Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 25 de julio de 2024
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica o legalidad y a la presunción de inocencia; puesto que, el Presidente ahora accionado asumió medidas de hecho al suspenderle como asociado e impedirle participar de las actividades del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, y de recibir sus excedentes de percepción por las ganancias mensuales, así como al acceso al campamento para realizar sus actividades laborales y rehusar su reincorporación a la referida Cooperativa, en síntesis, aplicarle una sanción sin ningún proceso interno en el que hubiese una resolución ejecutoriada, con el pretexto de su conflicto familiar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 173/2022 de 29 de septiembre y Auto Complementario de 3 de octubre de 2022, cursantes de fs. 261 a 264 vta. y 267, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° Conceder en parte la tutela solicitada, disponiendo:
a) La reincorporación inmediata de Francisco Quispe Salcedo a la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” con todos los derechos que le asisten como asociado, previstos por el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la referida Cooperativa. b) El pago de los excedentes de percepción que le adeudan por el periodo que comprende la realización de las medidas de hecho y en cumplimiento al Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, incluyendo que se le agregue al grupo de WhatsApp o alguna otra forma de comunicación interna, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Denegar la tutela solicitada, respecto a la imposición de daños y perjuicios, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0568/2024-S3 Sucre, 25 de julio de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 51324-2022-103-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 173/2022 de 29 de septiembre, y Auto Complementario de 3 de octubre de 2022, cursantes de fs. 261 a 264 vta. y 267, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Francisco Quispe Salcedo contra Gregorio Cocarico Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”.
El accionante por memorial presentado el 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 96 a 101, manifestó lo siguiente:
Es asociado de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, con registro ante la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), Certificación con Código 0237/2022 de 16 de mayo; cumplió con sus deberes conforme al Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de dicha Cooperativa, desempeñó su trabajo de manera regular, asistió a todas las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias convocadas, con sus aportes en la entidad, no cometió ni fue procesado disciplinariamente por alguna falta ni contravención establecida en el Estatuto Orgánico o Reglamento Interno. Sin embargo, se vio gravemente perjudicado porque en “octubre” de 2020, los Directivos de la Cooperativa se mostraron molestos, presuntamente a causa del conflicto familiar que su expareja reclamó contra su persona, lo que ocasionó que la referida Cooperativa asuma medidas de hecho, en ese entendido: a) No le pagaron los excedentes de percepción también denominados haberes o dividendos por lo trabajado, que le corresponde desde “octubre” del citado año, periodo de tiempo en que la Cooperativa Minera Aurífera de “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” se encuentra en plena actividad de producción diaria; no obstante, permaneció trabajando hasta “marzo” de 2021; b) Después de “marzo” de igual año, le suspendieron de la referida Cooperativa en su calidad de asociado, así como a su representante, y negándole el ingreso al campamento minero de dicha Cooperativa para trabajar, tampoco le cancelaron por su trabajo hasta “marzo” de ese año; y, c) Fue excluido del grupo de WhatsApp, medio oficial de comunicación respecto a turnos de trabajo, convocatorias a asambleas y toda información. Medidas que afectaron sus ingresos económicos e impidieron cubrir los gastos de alimentación de su familia. Mediante Notas de 30 de noviembre de 2020, 26 de marzo de 2021, 8 de septiembre de igual año y 29 de noviembre de ese año, dirigidas a Jaime Mollinedo Marzana, entonces Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” y al actual Presidente ahora accionado, reclamó de las represalias asumidas contra su persona, ya que un conflicto familiar no puede incidir en el ámbito laboral, cualquier retención de pagos únicamente puede efectuarse mediante una sentencia judicial, las sanciones que le impusieron no se encuentran justificadas ni previstas en el Estatuto Orgánico menos en el Reglamento Interno de la referida Cooperativa. Ante la falta de respuesta a sus notas de solicitud, que lo dejaron en incertidumbre e indefensión, presentó una acción de amparo constitucional que fue resuelta mediante Resolución 038/2022 de 18 de marzo, que ordenó a la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, responder de manera formal a su petición presentada el 29 de noviembre de 2021. En ese entendido, recibió de dicha Cooperativa una Nota de 23 de marzo de 2022, firmada por el Presidente ahora accionado, en la que, en lugar de dar respuesta a los puntos de su petición le exigieron que indique el nombre de la persona que le impidió el ingreso a su trabajo y señalaron que el Consejo de Administración de la referida Cooperativa no puede tomar ninguna determinación sobre los asociados, siendo esta deber de la Asamblea; y, que no existe ninguna resolución o memorando en su contra. Asimismo, señaló que la Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020, le otorgó un permiso especial de un mes calendario para dar solución a su problema familiar y que debía reincorporarse el 10 de noviembre de igual año, ya que no fue suspendido; empero, que hizo abandono de trabajo; por lo que, no se le puede cancelar ningún excedente de percepción. La respuesta recibida de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” resulta contradictoria a las medidas asumidas y atentatoria a sus derechos; por lo que observó su contenido con otra Nota de 14 de julio de 2022, debidamente diligenciada por funcionario policial,
“…solicitando nuevamente la reversión de las sanciones impuestas, el pago de los excedentes de percepción que me corresponden y la restitución de mi condición de asociado, aclarando que mi persona no solicito ningún permiso, menos abandoné mi trabajo ya que me encuentro incomunicado porque la cooperativa me excluyo del grupo de WhatsApp y desconozco el cronograma de trabajos, asimismo reitere se me entregue la documentación solicitada que me negaron…” (sic) y hasta la fecha de interposición de la acción de tutelar no recibió respuesta. Actualmente se encuentra desempleado, sin su fuente de trabajo, y tampoco le pagaron por los trabajos prestados hasta “marzo” de 2021, no recibió sus excedentes de percepción por las ganancias mensuales de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, menos le incluyen en el grupo de WhatsApp y se oponen a que su persona pueda reincorporarse a su trabajo, se le niega participar en las actividades de la referida Cooperativa y menos recibir los referidos excedentes, con el pretexto del conflicto familiar; ya que, de manera premeditada decidieron castigarle y alejarle de dicha Cooperativa, a sabiendas que la producción minera es próspera y genera bastantes utilidades. Para fines del seguro médico, según el reporte de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (FECOMAN L.P.) de 11 de febrero de 2022, la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” actualizó la lista de los asociados eliminando su nombre; por lo que, quedó marginado del seguro médico, debido a ello ya no puede acceder a las consultas médicas, ni análisis de laboratorio del Seguro Médico de FECOMAN L.P. En los hechos le aplicaron una sanción de suspensión y exclusión o expulsión de su calidad de asociado, sin escucharlo, no teniendo la oportunidad de asumir defensa en un proceso previo disciplinario ante un Tribunal Disciplinario, cuyo fallo inclusive puede ser susceptible de apelación ante la Asamblea de la referida Cooperativa, con la excusa de sus problemas familiares -consta en el Acta de la Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020-, incumpliendo el art. 21 del Decreto Supremo (DS) 1995 de 13 de mayo de 2014 -Reglamento de la Ley 356 de 11 de abril de 2013 (Ley General de Cooperativas)- y los arts. 13 y 14 del Reglamento Interno de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica o legalidad y a la presunción de inocencia; citando al efecto los arts. 45, 46.I, 115.II, 116.I, 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda tutela; y en consecuencia, se disponga: 1) Su reincorporación inmediata a la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, con todos los derechos que le asisten como asociado; 2) El pago de los excedentes de percepción que le adeudan por los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021 que asciende a Bs169 000.- (ciento sesenta y nueve mil bolivianos), reflejados en el Libro de Actas de pago de excedentes de percepción o haberes que el Presidente ahora accionado se niega a exhibir, así como el pago de dividendos o excedentes de percepción por todo el tiempo de suspensión desde octubre de 2020 hasta la fecha de su reincorporación efectiva a la referida Cooperativa previa constatación de la producción minera que se realizará en ejecución de sentencia; 3) Se imponga el pago de daños y perjuicios; y, 4) Se le incluya en el grupo de WhatsApp oficial de la referida Cooperativa o se garantice un medio de comunicación para conocer las convocatorias de dicha Cooperativa para actividades y cronograma de trabajo.
Celebrada la audiencia pública el 28 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 254 a 260 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliándolo, manifestó que: i) En la Nota de 23 de marzo de 2022, -de respuesta- la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, recién hizo conocer que se tiene el Acta de Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020, -de la máxima instancia-, en la que se asumió la decisión respecto a su persona la cual expresa ʽ“Francisco Quispe, asunto familiar donde su esposa dio un Testimonio muy fehaciente, la asamblea decide que arregle en un mes caso contrario será suspendido”ʹ (sic), si bien es la máxima autoridad; empero, las decisiones deben ser asumidas en el marco de la Ley General de Cooperativas, su decreto Reglamentario y su propio Estatuto Orgánico; por lo que, esa determinación es contraria a la ley; y, ii) Con esa decisión, la referida Cooperativa refuta la versión de abandono de la entidad.
