B.IA.LEGAL

SCP 0568/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de junio de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de junio de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
46178-2022-93-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de motivación; puesto que: 1) El Juez ahora coaccionado mediante Auto Interlocutorio 018/2022 de 18 de enero, revocó el permiso de salida de estudios, porque consideró un incumplimiento a su medida cautelar de detención domiciliaria, por la participación en una diligencia investigativa en su proceso penal; y, 2) El Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 76/2022 de 7 de febrero, confirmando el citado Auto Interlocutorio, sin dar lugar a la instalación de la audiencia de consideración de la apelación incidental que interpuso, porque consideró que solo habría anunciado la interposición de dicha impugnación; empero, no la formuló formalmente, cuando el 19 de enero de 2022 presentó dicho recurso de forma escrita. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de motivación, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, deje sin efecto el Auto de Vista 76/2022 de 7 de febrero, y admita el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, e ingrese a conocer y resolver el fondo del mismo conforme corresponda en derecho, siempre y cuando por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del nombrado no hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Configuración procesal del recurso de apelación incidental y la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada para su resolución
  2. III.2. Sobre la obligación del juzgador de motivar las resoluciones judiciales
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0568/2023-S3 Sucre, 14 de junio de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 46178-2022-93-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mauricio Gustavo Camacho Almanza en representación sin mandato de Ignacio Paulsen Arancibia contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 24 de febrero de 2022, cursante de fs. 1 a 4 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, previsto y sancionado por el art. 270 del Código Penal (CP), se dispuso su detención domiciliaria por la concurrencia del riesgo procesal establecido por el art. 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con relación a los riesgos procesales previstos por los arts. 234.1, 2 y 7; y, 235.1 y 2 del citado Código, todos modificados por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.

En ese entendido, el 18 de enero de 2022 el Juez ahora coaccionado emitió el Auto Interlocutorio 018/2022 por el cual revocó su permiso de salida de estudios establecido desde las 7:00 hasta las 18:00 horas, debido a que su persona hubiera incumplido la medida cautelar de detención domiciliaria, porque no solicitó salida judicial para participar en una audiencia de inspección técnica ocular y de reconstrucción de 16 de noviembre de 2021, cuando fue el propio Ministerio Público quien convocó y notificó a las partes para dicha diligencia de investigación, con conocimiento del Juez hoy coaccionado; es decir, su participación en una diligencia investigativa en su proceso penal, fue considerada como un incumplimiento a la referida medida cautelar. Ahora bien, el Vocal hoy accionado conoció el recurso de apelación incidental que interpuso contra el Auto Interlocutorio 018/2022; por cuanto, la audiencia de consideración de dicho recurso debió celebrarse el 7 de febrero de 2022; sin embargo, en la citada fecha el Vocal ahora accionado solo instaló audiencia de consideración del mencionado recurso que formuló la denunciante en el proceso penal en cuestión, y no con relación al señalado recurso que su persona planteó, manifestando que no se consideraría el mismo, porque únicamente anunció la interposición de dicha impugnación; empero, no lo hizo formalmente; es decir, no tomó en cuenta que el 19 de enero de igual año, presentó ese recurso de forma escrita, tal como consta en el cuaderno de control jurisdiccional. Es así que el Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 76/2022 de 7 de febrero, por el cual confirmó el Auto Interlocutorio 018/2022, sin dar lugar a la instalación de la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental que interpuso contra ese Auto Interlocutorio, el cual no fue considerado hasta el “día de hoy” -se entiende de interposición de la acción tutelar-.

