente el resarcimiento del salario hasta que se emita nueva resolución que determine o no la responsabilidad administrativa con las consecuencias que ello suponga.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Informe 005/2022 de 6 de septiembre, emitido por Einar Igor Laura Quispe, Responsable de la Unidad de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, mediante el cual, recomendó a Oscar Copa Gonzales, Director Departamental de Oruro -ahora autoridad demandada-, derivar antecedentes al Tribunal Disciplinario Administrativo, a efectos de disponer el inicio del proceso disciplinario contra Raúl Roberto Villca Itamari, Director Distrital de Educación de Huanuni -ahora accionante-, por la presunta contravención al art. 52 inc. m) concordante con los arts. 24 incs. a), b) y c); y, 25 del CASEP, aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 062/00 de 17 de febrero de 2000, tras haber incumplido lo establecido en el DS 813 en su art. 14 incs. a), d) y n), concordante con la RM 162/01; así también la remisión de antecedentes de Ximena Lenny Claros Aranda, Directora de la Unidad Educativa Adela Zamudio y la profesora Paola Andrea Morochi Arapa (fs. 3 a 18).

II.2. Por Auto de 16 de septiembre de 2022, el Tribunal Disciplinario Administrativo, determinó el inicio de proceso disciplinario contra el accionante, por existir indicios de responsabilidad administrativa presumiéndose la vulneración del art. 52 inc. m) con relación al art. 24 incs. a), b) y c) del CASEP (fs. 132 a 137 vta.). II.3. Cursa Resolución Final de 25 de octubre de 2022, emitida por el Tribunal Disciplinario Administrativo, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa del accionante, por incumplimiento de deberes señalados en el art. 24 incs. a), b) y c) del CASEP, conexo con lo dispuesto en el art. 3 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, y conforme lo establecido en el art. 52 inc. m) del CASEP, tal actuar se constituye en falta grave, sancionándole con la suspensión sin remuneración por un mes calendario (fs. 307 a 316). II.4. A través de memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, el accionante formuló recurso de revocatoria (fs. 318 a 320 vta.), mereciendo la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de noviembre de 2022, que confirmó la citada Resolución Final, manteniendo incólume y sin modificación la sanción impuesta, por la contravención “a normas administrativas, a saber: la Constitución Política del Estado en su Art. 235 Núm. 1) y 2), la inobservancia al reglamento que constituyen falta o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones conexo con lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica…” (sic [fs. 322 a 325]). II.5. Mediante memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, el accionante planteo recurso jerárquico, identificando como agravios: a) La carencia de fundamentación y motivación respecto a los hechos de los que se le acusa, debido a que se concluyó en seis líneas su responsabilidad administrativa; b) No se hizo una valoración integral de la prueba de descargo aportada; y, c) Se le hizo responsable de un daño económico, sin describir como su persona o su conducta generó dicho daño, así como la posible interposición de acciones de amparo constitucional, sin explicación alguna; es decir, no guarda congruencia con los actos por los que fue acusado inicialmente y lo que finalmente se resolvió, lesionando el debido proceso en su elemento congruencia (fs. 327 a 329). II.6. Conforme la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022 de 28 de diciembre, emitida por el Director y la Jefa de Asuntos Jurídicos demandados, se resolvió confirmar la Resolución Final, manteniendo incólume y sin modificación la sanción impuesta, por la contravención “a normas administrativas, a saber: la Constitución Política del Estado en su Art. 235 Núm. 1) y 2), la inobservancia al reglamento que constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones conexo con lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento de la Responsabilidad por Función Pública…” (sic), bajo los siguientes argumentos: 1) De la lectura integra del recurso jerárquico planteado, se puede verificar la existencia de requerimientos emitidos y la transcripción de normativa, como también jurisprudencia en la fundamentación jurídica, sin hacer mayor argumentación respecto a los agravios que se hubiera sufrido; 2) La protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administradores se traduce en la prevalencia de la verdad objetiva; toda vez que, es de interés del Estado velar por el principio de legitimidad de sus propios actos, correspondiendo a la administración pública agotar de oficio los medios de prueba a su alcance, para el correcto esclarecimiento de la situación que se plantee del análisis y evaluación; y, 3) La administración pública se encuentra obligada a imponer sanción al administrado infractor de forma justa y equitativa, cuya acepción se encuentra dentro de los principio generales del derecho, adquiere una real trascendencia en el ámbito del derecho administrativo sancionador, al constituirse en una eficaz herramienta que resguarda los derechos del procesado, frente a la discrecionalidad de la administración pública a tiempo de imponer sanciones, principio que es rescatado por el art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo (fs. 338 a 342 vta.). II.7. Por Auto de 3 de marzo de 2023, las autoridades demandadas, ante la solicitud de aclaración y complementación del accionante, declararon procedente la misma, complementado que se confirma la Resolución de Recurso de Revocatoria en relación a la Resolución Final, manteniendo incólume y sin modificación la sanción impuesta, por la contravención “a normas administrativas, a saber: la Constitución Política del Estado en su Art. 235 Núm. 1) y 2), la inobservancia al reglamento que constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones conexo con lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública…” (sic [fs. 368 a 370]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso, en sus elementos de congruencia vinculada a la fundamentación y motivación, así como los principios de legalidad, taxatividad, jerarquía de los actos administrativos, de los límites a la discrecionalidad y de buena fe, alegando que: dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, las autoridades demandadas, el Director y la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ambos de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, emitieron la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022 de 28 de diciembre, complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023, que ratificaron la sanción impuesta de suspensión sin remuneración por un mes, incurriendo a criterio del impetrante de tutela en las siguientes ilegalidades: i) No se advirtió en ninguno de los acápites de la resolución impugnada argumentos que respondan a los tres cuestionamientos efectuados en su recurso jerárquico, lesionando así su derecho al debido proceso en su componente de congruencia vinculados con la fundamentación y motivación, puesto que no se determinó de forma clara y concreta, el grado de responsabilidad vinculada con las obligaciones y deberes que eventualmente no hubiera cumplido o infringido, ya que solo fue involucrado de forma genérica, con tipificación insuficiente, pues no se advierte una descripción de los elementos esenciales de cada conducta, lo que por supuesto lesionó su derecho a la defensa a partir de no conocer expresamente cual es el cargo que se le pretende acusar, el hecho que habría motivado la infracción y el vínculo de causalidad con la contravención; y, ii) Se vulneró además, su derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, puesto que ninguna de las pruebas de descargo adjuntas, consistentes en informes públicos fueron valoradas de acuerdo con las reglas de apreciación o incluso en caso de no ser adecuadas, se debió eventualmente determinar que las mismas podrían ser inconducentes o desestimarlas por impertinentes; por tales motivos, solicitó que se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia se declare nula y sin valor legal la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022 de 28 de diciembre, complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023; se ordene a las autoridades demandadas emitan nueva resolución conforme al recurso jerárquico interpuesto; y la condenación de daños y perjuicios a las autoridades demandadas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:

