B.IA.LEGAL

SCP 0569/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 5 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
5 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
40265-2021-81-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante de tutela denuncia la vulneración al debido proceso y al derecho a la libertad; toda vez que, las autoridades judiciales demandadas, incurrieron en las siguientes ilegalidades: i) La Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda, i.a) Señaló las audiencias fuera del plazo establecido en la Ley 1173; y, i.b) No INSTALÓ las audiencias de cesación a la detención preventiva de 29 de abril de 2021; conforme a sus dos solicitudes: la primera, conforme establece el art. 239.1 del CPP; y, la segunda, conforme al art. 239.2 de la referida ley, por cumplimiento al tiempo dispuesto para su detención preventiva; toda vez que, el Ministerio Público no solicitó ampliación del plazo para la investigación; y, ii) La Jueza de Instrucción Penal Cuarta, se negó a realizar la audiencia, “bajo el pretexto” que no fue notificada con la suplencia legal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 08/2021 de 30 de abril, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; en consecuencia: 1° CONCEDE en parte la tutela impetrada, respecto a las dilaciones incurridas en los señalamientos de audiencias por parte de la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, sin disponer nada toda vez que dichas solicitudes fueron atendidas, aunque en forma tardía.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la falta de instalación de la audiencia de 29 de abril de 2021, con relación a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda y la Jueza de Instrucción Penal Cuarta, ambas de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Se EXHORTA a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, a dar cumplimiento estricto a la normativa procesal penal conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, advirtiéndole que en caso de incurrir en situaciones análogas se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0569/2023-S1 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 40265-2021-81-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/2021 de 30 de abril, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabio Khalil Miranda Murillo contra Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda y Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta; ambas de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de abril de 2021, cursante de fs. 4 y vta., el accionante a través de su defensa técnica, expreso los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la autoridad jurisdiccional en audiencia de medidas cautelares de 11 de noviembre de 2020 dispuso su detención preventiva por noventa días, por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas; en tal sentido, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda –ahora demandada-cesación a la detención preventiva y a la fecha -se entiende a la presentación de la acción de libertad- no instaló las dos audiencias; la primera conforme al art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la segunda en el marco del art. 239.2 del mismo cuerpo legal, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y tampoco el Ministerio Público presentó ampliación de la investigación, conforme se tiene del informe de 2 de marzo de 2021 emitido por el Secretario del Juzgado; y, en el hipotético caso que se hubiese ampliado por sesenta días, este feneció el 11 de abril de 2021. Asimismo, refirió desconocer el actuar “malicioso” de la demandada; toda vez que, cuando solicitó audiencia, la autoridad judicial sale con permiso o “simplemente se hace la enferma”, vulnerando el debido proceso y el derecho a la libertad; Finalmente, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta -codemandada-, se negó a realizar la audiencia con el “pretexto” que no fue notificada con la suplencia legal; por lo que, solicita se conceda la tutela y se ordene a la Jueza suplente señalar audiencia de cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.2 de la Ley 1173.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alega la vulneración al derecho a la libertad y al debido proceso, citando los arts. 22, 23, 115, 116, 117 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela y se señale audiencia de cesación a la detención preventiva, en el plazo de veinticuatro horas, sea por la titular de la causa o la “Jueza suplente”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de abril de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 23 se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogado se ratificó íntegramente en su demanda, y ampliándola en audiencia señaló que: a) En consideración al ordenamiento jurídico estipulado en la Constitución como es la libertad, la solicitud de audiencia, fue denegada de conformidad a lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP por la autoridad judicial; y, b) Se de curso a su petición; toda vez que, los derechos no pueden ser vulnerados, debiendo brindarle las garantías constitucionales; por lo que, se señale audiencia de cesación a la detención preventiva, conforme al art. 239.2 del CPP.