I.1.2. Derechos, garantía y principio supuestamente vulnerados

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de motivación; citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto su “…DETENCIÓN PREVENTIVA…”.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 25 de febrero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 40, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El Juez ahora accionado a momento de emitir el Auto Interlocutorio 018/2022, señaló que por economía procesal no realizaría el resumen de las intervenciones de las partes; empero, sí en el Acta de la audiencia de consideración de revocatoria de medida cautelar, cuando no era correcto, porque dicho Auto Interlocutorio se tornó en incompleto, al ser las resoluciones una sola pieza; por esa razón, indicó que anunciaba el correspondiente recurso de apelación incidental; es decir, hizo conocer oportunamente su impugnación, solicitando por ello, que se le otorgue completo ese fallo; b) Si bien el art. 404 del CPP, establece que se debe interponer el mencionado recurso de forma oral inmediata; sin embargo, la segunda parte de dicho artículo otorga la posibilidad de plantear el mismo por escrito dentro los tres días; por cuanto, así fue que presentó el referido recurso al día siguiente, porque cuando se celebró la audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares, no se dictó ese Auto Interlocutorio de manera íntegra y necesitaba conocer dicho fallo cabalmente para tener conocimiento de lo que señalaría en el citado recurso; c) Cuando su caso radicó en la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pasaron diez días sin que nadie comunicara nada, ni se consideraron los plazos que la ley establece; por lo que, tuvo que acudir incluso a Presidencia del indicado Tribunal Departamental, para el señalamiento de audiencia; d) En audiencia de consideración de dicho recurso, la parte querellante no ingresó y se señaló que se tenía por resuelto dicho recurso; asimismo, cuando solicitó que se resuelva respecto a su apelación, se le comunicó que fue declarado inadmisible, porque no lo formuló oralmente; e) Lo sometieron a un procesamiento indebido, al encontrarse privado de su libertad; f) Evidentemente se celebró la audiencia de consideración del citado recurso, el 7 de febrero de 2022; sin embargo, solo se consideró la apelación de la parte querellante; g) Es una persona de veinte años de edad, y el Estado le garantiza el derecho al estudio; y, h) El Juez ahora accionado no tomó en cuenta que esta obligado a asistir al llamado del Ministerio Público para realizar actos de investigación, los que se encuentran bajo su conocimiento; empero, ante la referencia de la parte querellante, el Juez hoy accionado, observó que evidentemente nadie le pidió permiso para que su persona salga de su domicilio; por lo que, dicha autoridad judicial, determinó que infringió la medida cautelar de detención domiciliaria.

