B.IA.LEGAL

SCP 0568/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 10 de julio de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
10 de julio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
46750-2022-94-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y acceso a la justicia, vinculado con sus derechos, a la libertad y de las personas adultas mayores; toda vez que, la autoridad demandada, mediante Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022, sin una debida fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y sin considerar u observar, que pertenecería al grupo vulnerable de las personas de la tercera edad, dispuso su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 151 a 154, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Abstracción de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en caso de grupos de atención prioritaria: adultos mayores
  2. III.2. Principio de ponderación de derechos. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Fundamentación y motivación en las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0568/2023-S4 Sucre, 10 de julio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 46750-2022-94-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 006/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 151 a 154, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Grover Julio Montero Jiménez en representación sin mandado de Faustino Alegre Grageda contra Gualberto Quispe Alba, Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 28 de marzo de 2022, cursante de fs. 1; y, 73 a 80 vta.; el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por el Ministerio Público, a instancia de Rebeca Jiménez Velarde, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; ante la denuncia “exagerada de violencia física, sexual y psicológica” por la presunta víctima (declaración de 14 de octubre de 2021), e incumplimiento de medidas de protección, el 19 de igual mes y año, tendría que haber prestado su declaración, presuntamente por haberle notificado en su domicilio con la citada denuncia y dichas medidas; que al no hacerlo, el 20 del referido mes y año, se dispuso una orden de aprehensión en su contra. Posteriormente, mediante memorial de 4 de noviembre de 2021, la víctima nuevamente lo denunció por agresiones físicas y psicológicas, e incumplimiento de medidas de protección, hechos que la misma, no demostró ni acreditó; puesto que, además de solicitar en el citado escrito, la salida y desocupación de su hogar conyugal, medida de protección que recién se dispuso; en el citado escrito, se presentó el Certificado Médico Forense de 14 de octubre de 2021, donde se estableció un día de incapacidad de la prenombrada; sin embargo, mediante Informe Social de 24 de noviembre de igual año, no establecería de manera concreta y clara, dichos extremos de violencia; y, si bien por Informe Psicológico de 22 de octubre del citado año, señalaría nuevas agresiones; pero, las mismas no fueron corroboradas con una declaración de testigos que acrediten el mencionado hecho de violencia. Es así que, el 2 de febrero de 2022, sin considerar que sería un adulto mayor, se emitió en su contra la Resolución de Aprehensión de la señalada fecha, por el Fiscal de Materia, presuntamente por no haber concurrido a la citación de su declaración informativa; motivo por el cual, de forma arbitraría e ilegal, se pronunció la Orden de Aprehensión y ejecutado el mismo, fue conducido al Ministerio Público, para prestar su declaración informativa y ser imputado; en virtud a ello y ante su situación, solicitó la aplicación de procedimiento abreviado con el objeto de evitar su detención preventiva, y sobre todo porque existiría un día de incapacidad a la víctima, establecida por el Médico Legal, y no las supuestas agresiones físicas y, el hecho de reclamar a su esposa, por llegar en estado de ebriedad a la una de la mañana (Informe Psicológico), no podría ser considerado como violencia psicológica; empero, sin valorar dichos documentos, se dispuso su detención preventiva (mediante Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022); toda vez que, el Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba –ahora demandado–, desconoció la jurisprudencia constitucional, establecida en la SCP 0022/2021-S2 de 7 de abril, donde estaría obligado a justificar que la aplicación de dicha medida, explicando de forma motivada, porqué razón las demás medidas previstas en los numerales 1 al 9 del art. 231bis del Código de Procedimiento Penal (CPP), no serían suficientes para evitar los riesgos procesales; situación que estaría ausente en el mencionado Auto Interlocutorio, que determinó su detención preventiva, sin considerar además lo señalado en el art. 233 de la norma citada, misma que establecería, que la detención preventiva, únicamente será impuesta, cuando las demás medidas cautelares personales, son insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Asimismo, en cuanto a lo previsto en el art. 232.I.5) del CPP, establece los parámetros para la procedencia o no de la mencionada medida cautelar, determinando que no procedería, en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años; y, si bien conforme al parágrafo IV de la aludida norma, por violencia familiar o doméstica, podrá considerarse la aplicación de la detención preventiva; sin embargo, debería ser de forma excepcional; puesto que, aplicando los principios de última ratio, de proporcionalidad, de favorabilidad, y mientras las otras medidas sean insuficientes, recién aplicarle la detención preventiva de manera excepcional y no como una regla; además, la autoridad demandada, con base a los elementos probatorios presentados, debió de realizar el test de proporcionalidad sobre la aplicación de las medidas cautelares, considerando lo establecido en los numerales de 1 al 10 del art. 231bis.I de la norma procesal penal; empero, al aplicar el último numeral de la precitada norma, debió de fundamentar la misma y porqué no los otros nueve numerales, que tienen la misma finalidad de asegurar la presencia del imputado, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley; dado que, estaría obligado a cumplir con lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional. Finalmente, si bien en la presente causa, la presunta víctima pertenecería a un grupo vulnerable; sin embargo, el Juez demandado, debió considerar dentro del test de proporcionalidad, que conforme a su edad, también estaría protegido por el art. 2 de la Ley General de las Personas Adultas Mayores (LPAM) –Ley 369 de 1 de mayo de 2013–; por lo que, la referida autoridad, no efectuó una valoración integral de sus condiciones personales, al pertenecer a un grupo vulnerable, como es de las personas de la tercera edad; y, porqué de forma automática, sin una debida fundamentación ni motivación, estableció que su detención preventiva sería la medida idónea; sin tomar en cuenta, que no se acreditó que desobedeció las medidas de protección; toda vez que, si bien inicialmente se le impuso dos medidas, nunca le fueron notificadas, y posteriormente se le impuso la ampliación de las mismas, que tampoco fueron notificados, debía considerarse que, no existe un informe de incumplimiento de las aludidas medidas de protección, a más de los memoriales de la víctima, que basados en una falacia, no acreditaría dicho extremo; y, por último, el Juez demandado, no observó los criterios para aplicar la detención preventiva, cuando se trataría de adultos mayores, conforme los establecido en la SCP 0188/2019-S4.