a) [D]ebe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

Razonamiento desarrollado en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0025/2018-S2 de 28 de febrero, 0238/2018-S2 de 11 de junio, 0297/2018-S2 de 25 de junio, a partir de una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostuvo que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.

13El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 14El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 15El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”. 16El FJ III.2 estableció: “En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente:

En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”. 17La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre. Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes. Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

parte accionante referidas a: “…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…” (las negrillas son añadidas). Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. A partir de lo señalado, esta Sala en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, esta Sala concluyó que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

III.3. La legitimación pasiva en las acciones de amparo constitucional

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0837/2018-S2 de 20 de diciembre, asumió el siguiente razonamiento: La legitimación pasiva se constituye en un requisito de admisibilidad de forma para la presentación de la acción de amparo constitucional, es así que el art. 33.2 del CPCo, señala que al momento de su interposición se identifique: “Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción, o los datos básicos para identificarla o identificarlo, así como, en el caso de que se conozca, el lugar dónde pueda ser notificada o notificado”; la citada normativa, dispone que la identificación precisa del demandado en la acción de amparo constitucional, es una exigencia que permite saber quién o quiénes son los sujetos que considera el accionante lesionaron sus derechos o garantías constitucionales. Respecto a la jurisprudencia constitucional, la SC 691/01-R de 9 de julio de 2001, señaló que la legitimación pasiva debe ser entendida como la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; posteriormente, la SC 158/02-R de 27 de febrero de 2002, determinó que la legitimación pasiva es la capacidad jurídica otorgada al funcionario público o persona particular para ser recurrido en impugnación de su acto, decisión u omisión que lesiona los derechos o garantías constitucionales de una persona.

De acuerdo a la normativa y jurisprudencia constitucional, se resume que legitimación pasiva corresponde solamente a la persona o personas naturales o individuales, sea servidor, autoridad o particular que hubiera restringido, suprimido o amenazado restringir o suprimir los derechos y garantías de las personas, reconocidas por la Constitución Política del Estado y las leyes; en consecuencia, corresponde dirigir la acción de amparo constitucional contra la persona individual o personas individuales que cometieron el acto ilegal.