I.2.2. Informe de las autoridades accionadas

Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 25 de febrero de 2022, cursante de fs. 12 a 14 vta., manifestó que: 1) Mediante Auto de Vista 76/2022 dispuso confirmar el Auto Interlocutorio 018/2022, el cual contiene fundamentos de hecho, derecho y jurisprudencia; por lo que, no existe ninguna vulneración al derecho al debido proceso relacionado con el derecho de locomoción; 2) El accionante en su memorial de acción de libertad realizó una transcripción de antecedentes, pues únicamente los señaló sin fundamentar porqué los transcribió; sin embargo, en ninguna parte fundamentó algún aspecto sobre la vulneración del citado derecho al debido proceso con relación al referido Auto de Vista; 3) No es evidente que no celebró la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, pues el 7 de igual mes y año, emitió dicho Auto de Vista, cumpliendo los plazos procesales señalados en la norma; 4) El art. 180 de la CPE, reconoce el principio de oralidad, por dicha razón la Ley 1173 creó el “reglamento 12/2019” el cual establece que el indicado recurso debe interponerse oralmente en el acto, una vez dictada la resolución cautelar; es decir, que las partes tienen que plantear el mismo oralmente y no por escrito, como erróneamente entiende el accionante; por lo que, el actuar negligente del accionante no puede ser suplido por el Tribunal de alzada, porque se estaría vulnerando el principio de oralidad e imparcialidad; 5) El Reglamento “12/2019” no fue declarado inconstitucional por ninguna sentencia constitucional plurinacional, entonces conforme a lo establecido por el art. 4 del Código Procesal Constitucional (CPCo), se presume su constitucionalidad, y debe ser aplicado, ya que fue creado por la citada Ley 1173; 6) El accionante no entendió claramente los fundamentos del mencionado Auto de Vista, por lo tanto debió solicitar una explicación, complementación y enmienda; empero, no lo solicitó, encontrándose de acuerdo con el indicado Auto de Vista al ser claro y coherente; es decir, que al no agotar esa instancia vulneró el principio de subsidiariedad, que pretende subsanar a través de la jurisdicción constitucional; y, 7) El accionante tenía la obligación de especificar en qué consistía la vulneración de sus derechos, establecer el nexo causal entre los actos supuestamente vulneratorios y los derechos y garantías constitucionales; sin embargo, no lo hizo. Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado en audiencia, manifestó que: i) Por Auto Interlocutorio 329/2021 de 27 de octubre, se dispuso la medida cautelar de detención domiciliaria con salida de estudios de 7:00 a 18:00 horas, posteriormente la victima solicitó la revocatoria de dicha medida; por lo que, por Auto Interlocutorio 018/2022 se dispuso agravar la situación del accionante dejando sin efecto la salida por estudio, pues la finalidad de la misma, es el estudio únicamente; por cuanto, cualquier otra salida necesariamente debió ser puesta a su conocimiento; ii) En el según párrafo de la parte resolutiva del citado Auto Interlocutorio, en mayúsculas y con negrillas señaló que al ser las medidas cautelares modificables, el accionante podía presentar documentación de la Universidad del Valle acreditando los horarios de estudios y la necesidad de sus salidas por ser estos presenciales y no de forma virtual, garantizándose el derecho a la educación del nombrado; y, iii) Evidentemente expresó en audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares, que no iba a realizar un resumen de las intervenciones de las partes, pues el mismo esta en el Acta de la referida audiencia, en la grabación audiovisual y en el sistema Sisco Webex; así también, indicó que dicho Auto Interlocutorio se encontraba completo y que las resoluciones orales se notifican por su lectura; por cuanto, las partes estaban siendo notificadas “el día de hoy” con el citado Auto Interlocutorio, advirtiéndose a las partes que podían interponer el señalado recurso; por lo que, pidió se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 14/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 41 a 42 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) El Auto Interlocutorio 018/2022 cumplió con las exigencias de motivación y fundamentación; empero esencialmente expresó en la parte final que conforme a los alcances de los arts. 160 y 162 del CPP, que fue emitido de forma oral, quedaban notificadas las partes por su lectura; en ese entendido, se notificó a las partes en audiencia de consideración de revocatoria de medida cautelar, pues evidentemente el referido art. 160 del CPP, establece que por el principio de oralidad las decisiones tomadas en audiencia deben observar dicho principio al ser de conocimiento pleno de las partes; asimismo, el art. 404 del citado Código, determina que cuando la resolución se dicta en audiencia ese recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la autoridad judicial que lo dictó, en los demás casos el referido recurso podrá ser presentado dentro los tres días de notificada la resolución; es por eso, que el indicado Auto Interlocutorio fue pronunciado en apego estricto a los señalados principios de oralidad e inmediación; b) El accionante si bien refirió que ese Auto Interlocutorio no estaba siendo dictado de forma completa en razón a que el Juez ahora accionado habría mencionado que por economía procesal los fundamentos de las partes constaban en el Acta de esa audiencia de consideración de revocatoria de medida cautelar; por lo que, solicitó el conocimiento íntegro del indicado Auto Interlocutorio para hacer uso del recurso de apelación incidental; sin embargo, esos aspectos no se reflejan en antecedentes, al tenerse incluso la interposición del mencionado recurso formulado por la víctima en la misma audiencia, el cual fue considerado por el Tribunal de alzada; c) El Vocal ahora accionado hizo una descripción de las circunstancias en las que se remitió dicho recurso, haciendo énfasis que no se adecuaba a los arts. 160 y 404 del CPP, y ante el no cumplimiento de los parámetros de estricta legalidad procesal para la interposición del citado recurso en audiencia, no se consideró en alzada ese recurso formulado por escrito; y, d) No se cumplió con el principio de subsidiariedad, como requisito sine quanun para activar la acción de defensa, debido a que no se puede desconocer los roles de las autoridades de la jurisdicción ordinaria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Por Auto Interlocutorio 018/2022 de 18 de enero, Santos Iván Ayala Choque, Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz -ahora coaccionado- dispuso agravar la situación jurídica de Ignacio Paulsen Arancibia -hoy accionante-, ratificando su detención domiciliaria; empero, sin salidas de estudio (fs. 5 a 17). II.2. Mediante Resolución 76/2022 de 7 de febrero, Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora accionado- declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante por no formular el citado recurso en el acto oralmente, conforme: “…señalan las normas legales indicadas anteriormente…” (sic); en consecuencia, confirmó el Auto Interlocutorio 018/2022 (fs. 10 a 11 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de motivación; puesto que: 1) El Juez ahora coaccionado mediante Auto Interlocutorio 018/2022 de 18 de enero, revocó el permiso de salida de estudios, porque consideró un incumplimiento a su medida cautelar de detención domiciliaria, por la participación en una diligencia investigativa en su proceso penal; y, 2) El Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 76/2022 de 7 de febrero, confirmando el citado Auto Interlocutorio, sin dar lugar a la instalación de la audiencia de consideración de la apelación incidental que interpuso, porque consideró que solo habría anunciado la interposición de dicha impugnación; empero, no la formuló formalmente, cuando el 19 de enero de 2022 presentó dicho recurso de forma escrita. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Configuración procesal del recurso de apelación incidental y la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada para su resolución