Gregorio Cocarico Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, mediante informe presentado el 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 194 a 196 manifestó que: a) Conforme a los arts. 86 y 87 del Reglamento Interno de la referida Cooperativa, para la solución de controversias a su interior se conformará la Junta de Conciliación compuesta por tres asociados elegidos en Asamblea General Ordinaria; por lo que el accionante debió presentar su reclamo y agotar la vía de la conciliación, una vez agotada recién podía interponer la acción de amparo constitucional; empero, al presentar de manera directa incumplió el principio de subsidiariedad que rige ésta acción tutelar; b) El cómputo del término del principio de inmediatez debió tomarse en cuenta desde el acto lesivo, identificado como “octubre” de 2020, en ese entendido, ya pasaron dos años desde ese hecho; sin embargo, se pretende computar ese plazo a partir de la respuesta que dicha Cooperativa otorgó al accionante, afirmando que la acción de amparo constitucional presentada anteriormente era irrelevante, porque son derechos tutelados de manera distinta; c) El derecho de petición cuya protección se pidió en la anterior acción de defensa fue resuelto y se les notificó con la nota de respuesta; empero, no se solicitó ninguna aclaración, complementación, tampoco alguna queja de incumplimiento en sede constitucional, resolución que se encuentra en revisión a la fecha; d) Lo que se expuso en el presente caso son derechos controvertidos, pretendiendo que se tutelen directamente los mismos, sin tomar en cuenta que requieren un procedimiento para establecer los daños y perjuicios reclamados, exponiendo en su petitorio, pretensiones que sobrepasan el presente procedimiento; e) A la consulta del Vocal Constitucional, si existe alguna resolución de expulsión, retiro o alejamiento contra el accionante, el Presidente ahora accionado respondió textualmente “No, él ha hecho abandono como le reitero, se ha perdido totalmente, ni una llamada he recibido del señor Francisco” (sic); y, f) A la pregunta del referido Vocal, respecto al motivo de la decisión asumida por la Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020, el Presidente hoy accionado hizo referencia al conflicto familiar del accionante, cuya esposa se apersonó a la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, junto a sus tres hijas, presuntamente abandonadas por el accionante, solicitando el cumplimiento de asistencia familiar. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.
Jaime Mollinedo Marzana, ex Presidente de la Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de defensa, pese a su notificación cursante a fs. 104 vta.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 173/2022 de 29 de septiembre y Auto Complementario de 3 de octubre de 2022, cursantes de fs. 261 a 264 vta. y 267, concedió en parte la tutela solicitada por el accionante respecto de los derechos al debido proceso y a la defensa, disponiendo que: 1) El Presidente ahora accionado convoque a una Asamblea Ordinaria de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, para someter a conocimiento de la misma la situación del accionante, si se tomará la determinación de su alejamiento mediante su suspensión o expulsión, reingreso en el marco estricto de los descargos que presente el nombrado y el cumplimiento de las obligaciones que a todo asociado le corresponde o se encuentren pendientes de su cumplimiento según advierta la Asamblea conforme establece el Estatuto Orgánico de la referida Cooperativa; y, 2) El Presidente hoy accionado garantice la presencia del accionante con el asesoramiento que estime conveniente, en la Asamblea Ordinaria. Todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) Si el accionante entiende que la Nota de 23 de marzo de 2022, que emerge del cumplimiento de la Resolución 038/2022, es incongruente, evasiva y omitió responder a su Nota de 29 de noviembre de 2021, tiene los mecanismos de reclamación que puede presentar a la Sala Constitucional con el objeto de que se pronuncie en el alcance dispuesto y verificar si se cumplió esa Resolución constitucional; por lo que esa Sala Constitucional no emitirá ningún pronunciamiento de fondo al respecto; ii) De la revisión del art. 41 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, su estructura orgánica se encuentra conformada por la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, el Tribunal de Honor, la Junta de Conciliación y los Comités, en ese entendido, la Asamblea General es soberana y suprema, sus resoluciones tienen carácter obligatorio para todos los asociados presentes, y ausentes, mientras no contraríen las disposiciones de la Ley General de Cooperativas, su decreto reglamentario y las disposiciones del ente regulador de las Cooperativas; sin embargo, es el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, quien se encuentra facultado para convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias para la toma de decisiones vinculadas a los asociados; por lo que ante una eventual tutela en la presente acción de defensa, es la Asamblea General convocada por el Presidente del Consejo de Administración de la referida Cooperativa, la que debe tratar la situación del accionante, quedando salvado el tema de la legitimación pasiva; iii) Según el Acta de Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020, la misma asumió conocimiento del problema familiar del accionante presentado por su esposa; por lo que decidió que ese aspecto se solucione en un mes caso contrario será suspendido, entonces, ese es el acto inicial que dio lugar al eventual alejamiento del accionante, que a la fecha no se encuentra dilucidado, ya que los aspectos pretendidos por el accionante en el petitorio de la presente acción tutelar, deben pasar por la Asamblea de la citada Cooperativa y no únicamente a través de una decisión que pueda adoptar el Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”; iv) Fue el Presidente ahora accionado que emitió la Nota de 23 de marzo de 2022 -de respuesta-, en representación de la Cooperativa en todos los actos públicos y privados, en ese entendido, su actuar diligente importaba que los requerimientos y solicitudes del accionante sean tramitados y puestos en conocimiento de la Asamblea de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, incluso convocar a una Asamblea extraordinaria para la conclusión del trámite conforme mandato de su Estatuto Orgánico; empero, al no tramitarse conforme a normativa, permitió que el accionante quede en estado de incertidumbre, restringiéndole de sus derechos al debido proceso y a la defensa; v) En ese entendido, esa Sala Constitucional no puede emitir un pronunciamiento respecto a la afectación de los derechos al trabajo, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia; puesto que, la decisión definitiva le corresponde asumir a la Asamblea de la Cooperativa conforme a su Estatuto Orgánico; por lo que, esa Sala Constitucional no pudo concluir que la omisión del Presidente ahora accionado no hubiese permitido que la Asamblea de la referida Cooperativa emita un pronunciamiento sobre la situación concreta del accionante, tomando en cuenta que “…fue precisamente la asamblea ordinaria del 10 de octubre de 2020, que adoptó la decisión de que el día de hoy se pudiera entender como el acto de detono el eventual alejamiento del ahora accionante” (sic); y, vi) Por mandato del Estatuto Orgánico de la referida Cooperativa, el Presidente ahora accionado debe convocar a una Asamblea Ordinaria en el plazo que señalará esa Sala Constitucional, para que conozca y resuelva la situación del accionante, debiendo permitir su participación irrestricta para que pueda expresar sus alegaciones incluso con la asistencia técnica si ve por conveniente. En vía de complementación y enmienda, el accionante a través de su abogado, por memorial cursante de fs. 265 a 266, solicitó a la Sala Constitucional: a) La fundamentación porqué se denegó respecto a los otros derechos reclamados al trabajo, a la libertad de reunión y asociación en la esfera individual, a la salud, considerando que se trata del mismo hecho por el cual se vulnera todos los derechos reclamados; b) Se complemente la Resolución 173/2022 señalándose de modo específico cual es la disposición legal y/o constitucional que permite diferir la decisión de tutela de sus derechos a un Órgano netamente particular como es la Asamblea General de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”; c) Se complemente fundamentando y explicando el motivo por el que no se impuso daños y perjuicios, difiriendo dicha decisión a la Asamblea General de la referida Cooperativa, tomando en cuenta que su persona fue aparatada y expulsada de dicha Cooperativa mediante medidas de hecho; y, d) Tomando en cuenta las actitudes violentas y agresivas solo a causa de la presentación de la acción de amparo constitucional, no existen las condiciones necesarias para garantizar su seguridad física, la de sus abogados y acompañantes en una Asamblea de la Cooperativa en la Comunidad Choro Grande; por lo que solicitó se complemente la decisión, ordenando la presencia de un Notario de Fe Pública y un contingente policial para preservar su seguridad e integridad física y la de sus acompañantes y se le haga conocer la convocatoria de forma inmediata a su emisión conforme el art. 43 del Estatuto Orgánico de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” con quince días de anticipación. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional mediante Auto de 3 de octubre de 2022, cursante de fs. 267, dispuso: 1) Sin lugar a la complementación y/o enmienda -con relación al inc. a)-; puesto que esa Sala Constitucional estableció de forma clara que no es facultad del Presidente ahora accionado asumir esa decisión de forma directa, sino debe ser tratada por la Asamblea de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, por asumir dicha instancia la determinación en la Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020; 2) Sin lugar a la complementación y/o enmienda -respecto al inc. b)-; puesto que, por su condición de Presidente del Consejo de Administración de la referida Cooperativa, no podrá generar la reparación de los agravios que el accionante pretende, siendo la Asamblea la que debe pronunciarse; 3) Sin lugar a la complementación y/o enmienda -del inc. c)-, debiendo el accionante estar a lo dispuesto en el referido Auto; y, 4) Ha lugar a la complementación -del inc. d)-; por lo que autoriza: el día que se efectúe la Asamblea ordenada por el Presidente ahora accionado, permita la presencia de Notario de Fe Pública, del abogado del accionante, así como de un contingente policial que brinde seguridad en la Asamblea, determinaciones que el Presidente hoy accionado debe garantizar en cuanto a su cumplimiento, para cuyo efecto ofíciese al Comando Regional de El Alto de la Policía Boliviana, para que, por el conducto regular se asigne el contingente policial en la fecha de la Asamblea, debiendo el Presidente ahora accionado hacer conocer con la anticipación necesaria la convocatoria a Asamblea.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, se trató la situación de Francisco Quispe Salcedo -ahora accionante-, en los siguientes términos: “…Francisco Quispe; asunto familiar, donde su esposa dio en testimonio muy fehaciente; la asamblea decide que arregle en 1 mes; caso contrario será suspendido” (sic [fs. 18 a 20]). II.2. Cursan Notas presentadas ante el entonces Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” por las que el accionante, reclamó su situación jurídica como asociado, es así que: i) Por Nota de 30 de noviembre de 2020, con la referencia “Ref: Pide no retención de dividendos y hace conocer acciones legales”, alegó a que se le pretendió cortar la entrega de sus dividendos y suspenderle laboralmente como socio de la referida Cooperativa, debido al conflicto familiar con su esposa Santusa Kanchi Flores, Nota recibida en la misma fecha (fs. 4); ii) Mediante Nota de 26 de marzo de 2021, con la referencia “…SOLICITA REINCORPORACION Y LA CANCELACION DE DIVIDENDOS”, señaló que desde “octubre” de 2020, fue comunicado de manera verbal la retención de sus dividendos a pesar que cumplió con sus obligaciones como asociado a través de su representante legal; sin embargo, en Asamblea Extraordinaria de 22 de marzo de 2021, se determinó su exclusión forzosa, con el pretexto de una Resolución de la Comunidad Choro Grande que señaló el incumplimiento de asistencia familiar, lo que no es una causal de pérdida de la calidad de asociado, y no fue notificado con el proceso sumario, dicha Nota recibida el 30 del mismo mes y año (fs. 5 a 6);