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y acceso a la justicia, vinculado con sus derechos, a la libertad y de las personas adultas mayores; citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se les conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada, en cumplimiento estricto de los arts. 7, 221, 222, 231bis, 232, 233 y 236 del CPP, emita una nueva resolución debidamente fundamentada, que establezca las razones, del porqué se le aplicó las medidas cautelares de la detención preventiva.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 28 de marzo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 149 a 150 vta., presente el accionante asistido por su abogado, y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El solicitante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó de forma íntegra su demanda de acción tutelar, y manifestó los mismos extremos realizados en la misma.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gualberto Quispe Alba, Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba, no se presentó a la audiencia de consideración de esta acción tutelar ni remitió informe escrito alguno, pese a su citación, cursante a fs. 85.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de la Resolución 006/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 151 a 154, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Referente a lo señalado por la parte accionante, con relación a la subsidiariedad (de esta acción tutelar); al respecto, se debería tener presente lo establecido por la SCP 0442/2018-S3 de 17 de diciembre: es decir, si bien en el presente caso, el impetrante de tutela, dio a conocer que sería una persona adulta mayor; empero, no acreditó, que tenga algún malestar en específico, que afecte a su salud, o que se encuentre en una fase terminal por alguna enfermedad; además, no demostró que en caso de que no se le conceda la tutela solicitada, podría resultar tardía y que existiera un inminente daño irreparable; razón por el cual, no sería posible aplicar la excepción a la subsidiariedad de esta acción de defensa; b) Conforme a los antecedentes del proceso, el accionante no presentó su acción tutelar de forma inmediata, y menos interpuso recurso de apelación (contra el Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022); por el contrario, dejó pasar más de un mes, desde la emisión de la citada Resolución de medida cautelar, para reclamar la vulneración de sus derechos; por lo que, se demostraría que existiese una dejadez por la parte impetrante de tutela; c) Al no haberse demostrado dichos aspectos la parte accionante, no procedería esta acción de defensa de forma directa; toda vez que, con carácter previo a activar esta jurisdicción constitucional, el mismo debió agotar los recursos legales previstos en el ordenamiento jurídico, que frente a las resoluciones que impongan medidas cautelares, se tiene establecido como medio de impugnación el recurso de apelación incidental, instancia que podría haber reclamado la eventual carencia de fundamentación y motivación (de la aludida Resolución); d) Si bien el impetrante de tutela, eventualmente no interpuso dicho recurso en el plazo establecido; sin embargo, su dejadez, no podría ser atribuido a este Tribunal de garantías; y, menos aceptarse que a través de esta acción de defensa, el mismo pretendiera enmendar dicha situación, solicitando un pronunciamiento respecto al fondo de su asunto; como si esta jurisdicción constitucional, fuera una instancia recursiva, que resuelva la impugnación del Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022; y, e) Se dejaría claramente establecido que, a partir de este marco de lesividad reclamada y contemplando la misma a un presunto procesamiento indebido, este órgano especializado de control de constitucionalidad, la vía de la acción de libertad en su faceta tutelar, para que sea posible su análisis y de corresponder, el restablecimiento del debido proceso, se debería observar la concurrencia simultánea de los presupuestos establecidos al efecto, como ser: los actos lesivos, las omisiones indebidas, o las amenazas de la autoridad pública, vinculados con la libertad, por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, la existencia de un absoluto estado de indefensión; situación que en el presente caso, no concurriría.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Certificado de Matrimonio emitido el 4 de octubre de 2021, donde se advierte la fecha de nacimiento de Faustino Alegre Grajeda –ahora accionante–, el 6 de agosto de 1961 –que hasta la presentación de esta acción tutelar (28 de marzo de 2022) contaría con sesenta un año de edad– (fs. 8). II.2. Mediante Resolución de Aprehensión de 2 de febrero de 2022, el Fiscal de Materia, ante la denuncia de Rebeca Jiménez Velarde (víctima) contra el impetrante de tutela, por agresiones física y psicológicas de manera sistemática, tanto el 3 de octubre y 2 de noviembre de 2021, dispuso que se proceda con la orden de aprehensión del mismo; toda vez que, resultaría imprescindible la presencia del mismo, y existiría suficientes elemento de convicción, de ser autor o participe en el delito de violencia familiar o doméstica; de lo cual, consta Orden de Aprensión de 2 de febrero de 2022, para ser efectivo la misma, contra el accionante (fs. 60 a 61; y, 62). II.3. Cursa Acta de Declaración Informativa del Imputado de 2 de febrero de 2022;

por el que, el solicitante de tutela, prestó su declaración ante el Ministerio Público, por lo referidos hechos denunciados en su contra (fs. 63 y vta.). II.4. Mediante memorial presentado el 3 de febrero de 2022, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba –ahora demandado–, el Fiscal de Materia, remitió al aprehendido conforme al art. 226 del CPP, y presentó la imputación formal, contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; solicitando la detención preventiva del mismo, por el plazo de seis meses; de lo cual, se tiene decreto de 4 de igual mes y año, donde la autoridad demandada, señaló audiencia de aplicación de medidas cautelares, para la referida fecha a las 9:00 (fs. 64 a 66 vta.; y, 141). II.5. Por memorial presentado el 3 de febrero de 2022, ante el Fiscal de Materia, el impetrante de tutela, solicitó salida alternativa de procedimiento abreviado, conforme a los arts. 373 y 374 del CPP, dentro del proceso penal de referencia (fs. 69). II.6. Conforme al Acta de Audiencia Pública de Aplicación de Medidas Cautelares de 4 de febrero de 2022; la autoridad demandada, mediante Auto Interlocutorio de la citada fecha, rechazó la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado del impetrante de tutela; asimismo, por Auto Interlocutorio de la referida fecha, dispuso la detención preventiva del mismo, en el Centro Penitenciario de “San Pedro” de Sacaba, por el término de seis meses; y, señaló audiencia de revisión de la situación jurídica del accionante, para el 5 de agosto de igual año (fs. 142 a 148).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y acceso a la justicia, vinculado con sus derechos, a la libertad y de las personas adultas mayores; toda vez que, la autoridad demandada, mediante Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022, sin una debida fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y sin considerar u observar, que pertenecería al grupo vulnerable de las personas de la tercera edad, dispuso su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Abstracción de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad en caso de grupos de atención prioritaria: adultos mayores

Al respecto la SCP 0060/2023-S4 de 22 de marzo, señaló que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional estableció circunstancias de inaplicabilidad de la subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar, así la SCP 0998/2014 de 5 de junio, refiriéndose al cumplimiento del principio de subsidiariedad en la acción de libertad, respecto a personas de la tercera edad, estableció que: “Tratándose de denuncias o demandas de personas de la tercera edad, la jurisprudencia constitucional entendió que no es dable exigir el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, en consideración a que las mismas pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que en estos casos es pertinente aplicar una excepción a la subsidiariedad, correspondiendo en consecuencia, ingresar al análisis de fondo, a efectos de establecer si existió o no la lesión de los derechos demandadosʻ. Por su parte, la SCP 0514/2018-S4 de 12 de septiembre, reiterando el entendimiento plasmado en la SCP 2453/2012 de 22 de noviembre; señaló que: ‘…la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, se encuentra limitada no sólo por el cumplimiento de los supuestos que le rigen, sino también por determinadas circunstancias donde se constate que el agraviado y/o accionante, está frente a un daño irreparable; ya sea por la naturaleza de los derechos que se denuncian vulnerados (como es el derecho a la vida que no admite restricciones en su ejercicio); por el grado de indefensión del agraviado y/o accionante (evidente negligencia o dilación de autoridades que rigen la actividad procesal penal, falta de defensa idónea, etc.); o por la vulnerabilidad del agraviado -y/o accionante- (menores de edad, mujeres embarazas o con hijos lactantes, personas de la tercera edad, enfermos graves o personas que merezcan protección especial del Estado)…’ Sobre el particular, la SCP 0970/2017-S1 de 11 de septiembre que citó a la SCP 1631/2012 de 1 de octubre, estableció que: “‘Los derechos fundamentales y protección especial que merecen las personas de la tercera edad, están recogidos en instrumentos internacionales, concretamente: en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, arts. 2, 22, y 25 de 10 de diciembre de 1948; en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, arts. 2, 7, 10, y 17, en el que se destaca el derecho que tienen los ancianos a tener «acceso a los servicios sociales y jurídicos, que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado especial», así como «a poder vivir con dignidad y seguridad y verse libre de explotaciones y maltrato físico o mental». La protección especial a la que tienen derecho las personas de la «Tercera Edad, no sólo tiene que ver con el carácter universal de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; sino también con los derechos esenciales que hacen a su dignidad humana, vinculada a sus derechos de desarrollo de su personalidad en situaciones de evidente vulnerabilidad y lesividad psicológica que pudiera detonar de los órganos del Poder del Estado en cualesquiera de sus prestaciones públicas, o bien de particulares; situaciones en las que debe concretarse el derecho de ‘especial estima’ y consideración protectora, por la conversión sensible de casi la totalidad de sus derechos fundamentales y universales, debido a su dilatada vida y experiencia dedicada con abnegación al servicio de la sociedad…’. (...) Nuestro orden constitucional vigente, consagra, garantiza y protege los derechos y garantías fundamentales inherentes a las personas, proclamando una protección especial a los adultos mayores de la tercera edad, en el art. 67 que señala los derechos a una vejez digna, con calidad y calidez humana, dentro de los márgenes o límites legales. (…) En este contexto y de los entendimientos glosados previamente, partiendo de los valores y principios ético morales que caracterizan al Estado Plurinacional y tienen con fin último alcanzar la materialización del paradigma del ‘vivir bien’, el Tribunal Constitucional Plurinacional, por mandato del art. 196.I superior, se halla compelido a la realización de un control plural de constitucionalidad reforzado en relación a grupos o sectores poblacionales en situación de vulnerabilidad material; por ello, en aquellos casos en los cuales se denuncia la existencia de actos lesivos que restringen, suprimen o amenacen con restringir los derechos y garantías reconocidos por la Ley Suprema, con mucha mayor razón cuando se trata de personas de la tercera edad. Entendimiento que se asume en virtud a las características propias de nuestro modelo de Estado que se identifica como plurinacional e intercultural, y en el cual, todo individuo y en particular los servidores públicos, tienen el deber de asegurar la consolidación de los principios, valores y garantías constitucionales, a través de una ponderación reforzada, que emane del principio de favorabilidad para aquellos sectores poblacionales que son considerados de atención prioritaria como los adultos mayores”.

III.2. Principio de ponderación de derechos. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 0565/2022-S4 de 20 de junio, haciendo mención a la SC 1497/2011-R de 11 de octubre, indicó lo siguiente: “Es necesario realizar ineludiblemente una ponderación de derecho, situación que se presenta eventualmente, en ocasiones en la que los derechos fundamentales de unas personas entran en conflicto respecto a los de otras. Derivando en la protección respecto a uno de ellos, sin que esto implique el desconocimiento de los otros. Sino una valoración preferente en atención a que los derechos fundamentales no son absolutos, al estar limitados por los derechos de los demás. Considerando además que, no se agotan en la simple consagración en el texto constitucional, sino que están urgidos de realización material plena, dentro de ello, de su eficaz protección ante cualquier lesión o menoscabo que pudieran sufrir, debiendo para ello, el Estado, adoptar las medidas necesarias tendientes a su efectivización. Así, la SC 0618/2011-R de 3 de mayo, estableció que: ‘…la ponderación consiste en dilucidar hasta qué punto está justificado respetar un derecho fundamental cuando hay otros intereses que deben ser atendidos. La ponderación debe entenderse como la armonización de principios constitucionales, guiada por las ideas de unidad de la Constitución y primacía de los derechos fundamentales, entendimiento desarrollado por la SC 1015/2004-R de 2 de julio; que para realizar la ponderación de bienes debe considerarse lo dispuesto por el art. 28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre «Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y el desenvolvimiento democrático». En el marco de la norma citada y la doctrina del Derecho Constitucional, este Tribunal ha establecido «los derechos fundamentales no son absolutos -en su ejercicio-, encuentran límites y restricciones en los derechos de los demás, la prevalencia del interés general, la primacía del orden jurídico y los factores de seguridad y salubridad públicos, que no pueden verse sacrificados en aras de un ejercicio arbitrario o abusivo de las prerrogativas individuales; es decir, que los derechos fundamentales pueden ser limitados en función al interés social» (SC 0004/2001-R de 5 de enero). De lo expresado se concluye que en una situación en la que se produzca una colisión entre los derechos fundamentales de una persona con los derechos fundamentales de las demás personas o con el interés colectivo, es absolutamente conforme a la Constitución, el restringir el ejercicio de los derechos del primero en resguardo de los derechos de los segundos, lo que supone sacrificar el bien menor en aras de proteger el bien mayor; empero ello exige que esa restricción no suponga eliminar el contenido o núcleo esencial del derecho, lo que obliga a que se busque los medios más adecuados para la restricción de los derechos fundamentales de la persona, sin afectar su contenido esencial. En principio, se supone que todos los derechos deben ceder ante la exigencia de mayor valor, de modo que el Juez, que es el intérprete en general, habrá de sopesar el valor respectivo del derecho y de los argumentos para sacrificarlo, para decidir, en consecuencia, a favor del derecho o de su sacrificio total o parcial. Aunque se acepte que esta ponderación tiene límites -como se tiene dicho, en cuanto al respeto al contenido esencial del derecho- el énfasis se pone en la limitabilidad intrínseca de todo derecho. Ponderar es sopesar. Ponderar los mandatos de la Constitución con el fin de establecer limitaciones a los derechos fundamentales equivale a depositar sobre distintos lugares de esa plataforma diversos pesos, en representación proporcional de la fuerza ejercida por los diversos principios constitucionales, hasta lograr un equilibrio deseado. (…) En la ponderación no se trata de un «o todo o nada», sino de una tarea de optimización, en el que se intente lograr el mayor equilibrio posible entre los valores en juego...ʻ Así, la SCP 0405/2018-S4 de 13 de agosto, concluyó señalando que: “La ponderación es el método de resolución de los conflictos entre los principios y, por tanto, no se opone a la subsunción sino a los criterios de solución de antinomías; es más antes de ponderar entre dos principios en pugna, es preciso un ejercicio de subsunción, formulando un juicio de relevancia respecto de cada uno de ellos. Y, luego, la propia ponderación se endereza a la construcción de una regla apta para la subsunción, pues ponderar consiste en atribuir un peso relativo a los principios relevantes a la luz de las circunstancias del caso, esto, consiste en precisar la condición de aplicación (en los principios en sentido estricto) o la consecuencia jurídica (en las directrices) que en el enunciado constitucional aparecen indeterminadas. En pocas palabras, la ponderación trata de dar respuesta a esta pregunta: a la luz de las propiedades que presenta un caso en el que resultan relevantes dos principios, cuál de ellos debe triunfar y cuál debe ceder; de ahí el resultado de la ponderación sea el establecimiento de una ‘jerarquía móvil’ puesto que un cambio en las circunstancias determina un cambio en la prioridad de los principios. De todo lo anotado, se concluye que el principio de ponderación de bienes y derechos es un mecanismo para dilucidar casos complejos en los que los principios, garantías constitucionales o derechos fundamentales entran en conflicto; teniéndose además que, para la correcta aplicación de éste en la resolución de un caso concreto, necesariamente se deberán utilizar y cumplir ciertos elementos de ponderación que servirán para determinar tanto el grado de satisfacción como de afectación de los derechos, así como la importancia y consecuencias de las mismas” (las negrillas corresponden al texto original).

III.3. Fundamentación y motivación en las resoluciones judiciales en las que se analice la situación jurídica del imputado

Al respecto la SCP 0613/2019-S4 de 7 de agosto, recogiendo el análisis jurisprudencial de este Tribunal, señaló lo siguiente: “Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por determinados requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de las autoridades jurisdiccionales de fundamentar y motivar suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar. Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus decisiones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: ‘…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, «…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios 15 fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…» (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, (SC 1365/2005-R de 31 de octubre)’” (las negrillas pertenecen al texto original).

III.4. Análisis del caso concreto

En la presente acción de libertad, el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denunció la lesión al debido en sus vertientes fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y acceso a la justicia, vinculado con sus derechos, a la libertad y de las personas adultas mayores; toda vez que, la autoridad demandada, mediante Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022, sin una debida fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y sin considerar u observar, que pertenecería al grupo vulnerable, por ser una persona de la tercera edad, dispuso su detención preventiva. Con carácter previo al análisis de la problemática planteada y en el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde aclarar que en el presente caso resulta viable la abstracción del principio de subsidiariedad que exige el agotamiento previo de los mecanismos intra procesales con carácter previo a la interposición de la acción de libertad, siendo que en el presente caso y de acuerdo a la cadena impugnativa descrita en el procedimiento penal, contra la decisión que impone medidas cautelares, correspondía la activación del recurso de apelación incidental previsto en el art. 251 del CPP; no obstante, asumiendo los entendimientos descritos en el referido Fundamento Jurídico, tratándose de una persona de la tercera edad incluida dentro de los grupos vulnerables, el cumplimiento de dicha exigencia resulta excusable; dado que, en su condición de adulta mayor –accionante con sesenta y un años de edad (Conclusión II.1)–, merece una atención especial y preferente por parte del Estado que le exime de observar tal procedimiento, haciendo posible el análisis de fondo de la problemática venida en revisión.

Establecida dicha aclaración, conforme a la problemática planteada, los antecedentes y Conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal seguido en contra de Faustino Alegre Grageda –ahora accionante–, por el Ministerio Público a instancia de Rebeca Jiménez Velarde, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; mediante Resolución de Aprehensión de 2 de febrero de 2022, el Fiscal de Materia dispuso que se proceda con la orden de aprehensión del mismo; toda vez que, resultaría imprescindible la presencia del accionante, por existiría suficientes elementos de convicción, de ser autor o participe en el delito de violencia familiar o doméstica; ejecutada la mismas se procede a la recepción de su declaración informativa, cursando al efecto la correspondiente acta; por escrito presentado el 3 del referido mes y año, ante el Juez de Instrucción Penal Primero de Villa Tunari del departamento de Cochabamba –hoy demandado–, el Fiscal de Materia, puso en conocimiento y disposición del aprehendido – accionante– conforme a la previsión establecida en el art. 226 del CPP, y presentó imputación formal por la presunta comisión del ilícito antes señalado, solicitando la aplicación de detención preventiva, por el plazo de seis meses (Conclusiones II.2, II.3 y II.4). En ese ínterin, el impetrante de tutela, presentó memorial de 3 de febrero de 2022, ante el Fiscal de Materia, solicitando la aplicación de la salida alternativa de procedimiento abreviado, conforme lo previsto en los arts. 373 y 374 del CPP, (Conclusión II.5); sin embargo, llevada adelante a Audiencia Pública de Aplicación de Medidas Cautelares de 4 de febrero de 2022, la autoridad demandada, mediante Auto Interlocutorio de la citada fecha, rechazó la solicitud de salida alternativa de procedimiento abreviado; y, por Auto Interlocutorio de la referida fecha, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de “San Pedro” de Sacaba, por el término de seis meses, fijando audiencia de revisión de la situación jurídica, para el 5 de agosto de 2022 (Conclusión II.6). Con base a dichos antecedentes, se tiene que el impetrante de tutela, en su demanda de acción tutelar, alegó en lo principal que el Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022, carece de una debida fundamentación, motivación, valoración de la prueba, y falta de consideración de pertenecer a un grupo vulnerable, por ser una persona de la tercera edad; dado que: 1) La autoridad demandada, desconociendo la jurisprudencia constitucional existente sobre el tema, no justificó, explicó ni motivo, porqué se le aplicó su detención preventiva, conforme al art. 231bis I.10 del CPP, y no las medidas previstas en los numerales del 1 al 9 del citado precepto legal, que evitarían los riesgos procesales al no ser suficientes; 2) No se consideró lo señalado en el art. 233 del citado Código, que establece, que la detención preventiva, únicamente será impuesta, cuando las demás medidas cautelares personales, son insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho; y, el art. 232.I.5) de la referida norma, misma que al establecer los parámetros para la procedencia o no de la mencionada medida, determinó que no procedería, en los delitos sancionados con pena privativa de libertad, respecto de delitos cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años; y, si bien el parágrafo IV de la aludida norma, por violencia familiar o doméstica, podrá considerarse la aplicación de la detención preventiva; sin embargo, debía ser de forma excepcional; puesto que, aplicando los principios de última ratio, de proporcionalidad, de favorabilidad, y mientras las otras medidas sean insuficientes, recién aplicarle la detención preventiva de manera excepcional y no como una regla; 3) La autoridad demandada, con base a los elementos probatorios presentados, debió de realizar el test de proporcionalidad sobre la aplicación de las medidas cautelares, considerando lo establecido en los numerales del 1 al 10 del art. 231bis.I del CPP; y, si bien aplicó el último numeral de la precitada norma, debió de fundamentar la misma y por qué no los otros nueve numerales, que tienen la misma finalidad de asegurar la presencia del imputado, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley; 4) El Juez demandado, debió considerar dentro del test de proporcionalidad, que conforme a su edad, también estaría protegido por el y art. 2 de la LPAM; y, que al pertenecer a un grupo vulnerable, como persona de la tercera edad, debió de fundamentar y motivar, porque su detención preventiva sería la medida más idónea; y, 5) Más aún, no se estableció que desobedeció las medidas de protección; toda vez que, si bien inicialmente se le impuso dos medidas, y posteriormente la ampliación de otras medidas, mismas que nunca le fueron notificados; empero, no existiría un informe de incumplimiento de las aludidas medidas de protección, a más de los memoriales de la víctima, que basados en una falacia, no acreditaría dicho extremo. En tal virtud, a fin de establecer si lo denunciado en esta acción tutelar resulta ser evidente o no, corresponde ingresar a la verificación de los argumentos esgrimidos en el Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022 – ahora confutada–, de donde se desprende que la autoridad judicial hoy demandada, luego de efectuar un resumen de los extremos fácticos desarrollados por el representante del Ministerio Público, la participación de la víctima; así como, la intervención de la defensa técnica del accionante, concluyó que: i) En caso de la aplicación de medidas cautelares, el art. 233 del CPP establecería los requisitos para la detención preventiva, y el art. 272bis del Código Penal (CP), instituiría una sanción penal de dos a cuatro años de privación de libertad; por lo que, conforme a la Imputación Formal (de 3 de febrero de 2022), misma que fue ratificada en la audiencia cautelar, tanto en el presupuesto material y procesal, y los elementos de convicción; donde el Ministerio Público, con relación al numeral 1 del art. 233 del CPP, presentó: la denuncia de 7 de octubre de 2021, realizada por la víctima (Rebeca Jiménez Velarde); Acta de Declaración Informativa de la prenombrada; Certificado Médico de la misma, con un día de incapacidad; Formulario Para la Predicción y Prevención de Feminicidios de riesgo alto; Informes Psicológico y Social; Declaración Informativa del Imputado (de 2 de febrero de 2022); Certificado de Antecedentes Penales del imputado; Muestrario fotográfico del domicilio donde suscito los hechos (de violencia); Requerimiento de medidas de protección solicitados por el Ministerio Público; y, Cédula de Identidad de Rebeca Jiménez Velarde; y, ii) Conforme a los precitados documentos valorados, se consideraría de que el imputado –Faustino Alegre Grajeda–, es con probabilidad autor y participe, del hecho atribuido por el Fiscal de Materia, por el delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272bis del CP; ello en virtud, a la declaración de la víctima, sobre las agresiones físicas, e insultos con palabras humillantes, realizadas en su contra por el imputado, el 3 de octubre de 2021; asimismo, por el Informe Psicológico de 22 de noviembre de igual año, donde se concluyó, que la misma en reiteradas oportunidades fue agredida físicamente y verbalmente, por el imputado, e incluso en muchas ocasiones en “quitarle la vida (…) apretándole su cuello” (sic); además, conforme al Formulario Para la Predicción y Prevención de Feminicidios, la víctima se encontraría en riesgo alto de feminicidio; y, conforme al Informe Social de 24 de noviembre de 2021, donde refiere que se tome medidas de protección a la víctima, con el fin de precautelar su integridad física y psicológica. En el marco de dichos argumentos, el Juez demandado, procedió a establecer con relación a los riesgos procesales de fuga: a) Respecto a la familia, señaló que: conforme a la declaración informativa del imputado, mismo que refirió ser casado y su esposa sería Rebeca Jiménez Velarde, y tendría tres hijos con la referida; y, al presentar certificados de nacimiento de sus descendientes, de matrimonio con la prenombrada, y no habiendo expuesto otro documento contradictorio el Ministerio Público, se consideró que el imputado tiene una familia constituida; b) Con relación al domicilio: el imputado, en su declaración informativa, refirió que viviría en la calle Palmar de Eterazama; y, según el Certificado del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) –de 2 de febrero de 2022–, presentado por el Ministerio Público, el prenombrado tendría como domicilio en la calle Palmar s/n, zona Cristo Rey, de Eterezama, Chapare; por lo que, al haber coincidencia entre la mencionada declaración, y el precitado Certificado, respecto a los datos del domicilio, y conforme a los lineamientos de la Ley 1173, donde recae al Ministerio Público la carga de la prueba contraria; se consideró de que el imputado, tiene un domicilio conocido; c) Respecto al Trabajo: el imputado, en su declaración informativa, refirió que sería agricultor, siendo su lugar de trabajo en Eterazama; empero, según el precitado Certificado del SEGIP, presentado por el Ministerio Público, el prenombrado sería albañil; es así que, al ser valorados ambos documentos, donde se establecería de que el imputado tendría dos ocupaciones, de agricultor y albañil, y al ser contradictorios los mismos; se consideró de que el referido, no tendría un trabajo establecido; por lo que, al tener familia y domicilio, y no así un trabajo, el imputado concurriría en el art. 234.1 del CPP; d) Con relación al numeral 7 del precitado artículo (Peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante): conforme a los señalados Informes Psicológico y Social, donde la víctima en su declaración, identificó al imputado como su agresor físico y verbal, de forma reiterada y en diferentes oportunidades; en ese entendido, al haber desplegado el imputado una conducta agresiva hacia la víctima, misma que se encontraría protegida por la Constitución Política del Estado, Tratados, y Convenios Internacionales, y estando en el sector vulnerable; por lo que, se consideró de que fácilmente se podría desplegar similar conducta contra la víctima; toda vez que, el imputado se encontraría en total ventaja frente a la misma; y, si bien, según al Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), el prenombrado no tendría antecedentes penales; empero, el citado documento estaría dirigido al peligro para la sociedad, y no así para la víctima, sus hijos y su entorno familiar; por lo que, (el imputado) concurriría el art. 234.7 del CPP. Asimismo, con relación a los riesgos de obstaculización, el Juez demandado, argumentó que: según a los antecedentes del proceso, el citado Informe Psicológico, y el Formulario Para la Predicción y Prevención de Feminicidios, misma que estableció que la víctima se encontraría en riesgo alto de feminicidio, ante las reiteradas oportunidades de intentar quitarle la vida (el imputado); por lo que, se consideró que al haber ya incurrido negativamente el mismo contra la víctima, y que en lo futuro la referida, sería reticente en sus declaraciones ante el Ministerio Público; conforme a lo señalado se concurriría, en el art. 235.2 del CPP; y, e) Conforme a ello, estando la supuesta comisión del delito previsto y sancionado en el art. 272bis del CPP, y encontrándose fuera de los alcances del art. 232 del citado Código, correspondería remitirse a la solicitud del Ministerio Público.

Ahora bien, de la revisión del Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022, se destaca que, conforme lo establecido en la Ley 1173, concretamente lo referido a la medida extrema de la detención preventiva, dicha norma contempla y ordena que el fallo que resuelva la situación jurídica del encausado, debe contener todos los argumentos necesarios para su imposición y valorar integralmente cada uno de los elementos probatorios ofrecidos por las partes, conteniendo dicho desarrollo intelectivo, la observancia de los principios de razonabilidad, excepcionalidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad; por lo que, se advierte de la citada Resolución, que el Juez demandado, ante los agravios expuestos por la parte accionante en esta acción tutelar, dio una respuesta fundamentada, motivada y valoró cada de las pruebas presentadas al efecto; toda vez que, al señalar el art. 233 del CPP, que establecería los requisitos para la aplicación de la detención preventiva, el art. 272bis del CP, referente al delito y la sanción penal impuesta, conforme a la Imputación Formal, y la valoración de todos los documentos presentados por el Ministerio Público, se dispuso la detención preventiva del accionante; es decir, si bien el art. 233 del CPP, establecería que dicha medida, solo podrá ser aplicada únicamente ante la falta de insuficiencia de las otras medidas dispuestas en los numerales 1 a 9 del art. 231bis del citado Código, y conforme al art. 232.I.5 de la referida norma, no procedería la detención preventiva, para los delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años; empero, no es menos cierto, que el citado artículo en su parágrafo IV, señala que ante el delito por violencia familiar o doméstica, podrá considerarse la aplicación de dicha medida; razón por el cual, ante el referido delito que se le atribuiría al impetrante de tutela (art. 272bis del CP), más la Imputación Formal, el Informe Psicológico de 22 de octubre de 2021, donde se concluyó que el accionante, además de ejercer violencia física y psicológica contra la víctima, amenazado atentar contra la vida de la misma, hecho corroborado por Informe Social de 24 de noviembre de igual año, y el Formulario Para la Predicción y Prevención de Feminicidios ( fs. 120 a 125; 126 a 128; y, 45); ante dichos extremos, el Juez demandado, consideró que el impetrante tutela, sería con probabilidad autor y participe del delito que se le acusa, y conforme a ello, dispuso la detención del mismo; advirtiéndose del aludido Informe Psicológico, que la víctima no solo sufriría constantes agresiones físicas y psicológicas por parte del accionante, sino también violencia sexual y atentados contra su vida (fs. 122 y 123), hechos corroborados por el Formulario Para la Predicción y Prevención de Feminicidios; por lo que, al constituirse otros delitos contra la víctima, se vinculan con el art. 232.III.2 del CPP, referente que no se aplicará como causal de improcedencia de la detención preventiva, cuando se trata: “Contra la vida, integridad corporal o libertad sexual (…) mujeres…”, que por ende estaría relacionado con el parágrafo IV del norma aludida, respecto al delito de violencia familiar o doméstica, para considerar la aplicación de la detención preventiva del impetrante de tutela.

Asimismo, se advierte que la autoridad demandada, analizó y valoró todos los documentos presentados en la audiencia de medidas cautelares, por el Ministerio Público, haciendo una mención suscita y detallada de los mismos; pese a ello, el Juez demandado, compulsando y valorando los documentos presentados, referente a los riesgos procesales de fuga, determinó que conforme al Acta de Declaración Informativa del Imputado de 2 de febrero de 2022, y el Certificado del SEGIP, el impetrante de tutela, contaría con una familia y domicilio constituido; empero, no respecto al trabajo, al existir contradicción entre los mencionados documentos, donde el accionante, según su declaración, sería agricultor, y por dicho Certificado sería albañil; de igual manera, ante el presupuesto de peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante, hizo una compulsa y análisis, entre los Informes Psicológico y Social, Formulario Para la Predicción y Prevención de Feminicidios, y el Certificado del REJAP, estableciendo que los primeros, la víctima en su declaración, identificó al accionante como su agresor físico y verbal, de forma reiterada y consecutiva, y se encontraría en riesgo alto de feminicidio; determinando que dichos extremos, se constituirían en peligro efectivo para la víctima, sus hijos y su entorno familiar; y, en cuanto al Certificado del REJAP, donde se instituiría que el solicitante de tutela, no tendría antecedentes penales, determinó que el mismo solo estaría dirigido al peligro para la sociedad, y no así para la víctima; estableciendo en consecuencia, que el impetrante de tutela concurriría en el art. 234.7 del CPP; y por último, con relación a los riesgos de obstaculización, el Juez demandado, compulsando los antecedentes del proceso, el citado Informe Psicológico, y el Formulario Para la Predicción y Prevención de Feminicidios, misma que estableció que la víctima se encontraría en riesgo alto de feminicidio, ante las reiteradas oportunidades de quitarle la vida el impetrante de tutela; y, considerando, que al haber ya incurrido negativamente el mismo contra la víctima, y que en lo futuro la referida, sería reticente en sus declaraciones ante el Ministerio Público; determinó que el accionante concurriría en el art. 235.2 del CPP; y, señalando además, que estando la supuesta comisión del delito previsto y sancionado en el art. 272bis del CPP, y encontrándose fuera de los alcances del art. 232 del citado Código, correspondería remitirse a la solicitud del Ministerio Público. En ese contexto, se concluye que el Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022 ahora cuestionado, de lesivo al debido proceso, expone de manera suficientemente clara y precisa los razonamientos intelectivos de hecho y de derecho, para disponer la detención preventiva del solicitante de tutela; delimitando de forma puntual, la aplicación normativa inherente al régimen de medidas cautelares, específicamente las atinentes a la naturaleza procesal de la detención preventiva, su finalidad y alcances, conforme dispone el art. 233 del CPP, y la tipificación del delito previsto en el art. 272bis del CP, denotando la imposibilidad de su desconocimiento, evidenciándose la labor intelectiva precedentemente descrita, que no solo encuentra sustento en las citadas normas, lo que hace a la fundamentación del fallo, sino también a la motivación de la decisión asumida que se halla reforzada en la obligatoriedad de asumir criterios jurisdiccionales o juzgar bajo la perspectiva de género; toda vez que, el Juez demandado, al fundamentar su decisión valorando la Imputación Formal, los Informes Psicológico y Social, y el Formulario Para la Predicción y Prevención de Feminicidios y otros, de la víctima, ponderó el mayor valor de derecho que debería ser protegido, para arribar a la conclusión de que existía un peligro efectivo contra la víctima por lo que esta merecía una protección reforzada (Fundamento Jurídico III.2); razonamiento que no solo está previsto por la Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia sino también por el art. 15.III de la CPE, que prevé: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”; perspectiva de género y enfoque interseccional que debe asumirse en el juzgamiento de causas donde se encuentran involucradas mujeres; más aún, si las mismas son víctimas de violencia en cualquiera de sus tipos, respondiendo a la obligatoriedad contenida en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, tendientes a adoptar medidas positivas para materializar el derecho a la igualdad material y sustantiva de las mujeres como sector vulnerable, eliminando cualquier discriminación directa y/o estructural, procurando garantizar el acceso a la justicia; asimismo, la autoridad demandada estableció los postulados que consideró necesarios que debían prevalecer, para determinar la decisión de detención preventiva durante seis meses; por lo que, el Juez demandado, además, de fundamentar, motivar, y valorar las pruebas al efecto, para disponer la detención preventiva del accionante; actuó en coherencia con los lineamientos jurisprudenciales de ponderar y prevalecer con perspectiva de género, los derechos de una mujer víctima de violencia, que en el presente caso sería Rebeca Jiménez Velarde. En tal sentido al advertirse una adecuada fundamentación, motivación, y valoración de la prueba, en el señalado Auto Interlocutorio de 4 de febrero de 2022, y al no evidenciarse contravención a los derechos alegados por el impetrante de tutela, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2022 de 28 de marzo, cursante de fs. 151 a 154, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0568_2023-S4.pdf · páginas 1 a 19.

Huella digital del PDF (SHA-256): 948c0ae0a9426689c3bd92bfc435a4d225cc74b9c06899377108d7f9237ce522

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