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marianela Jimena Salazar Siles, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 30 de abril de 2021 cursante a fs. 21, señaló lo siguiente: 1) No fue notificada con la suplencia legal de la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda del citado departamento; por lo que, no tiene conocimiento del proceso penal que hace mención el accionante; en consecuencia, no puede asumir un cargo en suplencia cuando no fue notificada por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, quien es competente para designar la suplencia; y, 2) Es Jueza Instrucción Penal Cuarta de la Capital; por lo que, solicitó se deniegue la tutela y se multe al ahora accionante de tutela por tratar de burlar a la autoridad y al Juez de garantías por presentar acciones de libertad sin tener conocimiento de quién asumió la suplencia legal. Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 30 de abril de 2021, cursante a fs. 22 y vta., refirió señalo que: i) Dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra del ahora accionante, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 11 de noviembre de 2020 se llevó audiencia de medidas cautelares, solicitada por el Ministerio Público en la cual se dispuso la medida excepcional de detención preventiva en contra del imputado Fabio Khalil Miranda Murillo por Auto 047/2020, por concurrir la probabilidad de autoría y los riesgos procesales de fuga en los arts. 234.1, 2 y 7 y de obstaculización art. 235.2; de igual forma al amparo del art. 233.3 del CPP se dispuso la detención preventiva por el plazo de tres meses y de acuerdo al art. 235 ter del CPP modificado por la Ley 1173 se señaló audiencia para el 11 de febrero de “2020” -lo correcto 2021- a horas 10:00 am; sin embargo, resolución fue apelada; ii) El 7 de enero de igual año se llevó audiencia de apelación en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, confirmando el Auto Interlocutorio recurrido; iii) El 11 de febrero de similar año se instaló la audiencia para considerar la situación jurídica del imputado (accionante), la misma fue suspendida por incomparecencia de las partes; toda vez que, el art. 235 ter del CPP modificado por la ley 1173 dispone la notificación de las partes en audiencia sin ninguna otra formalidad; iv) Por memorial a fs. 54 –del proceso penal-, el ahora accionante de tutela solicitó la suspensión de la audiencia de precita fecha; v) El 22 de febrero de 2021 no se llevó a cabo audiencia de cesación a la detención preventiva, a causa que la gestora de proceso cuarto, habría enviado el link de manera errónea, impidiendo que el imputado se conecte a la sala virtual; vi) El 23 de igual mes y año, se instaló la audiencia de cesación a la detención preventiva; empero, fue por inasistencia del imputado; toda vez que, no se encontraba en la sala virtual; pese que cursaban todas las diligencias correspondientes, así como el oficio de traslado de detenido, vii) El 25 del citado mes y año, se instaló la audiencia de cesación a la detención preventiva; sin embargo, se suspendió por incomparecencia del abogado del imputado, pese que se encontraba legalmente notificado, viii) El 2 de marzo de igual año, se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva en la cual se rechazó la solicitud y el imputado interpuso recurso de apelación en contra del Auto 053/2021; y, el 15 de igual mes, se efectuó la audiencia de apelación declarando admisible por la Sala Penal Primera y dispuso la ampliación por sesenta días más con referencia al plazo de la detención preventiva; ix) El 22 de abril, nuevamente se llevó a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva, en al cual se rechazó la solicitud de cesación por considerar que los sesenta días, correspondería analizar el plazo de la detención preventiva en audiencia señalada para el 29 de igual mes a horas 08:30 am, resolución que fue objeto de apelación; sin embargo, el imputado presenta memorial renunciando a la apelación interpuesta; x) El 26 de referido mes, la jueza solicitó licencia sin goce de haberes para los días 28, 29 y 30 de abril de 2021, conforme se advierte de la recepción de 26 de igual mes y año, situación que tuvo conocimiento el Secretario del juzgado que la suplencia legal encontraría para firma en el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y por lo tanto no se procedió a notificar al Juez correspondiente; y, xi) No procede la acción de libertad; por lo que, solicitó se deniegue y proceda con la multa correspondiente al ahora accionante; toda vez que, son reiteradas las veces que mediante memoriales se refiere a distintas autoridades del órgano judicial de manera irrespetuosa y además se remita antecedentes al Ministerio de Justicia.