iii) A través de Nota de 8 de septiembre del citado año, con la referencia “Ref.: Al amparo del derecho constitucional de petición, solicito me haga conocer actas, resoluciones y libro de actas de pago de haberes o excedentes de percepción”, indicó que las notas presentadas anteriormente y las medidas de hecho que se asumieron por la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” al no permitirle el ingreso a la “mina”, lo dejó sin sustento, con el pretexto de los motivos familiares, cuyo proceso fue la excusa para su expulsión como asociado, la suspensión en su trabajo y el pago de sus excedentes de percepción o haberes, decisiones arbitrarias que no le comunicaron con ninguna acta, resolución o memorado para ejercer su defensa, vulnerando el derecho al debido proceso e incumpliendo las normas de la Cooperativa; sin recibir “hasta la fecha” respuesta a sus notas sobre su situación jurídica, Nota recibida el 9 de igual mes y año mediante funcionario policial (fs. 7 a 8 vta.); y, iv) Por Nota de 29 de noviembre de 2021, dirigida a Gregorio Cocarico Gutiérrez, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” -ahora accionado- con la “REF.: Al amparo del derecho constitucional de petición, de forma reiterada solicito me haga conocer actas, resoluciones donde se haya tomado alguna determinación en mi contra y solicito documentación”, con un contenido similar a la Nota de 8 de septiembre de igual año, recepcionada el 2 diciembre del citado año, mediante funcionario policial (fs. 9 a 10 vta.). II.3. Cursa Nota de 23 de marzo de 2022, dirigida al accionante, por la cual el Presidente ahora accionado, señaló que en cumplimiento a la notificación de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respondió, en la Nota de 29 de noviembre de 2021, presentada por el accionante, que en sus partes sobresalientes señala: “…mediante asamblea ordinaria de fecha 10 de octubre de 2020, donde su persona estaba presente, la asamblea le otorgo un permiso especial de 1 mes calendario para que dé solución a su problema familiar, es decir que usted debió reincorporarse a sus labores cotidianas en la cooperativa en fecha 10 de noviembre de 2020” (sic), continuó indicando “…se ha señalado en audiencia que usted no fue suspendido, empero usted si abandono sus trabajos como asociado. Por lo que la cooperativa recién asumirá lo que en derecho corresponda al presente caso y se le hará conocer mediante Resolución o memorándum cualquier determinación” (sic [fs. 17]). II.4. Por Certificación expedida por Edwin Cruz Quilla, Analista de Registro y Archivo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP), de 16 de mayo de 2022, se evidenció que el accionante, con Cédula de Identidad 3392374 se encuentra registrado en la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, con personalidad jurídica reconocida mediante Resolución Administrativa (RA) 147/11 de 28 de febrero de 2011 (fs. 3). II.5. Cursa Nota de 14 de julio de 2022, dirigida al Presidente ahora accionado, por el que el accionante con la “Ref.: Solicita inmediata reversión de las sanciones impuestas, el pago de los excedentes que me corresponden y mi restitución de mi condición de asociado”, aludiendo a la recepción de la Nota de 23 de marzo de 2022, en cumplimiento a la Resolución 038/2022 emitida por Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, recibida el 18 de julio de igual año, mediante funcionario policial (fs. 39 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica o legalidad y a la presunción de inocencia; puesto que, el Presidente ahora accionado asumió medidas de hecho al suspenderle como asociado e impedirle participar de las actividades del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, y de recibir sus excedentes de percepción por las ganancias mensuales, así como al acceso al campamento para realizar sus actividades laborales y rehusar su reincorporación a la referida Cooperativa, en síntesis, aplicarle una sanción sin ningún proceso interno en el que hubiese una resolución ejecutoriada, con el pretexto de su conflicto familiar. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la CPE, es una de las acciones de defensa para la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, contra actos u omisiones indebidas de servidores públicos y personas particulares que restrinjan o supriman o amenacen restringir o suprimir derechos fundamentales o garantías constitucionales. En ese marco la jurisprudencia constitucional razonando sobre su naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional expresó que esta acción de defensa se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima para la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales o garantías constitucionales cuando están restringidos, suprimidos o amenazados por servidores públicos o personas físicas o jurídicas; en otros términos, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, busca el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. Constituye la acción de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales en el marco de los valores y principios establecidos en la Constitución Política del Estado. Esta acción de defensa se encuentra regida por los principios de subsidiariedad e inmediatez prevista implícitamente por el art. 129.I y II de la Norma Suprema. Respecto a la subsidiariedad, expresa que podrá interponerse siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; en lo que atañe al principio inmediatez prescribe que podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, desde el hecho vulneratorio que se denuncia o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial presuntamente lesivo. La jurisprudencia constitucional concluyó que la acción de amparo constitucional es subsidiaria porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, en todo 2 Respecto a la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la SCP 1476/2012 de 24 de septiembre, expresó textualmente: “La acción de amparo constitucional, se configura como una garantía jurisdiccional extraordinaria, de tramitación especial y sumarísima, que tiene por objeto la restitución o restablecimiento de los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución Política del Estado, cuando éstos son restringidos, suprimidos o amenazados por parte de particulares o funcionarios públicos y siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para su protección…” (las negrillas son nuestras), confirmada por la SCP 0415/2013 de 3 de junio, mediante su cita textual. 3 La SCP 0132/2012 de 4 de mayo, expresa que la acción de amparo constitucional: “…establece un procedimiento de protección cuyo objeto es el restablecimiento inmediato y efectivo de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados, a través de un procedimiento judicial sencillo, rápido y expedito, frente a situaciones de lesión provenientes de la acción u omisión de servidores públicos o particulares; siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida” (las negrillas son añadidas). 4 La SCP 0046/2012 de 26 de marzo, establece respecto al objeto de protección de la acción de amparo constitucional:
“Se constituye entonces en una de las acciones de defensa más amplia en cuanto al alcance de su ámbito de tutela y protección de derechos, rigiendo para su interposición, los principios de inmediatez y subsidiariedad, conforme lo establece el art. 129 de la Ley Fundamental; denotándose de la naturaleza de esta acción su objeto de protección y resguardo de derechos en el marco de los valores y principios ético-morales establecidos en la Constitución Política del Estado, contribuyendo desde la justicia constitucional a efectivizar y materializar esos valores y principios para una vida armoniosa, con equidad, igualdad de oportunidades y dignidad, entre otros valores, en los que se sustenta el Estado Plurinacional y que son parte de la sociedad plural” (las negrillas son añadidas). 5 Respecto a los principios de subsidiariedad e inmediatez, el art. 129 del Código Procesal Constitucional (CPCo), en su establece:
“I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial” (las negrillas son nuestras). 6 Respecto al carácter subsidiario de la acción de amparo constitucional la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, expresa textualmente: “…el recurso de amparo se constituye en un instrumento subsidiario y supletorio en la protección caso implica el agotamiento previo de los medios, mecanismos y recursos intraprocesales que la ley le franquea al accionante; de persistir las lesiones de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, podrá acudir a la justicia constitucional para su protección y restablecimiento. En caso de existencia de otros medios o recursos que la ley establece, para la protección inmediata de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, el caso recae en uno de los supuestos de improcedencia de la acción de amparo constitucional previstas en el Código Procesal Constitucional. Sin embargo, por mandato del art. 54.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), ésta regla reconoce supuestos excepcionales plenamente justificados: a) Cuando la protección pueda resultar tardía; y, b) Exista el riesgo inminente de un daño irremediable e irreparable; en ese entendido, el extinto Tribunal Constitucional, cuyos razonamientos resultan vinculantes en tanto sean coherentes y no contradigan los postulados de la vigente Constitución Política del Estado, fue estableciendo en sus diferentes fallos constitucionales, supuestos excepcionales que excluyen la aplicación del principio de subsidiariedad en esta acción tutelar y que continuó la doctrina constitucional del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, destacando entre ellos las medidas o vías de hecho.
