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SCP 0568/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de abril de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
8 de abril de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
56571-2023-114-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso, su derecho de acceso a una justicia penal efectiva y al principio pro actione; toda vez que, la autoridad demandada mediante Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022, confirmó la Resolución de Desestimación 80/2022 emitida por el Fiscal de Materia, que desestimó la querella penal que presentó contra el padre de su hija, por la presunta comisión de los delitos de substracción de menor o incapaz y trata y tráfico de personas perpetrados contra su hija de ocho años; a través de consideraciones y valoraciones de fondo de estos delitos, que no están permitidas en fase de admisibilidad. La Fiscal Departamental demandada alega que ratificó la Resolución de Desestimación 80/2022 emitida por la Fiscal de Materia, ante la inexistencia de una relación fáctica clara y, no por los argumentos esgrimidos por la impetrante de tutela; no existiendo una vulneración objetiva a los derechos fundamentales de la nombrada; puesto que, la justicia constitucional no puede estar sujeta a cualquier disconformidad de las partes con lo resuelto. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 063/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 200 a 206, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo que la Fiscal Departamental de Cochabamba, que se encuentra en ejercicio del cargo emita nueva resolución jerárquica debidamente fundamentada considerando los aspectos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al principio pro actione.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la guarda natural o de hecho de los progenitores y la sustracción de menores
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0568/2026-S2 Sucre, 8 de abril de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 56571-2023-114-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 063/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 200 a 206, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Marfa Liz Aduviri Marca contra Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 y 26 de mayo de 2023, cursantes a fs. 1, 90 a 94; y, 98 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Tras sufrir la sustracción de su hija de ocho años a manos del padre de esta -Freddy Quispe Poma-, formalizó denuncia penal el 16 de noviembre de 2022, por los delitos tipificados en los arts. 246 y 281 bis del Código Penal (CP) -substracción de menor o incapaz y trata de personas-, caso identificado con el Código Único de Denuncia (CUD) 309102042201615; sin embargo, el Fiscal de Materia emitió la Resolución de Desestimación 80/2022 de 21 de noviembre, desestimando la denuncia. Dicha determinación resulta arbitraria, pues resolvió cuestiones de fondo cuando la desestimación opera exclusivamente ante el incumplimiento de requisitos formales. Objetada dicha determinación, Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -ahora demandada-, por Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022 de 9 de diciembre, ratificó la indebida desestimación de la denuncia, incurriendo con ello en una abierta arbitrariedad al valorar aspectos de fondo propios de una sentencia, vulnerando los límites normativos de la etapa de admisibilidad. Esta vulneración es aún más gravosa considerando que la víctima es una menor de ocho años desaparecida y buscada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, considerando que las niñas y niños gozan de prioridad en todas las instancias.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de la garantía al debido proceso, así como su derecho de acceso a una justicia penal efectiva y al principio pro actione, citando al efecto los arts. 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022 emitida por la Fiscal Departamental demandada, debiendo emitir una nueva resolución acorde a la jurisprudencia constitucional, sin ingresar a aspectos ni valoraciones de fondo; y, garantizando el derecho de acceso a la justicia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 198 a 199, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogada en audiencia, ratificó el contenido de su acción de amparo constitucional; y, ampliando en audiencia manifestó que: a) La Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022, confirmó la desestimación de la denuncia penal, indicando en lo sustancial que no se cumplió con las observaciones efectuadas a través del proveído de 16 de noviembre de 2022, respecto a la claridad del hecho fáctico y la violencia ejercida por el querellado que la hubiera perjudicado; b) Se argumentó la cuestión de la guarda de la menor como elemento constitutivo del delito de substracción de un menor o incapaz; y trata de personas; c) Con base en las copias expedidas por la Jueza de Familia Segunda de Quillacollo -del departamento de Cochabamba-, se pudo establecer que empezó a convivir como pareja de Freddy Quispe Poma durante diez años desde enero de “2019” -lo correcto es 2009- y posteriormente formalizo su matrimonio el 15 de septiembre de 2016, dentro del cual adquirieron algunos bienes, empezaron sus problemas de violencia y se arrebató a su hija sin tener resultado hasta ese día; y, d) La autoridad fiscal desestimó la denuncia penal interpuesta contra su agresor en afán de perjudicarle sin contar con los recursos económicos para continuar los procesos, pese a todos los elementos acompañados como los letreros de búsqueda de su hija.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba, mediante informe escrito, cursante de fs. 194 a 196, solicitó se deniegue la tutela, manifestando que: 1) La SCP 0815/2019-S2 de 11 de septiembre, hace referencia a las causales de atipicidad y la causal de falta de elementos para tomar una decisión previstas en el art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); sin embargo, del análisis de la Resolución de Desestimación 80/2022, se advierte que el Fiscal de Materia desestimó la denuncia ante la inexistencia de una relación fáctica clara y por los argumentos esgrimidos por el accionante, por lo que, ratificó esta decisión mediante la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022; y, 2) Ante la denuncia de vulneración del derecho de acceso a la justicia y el principio pro actione sustentada en la SCP 1369/2013 de 16 de agosto, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1062/2016-S3 de 3 de octubre y 0558/2019-S2 de 17 de julio, establecen los límites para la procedencia de la acción de amparo constitucional y la doctrina de la relevancia constitucional; no estando la justicia constitucional sujeta a cualquier disconformidad de las partes que intervienen en procedimientos administrativos o judiciales; lo cual no implica necesariamente vulneración de derechos y garantías de la accionante que amerite la activación de acciones de defensa, tomando en cuenta el art. 109.I de la CPE; consiguientemente, no existe vulneración objetiva a los derechos fundamentales de la accionante.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 063/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 200 a 206, denegó la tutela solicitada; argumentando que: i) La justicia constitucional se halla impedida de revisar la labor interpretativa de jueces y tribunales respecto de la ley ordinaria, además que la acción tutelar no constituye un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que se activa solo cuando se supriman o restrinjan derechos fundamentales o garantías constitucionales, para lo cual deberá haber una sucinta pero precisa relación que vincule a estos con la actividad argumentativa cuestionada; ii) Lo alegado por la impetrante de tutela constituye un reclamo de una eventual errónea aplicación de la ley, siendo que el análisis que realiza la autoridad fiscal, es netamente interpretación de normas penales; consiguientemente, no existe carga argumentativa que demuestre cómo la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022, causó la lesión a los derechos invocados por una errónea interpretación de la norma, por una insuficiente fundamentación o motivación o una defectuosa valoración de la prueba, limitándose a expresar su disconformidad con la decisión de la Fiscal Departamental demandada a través de argumentos genéricos, extrañándose la explicación del porqué la labor interpretativa impugnada resulta arbitraria, absurda o ilógica o con error evidente, estableciendo el nexo de causalidad entre esta y los derechos o garantías contenidos en el bloque de constitucionalidad sin dejar de lado la relevancia constitucional; y, iii) Al no haberse cumplido con las reglas de la jurisprudencia constitucional para revisar la labor interpretativa cuestionada, además que en audiencia la parte accionante no cuestionó la indicada Resolución Jerárquica, haciendo alusión a cuestiones de hecho que no pueden ser tratadas por la jurisdicción constitucional, por no ser esta una instancia casacional; y, al no haberse establecido la relevancia constitucional en caso de concederse la tutela impetrada, no es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre, ante el cese de cinco Magistraturas, se dispuso que los expedientes y causas sorteadas a los mismos, sean devueltas a Comisión de Admisión, para la realización de un nuevo sorteo de manera aleatoria y equitativa entre las Salas Primera, Segunda y Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, a fin de que los actuales Magistrados asuman el conocimiento y prosigan con la tramitación de dichas causas hasta su conclusión, garantizando así la continuidad del servicio jurisdiccional (fs. 215 a 217); en cumplimiento a dicha determinación, el presente fallo constitucional es emitido dentro del plazo establecido por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta Sentencia de 2 de agosto de 2019, emitida dentro del proceso de divorcio interpuesto por Freddy Quispe Poma contra Marfa Liz Aduviri Marca -ahora accionante-, a través del cual se declara disuelto el vínculo matrimonial entre los nombrados (fs. 170 a 172). II.2. Cursa querella de 16 de noviembre de 2022 -sin cargo de recepción-, formulada por la impetrante de tutela contra Freddy Quispe Poma, por la presunta comisión de los delitos de substracción de un menor o incapaz y trata de personas (fs. 15 a 17 vta.). II.3. Por proveído de 16 de noviembre de 2022, Carlos Renato García Rueda, Fiscal de Materia, solicitó a la peticionante de tutela que realice una descripción fáctica clara de los hechos y -entre otros- aclare si existe una resolución judicial que establezca la guarda, bajo advertencia de aplicarse lo establecido por el art. 55.II de la LOMP (fs. 18 y vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, la accionante subsanó las observaciones formuladas por el Fiscal de Materia. (fs. 21 a 23). II.5. Consta Resolución de Desestimación 80/2022 de 21 de noviembre, dictada por el mencionado Fiscal de Materia, desestimando la querella formulada por la impetrante de tutela (fs. 177 a 178 vta.). II.6. Cursa memorial presentado el 28 de noviembre de 2022, ante el “FISCAL ANALISTA”, mediante el cual la accionante, objetó la Resolución de Desestimación 80/2022 (fs. 180 a 182 vta.); y en respuesta, Nuria Gisela Gonzáles Romero, Fiscal Departamental de Cochabamba -ahora demandada-, emitió la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022 de 9 de diciembre, ratificándola (fs. 188 a 189 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de la garantía al debido proceso, su derecho de acceso a una justicia penal efectiva y al principio pro actione; toda vez que, la autoridad demandada mediante Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022, confirmó la Resolución de Desestimación 80/2022 emitida por el Fiscal de Materia, que desestimó la querella penal que presentó contra el padre de su hija, por la presunta comisión de los delitos de substracción de menor o incapaz y trata y tráfico de personas perpetrados contra su hija de ocho años; a través de consideraciones y valoraciones de fondo de estos delitos, que no están permitidas en fase de admisibilidad. La Fiscal Departamental demandada alega que ratificó la Resolución de Desestimación 80/2022 emitida por la Fiscal de Materia, ante la inexistencia de una relación fáctica clara y, no por los argumentos esgrimidos por la impetrante de tutela; no existiendo una vulneración objetiva a los derechos fundamentales de la nombrada; puesto que, la justicia constitucional no puede estar sujeta a cualquier disconformidad de las partes con lo resuelto. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la guarda natural o de hecho de los progenitores y la sustracción de menores

La Constitución Política del Estado, dentro de su amplio catálogo de derechos, ha establecido el derecho a vivir en el seno de una familia de origen o adoptiva como uno de los derechos inherentes a toda niña, niño y adolescente. Este se entiende como la facultad que tiene cada menor de crecer dentro de un entorno familiar -entiéndase madre y padre, cualquiera de los progenitores, ascendientes, descendientes y otros colaterales- que le brinde afecto, sustento y protección integral para su desarrollo, salvando el derecho a una familia sustituta cuando ello no sea posible o sea contrario a su interés superior.

En esa misma línea de protección del derecho a la familia y al entorno de los menores, el ordenamiento jurídico boliviano, a través del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), en su art. 35.II, establece de manera expresa la prohibición de separación de la niña, niño y adolescente de su familia, salvo circunstancias excepcionales determinadas por la norma o por autoridad competente mediante proceso judicial previo y con la finalidad de protegerle.

Ahora bien, el ejercicio de la potestad materna o paterna no se limita solamente por la obtención de una resolución de guarda a través de un proceso judicial. La realidad boliviana denota que las labores de cuidado, protección, representación e incluso administración de bienes, de acuerdo a la realidad social de las familias bolivianas, no siempre responden a presupuestos de legalidad previa. Tal es el caso de las familias monoparentales en las cuales uno solo de los cónyuges ante una eventual desvinculación matrimonial o separación conyugal funcionan, subsisten y cumplen con su finalidad de proveer a sus integrantes sin tener un documento o determinación alguna que les otorgue la guarda; sin embargo, esto no las hace familias menos relevantes, con menos derechos o ilegales para efectos de la protección constitucional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Dicha realidad fue considerada en el art. 37.I del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), el cual establece los conceptos de autoridad de la madre, del padre o ambos, basado en el fundamento denominado guarda natural, que establece las atribuciones de los padres sobre sus hijos. Este tipo de guarda emana del vínculo biológico y legal sin que necesariamente exista una decisión judicial. La guarda natural es la base para entender el rol que tienen los progenitores de cuidar y proteger al menor, y permite entender la responsabilidad que tienen los progenitores sobre el cuidado de los hijos, la cual puede mantenerse incluso luego de la desvinculación conyugal hasta que se emita una resolución judicial por autoridad competente. Dicho razonamiento también fue desarrollado el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0553/2014 de 10 de marzo, en la que formuló un entendimiento análogo respecto a la no exigibilidad de la resolución de guarda en casos de asistencia familiar, señalando: “De lo cual, es posible colegir que el art. 42 del CNNA, exige que la persona que ejerce el cuidado, protección, atención y asistencia del niño, niña y/o adolescente, cuente con la respectiva resolución judicial que declare la guarda a su favor; a efecto de tramitar la asistencia familiar a la que hace alusión la citada disposición legal. No obstante, es imprescindible considerar que la realidad social adquiere propios modos de funcionalidad respecto a diferentes supuestos; así, tal como se evidencia en el caso de autos, se presentan situaciones en las cuales menores de edad se encuentran a cargo o bajo la guarda de hecho de los ascendientes, descendientes o parientes colaterales; lo cual no puede significar un impedimento para que éstos puedan acudir ante autoridad judicial para tramitar la asistencia familiar que corresponda, toda vez que ello implicaría un descuido en la prevalencia del interés superior del niño, niña y/o adolescente” (las negrillas nos corresponden). En este marco, el art. 246 del CP, establece como conducta típica, antijurídica, culpable y punible a la substracción de menores de dieciséis años o incapaces declarados judicialmente, determinando una pena privativa de libertad de uno a tres años para aquella persona que sustraiga a menores de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, sanción que será agravada en el doble si el delito es cometido por uno de los progenitores con el objeto de ejercer contra el otro cualquier tipo de coacción. Tal aspecto debe considerar que cuando por el transcurso del tiempo se hubiese consolidado a favor de uno de los cónyuges la denominada guarda natural o de hecho, el otro cónyuge debe acudir a la autoridad competente para interrumpir la guarda natural del otro progenitor, adoptante, tutor o curador, ello debido a que: a) La ruptura arbitraria e intempestiva de la convivencia continua y permanente entre un menor y su entorno familiar ya establecido puede ocasionar estrés, sufrimiento injustificado y afectación permanente en su desarrollo, salud física y psicológica, y en su estabilidad emocional; b) Permitir que de manera unilateral uno de los cónyuges, por ejemplo acuda al colegio u otra institución donde asistan los menores de edad y los saque con rumbo desconocido y tiempo indeterminado implicaría se legalicen vías de hecho; y, c) Ninguno de los progenitores puede utilizar a los menores de edad para angustiar o manipular al otro por la falta de resolución judicial de autoridad competente.

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes del caso se tiene que, posterior al proceso judicial de desvinculación matrimonial interpuesto por Freddy Quispe Poma contra la accionante, tramitado en el Juzgado Público de Familia Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba -dentro del cual no se estableció la guarda judicial, asistencia familiar ni régimen de visitas en favor de la menor AA- (Conclusión II.1); la accionante presentó querella contra el nombrado el 16 de noviembre de 2022, por la presunta comisión de los delitos de substracción de un menor o incapaz y trata de personas, alegando que el querellado -padre de la menor- había sustraído a su hija de su hogar el 30 de abril de 2021, vulnerando medidas de protección que se habían otorgado en su favor dentro otro proceso penal por la presunta comisión de violencia familiar o doméstica y la tenencia que tenía sobre la menor; fecha desde la cual no vio ni supo nada de ella, habiéndole comunicado el padre por terceras personas que solo le devolvería a la menor de edad cuando deje de reclamar la división de bienes gananciales, siendo ese un mecanismo de coerción artero que configura en el delito de substracción de un menor o incapaz “…máxime si consideramos que seguramente en estos casi 1 AÑO Y 7 MESES, él debe estar influyendo sobre la menor, ‘metiéndole’ ideas que no son ciertas y que buscan hacerme quedar mal…” (sic [Conclusión II.2]). Dicha querella fue observada a través de proveído de 16 de noviembre de 2022, dictado por Carlos Renato García Rueda, Fiscal de Materia, mediante el cual solicitó a la accionante realizar una descripción fáctica clara de los hechos, a efectos de una adecuada subsunción a los tipos penales y aclarar -entre otros- sobre la existencia de una resolución judicial que establezca la guarda, considerando la previsión del art. 57 del CNNA, estableciendo un plazo de veinticuatro horas desde su notificación, bajo advertencia de aplicarse lo establecido por el art. 55.II de la LOMP (Conclusión II.3); es así que, subsanada dicha observación a través de memorial presentado el 18 de noviembre de 2022, la impetrante de tutela señaló estar impedida de presentar el documento de guarda al no contar con el mismo, en vista de que su persona pensaba que seguía casada y desconocía sobre el proceso de divorcio iniciado por el querellado (Conclusión II.4). No obstante de lo anterior, la querella fue desestimada por el indicado Fiscal de Materia mediante Resolución de Desestimación 80/2022 de 21 de noviembre, bajo el fundamento de falta de descripción o relato fáctico claro y de una resolución que otorgue la guarda judicial a alguno de los progenitores, siendo este en su criterio un “…elemento necesario y constitutivo…” (sic) a efectos de la adecuación de la conducta del agente al delito de substracción de un menor o incapaz; recomendando a la querellante hoy accionante de manera textual: “…corresponde que previamente a iniciar un proceso penal, la parte acuda a la vía familiar a efecto de que una autoridad revestida de competencia determine judicialmente la situación de la niña y con cuál de los progenitores estará su custodia o guarda, ello en consideración que el derecho penal es de ultima ratio” (sic [Conclusión II.5]); decisión que fue objetada por memorial presentado el 28 de noviembre de 2022 y posteriormente ratificada por la Resolución Jerárquica FDC/N.G.G.R. OD 208/2022 de 9 de diciembre, bajo el argumento de que: “...tomando en cuenta que la Guarda es otorgada mediante Resolución Judicial a la madre o padre, corresponde señalar que, en el caso de autos, un elemento necesario para tomar la decisión de aperturar la correspondiente investigación, será la presentación de esa Resolución Judicial aludida por el artículo 57 de la Ley 548” (sic [Conclusión II.6]). Ahora bien respecto a que no se habría cumplido con la presentación de una relación fáctica, de la revisión de la querella y memorial de subsanación se tiene que ello no es evidente, toda vez que la querellante -ahora accionante- cumplió con este efecto, realizando una narración detallada, ordenada y circunstanciada de los hechos atribuidos al sindicado -estableciendo qué, quien, cómo, cuándo y donde habría ocurrido el delito de substracción de menor o incapaz-, en este sentido la observación debió en su caso especificar qué hechos eran los que no resultaban claros, contradictorios o incoherentes, por tanto un argumento genérico no es motivo suficiente para que la autoridad demandada haya confirmado la Resolución de Desestimación referida. Por otra parte, se consideró como fundamento para la desestimación de la denuncia penal por el delito de substracción de menor o incapaz, a la falta presentación de una resolución judicial que otorgue la guarda a alguno de los progenitores; bajo el argumento de que sería un elemento constitutivo, sin el cual no se podría realizar una adecuación de la conducta del agente al citado tipo penal; sin embargo, no se consideró si en el caso concreto existía guarda natural o de hecho de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, ignorando que la finalidad principal del tipo penal de substracción de un menor o incapaz, es proteger y resguardar el interés superior del menor entendido como el bienestar físico, psíquico y el derecho a relacionarse con su entorno familiar, ante la sustracción arbitraria e intempestiva de un tercero o alguno de sus progenitores, más aun cuando en el caso la accionante denuncia una presunta coacción por parte del otro progenitor y que además existiría otro proceso penal, en el cual se emitieron medidas de protección que estarían siendo incumplidas; por lo que, la Resolución Jerárquica impugnada carece de la debida fundamentación en la medida en la que la autoridad demandada al confirmar una resolución de desestimación que condicionaba el inicio de las investigaciones o persecución penal a la presentación de una resolución de guarda no consideró si en el caso concreto existía o no una guarda natural o de hecho ignorando el interés superior de una menor de edad de la cual aparentemente se desconoce su paradero y situación; vulnerando de ese modo la garantía del debido proceso en su elemento fundamentación y el derecho al acceso a la justicia penal de la accionante, lo que obliga a esta Sala a conceder la tutela impetrada.

Finalmente, al no haberse fundamentado sobre la vulneración del principio pro actione, corresponde denegar la tutela invocada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 063/2023 de 6 de junio, cursante de fs. 200 a 206, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, disponiendo que la Fiscal Departamental de Cochabamba, que se encuentra en ejercicio del cargo emita nueva resolución jerárquica debidamente fundamentada considerando los aspectos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al principio pro actione. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0568_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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