III.4. Análisis del caso concreto

Dentro del presente caso, el accionante denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia vinculada a la fundamentación y motivación, así como los principios de legalidad, taxatividad, jerarquía de los actos administrativos, de los límites a la discrecionalidad y de buena fe, alegando que, dentro del proceso disciplinario seguido en su contra, las autoridades demandadas, emitieron la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022 de 28 de diciembre, complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023, que ratificaron la sanción impuesta de suspensión sin remuneración por un mes, incurriendo en las siguientes ilegalidades: a) No se advirtió en ninguno de sus acápites argumentos a los tres cuestionamientos efectuados en su recurso jerárquico, lesionando así su derecho al debido proceso en su componente de congruencia vinculados con la fundamentación y motivación, puesto que no se determinó de forma clara y concreta el grado de responsabilidad vinculada con las obligaciones y deberes que eventualmente no hubiera cumplido o infringido, ya que solo fue involucrado de forma genérica con tipificación insuficiente, pues no se advierte una descripción de los elementos esenciales de cada conducta, lo que por supuesto lesionó su derecho a la defensa a partir de no conocer expresamente cual es el cargo que se le pretende acusar, el hecho que habría motivado la infracción y el vínculo de causalidad con la contravención; y, b) Se vulneró su derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, puesto que ninguna de las pruebas de descargo adjuntas, consistentes en informes públicos fueron valoradas de acuerdo con las reglas de apreciación o incluso en caso de no ser adecuadas, se debió eventualmente determinar que las mismas podrían ser inconducentes o desestimarlas por impertinentes. Identificada la problemática traída en revisión, resulta necesario conocer el contexto del cual emerge la misma; en ese sentido, de las Conclusiones a las que se arribaron en el presente fallo constitucional, se tiene que mediante Informe 005/2022 de 6 de septiembre, el Responsable de la Unidad de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, recomendó al Director demandado, derivar antecedentes al Tribunal Disciplinario Administrativo, a efectos de disponer el inicio del proceso disciplinario contra el accionante, la Directora de la Unidad Educativa Adela Zamudio y la profesora Paola Andrea Morochi Arapa (Conclusión II.1);

En consecuencia, por Auto de 16 de septiembre de 2022, se determinó el inicio de proceso disciplinario contra el accionante, por existir indicios de responsabilidad administrativa presumiéndose la vulneración del art. 52 inc. m) con relación al art. 24 incs. a), b) y c) del CASEP (Conclusión II.2); Emitiéndose la Resolución Final de 25 de octubre de 2022, que declaró la existencia de responsabilidad administrativa del accionante, por incumplimiento de deberes señalados en el art. 24 incs. a), b) y c) del CASEP, conexo con lo dispuesto en el art. 3 del Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública, y conforme lo establecido en el art. 52 inc. m) del CASEP, tal actuar se constituye en falta grave, sancionándole con la suspensión sin remuneración por un mes calendario (Conclusión II.3).

Por lo que, a través de memorial presentado el 16 de noviembre de 2022, el accionante formuló recurso de revocatoria, mereciendo la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de noviembre de 2022, que confirmó la citada Resolución Final, manteniendo incólume y sin modificación la sanción impuesta, por la contravención “a normas administrativas, a saber: la Constitución Política del Estado en su Art. 235 Núm. 1) y 2), la inobservancia al reglamento que constituyen falta o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones conexo con lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública…” (sic [Conclusión II.4]); Ante lo cual por memorial presentado el 9 de diciembre de 2022, el accionante planteó recurso jerárquico (Conclusión II.5); emitiendo las autoridades demandadas la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022 de 28 de diciembre, que confirmó la Resolución Final, manteniendo incólume y sin modificación la sanción impuesta, por la contravención “a normas administrativas, a saber: la Constitución Política del Estado en su Art. 235 Núm. 1) y 2), la inobservancia al reglamento que constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones conexo con lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento de la Responsabilidad por Función Pública…” (sic [Conclusión II.6]); determinación complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023, que confirmó la Resolución de Recurso de Revocatoria en relación a la Resolución Final, manteniendo incólume y sin modificación la sanción impuesta (Conclusión II.7).

III.4.1. Sobre la falta de legitimación pasiva alegada por la Jefa de la unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de Oruro

Previamente al análisis de fondo de las problemáticas planteadas, corresponde señalar que conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, la legitimación pasiva debe ser entendida como la calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción; por lo que ante el reclamo de la codemandada, corresponde dilucidar tal extremo. En cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada, respecto de la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos a.i., según lo determinado por el art. 75. inc. a), del Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, la fase recursiva del proceso sumario disciplinario se encuentra de forma exclusiva a cargo del Director Departamental de Educación, por lo que la indicada norma no establece la participación de ninguna otra autoridad en dicho acto administrativo, en ese contexto, resulta claro que no existe un Tribunal Colegiado de segunda instancia, que se encuentre conformado por el Director Dirección Departamental de Educación de Oruro y la Jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha entidad.