de los derechos fundamentales, subsidiario porque no es posible utilizarlo si es que previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa y supletorio porque viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria” (las negrillas nos pertenecen). 7 Con relación a la subsidiariedad la SCP 0196/2014-S2 de 24 de noviembre, expresa: “Esta acción de defensa, instituida para la protección y el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales que se denuncian como lesionados, exige para su procedencia, el agotamiento previo por parte de quien la plantea, de los medios, mecanismos y recursos intraprocesales, que la ley le franquea, los que utilizados y en caso de persistir la lesión, podrá acudirse a la justicia constitucional” (las negrillas son agregadas). 8 Respecto a los casos de improcedencia el art. 53 del CPCo, establece:
“1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 2. Contra actos consentidos libre y expresamente, o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno. 4. Cuando la omisión de la Servidora o Servidor Público, vulnere un mandato expreso de la Constitución Política del Estado o la Ley, tutelado por la Acción de Cumplimiento. 5. Cuando los derechos o garantías vulnerados correspondan ser tutelados por las Acciones de Libertad, de Protección de Privacidad o Popular” (las negrillas son nuestras). 9 El art. 54.II del CPCo., establece: “Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:
La protección pueda resultar tardía. 1. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela” (las 2. negrillas nos pertenecen). 10 Respecto a la vinculatoriedad de la jurisprudencia desarrollada por el extinto Tribunal Constitucional en vigencia de la derogada Constitución Política del Estado, la SCP 2140/2012 de 8 de noviembre, expresó: “Del razonamiento expuesto, se infiere que la definición de la jurisdicción por razón de materia a aplicarse sobre las acciones reales de bienes inmuebles cuando se produce el cambio de uso de suelo de propiedad rural a urbana, no puede quedar simplemente librada exclusivamente a lo que dispongan los gobiernos municipales, sino también debe considerarse otros elementos como el destino de la propiedad y de las actividades desarrolladas; razonamiento que si bien fue efectuado por el extinto Tribunal Constitucional; sin embargo, este resulta plenamente aplicable y coherente por cuanto no contradice a los nuevos postulados de la actual Constitución Política del Estado…” , entre otros.
medidas de hecho
Uno de los supuestos excepcionales al principio de subsidiariedad son las medidas de hecho, se encuentran definidos como aquellos actos ilegales y graves cometidos por particulares o funcionarios públicos al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes vinculados a la administración de justicia, afectando derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en el bloque de constitucionalidad, por lo mismo, atentan o infringen los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho; en esa comprensión, en términos de la SC 0832/2005-R de 25 de julio, en medidas o vías de hecho “…el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias” (las negrillas son nuestras). En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional debido a la frecuencia y gravedad de las medidas de hecho, que han propiciado la afectación recurrente de una serie de derechos fundamentales y garantías constitucionales de manera directa o indirecta, por las que sus víctimas tuvieron que acudir a la jurisprudencia constitucional con la pretensión de obtener la protección de los mismos frente a vías de hecho, precisó algunas de las modalidades que la comprenden: 1) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; 2) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, entre otros; y, 3) Desalojos extrajudiciales de viviendas. En esas circunstancias, la jurisprudencia constitucional es uniforme en determinar la prescindencia o excepción al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional; puesto que, ésta acción tutelar es el medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales vulnerados como consecuencias de las vías de hecho, dando lugar a la activación directa e inmediata de ésta acción de defensa para la salvaguardia de derechos fundamentales y garantías constitucionales vulnerados.
En cuanto a la inmediatez vinculada a las medidas de hecho, es necesario aclarar que la jurisprudencia constitucional ya razonó que el tiempo transcurrido no constituye un obstáculo para la otorgación de tutela de la acción de amparo constitucional en caso de las medidas de hecho -avasallamiento- vulneratorias de derechos fundamentales y garantías constitucionales del accionante, que continuaron al momento de solicitarlo. En el mismo sentido, el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante una labor 13 Respecto a las variadas formas con las que se manifiesta las vías de hecho, la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, ha señalado: “Este Tribunal Constitucional Plurinacional, ha verificado con preocupación que recurrentemente se ha activado la acción de amparo para denunciar: i) Avasallamientos u ocupaciones por medidas o vías de hecho de predios urbanos o rurales, privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la perturbación o pérdida de la posesión o tenencia del bien inmueble; ii) Cortes de servicios públicos (agua, energía eléctrica, etc.);y, iii) Desalojos extrajudiciales de viviendas; entre otros supuestos…” (las negrillas son nuestras). 14 La SCP 1938/2012 de 12 de octubre, expresa textualmente: “Tal como se señaló precedentemente, al constituir las vías de hecho actos contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes, los cuales afectan derechos fundamentales reconocidos por el Bloque de Constitucionalidad, por lo que de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben ser tutelados a través de la acción de amparo constitucional, por ser éste un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho, corresponde ahora, en el marco del principio de favorabilidad plasmado en el art. 256.I de la CPE, interpretar el art. 129.II de la Constitución, como génesis constitucional para la tutela de actos lesivos continuos en vías de hecho” (las negrillas nos pertenecen). 15 La SCP 0309/2012 de 18 de junio, en el Fundamento Jurídico III.3., señala que: “…el tiempo transcurrido, no constituye un óbice para la no concesión de la presente acción de amparo constitucional, toda vez que el avasallamiento y la consiguiente vulneración de los derechos fundamentales del accionante, continuaban a momento de solicitar se prosiga con la tramitación de la misma” (las negrillas son agregadas).
hermenéutica en base a pautas de una interpretación teleológica, extensiva y progresiva, y que favorezca al acceso a la justicia constitucional, establecida en la SCP 1938/2012 de 12 de octubre, concluyo que: “…en vías de hecho, pueden existir actos lesivos que generen una afectación a derechos mediata en el tiempo, es decir, cuando a partir del acto inicial lesivo a derechos fundamentales que emerja de una medida de hecho, de manera conexa y como consecuencia directa del primer acto lesivo, se realicen actos ulteriores vulneratorios de derechos fundamentales, al tener directa relación los actos continuos vulneratorios de derechos emergentes de vías de hecho, el afectado, podrá pedir tutela constitucional, desde el último acto lesivo, supuesto en el cual, al estar los actos denunciados en estricta conexitud y directamente vinculados con el primer acto lesivo que surja de vías o medidas de hecho, una vez verificadas las lesiones a derechos fundamentales, en el ejercicio del control tutelar de constitucionalidad, deberá tutelarse los derechos hasta el primer acto que origine la lesión…” (las negrillas son nuestras). En correspondencia con esta línea de razonamiento es necesario citar lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia de 30 de noviembre de 2016, dentro el caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, resalando las consecuencias continuas o permanentes de las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, trabajos forzosos y destrucción y robos de propiedad presuntamente cometidos entre 1981 y 1986, que se siguieron cometiéndose en la actualidad.