I.2.3. Resolución

Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Juez de garantías, mediante Resolución 08/2021 de 30 de abril, cursante de fs. 24 a 26 vta. denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La problemática planteada reside en que la parte accionante habría solicitado en dos oportunidades audiencia de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.1 y 239.2 del CPP, modificado por la ley 1173, en razón a que el Ministerio Público no habría requerido la ampliación de la medida cautelar, conforme al art 233 in fine del CPP; por lo que, a su criterio la medida de detención preventiva estaría con plazo vencido, sin que las autoridades demandadas resuelvan sus solicitudes de cesación a la detención preventiva; b) Carla Lorena Añez Méndez, manifestó haber solicitado licencia sin goce de haberes y la codemandada arguyó no ser notificada para asumir la suplencia legal; c) Del análisis de la prueba aportada se establece que la parte accionante mediante escritos de 16 y 23 de abril de 2021 solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva y ambos fueron atendidos por la autoridad jurisdiccional a cargo de la causa, señalando audiencia para el 29 de abril de 2021; y, conforme a los antecedentes, “infiriéndose que al momento de la audiencia de acción de libertad -29 de abril de 2021- se establece que los supuestos fácticos habrían cesado, lo que implica que la supuesta vulneración al derecho a la libertad y al debido proceso habría cesado cuando las autoridad accionada habría señalado la audiencia de cesación a la detención preventiva en la fecha supra mencionada, por lo que se colige la pérdida del objeto del proceso y conforme a la jurisprudencia supra corresponde denegar la acción de libertad” (sic); y, d) Las partes procesales están compelidos para que en la vía ordinaria promuevan las acciones respectivas con la finalidad de que sus pretensiones sean dilucidadas, adoptando una actitud activa de manera pronta oportuna y no acudir directamente a las acciones defensa sin que las mismas hayan agotado la jurisdicción ordinaria, lo contrario implicaría la emisión de dos resoluciones que conculcarían el principio de seguridad jurídica. Mediante memorial de 4 de mayo de 2021, el accionante solicitó complementación y enmienda en relación a que: 1) El 23 de abril de 2021, se le negó la libertad en la audiencia de cesación a la detención preventiva con el solo pretexto de que el plazo por el cual debía guardar la referida medida cautelar se cumplía el 2 de mayo de igual año; y, 2) “Cuando se debe señalar audiencia de cesación conforme al art.239.2 de la Ley 1173 o cuando debe cumplir con dicha medida”. En respuesta por auto de 4 de igual mes y año el Juez de garantías declaró no ha lugar solicitud, bajo el fundamento que la aclaración, enmienda y complementación es para precisar conceptos oscuros, corregir errores materiales o subsanar omisiones de forma, pero de ninguna manera para efectuar nuevo análisis.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 13 de julio de 2022, cursante a fs. 32, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de su notificación con el decreto constitucional de 23 de mayo de 2023, cursante a fs. 88; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de 16 de abril de 2021, suscrito por Fabio Khalil Miranda Murillo, solicitó a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda, señale audiencia de cesación a la detención preventiva al amparo de los arts. 5, 9, 12 del CPP y art. 239.2 de la Ley 1173. Señalando en el único otrosí 1, su domicilio procesal, correo electrónico, números de celulares además de impetrar fotocopias legalizadas del cuaderno procesal. Asimismo, se advierte sello de recepción de la Auxiliar del referido Juzgado el 19 de abril de 2021 (fs. 70 y vta.) II.2. Por decreto de 20 de abril de 2021, suscrita por Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, señaló audiencia de cesación a la detención preventiva para el 22 de abril de 2021 a horas 13:15 pm, en atención a la solicitud del ahora accionante Fabio Khalil Miranda Murillo (fs. 71) II.3. Cursa Auto de 22 de abril de 2021, emitida por la autoridad jurisdiccional ahora demandada, mediante el cual rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva de Fabio Khalil Miranda Murillo, por no haberse cumplido el plazo que establece el art. 239.2 del CPP y los autos que fueron confirmados por el Tribunal de alzada. Asimismo, se advierte en dicha resolución fue complementado a solicitud de la defensa técnica del imputado, señalando que:

“…conforme al art. 235 y 233 al momento que se llevo a cabo la audiencia de Medidas Cautelares en al cual no era usted el abogado del imputado, quedaron notificados legalmente notificados con la audiencia de 11 de Febrero como se tiene que realizar sin mayores formalidades, así lo establece la Ley para que ese día directamente se presenten a la audiencia, por lo que se va a señalar una audiencia en este momento para volver a considerar la situación jurídica al cabo de los 60 días, los 60 días serían el 02 de Mayo que cae el día Domingo, por lo tanto lo vamos a señalar para el día 29 de Abril a efectos de considerar nuevamente la situación jurídica del imputado en fecha jueves 29 de Abril a las 08:30 am. audiencia en la cual quedan notificados conforme el art. 233 Ter y 235 sin mas formalidades a efectos de que se hagan presentes para considera la situación jurídica del señor Fabio Kalhil.” (sic [fs. 74 a 75]). II.4. Mediante memorial de 23 de abril de 2021, Fabio Khalil Miranda Murillo, impetró a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda señale audiencia de cesación a la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP., refiriendo lo siguiente:

“II.- PETITORIO …solicito muy respetuosamente me señale fecha y hora de audiencia de cesación y que dicha audiencia se señalada cinco (5) Minutos antes de la que tengo Señalada para el día 29 de Abril del 2022 a Horas 08:30, por el Art. 239.2 de la ley 1173…” (sic [fs. 76 y vta.]) II.5. Consta decreto de 26 de abril de 2021, emitido por la Carla Lorena Añez

Méndez, Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda, señaló audiencia de cesación de medidas cautelares para el 29 de abril de 2021 a horas 8:15 am (fs. 77). II.6. Por nota de 26 de abril de 2021, suscrita por Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda, mediante el cual impetró a Edil Robles Lijeron, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, licencia sin goce de haberes para el 28, 29 y 30 de abril de 2021, dicha solicitud fue recepcionado en la precitada fecha (fs. 78).

II.7. Consta nota de 29 de abril de 2021, suscrita por Jorge Alberto Vaca García, Secretario de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo; donde hace constar lo siguiente:

“…dentro del Proceso Penal Público con CÓDIGO ÚNICO: 701102302000007, que sigue el MINISTERIO PÚBLICO en contra de FABIO MIRANDA MURILLO, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, se tiene que la AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓNN PREVENTIVA del imputado FABIO MIRANDA MURILLO señalada para el día de hoy jueves 29 de abril de 2021 a horas 8.15 a.m. no se pudo instalar por motivo de que la Sra. Juez se encuentra con licencia sin goce de haberes y hasta la presente fecha y hora no se ha notificado al Juez correspondiente con la suplencia legal.” (sic [fs. 79]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante de tutela denuncia la vulneración al debido proceso y al derecho a la libertad; toda vez que, las autoridades judiciales demandadas, incurrieron en las siguientes ilegalidades: i) La Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda, i.a) Señaló las audiencias fuera del plazo establecido en la Ley 1173; y, i.b) No INSTALÓ las audiencias de cesación a la detención preventiva de 29 de abril de 2021; conforme a sus dos solicitudes: la primera, conforme establece el art. 239.1 del CPP; y, la segunda, conforme al art. 239.2 de la referida ley, por cumplimiento al tiempo dispuesto para su detención preventiva; toda vez que, el Ministerio Público no solicitó ampliación del plazo para la investigación; y, ii) La Jueza de Instrucción Penal Cuarta, se negó a realizar la audiencia, “bajo el pretexto” que no fue notificada con la suplencia legal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: a) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho; b) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

El art. 8.II de la Constitución Política del Estado, se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, como ya se tiene expuesto, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la norma suprema. Es así que, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del artículo 125 de la CPE de parte del Tribunal Constitucional como máximo guardián de la norma fundamental, fue incorporando las tipologías de esta acción de defensa, con el fin de tutelar una garantía sustitutiva y esencial, como es la celeridad procesal vinculada a la libertad física o personal de las personas privadas de libertad, sin necesidad de agotar medios intraprocesales de defensa. En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad. En esa misma línea, la SCP 0465/2010-R de 5 de julio, confirmó dichos postulados y la necesidad contar con medios constitucionales efectivos para resguardar sobre todo el derecho a la libertad, en ese sentido señaló que:

“Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales.” A partir de esa interpretación, se tiene que el nuevo modelo constitucional reconoce de igual forma las tipologías de la acción de libertad, las mismas que son utilizadas en la práctica en el ámbito constitucional, así pues, esta misma SCP 0465/2010-R de 5 de julio, señaló que:

2En su F.J.III.5,señalo: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar:

(…)

Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”

“Este Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución vigente y de la Ley del Tribunal Constitucional -que aún continúa vigente- concluyo que los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho. (SC 0044/2010-R de 20 de abril).”

En este mismo sentido, la referida Sentencia Constitucional citada, reiteró que el hábeas corpus, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye:

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”

III.1.1. Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho

De lo desarrollado y explicado precedentemente se llega a la comprensión de que la jurisprudencia fue uniforme en asumir que la naturaleza jurídica de la acción de libertad en su tipología traslativa o de pronto despacho, la cual también deviene o se encuentra implícita en el art. 125 de la CPE, busca apresurar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Bajo ese razonamiento el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia fue conociendo casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; es por ello, que ante la evidencia de dichas demoras este Tribunal fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, por lo que exige a los administradores de justicia a su observancia.

En tal sentido, la jurisprudencia a través de los años fue estableciendo supuestos de procedencia para la activación de este tipo de acción de libertad traslativa o de pronto despacho, generando sub reglas para la consideración de distintos actos dilatorios, entre ellos, sobre la consideración de aplicación de medidas cautelares, lo inherente a las solicitudes de cesación de la detención preventiva, o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, entre otros; por lo que, para conocer esta evolución dinámica de la jurisprudencia constitucional en relación a estos casos donde se ve involucrada la celeridad, y por los que se puede activar a la justicia constitucional, se hace necesario citar a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que efectuó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad, siendo estos:

a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre)

b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo)

c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero)

d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio)

e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo)

La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas). Ahora bien, posterior a la SCP 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que:

“d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley. “ Asimismo, la 0110/2012 de 27 de abril, siguiendo el entendimiento de que en las solicitudes de cesación de la detención preventiva, las autoridades están obligadas a tramitarlas con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de plazos razonables, moduló la sub regla establecida en el inc. b) de la SC 0078/2010-R, señalando que al estar expresamente fijado el plazo para señalar audiencia en el art. 132.1 del CPP al tratarse de un actuado de mero trámite, estableciendo que dicho señalamiento deberá ser providenciando en el plazo de 24 horas, bajo el siguiente texto:

“…ante la inexistencia de un plazo específico determinado por ley para que el juez señale día y hora de audiencia para considerar la cesación de la detención preventiva, es necesario establecer que el memorial de solicitud, debe ser providenciado indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas de su presentación, conforme dispone el art.

132 inc. 1) del CPP, al tratarse de una providencia de mero trámite. En este entendido, habrá lesión del derecho a la libertad cuando existe demora o dilación indebida al no emitirse el decreto pertinente de señalamiento de este actuado procesal dentro del referido plazo, bajo sanción disciplinaria a imponerse al juzgador en caso de incumplimiento.”

Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el 5 “Artículo 239. (CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”

instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva. Por otro lado, de manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, advierte que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, debiendo ser resuelta por el tribunal de alzada en el pazo improrrogable de setenta y dos horas, de no hacerlo dentro del plazo señalado significa dilación indebida en el proceso, vulnerando así los derechos a la libertad, vida y otros, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la señalada resolución. De la misma forma, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero 7 , entienden que es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, de manera excepcional, es decir, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, vencido dicho plazo la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que también puede ser denunciado ante la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En el F.J. III.4 “El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.

“El trámite del referido medio de impugnación, no establece que previo a su remisión ante el superior jerárquico, deba ser corrido en traslado para que las partes del proceso contesten, con el fin de proseguir el trámite. Por encontrarse de por medio el bien jurídico de la libertad, no puede estar sujeto a dilaciones indebidas que tendieren a demorar la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, tramitarse dentro de los plazos establecidos por la norma adjetiva penal.

Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 7En su F. J. III 2 “Sintetizando, el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

En el mismo sentido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre afirma que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual, se computa el plazo previsto en el art. 251 del referido Código. Con similar entendimiento, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente de la forma siguiente:

“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)”

De todo este desarrollo jurisprudencial, se tiene que el Tribunal Constitucional mediante la jurisprudencia emitida cumpliendo el postulado contenido en el art. 115.II de la CPE, como es el acceso a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones fue regulando los supuestos de procedencia de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, bajo una sola premisa que, cuando exista privación de libertad, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia deben realizar sus actuados procesales, aplicando los valores y principios constitucionales; por lo que, ante cualquier petición de la persona privada de libertad tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad, puesto que generalmente lo que se buscará a través de esta, es el cumplimiento de los actuados de mero trámite y simples peticiones en la sustanciación de los procesos penales, empero, que para el privado de libertad tienen una gran significancia ya que la finalidad es el acceso a una justicia sin dilaciones.

III.2. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución.

El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”. A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:

“Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.” Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “ La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “ La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante de tutela denuncia la vulneración al debido proceso y al derecho a la libertad; toda vez que, las autoridades judiciales demandadas, incurrieron en las siguientes ilegalidades: 1) La Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda, 1.i) Señaló las audiencias fuera del plazo establecido en la Ley 1173; y, 2.ii) No INSTALÓ las audiencias de cesación a la detención preventiva de 29 de abril de 2021; conforme a sus dos solicitudes: la primera, conforme establece el art. 239.1 del CPP; y, la segunda, conforme al art. 239.2 de la referida ley, por cumplimiento al tiempo dispuesto para su detención preventiva; toda vez que, el Ministerio Público no solicitó ampliación del plazo para la investigación; y, 2) La Jueza de Instrucción Penal Cuarta, se negó a realizar la audiencia, “bajo el pretexto” que no fue notificada con la suplencia legal. Identificada las problemáticas traídas en revisión ante esta instancia constitucional, corresponde analizar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; en ese orden, se tiene que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el ahora accionante mediante memorial de 16 de abril de 2021 solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.2 de la Ley 1173 (Conclusión II.1); el mismo que mereció respuesta por parte de la autoridad jurisdiccional, por decreto de 20 de igual mes y año, señalando audiencia para el 22 de citado mes y año a horas 13:15 pm (Conclusión II.2); en dicho actuado procesal se rechazó la solicitud mediante Auto de igual mes y año, ante el rechazo de la cesación a la detención preventiva y señaló otra audiencia con el mismo objeto para el 29 de abril de 2021 a horas 8:30 am; a razón que los sesenta días de ampliación de plazo de la etapa investigativa se cumplía el 2 de mayo de igual año (Conclusión II.3).

Asimismo, por escrito de 23 de abril de 2021, el hoy accionante solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva al amparo del art. 239.1 del CPP (Conclusión II.4); petición que mereció providencia de 26 del mismo mes y año, emitido por la Carla Lorena Añez Méndez, Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, señalando audiencia para el 29 del citado mes y año a horas 8:15 am (Conclusión II.5). La citada autoridad, mediante nota de 26 de abril de 2021, dirigido al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, solicitó licencia sin goce de haberes para el 28, 29 y 30 de igual mes y año, siendo en la precitada fecha (Conclusión II.6).

Ahora bien, conforme lo descrito precedentemente y la vulneración de derechos denunciados por el accionante, este Tribunal ingresará al análisis de las problemáticas advertidas, respecto a cada autoridad judicial demandada:

III.3.1. Respecto a la Jueza de Instrucción Penal y Contra la

Violencia Hacia la Mujer Segunda, quién hubiese incurrido en las siguientes irregularidades:

a) Señaló las audiencias fuera del plazo establecido en la Ley 1173. El impetrante de tutela denuncia que la referida Jueza demandada hubiese señalado las audiencias fuera del plazo establecido en la Ley 1173. i) Con relación a la primera solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva de 16 de abril de 2021, conforme se tiene de antecedentes se advierte que el imputado -ahora accionante-, mediante memorial de 16 de abril de 2021 –viernes-, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva conforme al art. 239.2 del CPP, siendo puesto a conocimiento del Juzgado el 19 de igual mes y año – lunes-, conforme se advierte del sello de recepción (Conclusión II.1); en tal sentido, la autoridad demandada a través de decreto de 20 de igual mes y año -martes-, señaló audiencia para el 22 de igual mes y año –jueves-

Ahora bien, previamente es pertinente remitirnos a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, en el que se establece, los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con las modificaciones al Código de Procedimiento Penal -introducidas por la Ley 1173-, se estableció en el art. 239 las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación de la detención preventiva, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva.

Conforme al antecedente jurisprudencial y la normativa procesal penal, en la que establece que planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas -art. 239 de la Ley 1173-.

Ahora bien, en el presente caso, la Jueza demandada (Carla Lorena Añez Méndez) tuvo conocimiento del memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva el 19 de abril de 2021 (Conclusión II.1); en tal sentido, señaló audiencia mediante decreto de 20 de igual mes y año, para el 22 de similar mes y año; de lo cual, se advierte que dicho señalamiento fue a las setenta y dos (72) horas; es decir, fuera del plazo establecido en la norma procesal penal.

En tal sentido, se advierte que la autoridad demandada inobservó dicha normativa, al señalar la audiencia fuera del plazo establecido; toda vez que, la misma debió ser señalada dentro de las cuarenta y ocho horas; es decir, para el 21 de abril de 2021 y no así para el 22 de similar mes y año; de lo cual, se advierte una dilación e inobservancia de los plazos legales establecidos; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada, respecto a la solicitud de cesación a la detención preventiva mediante memorial de 16 de abril de referido año.

ii) Respecto a la segunda solicitud de audiencia de cesación a la detención, el imputado a través de memorial de 23 de abril de 2021 impetró a la autoridad jurisdiccional el señalamiento de audiencia para considerar la cesación a la detención preventiva; quién en forma textual refirió lo siguiente:

“II.- PETITORIO …solicito muy respetuosamente me señale fecha y hora de audiencia de cesación y que dicha audiencia sea señalada Cinco (5) Minutos antes de la que tengo Señalada para el día 29 de Abril del 2022 a Horas 08:30, por el Art. 239.2 de la ley 1173…” (sic). El memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva fue puesto en conocimiento de la autoridad jurisdiccional el 26 de abril de 2021 (Conclusión II. 4) quién en la misma fecha, mediante decreto señaló audiencia para el 29 del mismo mes y año, conforme solicitó el imputado -ahora accionante-; toda vez que, tenía programada para esa fecha otra audiencia. Ahora bien; la Jueza demandada en atención a lo solicitado por el propio imputado programó audiencia para el 29 de abril de 2021; empero, la misma se encuentra fuera del plazo de cuarenta y ocho horas establecido en la norma procesal penal, incurriendo nuevamente en inobservancia a lo dispuesto en el art. 239 de la Ley 1173 y vulnerando el principio de celeridad, el cual tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agilicen la resolución de los litigios, conforme se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En tal sentido, se concluye que la autoridad jurisdiccional demandada incurrió en una dilación en el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, al incumplir lo dispuesto en el art. 239 de la Ley 1173, correspondiendo conceder la tutela respecto a este segundo señalamiento de audiencia. b) Con relación a la segunda problemática en la que se denuncia que la autoridad demandada NO INSTALÓ sus dos audiencias señaladas para el 29 de abril de 2021. Conforme se tiene de antecedentes, la Jueza demandada programó audiencia de cesación a la detención preventiva para el 29 de abril de 2021; conforme a sus dos solicitudes del imputado; la primera, acorde al art. 239.1 del CPP; y, la segunda, referente al art. 239.2 de la Ley 1173, por cumplimiento al tiempo dispuesto para su detención preventiva; en tal sentido, la primera a horas 8:15 am y la segunda a horas 8:30 am.

Las dos audiencias programadas para el 29 de abril de 2021, con el objeto de considerar las solicitudes del imputado referente a la cesación a la detención preventiva, las mismas no fueron instaladas por la Jueza demandada conforme denuncia el impetrante de tutela; al respecto se tiene que dicha autoridad mediante nota de 26 de similar mes y año, dirigida a la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, solicito licencia sin goce de haberes para el 28, 29 y 30 de igual mes y año, conforme se tiene del sello de recepción, en el cual se consigna con fecha de recepción “26 ABR. 2021” (Conclusión II.6). Ahora bien, lo denunciado por el impetrante de tutela en cierta forma es evidente; toda vez que, ambas audiencias NO FUERON INSTALADAS; empero, no por negligencia u omisión de la autoridad ahora demandada, sino porque dicha funcionaria solicitó licencia sin goce de haberes y dicha solicitud fue efectuada oportunamente, es decir el 26 de abril de 2021, con el tiempo oportuno para que la instancia superior designe la suplencia legal de la referida autoridad; empero, conforme se tiene del informe del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, las audiencias no pudieron ser instaladas porque hasta esa hora y fecha no se notificó al Juez correspondiente con la suplencia legal, conforme se tiene descrito en la Conclusión II.7 del presente fallo constitucional. Bajo esos antecedentes, no se advierte vulneración alguna que hubiese ocasionado la Jueza demandada al accionante, sobre la NO INSTALACIÓN de las dos audiencias programadas para el 29 de abril de 2021; en tal sentido, corresponde denegar la tutela impetrada respecto a esta denuncia. III.3.2. Prosiguiendo con el análisis, incumbe compulsar la segunda problemática, referida a la Jueza de Instrucción Penal Cuarta -Marianela Jimena Salazar Siles-. El impetrante de tutela refiere que dicha autoridad codemandada NO INSTALÓ la audiencia de cesación a la detención preventiva programada para el 29 de abril de 2021 con la finalidad de considerar la cesación a la detención preventiva. De acuerdo al informe presentado por la Jueza demandada cursante a fs. 21, refiere que no fue notificada para asumir la suplencia legal de la Jueza de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, aspecto que no fue refutado en audiencia de acción de libertad por el accionante o demostrando objetivamente que dicha autoridad si estaba facultada para realizar la referida audiencia. Asimismo, se tiene informe del Secretario del mencionado, en el cual expresa que:

“…se tiene que la AUDIENCIA DE CESACIÓN A LA DETENCIÓNN PREVENTIVA del imputado FABIO MIRANDA MURILLO señalada para el día de hoy jueves 29 de abril de 2021 a horas 8.15 a.m. no se pudo instalar por motivo de que la Sra. Juez se encuentra con licencia sin goce de haberes y hasta la presente fecha y hora no se ha notificado al Juez correspondiente con la suplencia legal.” (sic). De lo cual, se colige que la instancia pertinente no notificó a la autoridad judicial correspondiente para asumir la suplencia legal de la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda; en tal sentido, la codemandada al no haber sido designada en suplencia legal, no podía instalar las audiencias programadas para considerar la situación jurídica del ahora accionante; de lo cual, se puede colegir que dicha autoridad no incurrió en vulneración alguna; siendo el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instancia que debió prever en forma oportuna la designación y notificación de la suplencia. En tal sentido, esta instancia constitucional no advierte vulneración incurrida por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz en contra del accionante; correspondiendo denegar la tutela con relación a esta problemática. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó en forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 08/2021 de 30 de abril, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Noveno de la Capital del departamento de Santa Cruz; en consecuencia: 1° CONCEDE en parte la tutela impetrada, respecto a las dilaciones incurridas en los señalamientos de audiencias por parte de la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, sin disponer nada toda vez que dichas solicitudes fueron atendidas, aunque en forma tardía.

2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto a la falta de instalación de la audiencia de 29 de abril de 2021, con relación a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda y la Jueza de Instrucción Penal Cuarta, ambas de la Capital del departamento de Santa Cruz, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Se EXHORTA a la Jueza de Instrucción Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Segunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, a dar cumplimiento estricto a la normativa procesal penal conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional, advirtiéndole que en caso de incurrir en situaciones análogas se remitirá antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Art. 125 de la CPE “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.”

3 En su F.J. III.1 señalo: “No obstante, dada la problemática planteada y la necesidad procesal de dar respuesta a la misma, cabe señalar que el principio de celeridad no comprende el conocimiento del trámite de cesación de detención preventiva hasta llevar a cabo la audiencia; sino también en forma posterior, como ser el dar curso con la debida celeridad procesal al trámite de apelación de la resolución respectiva, en los casos que corresponda.”

8 En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”

9 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”

10 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.” 11En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0569_2023-S1.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): 231fc1afa280f59667871a5ac5b63363953045b4a45e9863edbc1bb477c2b1cb

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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