Por lo previamente detallado, resulta claro que la suscripción de la resolución por parte de la referida Jefa de Unidad de Asuntos Jurídicos, no se constituye en un acto de ejercicio de potestad resolutiva, sino que su concurrencia se limita al asesoramiento consultivo y registro del acto, administrativo suscrito por la autoridad administrativa; por tal motivo esta carece de legitimación pasiva, correspondiendo en consecuencia la denegatoria de tutela en su caso. Una problemática similar fue resuelta por la SCP 0252/2023-S4 de 8 de mayo, en la que se estableció que fue la autoridad administrativa la que emitió el acto, y no así el Director Jurídico, por lo que este carecía de legitimación pasiva.

Precisado tal extremo, y conocidos los antecedentes del presente caso, corresponde a continuación verificar si las denuncias realizadas por el accionante son evidentes y si en efecto las autoridades demandadas actuaron apartándose de la normativa vigente; así se tiene:

III.4.2. Sobre la primera problemática (falta de congruencia)

El accionante denunció que las autoridades demandadas al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022, complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023, en ninguno de sus acápites emitió argumentos a los tres cuestionamientos efectuados en su recurso jerárquico, lesionando así su derecho al debido proceso en su componente de congruencia vinculados con la fundamentación y motivación, puesto que no se determinó de forma clara y concreta el grado de responsabilidad vinculada con las obligaciones y deberes que eventualmente no hubiera cumplido o infringido, ya que solo fue involucrado de forma genérica con tipificación insuficiente, pues no se advierte una descripción de los elementos esenciales de cada conducta, lo que por supuesto lesionó su derecho a la defensa a partir de no conocer expresamente cual es el cargo que se le pretende acusar, el hecho que habría motivado la infracción y el vínculo de causalidad con la contravención. Al respecto, conforme la jurisprudencia inserta en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se entiende a la congruencia de las resoluciones como parte esencial del debido proceso, que consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; que no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. En ese contexto, de lo descrito en la Conclusión II.5 de este fallo constitucional, se tiene que el accionante a momento de interponer su recurso jerárquico, identificó como agravios los siguientes: 1) La carencia de fundamentación y motivación respecto a los hechos de los que se le acusa, debido a que se concluyó en seis líneas su responsabilidad administrativa; 2) No se hizo una valoración integral de la prueba de descargo aportada; y, 3) Se le hizo responsable de un daño económico, sin describir como su persona o su conducta generó dicho daño, así como la posible interposición de acciones de amparo constitucional, sin explicación alguna; es decir, no guarda congruencia con los actos por los que fue acusado inicialmente y lo que finalmente se resolvió, lesionando el debido proceso en su elemento congruencia. Ante dichos agravios argumentados por parte del accionante en su recurso jerárquico, las autoridades demandadas, emitieron la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022, complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023, resolviendo confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria en relación a la Resolución Final, manteniendo incólume y sin modificación la sanción impuesta, por la contravención “a normas administrativas, a saber: la Constitución Política del Estado en su Art. 235 Núm. 1) y 2), la inobservancia al reglamento que constituyen faltas o infracciones disciplinarias cometidas en el ejercicio de las funciones conexo con lo dispuesto en el Art. 3 del Reglamento de la Responsabilidad por Función Pública…” (sic), bajo los siguientes argumentos:

i) De la lectura integra del recurso jerárquico planteado, se puede verificar la existencia de requerimientos emitidos y la transcripción de normativa, como también jurisprudencia en la fundamentación jurídica, sin hacer mayor argumentación respecto a los agravios que se hubiera sufrido. ii) La protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administradores se traduce en la prevalencia de la verdad objetiva; toda vez que, es de interés del Estado velar por el principio de legitimidad de sus propios actos, correspondiendo a la administración pública agotar de oficio los medios de prueba a su alcance, para el correcto esclarecimiento de la situación que se plantee del análisis y evaluación.