La SCP 0503/2022-S3 de 26 de mayo, dispuso al respecto que: [La norma procesal penal, prevé el régimen de medidas cautelares, en función a la naturaleza, carácter y finalidad de las mismas dentro del proceso, estableciendo al efecto los medios de trámite de las mismas y su vía recursiva, así, el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173 establece:

«Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior». A partir de dicha configuración procesal recursiva, que tiene su génesis desde la original norma procesal penal, habiendo solo sufrido pequeñas modificaciones respecto a su trámite sumario, la jurisprudencia constitucional desarrolló a su vez entendimientos jurisprudenciales sobre este instituto procesal, así la SCP 0021/2022-S3 de 16 de febrero, sistematizando dicha jurisprudencia sostuvo: «Sobre esta temática, la SCP 0503/2019-S1 de 9 de julio, reiterando los fundamentos de la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente.

Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares.

La SC 0160/2005-R de 23 de febrero, estableció que: ‘El Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones.

No cabe duda que recurso de apelación aludido, dada su configuración procesal, es un recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados, en el que el tribunal superior tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados en el recurso. Es idóneo, porque es el recurso adecuado, apropiado, establecido expresamente en la ley para impugnar las medidas cautelares que vulneren el derecho a la libertad del imputado, en ocasión de la aplicación de las medidas cautelares. Es inmediato, porque el recurso es resuelto sin demora, dado que la ley establece un lapso brevísimo para su Resolución (tres días). De lo expresado, se concluye que el Código de procedimiento penal, ha previsto un recurso expedito en resguardo del derecho a la libertad del imputado. En consecuencia, ese es el recurso que debe utilizarse para impugnar los actos del juez que se consideren lesivos al derecho aludido, y no acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional a través del recurso de hábeas corpus, garantía que podrá ser utilizada sólo cuando el tribunal superior en grado no haya reparado las lesiones denunciadas’.

Precisamente por la particularidad y características de este medio recursivo, es que los plazos para su tramitación son breves, debido a que en el mismo de discute y resuelve la situación jurídica de una persona sometida a medidas cautelares personales, muchas de las veces privada de libertad; por ello, el legislador garantizando la finalidad y alcance de dicho recurso, implementó medidas para agilizar y dinamizar los trámites relativos a la apelación de las medidas cautelares, así la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificó el art. 251 del CPP, bajo los siguientes términos: ‘Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas’.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’”»] (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Sobre la obligación del juzgador de motivar las resoluciones judiciales

La SCP 0386/2015-S2 de 8 de abril, estableció que: “En cuanto a la motivación, la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, determinó lo siguiente: ‘…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’, coligiéndose que toda resolución emitida dentro de un proceso judicial o administrativo, debe inexcusablemente contener una adecuada motivación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere”’ (las negrillas nos corresponden).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de motivación; puesto que: i) El Juez ahora coaccionado mediante Auto Interlocutorio 018/2022 de 18 de enero, revocó el permiso de salida de estudios, porque consideró un incumplimiento a su medida cautelar de detención domiciliaria, por la participación en una diligencia investigativa en su proceso penal; y, ii) El Vocal hoy accionado emitió el Auto de Vista 76/2022 de 7 de febrero, confirmando el citado Auto Interlocutorio, sin dar lugar a la instalación de la audiencia de consideración de la apelación incidental que interpuso, porque consideró que solo habría anunciado la interposición de dicha impugnación; empero, no la formuló formalmente, cuando el 19 de enero de 2022 presentó dicho recurso de forma escrita. De la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que por Auto Interlocutorio 018/2022 el Juez ahora coaccionado dispuso agravar la situación jurídica del accionante, ratificando su detención domiciliaria; empero, sin salidas de estudio (Conclusión II.1.);

determinación contra la cual el accionante interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelto por el Vocal hoy accionado, mediante Auto de Vista 76/2022 que declaró inadmisible dicho recurso, al no ser interpuesto en el acto oralmente, conforme señalan las normas legales; en consecuencia, confirmó el referido Auto Interlocutorio (Conclusión II.2.).

Previamente a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, es necesario señalar que se advierte que el accionante identificó como los actos vulneratorios a sus derechos, las determinaciones asumidas por el Vocal y el Juez hoy accionados; sin embargo, atendiendo los alcances del principio de subsidiariedad, el análisis de la problemática se centrará en el Auto de Vista 76/2022, pronunciado por el Vocal ahora accionado, debido a que es la autoridad la llamada por ley para revisar las decisiones adoptadas en segunda instancia; en ese sentido, la jurisdicción constitucional solo examinará el citado Auto de Vista.

Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la norma procesal penal, establece de forma específica el trámite y la vía recursiva de régimen de medidas cautelares, en función a la naturaleza, carácter y finalidad de las mismas, es así que se tiene el art. 251 del CPP, modificado por el art. 11 de la Ley 1173, que establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, para luego ser remitida al Tribunal de alzada, en el término de veinticuatro horas y resuelta dentro las tres días, recurso idóneo e inmediato de defensa contra supuestas vulneraciones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados.

En ese entendido, se tiene que el Vocal ahora accionado sostuvo en la parte considerativa del Auto de Vista 76/2022, que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 018/2022, señalando lo siguiente:

A partir de “noviembre” de 2019 ingresó en vigencia la Ley 1173, que modificó el art. 251 del CPP; asimismo, dicha Ley por mandato de su Disposición Transitoria Décima Tercera estableció la creación del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia de Materia Penal -Reglamento 12/2019 de 10 de junio-, el cual debe ser aplicado a los procesos penales; consecuentemente, para la tramitación y conocimiento de un recurso de apelación incidental de medidas cautelares es importante tomar en cuenta lo señalado por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173 y el art. 33 del citado Reglamento. En ese sentido, el art. 251 del CPP determinó que: “‘…La Resolución que disponga o rechace las medidas cautelares, será apelable en efecto no suspensivo…’” (sic); asimismo, la Ley 1173 que creo el referido Reglamento, en su art. 33 de impugnación del fallo de medidas cautelares en audiencia, estableció que: “‘…I. Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar personal, la parte que se considere agraviada con la Resolución, apelará la resolución en el acto a los efectos del plazo establecido por el Art. 251 de la Ley 1173…’” (sic). Consecuentemente, aplicando íntegramente las señaladas normas, las cuales establecen que la persona agraviada con una resolución de medida cautelar personal, debe interponer el recurso de apelación incidental en el acto de manera oral; es decir, inmediatamente de concluida la emisión de la resolución en audiencia, a efecto que la autoridad de primera instancia disponga la remisión de dicho recurso ante la Sala Penal de tuno en el plazo previsto por el art. 251 del CPP, donde el apelante oralmente fundamentará sus agravios ante el Tribunal de alzada. Para finalmente concluir en el presente caso, que de la revisión del Acta de la audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares, y el Auto Interlocutorio 018/2022 que revocó las medias cautelares de carácter personal, el accionante no interpuso el recurso de apelación incidental en el acto de manera oral, tal como indica las citadas normas legales, ya que solo se limitó a indicar: “Voy a anunciar el correspondiente Recurso de Apelación”’ (sic), frase que refiere un acto futuro que puede ser o no realizado, en cambio, la interposición en el acto de un recurso de apelación es un acto procesal presente y cierto, por tanto ambos son aspecto totalmente diferentes. El art. 251 del CPP y el art. 33 del Reglamento 12/2019 no reconoce el término: “‘…Voy a anunciar el correspondiente Recurso de Apelación’” (sic), sino al contrario, de manera expresa indican que se debe formular dicho recurso, inmediatamente en el acto y oralmente, lo que es aplicable desde la vigencia de la mencionada Ley 1173, es así que el accionante no interpuso ese recurso de manera oral; por cuanto, al no hacer uso de dicho mecanismo procesal, se vulneró el principio de oralidad previsto por el art. 180 de la CPE, que es de aplicación preferente a cualquier norma legal.

En ese sentido, se tiene que el accionante a través de la acción de defensa cuestiona el fundamento precedente, que sostiene que no habría interpuesto formalmente el recurso de apelación incidental, de forma oral en audiencia, a pesar que lo presentó de forma escrita el 19 de enero de 2022, entendimiento que sirvió de base para que el Vocal ahora accionado a través del Auto de Vista 76/2022, declare la inadmisibilidad del citado recurso planteado contra el Auto Interlocutorio 018/2022.

La determinación del Vocal ahora accionado de declarar inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante contra el Auto Interlocutorio 018/2022, por presuntamente no plantearlo en audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares, ya que únicamente refirió: “‘…Voy a anunciar el correspondiente Recurso de Apelación’” (sic), se torna en un razonamiento muy formalista, que va contra el razonamiento expresado en la SCP 2045/2013 de 18 de noviembre, que dispuso:“…el principio pro actione que garantiza a toda persona el acceso a los recursos y medios de impugnación legales previstos por el ordenamiento jurídico, apartándose de toda forma de ritualismo o formalidad excesiva, que garantice el ejercicio de los derechos e intereses legítimos de la persona y que no confluyan en la vulneración de derechos y garantías fundamentales. En otro orden de cosas, en consonancia con lo precedentemente expuesto, no puede pasar inadvertido lo prescrito por el art. 180.II de la CPE, que: ‘…garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales’, principio universal que se encuentra consagrado como un derecho fundamental por el art. 8.2 inc. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica” (las negrillas nos pertenecen); principio que es plenamente aplicable al presente caso, debido a que no se puede exigir términos específicos para la interposición del mencionado recurso, pues la simple intención expresada, aunque no claramente por el accionante, es válida a efectos de garantizar el acceso a los medios impugnativos que la ley establece.

Ahora bien, se debe precisar que el Código de Procedimiento Penal prevé un medio recursivo especial y expreso, para la impugnación de resoluciones que disponen, modifican o rechazan medidas cautelares, el cual se constituye en el medio idóneo e inmediato, dada su naturaleza y finalidad, que se encuentra revestido principalmente por el principio de celeridad, al ser sus plazos más breves en comparación a la determinada para las demás apelaciones incidentales -arts. 403 al 406 del CPP-, la cual se encuentra prescrita por el art. 251 del CPP, que dispone: “(APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas…” (las negrillas nos corresponden); coligiéndose de su contenido textual que el recurso de apelación incidental puede ser interpuesto en el plazo de setenta y dos horas posteriores a la emisión de la resolución referente a la consideración de una medida cautelar personal; normativa penal que no puede ser remplazada por un Reglamento, de acuerdo a la jerarquía normativa, porque una norma especial, de rango superior debe primar sobre una norma inferior, siendo por ello que el Vocal ahora accionado no adecuó su proceder al ordenamiento jurídico vigente, al momento de emitir el Auto de Vista 76/2022, donde incluso hizo la cita incompleta del art. 251 del CPP, obviando la parte que establece “…en el término de setenta y dos (72) horas…”, si bien, al art. 33 del de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia de Materia Penal, expresa que emitida la resolución de medidas cautelares el que se considere agraviado, debe apelar la misma en el acto, aquello debe ser considerado, sin perjuicio de lo establecido específicamente en la normativa citada; por lo que, la posibilidad de la interposición oral en audiencia, no se constituye en un requisito restrictivo que pueda limitar el derecho de impugnación de la persona, de la cual su situación jurídica esta siendo dilucidada, al no estar así señalado en la norma.

Por lo tanto, al no considerar bajo ninguna explicación el Vocal hoy accionado, el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante el 19 de enero de 2022 de forma escrita, el cual si bien no cursa en antecedentes; no obstante, tampoco fue negado por el Juez ahora coaccionado, en el informe que presentó en la acción de defensa, dándose por ello como evidente su existencia por el principio de veracidad, más aun cuando no era necesario que el accionante presentara el citado recurso por escrito, para que sea considerado y resuelto por el Vocal hoy accionado, de acuerdo a lo analizado precedentemente, sobre la validez de dicho recurso interpuesto en audiencia de consideración de revocatoria de medidas cautelares; privó al accionante al hecho que un Tribunal superior establezca si la autoridad judicial de primera instancia obró de manera correcta o no, en el marco del medio recursivo previsto por el art. 251 del CPP; consiguientemente, corresponde conceder la tutela solicitada por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de motivación, relacionada a la situación jurídica del accionante, concesión que únicamente abarca a la admisión del mencionado recurso. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 14/2022 de 25 de febrero, cursante de fs. 41 a 42 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de motivación, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Disponer que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, deje sin efecto el Auto de Vista 76/2022 de 7 de febrero, y admita el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, e ingrese a conocer y resolver el fondo del mismo conforme corresponda en derecho, siempre y cuando por el transcurso del tiempo, la situación jurídica del nombrado no hubiese cambiado. 2° DENEGAR la tutela solicitada, con relación al Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0568_2023-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 7fb23b99042e2dd020f4b464f80125a176dfd3fc3f2dc4581d42f990289cb8eb

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