16 La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Sentencia de 30 de noviembre de 2016, del Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, se pronunció respecto a las consecuencias continuas o permanentes de las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, trabajos forzosos y destrucción y robos de propiedad, hechos vulneratorios de la Convención, en los siguientes términos: “En consecuencia, la Corte considera que en el presente caso no tiene competencia ratione temporis para declarar violaciones a la Convención Americana por las detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y otras formas de violencia sexual, trabajos forzosos y destrucción y robos de propiedad presuntamente cometidos entre los años 1981 y 1986 en perjuicio de los habitantes indígenas mayas achí de la aldea Chichupac y comunidades vecinas, en lo cual lleva razón el Estado. No obstante, no le asiste la razón al Estado en cuanto a las consecuencias continuas o permanentes de estos hechos, sea que se trate de delitos instantáneos o permanentes conforme al derecho penal interno. Cualquiera sea la calificación penal interna, lo continuo es la violación a la Convención que se sigue cometiendo en la actualidad, toda vez que la infracción de que conoce esta Corte es la de derecho internacional actual, dado que no juzga penalmente a los funcionarios, sino al Estado por violación a la Convención. En tal sentido, yerra el Estado en cuanto objeta la competencia de la Corte respecto de la alegada desaparición forzada y la alegada omisión por parte del Estado de implementar garantías de retorno o un reasentamiento voluntario a favor de aquellas personas que permanecieron desplazadas luego del 9 de marzo de 1987, fecha a partir de la cual el Estado reconoció la competencia de la Corte, como también respecto de su alegada omisión de diligencia investigadora frente a graves violaciones a los derechos humanos, por ende, tampoco respecto de la reparación de los hechos. En vista de lo anterior, este Tribunal acoge parcialmente la excepción preliminar de falta de competencia ratione temporis” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen).
En ese entendido, cuando las medidas de hecho persisten causan una permanente vulneración de derechos fundamentales por tal razón no es posible admitir que el transcurso del tiempo sea suficiente para denegar la tutela solicitada; puesto que, los actos ilegales continúan en el tiempo impidiendo que el plazo de caducidad transcurra normalmente, para cuyo cómputo no solo debe tomarse en cuenta el primer acto lesivo, sino, la continuidad actual del mismo acto ilegal ejercido por el demandado; consiguientemente la acción de amparo constitucional puede interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos o garantías constitucionales, circunstancia excepcional que debe tomarse en cuenta para el computo del plazo de la caducidad en medidas de hecho.
Uno de los Órganos que forman parte de la estructura orgánica del Estado Plurinacional es el Órgano Judicial, que ejerce la potestad de administrar justicia o función de impartir justicia, que, en atención al nuevo diseño constitucional, la doctrina constitucional promovió su redefinición para asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, para constituirlo en un instrumento destinado a la materialización de los derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores contenidos en la Constitución Política del Estado, en oposición a aquella administración de justicia extremadamente formal, cuasi sacramental y señorial sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional, fruto de las prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano que reprodujeron relaciones y prácticas coloniales en el ámbito social, cultural, político e institucional.
17 Respecto a la flexibilización del plazo de la inmediatez la SCP 0060/2017-S2 de 6 de febrero, expreso: “En definitiva, cuando las vías o medidas de hecho persisten en el tiempo, ocasionan una permanente y continua conculcación de los derechos denunciados en la acción de amparo constitucional, prolongando la consumación irregular del hecho y la vulneración de tales derechos, situación por la que no es posible admitir como válida, la alegación del transcurso del tiempo para denegar la tutela impetrada, pues los actos ilegales perviven en el tiempo impidiendo que el plazo de caducidad discurra normalmente; en tal sentido, el cómputo de dicho plazo no debe realizarse desde el primer acto lesivo, tratándose de medidas de hecho, sino que debe tomarse en cuenta la continuidad de tal acto ilegal ejercido por el demandado” (las negrillas son nuestras). 18 Respecto al cambio o giro conceptual de la potestad a servicio de impartir justicia, la SCP 0790/2012 de 20 de agosto, razonó en los siguientes términos: “Por ello, la construcción de la institucionalidad plurinacional parte del desmontaje de las lógicas de colonialidad, desmistificando la idea de que impartir justicia es solamente una ʽpotestadʼ; sino por el contrario, asumirla como un servicio al pueblo, concebida como facultad/obligación, pues fruto de la colonialidad antes construida, se ha estructurado una ʽadministración de justiciaʹ extremadamente formal, cuasi sacramental, reproductora de prácticas judiciales desde la colonia y el periodo republicano, fundadas en la señorialidad de esta actividad bajo la concepción de ʽpotestad׳ antes que de ʽservicioʼ, sustentado por todo un aparato normativo, doctrinal e institucional. Corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional, romper esas relaciones y prácticas que se reproducen en lo social, cultural, político e institucional, constituyéndose en un instrumento En ese marco precisamente, es necesario señalar que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano, constituye una función única, no obstante, esa función es ejercida a través de la jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originaria campesina y especializada, con igual jerarquía; en estas cuatro jurisdicciones se encuentra concentrada la actividad decisoria para la solución de conflictos, controversias, que determine derechos y obligaciones de las personas, que imponga algún tipo de sanción; como establece la doctrina constitucional, sin desconocer la existencia de otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros. Ante la existencia de este monopolio del ejercicio de la potestad de administrar justicia o función de impartir justicia, por parte del Órgano Judicial reconocido constitucionalmente, se ha impuesto la proscripción de la justicia directa o justicia por sí mismo, o justicia por mano propia. En esa comprensión, por mandato legal establecido por el art. 1282 del Código Civil (CC), se encuentra proscrita la justicia por mano propia en los siguientes términos: “ARTÍCULO 1282. (PROHIBICIÓN DE LA JUSTICIA DIRECTA).-destinado a la generación de espacios de diálogo y relacionamiento de las diferentes concepciones jurídicas en el marco del Estado Plurinacional Comunitario, aportando al proceso de interpretación intercultural de los derechos humanos y fundamentales, así como de las garantías constitucionales, con énfasis en los derechos colectivos y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” (las negrillas son nuestras). 19 El art. 178.I de la CPE, expresamente establece que:
“I. La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (las negrillas nos pertenecen). 20 El art. 179 de la CPE, expresamente establece que:
“I. La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley.
II. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía.
III. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional.
IV. El Consejo de la Magistratura es parte del Órgano Judicial” (las negrillas son nuestras). 21 Respecto al reconocimiento y validez de la solución alternativa de conflictos, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere: “Entonces, si el reconocimiento del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, supone una concreción del Estado constitucional de derecho, como instrumento para promover que la solución de conflictos se realice a través de la jurisdicción (sin desconocer otros medios alternativos de solución de conflictos reconocidos por el orden constitucional y legal, como son: la conciliación, la mediación, el arbitraje, entre otros), para evitar la justicia por mano propia, su exclusión, supone que el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas o vías de hecho, es precisamente el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, que no es infrecuente acarree consigo la lesión a otros derechos conexos a partir de su supresión” (las negrillas son nuestras).
incurrir en las sanciones que la ley establece. II. Esta prohibición no impide, sin embargo, los actos de legítima defensa permitidos y calificados por la ley, ni los que conduzcan inmediatamente a la intervención de los órganos jurisdiccionales” (las negrillas son nuestras). Pertinente a este mandato legal, la jurisprudencia constitucional fue desarrollando la doctrina constitucional de manera uniforme con relación a la prohibición de la justicia directa o justicia por sí mismo, o justicia por mano propia en términos de la jurisprudencia constitucional, ejercido por autoridades públicas como por los particulares sobre la base del abuso del poder, cuyo control exige de manera urgente la activación directa e inmediata de la acción de amparo constitucional, no solo porque afectan derechos fundamentales y garantías constitucionales, sino infringen los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, un modelo de Estado más avanzado en la protección de derechos fundamentales y garantías constitucionales, en el cual, tanto el poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral), como la convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad, que sustituye el principio de legalidad e impone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado 22 Sobre la proscripción de la justicia mano propia vinculado a medidas de hecho, la SC 0832/2005-R de 25 de julio, refiere expresamente: “La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias. Frente a estas medidas de hecho, el criterio de este Tribunal ha sido uniforme en declarar la procedencia del amparo como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos fundamentales considerados lesionados” (las negrillas nos pertenecen). 23 Respecto a la transición al modelo de Estado Constitucional de Derecho, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, señala expresamente: “A ese efecto, sin ingresar a repasos históricos o formulaciones teóricas, es posible señalar que la afortunada concepción de ʽEstado de derechoʼ o ʽEstado bajo el régimen de derecho׳ cuya base ideológica es ʽun gobierno de leyes y no de hombresʼ, nace sepultando el modelo de ʽEstado bajo el régimen de la fuerza׳, el que no obstante haber sido llenado de diversos contenidos en diferentes épocas históricas (Estado de Derecho legislativo y actualmente Estado Constitucional de Derecho) tuvo una trascendencia unívoca: La proscripción de la arbitrariedad pública y privada en las reglas de convivencia social y contención del poder, garantizando con ello, el respeto a la ley.
En efecto, el Estado de derecho en principio tuvo una versión particular configurada como ʽEstado de derecho legislativoʹ o ʽEstado legal de Derechoʼ, empero, esta concepción reducía a un simple sistema de dominación mediante el instrumento de la ley, pues todo Estado era de Derecho, por el sólo hecho de que la actividad estatal se desarrolle bajo cánones legales (del legislador), siendo irrelevante si las leyes fueran opresoras o autoritarias, concepción que se sustentaba en que la ley (con características de generalidad y abstracción) era la más alta expresión de la soberanía y, por ello, quedaba al margen de cualquier límite o control, con lo cual, las constituciones terminaron siendo meras cartas políticas, afianzándose el imperio de la ley y el principio de legalidad.
Actualmente, el Estado de derecho, se configura como ʽEstado constitucional de Derechoʹ, que es ʽ…un estadio más de la idea de Estado de Derecho, o mejor, su culminación׳, o en palabras de Prieto Sanchís ʽ…no cabe duda que el Estado constitucional representa una fórmula del Estado de Derecho, acaso su más cabal realizaciónʼ” (las negrillas nos pertenecen).
o los particulares en cualesquiera de sus formas; consiguientemente, la justicia directa o justicia por sí mismo o la justicia por mano propia -proscrita en nuestro sistema normativo- al estar al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales provistos por la administración de justicia, configuran clara e indudablemente, medidas de hecho.
El Código Procesal Constitucional establece las normas comunes en los procedimientos de las acciones de defensa, en ese marco el art. 33 del citado Código, establece entre sus requisitos para la presentación de la acción: En el numeral dos la identificación de la persona o funcionario público contra quien se dirige la acción o los datos básicos para identificarlo; y, en el numeral siete la proposición de las pruebas que tenga el accionante o el señalamiento del lugar donde se encuentren. Estos requisitos que la ley procesal establece como regla general, encuentran excepción en la jurisprudencia constitucional, en ese entendido junto a las circunstancias excepcionales que justifican la abstracción de los principios de subsidiariedad e inmediatez que rigen la acción de amparo constitucional en el ámbito de las medidas de hecho, la jurisprudencia constitucional resaltó la flexibilización de algunas reglas de esta acción de tutelar. En ese entendido, si bien constituye una exigencia por mandato legal, la identificación de las autoridades o personas particulares demandadas; empero, en lo que concierne a medidas de hecho en el contexto a actos ilegales graves, cuando no sea posible identificar a las persona demandadas, la jurisprudencia constitucional estableció algunas sub reglas, por lo que manera excepcional se deberá flexibilizar la legitimación pasiva y el accionante podrá activar la protección de la acción de amparo constitucional; sin embargo, para asegurar el derecho al debido proceso, la equidad procesal de las partes, en la mayor medida posible el derecho a la defensa de la personas que sin ser demandadas o citadas como terceros, pueden ser afectadas en sus derechos ante una eventual otorgación dela tutela solicitada, no se les aplica el principio de preclusión, para su apersonamiento posterior a la audiencia pública en el ejercicio de su derecho inviolable a la defensa y la presentación de los medios de prueba, incluso en la etapa de revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para asegurar la vigencia de una justicia material.
Como se tiene señalado en líneas precedentes, la consumación de medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, constituyen actos ilegales arbitrarios desconociendo y prescindiendo de los mecanismos institucionales que el ordenamiento jurídico brinda, realizando en su lugar de manera arbitraria, abusiva y unilateral justicia directa o por sí mismo o justicia por mano propia -proscrita en nuestro sistema normativo-, en ese contexto, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, concluyó de manera categórica que, con la consumación de medidas de hecho en cualquiera de sus formas, el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia 25 En cuanto a la flexibilización de las reglas de la legitimación pasiva, la proposición de la prueba y el ejercicio del derecho a la defensa en medidas de hecho, la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, refiere expresamente: “En el marco de lo indicado, para la activación de la acción de amparo constitucional y para dar fiel observancia al presupuesto de la legitimación pasiva, el accionante deberá cumplir en primera instancia con la identificación de los particulares o autoridades demandadas, así lo establece el art. 77.2 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) y el art. 33.2 del Código Procesal Constitucionales (CPCo)., norma que por su fecha de vigencia no es aplicable al caso concreto, pero que sin embargo, es citada de manera referencial para su aplicación a casos futuros en relación a los cuales tenga validez temporal.
En este entendido, para peticiones de tutela vinculadas con vías de hecho, la parte accionante deberá cumplir con esta exigencia; sin embargo, de manera excepcional y siempre y cuando no sea posible la identificación de las personas demandadas, se deberán flexibilizar las reglas de la legitimación pasiva; empero este presupuesto, debe cumplir ciertos requisitos y además debe responder a fundamentos que aseguren un derecho al debido proceso, tanto para la parte accionante como para la parte demandada a través de este mecanismo tutelar de defensa. En consecuencia, la acción de amparo en su tramitación debe asegurar la equidad procesal de las partes; por tal razón, para consolidar un equilibrio procesal armónico que respete las reglas de un debido proceso y que asegure la vigencia de una justicia material, la flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para vías de hecho debe asegurar en la mayor medida posible un amplio derecho a la defensa de todas las personas que sin haber sido demandadas expresamente o citadas como terceros interesados, pudieran ser afectadas por los efectos de la concesión de tutela. Por lo señalado, se tiene que la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho; en ese orden, para asegurar una equidad procesal, a las personas que no hayan sido expresamente citadas como demandados y que pudieran ser afectados con los efectos de una eventual concesión de tutela por vías de hecho, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa. En mérito a lo señalado, las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal En efecto, el entendimiento antes indicado, tiene la finalidad esencial de asegurar un equilibrio procesal, ya que si bien para asegurar el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva, de manera excepcional y cuando no sea posible la identificación de personas para supuestos de vías de hecho se flexibiliza las reglas de la legitimación pasiva disciplinadas para la acción de amparo constitucional, es imperante a su vez, flexibilizar también de manera excepcional para estos casos los alcances del principio de preclusión, facultando así a las personas que eventualmente pudieran ser afectadas con una decisión de tutela emergente de denuncias de vías de hecho, a asumir defensa en cualquier estado del proceso de amparo constitucional”.
del afectado, constituye en el primer derecho fundamental vulnerado. Esta misma jurisprudencia constitucional estableció de manera ilustrativa el alcance del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia, refiriendo que: “…-sin pretender agotar todas las perspectivas de este derecho tan ampliamente concebido y desarrollado- contiene: 1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho” (las negrillas son nuestras).
R.L.” El derecho al debido proceso se encuentra consagrado en la Constitución Política del Estado como un derecho fundamental, garantía constitucional y principio procesal constitucional que disciplina la función de impartir justicia, en atención a estas cualidades, la jurisprudencia constitucional se encargó de resaltar su carácter tridimensional del debido proceso, en sus diferentes fallos; también fue la jurisprudencia constitucional del extinto Tribunal Constitucional la que se encargó de asignarle la calidad de garantía general, razonamiento que continuó en la doctrina constitucional del Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese sentido la jurisprudencia constitucional configuró su contenido, alcance o los elementos constitutivos que le conciernen, en los siguientes términos: “En consonancia con los Tratados Internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones” (las negrillas son nuestras).
“I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones” (las negrillas son nuestras). 28 Respecto al debido proceso como garantía, el art. 117.I de la CPE, establece:
“I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.
II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena.
III. No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos por la ley” (las negrillas nos pertenecen). 29 Respecto al debido proceso como derecho, el art. 180.I de la CPE establece que:
“I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.
II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales.
III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley” (las negrillas son nuestras). 30 El carácter tridimensional del debido proceso fue referido en la SSCC 0086/2010-R de 4 de mayo, 902/2010-R, de 10 de agosto, 0533/2011-R de 25 de abril, entre otros. 31 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, fue referido en las SSCC 902/2010-R de 10 de agosto, 0981/2010-R de 17 de agosto, 1145/2010-R de 27 de agosto, entre otras. 32 El debido proceso como garantía general en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, fue referido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0270/2012, 2493/2012, 0903/2019-S4, 0618/2018-S1, entre otras. 33 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SCP 1840/2013 de 25 de octubre, formuló razonamientos respecto al contenido, alcance o los elementos constitutivos del debido proceso.
Configuración, contenido o alcance que no se encuentra en un sistema limitado o cerrado, al contrario, debido al carácter progresivo de los derechos, previsto por el art. 13.1 de la CPE, esos elementos constitutivos, tienen un carácter enunciativo; puesto que, el debido proceso, al haberse constituido en una garantía general, del mismo, pueden derivar otros elementos conforme al desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como al desarrollo del proceso, cuya finalidad viene a constituir en un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. Por otra parte, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que las garantías del debido proceso no se restringen a los procesos judiciales o jurisdiccionales, se refiere a cualquier autoridad pública -administrativa, legislativa o judicial- que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional; es decir, a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción o resoluciones que determinen derechos y obligaciones de las personas o que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas, entendimiento que fue recogido en la SCP 0567/2012 de 20 de julio; en ese contexto, corresponde señalar que el derecho, principio y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino, es extensivo a cualquier procedimiento en el que deba determinarse derechos, obligaciones. En sintonía con esa misma línea, la labor interpretativa del Tribunal Constitucional Plurinacional estableció en una de sus lecturas que el derecho al debido proceso abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones. En esa comprensión, en el ámbito de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de dicha Cooperativa, contienen los presupuestos procesales mínimos para su estructura orgánica y funcionamiento, los niveles de deliberación y decisión, control y fiscalización, y ejecución, las atribuciones y deberes de sus autoridades, las obligaciones y derechos de los asociados, la definición de las faltas y sanciones en el ámbito disciplinario, los procedimientos para la determinación de la responsabilidad disciplinaria interna. En ese entendido, entre los aspectos que resaltan en el art. 20 Estatuto Orgánico, están el establecimiento de un proceso sancionador de exclusión y expulsión de los asociados previo proceso sumario ante el Tribunal de Honor y etapas procesales muy bien definidas, la remisión al Reglamento Interno para la definición de las infracciones y sanciones a los asociados (art. 26 del Estatuto Orgánico); asimismo, define a la Asamblea General como soberana cuyas resoluciones tendrán carácter obligatorio para todos los asociación presenten y ausentes (art. 41 del referido Estatuto), instancia de apelación respecto a la resoluciones sancionatorias emitidas por el Tribunal de Honor, con atribución para aprobar la exclusión, expulsión de los asociados cuanto corresponda (art. 46.1. incs. f) y g) de ese Estatuto) y, entre las atribuciones del Consejo de Administración se encuentra la de hacer cumplir las sanciones de los asociados y remitir a la Asamblea General los procesos de exclusión y expulsión de asociados conforme establece el art. 56 incs. o) y r) del citado Estatuto.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al trabajo, a la seguridad social, a la defensa, al debido proceso, a la seguridad jurídica o legalidad y a la presunción de inocencia; puesto que, el Presidente ahora accionado asumió medidas de hecho al suspenderle como asociado e impedirle participar de las actividades del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, y de recibir sus excedentes de percepción por las ganancias mensuales, así como al acceso al campamento para realizar sus actividades laborales y rehusar su reincorporación a la referida Cooperativa, en síntesis, aplicarle una sanción sin ningún proceso interno en el que hubiese una resolución ejecutoriada, con el pretexto de su conflicto familiar. Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que de la Certificación expedida por Edwin Cruz Quilla, Analista de Registro y Archivo de la AFCOOP, de 16 de mayo de 2022, se evidenció que el accionante, se encuentra registrado en la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, con personalidad jurídica reconocida mediante RA 147/11 (Conclusión II.4.). Cooperativa que, reunida en Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020, determinó que el accionante, “…arregle en 1 mes; caso contrario será suspendido” (sic) los problemas denunciados por su esposa (Conclusión II.1.); para cuyo efecto, “…le otorgó un permiso especial de 1 mes calendario para que dé solución a su problema familiar…” (sic [Conclusión II.3.). Mediante distintas notas presentadas ante el entonces Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO L.R.” y al actual Presidente ahora accionado, respectivamente por el accionante reclamando su situación jurídica como asociado, es así que se tiene: i) Nota de 30 de noviembre de 2020; ii) Nota de 26 de marzo de 2021; iii) Nota de 8 de septiembre de igual año; y, iv) Nota de 29 de noviembre del citado año, por las que cuestionó las acciones de la citada Cooperativa vinculadas a retención de dividendos, exclusión forzosa, reincorporación, información de actas, resoluciones y actas de pago de haberes o excedentes de percepción (Conclusión II.2.). En ese contexto se analizará y resolverá el problema jurídico planteado, concerniente a la presunta realización de medidas de hechos en la suspensión, temporal o definitiva o expulsión o perdida de la calidad de asociado del accionante consumado por la Cooperativa Minera Aurífera de “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO L.R.”, con el pretexto de la existencia de un problema familiar denunciado por su esposa, sin someterlo previamente a un proceso disciplinario ni hacerle conocer dicha determinación. Sin embargo, es preciso efectuar una aclaración, respecto a las notas de solicitud presentadas por el accionante: i) Nota de 30 de noviembre de 2020; ii) Nota de 26 de marzo de 2021; iii) Nota de 8 de septiembre de igual año; y, iv) Nota de 29 de noviembre del citado año, que no merecieron respuesta oportuna de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO L.R.”; empero, el accionante, denunciando la vulneración del derecho de petición presentó acción de amparo constitucional que fue resuelto mediante Resolución 038/2022, emitida por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, concediendo la tutela y dispuso que el Presidente ahora accionado responda de manera formal, pronta y fundamentada a la Nota presentada el 29 de noviembre de 2021; resolución confirmada en revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante SCP 0442/2023-S1 de 15 de mayo. En cuyo cumplimiento, el Presidente hoy accionado emitió la Nota de 23 de marzo de 2022 -de respuesta-, cuestionada por el accionante mediante Nota de 14 de julio de igual año (Conclusión II.5.), por el presunto incumplimiento de la Resolución Constitucional. En ese entendido, las cuestiones vinculadas al cumplimiento o no de la determinación asumida en la SCP 0442/2023, no son de competencia de esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo que, no serán objeto de consideración, análisis y resolución en la presente causa, ya que el accionante tiene los medios procesales en sede constitucional (queja de incumplimiento) para reclamar ante la Sala Constitucional, y en su caso, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; consiguientemente, en esta acción de amparo constitucional el objeto a consideración, análisis y resolución será la denuncia vinculada a la realización de presuntas medidas de hecho por el Presidente ahora accionado. Respecto al presunto incumplimiento del principio de subsidiariedad. Es una cuestión planteada por el Presidente ahora accionado en la oportunidad de presentar su informe frente a la acción de amparo constitucional interpuesta al referir que el accionante debió agotar la conciliación como un medio interno para resolver su reclamo. Sin embargo, es necesario resaltar que en la presente causa se denuncia la realización de medidas de hecho, siendo aplicable en ese caso la excepción al principio de subsidiariedad; por lo que el accionante, eludiendo esa barrera procesal, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional para pedir la protección de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional y la jurisdicción constitucional se encuentra impelida a ingresar al análisis de fondo del problema jurídico planteado, a verificar la realizaron de las medidas de hecho. Respecto a la denuncia de medidas de hecho. Ahora bien, para la consideración y análisis de fondo del problema jurídico planteado es necesario tomar en cuenta los hechos que siguen. Un aspecto que no merece cuestionamiento alguno, es el hecho de que el accionante con la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, tiene la calidad de asociado, trato que recibió de la Asamblea General de la referida Cooperativa, en ocasión de tratar el tema vinculado al accionante y los problemas familiares con su esposa que derivó en una denuncia, según el Acta de 10 de octubre de 2020; y, que recibió del Presidente ahora accionado, en ocasión de responder de manera formal, pronta y fundamentada a la Nota presentada el 29 de noviembre de 2021; corroborado por el Certificado otorgado por funcionario de la AFCOOP, el 16 de mayo de 2022. En ese entendido, le corresponde el ejercicio de todos los derechos que le corresponden a todo asociado de la citada Cooperativa. Otro aspecto que se puede evidenciar de antecedentes es la decisión asumida por la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” en la Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020, de concederle al accionante un mes para que solucione su problema familiar, con la advertencia expresa de que será suspendido en caso contrario, expresado en los siguientes términos “…la asamblea decide que arregle en 1 mes; caso contrario será suspendido” (sic), extremo corroborado por Presidente ahora accionado al referir que “…la asamblea le otorgo un permiso especial de 1 mes calendario para que dé solución a su problema familiar…” (sic [fs. 17]), en la Nota de 23 de marzo de 2022 -de respuesta-, remitida al accionante. De manera coincidente, las partes expresan que las gestiones y decisiones asumidas en la Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020, derivaron de una denuncia familiar presentada por la esposa del accionante. Sin embargo, es necesario resaltar que, para la decisión de otorgar un permiso especial de un mes destinado a solucionar sus problemas familiares bajo la advertencia expresa de ser suspendido de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, no medió ninguna solicitud de permiso del accionante; puesto que, no se advierte ese extremo de la lectura del acta, ni de la nota de respuesta remitida al accionante por el Presidente hora accionado, ni alguna otra documentación analizada y adjunta en antecedentes; por lo que la referida Cooperativa decidió de manera oficiosa la decisión de otorgarle “…permiso especial de 1 mes…” (sic) al accionante, actuando de manera arbitraria al respecto. Además, en lo que concierne a los problemas familiares vinculados a la asistencia familiar en favor de las hijas del accionante, como refiere el Presidente ahora accionado en su informe presentado en esta acción de amparo constitucional, es importante tomar en cuenta que, es previsible que esos temas no puedan solucionarse precisamente en un mes, pudiendo superar ese periodo de tiempo; con más razón, si tienen que ser sometidos a conocimiento y resolución de una autoridad judicial competente. En correspondencia con los citados hechos, es necesario mencionar la falta de pronunciamiento por la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” a través de su Presidente, a las notas presentadas por el accionante, que cronológicamente responden al siguiente orden: a) Nota de 30 de noviembre de 2020; b) Nota de 26 de marzo de 2021; c) Nota de 8 de septiembre de igual año; y, d) Nota de 29 de noviembre del citado año, en las que cuestiona las acciones de la Cooperativa relacionadas a la retención de dividendos, su exclusión forzosa, su reincorporación, información de actas, resoluciones y actas de pago de haberes o excedentes de percepción; notas presentadas entre la Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020, y la Nota de 23 de marzo de 2022 -de respuesta- cuyo pronunciamiento respondió al cumplimiento a un fallo constitucional-. Todos esos aspectos permiten inferir precisamente que la suspensión expresada como advertencia o amenaza por la referida Asamblea, fue ejecutada de manera directa por la indicada Cooperativa. Consiguientemente, la aplicación directa de la suspensión, implicó la supresión de los derechos del accionante que como asociado le corresponde; es decir, la imposición de una sanción sin que se hubiese cumplido los presupuestos procesales mínimos establecidos en el Estatuto Orgánico de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” y su Reglamento Interno, que establecen su estructura orgánica y los diferentes niveles de funcionamiento, las atribuciones de sus autoridades, las obligaciones y derechos de los asociados, la definición de las faltas y sanciones en el ámbito disciplinario, los procedimientos para la determinación de la responsabilidad disciplinaria interna, en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional. En ese marco, precisamente el art. 20 del Estatuto Orgánico de Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” se refiere al proceso sancionador de exclusión o expulsión de un asociado, expresamente establece “La exclusión y expulsión de asociados será realizada previo proceso sumario ante el Tribunal de Honor…” (las negrillas y el subrayado son nuestras), estableciendo las etapas procesales para la imposición de una sanción de pérdida de la calidad de asociado de la Cooperativa, garantía establecida en el Estatuto Orgánico que precisamente no se cumplió en el caso que nos ocupa. Conclusión que queda respaldada por la afirmación del Presidente ahora accionado cuando en la Nota de 23 de marzo de 2022, reconoce que el accionante no fue suspendido; puesto que, la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, recién asumirá una decisión, al señalar expresamente “…se ha señalado en audiencia que usted no fue suspendido empero usted si abandono sus trabajos como asociado. Por lo que la cooperativa recién asumirá lo que en derecho corresponda al presente caso y se le hará conocer mediante Resolución o memorándum cualquier determinación” (sic [fs. 17]); aspecto corroborado en su informe presentado por el Presidente ahora accionado en esta acción tutelar, cuando responde negativamente a la consulta que si contra el accionante existe alguna resolución de expulsión, retiro o alejamiento, a lo cual se dijo expresamente “No, él ha hecho abandono como le reitero, se ha perdido totalmente, ni una llamada he recibido del señor Francisco” (sic [fs. 259]). Consiguientemente, tomando en cuenta los razonamientos desplegados en líneas precedentes, no puede considerarse abandono del accionante como alega el Presidente hoy accionado; puesto que, hasta para ese supuesto de “abandono injustificado”, el art. 15 de Reglamento Interno de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” establece los requisitos y el procedimiento para su consideración y resolución en la referida Cooperativa; es decir, los presupuestos procesales mínimos, que en el presente caso no se activaron, se omitieron absolutamente, dejando al accionante en absoluta indefensión. En suma, el Presidente ahora accionado al asumir decisiones y acciones concernientes a la suspensión del accionante desde la Asamblea Ordinaria de 10 de octubre de 2020 y que subsistieron en el tiempo a pesar a las notas de reclamo presentadas de manera reiterada: 1) Nota de 30 de noviembre de 2020; 2) Nota de 26 de marzo de 2021; 3) Nota de 8 de septiembre de igual año; y, 4) Nota de 29 de noviembre del mismo año, denunciados por el accionante en la presente acción de amparo constitucional, incurrieron en medidas de hecho. Extremos que impiden la aplicación del principio de inmediatez; puesto que, los efectos de estas medidas de hecho continuaron afectando al accionante, prescindiendo de todo presupuesto procesal mínimo -proceso previo- establecido en el Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, para determinar la responsabilidad disciplinaria del accionante, en el que pueda ser convocado y escuchado, presentar sus pruebas de descargo, rebatir las presentadas en su contra, menos una resolución emitida por autoridad competente dentro de la estructura y funciones de la referida Cooperativa, para sustentar la sanción de suspensión o pérdida de la calidad de asociado, como sanción disciplinaria, al imponerle directamente la sanción de suspensión, suprimiendo todos sus derechos que como asociado le corresponden. Finalmente, respecto al pago de daños y perjuicios, estas no pueden ser consideradas en razón de la tutela concedida parcialmente y la regulación potestativa establecida por el art. 39 del Código Procesal Constitucional (CPCo). En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 173/2022 de 29 de septiembre y Auto Complementario de 3 de octubre de 2022, cursantes de fs. 261 a 264 vta. y 267, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: 1° Conceder en parte la tutela solicitada, disponiendo:
a) La reincorporación inmediata de Francisco Quispe Salcedo a la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.” con todos los derechos que le asisten como asociado, previstos por el Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la referida Cooperativa. b) El pago de los excedentes de percepción que le adeudan por el periodo que comprende la realización de las medidas de hecho y en cumplimiento al Estatuto Orgánico y el Reglamento Interno de la Cooperativa Minera Aurífera “CRUZ DEL SUR MINAS COLLO R.L.”, incluyendo que se le agregue al grupo de WhatsApp o alguna otra forma de comunicación interna, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. 2° Denegar la tutela solicitada, respecto a la imposición de daños y perjuicios, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
1 El art. 128 de la CPE, expresamente establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley” (las negrillas no pertenecen).
11 La SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, refiere textualmente: “…las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hecho”.
12 Jurisprudencia constitucional citada por la SCP 0344/2018-S2 de 18 de julio, entre otras.
24 La SCP 1478/2012, expresa respecto a la prohibición de la justicia por mano propia. “Este modelo, supone una profunda transformación en la concepción general de ʽEstado de derechoʹ, debido a que en esta última fórmula ʽEstado Constitucional de Derechoʹ: a) El poder público (órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral); y, b) La convivencia social de los ciudadanos están sometidos a la Constitución a través del principio de constitucionalidad que viene a sustituir el principio de legalidad y, por ende, -en el tema que ocupa a esta sentencia constitucional-, supone la proscripción de las acciones vinculadas a medidas de hecho o vías de hecho por el propio Estado o los particulares en cualesquiera de sus formas”.
26 En cuanto a la lesión del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia por medidas de hechos, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, refiere expresamente: “…excluyen el derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia del afectado, que se constituye en el primer derecho fundamental común vulnerado en acciones vinculadas a medidas de hecho en cualesquiera de sus formas. El derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia está consagrado en los arts. 115.I de la CPE, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y se constituye en ʽel derecho protector de los demás derechos׳ y, por lo mismo, en una concreción del Estado Constitucional de Derecho. En efecto, es la Constitución, la que determina cuáles son los órganos que tienen la potestad de impartir justicia (art. 179.I, II y III de la CPE) para la oponibilidad de derechos no solamente vertical sino también horizontal, entonces, es reprochable y censurable acudir a acciones vinculadas a medidas de hecho, so pena de excluir arbitrariamente el ejercicio del derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia de la otra parte, quien tiene la seguridad jurídica y certeza (art. 178.I de la CPE) que para la solución de cualquier diferencia, interés o derecho en conflicto, éste será resuelto por una de las jurisdicciones reconocidas por la Constitución”.
27 Respecto al debido proceso como derecho, el 115.II de la CPE establece:
34 El Fundamento Jurídico III.4.1., indica: «La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, en su art. 7 dispone: “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determina que las garantías inherentes al debido proceso, no únicamente son exigibles a nivel judicial, sino también que deben ser de obligatorio cumplimiento por cualquier autoridad pública, señalando que: “De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo (...). Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un ‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de sus derechos’, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana´. El debido proceso es una garantía de orden constitucional, que en virtud de los efectos de irradiación de la Constitución Política del Estado, es aplicable a cualquier acto administrativo que determine algún tipo de sanción de ése carácter que produzca efectos jurídicos que indudablemente repercuten en los derechos de las personas»(las negrillas son nuestras).
35 La SCP 2184/2012 de 8 de noviembre, ha expresado que una de las lecturas del debido proceso “…abarca los presupuestos procesales mínimos a los que debe regirse todo proceso judicial, administrativo o corporativo, observando todas las formas propias del mismo así como las leyes preexistentes, para hacer posible la materialización de la justicia en igualdad de condiciones, lo que implica la posibilidad de ser juzgado por un juez o tribunal imparcial, independiente, competente y preestablecido legalmente con anterioridad a los hechos atribuidos y en el marco de garantías y presupuestos procesales imperantes en el orden jurídico rector” (las negrillas son nuestras).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0568_2024-S3.pdf · páginas 1 a 30.
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