iii) La administración pública se encuentra obligada a imponer sanción al administrado infractor de forma justa y equitativa, cuya acepción se encuentra dentro de los principio generales del derecho, adquiere una real trascendencia en el ámbito del derecho administrativo sancionador, al constituirse en una eficaz herramienta que resguarda los derechos del procesado, frente a la discrecionalidad de la administración pública a tiempo de imponer sanciones, principio que es rescatado por el art. 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo. En ese sentido, se advierte que las autoridades demandadas, al momento de emitir la Resolución Jerárquica cuestionada, no dieron respuesta a cada uno de los agravios denunciados por el accionante en su recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de Recurso de Revocatoria de 28 de noviembre de 2022; toda vez que, no existe correspondencia o coincidencia entre el planteamiento del accionante y lo resuelto por las autoridades demandadas, ya que simplemente se limitaron a señalar la ausencia de mayor argumentación respecto a los agravios que hubiera sufrido el accionante, extremo ratificado por la codemandada, quien en audiencia de consideración de la presente acción de defensa, señaló que el accionante al momento de interponer su recurso jerárquico simplemente se basó en la denuncia de inexistencia de los “principios” de motivación, congruencia y valoración de la prueba, resultado por demás evidente la falta de congruencia al no concurrir la plena correspondencia entre las interrogantes vertidas por el accionante deducidas en su recurso jerárquico y lo resuelto en la Resolución Jerárquica cuestionada, extremo que conlleva la lesión del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, las autoridades demandadas tenían la obligación de pronunciarse de manera fundada y motivada sobre cada uno de los agravios identificados, a efecto de expresar sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión; por lo que, al inobservar tal extremo, el accionante se encuentra impedido de comprender las razones de la determinación asumida, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela al respecto.

III.4.3. En cuanto a la segunda problemática (valoración de la prueba)

El accionante denunció que las autoridades demandadas al emitir la Resolución de Recurso Jerárquico 07/2022, complementada por el Auto de 3 de marzo de 2023, vulneraron su derecho al debido proceso en su elemento de valoración de la prueba, puesto que ninguna de las pruebas de descargo adjuntas, consistentes en informes públicos fueron valoradas de acuerdo con las reglas de apreciación o incluso en caso de no ser adecuadas, se debió eventualmente determinar que las mismas podrían ser inconducentes o desestimarlas por impertinentes.

Conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, se establece que se efectuará la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional, sin necesidad de que se cumplan los supuestos de señalar con precisión y en concreto qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, ni demostrar la incidencia en la resolución final a dictarse; toda vez que, esta jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad en su análisis, reduciéndose a establecer la ausencia de estos aspectos en la labor valorativa, u omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente, y solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. En el caso concreto, conforme se desarrolló precedentemente, se evidencia que las autoridades demandadas, se apartaron del marco legal, ya que sus razonamientos resultan arbitrarios, puesto que omitieron efectuar el correspondiente análisis lógico jurídico al momento de valorar las pruebas insertas en el proceso disciplinario, limitándose simplemente a la cita de documentación, sin otorgarles valor individualizado alguno, extremo que ampliamente expuesto precedentemente, puesto que no existe una motivación adecuada respecto a la determinación asumida, con base en los medios probatorios presentados. Por lo previamente descrito, se concluye que las autoridades demandadas, omitieron de manera arbitraria la consideración y valoración de las pruebas presentadas por el impetrante de tutela; motivo por el cual, en cumplimiento de la jurisprudencia establecida por el Fundamento Jurídico III.2, de la presente sentencia constitucional, corresponde conceder la tutela impetrada respecto a la omisión de valorar las pruebas de descargo.

Finalmente, respecto a la presunta lesión de los principios de legalidad, taxatividad, jerarquía de los actos administrativos, de los límites a la discrecionalidad y de buena fe, mencionadas por el impetrante de tutela, corresponde señalar que este Tribunal Constitucional Plurinacional no tutela principios de forma directa, siendo necesaria su vinculación con derechos y garantías constitucionales; por lo que dentro del presente caso se advierte que el accionante se limitó únicamente a su mención, sin realizar mayor argumentación sobre cómo y en qué circunstancias se hubieran lesionado tales principios; por lo que, no amerita pronunciamiento alguno al respecto. En consecuencia, la citada Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 49/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 459 a 464, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Oscar Copa Gonzales, Director;

de la Dirección Departamental de Educación de Oruro; y en consecuencia; 2° Disponer que el Director de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, emita nueva resolución en observancia del debido proceso en sus elementos de congruencia, fundamentación, motivación y valoración de la prueba, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 3º DENEGAR la tutela respecto Mónica Claudia Larrea Nina, Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dirección Departamental de Educación de Oruro, por carecer esta de legitimación pasiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

11 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela…”. 12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0569_2025-S3.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): 49059b7d36269d861327d2b03ffa792bbbb89e31094c52469569d3fbd8d86ba7

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →